Sentencia 1999-01358 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 68001-23-15-000-1999-01358-01(0088-09)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Diana Himer Rojas Tarazona

Demandado: Municipio de California-Santander

Autoridades municipales

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Aspectos procesales. El artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, dispone que serán consultables, entre otras, “las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses”.

Al entrar a desatar el grado de consulta en el asunto de autos, la Sala debe verificar previamente el cumplimiento de las formalidades plenas del proceso, especialmente, en este caso, la notificación de la demanda a quien tenía la calidad de Alcalde del municipio de California (Santander), dada su absoluta inactividad procesal.

Notificación de la admisión de la demanda a la entidad territorial. En el auto admisorio de la demanda de 23 de noviembre de 1999, se ordenó notificar al municipio de California, por conducto de su Alcalde, de acuerdo con lo previsto por el artículo 150 Código Contencioso Administrativo, para lo cual se comisionó al señor juez promiscuo de esa municipalidad.

Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto referido se libró el correspondiente despacho comisorio visible a folio 60.

El Juzgado Promiscuo Municipal de California, Santander, mediante el Oficio 034 de 29 de febrero de 2000, devolvió el despacho comisorio 002 Exp-99-1358 /F.P. debidamente diligenciado (fl. 62).

A folio 65 del expediente obra la notificación personal realizada al señor Alcalde del municipio de California, el día 29 de febrero de 2000, enterándose del contendido del auto de 23 de noviembre de 1999 y entregándosele copia del mismo, de la demanda y los anexos para el traslado.

No obstante lo anterior, la entidad demandada no contestó la demanda (lo cual se advierte por el secretario del tribunal en el oficio obrante a fl. 67); de igual forma se verifica que en las etapas subsiguientes del proceso la entidad territorial no compareció al mismo.

Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si es procedente declarar la nulidad del acto administrativo presunto y como consecuencia de dicha declaración acceder al reconocimiento y pago del reajuste salarial correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de abril de 1995 al 31 de diciembre de 1995 y de las prestaciones sociales reclamadas por la demandante, esto es, el reajuste de la prima de vacaciones, las vacaciones adeudas, el reajuste de la prima de navidad, las cesantías definitivas y la sanción moratoria.

Marco normativo y jurisprudencial

Del salario y las prestaciones sociales que percibe el personero municipal. En cuanto a la remuneración del personero La Ley 136 de 1994 en el artículo 177 dispuso:

“Salarios, prestaciones y seguros. Los salarios y prestaciones de los personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al presupuesto del municipio. La asignación mensual de los personeros, en los municipios y distritos de la categorías especial, primera y segunda será igual al cien por ciento (100%) del salario mensual aprobado por el concejo para el alcalde. En los demás municipios será igual al setenta por ciento 70% del salario mensual aprobado por el concejo para el alcalde.

Los personeros tendrán derecho a un seguro por muerte violenta, el cual debe ser contratado por el alcalde respectivo”.

La Corte Constitucional al estudiar la demanda de inconstitucional contra el anterior artículo, se refirió a la asignación mensual de los personeros municipales, en los siguientes términos:

“…, estima la Corte que si bien es procedente que el legislador establezca diferentes categorías de municipios, con fundamento en el artículo 320 de la Constitución, el cual le permite igualmente establecer distintas categorías de personerías y de personeros en consonancia con aquéllas, no es posible cuando se hace la categorización de los municipios, establecer diferenciaciones que no tengan una justificación razonable y objetiva. Así vemos, que la asignación mensual de los personeros en los municipios y distritos de las categorías especiales, primera y segunda será igual al ciento por ciento (100%) del salario mensual aprobado por el concejo para el alcalde. Sin embargo en los demás municipios será igual al setenta por ciento (70%) del salario mensual del alcalde, lo cual a juicio de la Corte no tiene un sustento serio, objetivo y razonable que justifique la diferenciación, pues no encuentra la razón para que con respecto a los municipios de las categorías especiales, primera y segunda la asignación del personero sea diferente en relación con el resto de los municipios”.

(…).

En razón de lo expuesto, por haberse violado el principio de igualdad la Corte declarará exequible la norma acusada, salvo las expresiones “en los municipios distritos de las categorías especiales primera y segunda” y “En los demás municipios será igual al setenta por ciento (70%) del salario mensual aprobado por el concejo para el alcalde”, que serán declaradas inexequibles.

(…).

