Sentencia 1999-01347 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: 25-000-23-26-000-1999-01347-01 (28.051)

Actor: Marcela Airó de Jaramillo y otros.

Demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia, y el Decreto 2700 de 1991— Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos, tal como lo definió la jurisprudencia de esta corporación.

1.2. Efectivamente, sobre el particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración judicial, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramita ante los tribunales contencioso administrativos y la segunda ante esta corporación.

1.3. En relación con la legitimación en la causa por activa se encuentra en el expediente, copia auténtica de la investigación adelantada en el sumario 003 del Juzgado 23 Ambulante de Instrucción Criminal(21) y posteriormente por la Fiscalía 248 de Bogotá (Unidad de Investigaciones Especiales), en contra de la señora Airó de Jaramillo por la presunta comisión del delito de peculado, allegada por la Fiscalía General de la Nación mediante oficio 324 de 14 de octubre de 2000(22), documentos con los cuales queda plenamente acreditado el interés de la antes nombrada en el asunto sub lite. Respecto del señor Carlos Alberto Jaramillo Uribe, se encuentra demostrada su calidad de esposo de la señora Marcela Airó de Jaramillo, mediante la copa auténtica de su registro civil de matrimonio(23). Igualmente, obran en el expediente, copias auténticas de los registros civiles de los señores José David(24), Nicolás(25) y Laura(26) Jaramillo Airó con los que se constata su calidad de hijos de la misma y los registros civiles aportados en copia auténtica, de los señores Marcela(27), Amparo(28) y Pablo Airó Bello(29), de los que se encuentra plenamente probada su calidad de hermanos(30), es decir, se encuentran legitimados para comparecer al proceso sub examine.

1.4. De otra parte, respecto de la legitimación en la causa por pasiva, en el sub judice se tiene que la privación de la libertad padecida por la procesada se inició con la decisión adoptada por el Juzgado 23 de Instrucción Criminal Ambulante el 24 de marzo de 1992, el cual ordenó su detención preventiva y la suspensión de su cargo(31). Así mismo, se acreditó que se le concedió el beneficio de libertad provisional el 26 de junio siguiente. Respecto de la actuación de la Nación-Fiscalía General, se desprende del libelo demandatorio que con su entrada en funcionamiento le correspondió conocer del proceso sub examine a la Fiscalía 248 de la Unidad de Investigaciones Especiales de Bogotá, la cual, mediante auto de 26 de enero de 1993, revocó la libertad provisional de la señora Marcela Airó y dispuso su detención inmediata, para luego precluir la investigación(32). En consecuencia, pese a que el tribunal de primera instancia consideró que, en el caso concreto, la Nación-Rama Judicial no se encuentra legitimada en la causa por activa, porque las funciones de instrucción fueron asumidas por la Fiscalía General de la Nación, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, considera la Sala que, dado que la primera decisión sobre la libertad fue adoptada por un juez, la decisión habrá de revocarse.

1.5. Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(33).

2. Problema jurídico.

2.1. Corresponde a la Sala determinar —en función de los hechos probados— si la Nación-Rama Judicial y la Nación-Fiscalía General de la Nación son patrimonialmente responsables por la privación de la libertad que padeció la señora Marcela Airó de Jaramillo y si la misma puede tildarse de injusta, a la luz de lo dispuesto por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(34), como lo aduce la parte actora en el recurso interpuesto, por considerar que la detención no se fundó en indicios serios de responsabilidad de la demandante y que, finalmente, la investigación precluyó en cuanto la señora Airó no cometió el delito de peculado por el cual fue detenida.

3. Tópicos pacíficos en la jurisprudencia sobre la privación injusta de la libertad.

3.1. En el estado actual de la jurisprudencia no se discute el carácter objetivo(35) de la responsabilidad estatal, cuando la sentencia deviene absolutoria en los casos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es, cuando no obstante la privación de la libertad, se declara que (i) el hecho no existió, (ii) el encartado no lo cometió o (iii) la conducta no es típica.

3.2. En este mismo sentido, en la Sección no ha habido resistencia para concebir objetiva la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive, en vigencia de la Ley 270 de 1996(36), pero no como aplicación ultractiva del referido Decreto 2700, sino de los supuestos previstos en él(37).

3.3. Así las cosas, siguiendo un reciente precedente(38), la Sala entiende que, aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, si la presunción de inocencia no fue desvirtuada no queda sino concluir que al sindicado se le causó un daño que no tenía que soportar. Es que la privación de la libertad demanda un resultado, pues de no ser así, la mentada presunción no sería más que una entelequia.

4. Juicio de responsabilidad.

4.1. Hechos probados.

Del material probatorio obrante en el expediente, se tienen como acreditados los siguientes hechos:

4.1.1. El Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 25 de 1990 “por el cual se expide el presupuesto ordinario de rentas e ingresos y de inversiones y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1991 y se dictan otras disposiciones”, en el cual incluyó un rubro denominado “auxilios administrativos”, a cargo de la Secretaría de Hacienda Distrital(39).

4.1.2. El Procurador General de la Nación el 19 de marzo de 1991, se dirigió para poner de presente que la partida no podría ser ejecutada por ser abiertamente ilegal e inconveniente(40).

4.1.3. El Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 13 de 1991 “por el cual se autoriza un gasto público denominado “Aportes, subvenciones y ayudas financieras a empresas útiles o benéficas para el desarrollo de Bogotá, en los Presupuestos Ordinarios de Rentas e Ingresos y de Inversiones y Gastos del Distrito Especial de Bogotá y de los Fondos Rotatorios y se delega una facultad en el alcalde mayor”; con el propósito de “prestar ayuda económica y asistencial a las diferentes zonas de la ciudad a través de entidades, instituciones, organizaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, comités cívicos o de defensa civil, entidades benéficas, culturales y sociales etc. (...)” y facultar al alcalde mayor para realizar los traslados presupuestales a que hubiera lugar. En consecuencia, se trasladó a este rubro la partida denominada “auxilios administrativos” del Acuerdo 25 de 1990. Y el alcalde ordenó que, a partir de 1992, la administración central de la ciudad y los Fondos Rotatorios incluyeran en sus respectivos presupuestos una partida específica para la financiación del gasto, por valor de mil seiscientos setenta y cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos ($1.674.250.000)(41).

