Sentencia 1999-01296 de abril 30 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION A

Rad.: 500012331000199901296 01 (26081)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Wilson Andrés Manchola Huertas y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Referencia: apelación sentencia reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. El material probatorio susceptible de valoración.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 2 de septiembre de 2003, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otras pruebas, aquellas aportadas dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, a saber:

— Registro civil de defunción correspondiente al señor Ademar (sic) Manchola Ramos en el cual se hace constar que su muerte ocurrió el 3 de octubre de 1997 a causa de una laceración cerebral.

— Acta de levantamiento de cadáver de fecha 4 de octubre de 1997, correspondiente al señor Ademar (sic) Manchola Ramos.

— Oficio 162 del 16 de abril de 2001, mediante el cual el comandante del grupo Gaula rural Meta remitió los siguientes documentos:

• Requerimientos aeronáuticos 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, del 3 de octubre de 1997 y 6116 del 4 de octubre de 1997.

Los anteriores requerimientos tuvieron como objetivo brindar apoyo aéreo al grupo Gaula que estaba siendo emboscado en el Municipio de San Carlos de Guaroa.

En el requerimiento 6110 no existe constancia de la hora en la cual se ordenó tal apoyo; solo a partir del requerimiento aéreo 6111 en adelante sí existe tal constancia, en la cual se observa que la orden correspondiente se hizo a las 15:30, sin embargo en tales documentos no hay indicación del momento en que el comando general se enteró que la comisión judicial estaba siendo emboscada, ni del momento en que de manera efectiva el apoyo aéreo arribó al sitio de los hechos.

• Informe 338 rendido por el comandante del grupo Gaula rural Villavicencio acerca de los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, del cual se destacan los siguientes apartes:

“Resumen de los hechos

Hechos ocurridos el día 03 de octubre de 1997 a las 13:00 horas en el área general del municipio de San Martín Meta, donde tropas del grupo Gaula rural Villavicencio y personal de la Fiscalía regional de oriente fueron atacadas por grupos de justicia privada (paramilitares) al margen de la ley, dejando como resultado el asesinato de 1 oficial, 1 suboficial, 1 fiscal delegado, 4 soldados; 1 investigador del DAS, 3 investigadores del CTI y heridos 2 suboficiales, 4 soldados y 4 investigadores.

2. Situación general.

(…)

4.) Propias tropas:

a) Dispositivo:

Grupo Gaula: Lugar de los hechos

b) Actividades

No se adelantó ninguna labor de inteligencia para el desarrollo de la operación de extinción de dominio.

(…)

4. Análisis de la operación.

a. Actuación de las Tropas.

1.) Aspectos positivos.

Gracias a la sorpresa y desarrollo de la situación, en un primer momento se tuvo contacto armado con un pequeño grupo de los delincuentes, dando como resultado la baja de 4 de ellos.

2.) Aspectos negativos.

El desarrollo de la operación no obedeció a ninguna de las funciones de secuestro y extorsión que debe cumplir el grupo Gaula.

No se elaboró orden de operaciones, ni se tuvo en cuenta ningún documento soporte donde se ordenara el apoyo en la diligencia a la Fiscalía.

Dentro de las anteórdenes dadas, el sitio exacto donde tendría lugar la diligencia no fue dado con precisión, sino que se determinó el área general de San Carlos de Guaroa, como objetivo de esta.

No se tomaron medidas de inteligencia necesarias tendientes a ubicar al enemigo en el sector donde se iba a efectuar la diligencia judicial.

Luego del primer contacto donde se dieron de baja cuatro delincuentes, no se tuvo precaución ni se tomaron las medidas de seguridad pertinentes para el inminente encuentro con el grueso del grupo de justicia privada.

Durante el desplazamiento motorizado de regreso, no se tuvo en cuenta el realizar registros a los puntos críticos, ni a las matas de monte aledañas a la carretera”.

• Proveído de fecha 17 de noviembre de 1998, mediante el cual el comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado 20 “general Serviez” decidió “cesar procedimiento, dentro de la investigación administrativa adelantada por la pérdida y daño de un material de guerra, transporte, comunicaciones e intendencia”.

Los principales argumentos para dictar la anterior decisión fueron los siguientes:

“El despacho observa irregularidades en cuanto al procedimiento militar llevado a cabo por el hoy extinto mayor Juan Carlos Figueroa Escobar, quien sin tomar las medidas necesarias dispuso de (sic) un grupo de uniformados bajo su mando se desplazara a un sitio tan peligroso como lo es San Carlos de Guaroa.

No bastaba con una orden verbal pues para ello sino (sic) que me diera (sic) la orden de operaciones dada la trascendencia de la misión; sumado al hecho que no cercioró si las vías de acceso se prestaban para transitar; encontrándose con la sorpresa de que la alterna que utilizaría para devolverse se encontraba obstruida lo que facilitó el accionar de los bandidos.

Sin embargo esta situación que debe ser objeto por parte de la acción penal y disciplinaria, mas no de la administrativa que estudiara la responsabilidad o no por parte de los integrantes en la pérdida o daño del material que llevaban consigo. No le compete pronunciarse al respecto a este fallador.

(…)

La pérdida del (sic) daño del material de guerra, intendencia, transportes y comunicaciones es el resultado del cruento enfrentamiento del cual fueron víctimas los uniformados, constituyéndose en un caso de fuerza mayor.

En estas condiciones se procederá a cesar procedimiento a favor de los miembros integrantes de la patrulla bajo el mando del extinto mayor Figueroa Escobar Juan Carlos, por cuanto no existe mérito para vincularlos a la investigación”.

• Listado del personal que integró la comisión judicial el día 3 de abril de 1997, entre el cual se encuentra el señor Aldemar “Manchuva” (sic).

— Certificación expedida por el analista de recursos humanos de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual hizo constar que los valores devengados para el cargo de conductor II —labor que desarrollaba el señor Aldemar Manchola Ramos— para el año 1997 eran los siguientes:

Asignación básica545.770
Prima de servicio292.731
Prima de navidad634.604
Prima de vacaciones304.604,01
Bonificación191.020
Cesantías686.339,51

— Protocolo de necropsia A-444-97 correspondiente al señor Aldemar Manchola Ramos.

— Al expediente se allegó copia de algunas de las piezas procesales que hacen parte del proceso disciplinario que se adelantó ante la Procuraduría General de la Nación por los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997 en el Municipio de San Martín (Meta). Se aclara que gran parte de lo que obra en el aludido expediente se trata, a su vez, de algunas actuaciones y diligencias que hacen parte del proceso penal que se adelantó por estos mismo hechos y que fueron trasladadas al mencionado proceso disciplinario (fl. xx, cdno, 2)(1):

— Informe 598 del 22 de octubre de 1997, mediante el cual el investigador judicial II, código 197, y el profesional universitario código 3857, dieron cuenta de las labores realizadas con ocasión de los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997:

“El pasado viernes 3 de octubre de 1997, en horas de la tarde (2:30 P.M.) y luego de haber recibido varios comunicados de los compañeros que se habían desplazado a la zona rural del municipio de San Martin-Meta, en la cual manifestaban que estaban siendo objeto de una emboscada, tenían bajas y heridos; procedimos con el Dr. Nayib Francisco Rivera, en busca de apoyo a las entidades que se relacionan a continuación, en atención a las instrucciones impartidas en un comienzo por el señor jefe (del) grupo de apoyo a fiscales regionales (Dr. Pedro Nel Aguilar Triviño) y luego por el propio director del CTI, doctor Gilberto Rodriguez Vargas.

(…)

3. Fuerza Aérea Colombiana.

Desde el mismo ingreso a la base aérea de Apiay, aproximadamente a las 05:30 P.M., se adelantó entrevista con el oficial COBA (Comando de Operaciones Base) teniente Julio Palacios el cual coordinó el posterior encuentro con los primeros pilotos de OV-10 que procedían del lugar de los hechos, quienes dieron noticias con base en lo observado y filmado en un videocasete, de 2 vehículos que huían a gran velocidad del lugar de la emboscada con rumbo a San Carlos de Guaroa.

Inmediatamente salieron otros 2 aviones OV-10, los cuales llevaban a bordo un radio GP-300 Motorola de nuestra entidad a fin de que establecieran contacto permanente con las unidades de tierra emboscadas, la central de comunicaciones CTI (Satélite), sombra (central de comunicaciones base aérea de Apiay-Coba) y los propios aviones (Fantasma y Broncos).

(…)

Es de anotar que aproximadamente desde las 4:30 P.M. hasta las 4:30 A.M. del día sábado 4 de octubre de 1997, se mantuvo permanente sobrevuelo de los OV-10 (Bronco) y el AC-47 (Fantasma), los cuales realizaron (como ya se anotó) ametrallamientos tácticos, escolta permanente para repeler un nuevo hostigamiento, sumado esto al lanzamiento de bengalas, las cuales coordinaron directamente entre los pilotos y las unidades en tierra; situación esta que aportó un estímulo invaluable, tanto a los que nos encontrábamos impotentes ante los hechos, como a todos nuestros compañeros que se encontraban con bajas, heridos, pocas municiones y en la penumbra de la noche.

(…)

Paralelo a todos estos hechos el señor oficial COBA, realizó una gran labor respecto de las comunicaciones efectuadas con la brigada (para comunicarse con las contraguerrillas), la propia torre de control, las aeronaves que se encontraban en el vuelo, el comandante de la base aérea y el propio general Fabio Zapata comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien dispuso incondicionalmente de la disponibilidad de más aeronaves desde Bogotá, en la medida que estas fueran requeridas para el traslado de más heridos graves a la ciudad capital, agotando incluso la probabilidad del traslado de un helicóptero equipado con visores nocturnos desde la ciudad de Santiago de Cali, lo cual no fue posible culminar por razones operacionales de peso.

(…)

Recabando lo ya anotado, el desgaste físico de las tripulaciones que sobrevolaron el aérea (sic) durante 12 horas aproximadamente, estuvo a la altura de los aviones mismos, colaboración esta de la cual no da fe únicamente el suscrito, sino por el contrario todos los que también estuvieron al tanto.

(…)”

— Oficio 7332 del 20 de octubre de 1997, a través del cual el comandante de la base aérea, capitán Luis F. Gómez Niño, certificó lo siguiente en relación con los apoyos aéreos brindados entre los días 3 y 4 de octubre de 1997, a la comisión judicial que sufrió el ataque por parte del grupo insurgente (fl. 109, cdno 2):

116:24 Despegan 2 aviones OV-10Aterrizan 18:30 horas (Oct. 3/97)
219:31 Despegan 2 aviones OV-10Aterrizan 21:34 horas (Oct. 3/97)
320:59 Despega avión AC-47T (Fantasma)Aterriza 01:55 AM (Oct. 4/97)
401:00 Despegan 2 aviones OV-10Aterrizan 04:16 horas (Oct. 4/97)
505:55 Despegan 2 aviones OV-10Aterrizan 09:04 horas (Oct. 4/97)

— Testimonio rendido por el señor Gonzalo Israel Callejas.

“[A] las trece doble cero horas aproximadamente mi mayor dio la orden de recoger el personal para regresar nuevamente, al cabo de unos cuarenta y cinco minutos los vehículos que iban en la parte de adelante se escucharon unos disparos, el personal de uniformados desembarcamos rápidamente de la camioneta turbo donde íbamos, hicimos un envolvimiento en el sector, al hacer un registro, se encontraron tres sujetos dados de baja y se capturaron tres de los cuales uno estaba gravemente herido, mi mayor dio la orden de embarcar los muertos en una camioneta Hi-Lux la cual era de los sujetos y me dio la orden de que me subiera a la camioneta con un soldado, los detenidos los embarcaron en la camioneta donde iban los soldados, continuamos con el desplazamiento y a las dos y media aproximadamente de la tarde, hicieron alto yo pregunté que qué estaba pasando y me informaron que estaban haciendo programa en la brigada, al cabo de un rato continuaron con el desplazamiento, a las tres y cuarto de la tarde aproximadamente desde varios carros nos empezaron a atacar con fuego nutrido de fusil y granadas de diferentes calibres, el personal que íbamos en la camioneta desembarcamos rápidamente, tratamos de hacer un envolvimiento hirieron a un señor de la Fiscalía (…) luego de que hice un recorrido por todos los vehículos fue cuando me di cuenta de todo el personal que había fallecido, menos mi mayor Figueroa ni el cabo Pinilla que en ese momento no lo vi, me reuní con el detective Wilson quien tenía un teléfono celular, bajé los dos detenidos que habían quedado en la camioneta turbo y el otro había fallecido y junto con tres soldados procedimos a subir a un carro, el detective Wilson Riveros, logró comunicarse con un sargento de apellido Rodriguez de la FAC, el detective me pasó el teléfono para que hablara con el sargento yo le informé de toda la cantidad de heridos y muertos en el momento. A las cinco y treinta aproximadamente llegaron unos aviones de la Fuerza Aérea, yo le informaba al sargento Rodriguez por medio del teléfono el sitio donde se estaban alejando los sujetos y este por intermedio de otro radio le informaba a los pilotos de los aviones (...)”.

— Cuestionario rendido por el señor Procurador Judicial I Penal, Jorge Alberto Socotá Jiménez, en el cual se destaca lo siguiente:

“(…) Las diligencias anteriores se terminaron hacia la una y quince (1:15) de la tarde aproximadamente (…). Transcurridos unos 10 minutos de recorrido observamos una camioneta Toyota Hi-Luv (sic) color vino tinto, doble cabina, con varias personas dentro, la cual se desplazaba en el mismo sentido nuestro pero más adelante, perdiéndola posteriormente de vista. Transcurridos unos 10 minutos más de camino y en una tienda llamada San Martín se observó la camioneta antes descrita de la cual descendieron varios hombres con fusil en mano ante lo cual, no puedo determinar si por parte de miembros del CTI, o del Ejército, se dieron voces de alto a lo que siguió un intercambio de disparos entre los sujetos y los miembros de la comisión judicial, dando como resultado la muerte de tres (3) de los individuos de la camioneta y la captura de otros tres (3), uno de ellos herido, el cual posteriormente falleció, sin que pueda establecer la hora de su deceso (…). Mientras se depositaban los cadáveres de los sujetos en el platón de la camioneta vino tinto, el mayor Figueroa (q.e.p.d.) se comunicó o pidió que lo comunicaran con una persona a quien identificó como Kafir o Cafir con el fin de solicitarle apoyo tanto de refuerzos armados como de helicópteros con el fin de evacuar la zona, ante lo cual se le respondió que en forma inmediata se enviarían los refuerzos pedidos (…). Como no hubiese (sic) pronto reporte de los refuerzos (helicópteros) requeridos, el mayor Figueroa (q.e.p.d.) decidió que continuáramos el viaje. Reiniciado este, como a los quince (15) minutos aproximadamente fuimos atacados en forma intempestiva por un número de hombres el cual calculo en sesenta (60), con ráfagas de fusil, granadas y morteros. Es de anotar que por ir en la parte intermedia de la caravana, desconozco la manera como fueron muertos quienes encabezaban la misma. Los que nos desplazábamos en el Nissan blanco, en forma coincidencial resultamos parapetados en el mismo sitio, esto es bajo un pequeño árbol al otro lado de la carretera y en dirección a nuestros atacantes, sitio en el cual permanecimos más o menos unas dos o dos horas y media (…). Allí fuimos informados por estos [hace referencia a integrantes del CTI y del Ejército] que desde las tres (3:00) de la tarde habían quedado de enviar helicópteros en nuestra ayuda. Sobre las cinco y treinta o cinco y cuarenta y cinco (5:30-5:45) aproximadamente hicieron presencia en el lugar dos aviones tipo caza y fue esto, en mi sentir, lo que hizo que nuestros atacantes se retiraran del sitio de los acontecimientos.

(…)

Punto sexto. Se comentó que existía la posibilidad de que en la zona hubiera guerrilla y que por tanto estuviéramos alertas”.

— Testimonio rendido por el señor Oscar León Rojas, en el cual se destaca lo siguiente:

“Aproximadamente como a la una de la tarde y a los pocos kilómetros yo iba en medio de la caravana en un Mitsubishi blanco (…) el carro iba en toda la mitad de la caravana cuando escuchamos unos disparos con dirección a nosotros los de la caravana, por lo que procedimos a bajarnos de los vehículos y buscar protección y repeler el ataque (…). Se les incautó un armamento, unos fusiles y la camioneta y yo me arrimé a ese vehículo cuando escuché un radio que estaba en el vehículo y oí que llamaban a un señor con el apodo de Botija, conteste Botija y ahí dijeron están en fiesta, están en fiesta, no oí más y de inmediato el fiscal ordenó junto con el mayor del Gaula el desplazamiento y después de lo sucedido, después de ese primer encuentro escuché que el investigador Jurado solicitó apoyo a un general del Ejército y alguien del Ejército no recuerdo exactamente que mandaran apoyo aéreo, ya que nos metimos con gentes de alta peligrosidad como son los paramilitares, ya que uno de ellos decía que eran paracos y que venían de Uraba y el chino dijo que eran como noventa sujetos, el fiscal también solicitó apoyo aéreo y se recibió como respuesta que ya iba el apoyo y de inmediato el mayor del Gaula nos organizó la caravana nuevamente y ya transcurrido como media hora nos emboscaron (…). Cuando nos atacaron nos gritaban “ahora si ríanse hijueputas” repitiéndolo frecuentemente, de ahí pues miramos que se fueron entonces un cabo y como cuatro soldados comenzaron a avanzar entonces nos tomamos los cerros y comenzamos a subir a los heridos pero yo había conseguido más munición, un soldado me la había dado, los auxiliamos para subirlos a los cerros y había mucha gente herida y en el curso de la noche falleció, si hubiera llegado apoyo a tiempo se hubieran cogido a todos los atacantes y se hubieran salvado las vidas de los heridos hasta el momento”.

— Testimonio rendido por el señor Luis Eduardo Jurado, en el cual se destaca lo siguiente:

“Terminada la diligencia aproximadamente a la una de la tarde nos embarcamos e iniciamos nuestro retorno hacia Villavicencio, transcurridos unos quince minutos de recorrido se presentó un enfrentamiento sobre el cual no puedo aportar mayores detalles puesto que venía en el quinto vehículo y a pesar de haber reaccionado, estábamos a bastante distancia del primer carro, lo cual me impidió observar cómo transcurrieron los hechos, pero sí cuando se controló la situación me acerqué hacia la casa donde también hay una tienda y vi que habían unos individuos sentados al pie de la casa y dos muchachos dados de baja, también posteriormente vi cuando trajeron a otro que habían dado de baja en el potrero, luego de esperar las determinaciones adoptadas por el mayor y por el doctor Reyes, reiniciamos el viaje. Debo aclarar que cuando reaccionamos en este momento yo inmediatamente informé por radio que teníamos enfrentamiento con la subversión, pues presuntamente eran subversivos, en este lugar la demora fue para mis cálculos de aproximadamente una hora o algo más, cuando habíamos avanzado tal vez otros veinte o treinta minutos los vehículos se detuvieron, lo que yo vi fue que los soldados del Gaula desembarcaban rápidamente como es obvio, siendo esto un indicio del ataque me arrojé del vehículo y antes de atrincherarme corrí la silla para que se bajaran el señor procurador Jorge Alberto Socota y el compañero Antonio Leon, instantáneamente empezamos a recibir ráfagas de todo tipo”.

— Declaración rendida por el señor Aldemar Soto Loaiza, en el cual se destaca lo siguiente:

Preguntado: El viaje de regreso, con quién lo realizó. Contesto: En mi carro, con el señor procurador un agente que él le decía la Monja. Cuando salimos de la finca, después de más o menos unos cinco o seis kilómetros al subir a la carretera que sube de Puerto López cruzó una camioneta Haylux (sic), como con cinco o seis personas, entonces el señor procurador me dijo: esos tipos quiénes son, pareciera paramilitares, yo le dije sí parecen paramilitares, ellos pasaron normal y al ratico aceleraron, se perdieron de vista y más o menos al cuarto de hora llegamos a una tiendita y ahí estaba la camioneta, ahí habían parados dos hombres a cada lado de la camioneta y de pronto un carro arrancó a mil de ahí y entonces los hombres se metieron “pa” detrás de la casa y corrieron y al momento oímos una descarga, entonces yo miré el retrovisor, cuando vi que todo el mundo se estaba tirando al suelo y paré y todos decían nos dispararon, nos dispararon, ellos disparaban también y sonaban granadas, entonces había más gente (…) entonces yo fui donde el mayor y don Otto que estaban atrás y yo les dije que eran paramilitares, entonces el mayor nos dijo nos atacaron, yo no sé quién fue el primero que disparó, porque ya habíamos pasado la casita, ahí levantaron los muertos, pidieron refuerzos y decía al mayor del Ejército, ya vienen los helicópteros, ahí estuvimos yo creo como dos horas, mientras recogieron los muertos que eran tres, hubo un herido y dos capturados ilesos. Ahí yo les dije no nos demoremos, no nos dejemos coger la noche, fue cuando me dijo no ya vienen los helicópteros, ya los pedí y nos venimos y no llegaron ninguno de los helicópteros y como media hora después fue el ataque”.

— Testimonio rendido por el señor Reinaldo Méndez Cabrera (fls. 133-136, cdno 2), en el cual se destaca lo siguiente:

“(…) Es de anotar que apenas se terminó el contacto estando ya el sitio controlado se pidió apoyo a la ciudad de Villavicencio y se informó que habíamos sido atacados, se continuó con el recorrido como a las dos y diez de la tarde, fue cuando se escuchó que habíamos sido emboscados nuevamente, por una banda más grande al parecer entre noventa y cien hombres y fue cuando empezó el tiroteo y cada uno cogió su trinchera más rápido como hasta las cinco y cuarto y cinco y media de la tarde cuando se escuchó la presencia de los aviones de la Fuerza Aérea (…) como a eso de las siete y cuarto de la noche, nos dijeron que habían salido dos contraguerrillas y unos compañeros del CTI, al sitio y que en una hora aproximadamente estarían allá y eso no fue así porque ellos llegaron solamente como a las tres y media de la mañana (…) Preguntado: Desea agregar, corregir, enmendar algo a la presente diligencia. Contesto: Quiero declarar que si el apoyo por parte de la Fuerza Aérea, hubiera sido en el momento que se pidió el apoyo, máximo a los cuarenta minutos, no hubiera pasado nada de eso, también la negligencia, los soldados que se murieron por falta de apoyo”.

— Testimonio rendido por el señor Carlos Arturo Valencia Molina, en el cual se destaca lo siguiente:

Preguntado: Cuánto tiempo permanecieron en el lugar donde se llevó a cabo el primer ataque. Contesto: Ahí estuvimos aproximadamente 45 minutos a una hora (…). Es preciso aclarar que en situaciones como estas y comoquiera que teníamos que continuar el camino, ya la previsión está tomada por cada uno, aunque hubo advertencias por parte del mayor del Ejército y del fiscal doctor Reyes, sobre estar alerta, preciso que tanto el mayor del ejército como el investigador Eduardo Jurado, solicitaron apoyo al ejército cuando se inició el primer contacto, hecho que de haber sido atendido de inmediato, el segundo combate no se hubiera producido, pues los aviones de Villavicencio hacia ese lugar no se gastan más de 10 minutos. Yo no me enteré de la conversación en la que solicitó el apoyo, pero por el radio que yo porto se logró escuchar que alguna unidad informaba a satélite sobre la situación, el apoyo no llegó pues en dicho lugar estuvimos cerca de una hora, tiempo suficiente para que helicópteros o aviones de combate llegaran a ese sitio (…). Preguntado: Díganos si tiene algo que agregar, enmendar o corregir de la presente diligencia. Contesto: Principalmente quiero agregar que hubo mucho tiempo para que hubiera llegado apoyo aéreo y terrestre al lugar de los hechos, así mismo para que hubieran sido evacuados principalmente los heridos ya que algunos de ellos murió (sic) en horas de la noche por falta de atención médica. Considero importante anotar que el apoyo se estuvo solicitando desde el primer ataque hasta las tres de la mañana cuando nos quedamos sin batería en los radios y celulares, más sin embargo el apoyo terrestre llega hacia esa hora con la presencia de los grupos de contraguerrilla y los jefes de seguridad”.

— Testimonio del señor Oscar Ovidio Campo Estrada, en el cual se destaca lo siguiente:

“Ya era aproximadamente la una de la tarde. A lo que ellos dijeron tiene razón puyemos esta diligencia para salir rápido. Fue así como pasada la una de la tarde emprendimos el regreso a Villavicencio. Se les insinuó que tomáramos una ruta diferente a la de entrada pero no sé quiénes dijeron que hacía como cinco años nadie cogía esa ruta y que por lo tanto era mejor regresar por el mismo lado (…). Cinco minutos más tarde aproximadamente es decir eran aproximadamente las dos y media de la tarde el señor Eduardo Jurado se comunicó por medio de celular que él llevaba no sé con quién en la policía y le solicitó que por favor enviara unos helicópteros para que helicoportara a algunos miembros del grupo o que por lo menos nos sirviera como defensa en caso de otro ataque. No sé exactamente qué le contestaron pero lo cierto es que la ayuda nunca llegó (…). Una media hora más tarde aproximadamente cuando nos encontrábamos de regreso volvimos a ser atacados (…). Ya eran como las seis y media. Estando en la cúspide de las tres lomas vimos que sobrevolaban dos aviones de ataque de la Fuerza Aérea, por lo cual nos sentimos un poco aliviados ya que ellos podían protegernos en caso de un nuevo ataque, ya que nosotros no teníamos casi munición; uno de los miembros del Ejército, el sargento Amaya quien estaba herido en el hombro y en la espalda empezó a ubicar desde tierra por medio de un radio del CTI, a los aviones que se encontraban sobrevolando la zona ya que estos no sabían nuestra ubicación exacta. Una vez ubicados, los aviones procedieron a bombardear la zona por donde supuestamente habían emprendido la huida los bandidos que nos habían atacado (…). Preguntado: A qué causas atribuye usted el hecho de la emboscada de que fueron objeto. Contesto: Primero a que dimos papaya (sic) al adentrarnos tanto, en una zona tan peligrosa, segundo me imagino yo a que dimos de baja a los anteriormente mencionados y tercero porque según un compañero que no recuerdo quién me dijo que uno de los detenidos había manifestado que ellos tenían la orden de atacar a todo lo que oliera a Fiscalía”.

— Declaración rendida por el señor Rafael Andrés Rave Rojas; para la Sala resulta imposible transcribir los apartes relevantes del aludido testimonio, dado el defectuoso estado del documento en el cual está consignada tal intervención.

— Declaración rendida por un “testigo con reserva de identidad” (fls. 137-142, cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:

“Es de anotar que en los momentos en que se estaba sosteniendo el combate, siendo aproximadamente la una y media de la tarde, nuestros jefes y directivos de la diligencia encabezados por el fiscal regional ante el grupo Gaula y el mismo mayor jefe del Gaula al igual que otro directivo del CTI, llamaron a Villavicencio, a las directivas del CTI, de la séptima brigada y fiscales regionales, sin precisar nombres, pidiendo encarecidamente y de forma urgente el apoyo de aeronaves para continuar nuestra marcha pasando por San Carlos de Guaroa y luego llegar a Villavicencio, con el fin de obtener seguridad en el desplazamiento ya que se trataba de una zona de alta peligrosidad y en razón al encuentro armado que se acababa de sostener, de igual manera se temía otro ataque por parte del grupo alzado en armas ya que uno de los funcionarios escuchó que modulaban por el radio que tenía la Toyota Hilux decomisada y llamaban a un tal Botija y a otro con indicativos y agregaban que allí les estaban haciendo fiesta a los muchachos de ellos, pero que más adelante nos la iban a hacer a nosotros (…). Al transcurrir el tiempo no recuerdo cuántos minutos, un tiempo indeterminado a la espera de que confirmaran el apoyo y a la vez de que los helicópteros de antinarcóticos se encontraban cumpliendo operativo en San José del Guaviare, el fiscal y el mayor del Gaula decidieron partir de forma inmediata del lugar por la presunta premura del tiempo que nos quedaba, ya que se requerían más de cinco horas para llegar a Villavicencio y aproximadamente unas tres para salir de la zona de peligro (…) habrían transcurrido aproximadamente quince minutos cuando entramos a un sector de serranía en donde hay una franja izquierda varios montículos y varios recodos muy sobresalientes (…). Una vez allí avanzando la caravana con sus distancias normales fuimos atacados de forma violenta (con armas de fuego, fusiles, granadas, morteros y al parecer una o varias M60) (…) Preguntado: Tiene algo más qué decir, agregar, enmendar o corregir a la presente diligencia. Contesto: Tengo que aclarar que el apoyo que se pidió cuando ocurrió el primer ataque, siendo aproximadamente la una y media de la tarde nunca llegó a tiempo y que si hubiesen llegado tan siquiera una hora más tarde unos dos helicópteros para que nos acompañaran por la ruta a San Carlos de Guaroa, haciendo únicamente presencia, estoy convencido que jamás hubiese ocurrido la masacre que allí sucedió, porque aunque estuviesen nuestros enemigos parapetados y listos a atacarnos, se hubieran tenido que replegar o habrían sido atacados también desde el aire y cualquier apoyo aéreo se hubiese presentado de forma más oportuna, por lo tanto solicito a la comisión investigadora se establezcan las correspondientes responsabilidades a que haya lugar por negligencia comoquiera que fuimos abandonados a nuestra suerte con los resultados ya conocidos”.

— Testimonio rendido por el señor José Quevedo Acosta, (fls. 143-146, cdno. 2) en el cual se destaca lo siguiente:

Preguntado: ¿Usted personalmente llamó o se enteró si alguien lo hizo una vez ocurridos los primeros hechos para solicitar ayuda? Contesto: Claro, el mayor llamó para informar lo ocurrido y para solicitar apoyo, llamó a una clave Kaffir al DAS no se llamó pues no llevábamos radio de comunicaciones de ese alcance y hasta ahí el mando del personal lo tenía Otto.

2. Elementos que configuran la responsabilidad del Estado.

De conformidad con lo probado en el proceso, se encuentra acreditado que el 3 de octubre de 1997 una comisión integrada por la Fiscalía regional de oriente y el grupo Gaula al mando del mayor Juan Carlos Figueroa, miembro del Ejército Nacional, se desplazó aproximadamente a las 4:30 de la mañana desde Villavicencio a la Finca “El Alcaraván”, con el fin de cumplir una diligencia de extinción de dominio.

Una vez cumplida la diligencia y cuando regresaban a la ciudad de Villavicencio, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, a la altura del sitio Las Brisas del Camoa, se produjo un primer enfrentamiento con unos sujetos que se desplazaban en una camioneta Hi-Lux; como resultado, se produjo la muerte de tres sujetos pertenecientes al grupo que se desplazaba en la camioneta.

Luego de ocurrido el enfrentamiento, la comisión siguió su desplazamiento y aproximadamente entre 15 y 20 minutos después, la comisión fue atacada con disparos provenientes de arma de fuego; el enfrentamiento duró hasta pasadas las cinco de la tarde, momento en el cual recibieron apoyo aéreo.

Como consecuencia del segundo enfrentamiento se produjo el deceso de 7 personas integrantes de la comisión, entre ellos el señor Aldemar Manchola Ramos y otros tantos resultaron heridos.

Así las cosas, se encuentra probado el daño antijurídico sufrido por los demandantes.

Según la demanda, el daño se habría originado como consecuencia de la falla en el servicio atribuible a la entidad demandada, consistente en la demora injustificada del apoyo aéreo para proteger y repeler el ataque sufrido por la aludida comisión judicial.

Ahora bien, en relación con la responsabilidad que se predica respecto de la Nación por ese lamentable suceso, conviene advertir que esta Subsección en sentencia del 9 de abril del presente año(2) declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los mismos hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la emboscada sufrida por la comisión judicial que se desplazaba por el Municipio de San Carlos de Guaroa el día 3 de octubre de 1997—, razón por la cual se entiende configurado el fenómeno de la cosa juzgada material debido a la identidad de objeto y de causa que existe entre los hechos materia de juzgamiento.

En cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica; por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.

La cosa juzgada es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados. Es importante tener presente la distinción entre cosa juzgada en sentido material y cosa juzgada en sentido formal, para precisar sus efectos respecto de un proceso judicial.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil, y 175 del Código Contencioso Administrativo, los cuales recogen los elementos formales y materiales para su configuración.

El formal implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el cual las mismas partes debatan la misma causa petendi y los mismos fundamentos jurídicos, lo anterior para garantizar la estabilidad y la seguridad, propias de la esencia del orden jurídico.

Por su parte, el concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad del contenido o el fondo mismo de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa, debatida en la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio(3).

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos similares, en los cuales se ha presentado identidad de causa y objeto —aunque no de partes—, ha declarado la existencia del fenómeno de cosa juzgada material y, en consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos expuestos en las oportunidades anteriores para efectos de analizar, en el caso posterior, la responsabilidad del Estado frente a esos mismos hechos ya debatidos y decididos.

Así por ejemplo, en sentencia proferida el 4 de mayo de 2011, expediente 19.355, M.P. Enrique Gil Botero, se señaló:

“(…) Resulta oportuno advertir acerca de la existencia de un pronunciamiento previo de esta Sala que refleja o traduce en el plano material, más no en el formal, un fenómeno de cosa juzgada debido a la identidad de objeto y causa entre los hechos objeto de juzgamiento, toda vez que en providencia del 29 de enero de 2010, se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, ocurrida el 27 de abril de 1994, producida en las mismas circunstancias analizadas en el sub lite (…)”.

En ese mismo sentido, a través de sentencia proferida el 9 de junio del 2010, expediente 18.677, se indicó:

“Comoquiera que los hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la muerte del señor Luis Álvaro Monsalve Arboleda—, ya fueron objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, se reiteran in extenso las consideraciones plasmadas en la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2009, expediente 17.997, comoquiera que resultan perfectamente procedentes, dado que los supuestos fácticos son iguales, además de que los elementos de convicción allegados a éste proceso fueron trasladados en su totalidad del citado expediente en debida forma”.

Pues bien, de cara al presente proceso se tiene que mediante la mencionada sentencia proferida el pasado 9 de abril de 2014, esta Subsección de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció acerca de la responsabilidad del Estado frente al ataque armado a la aludida comisión judicial, motivo por el cual se impone reiterar, en esta ocasión, las consideraciones plasmadas en ese fallo, comoquiera que resultan perfectamente procedentes, dado que tanto el objeto como la causa son iguales, a saber:

“Para la Subsección, a partir del análisis del material probatorio obrante en el proceso, puede observarse la existencia de irregularidades, deficiencias e incumplimientos que ocurrieron en relación con la planeación, ejecución y desarrollo de la diligencia judicial para la cual fue encargada la comisión y que resultan atribuibles a la entidad demandada, al tiempo que hubo un incumplimiento al deber de protección respecto de los integrantes de la referida comisión, circunstancia que se materializó en la demora injustificada en el apoyo aéreo solicitado.

En este sentido se presentaron fallas en la planeación del operativo, comoquiera que los integrantes de la comisión, en especial, las personas pertenecientes al Gaula que estaban a cargo de la seguridad de la diligencia, no fueron informadas en debida forma acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurriría la operación, por lo cual no hubo previsión, instrucción o estrategia alguna frente a una posible confrontación armada, aun cuando se tenía conocimiento de que la zona era considerada como “roja”.

En este sentido, a pesar que se tenía conocimiento de que en la zona hacían presencia grupos armados al margen de la ley, a la diligencia —incumplimiento del deber de planeación— se acudió con un personal de seguridad escaso perteneciente al Gaula, situación que facilitó la emboscada y que impidió una efectiva y adecuada respuesta de los integrantes del Ejército Nacional, encargados de la seguridad de la comisión judicial.

Según los testimonios que obran en el proceso, aun cuando se advirtió acerca de los peligros que suponía emprender el regreso por la misma ruta respecto de la cual se había ingresado a la zona donde tuvo lugar la diligencia judicial, el mayor del Ejército que estaba a cargo de la seguridad de la comisión hizo caso omiso a esta advertencia y decidió tomar la vía que se había utilizado inicialmente, circunstancia que, como lo expuso el juez penal militar en el auto antes transcrito, constituye un error en el procedimiento militar, que sin duda contribuyó con la ocurrencia de los resultados fatales ya conocidos, puesto que fue por esa vía que finalmente se encontraron con el grupo que atacó a la comisión judicial.

En cuanto a la demora en brindar el apoyo aéreo, los testimonios de las personas que participaron en el operativo son contestes en afirmar que desde el momento en que se presentó el primer enfrentamiento, esto es aproximadamente entre la 1:15 y 1:30 de la tarde, el mayor del Gaula que estaba a cargo del dispositivo de seguridad y otros miembros de la aludida comisión judicial, dieron aviso a la Séptima Brigada del enfrentamiento que habían tenido y de la necesidad de que se le brindara apoyo aéreo, teniendo en cuenta las informaciones provenientes de las personas que fueron capturadas en ese primer contacto, según las cuales, más adelante en la vía por la cual transitaban, se encontraba un grupo de más de 100 hombres que, a su vez, tenían ya conocimiento de la presencia de la comisión en esas inmediaciones.

Así las cosas, transcurrieron más de 4 horas desde que se solicitó el apoyo hasta el momento en que se hizo efectivo, lapso durante el cual el limitado y reducido grupo que integraba la comisión tuvo que hacer frente al ataque indiscriminado por parte del grupo armado al margen de la ley que los superaba con creces en número y poder destructivo del armamento.

Asimismo, las personas que rindieron declaración acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos son contestes al afirmar que de haberse brindado de manera oportuna el apoyo solicitado, seguramente se hubiere evitado el segundo enfrentamiento y con ello las consecuencias fatales ya conocidas.

Si bien dentro de las pruebas obrantes en el proceso hay versiones encontradas en relación con las causas que originaron la demora en brindar el apoyo aéreo en la medida en que, por un lado se atribuyó dicha demora a las fallas incurridas en el operativo judicial adelantado, mientras que, por el otro, se imputó el mencionado resultado a la conducta omisiva del comandante a cargo de la brigada séptima del Ejército Nacional, consistente en emitir una orden concreta y directa sobre el apoyo requerido, aun cuando tenía la posibilidad de hacerlo y tenía conocimiento de la necesidad urgente y de las condiciones de peligro por las que estaba atravesando la comisión judicial, lo cierto es que independientemente de las versiones encontradas, en ambas se reconoce que hubo una demora injustificada en el suministro del apoyo aéreo, lo cual resultó determinante en la producción del daño cuya reparación se pretende.

Se reitera que el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad demandada, de tal forma que independientemente de la responsabilidad personal que le quepa, o no, al respectivo agente estatal, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad, en tanto se reúnan los requisitos previstos para estos efectos.

En consecuencia, se repite, dado que el daño antijurídico causado a los demandantes devino de la conducta irregular de la entidad demandada y, por ende, el caso de la emboscada por parte de un grupo al margen de la ley a una comisión judicial ocurrida en el sitio conocido como Brisas del Camoa jurisdicción del municipio de San Martín (Meta), el día 3 de octubre de 1997, se ubica en el plano de la falla en el servicio, puesto que se comprobó que hubo un comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en cuanto a la atención de los deberes de planeación, protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios y a los demás que conformaban la comisión judicial para el momento del hecho dañoso, se impone la revocatoria de la sentencia apelada y, en consecuencia, se analizará la indemnización de los perjuicios deprecados a través del libelo introductorio”.

Con fundamento en lo expuesto se impone concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse con base en el título de falla del servicio, toda vez que se encuentra determinado el comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en cuanto a la atención del deber de protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios para el momento del hecho dañoso demandado.

La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en el derecho colombiano, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio se configura, en últimas por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de un deber a su cargo, no hay duda de que se trata del mecanismo más idóneo para desencadenar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(4).

También ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República se encuentran en el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(5); así, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño cuya reparación se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(6).

Respecto de la previsibilidad de la administración pública en la producción de un hecho dañoso y en la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sala ha precisado que

“No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia, pues la administración de justicia, debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance.”.(7)

Como se aprecia, la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta frente al funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad administrativa de la administración pública al momento de producción del daño.

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se presenta cuando la administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se estaría ante la omisión o ausencia del mismo cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(8).

En el sub lite, tal como lo determinó esta Subsección, cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada material, se tiene que la entidad demandada faltó, entre otras, al cumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad para con los integrantes de la comisión judicial que se desplazaba por el municipio de de (sic) San Carlos de Guaroa, lo cual llevó a que se produjera la muerte del señor Aldemar Manchola Ramos, mientras prestaba sus servicios a la Fiscalía General de la Nación; así pues, no se trata de una abstracta atribución o de un genérico e impreciso deber de protección, sino de su grave incumplimiento por parte de la administración pública respecto del personal judicial antes aludido.

Indemnización de Perjuicios.

1. Perjuicios morales.

En relación con esta clase de perjuicios, tratándose de la muerte de una persona, la prueba del parentesco para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado —sin perjuicio de la existencia de otros medios probatorios que acrediten dicho perjuicio—, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que la muerte de un pariente próximo les debió causar un profundo dolor moral, aún más en las dramáticas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del presente caso, como se expuso con anterioridad.

En cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del código penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(9).

Por la muerte del señor Aldemar Manchola Ramos demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de esposa, hijos, padre y hermanos; para acreditar su condición se allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia de los registros civiles de nacimiento correspondientes a Wilson Andrés Manchola Huertas, Deisy Tatiana Manchola Huertas y Aldemar Fabián Manchola Huertas, en los cuales consta que el señor Aldemar Manchola Ramos era su padre; ii) copia del registro civil de matrimonio en el cual consta que la señora Rosana Huertas Valenzuela estaba casada con el señor Manchola Ramos; iii) copia del registro civil de nacimiento del señor Aldemar Manchola Ramos, en el cual consta que el señor Darío Manchola Cuéllar era su padre; iv) copias de los registros civiles de nacimiento de los señores Marcos Manchola Ramos, Rubén Darío Manchola Ramos, Edgar Machola Ramos, Julia Manchola Ramos y Yamil Manchola Ramos, en las cuales se hace constar que son hijos del señor del señor Darío Manchola Cuéllar y, por tanto, hermanos del señor Aldemar Manchola Ramos.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes, las pruebas del parentesco y de relación conyugal para con la víctima resultan suficientes para tenerlo por configurado, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que la muerte de su padre, esposo, hijo y hermano les debió causar un profundo dolor moral, por lo cual se les reconocerá a los hijos, padre y esposa de la víctima un monto equivalente a 100 smlmv, para cada uno y 50 smlmv., para cada uno de sus hermanos.

2. Perjuicio material-Lucro cesante.

En relación con este perjuicio, se encuentra acreditado que para el momento de los hechos el señor Aldemar Manchola Ramos se desempeñaba como conductor II del Cuerpo Técnico de Investigación de Villavicencio de la Fiscalía General de la Nación, labor de la cual obtenía como asignación básica mensual la suma de $ 545.770.

Para determinar lo que le corresponde a los demandantes por concepto de lucro cesante se actualizará el valor de la suma que devengaba en el año 1997 el señor Manchola Ramos.

S1999-01296CE Formula 1

Este monto ($ 1.432.646,25) se debe incrementar en un 25% por el correspondiente factor prestacional ($ 358.161), lo cual determina un ingreso base de liquidación de $ 1’790.807; a esta cifra se le descontará el 25%, el cual se presume la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($ 447.702). De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima disponía de ingresos mensuales para su familia por la suma de $ 1.343.105.

El ingreso base de liquidación será dividido en un 50% a favor de la esposa y el otro 50% se dividirá a su vez, en partes iguales, a favor de cada uno de sus hijos.

Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se debe tener en cuenta que como consta a folio 37 del cuaderno 1, el señor Manchola Ramos nació el 18 de abril de 1957, razón por la cual para el 3 de octubre de 1997, fecha de su muerte, tenía 40 años, por lo cual la liquidación tendría que hacerse teniendo en cuenta la expectativa de vida de la víctima, que era de 40.8 años, es decir 489.6 meses.

— Para la señora Rosana Huertas Valenzuela

En el caso de la señora Huertas Valenzuela, se encuentra acreditado en el expediente que ella nació el 30 de noviembre de 1959 (fl. 25, cdno. 1), razón por la cual se tomará en cuenta la expectativa de vida del señor Manchola Ramos.

Consolidado: Desde la fecha del hecho (oct. 3/97) hasta el (sic) de esta sentencia (abr. 30/2014), esto es 198,9 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1999-01296CE Formula 2
 

Futuro: Por el resto del período de vida probable del señor Manchola Ramos, esto es 290,7 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1999-01296CE Formula 3

Total perjuicios materiales: Trescientos cincuenta millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos quince pesos m/cte. ($ 350.697.415).

— Para Wilson Andrés Manchola Huertas.

Consolidado: Desde la fecha del hecho (oct. 3/97) hasta el día en que cumplió 25 años (jul. 21/2004), esto es 81,8 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1999-01296CE Formula 4
 

Total perjuicios materiales: Veintitrés millones novecientos veinte mil cuatrocientos nueve pesos m/cte. ($23.920.409).

— Para Deisy Tatiana Manchola Huertas.

Consolidado: Desde la fecha del hecho (oct. 3/97) hasta el día de la presente sentencia (abr. 30/2014), esto es 198,9 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1999-01296CE Formula 5
 

Futuro: Hasta la fecha en que cumpla 25 años, esto es 62 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1999-01296CE Formula 6
 

Total perjuicios materiales: Noventa y dos millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte. ($ 92.553.694).

— Para Aldemar Fabián Manchola Huertas.

Consolidado: Desde la fecha del hecho (oct. 3/97) hasta el día en que cumplió 25 años (sept. 21/2008), esto es 131,6 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S1999-01296CE Formula 7
 

Total perjuicios materiales: Cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y un pesos m/cte. ($ 43.881.941).

Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 29 de julio de 2003 y, en consecuencia, se dispone:

1. DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional de los perjuicios causados a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar a cada una de las siguientes personas, a título de perjuicios morales, las sumas que se indican a continuación:

Wilson Andrés Manchola Huertas100 smlmv
Deisy Tatiana Manchola Huertas100 smlmv
Aldemar Fabián Manchola Huertas100 smlmv
Rosana Huertas Valenzuela100 smlmv
Darío Manchola Cuéllar100 smlmv
Marcos Manchola Ramos50 smlmv
Rubén Darío Manchola Ramos50 smlmv
Edgar Machola Ramos50 smlmv
Julia Manchola Ramos50 smlmv
Yamil Manchola Ramos50 smlmv

3. CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar a favor de las personas que se relacionan a continuación, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas:

Rosana Huertas ValenzuelaTrescientos cincuenta millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos quince pesos m/cte. ($350.697.415).
Wilson Andrés Manchola HuertasVeintitrés millones novecientos veinte mil cuatrocientos nueve pesos m/cte. ($ 23.920.409).
Deisy Tatiana Manchola HuertasNoventa y dos millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte. ($92.553.694).
Aldemar Fabián Manchola HuertasCuarenta y tres millones ochocientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y un pesos m/cte. ($ 43.881.941)

4. Sin condena en costas.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Las diligencias y actuaciones que obran en el expediente disciplinario en mención, inclusive los testimonios que allí reposan, pueden ser objeto de valoración en esta instancia, comoquiera que fueron solicitadas por las partes (fls. 21 y 52, cdno. 1).

Al respecto la Sala ha dicho que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión. (Ver entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 23025).

(2) Expediente 26072.

(3) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, expediente 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 18.676, entre otros.

(4) Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17738, entre muchas otras.

(5) Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente 11837.

(6) Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14.787

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, expediente 9.940, M.P. Jesús María Carrillo.

(8) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 14880.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros-William Alberto González y otra.