Sentencia 1999-01142 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente 25000-23-26-000-1999-01142-01 (21.894)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor Flor María Ruiz Sánchez y Otros.

Demandada Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Acción reparación directa

Bogotá, D. C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2001 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 22 de abril de 1999(13) y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 21.458.490, por concepto de perjuicios morales, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000(14).

Debe precisarse que, en vista de que la apelación se formula por la parte actora, frente a un fallo denegatorio de las pretensiones, la Sala no ve limitada su competencia para decidir de acuerdo con lo estrictamente planteado en el recurso y con observancia de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(15).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte de Miguel Antonio Ruiz Sánchez, en hechos ocurridos el 21 de agosto de 1997, tras la explosión de una mina antipersonal, y como quiera que la demanda se interpuso el 22 de abril de 1999, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis respecto del objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, resulta necesario recordar que el mismo está encaminado a que se revoque la sentencia de primera instancia, para acceder a las pretensiones formuladas en la demanda, por lo que se debe destacar que el recurso que promueve el apelante se encuentra circunscrito a los aspectos señalados de manera puntual como motivos de inconformidad para con el fallo impugnado.

Al respecto conviene señalar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, a efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. (...)”.

En este orden de ideas resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(16) de la sentencia como el principio dispositivo(17), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “tantum devolutum quantum appellatum(18).

Así pues, cuando la ley lo exija, el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez(19). La exigencia legal de que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo cual su inobservancia acarrea la declaratoria de desierto y, de contera, la ejecutoria de la providencia que se recurre (CCA, art. 212).

La sección ha delimitado el estudio del recurso de alzada a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, como sigue:

“Ninguna precisión resultaría necesario efectuar en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, habida cuenta que el recurso de apelación incoado por la entidad demandada no controvierte tales extremos y la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia, de manera que los referidos, son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión proferida por el a quo(20)”.

En posterior pronunciamiento efectuado por la Sección, se precisó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional(21)”.

Bajo este contexto se tiene que en el recurso de apelación que hoy se resuelve se argumenta que, en el caso particular, la muerte del señor Miguel Antonio Ruiz Sánchez no ocurrió como un hecho aislado al combate entre la guerrilla y la policía, por lo cual se rompió el equilibrio de las cargas públicas y se configuró la responsabilidad de la administración.

4. El caso concreto.

De acuerdo con lo expresado en acápites anteriores, para resolver el caso concreto, debe establecerse, en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda para, luego, entrar a definir si el mismo es antijurídico y si le es imputable a la parte demandada, de conformidad con los argumentos del recurso de apelación.

5. Cuestión previa: el mérito probatorio de las pruebas trasladadas.

Debe señalarse que con la demanda no se aportó ningún tipo de medio de convicción y que el material probatorio con que cuenta el expediente se contrae a la copia auténtica del expediente 1998-00731-00, adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por los mismos hechos que dieron origen al presente asunto y en el cual figuran como demandantes otros familiares de la víctima, proceso allegado como prueba trasladada a petición de la parte actora(22).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario reiterar lo expresado en anteriores oportunidades por la sección respecto de las reglas aplicables frente al traslado de pruebas y su mérito probatorio(23).

En tal sentido, el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo dispone que “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

En relación con el traslado de pruebas, debe aplicarse, entonces, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. (Se subraya).

De otra parte, el artículo 229 del mismo código dispone:

“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. (Se subraya).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados en copia auténtica y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Para el específico caso de la prueba documental la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal “se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”.

De igual manera ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(24).

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso.

De acuerdo el anterior marco legal y jurisprudencial, es claro que las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, éste se efectúe dando cumplimiento a los requisitos antes referidos. Si éstos no se cumplen, no podrán ser tenidas en cuenta por el juzgador.

