Sentencia 1999-01235 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. JaimeOrlandoSantofimioGamboa

Radicación: 73 001 23 31 000 1999 01235 01 (34640)

Actor: Marcos García Ramírez y otros

Demandado: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora

Asunto: Acción de reparación directa (Sentencia)

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

20. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(1) contra la sentencia de 27 de julio de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad de la acción, propuesta por el Incora y en consecuencia denegó las pretensiones de la demanda.

21. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, en aplicación del decreto 597 de 1988.

22. Ya que por auto de 3 de septiembre de 2008 la Sala de la Sección Tercera accedió a la prelación solicitada por el Ministerio Público, y pese a que el proceso tiene una entrada para fallo posterior a los procesos que están pendientes de decisión, la Subsección C da cumplimiento a lo ordenado en la mencionada providencia de la Sección Tercera y procede a dictar sentencia en el presente caso en esta Sala.

23. Se advierte por la Sala que como sólo apeló la parte actora, debe tenerse en cuenta la sentencia de la Sala Plena de Sección Tercera de 9 de febrero de 2012 (expediente 21060) donde se dirimió una cuestión de derecho para llegar a la solución jurídica en los siguientes términos:

“Conviene puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i)En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii)En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final)(2).

(…).

por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(3) de la sentencia como el principio dispositivo(4), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(5).

Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada”(6).

24. Con fundamento en la sentencia de Sala Plena se abordará el estudio y decisión del recurso de apelación presentado únicamente por la parte actora.

2. Delimitación del objeto delaimpugnación.

25. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su recurso de apelación, específicamente en lo que tiene que ver con el cómputo de la caducidad para determinar si hay lugar, o no, a decretarla por lo cual la Sala entrará a analizar el asunto sub judice.

3. La caducidad de la acción de reparación directa en el caso concreto.

26. Para la fecha en que ocurrieron los hechos demandados y se presentó la demanda, regía el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989(7), que establecía el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas la de reparación directa, cuya configuración se supeditaba al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se contaban a partir del acaecimiento del hecho, la omisión, la operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por razón de trabajo público:

“ART. 136.—Caducidad de las acciones. (…).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.”.

27. En relación con el término de caducidad cuando se demanda en acción de reparación directa por la ocupación de un inmueble como consecuencia de la construcción de una obra pública (entendida dicha obra no sólo como la construcción de infraestructura vial, sino también con el desarrollo de soluciones de vivienda u otros procedimientos), la jurisprudencia de la Sección Tercera sostiene:

“Cuando se construye una obra pública y se alega que la construcción de la misma (técnicamente el trabajo público) causó un daño a una propiedad inmueble, el término para formular la correspondiente acción indemnizatoria empezará a contar a partir de la terminación de la misma, máxime cuando, como en el caso sub judice, la demanda afirma que tan pronto se construyó el muro en la margen izquierda del río, paralelo a la carretera y para protección de su banca, ni siquiera empezaron los perjuicios sino que sólo se agravaron, y a que el proceso erosivo se había iniciado desde muchos años antes (unos 16)…

Es claro que una obra pública puede producir perjuicios instantáneos, por ejemplo, el derrumbamiento de un edificio aledaño, como también lo es que puede ser la causa de una cadena de perjuicios prolongada en el tiempo. Vgr. la obra impide el flujo normal de las aguas que pasan por un inmueble o es la causa de las inundaciones periódicas del mismo. En el primer evento (perjuicio instantáneo) el término de caducidad es fácil de detectar: tan pronto se ejecute la obra empezará a correr el término para accionar. Para una mayor certeza la jurisprudencia de la Sala ha señalado como fecha inicial, aquella en la que la obra quedó concluida. En los eventos de perjuicios prolongados en el tiempo, aunque en la práctica es más difícil detectar la fecha inicial porque puede confundirse el nacimiento del perjuicio con su agravación posterior, no por eso puede aceptarse que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos públicos, y contrariaría el mandato expreso de la ley que es enfática en hablar de dos años ‘contados a partir de la producción del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos’.

Como regla general entonces, podrá sostenerse que en las acciones indemnizatorias por daños de ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o sucesivos) originados en trabajos públicos en los que la ejecución de la obra pública es la causa eficiente de los mismos, no podrá hacerse caso omiso de la época de ejecución de ésta para hablar sólo de la acción a medida que los daños vayan apareciendo, así su ocurrencia sea posterior a los daños de construida la obra. En otros términos, el legislador al establecer la caducidad en la forma explicada partió de un supuesto que le da certeza y estabilidad a la institución: que en este campo el perjuicio debe concretarse, nacer, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la ejecución de los trabajos, así puedan agravarse o continuar su ocurrencia con posterioridad a dicho bienio”(8).

28. Posteriormente, la jurisprudencia de la Sección Tercera morigeró la tesis anteriormente reseñada e interpretó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en aplicación de los principios pro actioni y pro damato según los cuales, en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no; sostuvo:

“Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”(9) (subrayado fuera de texto).

29. Luego y con fundamento en lo anterior, la Sección Tercera indicó que tratándose de la ocupación permanente o definitiva de un predio por trabajos públicos o por cualquier otra causa, el término de caducidad no se contaba a partir de la finalización total de la obra u ocupación, sino a partir del momento en el cual se presentó la ocupación en el predio afectado:

“La ocupación permanente o definitiva de un predio por obras públicas es un hecho dañoso reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, como fuente de indemnización a favor de la persona que ha visto afectados sus derechos de propiedad, posesión, uso, usufructo o habitación, y está prevista legalmente como una de las causas por las que el afectado puede reclamar directamente la reparación del daño, como lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

El señor Walter Padilla solicitó la declaratoria de responsabilidad del Invías por la ocupación permanente, por obras públicas, de la franja de un terreno que afirma es de su propiedad. Señaló además los siguientes hechos que resultan relevantes para la decisión:

— Las obras de la carretera La Troncal Caribe o Vía al Mar iniciaron en 1976 (pretensión primera y hecho quinto, fls. 78 y 82, cdno. 2).

— La ocupación a su predio acaeció en 1983, cuando se iniciaron las obras de la segunda etapa, que finalizaron en 1988 (hechos quinto, sexto y séptimo).

— La totalidad de las obras de la carretera La Troncal Caribe o Vía al Mar finalizaron en 1992 (hechos quinto y sexto).

Con fundamento en los anteriores hechos, la Sala advierte que la ocupación del predio del demandante inició en 1983 y duró hasta el año 1988, cuando culminaron las obras de la segunda etapa que afectaron una parte del terreno del cual afirma es propietario.

(…). Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de dos años es desde el día siguiente de verificada la ocupación -año 1983- y, como la demanda se presentó el 7 de junio de 2002, cabe concluir que la acción de reparación directa no fue ejercida oportunamente”(10).

30. Esa posición fue objeto de precisión, en cuanto existió la necesidad de diferenciar los eventos en los cuales se demandaba la reparación de un daño por ocupación de inmuebles con ocasión de trabajos públicos, de aquellos casos en los cuales se demandaba por los daños causados por trabajos públicos:

“Por el contrario, la Sección ha discurrido de manera disímil cuando la lesión antijurídica que se irroga no consiste en la ocupación de un inmueble —temporal o permanente— sino cuando proviene de trabajos públicos, pues en estos últimos escenarios la lógica ha indicado que no es conveniente prolongar en el tiempo el conteo del plazo para interponer la acción como quiera que el daño se encuentra materializado en un solo momento, a diferencia del primer supuesto en el cual se alberga la esperanza de que el Estado restituya la posesión material sobre el respectivo bien al concluir la obra.

En consecuencia, una es la forma como se determina la caducidad tratándose del daño por la ocupación de un inmueble en virtud de una obra pública, y otra diferente la que tiene que ver con perjuicios irrogados sobre bienes (muebles o inmuebles) por cuenta de la ejecución de un trabajo u obra pública. Lo anterior, por cuanto en la primera hipótesis el daño que se reclama es precisamente la ocupación del inmueble una vez culminada la obra, mientras que en la segunda hipótesis la lesión antijurídica que se invoca reside en la afectación a bienes, derechos o intereses legítimos —distintos a la ocupación del terreno— en medio de la ejecución de la obra pública.

En consecuencia, en el segundo supuesto el término de caducidad iniciará a computarse una vez ocurra el hecho o la omisión respectiva, o en su defecto la parte tenga conocimiento del daño.

(…) Entonces, se insiste, existe una justificación que amerita mantener la distinción en el cómputo de la caducidad cuando el daño proviene de la ocupación de un inmueble por cuenta de una obra pública, ya que en estas hipótesis se espera o existe una expectativa legítima de que al concluir la ejecución del contrato se restituya la posesión material del respectivo bien, razón por la cual sólo hasta la finalización de la misma se podrá establecer el período de afectación de aquél y, por lo tanto, solicitar la indemnización de perjuicios.

No sucede lo mismo cuando el perjuicio que se depreca se relaciona con una afectación concreta generada por un hecho de la ejecución de la obra (v.gr. daños a la vivienda principal, a los corrales, a potreros, etc.) toda vez que en estos casos la caducidad iniciará su cómputo una vez producido el hecho concreto o se haya tenido conocimiento del mismo, salvo que el daño por el cual se reclama tenga la connotación de continuado.

