Sentencia 1999-01089/36382 de marzo 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Rad.: 47001-23-31-000-1999-01089-01(36382)

Actor: John Jairo Pérez Belalcázar y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., siete de marzo de dos mil dieciséis.

La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013(1), decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 15 de enero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que resolvió:

1. Declárase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, patrimonialmente responsable de las lesiones sufridas por el señor Jhon Jairo Pérez Belalcázar, en hechos ocurridos el 7 de diciembre de 1997.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a favor del señor Jhon Jairo Pérez Belalcázar, las sumas que a continuación se indican:

Perjuicios materiales así:

Lucro cesante:

Indemnización consolidada: $24’851.354

Indemnización futura: $33’479.556

Subtotal perjuicios materiales: $58’330.910

Perjuicios morales: $7’806.600

Total perjuicios: $66’137.510

Todas las sumas así determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia.

3. Denegar las demás súplicas de la demanda.

4. Désele cumplimiento a este fallo dentro de los términos previstos en los artículos 176 y 177 del CCA.

Síntesis del caso

Un soldado conscripto fue lesionado en su pierna izquierda con un proyectil de arma de fuego que disparó un compañero. Atribuye el daño a una falla del servicio.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

El 15 de septiembre de 1999, John Jairo Pérez e Irma Rosa Martínez, en su nombre y en representación del menor Julián Pérez Martínez; Olmedo Pérez y Mariana Belalcázar, en su nombre y en representación de los menores María Angélica, Carol Sorley y Olmedo Pérez Belalcázar y Mario y Rosi Albani Pérez Belalcázar, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable de las lesiones sufridas por el soldado John Jairo Pérez, el 7 de diciembre de 1997.

Solicitaron el pago de 1.000 gramos de oro para cada uno, por perjuicios morales; $200’000.000, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante y $30’000.000 en la modalidad de daño emergente; 4.000 gramos de oro, por daño a la vida de relación.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 7 de diciembre de 1997, el soldado conscripto John Jairo Pérez recibió un disparo de fusil de parte de uno de sus compañeros de batallón, quien de forma imprudente lo accionó mientras lo limpiaba. Resaltó que la bala impactó su pierna izquierda y luego de recibir atención médica, quedó con una incapacidad laboral del 100% y una pérdida de su calidad de vida, pues su capacidad de desplazamiento se vio limitada.

Adujo que el daño es imputable al Ejército Nacional, en razón de una falla del servicio, por la condición de empleado público del agente infractor y la calidad oficial del arma.

II. Trámite procesal

El 3 de diciembre de 1999 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, al oponerse a las pretensiones, señaló que debían demostrarse los elementos de la falla del servicio.

El 5 de diciembre de 2003 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respetivamente.

La parte demandante alegó que no se demostró ninguna causal eximente de responsabilidad, por lo cual debía declararse la responsabilidad estatal y ordenarse la reparación de los perjuicios.

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional indicó que las lesiones sufridas por el soldado fueron la concreción de los riesgos que voluntariamente asumió cuando se enlistó en la institución. Estimó que la reparación del daño no podía ser fuente de enriquecimiento, pues no estaba demostrado que la lesión en la pierna izquierda le hubiere causado afectaciones en su vida de relación. Tampoco se probó que los demandantes dependieran económicamente del lesionado y que sus vidas se hubieran afectado a raíz de la lesión.

El 15 de enero de 2008, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la sentencia impugnada, en la que accedió a las pretensiones de la demanda. El Tribunal consideró que la lesión sufrida por el soldado Pérez ocurrió durante la prestación del servicio militar obligatorio, cuando uno de sus compañeros accidentalmente accionó su arma de dotación y, en virtud de la relación de especial sujeción, el daño es imputable al demandado.

Negó el reconocimiento del daño emergente y del daño a la vida de relación, al no encontrarlos demostrados; así como los perjuicios morales para el resto de demandantes, por no haberse allegado prueba del padecimiento sufrido por la lesión.

La parte demandada interpuso recurso de apelación, que fue concedido en auto del 7 de noviembre de 2008 y admitido en auto del 26 de marzo de 2009. En esta providencia también se admitió la apelación adhesiva interpuesta por la parte demandante.

La Nación-Ejército Nacional esgrimió que el daño fue consecuencia de un caso fortuito que escapaba a la órbita de vigilancia de la institución, que había cumplido con la obligación de instruir a los conscriptos involucrados en el manejo de armas y tácticas militares. Resaltó que el período de conscripción se circunscribe a los primeros dos o tres meses de servicio, en los que el soldado recibe la instrucción que necesita antes del juramento a la bandera.

La parte demandante solicitó que se incrementara a 100 slmlm la suma reconocida por perjuicios morales, en virtud de la grave lesión sufrida y que la misma suma debía ser reconocida para el resto de demandantes, pues se presume que la lesión de una persona causa dolor moral a su núcleo familiar.

Igualmente, pidió que se reconociera el daño a la vida de relación, porque el acta de medicina laboral y los testimonios dan cuenta de la afectación al disfrute normal de su vida. Señaló que debía reliquidarse el lucro cesante, ya que se usó como factor base de liquidación un salario inferior al mínimo legal para la fecha de la sentencia.

El 13 de mayo de 2009, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.

La parte demandada reiteró lo expuesto y agregó que los perjuicios morales deben ser demostrados, pues no basta probar la relación de parentesco.

El Ministerio Público rindió concepto favorable a las pretensiones de la demanda, al considerar que como la lesión sufrida por el soldado Pérez fue consecuencia directa de la manipulación de armas de fuego, esto es, una actividad peligrosa, el Estado es responsable bajo el título de riesgo excepcional. Afirmó que la condena por perjuicios morales debía aumentarse en relación con la víctima directa y extenderse a sus familiares. Estimó que debía reconocerse el daño a la vida de relación, por las secuelas, las limitaciones físicas y la incapacidad laboral permanente que sufrió el soldado conscripto. La parte demandante guardó silencio.

El 13 de junio de 2013, la magistrada Olga Mélida Valle de La Hoz se declaró impedida, por haber avocado conocimiento del despacho comisorio 268 en este proceso. Mediante auto del 26 de junio siguiente, se aceptó el impedimento planteado.

Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal. Así se deduce del artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con los artículos 129 y 132 del CCA, modificados por la Ley 446 de 1998, norma vigente al momento de la interposición del recurso de apelación —31 de enero de 2008—.

A la fecha de presentación de la demanda —15 de septiembre de 1999—, la pretensión mayor individualmente considerada debía superar los 500 salarios mínimos legales, es decir, $118’230.000(2). Como en este caso equivale a $200’000.000, este proceso tiene vocación de doble instancia ante el Consejo de Estado.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la fuerza pública (C.N. art. 90 y CCA art. 86).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

La demanda fue presentada en tiempo —15 de septiembre de 1999— porque el hecho dañoso acaeció el 7 de diciembre de 1997.

Legitimación en la causa

4. John Jairo Pérez, Irma Rosa Martínez, Julián Pérez Martínez; Olmedo Pérez y Mariana Belalcázar, María Angélica, Carol Sorley y Olmedo Pérez Belalcázar, Mario y Rosi Albani Pérez Belalcázar son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, por ser el primero la persona que sufrió las lesiones que se imputan a la demandada y los demás conforman su núcleo familiar.

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional- está legitimada en la causa por pasiva, pues es la entidad responsable del servicio de reclutamiento y movilización.

II. El problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las lesiones sufridas por una persona que prestaba el servicio militar obligatorio son imputables al Estado.

III. Análisis de la Sala

5. Las dos partes interpusieron recurso de apelación, por lo que la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 del CPC.

Hechos probados

6. De conformidad con los medios probatorios legalmente allegados al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1. El 5 de septiembre de 1996, el señor John Pérez Belalcázar ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular, asignado al batallón de infantería Nº 6, con sede en Riohacha, según da cuenta el original de la certificación suscrita por el jefe de la Sección Soldados de la Dirección de Personal del Ejército Nacional (fl. 175 cdno. 1).

6.2. El 7 de diciembre de 1997, en el batallón de contraguerrilla Halcón Tres del Municipio de Ciénaga, el soldado Adix Palomino disparó accidentalmente en la pierna izquierda del soldado conscripto John Pérez Belalcázar, cuando se encontraba limpiando su arma de dotación, según da cuenta la copia auténtica del informe administrativo por lesiones 33 (fl. 163 cdno. 1).