Idéntico raciocinio debe hacerse en el presente asunto, toda vez que se trata del traslado de un proceso contencioso administrativo adelantado por los mismos hechos, en el cual la parte demandada es la misma y por ende el acervo probatorio obrante en el expediente trasladado cumple con el presupuesto de su contradicción, como quiera que en el mismo la entidad se refirió a las pruebas aportadas por la parte actora y tuvo la oportunidad de participar en la práctica de las pruebas testimoniales decretadas a petición de los demandantes. Así mismo, en el presente proceso la demandada se apoyó en el fallo proferido en primera instancia en el expediente trasladado para sustentar sus alegatos de conclusión, en procura de que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, la Sala procederá a establecer lo probado en el proceso de conformidad con la valoración de la prueba trasladada, en consonancia con las anteriores consideraciones.

6. Los hechos probados en el proceso.

La mencionada prueba trasladada que obra en el expediente permite establecer como probados los siguientes aspectos:

La muerte del señor Miguel Antonio Ruiz Sánchez se acreditó con el registro civil de defunción obrante a folio 15 del cuaderno de la prueba trasladada, según el cual, el óbito ocurrió el 21 de agosto de 1997, a las 9:30 am, como consecuencia del estallido de una bomba (proyectil bélico).

De igual manera, la ocurrencia de una emboscada por parte del grupo subversivo que efectuó la toma del Municipio de Cabrera, Cundinamarca, en contra de efectivos de la Policía Nacional, en el mismo sitio donde ocurrió la muerte de Miguel Antonio Ruiz Sánchez, se estableció por medio de oficio del 19 de noviembre de 1999, suscrito por el Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca(25). El escrito refiere lo siguiente:

“(...) respecto a los hechos ocurridos el día 21 de agosto de 1997 en el área rural del municipio de Cabrera, no se encontró el documento solicitado pero en los archivos de la seccional de inteligencia del departamento, se halló un informe relacionado con la toma guerrillera a la población y estación de policía del municipio de Cabrera (Cundinamarca), sucedida el 200897; en el mismo documento se relaciona que el día 210899 (sic) a las 11:30 horas aproximadamente en la vía que conduce a Cabrera, Vereda Santa Lucía Baja, en el puente que queda ubicado sobre la carretera (lugar donde había sido emboscada una patrulla de la policía que se dirigía a reforzar la noche anterior), al accionar accidentalmente artefacto explosivo que se encontraba en el lugar, perdió la vida el señor Miguel Antonio Ruiz Sánchez, 33 años, y resultaron heridos el señor Víctor Germán Quiroga Ortiz (...) 23 años y Carlos Ballen Dimate, 15 años (Destaca la Sala).

Los testimonios de los señores Víctor Germán Quiroga y Carlos Ballén Dimate(26) hacen referencia a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente, para señalar que al día siguiente de la toma guerrillera, el 21 de agosto de 1997, en horas de la mañana, el señor Miguel Antonio Ruiz Sánchez se encontraba caminando por el puente de la Vereda de Santa Lucía Baja cuando al observar un maletín le dio puntapiés y, como consecuencia de ello, se produjo la explosión.

Víctor Germán Quiroga Ortiz manifestó lo siguiente:

“(...) Solamente yo puedo decir lo que ocurrió el 21, que fue que ese día me levanté tipo seis de la mañana y realicé los quehaceres de la casa, tomé desuno (sic) y salí hacia una finca que se ubica hacia este lado de la denosotros (sic) a ponerle pasto a un animal depronto (sic) ví (sic) una maleta color verde oscuro, me dio pronto miedo y me aparté de ella —sin tocarla ni nada—, la maleta estaba a unos ciento cincuenta o doscientos metros de la casa de nosotros aproximadamente, estaba a la orilla de la vía o sea de la carretera que de Cabrera conduce a Bogotá, seguí yo para la casa donde vivía don Luis Enrique Ruiz y le conté lo que ví (sic) por la carretera y me dijo que tuviera cuidado que no fuera a tocar nada y ahí conversamos otro ratico y nos fuimos para la casa y supuestamente nos encontramos con Miguel Ruiz y Carlos Ballen, supuestamente frente a la maleta y el hombre Miguel fue y tocó la maleta, de pronto le alcancé a decir que dejara eso quieto ya que no nos pertenecía eso, el hombre dijo que no que eso era que la habían dejado olvidada y que eso no tenía ningún problema, de pronto (sic) le dió (sic) un bote y fue cuando explotó (…)”. (Destaca la Sala)

Por su parte, Carlos Ballén Dimate señaló:

“(…)El día que murió Miguel Antonio iba a trabajar a la casa de mi papá iba con un hermano Héctor Ruiz y alfin (sic) de cuentan (sic) no trabajaron por cuanto Héctor había sufrido un accidente en uno de sus codos y estaba enfermo, mi cuñado se devolvió para la casa y yo lo acompañe y veníamos en el sitio de profundos cuando vimos una maleta a la orilla de la cerretera (sic), en ese momento nos encontramos en ese mismo sitio con Germán Quiroga y Víctor N, entonces mi cuñado miró esa maleta allí y dijo que será esto y le pegó una patada y no explotó, luego le pegó otra y ahí sí se explotó, (…) la maleta estaba a la orilla de la carretera y yo estaba como en la mitad de la vía, lo mismo los otros dos muchachos ya que estaban en grupo. Era una maleta de color verde más o menos grandecita. Era como una tula color verde (…)” (Destaca la Sala).

Respecto a la actividad desplegada por los miembros de la Fuerza Pública los días 20 y 21 de agosto de 1997, los mencionados testigos expresaron que no se realizaron advertencias sobre la existencia de explosivos en la zona antes de que ocurriera la muerte de Miguel Antonio Ruiz Sánchez, y que lo hicieron después del hecho, indicando que se debía tener precaución ante la posibilidad de que la guerrilla hubiera dejado artefactos explosivos en la vía.

Con base en lo anterior, la Sala tiene por establecido que el 20 de agosto de 1997 en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, se produjo un ataque por parte de miembros de un grupo subversivo a la población y a la estación de Policía. Además de lo anterior, que en la vía que conduce a Cabrera, Santa Lucía Baja, en el puente ubicado sobre la carretera, fue emboscada una patrulla de la policía que se dirigía a reforzar al personal acantonado en la localidad. De igual manera, que terminado el asalto armado, en horas de la mañana del día siguiente, el señor Miguel Antonio Ruiz Sánchez al transitar por el puente antes mencionado, accionó accidentalmente un artefacto explosivo que se encontraba en el lugar dentro de una especie de tula o maleta, ocasionándole la muerte.

7. La imputabilidad del daño a la demandada.

Según se expuso en la demanda, el daño antijurídico por el que se pretende reparación, consiste en la muerte de Miguel Antonio Ruiz Sánchez en hechos ocurridos el 21 de agosto de 1997, el que se encuentra debidamente demostrado en el proceso, como quedó expuesto en precedencia.

Establecida la existencia de un daño antijurídico,

debe proceder la Sala a resolver la censura formulada por la parte actora, quien señala que la muerte del señor Miguel Antonio Ruiz Sánchez no ocurrió como un hecho aislado al combate entre la guerrilla y la Policía, por lo cual se rompió el equilibrio de las cargas públicas y se configuró la responsabilidad de la administración, aspecto que toca sustancialmente con la imputación, por lo que, en atención al principio de congruencia, será éste el siguiente tema de análisis de cara a la resolución del recurso propuesto, no sin antes advertir que en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede analizar el caso adecuando los supuestos fácticos debidamente acreditados al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado que resulte aplicable, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria(27).

La imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y que, por lo tanto, en principio, estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de responsabilidad; esto es, del régimen subjetivo (falla en el servicio) o del régimen objetivo (riesgo excepcional y daño especial).