4.1.4. El alcalde mayor de Bogotá, Juan Martín Caicedo Ferrer, y el Secretario de Hacienda encargado y titular suscribieron los decretos dirigidos a distribuir los beneficios presupuestados, en las distintas organizaciones sin ánimo de lucro interesadas en el mismo. La señora Airó de Jaramillo, por su parte, en su calidad de Secretaria de Hacienda suscribió los decretos 522, 592 y 740 de 1991(42), y treinta y tres decretos fueron expedidos en su ausencia por el Secretario de Hacienda encargado, Luís Ignacio Betancur.

4.1.5. Por estos hechos, fueron denunciados penalmente(43), tanto los funcionarios ejecutores como los miembros del Concejo de Bogotá por el delito de peculado(44). El denunciante manifestó la existencia de vínculos directos e indirectos de los concejales denunciados con las organizaciones privadas beneficiarias de los auxilios.

4.1.6. El Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal Ambulante, mediante providencia de 24 de marzo de 1992(45), decretó la detención preventiva de los señores Juan Martín Caicedo Ferrer y Marcela Airó de Jaramillo, como presuntos responsables del delito de peculado por apropiación. En consecuencia, ordenó la suspensión temporal e inmediata de sus cargos y el embargo de sus bienes. Fundó así el juez la privación de la libertad de la señora Airó de Jaramillo:

“De acuerdo a lo hasta ahora considerado, encontramos que se dio una efectiva apropiación, sin derecho, de un dinero perteneciente al tesoro distrital que estaba bajo la administración y custodia de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ello es, que se dio desposesión o pérdida del poder de disponibilidad que tenía el Distrito Especial sobre un dinero del cual se sirvieron funcionarios públicos con el ánimo de señor y dueño y con suficiente conocimiento de que obraban abusivamente y contrariando la ley.

Y es que no queda duda de que tanto el señor alcalde mayor, como su secretaria de hacienda, habiendo conocido tantos antecedentes de la ilegalidad de los auxilios, bien habían podido abstenerse a decretar los aportes, subvenciones, y ayudas financieras y en especial cuando estos estaban destinados para los mismos concejales de Bogotá, tal como se desprende de los decretos 441, 444, 446, 455, 470 entre otros, donde aparecen los nombres de concejales o familiares de estos recibiendo aportes por sumas millonarias. Como también que muchas de las entidades a las que les concedían dinero ni eran útiles, ni benéficas y mucho menos contribuían al desarrollo de Bogotá (…)” (se destaca).

4.1.7. La orden de detención se hizo efectiva el día 29 de marzo de 1992 según se advierte en la solicitud presentada en el año 1993 por la actora para ser dejada en libertad por vencimiento de términos(46), la cual fue acogida por la Fiscalía General de la Nación(47).

4.1.8. Dicha decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en decisión de 5 de mayo de 1992(48).

4.1.9. Mediante proveído de 25 de junio de 1992, el mismo despacho judicial resolvió conceder la libertad provisional y caucionada a la señora Marcela Airó de Jaramillo y a los demás sindicados, ante un reintegro parcial de dinero de las entidades beneficiarias de los subsidios y dada la colaboración de los implicados(49). Dicha orden se hizo efectiva el mismo día, como se advierte en copia auténtica de la boleta de libertad expedida para el efecto(50).

4.1.10. Al asumir el caso, la entonces recién creada Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Unidad de Investigaciones Especiales ordenó revocar el beneficio de libertad provisional concedido a la señora Marcela Airó de Jaramillo y, en su lugar, ordenar su detención inmediata(51). Dicha orden se hizo efectiva el 28 de enero de 1993, día en que la señora Airó se presentó ante la Fiscalía como consta en la solicitud de libertad presentada por la actora, por haber cumplido 180 días de privación de la libertad(52).

4.1.11. Decisión confirmada, mediante proveído de 26 de julio de 1993 por la Unidad de fiscalías delegadas ante los Tribunales Superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca(53).

4.1.12. No obstante, en respuesta a la solicitud de libertad elevada por la actora por haber transcurrido 180 días sin que hubiera sido calificado el mérito del sumario, fue dispuesta su libertad, mediante providencia de 28 de abril de 1993, la cual se hizo efectiva el mismo día, según se observa en la orden de libertad allegada por la Fiscalía General a la Escuela de Comunicaciones Ejército Naciona(54).

4.1.13. Finalmente, mediante providencia de 29 de mayo de 1997, la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la Nación decidió calificar el mérito del sumario, con preclusión de la investigación adelantada en contra de la señora Marcela Airó de Jaramillo. Para sustentar la decisión consideró el ente investigador:

Los cargos son dos:

1.1. Haber firmado como Secretaria de Hacienda los decretos 522 del 21 de agosto, 592 del 17 de septiembre y 740 del 30 de octubre de 1991 (...).

Pues bien, atendiendo a las diferentes posiciones jurisprudenciales sentadas por la Corte Suprema de Justicia, el 1º de junio de 1993 y el 19 de noviembre de 1996, debe decirse que no aparece un caso plenamente demostrado de desviación o utilización indebida de dineros facilitada por gestión dolosa o culposa de la doctora Airó de Jaramillo, por el contrario, se encuentra que su comportamiento fue muy diligente y muy activo en el sentido de buscar que el gasto tuviera soporte legal, por ello participó en reuniones realizó consultas, con el único objetivo de evitar que su conducta contrariara la ley.