(…) En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada en tanto se acompasa con los lineamientos legales y jurisprudenciales sobre la materia, puesto que una posición contraria como la que se defiende en el recurso de apelación resulta incompatible en tanto pretende prolongar en el tiempo la posibilidad de acceder a la administración de justicia cuando los daños, de carácter permanente, ya se han consolidado, lo que genera sin anfibología inseguridad jurídica (…)”(11).

31. Se tiene por tanto que la caducidad opera cuando el término concedido por la ley para ejercitar la acción fenece y se edifica sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e independiente de consideraciones ajenas al transcurso del tiempo, sin que pueda ser objeto de convención o de renuncia. Y si bien en los casos en los cuales se demanda por daños causados por la ocupación permanente o temporal por la ejecución de una obra pública o por cualquier otra causa, el cómputo del término de caducidad iniciaría al momento en el cual se produce el daño, que puede coincidir con la finalización de la ocupación, lo cierto es que se deben tener en cuenta las situaciones particulares de cada caso en concreto, en el sentido en que las circunstancias particulares permitirán en ocasiones iniciar el cómputo desde el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento del hecho —daño al descubierto— época que permite la reclamación judicial de la indemnización del daño alegado(12).

32. Con base en lo anterior, la Sala estudiará si la acción de reparación directa estaba caducada al momento de presentación de la demanda.

4. Caso concreto.

33. En la demanda se solicitó la declaratoria de responsabilidad administrativa por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora, en relación al despojo arbitrario e irregular que hiciera éste de los predios Tamarindo, Tamarindo 1, Tamarindo 2 y La Ilusión, de propiedad de los demandantes Freddy Rodríguez Cardozo, Roberto García Ramírez y Marco Aurelio García Ramírez, ubicados en la Vereda el Zancudo del Municipio de Natagaima – Tolima.

34. Lo anterior según los demandantes, tuvo lugar el 14 de febrero de 1995, en razón a la entrega del bien expropiado La Esperanza que hiciera el Juzgado Civil del Circuito de Purificación - Tolima al Incora, así mismo los actores manifestaron que el daño cesó hasta el 14 de mayo de 1999, en razón a la sentencia del 22 de febrero de 1999, proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual confirmó la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito del 12 de agosto de 1998, en donde se ordenó al Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo Natagaima restituir los predios que le fueron entregados por el Incora, a los demandantes Freddy Rodríguez Cardozo, Roberto García Ramírez y Marco Aurelio García Ramírez.

35. La Sala observa que según lo expuesto por los demandantes en el recurso de apelación, solo tuvieron conocimiento del hecho dañino en el momento en que el Incora procedió a despojarlos de sus predios, el 14 de febrero de 1995, y que los mismos procedieron a instaurar acción de reparación directa hasta el 22 de junio de 1999 (fecha de presentación de la demanda), en vista a que no sabían hasta cuando iría la ocupación o hasta cuando les devolverían materialmente sus predios, además de no tener conocimiento absoluto de la cuantificación real del daño que les produjo dicho procedimiento, por lo que decidieron iniciar un proceso ordinario reivindicatorio de dominio para clarificar la titularidad sobre sus predios y así recuperar la posesión de los mismos.

36. En efecto, se tiene probado los siguientes hechos según los documentos aportados por las partes en la etapa probatoria que dan cuenta de lo siguiente:

36.1. Demanda de Reparación Directa en donde se consignó entre otros los siguientes hechos “el día 14 de febrero de 1995, el Tribunal Administrativo del Tolima, se traslada al Municipio de Natagaima del Departamento del Tolima, para hacer entrega del Predio La Esperanza, en cumplimiento de las providencias anteriores, y con base en el plano P466-266 realiza la entrega del bien expropiado al Incora, por el Doctor Lorenzo Ochoa Lemus, quien de hecho, y el mismo día ordena la entrada y entrega de los Predios al Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo, lo cual se formalizo más adelante mediante diligencia de entrega provisional fechada 16 de mayo de 1995. (fls. 61 a 68, cdno. 1).

36.2. Contestación de la demanda por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora, en donde manifiesto al anterior hecho plasmado por los actores que “si es cierto parcialmente” además propuso la excepción de caducidad de la acción manifestando “para el caso que nos ocupa como bien aduce el apoderado de los demandantes, existen dos fechas en las cuales hubo desprendimiento de su propiedad, una corresponde al día 14 de febrero de 1995, en la que el Tribunal Administrativo del Tolima se traslada al municipio de Natagaima, departamento del Tolima, para hacer entrega del predio La Esperanza…la otra corresponde al 16 de mayo de 1995, fecha en la cual los funcionarios del Incora, en cumplimiento igualmente de los fallos referidos y de la orden del Tribunal proceden a hacer la entrega del citado inmueble al Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo. (fls. 89 a 93, cdno.1).

36.3. Por medio de oficio 098 suscrito por el registrador de la oficina de registro de Instrumentos Públicos Seccional Purificación Tolima, se allega al proceso fotocopia autentica de las matrículas inmobiliarias 368-00030398 (Inmueble Tamarindo Dos), 368-0031006 (Inmueble Tamarindo), 368-0028644 (Inmueble Tamarindo Uno), 368-0024648 (Inmueble La Ilusión) y 368-0003510 (Inmueble La Esperanza). (fls. 1 a 7, cdno. 2).

36.4. Mediante oficio 731-0.30 000750 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “Incora” del Regional Tolima allegó copia de las Resoluciones número 3133 de junio 6 de 1973; 10747 de junio 7 de 1968 y copia del Plano. (fls. 8 a 15, cdno. 2).

36.5. En escrito del 6 de junio de 2000, se tiene que los peritos Luis Ávila Hernández y Carlos Arturo Cardozo, allegan al expediente informe pericial del proceso de Freddy Rodríguez contra el Incora visible a folios 17 a 37 del cuaderno número 2.

37. Es claro, entonces, que según las pretensiones incoadas por los demandantes están encaminadas a denunciar el despojo arbitrario e irregular de sus predios por parte del Incora además indican que “el despojo ocasiono…perjuicios de orden material y moral a mis mandantes como propietarios de los bienes inmuebles, desde el 14 de febrero de 1995 y hasta el día 14 de mayo de 1999”.

38. Teniendo en cuenta lo anterior, queda evidenciado que no existe discusión alguna respecto de la fecha en que los aquí demandantes fueron despojados materialmente de los predios respecto de los cuales dicen ser propietarios, esto es, el 14 de febrero de 1995; para ello basta señalar que tanto el demandante como la entidad demandada Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora fueron contestes en señalar dicha fecha como momento en que tuvo lugar el referido suceso, por lo cual, al no ser objeto de discusión su existencia así como el referente temporal en que se sucedió, la Sala debe dar por acreditado tal hecho sin que sea del caso recurrir a la valoración de medios probatorios adicionales, pues, además a lo anterior, no se observa contradicción o postura en contrario en los medios de convicción que han sido arrimados al sub lite.

39. Dilucidado lo anterior, y aplicando las consideraciones que en torno a la caducidad acabó de esbozar la Sala, se tiene que la fecha a partir de la cual inicia el cómputo del término de caducidad de dos (2) años, corre desde el día al cual se realizó la diligencia de entrega material del bien inmueble La Esperanza al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora, esto es el 14 de febrero de 1995, por cuanto es a partir de ese momento en que los actores conocieron del procedimiento, a su juicio arbitrario, que realizó el Incora al encontrarse despojados de sus predios, tanto es así que iniciaron un proceso ordinario reivindicatorio de dominio para clarificar la titularidad de sus predios y así recuperar la posesión de los mismos, para así proceder de esta manera a iniciar la acción de reparación directa.

40. De conformidad con lo anteriormente señalado se tiene que los actores conocieron del daño en el momento en que fueron despojados de sus predios, circunstancia que lleva a decir que es a partir de este momento que surgió el interés para acceder a la administración de justicia, transcurriendo ello hasta el 15 de febrero de 1997; pero solo presentaron la demanda el 22 de junio de 1999, razón por la cual resulta evidente que la acción de reparación directa no se ejerció oportunamente y se encuentra caducada.

41. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada de primera instancia del 27 de julio de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, con fundamento en los anteriores argumentos.

5. Costas.

42. Finalmente, la Sala después de examinado el expediente encuentra que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 27 de julio de 2007, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la caducidad de la acción con fundamento en los argumentos de la presente providencia.

2. ABSTENERSE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(1) Dado que la demanda se presentó el 22 de junio de 1999 y la pretensión mayor se estimó en seiscientos noventa y un millones doscientos mil pesos ($691.200.000), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la cuantía exigida para la época de presentación de la demanda y para que el proceso fuera de dos instancias era de ($216.850.000) valor que supera lo exigido (Decreto 597 de 1988).

(2) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925.

(3) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1 de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(4) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso (…) Son características de esta regla las siguientes: (…) El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(5) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(6) Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

(7) El artículo 44 de la Ley 446 de 1998 modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y en relación con él término de caducidad de la acción de reparación directa, el artículo 7º de la Ley 589 de 2000 lo adicionó: ART. 136: “(…). 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

(8) Sección Tercera, sentencias de 28 de enero de 1994, expediente 8610; de 12 de noviembre de 1998, expediente 13531.

(9) Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. Reiterada en las siguientes providencias: 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; de 27 de febrero de 2003, expediente 23446; de 2 de febrero de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18 de julio de 2007, expediente 30512.

(10) Sección Tercera, auto del 9 de abril de 2008, expediente 33834.

(11) Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de julio de 2011, expediente 21281.

(12) Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, expediente 15093.