Sentencia 1999-01298/41251 de abril 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicado: 15001-23-31-000-1999-01298-01 (41.251)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Ana Bertilde Mejía Rangel y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa

Acción: Reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda/ Restrictor: Legitimación en la causa - Caducidad - Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Aspectos procesales previos.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(17), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante la señora Ana Bertilde Mejía Rangel (madre de la víctima) en representación de sus menores hijas, María Helena y Sandra Patricia Goyeneche Mejía, quienes solicitan se declare civilmente responsable al demandado de los perjuicios ocasionados con la muerte de su hija y hermana, Bertha Inés Goyeneche Mejía, causada por el soldado Luis Alfonso Colmenares Mendoza, perteneciente a la primera brigada del Ejército Nacional, calidades que fueron acreditadas con los respectivos registros civiles(18).

Asimismo, la Sala observa que con el escrito de alegatos de conclusión(19) la parte demandante anexó los registros civiles de nacimiento de María Esperanza Goyeneche Mejía, Ana Claudia Goyeneche Mejía, Juan Ramón Goyeneche Mejía, Oscar Edgardo Goyeneche Mejía, Martha Consuelo Goyeneche Mejía, Miguel Ángel Goyeneche Mejía, Diana Elizabeth Goyeneche Mejía, hermanos de la occisa, quienes también acreditaron su calidad con los respectivos registros civiles(20).

Por la otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación-Ministerio de Defensa, como entidad a la cual pertenecía el soldado señalado de ser el autor del homicidio de la joven Bertha Inés Goyeneche Mejía. En consecuencia, la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(21), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(22). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(23).

En el caso concreto, se evidencia que el daño alegado por la parte demandante se deriva de la muerte de la señorita Bertha Inés Goyeneche Mejía a manos del soldado profesional Luis Alfonso Colmenares Mendoza, acaecida el 13 de marzo de 1999, fecha que se tomará para la materialización del daño, y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 30 de julio de 1999(24), esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Acervo probatorio(25). 

Del material probatorio allegado al expediente, se relacionan las siguientes pruebas:

1. Registro civil de nacimiento de Bertha Inés Goyeneche Mejía, en el cual se señala que es de sexo femenino, nacida en el municipio de Socha - departamento de Boyacá, hija de Campo Elías Goyeneche Lizarazo y Ana Bertilde Mejía Rangel(26).

2. Registro civil de defunción de Bertha Inés Goyeneche Mejía, a través del cual consta como fecha del deceso el 13 de marzo de 1999 y se indica que la muerte fue violenta, causada por arma de fuego(27).

3. Oficio de fecha del 24 de febrero de 2004(28), firmado por el Teniente Coronel Jaime Solano Gómez, que informa que una vez verificado el archivo nacional sistematizado de armas, el señor Luis Alfonso Colmenares Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía 13.197.759, se encontraba registrado con el revólver marca Llama calibre 30, largo Nº IM6238Q; adquirido el 21 de enero de 1997, con novedad baja por cesión el 21 de septiembre del 2001, almacén Santa Marta, dirección batallón de C/G 44 Boyacá-Tunja.

4. Oficio 20 del 27 de enero de 2004 expedido por la secretaría del Juzgado Promiscuo Municipal de Socha(29), mediante el cual se remiten fotocopias del acta de levantamiento 3 emitida por la Inspección Municipal de Policía de Socha(30), así como de la necropsia practicada a Bertha Inés Goyeneche Mejía(31); que obran dentro de la causa 1999-0035 adelantada contra Luis Colmenares Mendoza, sindicado por la conducta punible de homicidio.