RESUELVE: Declarar EXEQUIBLE el artículo 177 de la Ley 136 de junio 2 de 1994, salvo las expresiones “en los municipios y distritos de las categorías especiales primera y segunda” y “En los demás municipios será igual al setenta por ciento (70%) del salario mensual aprobado por el concejo para el alcalde”, que se declaran INEXEQUIBLES”.

De la anterior, exposición normativa y jurisprudencial es dable concluir que el personero municipal devenga como asignación básica el 100% de lo percibido por este concepto por el alcalde del municipio, sin importar la categoría de la entidad territorial en la cual preste su servicio.

Respecto de las prestaciones sociales, el personero está cubierto por el régimen aplicable a los servidores públicos del orden territorial, el cual era el que específicamente consagrará la ley, en los términos del Decreto 1333 de 1986, artículo 291, el cual establecía que: “El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos municipales será el que establezca la ley, que también. Dispondrá lo necesario para que, dentro del marco de su autonomía administrativa, los municipios provean al reconocimiento y pago de dichas prestaciones”.

La Ley 6ª de 1945 al ocuparse de tema prestacional no hizo alusión a la situación de los trabajadores del orden municipal o departamental, dado que señaló como destinatarios únicamente a los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, sin embargo, los decretos 2767 de 1945, 2567 de 1946 y la Ley 65 de 1946, extendieron algunos derechos prestacionales a los empleados del orden territorial.

Sólo por virtud del Decreto 1919 de 2002, se hizo extensible a los servidores públicos del orden territorial, el régimen prestacional señalado para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.

Así las cosas, debe analizarse la normatividad vigente que regía cada prestación para el período en el que se demanda su reconocimiento.

A cargo de quien está la obligación salarial y prestacional de los personeros.

Es preciso anotar que la Constitución Política define al Ministerio Público, en su artículo 117 en los siguientes términos: “El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control”.

Como función del Ministerio Público la misma Constitución dispone en su artículo 118 que:

“El Ministerio Público será ejercido por el Procurador Delegado de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegado y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas.

En consonancia con lo anterior, el capítulo 2 del título X de la Constitución regula en forma general las funciones del Procurador General de la Nación y del Defensor del Pueblo, defiriéndole a la ley la determinación de la estructura y funcionamiento de la Procuraduría, al igual que lo concerniente a la organización y funcionamiento de la Defensoría. Asimismo, en el artículo 281 ibídem se expresa categóricamente que, “…el Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público”.

Por su parte las funciones de los personeros fueron definidas por la Ley 136 de 1994, en su artículo 178.

A su vez debe señalarse que la Ley 136 de 1994 en el artículo 177 dispuso expresamente que los salarios prestaciones y seguros de los personeros correspondían a cargo del presupuesto del municipio y distritos(1).

Queda claro entonces que los personeros, delegados y funcionarios de la personería hacen parte de la estructura orgánica de la administración municipal, por consiguiente, sujetos al régimen de dichas entidades.

En ese orden, la demandante como funcionaria de la personería en calidad de personera del municipio de California, Santander, para el periodo de 22 de abril de 1995 al 28 de febrero de 1998 estaba sujeta a la administración municipal y en consecuencia su salario y prestaciones sociales se pagaban con cargo al presupuesto del municipio, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 136 de 1994 ya transcrito(2).

Así las cosas, en el evento en que se condene al pago de las prestaciones sociales adeudadas a la demandante, a quien corresponde cancelar es al municipio de California, Santander.

De lo probado en el proceso.

Del desempeño de la actora como personera del municipio de California, Santander. Obra en el expediente a folio 39 la certificación expedida por el Alcalde del municipio de California, en la que se verifica que la demandante se desempeñó como Personera del citado municipio en el periodo comprendido del 22 de abril de 1995 a 28 de febrero de 1998; de igual forma se encuentra en el expediente copia auténtica del acta de posesión del 22 de abril de 1995.

Del salario devengado por la demandante en su condición de personera municipal. A folio 40 se encuentra la certificación suscrita por la Secretaría del Concejo Municipal de California en la cual consta que el salario de la demandante para el año 1997 era de $ 900.000 mensuales y para los meses de enero y febrero de 1998 era de $ 1.047.000.

De otra parte se allegaron los comprobantes de nómina correspondientes a los meses julio, octubre, noviembre y diciembre de 1995 (fls. 8 y 9), en dichos comprobantes se encuentran, entre otros valores lo percibido por el alcalde por concepto de sueldo, prima de navidad, prima de vacaciones y gastos de representación, discriminados así:

CargoSueldoPrima de navidad Prima de vacaciones Gastos de Representación
Alcalde$ 440.000$ 440.000$ 220.000$ 135.000
Personera$ 308.000$ 308.000$ 154.0000

A folio 84 del expediente obra la certificación de 8 de febrero de 2000, suscrita por el tesorero del municipio de California (Santander) en la cual se consta que “Diana Himer Rojas Tarazona laboró… como personera municipal para el período comprendido de 22 de abril de 1995 hasta el 28 de abril de 1998 y se le adeudan las prestaciones sociales y viáticos los cuales se relacionan así:

AñoValorInteresesTotal
Cesantías 1995$ 575.000$ 68.958$ 644.958
Cesantías 1996$ 700.000$ 85.116$ 785.116
Cesantías 1997$ 900.000$ 109.000$ 1.009.000
Indemnización por vacaciones$ 700.000 $ 700.000
Retroactivo 1995$ 2.373.992 $ 2.373.992
Viáticos$ 48.000 $ 48.000
Total$ 4.778.992$ 264.0745.561.066

...”.

Del contenido de los certificaciones que se acaban de transcribir es dable concluir que a la personera del municipio de California, no se le pagó en el año 1995, de conformidad con la ley y el pronunciamiento de constitucionalidad del artículo 177 de Ley 136 de 1994, pues sólo se le reconoció el 70% del salario devengado por el alcalde del municipio.

De la configuración del acto presunto negativo. A folio 2 del expediente obra el escrito de fecha 30 de noviembre de 1998, radicado ante la alcaldía municipal el 3 de diciembre de la misma anualidad, a través del cual se solicitó la liquidación de las prestaciones sociales definitivas, correspondientes al periodo comprendido entre el 22 de abril de 1995 a 28 de febrero de 1998, así como el pago de las cuentas de cobro por concepto de “retroactivo de ocho meses de salario del año 1995, cuyo valor es de $ 2.373.992, indemnización de vacaciones de 1996, fotocopias, viáticos y transporte por resoluciones 4 de 1997, 1 de 1998 y 3 de 1998. (…)”.

La administración no dio respuesta al pedimento elevado por la actora, pues de ello no obra en el expediente, configurándose el silencio administrativo negativo el 3 de marzo de 1999.

En consecuencia atendiendo a la prueba documental recepcionada, es dable afirmar que el acto administrativo ficto demandado debe ser declarado nulo, pues quedó demostrado que a la señora Diana Himer Rojas Tarazona se le adeuda el reajuste salarial pues el pago mensual para el año 1995, específicamente para el periodo comprendido entre el 22 de abril y el 31 de diciembre de 1995 no fue el correspondiente al 100% del salario devengado por el alcalde municipal.

Corolario de lo anterior, las prestaciones sociales tampoco fueron liquidadas en debida forma y en virtud de ello hay lugar al restablecimiento del derecho solicitado sujeto a la prescripción que pasa a analizarse.

Sobre la prescripción de los derechos laborales, el término para que ocurra es de 3 años a partir del momento en que la obligación se haya hecho exigible pudiendo interrumpirse con la primera petición, que para el caso se demostró se elevó ante la administración el 3 de diciembre 1998 por tanto deberá tomarse esta última fecha como causal de interrupción del conteo del término prescriptivo.

Ahora bien, aclarado lo anterior pasará la Sala analizar si la demandante tiene derecho a percibir la diferencia salarial para el periodo comprendido de 21 de abril de 1995 al 31 de diciembre del mismo año y al reajuste de cada una de las prestaciones, esto es, la prima de navidad, indemnización por vacaciones, la prima de vacaciones y las cesantías definitivas.

Frente al primer planteamiento del problema jurídico referente al reconocimiento de la diferencia salarial adeudada a la personera por el período comprendido entre el 22 de abril de 1995 a 31 de diciembre de 1995, la Sala debe señalar que a la señora Rojas Tarazona efectivamente se le reconoció y pagó un salario inferior al que legalmente le correspondía para el año 1995, por ende tiene derecho al incremento del salario en un 30%, para llegar así al 100% de lo que debió percibir.

No obstante a que la demandante tiene el derecho al reajuste no es posible ordenar su pago por los meses de abril a noviembre de 1995 y 3 días del mes de diciembre de la misma anualidad por cuanto se encuentran prescritos. De esta manera el derecho al reajuste de salarios se ordenará por el periodo comprendido el 3 a 31 de diciembre de 1995, confirmándose en este punto la providencia consultada.

Referente a cada una de las prestaciones sociales reclamadas y a las que se accedió en la sentencia consultada, la Sala procede a su análisis en los siguientes términos:

El reajuste de la prima de navidad. Es importante que la Sala precise que la prima de navidad para el orden nacional estaba consagrada en el artículo 11 de la Ley 4ª de 1966 y los artículos 1º y 2º del Decreto 2922 de 1966, normas que señalan que esta prestación equivale a un mes de sueldo y que su pago se verifica el 30 de noviembre de cada año.

Nótese que se consagra para empleados nacionales y que tratándose de territoriales sólo se hizo extensiva luego de la vigencia del Decreto 1919 de 2002.

En consecuencia al no estar previsto este beneficio para los empleados del orden territorial durante el periodo reclamado su pago era improcedente. Ahora bien el que la entidad demandada la hubiera reconocido y cancelado no le da el derecho a la demandante a que este concepto se reliquide incluyendo el 30% del salario que no se le canceló oportunamente, puesto que no puede hablarse de una situación consolidada con justo titulo en razón a que como ya se dijo este reconocimiento no era procedente cancelarlo al no estar legalmente previsto para los empleados territoriales.

Por las razones expuestas, la Sala comparte el criterio del Ministerio Público en cuanto afirma que no se tiene derecho al reconocimiento de dicha prestación, y se aparta de lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia consultada.

Respecto a las vacaciones no disfrutadas por el servicio del 22 de abril de 1995 al 21 de abril de 1996, debe decirse que las vacaciones son el descanso remunerado al cumplimiento de un año de trabajo, la cual se puede indemnizar en el servicio público si estas no se pueden disfrutar o interrumpirse por razones del servicio.

Para el caso en comento, el municipio demandado certificó que se le adeudaban a la actora entre otros conceptos la indemnización por las vacaciones causadas por el período de 22 de abril de 1995 al 23 de abril de 1996, de lo cual sin lugar a dubitación se deduce que a la demandante le asiste el derecho a que se reconozca y pague la indemnización por el periodo reclamado teniendo como base el salario devengado por el alcalde en esta época.

Ahora bien, en relación con la prescripción de esta acreencia la Sala anota que la misma estaba vigente hasta el 23 de abril de 1999, es decir que al momento en que se elevó la petición en sede administrativa y se presentó la demanda que inició el presente proceso el derecho no se encontraba prescrito.

Por lo anterior, se confirmará la decisión del tribunal de reconocer a favor de la actora lo correspondiente a las vacaciones no disfrutadas por el servicio prestado entre el 22 de abril de 1995 al 21 de abril de 1996, se insiste tomando como base el 100% del salario devengado por el alcalde la época.

Liquidación de la prima de vacaciones. Revisado el asunto, la Sala encuentra que la denominada prima de vacaciones para el sector territorial, no estaba consagrada como prestación, y sólo vino a formar parte de los derechos de los empleados territoriales con la expedición del Decreto 1919 de 2002, como indicó el a quo.

Empero, la referida prima de vacaciones fue establecida en el artículo 25 del Decreto 1045 de 1978, pero sólo era aplicable para el sector nacional (art. 2º), es decir, que no se podía extender a la demandante dado su carácter de empleada del sector territorial, que se gobernaba por normas diferentes a las del nacional.

En consecuencia al no estar previsto esta prestación social como beneficio para los empleados del orden territorial durante el periodo reclamado la actora no tenía derecho a su reconocimiento y pago. Es decir, que no es procedente para la Sala ordenar su reajuste, pues se insiste esta prestación no se encontraba prevista en la ley.

Liquidación de las cesantías. Como ya lo precisó la Sección en sentencia del 19 de mayo de 2005, expediente 11001032500020020211 01 (4396-2002), al prohijar el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación 1393, consejero ponente Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, en el orden territorial el auxilio de las cesantías se encontraba regido, entre otras disposiciones por el literal a) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, artículo 1º del Decreto 2767 de 1945, artículo 1º del Decreto 2755 de 1966, artículo 1º de la Ley 65 de 1946, artículos 1º y 2º del Decreto 1160 de 1947, normatividad que consagraba un sistema retroactivo de liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías, las que, dicho sea de paso, no previeron el pago de intereses.

En el sistema retroactivo de las cesantías, aplicable a los empleados del orden territorial vinculados antes del 30 de diciembre de 1996, como ya lo ha precisado la Sala(3), se liquida con base en el último sueldo devengado lo que evita la depreciación del referido auxilio monetario.

A las personas vinculadas a partir del 31 de diciembre de 1996 se les aplica el sistema de liquidación anual con el manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías creados por la Ley 50 de 1990, lo que incluye el pago de intereses por parte del empleador. Para los servidores que se vinculen al Fondo Nacional de Ahorro rige la liquidación anual de cesantías y el pago de intereses por parte del fondo.

En el expediente no se probó que la demandante hubiese estado afiliada a alguno de esos fondos, pero sí que su vinculación ocurrió con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, como se ha dicho de forma reiterada.

Conforme a lo antes señalado y en virtud de que la liquidación retroactiva de cesantías se hace teniendo en cuenta el último salario devengado con sus respectivos intereses, se ordenará esta forma de liquidación para los años de 1995 a 1998. Esta liquidación se práctica, se insiste, teniendo en cuenta el reajuste salarial ordenado de conformidad al 100% de lo devengado por el alcalde municipal.

Ahora bien teniendo claro que las cesantías de la señora Rojas Tarazona deben liquidarse de forma retroactiva, dada su vinculación al ente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, se pasará analizar si le asiste el derecho a percibir la sanción moratoria establecida en el artículo 2 de la Ley 244 de 1996, el cual estableció:

“ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.

Esta Subsección, en la sentencia de 21 de mayo de 2009 proferida dentro del proceso radicado con el 2070-200, C.P. Gerardo Arenas Monsalve expuso en qué consiste la diferencia entre la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, en los siguientes términos: “…existe diferencia entre la indemnización derivada de la falta de consignación antes del 15 de febrero en un fondo, por la cesantía que le corresponde al trabajador por el año anterior o la fracción correspondiente a dicha anualidad liquidada a 31 de diciembre; con la que surge frente a la falta de pago de dicha prestación a la terminación de la relación legal o reglamentaria, ya que una vez que se presenta este hecho, esto es, cuando el trabajador se retira del servicio por cualquier causa y la administración no consigna oportunamente la cesantía que adeuda, deberá cancelar a título de indemnización la sanción prevista en la Ley 244 de 1995”.

Por lo anterior considera la Sala que hay lugar a ordenar la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, como la ordenó el A quo, por cuanto se generó la mora prevista en dicha disposición, al no pagarse de forma oportuna la cesantías definitivas de la demandante al momento del retiro del servicio.

De lo hasta aquí expuesto es dable concluir que la demandante tiene derecho al reconocimiento de las cesantías definitivas de conformidad con el régimen retroactivo, liquidadas teniendo en cuenta el último salario devengado. También tiene derecho al reconocimiento y cancelación de sanción prevista por el no pago oportuno de las cesantías definitivas en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, tal y como lo dispuso el tribunal.

Finalmente, debe precisar la Sala que frente a los viáticos reclamados por la actora estos ya fueron reconocidos mediante actos administrativos contenidos en las resoluciones 4 de 1997; 1 de 1998 y 3 de 1998, por lo que la orden de pago le corresponde dictarla a los jueces administrativos dentro el proceso ejecutivo, como se anotó en la sentencia consultada.

Consecuente con lo anterior, debe la Sala confirmar parcialmente la sentencia consultada, revocándose la orden de reliquidar la prima de navidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia de 24 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

PRIMERO: REVOCAR la orden de reajuste a la prima de navidad a favor de la demandante contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 24 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción del reajuste de salarios por el periodo comprendido entre el 22 de abril de 1995 al 2 de diciembre de la misma anualidad.

CONFIRMAR en los demás términos la providencia consultada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(1) “ART. 177.—Salarios, prestaciones y seguros. Los salarios y prestaciones de los personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al presupuesto del municipio. La asignación mensual de los personeros, en los municipios y distritos de las categorías especial, primera y segunda será igual al cien por ciento (100%) del salario mensual aprobado por el concejo para el alcalde. En los demás municipios será igual al setenta por ciento (70%) del salario mensual aprobado por el Concejo para el alcalde.

Los personeros tendrán derecho a un seguro por muerte violenta, el cual debe ser contratado por el alcalde respectivo. (Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante la Sent. C-223/95)”.

(2) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, sentencia de 25 de marzo de 2010, radicación 44001-23-31-000-2004-00257-01(0928-07), actor: Manuel Salvador de la Hoz, demandado: Municipio de Maicao - Personería municipal.

(3) Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 200(sic), expediente 440012331000200200626 01 (3118-2004), demandante: Stella Monroy Toro, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante.