Sentencia 1999-01261 de mayo 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Exp.: 76001-23-31-000-1999-01261-01 (27.606)

Actor: Marisol Velasco García y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2002, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 18.850.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $50.000.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de unos de los demandantes, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Prueba trasladada.

Sobre los medios probatorios obrantes en el expediente, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquellos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hubieran sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieran sido practicados con audiencia de esta no podrán ser valorados en el sub lite(1). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de pruebas hubiere sido solicitado por ambas partes, ellas podrán ser tenidas en cuenta, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que aquellas hagan parte del acervo probatorio y que luego, de resultar desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

Pues bien, en el expediente obran sendas copias del proceso penal militar radicado con el número 591-484, adelantado por el Juzgado 89 de Instrucción Penal Militar de la Policía Metropolitana de Cali, contra los agentes Jesús Faber González López y Enrique Borda Pinzón, por los delitos de homicidio y lesiones personales (copia remitida a este proceso por la Fiscalía 144 Penal Militar(3)) y del “proceso preliminar” Nº 129/99 adelantado por la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Policía Metropolitana de Cali(4), pruebas que fueron solicitadas por la parte demandante, petición a la que adhirió la demandada(5). En este orden de ideas, tales copias se tendrán como prueba en este proceso.

3. Valoración probatoria y caso concreto.

La parte actora atribuyó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional el daño causado, en atención a que los disparos que produjeron el deceso del señor Pedro Nel Rodríguez Ramírez fueron efectuados por agentes activos de dicha institución, quienes utilizaron sus armas de dotación oficial. Estas imputaciones fácticas se encuentran acreditadas en el proceso, de conformidad con el material probatorio de que pasa a hablarse.

Está demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en la muerte violenta de Pedro Nel Rodríguez Ramírez, ocurrida el 12 de abril de 1999, en el municipio de Cali (Valle del Cauca), como consecuencia de “hemorragia torácica masiva secundaria y herida de aorta ascendente por proyectil de arma de fuego”(6).

Mediante auto de 29 de abril de 1999, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali comisionó al señor Jesús Fidel Calpa Burbano para que se encargara de esclarecer los hechos en los que “los agentes González López Jesús y Pinzón Borda Enrique, quienes integraban la patrulla BM-7-2 (...) dieron de baja al sujeto Pedro Nel Rodríguez Ramírez de 20 años de edad, cuando se enfrentó a los uniformados con arma de fuego” (fls. 33 y 34, cdno. 2).

En informe de procedimiento policial del 12 de abril de 1999, el agente Jesús González López puso en conocimiento del Fiscal 92 URI las circunstancias que rodearon el suceso, así (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“... el día de hoy 120499 siendo las 21:55 horas fuimos informados por la Central de Comunicaciones CAD de la Policía Nacional, que en la Diagonal 17 con Calle 72 barrio Siete de Agosto se encontraban un grupo personas hurtando toda clase de elementos a los ciudadanos que se inmovilizaban por el sector. Tres minutos más tarde llegamos al sitio en mención y efectivamente había un grupo de ocho o diez personas aproximadamente; quienes al notar la presencia nuestra emprendieron la huida; uno de ellos esgrimio[sic] (saco[sic] un arma de fuego y la acciono[sic] en repetidas ocasiones en contra nuestra, sin lograr impactar en nuestra humanidad; de manera inmediata respondimos a la agresión haciendo uso del arma de fuego de dotación el agente Gonzalez López Jesús (tripulante de la motocicleta de siglas 24-0072), mientras el agente conductor de la misma y compañero de patrulla agente. Pinzón Borda Enrique, maneobró habilmente el automotor logrando esquivar los disparos contrarios que nos efectuaban.

En este enfrentamiento resulto herido el señor Pedro Nel Rodríguez Ramírez alias (Alambrito) (...). Quien posteriormente una vez cesados los disparos procedimos en forma inmediata a solicitar medio de transporte para trasladar al herido al Hospital Joaquín Paz Borrero donde posteriormente fallecio[sic]. Es de anotar que en el momento de ser auxiliado se le hallo[sic] en su poder un arma de fuego Smith & Wesson, 38 largo, Special, sin numero interno ni externo, pero si con un numero interno en la empuñadura Nº 03633 con tres vainillas y dos cartuchos.