5. Acta de audiencia de recepción de declaraciones de los señores William Yamith Mejía Mejía (primo de la occisa), Oscar Edgardo Goyeneche Mejía (hermano de la occisa), María Helena Goyeneche Mejía (hermana de la occisa), Zandra Patricia Goyeneche Mejía (hermana de la occisa), Carlos Arturo Medina Hutado(32), los cuales coinciden en la descripción de los hechos ocurridos la noche del 13 de marzo de 1999, en la cual murió Bertha Inés Goyeneche Mejía, a manos de un hombre al parecer perteneciente al Ejército Nacional que se encontraba en compañía de otros dos hombres, todos vestidos de civil. Los declarantes manifiestan que uno de los hombres disparó en contra de la mencionada ciudadana en tres oportunidades causándole la muerte dentro del establecimiento denominado “La Rokola”, aducen que entre la víctima y el agresor no existía ningún tipo de relación, ni hubo algún altercado antes del fatídico suceso.

6. Copia del proceso penal 1999-1298(33), adelantado por la muerte de Bertha Inés Goyeneche Mejía, del cual se destacan las siguientes pruebas:

6.1. Denuncia penal(34) formulada por la señora Ana Bertilde Mejía Rangel en contra de Luis Colmenares Mendoza, por el delito de homicidio en la persona de Bertha Inés Goyeneche Mejía, ocurrido el día 13 de marzo de 1999.

6.2. Declaraciones rendidas por miembros del Ejército Nacional, Capitán Alfonso Vega Garzón(35), Capitán Roger Arturo Calderón(36), soldado Javier León Vega(37), soldado Helberth Armando Flórez Abril(38), Teniente Ángel Rodrigo Ardila Lavado(39), quienes coincidieron en relatar lo sucedido el día 13 de marzo de 1999 cuando murió Bertha Inés Goyeneche Mejía, al afirmar que quién disparó el arma de fuego en contra de la occisa fue el soldado Luis Colmenares, que al momento de los hechos se encontraba vestido de civil haciendo diligencias de carácter personales. Asimismo, manifestaron que el arma con el que se llevó a cabo el homicidio era de uso personal del agresor, la cual contaba con salvoconducto para porte. Afirmaron, además, que el soldado se encontraba en estado de conciencia cuando accionó el arma.

6.4. Orden de captura emitida el 23 de marzo de 1999(40) en contra del soldado profesional de contraguerrila Luis Colmenares Mendoza, por encontrarse sindicado por el delito de homicidio.

6.5. Declaración realizada por el señor José Edgar Ángel Sánchez(41), en la cual expresó que el día de la muerte de Bertha Inés Goyeneche Mejía se encontraba tomando en el establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos, que cuando menos pensó escuchó un disparo y salió rápido para la calle, que cuando reaccionó la occisa ya estaba en el suelo, pero que él no se dio cuenta de nada, ni quién disparó ni la razón por la que lo hizo. Añade, frente al rumor de que quién disparó fue un saldado, que sólo le consta que en el establecimiento no había personas uniformadas.

6.6. Dictamen de balística 352.99(42) rendido por el laboratorio clínico de balística forense —Dirección regional Bogotá—, solicitado para informar la clase de arma con la cual se acabó con la vida de Bertha Inés Goyeneche Mejía, alcance de la misma y cantidad de balas que podía albergar en su tambor; el cual concluyó que “Con base en lo anterior, se determina que el proyectil calibre 38 especial descrito con el presente estudio fue disparado por un arma de fuego tipo revolver de igual calibre y estriado, entre los que se encuentran las marcas Tauros y Llama Indumil como las más comunes entre otras”.

6.7. Medida de aseguramiento(43) consistente en detención preventiva contra el sindicado Luis Colmenares Mendoza en su condición de presunto autor material del delito de homicidio simple voluntario del cual fue víctima Bertha Inés Goyeneche Mejía, según hechos ocurridos el día 13 de marzo de 1999 en el perímetro urbano de la localidad de Socha.

6.8. Oficio del 25 de agosto de 1999(44) que informa al señor Mayor Oficial B-2 primera brigada que el señor Luis Colmenares Mendoza adquirió un arma por compra con las siguientes características: clase revolver, calibre 38L, marca Llama, Nº IM6238K, con fecha de compra el 21 de enero de 1997, cuyo número de salvoconducto para porte corresponde a P399238, con fecha de vencimiento 21 de enero de 2000, y el almacén en el que se vendió fue en Tunja.

6.9. Resolución de acusación del 14 de octubre de 1999(45) emitida por la Fiscalía 21 Delegada ante el Juzgado del Circuito de Socha contra el señor Luis Colmenares Mendoza en su condición de presunto autor material del delito de homicidio simple voluntario del cual fue víctima Bertha Inés Goyeneche Mejía, por lo cual no procedió el beneficio de la libertad provisional.

6.10. Sentencia del 20 de junio de 2000 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha(46), mediante la cual se condenó a Luis Colmenares Mendoza a la pena principal de 25 años de prisión, como autor y responsable del delito de homicidio simple del que fue víctima Bertha Inés Goyeneche Mejía.

7. Copia de los registros civiles de nacimiento de María Helena Goyeneche Mejía(47), Oscar Edgardo Goyeneche Mejía(48), Zandra Patricia Goyeneche Mejía(49), Bertha Inés Goyeneche Mejía(50), Diana Elisabeth Goyeneche Mejía(51), Ana Claudia Goyeneche Mejía(52), Juan Ramón Goyeneche Mejía(53), Miguel Ángel Goyeneche Mejía(54), Maria Esperanza Goyeneche Mejía(55), Ana Consuelo Goyeneche Mejía(56).

3. Problema jurídico.

El problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar, si el daño antijurídido alegado, esto es, la muerte ocasionada a la menor Bertha Inés Goyeneche Mejía el 3 de marzo de 1999, le es imputable fáctica y jurídicamente a la entidad demandada, o si por el contrario, se encuentra configurada una causal eximente de responsabilidad

4. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(57).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

5. El caso en concreto.

En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si el daño antijurídico ocasionado a los demandantes, consistente en la muerte de Bertha Inés Goyeneche Mejía, le es imputable al Ejército Nacional en atención a que, según su dicho, el autor del homicidio fue un miembro de la institución castrense que se encontraba en servicio al momento de ocurrencia de los hechos, o si por el contrario, este no le resulta imputable a la entidad accionada.

Así las cosas, observa la Subsección que la parte demandante alegó que la muerte de la joven Goyeneche Mejía, fue ocasionada por un soldado del Ejército Nacional, circunstancia por la que debe responder el Estado al tratarse del actuar de uno de sus agentes.

Sin embargo, es preciso indicar que ello no es suficiente para aplicar a priori como criterio de imputación objetiva, la teoría del “riesgo excepcional”, pues, como se ha dicho, el juez debe verificar las circunstancias concretas de cada caso y de acuerdo con ellas determinar cuál es el fundamento de la imputación que en uno u otro caso se concrete.

Es así como, revisado el material probatorio obrante en el plenario, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico ocasionado a los demandantes consistente en la muerte de Bertha Inés Goyeneche Mejía, conforme con el registro civil de defunción en el que se señala que la fecha del deceso fue el 13 de marzo de 1999 y que este fue violento, causado por arma de fuego(58).

Entonces, frente a las situaciones fácticas en que se produjo el daño antijurídico, la Subsección observa que del material probatorio se desprende que el día 13 de marzo de 1999, siendo las 8 p.m., estaba la joven Bertha Inés Goyeneche Mejía, atendiendo el establecimiento familiar Rockola Arte, cuando uno de los clientes, el soldado Luis Colmenares Mendoza, la invitó a bailar y como la joven no accedió a su petición el señor desenfundó su revólver, disparó tres veces y le causó la muerte instantánea. Igualmente, está acreditado que intentó dispararles a las hermanas de la referida mujer, y posteriormente huyó del lugar.

Lo anterior, indica que los hechos ocurrieron con la intervención de un agente del Estado, pero que para la fecha y hora de ocurrencia del homicidio el soldado se encontraba fuera de su horario laboral, como se evidencia de lo relatado por los miembros del Ejército Nacional, Capitán Alfonso Vega Garzón(59), Capitán Roger Arturo Calderón(60), soldado Javier León Vega(61), soldado Helberth Armando Flórez Abril(62), Teniente Ángel Rodrigo Ardila Lavado(63) al afirmar que el militar al momento de los hechos se encontraba vestido de civil haciendo diligencias de carácter personal.

Específicamente, el Teniente Ángel Rodrigo Ardila Lavado(64) manifestó en su declaración lo siguiente: “Yo autoricé a los soldados Colmenares Mendoza Luis y Flores Abril Elberth hasta las diecisiete horas para que bajaran a hacer unas llamadas y trajeran combustible para la estufa, bajaron, por referencias de los soldados después de los hechos dijeron que se habían retardado...”, lo que evidencia que al momento del deceso, esto es, 20:20 p.m., el soldado Colmenares se encontraba excediendo el permiso que le había sido otorgado por su superior y realizando asuntos de carácter personal.

Circunstancia que es de vital importancia, por cuanto debe tenerse en cuenta que si bien las entidades públicas obran a través de sus funcionarios, estos, además de ejercer una función pública o de ostentar la calidad de servidores públicos, a su vez se desempeñan como ciudadanos, de manera que, como individuos ejercen actividades propias de su órbita personal, lo que permite que sea posible la causación de un daño por parte de los mismos, pero no en desarrollo de la condición de servidor público, sino como persona natural. Caso en el cual, el hecho del servidor público será respecto del Estado un hecho del tercero, por estar revestida su conducta de una culpa personal del agente, toda vez que tuvo su ocurrencia por fuera del ámbito propio de la función y ajeno a la misma.

Ahora, cuando el servidor del Estado despliega su conducta con instrumentos que engendran una peligrosidad, como las armas de fuego, cuya guarda se encuentra en cabeza de la administración, es necesario determinar si el Estado perdió la guarda de la cosa y por qué la perdió, pues si la perdió sin su voluntad y el agente la utiliza en el ámbito personal causando un daño(65), el Estado no responderá(66); igualmente, cuando el arma o elemento bélico sea de propiedad del servidor estatal, la administración también será exonerada de toda responsabilidad.

Precisado lo anterior, la Sala en aras de establecer la responsabilidad de la entidad demandada en el presente asunto, se plantea las siguientes preguntas, la primera, ¿ocurrió el hecho dañino en el lugar del servicio?; la segunda, ¿ocurrió el hecho dañino en tiempo del servicio? Y, finalmente ¿ocurrió el hecho dañino con instrumento del servicio? Y serán, entonces, las respuestas a estos interrogantes las que arrojen la conclusión de si el daño causado es, o no, imputable a la entidad pública.

Ahora, para dar respuesta a estas preguntas, es necesario tener en cuenta la intención del soldado al momento de la ocurrencia del daño, ya que puede ser que el agente estatal haya obrado con la intención de cumplir sus funciones, bien sea dentro del tiempo de servicio o por fuera de él, o influenciado por el cumplimiento del servicio, que ocurre en aquellos casos en que el agente estatal, realiza una actividad bajo la influencia de la función pública, casos en los cuales los servidores pueden obrar con culpa grave o dolo, sin que ello indique la exoneración de la entidad pública sino, simplemente, ha de entenderse que se configuró una falla en el servicio público.

Es decir, que en aquellos casos en que el servidor estatal actúa influenciado por alguna de las anteriores circunstancias, se concluye que cuando el servidor obró, obró el Estado, debido a que esta circunstancia es indicativa de que la conducta del servidor tiene relación con la función estatal que desempeña y, en consecuencia, le es imputable al Estado el daño antijurídico que con ella se haya causado por lo que la administración deberá responder(67).

Esta posición ha sido reiterada por la Sala en anteriores decisiones, en donde se señala que para que la conducta causante del daño se considere que guarda relación con el servicio, se requiere que surja como manifestación y desarrollo, o como consecuencia, del funcionamiento del servicio público, así

“... no cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva imputación de responsabilidad a la administración de quien dependen o en la que están encuadrados. Se requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la administración del deber de reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la persona autora material de este pueda calificarse como propia del “funcionamiento de los servicios públicos”. Es decir que la conducta del agente de la administración productora del evento dañoso suponga una manifestación del desempeño o ejercicio del cargo público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. Por tanto, la administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de la imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda calificación jurídico pública”(68) (subrayado y resaltado fuera de texto).

Visto los elementos que anteceden, procede la Sala a determinar si de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario, es posible imputarle responsabilidad al ente demandado por la muerte de Bertha Inés Goyeneche Mejía, pues si bien podría afirmarse que habría lugar a declarar la responsabilidad del Estado por cuanto la muerte de la señorita Goyeneche Mejía ocurrió a manos de uno de sus agentes, es menester resaltar que, los hechos ocurrieron cuando este se encontraba fuera de su horario de servicio, en un establecimiento dedicado al esparcimiento y la diversión, con un arma que no era la de dotación oficial y vestido de civil, es decir, en desarrollo de una actividad de carácter personal del agente, completamente ajena al servicio militar.

Por lo anterior, es indudable que el servidor no se encontraba en ejercicio de un actividad propia del servicio que prestaba como miembro del Ejército Nacional, ni su actuar tenía vínculo con el mismo, razón por la cual es dable concluir que la muerte de la joven Goyeneche Mejía obedeció a una decisión del soldado, quien se encontraba en un establecimiento público bebiendo licor y quien al ver la negativa de la mujer a aceptar su invitación decidió desenfundar su arma de uso personal para acabar con su vida.

Lo anterior se infiere de la prueba testimonial recaudada, del oficio del 25 de agosto de 1999(69), donde se informó que el 21 de enero de 1997 el señor Luis Colmenares Mendoza adquirió un arma clase revolver, calibre 38L, marca Llama, Nº IM6238K, con número de salvoconducto P399238 y con fecha de vencimiento 21 de enero de 2000, y del dictamen de balística 352.99(70) rendido por el laboratorio clínico de balística forense — Dirección regional Bogotá—, en el cual se concluyó que “Con base en lo anterior, se determina que el proyectil calibre 38 especial descrito con el presente estudio fue disparado por un arma de fuego tipo revolver de igual calibre y estriado, entre los que se encuentran las marcas Tauros y Llama Indumil como las más comunes entre otras”.

Evidenciándose así, que las características del arma adquirida por el soldado y la usada para asesinar a la joven Bertha Inés, son coincidentes lo cual demuestra que el instrumento con el que se llevó a cabo el homicidio de la joven Bertha Inés Goyeneche no fue de uso privativo de las fuerzas armadas, sino de uso personal del agente.

Ahora, procede la Sala a solucionar los interrogantes planteados a fin de establecer las razones por las cuales, en el caso de autos, no se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado.

En primer lugar se pregunta si advino el perjuicio en horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo, frente a lo cual, el acervo probatorio indica que los hechos no se presentaron en horas de servicio, al no probarse que el agente se encontrara en misión oficial, por el contrario se logró establecer que, según lo manifestado por el Teniente del Ejército Ángel Ardila Lavado, se había autorizado al soldado Colmenares Mendoza para que fuera al pueblo, excediendo dicha concesión más allá de lo permitido(71); por ende considera la Sala que la actuación del servidor público se dio bajo actividades de carácter personal y no en cumplimiento de sus obligaciones como agente estatal.

Ahora bien, frente al interrogante según el cual se pretende establecer si el agente actuó con el deseo de ejecutar la función propia de su cargo o bajo su impulso personal, quedó demostrado que en la ejecución de los hechos el soldado no pretendió cosa distinta que satisfacer su propio interés, lo cual no obedece a la ejecución de un acto del servicio, sino a un deseo y acto particular del agente.

En conclusión, está acreditado que la conducta desplegada por el soldado no fue en servicio, ni con causa u ocasión del mismo, lo que demuestra que fue por una decisión personal del señor Luis Colmenares Mendoza que se produjo el deceso de la víctima, al resolver disparar con su arma de uso personal en contra de la joven.

Es así como, el comportamiento desplegado por el señor Colmenares Mendoza no se produjo en servicio o en cumplimiento del mismo, ya que como se indicó en los párrafos anteriores, actuó en desarrollo de actividades de carácter personal, circunstancia que se evidencia no solo de los medios probatorios antes relacionados, sino también de la investigación penal adelantada por la justicia ordinaria por la muerte de Bertha Inés Goyeneche, tal y como consta en el proceso penal 1999-1298(72).

Proceso que culminó con la sentencia penal proferida por el Juzgado Promiscuo de Soacha el 20 de junio del 2000, en la que se condenó al señor Colmenares Mendoza a la pena principal del 25 años de prisión como autor y responsable del delito de homicidio simple en la persona de Bertha Inés Goyeneche Mejía, en hechos ocurridos el día 13 de marzo de 1999.

Finalmente, vale la pena aclarar que la calidad de servidor público, no es suficiente para presumir que todas las conductas desempeñadas por los mismos le son atribuibles a la entidad a la cual pertenecen, pues al Estado no se le puede imputar la responsabilidad por toda actividad dañosa realizada por uno de sus servidores, y mucho menos de aquellas acciones ejercidas en el marco del ámbito privado de aquellos(73).

Así las cosas, no es preciso formular una presunción en la que se haga depender la responsabilidad de la administración de la simple cualificación jurídico-pública del agente(74), cuando lo que se discute es la acción desplegada por aquel que siendo agente público, funcionario o servidor del Estado, desplegó y causó un daño dentro de su esfera privada, que no es atribuible fáctica ni jurídicamente al Estado.

Es así como, una vez analizada de manera armónica e integral la totalidad del acervo probatorio obrante en el plenario, la Subsección llega a la conclusión que el proceder del señor Luis Alfonso Colmenares Mendoza, fue determinante en la ocurrencia del homicidio de la joven Bertha Inés Goyeneche Mejía y por tanto en la producción del daño antijurídico.

De manera que, si bien se probó el daño antijurídico, no ocurre lo mismo con su imputación al Estado pues como se señaló, no existe ningún factor que relacione la conducta desplegada por el soldado con el servicio para el cual se encontraba vinculado al Ejercito Nacional, en consecuencia, la Sala considera que se encuentra configurada la culpa personal del agente, en tanto se observa que este con su comportamiento contribuyó de manera efectiva y exclusiva en la causación del daño, elemento este que impide la configuración de la imputación fáctica en cabeza de la entidad demandada y en consecuencia imposibilita la declaración de responsabilidad extracontractual del Estado, frente a los hechos ocurridos el día 13 de marzo de 1999 en donde perdió la vida la joven Bertha Inés Goyeneche Mejía.

Por lo tanto, se confirmará la sentencia del 16 de marzo de 2011 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá en donde se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas.

6. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, el día 16 de marzo de 2011, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(17) Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

(18) Fls. 2, 316, 318, cdno. 1.

(19) Fls. 308-314, cdno. 1.

(20) Fls. 317, 319-325, cdno. 1.

(21) ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (subrayado fuera de texto)

(22) Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

(23) Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

(24) Fls. 4-6, cdno. 1.

(25) Los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022.

(26) Fls. 2, 319, cdno. 1.

(27) Fls. 3, 172, cdno. 1.

(28) Fl. 24, cdno. 1.

(29) Fl. 25, cdno. 1.

(30) Fls. 26-31, cdno. 1.

(31) Fls. 32-34, cdno. 1.

(32) Fls. 53-64, cdno. 1.

(33) Fls. 97-304, cdno. 1.

(34) Fls. 98-100, cdno. 1.

(35) Fls. 126-128, cdno. 1.

(36) Fls. 129-132, cdno .1.

(37) Fls. 133-134, cdno. 1.

(38) Fls. 135-136, cdno. 1.

(39) Fl. 137, cdno. 1.

(40) Fl. 158, cdno. 1.

(41) Fls. 185-186, cdno. 1.

(42) Fls. 189-190, cdno. 1.

(43) Fls. 210-216, cdno. 1.

(44) Fl. 233, cdno. 1.

(45) Fls. 238-216, cdno. 1.

(46) Fls. 266-273, cdno. 1.

(47) Fl. 316, cdno. 1.

(48) Fl. 317, cdno. 1.

(49) Fl. 318, cdno. 1.

(50) Fl. 319, cdno. 1.

(51) Fl. 320, cdno. 1.

(52) Fl. 321, cdno. 1.

(53) Fl. 322, cdno. 1.

(54) Fl. 323, cdno. 1.

(55) Fl. 324, cdno. 1.

(56) Fl. 325, cdno. 1.

(57) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(58) Fls. 3, 172, cdno. 1.

(59) Fls. 126-128, cdno. 1.

(60) Fls. 129-132, cdno. 1.

(61) Fls. 133-134, cdno. 1.

(62) Fls. 135-136, cdno. 1.

(63) Fl. 137, cdno. 1.

(64) Fl. 137, cdno. 1.

(65)

(66) Consejo de Estado, sentencia de 8 de noviembre de 2016, Rad. 30.536.

(67) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 17993 del 24 de marzo de 2011: “para establecer los límites entre el nexo con el servicio y la culpa personal del agente, se deben analizar y valorar las particularidades de cada caso específico, comoquiera que el vínculo instrumental, funcional u ocasional, por sí mismo no compromete, la responsabilidad patrimonial del Estado. Lo anterior, en la medida que el test de conexidad establecido en la providencia del 17 de julio de 1990, expediente 5998, tal y como se puntualizó en anterior oportunidad, no conduce inexorablemente a dar por acreditada la obligación de reparación en cabeza de la administración pública, habrá que examinar en cada caso concreto la especificidad de las circunstancias en que se materializan los hechos”.

(68) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2011, expediente 19123.

(69) Fl. 233, cdno. 1.

(70) Fls. 189-190, cdno. 1.

(71) Fls. 137-138, cdno. 1.

(72) Fls. 97-304, cdno. 1.

(73) Leguina Villa en su momento sostuvo “es dudoso, en cambio, que la carga del mismo corresponda a la administración en lugar de a la persona física dependiente de ésta, a la que el comportamiento dañoso, desde un punto de vista material inmediato, se conecta”. Leguina Villa, Jesús. La responsabilidad civil de la administración pública. 1ª reimp. Madrid, Tecnos, 2007, p. 203.

(74) Es posible que el precedente de la Sala y el fallo estén orientados hacia la tendencia de Casetta que hace años formuló, afirmando que “dicha cuestión no puede ser resuelta sino en cada caso en concreto mediante un análisis del hecho dañoso que nos lleve a comprobar si tal hecho “está comprendido entre los hipotéticamente verificables solamente por parte de un sujeto que desempeñe funciones del tipo de las que están atribuidas” en base a una relación de servicio”. A lo que señala Leguina Villa: “Si acaso, por tanto, el criterio delimitador vendría dado directamente por la misma relación de servicio existente entre el ente y el funcionario, en el sentido de que... tal relación contiene la virtualidad de circunscribir por sí misma el ámbito objetivo dentro del cual la conducta del agente debe ser calificada como parte de la relación de servicio con el ente”. Leguina Villa, Jesús. La responsabilidad civil de la administración pública, ob. cit., p. 209.