En el presente caso considera la Sala que, en atención a lo probado en el proceso y lo planteado en la demanda y el recurso de apelación, la imputación del daño antijurídico a la entidad tiene asiento en la falla en el servicio, como quiera que al presentarse una emboscada en el sitio donde posteriormente falleció Miguel Antonio Ruiz Sánchez, la entidad tenía el deber de inspeccionar el área y los lugares de combate, así como advertirle a los pobladores sobre las precauciones a tomar en vista de la posibilidad de que existieran artefactos explosivos en la zona, pues las fuerzas del orden son conocedoras de la estrategia subversiva consistente en dejar enterradas minas antipersonales para cubrir su retirada.

En este punto vale reiterar el criterio sostenido por la Sección en tanto que las obligaciones del Estado, concretamente las referidas con la protección de la vida e integridad de todos los ciudadanos (art. 2º de la Constitución), no pueden ser entendidas de manera absoluta, sino que son exigibles en consideración a las circunstancias particulares del caso concreto, es decir, de acuerdo con las posibilidades reales de su cumplimiento, ya que —bien se sabe— nadie está obligado a lo imposible(28). En ese orden de ideas expuso(29):

“No podría pensarse, por lo demás, como lo pretende la parte actora, que el Estado está obligado a responder por los perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia de la realización de cualquier delito. Si bien aquél tiene una función preventiva y sancionadora en relación con los hechos punibles, no puede concluirse, a partir de ello, que sea responsable de su comisión en todos los casos, ya que sólo pueden considerarse imputables a él cuando han tenido por causa la acción o la omisión de uno de sus agentes, como podría ocurrir con el delito de terrorismo, en aquellos eventos en los que, como sucedió en varios de los casos citados en la primera parte de estas consideraciones, la acción de los antisociales fue facilitada por la omisión en el cumplimiento de un deber concreto de la administración, o tuvo por causa la realización de un riesgo creado lícitamente por ésta, que tenía carácter excepcional o especial, en relación con quienes resultaron afectados.

“Así, es claro que la noción presentada por el recurrente corresponde a un Estado omnipotente y mágico, que no sólo desconoce la realidad colombiana, sino que, sin lugar a dudas, no encuentra sustento en las normas constitucionales y legales que establecen sus funciones”.

La jurisprudencia de la corporación ha establecido en varias decisiones los títulos de imputación bajo los cuales se determina o no la responsabilidad estatal en tratándose de daños antijurídicos ocasionados en el marco de actos terroristas y operaciones de guerra, partiendo de la base que aquellas actuaciones son realizadas por terceros, bien sea pertenecientes a grupos delincuenciales o subversivos(30).

Una primera línea señala que la responsabilidad se edifica sobre la teoría de la falla en el servicio, entendida como la falta de empleo de los medios disponibles por parte de la administración para evitar la ocurrencia de los hechos cuando tenía un conocimiento previo que le permitiera repeler o, por lo menos, atenuar el hecho dañoso del tercero.

Si del estudio fáctico y probatorio se llega a concluir que para la administración sí existieron circunstancias que le indicaran la probabilidad de comisión de un acto terrorista y, no obstante tal conocimiento, hubiera omitido tomar las medidas necesarias para prestar el servicio de vigilancia y protección, causándose daños por su ocurrencia, le sería imputable el daño a título de falla, dada la transgresión a su deber de proteger a las personas y bienes de los residentes en el país(31).

Una segunda postura sustenta la responsabilidad de la administración bajo el régimen del riesgo excepcional, de manera que el daño le resulta imputable al Estado cuando, en el marco de un actuar legítimo, pone en riesgo a personas en aras de proteger a la comunidad.