(...).

A la agresión se le hizo frente con armamento de dotación oficial así: agente. González López Jesús, P1.36091, revólver Smith & Wesson Cal. 33 largo, Nº D57223, Agente. Pinzón Borda Enrique, P1.50245, Revolver Smith & Wesson 38 largo, Nº. 6D87955, los cuales quedan a su disposición bajo custodia del Almacén de Armamento del Comando Policía Metropolitana.

(...).

Anexo: Revolver Smith & Wesson, Cal. 38 largo, semipavonado, cachas de madera, capacidad seis cartuchos, encontrándosele numero interno en la empuñadura 03633, dentro del tambor se encontraron tres vainillas y dos cartuchos los cuales no son de uso convencional” (fl. 36, cdno. 2).

Según los análisis instrumentales para residuos por disparo por emisión y/o absorción atómica 862-99 y 863-99, del Instituto de Medicina Legal, los agentes de policía Jesús Faver González López y Enrique Pinzón Borda arrojaron resultado “Positivo (+)” al encontrarles, en las dos manos, residuos compatibles con disparos, representados por los elementos plomo, antimonio, bario y cobre(7) (fls. 81 y 83, cdno. 3).

El Juzgado 89 de Instrucción Penal Militar, mediante proveído de 8 de mayo de 1999, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra de los agentes González López y Pinzón Borda, previa exposición de las siguientes consideraciones (se transcriben tal como se encuentran en el expediente):

“Al revisar detenidamente las pruebas obrantes en autos, encontramos que, efectivamente el agente Jesús González López, actuó bajo los parámetros causales de justificación, en lo que atañe a la muerte de Rodríguez Ramírez y bajo una causal de inculpabilidad en lo que a las lesiones de Mauricio Álvarez González, se refiere, pues en este evento nos encontramos frente a un verdadero caso de fuerza mayor, sin que se observe en su actuar culpa o dolo en lo que al procedimiento y sus resultado se refieren. Quedando así demostrado, en nuestro sentir, que se da el presupuesto procedimental, para abstenernos de decretar medida de aseguramiento (...).

En lo que respecta al agente Enrique Pinzón Borda, el despacho da credibilidad a su dicho, en el sentido de que él no hizo uso de su arma, versión que es respaldada por su propio compañero. Ahora bien la explicación que da sobre el resultado de su prueba de absorción atómica, es perfectamente razonable y esta solo sea un ‛falso positivo’(8), por la manipulación inadecuada que dio al arma de Rodríguez Ramírez. Considerando entonces, que es procedente abstenernos de proferir medida de aseguramiento en lo que atañe a este procesado” (fls. 111-114, cdno. 3).

En los mismos términos recién transcritos, la Policía Metropolitana de Cali, mediante providencia de septiembre 17 de 1999, ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar a favor de Jesús Faver González López y de Enrique Pinzón Borda (fls. 77- 79, cdno. 2).

Así las cosas, es claro para la Sala que Pedro Nel Rodríguez Ramírez murió como consecuencia de las heridas causadas, el 12 de abril de 1999, por el agente de la Policía Nacional Jesús Faver González López, quien, con su arma de fuego de dotación oficial y encontrándose en funciones inherentes al servicio, le propinó tres(9) disparos a larga distancia(10). Lo anterior, en principio, permitiría a la Sala sostener que el daño irrogado a la parte actora resulta atribuible a la demandada, por cuanto, según el ordenamiento jurídico, no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y, por lo tanto, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que persista una de las causales de justificación como la legítima defensa o el estado de necesidad; es decir, debe configurarse una amenaza individualizada, grave, actual e inminente contra la vida del uniformado o de un tercero, que solo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza pueda protegerse(11).

La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración(12); sin embargo, en situaciones como la que se discute en el presente proceso, ha dado especial atención al uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones(13), así (sent. jul. 27/2000):

“Se agrega que aun en el evento de que los señores Orlando y James Ospina hubieran sido delincuentes y que pretendieran extorsionar a la señora Mélida Díaz, los funcionarios no estaban legitimados para sancionarlos con la pena de muerte, pues si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad solo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas”(14).