Tampoco puede olvidarse que la sindicada, acató las órdenes impartidas por el alcalde mayor, y no tuvo por tanto un poder decisorio o determinante, pues toda su labor estuvo encaminada a desarrollar las instrucciones del alcalde (…).

1.2. Haber sugerido auxilios administrativos, en vigencia del Acuerdo 25 de 1990 (…).

No existe en el expediente ninguna prueba que acredite el vínculo entre la doctora Marcela Airó de Jaramillo y la fundación sugerida, por lo que se precluirá la investigación por este motivo (...) (se destaca).

4.1.14. Así las cosas, se acreditó durante el proceso que la señora Marcela Airó de Jaramillo estuvo privada de la libertad en el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 25 de junio de 1992 y desde el 28 de enero hasta el 28 de abril de 1993, esto es, por un tiempo total de 178 días y que, 5 años después de su detención preventiva, la investigación fue precluida por no obrar prueba que acreditara su autoría del delito que se investigaba.

4.1.15. De otra parte, se acreditó ampliamente que la noticia de la investigación y posterior privación de la libertad de la señora Airó de Jaramillo, fue de conocimiento público y contó con amplia cobertura de la prensa a nivel nacional(55), y que durante dicho periodo, la madre de la señora Marcela Airó de Jaramillo se encontraba enferma en estado terminal, con lo cual su hija no pudo asistirle ni acompañarle de manera adecuada durante dicho periodo, y sólo pudo visitarle de manera ocasional, lo cual se encuentra ampliamente acreditado mediante prueba testimonial. Entre otras, declaró la señora Blanca Elvira Cubillos, quien se desempeñaba como empleada doméstica de la referida señora:

“(...) la mamá [de la señora Airó] enfermó y comencé a trabajar solamente con la mamá de la Sra. Marcela, estuve 4 meses prácticamente en el momento terminal de ella porque ella tenía una enfermedad terminal, ahí fue donde la señora Marcela estaba detenida, con la mamá enferma, le daban permiso para venir ciertas horas, con personas que la cuidaban ahí, frente a la mamá, la mamá preguntaba por ejemplo quienes eran esas personas, o porqué estaba ahí, había que mentir un poco puesto que ella no podía recibir una mala noticia, esos momentos para ella fue terrible (sic) porque ella quería estar siempre al lado de su mamá , el momento más difícil era cuando a ella le decían que tenía que irse, ella decía “mi mamá amanecerá viva o mañana ya no la encontraré”, lloraba, se golpeaba y así permanecía todos los días en ese drama (...)”(56).

4.2. El daño antijurídico y su imputabilidad a las demandadas.

4.2.1. De los hechos probados en el proceso, colige la Sala que le asiste razón al recurrente en los argumentos esgrimidos en la apelación, toda vez que la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General efectivamente le ocasionaron un daño a la señora Marcela Airó de Jaramillo que no tenía por qué soportar, consistente en la privación de su libertad por un lapso de 178 días. Esto es así porque el ente investigador —inicialmente la Rama Judicial y posteriormente la Fiscalía General de la Nación— no acreditó la responsabilidad penal de la encartada, por lo que, para la Sala, es claro que no cometió el ilícito de peculado por apropiación por el que se le privó de la libertad, lo que hace responsable al Estado por los perjuicios causados, en los términos de los artículos 90 constitucional(57), 65(58) y 68(59) de la Ley 270 de 1996, y del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(60), vigente a la fecha de los hechos.

4.2.2. Daño este también causado a su esposo, hijos y hermanos afecto que los vincula, de manera que los perjuicios se tasarán en el acápite respectivo.

4.2.3. De manera que no le asiste razón al tribunal a quo en cuanto desestima la responsabilidad estatal, fundado en que “(…) aunque se precluyó la investigación, los hechos denunciados como ilícitos por el señor Carlos Alonso Lucio revestían gravedad al punto de llegar a tornarse en punibles, en la medida que existían fundamentos serios y conceptos de autoridades de los cuales se deducía la ilicitud de las conductas, por lo que la actividad desplegada por el Juez de Instrucción y luego por la Fiscalía, se acomodó en ese momento a las normas procesales vigentes, que exigían únicamente la existencia de un indicio grave en contra del sindicado y que el hecho ilícito tuviera una pena superior a dos años, presupuestos que ampliamente se configuraron en este caso”. A contrario sensu, de lo antes transcrito, está demostrado que la absolución de la señora Airó de Jaramillo se dio por no encontrar elementos que llevaran a concluir su autoría en los hechos investigados como concluyó la Fiscalía en la resolución que calificó el mérito del sumario.

4.2.4. Es de notar y de ahí la discrepancia con el tribunal de primer grado, que cuando no se demuestra la responsabilidad no queda sino concluir que la presunción de inocencia se mantiene incólume, en virtud del artículo 29 de la carta, sin que pueda trasladarse al procesado la carga de desvirtuarla y, en esta medida, no hay diferencia en afirmar que se demostró la inocencia o que no se probó la autoría de la conducta.

4.2.5. De manera que impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de la señora Airó de Jaramillo, como autora del delito de peculado por apropiación y dado que no se demostró su responsabilidad penal, se precluyó la investigación —habida cuenta de que no se encontraron elementos que comprometieran su responsabilidad en los hechos investigados—, no cabe duda que la cautela restrictiva de la libertad padecida por la referida señora fue injusta, pues no ejecutó el hecho delictivo y no participó en él, de donde no tenía que soportar la restricción de la libertad y las consecuencias que de ello se derivan.

4.2.6. Afirmar, como lo hizo el a quo, que los ciudadanos deben soportar detenciones preventivas, como consecuencia normal del deber que tiene la Fiscalía General de la Nación de investigar la comisión de hechos ilícitos, deviene en inadmisible, dado que se trata de una carga inaceptable en cuanto desproporcionada, irrazonable y contraria a la presunción de inocencia. En efecto, la libertad, como derecho fundamental de primerísimo orden, no puede considerarse como un bien del que el Estado pueda disponer injustificadamente.

4.2.7. Al respecto, cabe recordar el precedente citado por esta Sala en sentencia del 29 de marzo de 2012:

“(...) La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estadoa voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”(61) —se destaca—.

4.2.8. En consecuencia, el daño antijurídico sufrido por los demandantes es imputable a la Rama Judicial, entidad que a través del Juez 23 de Instrucción Criminal Ambulante, ordenó la detención preventiva y posterior libertad provisional de la señora Airó de Jaramillo por un lapso de 87 días (49% del tiempo de privación) y también a la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de la cual, la actora permaneció detenida preventivamente 91 días (51% del tiempo de privación) y que, finalmente precluyó la investigación ante la falta de prueba incriminatoria.

4.2.9. Así las cosas, procede la Sala a liquidar los perjuicios debidamente acreditados en el expediente.

5. Los perjuicios a indemnizar.

5.1. Perjuicios morales.

5.1.1. De las copias trasladadas del proceso penal se destaca que la señora Marcela Airó de Jaramillo estuvo privada de la libertad —injustamente según se estableció ut supra— por un lapso de 178 días, esto es, 5,93 meses.

5.1.2. En este orden de ideas, es menester señalar, como primera medida, que para la cuantificación del pretium doloris con el cual se pretende compensar el dolor padecido por los accionantes durante el tiempo en que se encontró detenida, no se acudirá a los gramos oro como lo solicitó el demandante, sino a salarios mínimos mensuales legales como se viene sosteniendo por esta corporación, a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, proferida dentro de los procesos acumulados 13.232 y 15.646, por lo cual, se continuará con el criterio fijado por el tribunal de primera instancia.

5.1.3. En segundo lugar, se tiene que, en relación con la acreditación del dolor moral padecido por la detenida y de la cuantía del perjuicio, con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometida por el término de 178 días o 5,93 meses, si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros que operan como criterios orientadores para liquidar las condenas por daño morales, los mismos pueden variar —ser incrementados o disminuidos— según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del padecimiento(62). En efecto, las pautas jurisprudenciales en la materia constituyen una guía, ante la dificultad de fijar reglas para gobernar una valoración que no las admite y precisamente por ello, si el caso concreto lo amerita, el juez se deberá apartar y condenar por montos superiores a los tradicionalmente empleados. En todo caso, es claro que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse, razonablemente, que todo aquel privado de la libertad, padeció una afección de orden moral por la detención sufrida que debe ser indemnizada(63).

5.1.4. Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala acoge la unificación adoptada por la Sección acorde con reglas de la experiencia que se tomarán como guía en la tasación del perjuicio moral(64), tanto para indemnizar a la víctima directa como a sus parientes cercanos, dado el dolor a todos ellos causados por la privación injusta de la libertad. Señaló la Sala que en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, la indemnización ascendería al valor equivalente a 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, a 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv; iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv; v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses, pero no sea mayor a 6, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv; vi) si la medida supera 1 mes e inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

5.1.5. Es de anotarse que, en el presente caso, se encuentra probada una circunstancia especial que hizo más gravosa la privación de la libertad de la señora Airó, consistente en la enfermedad terminal sufrida por su madre, hecho que se encuentra ampliamente probado en el sub lite, a través de los testimonios rendidos en el mismo sentido por los señores Blanca Elvira Cubillos(65), Héctor Echeverri Correa(66) y Luz Stella Aristizabal Murcia(67). En ese orden de ideas, se reconocerá el valor de 55 smmlv como indemnización por concepto de privación injusta de la libertad para la víctima, Marcela Airó de Jaramillo.

5.1.6. En relación con los perjuicios morales para el señor Carlos Alberto Jaramillo Uribe, esposo de la señora Marcela Airó de Jaramillo, para sus hijos comunes José David, Nicolás y Laura, y para sus hermanos Amparo y Pablo Airó Bello, la Sala comparte la tesis de la parte demandante, según la cual se puede inferir que la detención de un sujeto es sufrida moralmente por su núcleo familiar, conformada por su esposa e hijos, así como por sus hermanos, cuya relación de parentesco y civil se encuentra acreditada en el expediente. Afectación emocional que se ve corroborada por los testimonios de los señores Elsa Porras Rojas(68), Blanca Elvia Cubillos Alayón(69), Héctor Echeverri Correa(70), Doris Ángel Villegas(71), entre otros. Así las cosas, en observancia del criterio de indemnización señalado, ordenará la Sala el pago de una indemnización equivalente a 50 smmlv tanto para el señor Carlos Alberto Jaramillo Uribe, como para cada uno de sus hijos José David, Nicolás y Laura Jaramillo Airó y de 25 smlmv la para cada uno de sus hermanos Amparo y Pablo Airó Bello(72).

5.2. Perjuicios por lesión a los derechos a la honra y buen nombre.

5.2.1. Ahora, los demandantes pretenden, además, el reconocimiento de los daños “al buen nombre personal y familiar y a la honra y reputación”(73), que aducen les fueron causados, en razón de la privación injusta de que fue víctima la señora Marcela Airó de Jaramillo, con fundamento en el cubrimiento mediático de la noticia de su detención preventiva por su presunta participación en actos de corrupción, el cual se encuentra abundantemente probado en el plenario(74). No obstante y sin perjuicio de las noticias y publicaciones de prensa, emitidas con ocasión de la privación injusta de la libertad padecida, no reposa en el plenario prueba alguna que permita concluir que las entidades demandadas propiciaron la afectación reclamada, razón por la cual no puede imputársele el daño que, según los demandantes, la difusión de la información les causó, como quiera que fueron los medios los que hicieron las publicaciones y, en este orden, los que estarían llamados a responder.

5.2.2. Ha de destacarse que los medios tienen el deber de informar y la responsabilidad de ejercer el control del poder político y, ante la sospecha de probables delitos cometidos por servidores públicos, no pueden esperarse a tener elementos de juicio totalmente robustos, pues su rol devendría inane. Esto supone juzgar de modo menos estricto el nivel de veracidad y de imparcialidad que debe garantizar la información emitida.

5.2.3. Vale traer a colación los principales lineamientos sentados por la Corte Constitucional cuando se presenta un conflicto entre el derecho a la información y los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad. En términos generales, le ha dado la Corte prelación al derecho de información, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación. Ha dicho la Corte(75):

“Del reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una función importantísima para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades estatales —y de los poderes privados—. Si se impusieran fuertes restricciones sobre la prensa en estas áreas se perjudicaría en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos poderes.

No desconoce la Corte que la referida amplitud de la libertad de prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las personas que se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No obstante, en principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su situación social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos derechos. En efecto, su papel de figuras públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la sociedad.

El hecho de que, en general, no haya lugar a un reproche constitucional por la publicación de artículos o de información relacionados con la actitud y desempeño políticos de [las autoridades públicas], no significa que cualquier tipo de aproximación periodística —y todo tipo de publicación— sobre estos temas sea constitucionalmente aceptable.

El artículo 20 de la Constitución acoge una diferenciación, que es aceptada en la doctrina y la jurisprudencia de otros países, y que es importante de atender cuando se trata sobre la actividad que realizan los medios de comunicación. Así, mientras que, por un lado, el artículo establece la libertad de expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por el otro se señala que existe libertad para informar y recibir información veraz e imparcial. La primera libertad se refiere al derecho de todas las personas de comunicar sus concepciones e ideas, mientras que la segunda se aplica al derecho de informar y de ser informado sobre los hechos o sucesos cotidianos.

Las dos libertades reciben un trato distinto: así, mientras que la libertad de expresión prima facie no conoce límites, la libertad de informar está atada constitucionalmente a dos condiciones, a saber: la veracidad y la imparcialidad. La explicación del desigual tratamiento de estas dos libertades salta a la vista: en una sociedad democrática y liberal no se puede impedir que cada cual tenga y exponga sus propias opiniones, pero algo diferente es que exponga hechos que no corresponden a la realidad o que suministren una versión sesgada de ella, induciendo así a engaño a los receptores de información.

La mencionada peculiaridad del derecho a la información ha conducido a la Corte a definirlo como un derecho de doble vía.

La definición en cada caso concreto de lo que es veraz puede arrojar muchas dificultades. Aun cuando en algunas situaciones se podrá concluir fácilmente que una información no es veraz, en un buen número de casos pueden existir diferentes apreciaciones sobre una noticia. Pero más aún, en muchos eventos puede ser imposible para el informador determinar con precisión si el hecho que llega a su conocimiento es absolutamente cierto o no. Si en este último caso se aplicara una noción absolutamente estricta de veracidad se podría paralizar la actividad investigativa de los medios de comunicación, con lo cual se afectaría en forma fundamental su labor de control de las instancias de poder.

La aplicación del principio de veracidad difiere según la situación de que se trate. En algunos casos se puede ser muy estricto en la exigencia de la verdad —puesto que se advierte que lo publicado difiere notoriamente de los hechos reales, como ocurre, por ejemplo, cuando un medio manifiesta que sus afirmaciones se fundamentan en documentos emitidos por una entidad determinada, y ésta demuestra que sus escritos expresaban todo lo contrario—, en otros casos lo que se puede exigir es que el medio precise su información —cuando, por ejemplo, la información suministrada en sí misma es cierta, pero hace caso omiso de algunos elementos, cuya presencia le otorga un cariz completamente distinto a la noticia—, y en otros, en los que es imposible determinar la total veracidad de un suceso, que el medio demuestre que ha sido suficientemente diligente en la búsqueda de la verdad.

Es, fundamentalmente, en estos dos últimos eventos en los que el medio debe dar muestras de su imparcialidad. De acuerdo con este principio, el periodista debe guardar cierta distancia respecto de sus fuentes y no aceptar de plano, de manera irreflexiva, todas sus afirmaciones o incriminaciones. Por el contrario, las informaciones que le sean suministradas por ellas deberán ser contrastadas con versiones distintas sobre los mismos hechos, de parte de los implicados o de personas conocedoras de la materia que se debate. Asimismo, el comunicador deberá cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias y prejuicios afecten su percepción de los hechos” (se destaca).

5.2.4. A partir de lo expuesto es posible concluir, en relación con los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, que quien asume un cargo en el servicio público se expone —de modo voluntario—, a ser objeto de enjuiciamiento por parte de la sociedad, con lo cual deja de lado al menos una parte de la esfera tutelada constitucionalmente. En esta medida, el funcionario público ha de estar en disposición de aceptar y soportar ataques que no estaría obligado a tolerar en el ámbito privado, pues, aunque sus derechos a la honra y al buen nombre deben ser respetados, el margen de protección en relación con quienes prestan un servicio público disminuye sensiblemente al estar en juego la defensa del interés público y del bien de la comunidad. Lo anterior, se ve reforzado con el hecho de que la señora Airó se ubicó laboralmente una vez quedó en libertad, en donde, según se acreditó en el plenario, contó con ingresos salariales superiores a los devengados en su posición de Secretaria de Hacienda del Distrito. En consecuencia, la sala negará la indemnización por los daños al buen nombre y la honra solicitados.

5.3. Perjuicios por alteración de las condiciones materiales de existencia.

5.3.1. Solicitan los demandantes, que se indemnice el daño derivado de los “daños a la vida y a sus condiciones materiales de existencia”. Al respecto, observa la Sala en los testimonios allegados, que se hace alusión a que el hijo menor de la demandante vio alterado su rendimiento académico como consecuencia de la angustia y nerviosismo derivado de la detención de su madre; sin embargo, no obra prueba técnica que indique que dicha afectación moral se trasladó a un plano psicológico o social que le impidiera continuar con su vida, razón suficiente para descartar la ocurrencia del perjuicio reclamado, pues en esa medida, no sería distinto del daño moral que ya ha sido reconocido y cuya indemnización ordenará la Sala.

5.4. Perjuicios materiales.

5.4.1. Lucro cesante.

5.4.1.1. En relación con el perjuicio patrimonial derivado de la privación de la libertad, en la modalidad de lucro cesante, se acreditó en el expediente que la señora Airó devengaba para el momento de los hechos, una asignación básica de $338.711 mensuales y gastos de representación por la suma de $579.945, según certificó la Alcaldía de Bogotá(76), los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, son factor salarial. Así mismo se acreditó que para la vigencia fiscal inmediatamente anterior a la privación de la libertad (con fundamento en el mismo salario), devengó la suma de $2.495.654 por concepto de prestaciones sociales(77), monto que se tendrá en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la actora derivado de la sumatoria del salario y las prestaciones sociales(78). Así las cosas, se tiene que el salario promedio de la actora para dicho periodo ascendió a $1’126.627(79), el cual se traerá a valor presente, con fundamento en la siguiente fórmula:

 

1999-01347 formula a
 

 

En donde,

R = Renta histórica

Ipc(f) = Índice de precios al consumidor del momento de la sentencia

Ipc (i) = Índice de precios al consumidor del momento en que ocurrió la privación de la libertad.

 

1999-01347 formula b
 

 

5.4.1.2. Así mismo, se acreditó que en el período comprendido entre el 7 de septiembre de 1992 y el 6 de diciembre de 1994, la señora Airó de Jaramillo se encontró vinculada laboralmente al Banco Tequendama, y devengaba un salario integral de $2.000.000 al momento de su vinculación(80), el cual se traerá a valor presente a partir del momento en que la señora Airó fue detenida por segunda vez, así:

 

1999-01347 formula c
 

 

5.4.1.3. En cuanto al tiempo a ser indemnizado, se calculará en dos partes según las condiciones de cada periodo de privación de la libertad a indemnizar, teniendo en cuenta que la actora fue detenida preventivamente en dos ocasiones.

5.4.1.4. El primer periodo de indemnización va desde el 30 de marzo de 1992, fecha en la cual fue proferido el Decreto 170 de 1992(81), por medio del cual se suspendió a la señora Airó en el ejercicio del cargo y, habida cuenta que se acreditó que la señora Airó se vio obligada a renunciar el 1º de junio de 1992 como consecuencia de su privación de la libertad, se considera procedente extender dicho período hasta el día 7 de septiembre de 1992, día en que la actora se vinculó al cargo de Gerente de Proyectos Especiales del Banco Tequendama. Es decir, se indemnizará un periodo de 158 días (5,3 meses), con base en la renta actualizada correspondiente al salario promedio devengado en su cargo de Secretaria de Hacienda de Bogotá ($8’430.850,5), como se advierte ut supra.

5.4.1.5. El segundo periodo de privación de la libertad, comprendido entre el 28 de enero y el 28 de abril de 1993, será indemnizado con fundamento en la renta actualizada correspondiente al salario promedio devengado en su cargo de Gerente de Proyectos Especiales del Banco Tequendama. No se liquidará tiempo alguno posterior, pues, como se advierte en la certificación laboral de la empresa referida, la actora se encontró vinculada hasta el año 1994(82). En tal virtud, el periodo a indemnizar es de 91 días (3,03 meses), con una renta actualizada de $12’715.083,7, según liquidación expuesta ut supra.

5.4.1.6. Así las cosas, acudiendo a la fórmula de lucro cesante consolidado, tenemos que:

 

1999-01347 formula d
 

 

5.4.1.7. Entonces, para el primer periodo de indemnización, siendo “S” el total del lucro cesante que se averigua, “Ra” el monto mensual actualizado que se devengaba ($8’430.850,5), “i” el interés mensual que civilmente se tasa en 0.004867, “n” el tiempo en meses que se liquida (5,3 meses), y el valor constante “1”, el cálculo nos arroja:

 

1999-01347 formula e
 

 

5.4.1.8. A su vez, para el segundo periodo de indemnización, siendo “S” el total del lucro cesante que se averigua, “Ra” el monto mensual actualizado que se devengaba ($12’715.083,7), “i” el interés mensual que civilmente se tasa en 0.004867, “n” el tiempo en meses que se liquida (3,03 meses), y el valor constante “1”, el cálculo nos arroja:

 

1999-01347 formula f
 

 

5.4.1.9. Así las cosas, la Sala ordenará el pago de la suma de ochenta y tres millones ochocientos noventa y dos mil quinientos trece pesos ($83’892.513) a la actora, a título de indemnización del lucro cesante consolidado.

5.4.2. Daño emergente.

5.4.2.1. En relación con la indemnización por daño emergente reclamada, por cuenta de “los gastos propios y que tuvo que hacer su familia para atender todos los gastos y costos que implicó su defensa en la investigación”, en el dictamen pericial se hace alusión al pago de la suma de treinta millones de pesos por concepto de defensa judicial en los procesos fiscal y disciplinario, y penal que le fueron adelantados, a los abogados Alejandro Vélez Múnera y Álvaro Orlando Pérez Pinzón, según certificaciones que le fueron aportadas por la parte actora al perito, las cuales, sin embargo, no obran en el expediente. Así las cosas, se denegará lo solicitado en este respecto por no haber sido probado por los medios probatorios adecuados (certificaciones, contratos, facturas y otros) el pago del monto alegado.

6. Se condena solidariamente, es decir, cualquiera de las entidades demandadas a elección del demandante pagará el 100% y podrá repetir contra la otra.

6.1. Opera, en el sub judice, la solidaridad en el pago de la obligación, teniendo en cuenta que la privación injusta de la libertad, padecida por el procesado desde el 29 de marzo hasta el 25 de junio de 1992, resulta imputable —de manera directa— a la Rama Judicial. Empero desde que la Fiscalía revocó el beneficio de libertad provisional concedido a la encartada y, específicamente, desde el 28 de enero de 1993 —día en que la señora Airó de Jaramillo se presentó voluntariamente ante la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía—, es dable inferir que la libertad se mantuvo restringida por cuenta del ente acusador hasta el 28 de abril siguiente, fecha en que la implicada accedió —de nuevo— a la libertad provisional.

6.2. Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación asumirá, en un 51%, el pago de la totalidad de los perjuicios acreditados y la Rama Judicial lo hará en un 49%.

6.3. Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las entidades demandadas pagará el monto total de la condena y, posteriormente, podrá repetir contra la otra para que, de conformidad con lo expuesto en este punto, le reembolse la suma que en derecho corresponde.

7. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 6 de mayo de 2004, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró la falta de legitimación por pasiva de la Nación-Rama Judicial y se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. En consecuencia, DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación-Rama Judicial y a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad padecida por la señora Marcela Airó de Jaramillo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR solidariamente a la Nación-Fiscalía General y Rama Judicial de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

A la señora Marcela Airó de Jaramillo, en su calidad de víctima, la suma de 55 smlmv al momento del pago de la sentencia.

Para el señor Carlos Alberto Jaramillo Uribe, en calidad de esposo de la afectada, la suma de 50 smlmv al momento del pago de la sentencia

Para cada uno de los señores José David, Nicolás y Laura Jaramillo Airó, hijos de la víctima la suma de 50 smlmv al momento del pago de la sentencia.

Para cada uno de los señores Amparo Airó Bello o Amparo Airó de Stendall y Pablo Airó Bello, hermanos de la víctima, la suma de 25 smlmv al momento del pago de la sentencia.

4. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación al pago de la suma ochenta y tres millones ochocientos noventa y dos mil quinientos trece pesos ($83’892.513) a la actora, a título de indemnización del lucro cesante consolidado.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. disponer que la entidad que pague el 100% de la condena a elección del demandante tenga derecho a repetir contra la otra en el monto que corresponda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia (subtítulo 6º, título II — Consideraciones de la Sala).

7. Sin condena en costas.

8. La Nación-Fiscalía General de la Nación, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

10. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(20) Folio 322 a 370 ibídem.

(21) Obrante en los cuadernos 7 a 12 y 14 a 16 del expediente.

(22) Si bien en el oficio remisorio se advierte que “en esta unidad [de delitos financieros de la Fiscalía General de la Nación] no reposan los cuadernos originales de la actuación del sumario 3”, por lo cual “sólo se certifica que dichas copias corresponden a las encontradas en esta unidad”, se tendrán por auténticas en tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que tendrán validez las copias tomadas de copias auténticas autorizadas por director de oficina administrativa, previa orden judicial; como acaeció en el caso sub lite.

(23) Folio 36 del cuaderno principal.

(24) Folio 40 ibídem.

(25) Folio 39 ibídem.

(26) Folio 38 ibídem.

(27) Folio 28 ibídem.

(28) Folio 37 ibídem.

(29) Folio 55 ibídem.

(30) Es de anotar que en los registros civiles de los señores Amparo, Pablo y Marcela Airó, aparecen inicialmente registrados con el apellido “Arveras” y no “Airó”. Sin embargo, en todos los documentos aparece anotación con el cambio de apellidos anotado, por lo cual, concuerdan con el registro civil de matrimonio y los registros civiles de sus hijos José David, Nicolás y Laura.

(31) Al respecto ver: hechos 8.7 a 8.11 de la demanda visibles a folios 15 y 16 del cuaderno principal.

(32) Al respecto ver: hechos 8.11 a 8.13 de la demanda.

(33) En el precedente jurisprudencial es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe computarse desde “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”. Para el caso concreto, el auto que ordenó la preclusión de la investigación en contra de la señora Marcela Airó, quedó ejecutoriado el día 13 de junio de 1997, y la demanda en el caso sub examine fue presentada el día 13 de mayo de 1999, por lo cual no se había cumplido el término de dos años de caducidad de la acción consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

(34) Derogado por la Ley 600 de 2000 y vigente para la época de los hechos.

(35) Sentencia de 15 de septiembre de 1994, expediente 9.391.

(36) Sentencias de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168 y de 2 de mayo de 2001, expediente: 15.463.

(37) En sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 19.312, se dijo: “…la Sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no existió, el investigado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa”.

(38) Sentencia de ésta misma Subsección, proferida el 6 de abril de 2011 dentro del expediente 19.225, con ponencia de la doctora Conto Diaz del Castillo.

(39) Folio 75 a 120 del cuaderno 7.

(40) Folio 492 a 496 del cuaderno 4.

(41) Folio 70 a 73 ibídem.

(42) Folios 200 a 205 ibídem.

(43) Folio 5 a 9 ibídem.

(44) Folio 73 a 77 ibídem.

(45) Folio 92 a 105 cuaderno 3

(46) Folio 704 del cuaderno 5

(47) Si bien, no obran en el expediente las boletas de captura de la señora Airó o certificaciones emanadas del Instituto Nacional Penitenciario, que ilustren la fecha exacta en que inició su privación de la libertad, la aceptación por parte de la Fiscalía General de las fechas de privación por ella indicadas al momento de solicitar la libertad por cumplimiento de 180 días de detención, hecho acreditado en el proceso, configuran un indicio fuerte, el cual tiene valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 y 248 a 250 del Código de Procedimiento Civil.

(48) Folios 201 a 233 ibídem.

(49) Folios 141 a 144 ibídem.

(50) Folios 20 del cuaderno 8.

(51) Folio 234 a 410 del cuaderno 3

(52) Folio 704 del cuaderno 5. Hecho que se tendrá por probado como se indicó en nota al pie 47 ut supra.

(53) Folio 431 del cuaderno 4.

(54) Folio 705 del cuaderno 5.

(55) Al respecto, obran en el cuaderno 2 (en 166 fls.), recortes de prensa de los periódicos La República, El Siglo, La prensa, El Espectador, El Tiempo del primer semestre de 1992, en los cuales se cubre la noticia de la detención del entonces Alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer, y su Secretaria de Hacienda, Marcela Airó de Jaramillo.

(56) Folios 92 a 94 del cuaderno 13. En el mismo sentido, obran los testimonios de Héctor Echeverri Correa (fls. 95 a 98) y Luz Stella Aristizabal Murcia (fls. 101 a 104).

(57) Constitución Política de Colombia, artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)”.

(58) Ley 270 de 1996, artículo 65. “De la responsabilidad del estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

(59) Ley 270 de 1996, artículo 68. Privación Injusta de la Libertad. “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

(60) Ley 270 de 1996, artículo 414. “Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(61) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo de 2012, radicación 1800123310001997000301, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(62) Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, expediente 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, expediente 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(63) Sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida dentro del expediente 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

(64) Sobre el particular, las subsecciones A y B, en la práctica han seguido un derrotero similar, en las sentencias del 30 de enero de 2013, expediente 23998 y del 13 de febrero de 2013, expediente 24296, M.P. Mauricio Fajado Gómez y del 29 de agosto de 2012 y del 28 de febrero de 2013, expediente 24093 y 24622, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth, buscando materializar unos estándares en la cuantificación del perjuicio moral, en atención a la relación tiempo - detención.

(65) Folios 92 a 94 del cuaderno 13.

(66) Folios 95 a 98 ibídem.

(67) Folios 101 a 104 ibídem.

(68) Folios 90 a 91 ibídem.

(69) Folios 92 a 94 ibídem.

(70) Folios 95 a 98 ibídem

(71) Folios 98 a 101 ibídem.

(72) En relación con la proporción indemnizatoria correspondiente por perjuicios morales a padres, esposos, hijos, hermanos, abuelos y otros familiares, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de septiembre de 2001, M.P. Alier Hernández Enríquez, Número interno 13232 - 15646.

(73) Esta Corporación ha sostenido que (i) el derecho al honor “tiene un doble carácter, que ha sido recogido acertadamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: el carácter subjetivo o inmanente y el carácter objetivo o trascendente. El primero viene determinado por la estimación que cada persona tiene de sí mismo. Mientras que el segundo de ellos consistiría en la estimativa que los demás hacen de nuestra dignidad. Con la delimitación de ese doble carácter, inmanente y trascendente, se pretende señalar que los ataques al honor se desenvuelven tanto en el marco interno de la propia intimidad personal y familiar, como en el ambiente social o profesional en el que cada persona se mueve”, (ii) la honra es la “estima y respeto de la dignidad propia (sentido subjetivo) y buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito (sentido objetivo)” y (iii) la fama “se define en un doble aspecto: como opinión que las gentes tienen de una persona, lo que conecta con la dimensión objetiva o social del honor, y como opinión que la gente tiene de la excelencia de un sujeto en su profesión o arte. Esta última significación nos lleva a la idea de ‘honor’ en el sentido de reputación profesional”. Sentencia del 9 de junio de 2010, C.P. Enrique Gil Botero, radicación n.° 52001-23-31-000-1997-08775-01(19283).

(74) Ver cuaderno 2.

(75) Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 1998.

(76) Folio 122 Op. Cit.

(77) Datos obtenidos por el perito designado para estimar el valor del perjuicio, según consta en el dictamen pericial obrante a folios 158 a 164 del cuaderno 13. Es importante indicar que si bien el dictamen pericial no fue objetado por las partes, no se tendrá en cuenta el valor arrojado por el mismo, habida cuenta que se liquidó el perjuicio por el periodo tiempo total de duración de la investigación, el cual no es concordante con el tiempo de privación, y dado que se probó que durante algún tiempo, mientras se adelantaba la investigación, la señora Airó contó con un empleo en el Banco Tequendama y posteriormente, en el banco Corfioccidente.

(78) En el caso concreto no se aplicará la presunción establecida en la jurisprudencia de la Sala que permite aumentar el monto del salario en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, toda vez que en el caso concreto está demostrado el monto devengado por dicho concepto en la vigencia fiscal anterior, con base en el mismo salario, con lo cual tal monto se tiene por probado, haciendo inane la aplicación de la presunción.

(79) Dicha cifra se obtiene de la multiplicación de los ingresos salariales anuales con el valor total de las prestaciones sociales divididos entre los doce meses del año.

(80) Folio 175 del cuaderno 13.

(81) Si bien, no obra copia de los actos administrativos mediante los cuales se suspendió en el ejercicio del cargo y se aceptó la renuncia de la señora Marcela Airó de Jaramillo, en el dictamen pericial se tiene en cuenta para el cálculo del periodo de indemnización copias simples de los mismos allegados por la parte actora, lo cual no fue objetado por ninguna de las partes. Dicha información es concordante con aquella consignada en la historia laboral de la señora Airó, certificada con menor detalle por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por lo que se tendrá como indicio en los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. Folio 159 ibídem.

(82) Obra a folio 175 del cuaderno 13, una certificación del Banco Tequendama, en donde consta que la señora Airó se encontró vinculada desde el 7 de septiembre de 1992 hasta el 6 de diciembre de 1994 en el Banco, con lo cual se entiende que se encontraba vinculada a dicha institución para el momento de su segunda privación de la libertad (de 28 de enero a 28 de abril de 1993), y que recuperó su empleo una vez quedó nuevamente en libertad.