De conformidad con algunas tesis jurisprudenciales se tiene que los elementos constitutivos de este título de imputación son: i) una conducta legítima del Estado, ii) una actividad que origina un riesgo de naturaleza anormal, iii) un ataque dirigido por terceros que luchan contra el Estado, concretamente contra un establecimiento militar o de policía, un centro de comunicaciones, un personaje representativo de la cúpula estatal y, v) el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas(32).

Aunado a lo anterior se tiene que el espectro de los lugares o sitios objetivo del ataque no se circunscribe únicamente a los anteriores, sino “a todos aquellos casos en los que el blanco sea un objeto claramente identificable como Estado, ya que la justificación para establecer el vínculo causal es el mismo riesgo particular que se crea con una actividad que ha sido elegida por los terroristas como objetivo, tal es el caso del oleoducto”(33).

Por último, la aplicación de la teoría del daño especial ha tenido en cuenta que i) se presenta un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas; y, ii) la especialidad del daño sufrido, el cual tiene como fundamento el principio de equidad y solidaridad(34).

En consonancia con este marco conceptual, debe señalarse que el Decreto 1355 de 1970(35) —Código Nacional de Policía, vigente para la época de los hechos y hasta la fecha—, define en su artículo 1º, como función de la Policía Nacional, la protección de todos los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos derivados de ella, bajo los límites establecidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el Reglamento de Policía y en los principios universales del derecho.

A renglón seguido, el artículo 2º determinaba la competencia de este cuerpo civil frente a la conservación del orden público, como resultado de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la moralidad públicas.

Por su parte, el artículo 32 del decreto antes señalado establecía que: “Los funcionarios de policía están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se les pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida, o sus bienes, o la inviolabilidad de su domicilio, o su libertad personal, o su tranquilidad”.

La Carta política de 1991, en su artículo 2º, consagra los fines esenciales del Estado y, seguidamente, dispone un mandato dirigido a las autoridades de la República para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Con base en lo anterior se tiene que la Fuerza Pública, como una de las autoridades de la república, se encuentra integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (C.P., art. 216); esta última, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Mediante la Resolución 9960 del 13 de noviembre de 1992, por la cual se aprueba el Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional, se definió el servicio de policía como:

“(…) la vigilancia permanente que el Estado presta por intermedio de la Policía Nacional, para conservar el orden público, proteger las libertades, prevenir y controlar la comisión de delitos, de acuerdo con las necesidades y características de cada jurisdicción policial. El servicio de policía lo integra la vigilancia urbana y rural que son la base fundamental de las actividades preventivas y operativas de la Policía Nacional (…)”. (Subrayado por la Sala).

Así mismo, este cuerpo civil se encuentra obligado a intervenir frente a los casos que tenga conocimiento, cualquiera que sea la circunstancia en que se encuentre(36), por lo que dentro de la misión constitucional de garantizar la tranquilidad pública, prevenir los hechos que puedan perturbar el orden social y exigir el cumplimiento de las leyes, ha organizado algunos servicios especializados, entre ellos, el Cuerpo Especial Armado (CEA), creado mediante el Decreto 814 del 19 de abril de 1989, encargado de combatir los escuadrones de justicia privada, bandas de sicarios, grupos de autodefensa y realizar los demás operativos necesarios para contrarrestar el accionar de estas organizaciones delictivas.

La Ley 62 de 12 de agosto de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, estableció la finalidad de la Policía Nacional bajo los mismos términos del artículo 2º y 218 del estatuto superior(37).

En desarrollo de lo anterior, el Decreto 2203 del 2 de noviembre de 1993 contempla dentro de las funciones de policía la siguiente:

“(…) 8. Establecer, mantener y fortalecer las condiciones necesarias, para que el servicio de policía sea oportuno y efectivo en las ciudades y en los campos, utilizando los medios adecuados para el mantenimiento del orden público interno en todo el territorio nacional (...)”.

De las disposiciones anteriormente mencionadas, se puede destacar que la Policía Nacional tiene como fin primordial el mantenimiento del orden público interno bajo la premisa del poder ejercer los derechos y libertades públicas por parte de la sociedad. Este cuerpo civil armado debe cumplir las funciones que constitucional y legalmente se han encargado, y bajo esta perspectiva debe desplegar una serie de actividades encaminadas a evitar la perturbación del orden público y la seguridad del mismo.

Advertidas estas funciones primordiales de la demandada, se tiene que en un espacio temporal anterior a la muerte del señor Ruiz Sánchez se presentó una emboscada por parte de miembros insurgentes a una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por el puente de la Vereda Santa Lucía Baja, preciso lugar por el que, en horas de la mañana del 21 de agosto de 1997, el señor Miguel Antonio Ruiz Sánchez pasó y donde observó un maletín al que le dio unos puntapiés y se produjo una explosión, tal como lo expusieron los testigos que se encontraban en el sitio al momento de los hechos.

Se deriva de lo anterior que, como resultado de la emboscada, se presentó un enfrentamiento entre la fuerza pública y los subversivos, escenario en el que quedaron elementos bélicos peligrosos para la vida e integridad de la población, sin que se hubiera realizado -con posterioridad a la emboscada y a la toma guerrillera- el debido aseguramiento del área de los combates, en particular el puente de la Vereda Santa Lucía, labor que habría permitido establecer si había o no presencia de elementos explosivos que constituyeran fuente de peligro tanto para las tropas como para la población civil.

Como se expuso anteriormente, la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que cuando un atentado terrorista resulta previsible, dadas las circunstancias especiales en que se desarrollan los hechos o porque las autoridades puedan tener conocimiento con alto grado de probabilidad respecto de la ocurrencia del mismo, el Estado tiene la obligación de prestar la protección que sea requerida y, por lo tanto, el incumplimiento de este deber configura una falla del servicio.

Claro está que dicha previsibilidad no solo se predica del acto terrorista, sino de la totalidad del escenario en el que se enmarca, esto es, no solo el hecho actual del suceso, sino las consecuencias que de él se deriven y ,en el presente asunto, aparece demostrado con claridad meridiana que al perpetrarse una emboscada en contra de la fuerza policial, al menos se debió verificar la zona en donde se presentó el combate, pues como ya se dijo, era previsible que en el sitio quedara material de guerra que pudiera afectar a los pobladores del sector y a los mismos servidores de la institución.

Si bien no aparecen demostrados en el expediente los detalles de la emboscada a la patrulla policial, lo cierto es que tampoco se acredita que la entidad demandada hubiera llevado a cabo los planes de prevención que dicha situación imponía, circunstancia específica que no podía ser desconocida para la institución en el momento, dada la dinámica de la guerra irregular que ha vivido el país.

Como ya se dijo, la falla en el servicio que se deja vista permite imputar la responsabilidad por el daño antijurídico causado a la entidad demandada, situación que conlleva revocar la sentencia apelada y proceder al estudio de los perjuicios reclamados por los demandantes.

8. Los perjuicios morales.

Solicitan los demandantes que se acceda a la condena por concepto de perjuicios morales solicitada en la demanda en su favor, en cuantía equivalente a 1.500 gramos de oro para cada uno de ellos.

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria(38) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(39).

Igualmente se ha definido en diversos pronunciamientos que la condición personal de la que pende la demostración del daño es la de “damnificado”, puesto que: “tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente la legitimación(40)”. Se ha explicado igualmente que “en el proceso de reparación directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y esta se demuestra a lo largo del proceso(41)

Las diferencias existentes entre esas dos calidades, fueron precisadas por la Sección en sentencia proferida el 1º de noviembre de 1991; así:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de ésta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el sólo hecho del parentesco.

Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(42).

Posteriormente, en providencia proferida el día 17 de mayo de 2001(43), se explicó que la ley —CCA, art. 86—, en materia de la acción de reparación directa, otorga el derecho de acción a la persona interesada —legitimación de hecho, por activa—, y no condiciona su ejercicio a la demostración, con la demanda, de la condición que se alega en ésta, precisamente, porque el real interés es objeto de probanza en juicio — legitimación material por activa—.