6.3. El disparo recibido por el soldado Pérez le causó una herida en “la región poplítea izquierda con fractura cóndilo femoral”, que le dejó como secuelas “limitación y dolor al movimiento de la rodilla izquierda y cicatrices deprimidas en hueco poplíteo izquierdo” y le produjo una disminución de la capacidad laboral del 31,23%, según da cuenta la copia auténtica del Acta 3928 del 26 de octubre de1998, proferida por la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional (fl. 127-9; 142-44 cdno. 1).

6.4. El 30 de diciembre de 1998, el soldado Pérez fue retirado del servicio mediante Orden Administrativa 1208 por incapacidad relativa y permanente, según da cuenta el original de la certificación suscrita por el jefe de la Sección Soldados de la Dirección de Personal del Ejército Nacional (fl. 181 cdno. 1).

6.5. El 2 de junio de 1999, el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía ratificó las conclusiones de la Junta Médica en relación con las secuelas de la lesión y la calificación de no apto para la actividad militar, pero modificó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, para fijarlo en 34.26%, según da cuenta copia auténtica del Acta 1576 proferida por ese cuerpo colegiado (fl. 130-1; 137-8 cdno. 1).

6.6. John Jairo Pérez Belalcázar es hijo de Mariana Belalcázar y Olmedo Pérez; hermano de Mario, Rosi Albani, Maria Ángela, Carol Sorley y Olmedo Pérez Belalcázar y padre de Julián Pérez Martínez, según dan cuenta copias auténticas de los registros civiles de nacimiento (fl. 21-21 cdno. 1).

Las lesiones del conscripto son imputables al Estado por riesgo excepcional

7. El daño antijurídico está demostrado porque John Jairo Pérez Belalcázar sufrió una lesión en su pierna izquierda producto de un disparo de fusil [hecho probado 6.2]. Es claro que la lesión al derecho de la integridad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

8. La jurisprudencia tiene determinado que el estudio de la responsabilidad del Estado por los daños causados a miembros de la fuerza pública impone distinguir entre aquellos que ingresan al servicio de manera voluntaria de los que lo hacen en cumplimiento del deber previsto en el artículo 216 de la Constitución. Así, mientras los miembros profesionales asumen voluntariamente los riesgos inherentes a la defensa y seguridad de la Nación, sobre los conscriptos existe la obligación a cargo del Estado de devolverlos al seno de su familia y sociedad en las mismas condiciones en las que ingresaron al servicio(3), por la relación de especial sujeción que surge entre el Estado y quien presta el servicio militar obligatorio(4).

9. En los eventos de daños causados a conscriptos, la Sala ha acudido a diferentes títulos de imputación de acuerdo con las particularidades de cada caso. Ha invocado el daño especial(5) cuando el daño antijurídico ha sido consecuencia del rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas; la falla del servicio(6), cuando proviene de la violación de un contenido normativo y el riesgo excepcional(7), cuando fue la concreción de los riesgos ínsitos a actividades peligrosas relacionadas con el servicio militar, como el uso de armas de fuego.

Ahora, si bien en los regímenes objetivos es posible que el Estado se exonere para lo cual debe acreditar que el daño tuvo origen exclusivo en una causa extraña, como la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero, el caso fortuito, por ser un hecho interno o inherente a la actividad peligrosa y por ello previsible, no tiene la entidad para exonerar de responsabilidad a la administración(8).

Y si el daño sufrido por el conscripto proviene de la prestación del servicio de salud, la responsabilidad debe analizarse bajo el título de falla del servicio, régimen común para este tipo de eventos(9).

10. En este caso, el soldado conscripto Pérez Belalcázar sufrió una lesión en la rodilla izquierda, que le causó una disminución de la capacidad laboral del 34.26% [hechos probados 6.3 y 6.5].  

Está acreditado que el soldado conscripto fue impactado en su pierna izquierda por una bala de arma de dotación oficial que limpiaba uno de sus compañeros [hechos probados 6.2], mientras se desempeñaba como miembro del batallón de infantería nº. 6 del Ejército Nacional y en horas del servicio, por lo que las lesiones se dieron con causa y en ocasión de este.  

La parte demandada alegó que como el daño devino como consecuencia de un caso fortuito, escapaba de la órbita de vigilancia de la entidad. Como ya se indicó, el caso fortuito no exonera la responsabilidad de la administración en estos eventos, pues se trata de un hecho interno a la actividad peligrosa y, por tanto, previsible.  

11. Ahora, según el artículo 11 de la Ley 48 de 1993, el servicio militar obligatorio tiene una duración de doce (12) a veinticuatro (24) meses, según las modalidades previstas en el artículo 13 de dicha ley, esto es, soldado regular, bachiller, auxiliar de policía bachiller o soldado campesino.  

De ahí que la relación especial de sujeción entre el Estado y el llamado a prestar el servicio militar obligatorio se mantiene durante todo el periodo de conscripción, y por ello no es relevante establecer si al momento del daño, el conscripto ha recibido o no la instrucción en el manejo de armas.  

Por ello, no es de recibo la afirmación del demandado según la cual la conscripción comprende “los primeros dos o tres meses” del servicio militar, período en el que el soldado es instruido en el manejo de armas, y que por tanto, al momento de la ocurrencia de los hechos, John Jairo Pérez ya no era conscripto.  

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a título de riesgo excepcional y, por ello, se confirmará la sentencia de primera instancia.  

Indemnización de perjuicios

12. La demanda solicitó el reconocimiento de 1.000 gramos de oro para cada demandante, por concepto de perjuicios morales

La sentencia de primera instancia reconoció a favor de la víctima directa la suma de $7’806.600, esto es, 18 smlm, al considerar que la lesión no revestía la gravedad suficiente para conceder el tope indemnizatorio fijado por la jurisprudencia. El recurrente solicitó que se aumentara el monto concedido.  

La Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de lesiones personales(10). En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como el porcentaje de incapacidad laboral que dejó la lesión y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:  

4637 c
 

La Sala ha sostenido(11) que en los eventos en los cuales se demuestra que la parte demandante está conformada por los padres, hermanos, hijos, abuelos o cónyuge del lesionado el perjuicio moral se infiere del vínculo parental o marital existente entre ellos y la víctima del hecho.  

La lesión de John Jairo Pérez le produjo una incapacidad laboral del 34.26% [hecho probado 6.5] y está acreditada la calidad de quienes actúan como sus padres, hermanos e hijo [hecho probado 6.6]. Demostrada la relación de parentesco, la liquidación de los perjuicios morales, con base en los criterios arriba expuestos, será de 60 smlmv para la víctima directa, sus padres y su hijo y 30 smlmv para sus hermanos.  

No se reconocerá indemnización por perjuicios morales a favor de Irma Rosa Martínez, porque no se demostró la calidad de compañera permanente en la que dijo actuar, ni probó una afectación moral a raíz de la lesión sufrida por el soldado.  

13. La demanda solicitó el reconocimiento del lucro cesante, por las sumas dejadas de percibir por John Jairo Pérez, en razón de la merma de capacidad laboral que le ocasionó la lesión en su pierna.

La sentencia de primera instancia reconoció este perjuicio, pero al calcular el ingreso base de liquidación no incluyó el factor prestacional correspondiente al 25% del salario, razón por la que el demandante objetó este aspecto.

La Sala accederá a esta pretensión a favor del lesionado, porque está demostrada la disminución de su capacidad laboral en un 34.26% [hecho probado 6.5], razón por la que se liquidará el lucro cesante generado por la incapacidad laboral desde la fecha de retiro del servicio por el resto de su vida probable. En el cálculo del ingreso base de liquidación se incluirá el 25% por prestaciones sociales, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección(12).

Para el cálculo del ingreso base de liquidación se tomará el salario mínimo vigente(13): $689.454. A esta suma se le adicionará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales ($861.817) y será reducida al 34.26%, correspondiente al porcentaje de incapacidad laboral: $295.258; este será el ingreso base de liquidación.

John Jairo Pérez al momento de ser retirado del servicio tenía 20 años de edad, por lo que su expectativa de vida, de conformidad con la Resolución nº. 0497 de 1997(14) de la Superintendencia Bancaria, era de 55,87 años (670,44 meses), este será el período de indemnización.

Para la liquidación del lucro cesante consolidado se tomará la fecha de retiro del servicio (diciembre de 1998) [hecho probado 6.4] hasta la fecha de esta sentencia (enero de 2016), esto es, 205 meses, de conformidad con la siguiente fórmula:

3647 a
 

Donde:

Ra = ingreso base de liquidación

i = interés legal

n = periodo de indemnización

4637 b
 

Para la liquidación del lucro cesante futuro, el período de indemnización corresponde a la diferencia entre el tiempo de vida probable (670,44 meses) y el período usado para liquidar el lucro cesante consolidado (205 meses), lo que da un resultado de 465,44 meses; este será el periodo de indemnización.

SN
 

4867 Z
 

Así las cosas, el total del lucro cesante que será reconocido al demandante es $157.804.786.

14. Los demandantes solicitaron que se indemnizara el “perjuicio fisiológico”. El juez de primera instancia denegó esta pretensión, la cual denominó “daño a la vida de relación”.

En sentencias de unificación proferidas por la Sección Tercera(15), se recogieron las clasificaciones conceptuales enmarcadas bajo las denominaciones de “daño a la vida de relación”, “alteración a las condiciones de existencia” o “perjuicios fisiológicos”. En esa oportunidad la Sala sostuvo que podrían indemnizarse los perjuicios ocasionados a bienes jurídicamente tutelados, siempre que tal circunstancia se acreditara en el proceso y no se enmarcaran en las demás tipologías de perjuicios reconocidas por la jurisprudencia(16).

Posteriormente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización del daño a la salud(17). En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación de este perjuicio, el cual quedó sujeto a la gravedad de la lesión, de conformidad con el siguiente cuadro:

Reparación del daño a la salud
Regla general
Gravedad de la lesiónCantidad de salarios mínimos para la víctima directa
Igual o superior al 50%100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10

En este caso, la gravedad de la lesión sufrida por John Jairo Pérez corresponde al porcentaje de incapacidad laboral generado por la lesión, esto es, 34,26%, sin que se observe que existan factores que agraven este perjuicio, razón por la cual el monto que se reconocerá por daño a la salud es de 60 smlmv.

15. En la demanda se solicitó el reconocimiento de daño emergente, por concepto de los gastos médicos y quirúrgicos en los que se incurrió en razón de la lesión.

La sentencia de primera instancia negó este rubro por no estar demostrado en el proceso. La Sala confirmará este aspecto, porque el daño emergente solicitado no se acreditó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia del 15 de enero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el cual quedará así:

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- a pagar a favor del señor John Jairo Pérez Belalcázar, las sumas que a continuación se indican:

Lucro cesante: ciento cincuenta y siete millones ochocientos cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos ($157.804.786).

Perjuicios morales: sesenta (60) smlmv

Daño a la salud: sesenta (60) smlmv.

Asimismo, condenase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- a pagar, por concepto de perjuicios morales, a Mariana Belalcázar, Olmedo Pérez y Julián Pérez Martínez, en su calidad de padres e hijo respectivamente, para cada uno, la suma equivalente a sesenta (60) SMMLV, y a favor de Mario, Rosi Albani, Maria Ángela, Carol Sorley y Olmedo Pérez Belalcázar en su calidad de hermanos, para cada uno, la suma equivalente a treinta (30) smmlv.

2. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 15 de enero de 2008.

3. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte demandante las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente de la Sala—Guillermo Sánchez Luque.

1 Según el Acta 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.

2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 1999, $236.460 por 500.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, rad. 16.205, sentencias de 3 de marzo de 1989, rad. 5.290 y del 25 de octubre de 1991, rad. 6.465.

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2001, rad. 13.645.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 7.156, sentencia del 31 de mayo de 1990, sentencia del 20 de agosto de 1992, rad. 5.847, sentencia del 8 de junio de 2011, rad. 20.168.

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de diciembre de 1993, rad. 7.013, sentencia del 10 de agosto de 2000, rad. 12.648, sentencia del 30 de noviembre de 2000, rad. 11.182, sentencia del 4 de abril de 2002, rad. 13.448.

7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, rad. 13.034.

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 1993, rad. 7.365, sentencia del 22 de agosto de 1996, Rad.10.220.

9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1992, rad. 7.080, sentencia del 8 de abril de 1998, rad. 11.837, sentencia del 21 de febrero de 2002, Rad.12.448.

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 31.172.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 de julio del 2000; 4 de octubre de 2007, rad. 15.567; 18 de marzo de 2010, rad. 18569 y 25 de febrero de 2009, rad. 15.793.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de octubre de 1997, rad. 10.345.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 1994, rad. 8.576.

14 Consultada: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28461.

15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, rad. 19.031 y 38.222.

16 El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 15 de octubre de 2015, rad. 34.952.

17 El magistrado ponente no comparte el criterio jurisprudencial adoptado en las sentencias del 28 de agosto, rad. 28.804 y 31.170 y las sentencias del 14 de septiembre de 2011, rad. 19.031 y 38.222, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 15 de octubre de 2015, rad. 34.952.