De la misma forma lo ha entendido la Asamblea General de Naciones al aprobar el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”(15), que en su artículo 3º establece: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”; la misma norma comenta que el uso de la fuerza debe ser excepcional, en la medida de lo razonablemente necesario. Así se ha entendido al aprobarse los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en agosto y septiembre de 1990, en los cuales se establece:

“4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto (...).

(...).

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

Teniendo en cuenta lo anterior, queda por determinar si la actuación de la víctima constituyó una real amenaza para los agentes de policía o un tercero y, a partir de ello, comprobar si la reacción de aquellos fue ajustada y proporcional al riesgo inminente, pues, de no ser así, se entenderá que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, en la medida en que esta fue innecesaria y desproporcionada y, en consecuencia, la responsabilidad patrimonial de la administración estará comprometida y deberá resarcir el daño causado.

La Sala encuentra que, el 20 de noviembre de 1999, el Laboratorio de Balística de la Policía Judicial e Investigación de Cali, en cumplimiento de una orden impartida por el Juez Penal Militar de conocimiento, realizó un análisis comparativo entre unas muestras de vainillas recibidas para estudio, las cotejó con otras de las mismas características, tomadas como patrón del arma de fuego decomisada al occiso, y concluyó (se transcribe tal como consta en el expediente):

“... Las seis (6) vainillas recibidas para cotejo con las recuperadas del arma de fuego objeto de estudio, clase revólver, marca Smith & Wesson, calibre .38 especial (sic), numero interno 03633; se logro establecer que las seis vainillas materia de análisis si fueron percutidas por el arma de fuego descrita anteriormente, ya que poseen características identificativas comunes en el micro del culote, fondo de percusión y forma del mismo” (se destaca fls. 180-183, cdno. 3).

De igual manera, el Laboratorio Regional de Criminalística Balística Forense del DAS, Seccional Valle del Cauca, elaboró un dictamen pericial según el cual, “cotejadas entre sí una de las seis (6) vainillas calibre .38 special (sic) remitidas para estudio, junto con una de las obtenidas como patron[sic] o muestra al ser percutida en el arma motivo de estudio”, esto es, el arma que llevaba el señor Rodríguez Ramírez al momento de su muerte, encontró “características de coincidencia y uniprocedencia entre una y otra, es así como se puede concluir que estas vainillas incriminadas, (sic) fueron percutidas en el arma antes mencionada” (se destaca, fls. 208-214, cdno. 3).

No obstante, conforme al artículo 241 del Código de Procedimiento Civil(16), las dos piezas procesales acabadas de citar, esto es, los dictámenes del Laboratorio de Balística de la Policía Judicial e Investigación de Cali y del Laboratorio Regional de Criminalística Balística Forense del DAS —Seccional Valle del Cauca— ofrecen serias dudas acerca de su real valor probatorio, toda vez que ambos estudios se realizaron sobre seis vainillas que habrían sido sacadas del arma encontrada al occiso, no obstante que, según consta en el informe de procedimiento policial rendido por los agentes del Estado (págs. 6 y 7 de esta providencia), solo se encontraron tres vainillas en el tambor de dicho revólver, circunstancia que resta credibilidad a los dictámenes o informes técnicos mencionados; en consecuencia, lo dicho en esas pruebas no es fiable.

Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, según las versiones rendidas por los testigos, los agentes de policía atrás mencionados llegaron al barrio Siete de Agosto de Cali, a la calle donde se encontraba el señor Rodríguez Ramírez, y este, con el fin de evadir una requisa solicitada por los uniformados, emprendió la huída.

Lo anterior surge de las versiones de los siguientes testigos quienes, al solicitarles un relato detallado de las circunstancias que rodearon la muerte de Pedro Nel Rodríguez, manifestaron (se transcriben tal como obran en el expediente):

— “Yo estaba hablando con Pedro y ahí también estaba Mauricio (...) cuando llegaron los policías y cuando Pedro los vio salió y se fue y ellos le dijeron que una requisa y a lo que le dijeron eso él arranco a correr y los policías siguieron atrás de él y cuando iba a coger la curvita de la esquina le dispararon (...). Preguntado: Indique si usted sabe o tiene conocimiento por que Pedro Nel salió corriendo y a que distancia recorrió. Contesto: Yo no sé, él se cabrio[sic] y salió a correr y recorrio[sic] como 5 o 6 metros” (Diego Fernando Zuñiga, fl. 133, cdno. 3).

— ”Nosotros estábamos en la esquina, Pedro Nel, Mauricio y Diego, cuando llego una motorizada y los agentes, llegaron dos en una moto, entonces como por ahí mantienen haciendo mucha recogida y Pedro Nel a penas vio la motorizada Pedro Nel, empezó a correr y los agentes le dispararon y allí resultó herido Mauricio Alvarez en la balacera” (Hebert Mauricio Fuentes Usquiano, fls. 70-71, cdno. 2).

— ”... llegaron dos agentes, el finado que estaba en la esquina arrancó a correr hacia donde yo estaba porque él tenía un arma creo, yo no se la vi a él, los que sacaron las armas fueron los señores agentes, ellos fueron los que dispararon, empezaron a disparar porque el finado corría, ellos iban en una moto, cuando el finado arrancó a correr, ellos dejaron la moto en la esquina y arrancaron a correr. El pelao (sic) alcanza a correr dos o tres metros después de mí, primero me hieren a mí en la pierna por dispararle al pelao (sic), (...) el finado cae y ellos se quedan ahí parados, yo le dije ‛agente me hirió’ ellos no dicen nada (...) yo me voy al frente donde un amigo y le digo que estoy herido, eso fue todo” (Mauricio González Álvarez, fls. 70- 13, cdno. 3).

Hasta este punto, es posible entender que la conducta de la víctima fue indebida, irresponsable e impertinente, pues no ha debido correr al percatarse de la presencia de la policía; sin embargo, la Sala debe ocuparse de determinar si el proceder de Pedro Nel Rodríguez generó un riesgo inminente que justificara la reacción de los agentes Jesús González y Enrique Pinzón, tal como lo asegura la demandada.

Está probado que Pedro Nel Rodríguez Ramírez portaba un arma de fuego, tipo revólver Smith & Wesson, calibre 38 especial, sin número de identificación, ya que fue “sometida al borrado mecánico de su guarismo de la base metálica de la empuñadura y puente móvil del tambor”(17). Esta arma fue incautada por los agentes Jesús González López y Enrique Pinzón Borda, quienes informaron que dentro del tambor de la misma “se encontraron tres vainillas y dos cartuchos los cuales no son de uso convencional (...) por la influencia de publico (sic) en el lugar de los hechos se opto (sic) por recoger el arma de fuego que se encontraba al lado de la mano derecha del occiso para que no se fuera a estraviar (sic) esta evidencia”(18).

Al respecto, la señora Blanca Myriam García Clavijo afirmó, bajo juramento, que (se transcribe tal como obra en el proceso):

“Yo estaba (...) en mi casa. Que queda en la esquina y es de dos plantas y yo en la segunda planta (...) cuando escuché ‛alto, alto’ yo me asome por la ventana, cuando vi un muchacho apuntándole a los agentes, cuando vi eso solte[sic] la cortina cuando la balacera y corri[sic] rápido al negocio que queda ahi[sic] pero por la calle 72, cuando yo Sali[sic] a entrar los niños vi cuando el agente le estaba quitando el arma al herido de la mano y de ahí ya no vi mas” (fl. 68, cdno. 2) (se destaca).

Teniendo como hecho probado, a partir del informe de procedimiento de policía y del testimonio acabados de mencionar, el porte de un arma de fuego por parte del occiso, es menester determinar si esta fue accionada en contra de los agentes de policía.

Según el análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica (plasma) o absorción atómica, realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las muestras tomadas del cuerpo de Pedro Nel Rodríguez Ramírez “se hallaron niveles de antimonio y plomo anormalmente altos, superiores a los promedios típicos para residuos de disparo. Estos niveles pueden presentarse cuando se han efectuado muchos disparos o cuando hay huellas de tatuaje en las manos provocadas por el desfogue del arma de fuego y algunas ocupaciones relacionadas con la manipulación de elementos que interfieren”(19).

No obstante lo anterior, este informe también advirtió que las muestras analizadas se encontraban embaladas en tubos no apropiados y que ello restaba confiabilidad a los resultados; es decir, pese a que el estudio encontró en el cuerpo del occiso elementos compatibles con disparo, explicó que existía la posibilidad de que los mismos fueran contaminados en el proceso de embalaje o que el hallazgo esté relacionado con la manipulación de elementos diferentes a un arma de fuego.

Agrégase a lo anterior que el análisis balístico del Laboratorio de Investigación Científica, Grupo de Balística y Explosivos, de la Fiscalía General de la Nación, practicado en el proceso penal militar adelantado en contra de los agentes de la policía involucrados en los hechos, además de examinar las armas de dotación oficial de los mencionados agentes, inspeccionó el arma de fuego incautada al occiso y concluyó que “nos dio resultado positivo para las tres (3) armas reseñadas, esto nos indica que si bien la notable estabilidad de los nitritos no nos permite precisar la fecha exacta, ni el número de disparos efectuados, si (sic) nos permite establecer que las armas de fuego descritas, si (sic) han sido disparadas después de que fueran limpiadas por última vez” (fls. 93-95, cdno. 3).

Así las cosas, si bien es cierto que Pedro Nel Rodríguez portaba un arma de fuego, también es cierto que no existe en el proceso material probatorio determinante a través del cual se observe que la víctima accionó su revólver en contra de los agentes del Estado, pues, por un lado, la prueba de absorción atómica positiva no señala, de manera concreta ni contundente, cuál fue el origen del antinomio[sic] y del plomo encontrados en el cadáver y, por el otro, el análisis balístico recién mencionado, aunque confirmó la utilización del arma confiscada, no indicó el momento exacto de su activación, ya que se desconoce cuándo fue limpiada.

A lo anterior, debe sumarse que la testigo Blanca Myriam García Clavijo afirmó —como ya se vio— haber visto “un muchacho apuntándole a los agentes”, pero no dijo que lo hubiera visto disparar, sino que “vi cuando el agente le estaba quitando el arma al herido de la mano”. Además, el señor Mauricio González Álvarez aseguró que “los que sacaron las armas fueron los señores agentes, ellos fueron los que dispararon, empezaron a disparar porque el finado corría” (fls. 70 a 13, cdno. 3).

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que Pedro Nel Rodríguez solo omitió la orden de detenerse que le fue impartida por los agentes del Estado pero no les disparó o, por lo menos, no se tiene prueba fehaciente de ello y, en cambio, mientras huía del lugar, recibió tres impactos de proyectil de arma de fuego, dos de ellos con trayectoria posteroanterior (por la espalda), se concluye que su muerte se produjo por una reacción inapropiada, arbitraria y desproporcionada de los uniformados, toda vez que ninguno de los medios de prueba acreditó un enfrentamiento armado entre la víctima y estos últimos, hecho que, a juicio de la demandada, habría motivado la reacción de estos, en un acto de legítima defensa.

Así las cosas, la Sala encuentra que el actuar de la autoridad, lejos de propender por el cumplimiento de un deber propio de las funciones a su cargo, ocasionó un daño antijurídico, al hacer uso excesivo de la fuerza y dar muerte a Pedro Nel Rodríguez Ramírez. Vistas así las cosas, le es imputable a la demandada la responsabilidad patrimonial, a fin de que los perjuicios causados a los demandantes sean reparados.

4. Liquidación de perjuicios.

Perjuicios morales

La parte actora acreditó el parentesco entre el señor Pedro Nel Rodríguez Ramírez (víctima) y los afectados María Stella Ramírez Valencia (madre), Pedro Nel Rodríguez Valencia (padre), Yara Nayibi y Sandra Patricia Rodríguez Ramírez (hermanas), Alex Jonathan, Alan Jefferson, Stella Yurani y Edwin Arnulfo González Ramírez (hermanos maternos), y Harley Davidson Rodríguez Suárez y Leidy Alexa Rodríguez Rizo (hermanos paternos), ya que obra en el expediente copia auténtica del registro civil de nacimiento de cada uno de ellos(20).

En este sentido, la Sala da por probado el perjuicio moral que sufrieron los demandantes, con ocasión de la muerte de su hijo y hermano, por cuanto, a partir de las reglas de la experiencia, se presume que el fallecimiento de un pariente cercano causa dolor, aflicción y congoja en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto dentro de la familia. Así, entonces, habrá lugar a reconocer la suma equivalente en dinero a 100 smmlv a favor de cada unos de sus padres y 50 smmlv a favor cada uno de los hermanos, como indemnización de perjuicios morales(21).

Por su parte, en algunas de las pruebas testimoniales referentes a la situación familiar de Pedro Nel Rodríguez Ramírez, los testigos afirmaron lo siguiente: “... tengo entendido que convivía con la mujer no sé el nombre, sé que estaba en embarazo...”(22); “... lo distinguía hace unos cinco o seis años, era novio de Marisol que es amiga mía... estuvo viviendo con Marisol no sé el apellido, ellos de novios duraron cinco años y un año conviviendo...”(23); “... vivía en unión libre con Marisol Velasco, convivieron seis años...”(24); “... vivía en unión libre con Marisol Velasco, estuvieron como cuatro años de novios y vivieron juntos como dos...”(25). Al respecto, esto es, sobre las versiones tendientes a demostrar la convivencia de la víctima con Marisol Velasco, quien demanda en calidad de compañera permanente, la Sala no las encuentra contundentes, pues, si bien los testigos insisten en que hubo convivencia, lo cierto es que no coinciden en la cantidad de tiempo en que habrían vivido bajo el mismo techo, lo cual les resta algo de credibilidad, a lo que se suma que, en cambio, obran en el expediente versiones que los desvirtúan, afirmando que la familia de Pedro Nel estaba conformada así: “la mamá... Stella, el papá Pedro Nel, y los hermanos...”(26); “... La mamá María Stella Ramírez, los hermanos Sandra Patricia, Yara Nayibe y el finado...”(27); “... Vivía con la señora Stella que es la mamá, Sandra Patricia la hermana y Yara Nayibe también hermana, y el señor Pedro Nel que tiene otros hijos...”(28). De esta forma, la relación de convivencia entre la víctima y la señora Marisol Velasco no quedó plenamente demostrada, razón por la cual a esta no se le reconocerá indemnización por perjuicios morales.

Ahora, en el registro civil de nacimiento de Lerman Anyinzan Velasco García(29) no figura nombre alguno de quien fuera su padre; por lo tanto, no es procedente el reconocimiento de perjuicios morales en su favor, por la muerte de Pedro Nel Rodríguez Ramírez, pues la condición en la que demanda, es decir, como hijo del occiso, no está demostrada.

Por otra parte, el señor Francisco José Arroyabe Ramírez, quien actúa como demandante aduciendo ser hermano materno de la víctima, no demostró tal calidad, pues, si bien en su registro civil de nacimiento figura como madre la señora María Stella Ramírez, en tal documento no se menciona el segundo apellido de esta ni se indica el número de identificación de la misma, lo cual impide tener certeza de que se trate de la misma madre de Pedro Nel Rodríguez Ramírez, es decir, María Stella Ramírez Valencia; además, en el mismo documento figura como abuela materna del inscrito la señora Aidee Castillo, cuyo apellido, como se ve, no concuerda con el apellido materno de la mamá de la víctima, María Stella Ramírez Valencia; en consecuencia, no se reconocerán perjuicios morales a favor del señor Arroyabe Ramírez.

Perjuicios materiales.

Respecto de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la actora probó que Pedro Nel Rodríguez Ramírez percibía un salario mensual de $ 600.000, trabajando en el taller de mecánica “Pacho”, como “pintor automotriz (sic)”(30), y también demostró que ayudaba económicamente en el sostenimiento de su familia, concretamente a su madre(31), ya que “él trabajaba y le colaboraba a la familia”(32), “era muy respetuoso con la mamá le colaboraba económicamente”(33), “le colaboraba a la mamá y hermanos... Les ha dado muy duro, sobre todo a la mamá porque él era la ayuda principal”(34), “era el que le ayudaba a la mamá, a los hermanos en el estudio”(35); así las cosas, aquella será la suma a tener en cuenta por la Sala, para efectos de calcular la indemnización a favor de María Stella Ramírez Valencia.

La indemnización será calculada desde la fecha en que se materializó el perjuicio (12 de abril de 1999) y hasta la fecha en que el occiso cumpliría 25 años de edad (14 de agosto de 2001), toda vez que, conforme a las reglas de la experiencia, se presume que es el momento en que conformaría su propia familia, es decir, se emanciparía del núcleo familiar.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (valor del ingreso devengado mensualmente en el año de 1999) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala (índice final), por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que perdió la vida el señor Rodríguez Ramírez (abr. 1999) (índice inicial).

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Al resultado se le restará un 25%, ya que se presume que la víctima destinaba ese valor para su propia manutención, quedando como ingreso base la suma de $ 922.842.

Indemnización debida

Comprende el periodo transcurrido desde la fecha de los hechos (abr. 12/99), hasta el 14 de agosto de 2001, fecha en la que Pedro Nel Rodríguez Ramírez habría cumplido 25 años de edad (28,06 meses).

Aplicando la fórmula acostumbrada para estos efectos, se tiene lo siguiente:

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Donde “S” es el valor a pagar, “Ra” es la renta actualizada, “i” es una constante y “n” corresponde al periodo mencionado, esto es, 28,06 meses

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En este orden de ideas, el valor total de la indemnización por lucro cesante a favor de la señora María Stella Ramírez Valencia es de veintisiete millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($ 27.674.484).

5. Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia del 5 de diciembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; en su lugar:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte del señor Pedro Nel Rodríguez Ramírez, ocurrida el 12 de abril de 1999.

2. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de María Stella Ramírez Valencia y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Pedro Nel Rodríguez Valencia, así como 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de las siguientes personas: Yara Nayibi Rodríguez Ramírez, Sandra Patricia Rodríguez Ramírez, Alex Jonathan González Ramírez, Alan Jefferson González Ramírez, Stella Yurani González Ramírez, Edwin Arnulfo González Ramírez, Harley Davidson Rodríguez Suárez y Leidy Alexa Rodríguez Rizo.

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de veintisiete millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($ 27.674.484), a favor de la María Stella Ramírez Valencia.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

6. Una vez en firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

7. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, Exp. 20300.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, Exp. 12789.

(3) Oficio 010/FIPMI.144-MECAL-S.006 de 15 de marzo de 2001 (fl. 1, cdno. 3).

(4) Oficio 303/ASDIS-MECAL de 16 de marzo de 2001 (fl. 31, cdno. 2).

(5) F. 25 y 42, cdno. 1.

(6) Copia auténtica del registro civil de defunción y de la necropsia médico legal (fl. 21, cdno. 1; fls. 81-82, cdno. 2).

(7) En ambos informes se advirtió que las muestras analizadas se encontraban embaladas en tubos no apropiados, lo cual resta confiabilidad a los resultados.

(8) El Instituto de Medicina Legal informa sobre la metodología e interpretación de los análisis de residuos de disparo en las manos, y explica que estas pruebas instrumentales definen con certeza si la muestra contiene, o no, elementos químicos compatibles con los residuos de disparo; sin embargo, advierte que ello no determina que tales residuos se hayan adquirido únicamente por disparar un arma de fuego. De esta forma, sugiere que se tengan en cuenta los “falsos positivos o falsos negativos” que se pueden presentar, tales como:

“Los falsos positivos: son atribuibles a contaminación con residuos de disparo adquiridos por: - Haber manipulado armas de fuego o elementos relacionados con estas, como munición, chapuzas, proveedores u otros. - Posibles forcejeos o proximidad en el momento del disparo a la persona que acciona el arma, al quedar expuesto en el área de gases y partículas producidas. - Haber manipulado superficies o elementos donde se pudieron depositar los residuos del disparo, ejemplo las prendas de vestir del lesionado, o al lesionado mismo.

“Los falsos negativos: son atribuibles: - A remoción de los residuos después del disparo por lavado de manos o rozamiento continuo de éstas con las ropas (bolsillos), u otras superficies. - Al uso de armas con buen ajuste que al ser disparadas, no dejan suficientes residuos sobre las manos de quienes las accionan, sobre todo cuando se trata de un solo disparo. - Dependiendo del recinto o sitio donde sucedan los hechos, a la posibilidad de que los residuos constituidos por gases y finas partículas, se pueden desviar por corriente de aire sin depositarse en las manos del disparador”.

(9) Según necropsia médico legal: 1. en la línea media posterior en la región interescapular izquierda, 2. en la línea media posterior en la región glútea izquierda y 3. En el pliegue plantal de cuarto y quinto dedo del pie izquierdo (fls. 81-82, cdno. 2).

(10) Distancia mayor a 1,20 metros, según dictamen pericial del Instituto de Medicina Legal, Laboratorio de Balística (fls. 157-160, cdno. 3).

(11) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de febrero de 2009, Exp. 17318, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(12) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia del 19 de febrero de 1999, Exp: 10.459, del 10 de marzo de 1997, Exp: 11.134, del 31 de enero de 1997, Exp: 9.853, del 12 de diciembre de 1996, Exp: 9.791, del 21 de noviembre de 1996, Exp: 9.531, del 18 de mayo de 1996, Exp: 10.365 y del 15 de marzo de 1996, Exp: 9.050.

(13) Sobre el uso indiscriminado de armas de fuego por miembros de la fuerza pública la Sala se ha pronunciado, entre otras, en sentencias del 14 de marzo de 2002, Exp.: 12054, del 21 de febrero de 2002, Exp.: 14016, y del tres de mayo de 2001, Exp.: 13.231.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 27 de julio de 2000, Exp.: 12.788, actora: Ofelmina Medina Villa.

(15) Aprobado en la 106ª sesión plenaria, del 17 de diciembre de 1979.

(16) “ART. 241.- Apreciación del dictamen: Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.

(17) Análisis balístico de la Fiscalía General de la Nación, fls. 93-95, cdno. 2.

(18) Informe de procedimiento policía, fl. 20, cdno. 3.

(19) F. 79, cdno. 3.

(20) F. 11-19, cdno.1.

(21) Para efectos de indemnización de perjuicios morales, no hay lugar a discriminar entre hermanos carnales, paternos y maternos. Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de febrero de 2003, Exp. 12654, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(22) Hernán Garcés, fl. 5. cdno. 2.

(23) Fredy Humberto Torijano Borrero, fl. 23, cdno. 2.

(24) Martha Lucía Copete García, fl. 27, cdno. 2.

(25) Luis Alberto Garrido Ramos, fl. 29, cdno. 2.

(26) Susana del Pilar Devia Ramírez, fl. 9, cdno. 2.

(27) Amanda Rizo Vivas, fl. 15, cdno. 2.

(28) Emma Landázuri Perlaza, fl. 17, cdno. 2.

(29) Fl. 20, cdno. 1.

(30) Certificado laboral, fl. 21 bis, cdno. 1.

(31) Tres de los testimonios citados refieren, de manera general, que el occiso ayudaba económicamente a su familia y a sus hermanos; no obstante, comoquiera que no se tiene certeza sobre cuáles de sus ocho hermanos recibían tal auxilio, pero sí se tiene claro que la señora María Stella Ramírez Valencia percibía un aporte económico por parte de Pedro Nel Rodríguez, solo se reconocerán perjuicios materiales a favor de ella.

(32) Testimonio de Amanda Rizo Vivas, fl. 15, cdno. 2.

(33) Testimonio de Susana del Pilar Devia Ramírez, fl. 9, cdno. 2.

(34) Testimonio de Ana Lucía Tenorio de Solarte, fl. 7, cdno. 2.

(35) Testimonio de Victoria Paredes Tulande, fl. 11, cdno. 2.