De esta manera se precisó que no se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la legitimación material en la causa. Cuando la jurisprudencia partió de la prueba del parentesco para deducir, judicialmente, que una persona se halle legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil —contenida en el registro o en la copia de éste-, su estado de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por ello que cuando el demandante no acredita el parentesco —relación jurídica civil— y, por tanto, no se puede inferir el dolor, debe demostrar la existencia de éste para probar su estado de damnificado y con ello su legitimación material en la causa —situación jurídica de hecho—.

Puede concluirse de lo que se deja visto que con la demostración del estado civil se infiere el daño —presunción de damnificado—, y probando el daño, se demuestra el estado de damnificado.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que, como sustento de la legitimación en la aspiración indemnizatoria, obran dentro del expediente allegado en copia auténtica como prueba trasladada, sendas copias de los registros civiles de nacimiento de los señores Miguel Antonio Ruiz Sánchez, Flor María Ruiz Sánchez y Leonardo Ruiz Sánchez(44), en los que se registra como sus padres a los señores Rosa María Sánchez y Luis Enrique Ruiz, documento que prueba debidamente el vínculo familiar entre los reclamantes y el fallecido en calidad de hermanos, parentesco que, unido a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que éstos sufrieron con la muerte de aquél(45).

Por el contrario, la legitimación del señor Heriberto Ruiz Sánchez no se encuentra acreditada en el expediente, toda vez que no existen elementos de juicio que permitan tenerlo como damnificado, en tanto las declaraciones obrantes en el expediente no lo individualizaron como hermano del fallecido ni dieron cuenta de que hubiera sufrido alguna clase de afectación moral por el fallecimiento de Miguel Antonio Ruiz Sánchez. Así mismo, su parentesco con la víctima tampoco quedó demostrado en el expediente(46), por lo que no es posible colegir la condición que alega como base de su pretensión indemnizatoria y en consecuencia, habrá de ser denegada.

Como se expresó anteriormente, las reglas de la experiencia hacen presumir que la muerte de Miguel Antonio Ruiz Sánchez en las circunstancias en que ocurrió, generó un profundo dolor, angustia y aflicción en sus hermanos, los señores flor maría Ruiz Sánchez y Leonardo Ruiz Sánchez, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia como espacio básico de toda sociedad(47), por lo que se impone conceder la indemnización solicitada pero fijándola en salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 2001(48), la Sección abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales.

Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas en salarios mínimos legales mensuales. En consecuencia, la Sala encuentra pertinente reconocer a favor de cada uno estos demandantes, por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

9. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2.001, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera- Subsección A, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de Defensa–Policía Nacional, administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte del señor Miguel Antonio Ruiz Sánchez, ocurrida en jurisdicción del Municipio de Cabrera, Cundinamarca el 21 de agosto de 1997.

3. Cóndenase a la Nación-Ministerio de Defensa–Policía Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios morales, a Flor María Ruiz Sánchez y Leonardo Ruiz Sánchez la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

4. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Ejecutoriada esta providencia, EXPIDASE copia conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de2 su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(13) Folio 9 del cuaderno principal 1.

(14) Decreto 597 de 1988.

(15) Al respecto la norma citada consagra: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones…”

(16) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrado Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(17) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:

“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.

“Son características de esta regla las siguientes:

“(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(18) Al respecto, ver sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(19) Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, Exp. 26.261. M.P. Alier Hernández Enríquez.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto del 2008, Exp. 14638.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de abril de 2009, Exp. 32.800, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(22) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera decretó la prueba en auto de 7 de octubre de 1.999 obrante a folios 28 y 29 del cuaderno principal 1, la que fue allegada por la Secretaría de esa Corporación el 21 de noviembre de 2.000, tal como consta a folio 35 del mismo cuaderno.

(23) Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: de la Sección Tercera: Sentencia de 4 de febrero de 2010, Expediente 18109, Consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia de 18 de marzo de 2.010, expediente 32.651, Consejero ponente: Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia de 9 de junio de 2.010, expediente 18.078, Consejera ponente (E): Dra. Gladys Agudelo Ordóñez.

(24) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

(25) Folio 69 de la copia auténtica del expediente de la prueba trasladada.

(26) Folios 57 a 60, y 63 a 66 del cuaderno de la prueba trasladada.

(27) Ver entre otras, sentencia del 3 de octubre de 2007, expediente 22655 y sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16413.

(28) Sentencia de 11 de octubre de 1990, expediente: 5737.

(29) Sentencia del 10 de agosto de 2000, expediente: 11.585.

(30) Ver entre otras sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13774, así mismo, los elementos se definen en sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 13661.

(31) Sentencias del 13 de mayo de 1996, expediente 10.627; de 5 de septiembre de 1996, expediente 10.654; de 3 de abril de 1997, expediente 12.378.

(32) Sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13774.

(33) Sentencia del 11 de diciembre de 2003 expedientes acumulados: 12916 y 13627.

(34) Ver entre otras, sentencia del 3 de mayo de 2007, expediente 16696, sentencia del 18 de mayo de 2010, expediente: 15591, sentencia del 17 de marzo de 2010, expediente 17925.

(35) http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/1970/decreto_1355_1970.html. Bajo la misma orientación, se establecen las funciones y demás elementos de la función de policía en el Decreto No. 01889 del 21 de julio de 1986, mediante el cual se expidió el Código Departamental de Policía de Cundinamarca.

(36) Artículo 39 de la Resolución 9960 del 13 de noviembre de 1992.

(37) Artículo 1ºFinalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos humanos (...)”.

Artículo 5°: Definición. La Policía Nacional es un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana (...)”.

(38) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que por regla general no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(39) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, expediente: 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad”.

(40) Sentencia de 26 de octubre de 1.993, expediente 7793.

(41) Sentencia de 1° de octubre de 1993; expediente 6657.

(42) Expediente 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2.001, Expediente 12.819, Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo.

(43) Expediente 12956; actor: Hernando Palacios Aroca y otros.

(44) Documentos obrantes a folios 4, 7 y 10 del cuaderno de la prueba trasladada.

(45) La Sección en auto de 1° de abril de 2.009, Expediente 36.264, expresó: “En relación con la condición de tercero damnificado, conforme a la jurisprudencia de la Sala, en los procesos de responsabilidad se indemniza a los damnificados con la muerte de una persona, no en su carácter de herederos sino por el perjuicio que les hubiera causado su muerte o porque el hecho afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral (Ver, entre otras, sentencias del 1 de noviembre de 1991, exp. 6469 y del 18 de febrero de 1999, exp. 10.517). Y en los eventos en los cuales se demuestre que el demandante era el padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima, ese perjuicio se infiere del vínculo paternal o marital (A título de ejemplo se relacionan las sentencias de 17 de julio de 1992, exp. 6750; de 16 de julio de 1998, exp. 10.916, de 27 de julio de 2000, exp. 12.788 y de 26 de abril de 2006, exp. 14.908); en cambio, cuando no se acreditan esas calidades, el perjuicio moral o patrimonial debe acreditarse a través de cualquier medio de prueba”.

(46) La Registraduría Nacional del Estado Civil en respuesta a la prueba decretada a petición de la parte actora, manifestó que en sus archivos no se encontró el registro Civil de nacimiento del demandante, documento que reposa en el folio 31 del cuaderno principal 1.

(47) Sentencias del 18 de marzo de 2010, expedientes: 32651 y 18569 M.P. Enrique Gil Botero.

(48) Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646. Consejero Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez.