Sentencia 1999-01442 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 0500012331000199901442 01

Exp.: 30784

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: María Elena Congote Sáenz y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de septiembre de 2004, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada.

Síntesis del caso

El 23 de abril de 1997, Jesús Emilio Penagos Arias, personero de Campamento, Antioquia, desapareció. El 26 de noviembre de 1997, su cadáver fue encontrado enterrado en el municipio colindante. Se estimó que la muerte ocurrió el 25 de abril de 1997. La parte actora le atribuye la responsabilidad de la muerte del personero a la Policía Nacional, por cuanto, a pesar de las reiteradas solicitudes, desde hacía varios meses la población no contaba con presencia de la fuerza pública, debido al dominio que ejercían actores armados al margen de la ley sobre el municipio de Campamento, Antioquia.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

1. Mediante demanda presentada el 23 de abril de 1999, María Elena Congote Sáenz, en nombre propio y representación de sus hijos menores Javier Emilio Penagos Congote y Antonio José Congote Sáenz a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del CCA, solicitaron que se declararan administrativamente responsables a la Nación–Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la muerte de Jesús Emilio Penagos Arias, personero del municipio de Campamento, Antioquia, en hechos ocurridos el 23 de abril de 1997 en dicha jurisdicción (f. 34, c. 1).

1.1. En consecuencia, solicitaron que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:

1. El Ministerio de Defensa Nacional, es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados (sic) María Elena Congote Sáenz y a los menores Javier Emilio Penagos Congote y Antonio José Congote Sáenz por falla del servicio de la administración lo cual condujo a la muerte al señor Jesús Emilio Penagos Arias.

2. Que como consecuencia de la anterior pretensión se condene a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, a la reparación del daño causado a los actores o a quien represente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, actuales y futuros los cuales se estiman como mínimo en la suma de seiscientos catorce millones doscientos cuatro mil quinientos veinte pesos ($ 614.204.520), de conformidad con el procedimiento contemplado en el art. 308 del CPC.

3. Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en el art. 178 del CCA.

4. Que se condene a la Nación - Ministerio de Defensa a la pago de las costas del proceso (f. 31-41, c. 1).

1.2. La parte demandante le imputa la responsabilidad del daño a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, debido a que antes de que ocurriera la muerte de Jesús Emilio Penagos se había informado al comando de policía departamental y a la Gobernación de Antioquia sobre la grave situación de orden público que atravesaba el municipio de campamento, Antioquia, sin que se atendiera el requerimiento de la presencia de la fuerza pública en la zona.

II. Trámite procesal

2. Mediante auto de 17 de agosto de 1999, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y notificó a la entidad demandada y al ministerio público (f. 42, c.1).

2.1. En escrito de contestación de la demanda, la Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la misma. Manifestó que la solicitud de presencia de fuerza pública en la zona se realizó de manera general para toda la comunidad y no como protección particular para el alcalde o personero. Puso de presente que, de acuerdo con el informe sobre los hechos levantado por el Seguro Social, no se habían presentado amenazas previas en contra de la víctima y el orden público del municipio se encontraba en condiciones normales.

2.1.1. Propuso como excepciones el hecho de un tercero, debido a que la muerte de la víctima fue ocasionada por un tercero ajeno a la institución; la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la entidad no incurrió en ninguna omisión; y el “riesgo profesional asumido por la propia víctima”, porque consideró que “el señor Jesús Emilio Penagos Arias, al aceptar el cargo de personero que le fue asignado, asumió los riesgos que el mismo le podía acarrear, ocurriendo los hechos lamentables en el ejercicio de sus funciones” (f. 54, c.1).

3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, profirió sentencia de primera instancia el 30 de septiembre del 2004, en la cual resolvió lo siguiente:

Primero. No proceden los medios exceptivos propuestos por la apoderada de la Nación (ministerio de defensa-policía nacional).

Segundo. Niegánse las súplicas de la demanda.

Tercero. No se condena en costas a ninguna de las partes (…).

3.1. Como fundamento de la anterior decisión el a quo afirmó que en el proceso no se encuentra probada la legitimación en la causa por activa de los demandantes, pues no se pudo establecer el parentesco de estos con la víctima. Al respecto anotó:

[E]sta ausencia probatoria no permite inferir que convivieron como esposos bajo el mismo techo por periodo superior a dos años, con el comportamiento, deberes y obligaciones entre esposos. Tampoco permite inferir cual es la relación familiar y de parentesco del fallecido con los menores que demandan, uno de los cuales no tiene siquiera su apellido (…). Súmese a lo anterior que los registros civiles fueron aportados en copia informal todos (sic), no permitiendo hacer claridad sobre el asunto ya que dicha prueba no puede apreciarse ni, valorarse por no reunir los requisitos de ley. (…) (f. 176, c.ppl).

4. Contra la anterior decisión, el 16 de marzo del 2007, la parte actora interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque la sentencia proferida por el tribunal y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Manifestó que en el proceso se encuentra debidamente acreditado el parentesco de los demandantes con la víctima, pues, respecto de la calidad de compañera permanente de la señora María Elena Congote rindieron varios testimonios que afirmaron este hecho, y respecto de los hijos de la víctima, se aportó el registro civil de nacimiento de Javier Emilio Penagos y el proceso de filiación del menor Antonio José Congote se encuentra en curso.

4. (sic) Mediante auto de 29 de agosto de 2014, el despacho ponente resolvió incorporar de oficio al proceso las siguientes pruebas: i) sentencia de filiación extramatrimonial proferida el 7 de noviembre de 2008 por el Juzgado Cuarto de Familia, ii) sentencia de declaración de unión marital proferida el 25 de abril del 2000 por el Juzgado Trece de Familia (surtió el grado jurisdiccional de consulta), iii) copia de los folios de registro civil de nacimiento de Antonio José y Javier Emilio Penagos Congote.

5. En la oportunidad para alegar de conclusión, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional reiteró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad (f. 206, c.ppl).

Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser las entidades demandadas de carácter estatal, el proceso es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 CCA). Además, esta corporación es competente, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto.

La acción de reparación directa instaurada (artículo 86 CCA) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por la omisión en el deber de protección al personero del municipio de Campamento, Antioquia.

De la legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario porque los integrantes de la parte actora demostraron los lazos de parentesco con la víctima.

Si bien, en la sentencia de primera instancia, el a quo declaró la falta de legitimación en la causa por activa, debido a que no encontró acreditado el parentesco entre la víctimas y los demandantes, la Sala considera que esta decisión debe ser revocada debido a que en el expediente obra material suficiente que demuestra la legitimación de los actores como se pasa a ver:

Respecto de la legitimación en la causa de María Elena Congote obran en el expediente i) testimonios que acreditan su calidad de compañera permanente de la víctima(1), ii) sentencia de declaración de unión marital proferida el 25 de abril del 2000 por el Juzgado Trece de Familia, iii) sentencia de 31 de agosto de 2000 confirmatoria en grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de 25 de abril del 2000 que declaró la unión marital entre María Elena Congote y Jesús Emilio Penagos.

Con lo anterior, se encuentra debidamente acreditado que la demandante ostenta la calidad de compañera permanente del occiso, por lo cual se encuentra legitimada en la causa por activa en el presente proceso.

Respecto de la legitimación en la causa de los menores integrantes de la parte actora, advierte la Sala que con el escrito de la demanda se allegaron en copia simple los registros civiles de nacimiento de los dos menores, por lo que el Tribunal Administrativo de Antioquia no tuvo en cuenta dichos documentos por no haber sido allegados en original.

En primer lugar, cabe precisar que, si bien en decisiones anteriores, el Consejo de Estado consideró que las copias de documentos públicos y privados solo podían ser aducidas o apreciadas como prueba en un proceso judicial si reunían las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que estuvieran autenticadas, en la actualidad, la Sala Plena de esta Sección decidió unificar la jurisprudencia en el sentido de otorgar a las copias simples el mismo valor probatorio que se concede a los documentos originales o copias auténticas, siempre que no hayan sido objeto de tacha de falsedad(2).

Así las cosas, los documentos aportados por la parte actora en copia simple, para acreditar el parentesco de los menores hijos del occiso podrán, ser tenidos en cuenta por la Sala.

No obstante lo anterior, para el a quo también resultó un impedimento para el reconocimiento de la legitimación en la causa de uno de los menores, el hecho de que en el registro civil de nacimiento figuraba solo con los apellidos de su madre, Antonio José Congote Sáenz. Ante esta situación la Sala observa que durante la segunda instancia del proceso, esta corporación decidió(3) incorporar de oficio la sentencia de declaración de unión marital proferida el 25 de abril del 2000 por el Juzgado Trece de Familia, la cual, además de probar la calidad de compañera permanente de la demandante mencionó en su parte considerativa lo siguiente:

[E]l Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, certifica al folio 11 del cuaderno que condensamos, la existencia del proceso de filiación instaurado por la madre del menor Antonio José Congote en contra del señor Jesús Emilio Penagos Arias, representado por sus herederos determinados e indeterminados (f. 241, c.ppl).

También, la sentencia del Tribunal de Medellín que en grado jurisdiccional de consulta confirmó la sentencia de declaración de unión marital emitida por el Juzgado Trece de Familia el 25 de abril del 2000, en la cual se anotó:

[S]e agrega que siempre entre la pareja mencionada (María Elena Congote y Jesús Emilio Penagos) existió permanente vida en común, unión marital, económica, social, personal y familiar, frente a la comunidad eran reconocidos como compañeros permanentes, siendo de público conocimiento que los menor (sic) Javier Emilio Penagos Congote (nacido) y Antonio José Congote Sáenz (por nacer al momento de fallecer el señor Penagos Arias), eran hijos de este y fruto de la relación permanente sostenida con la demandante (…) (f. 245, c.ppl).

Finalmente, la sentencia de filiación emitida el 7 de noviembre de 2008 en la que el Juzgado Cuatro de Familia declaró que “el señor Jesús Emilio Penagos Arias es padre extramatrimonial del niño Antonio José Congote Sáenz, nacido en Medellín el 26 de noviembre de 1997 procreado con la señora María Elena Congote Sáenz” (f. 133, c.ppl), así como la copia auténtica del registro civil de nacimiento y la tarjeta de identidad donde el menor Antonio José Penagos Congote, figura ya con los apellidos de su padre.

De todo lo anterior, la Sala concluye que María Elena Congote y los menores, Javier Emilio y Antonio José Penagos Congote se encuentran legitimados en la causa en el presente litigio, por cuanto acreditaron su parentesco con el occiso Jesús Emilio Penagos Arias.

La legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se encuentra fundada en la naturaleza de la misma, por cuanto, por disposición constitucional, esta entidad se constituye como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuya función es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y la conservación del orden público en todo el territorio. Para la época de los hechos, el Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía, establecía para la Policía el deber de “proteger a las personas contra peligros inminentes y graves” (artículo 29.g) y la obligación de prestar apoyo “a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida, o sus bienes, o la inviolabilidad de su domicilio, o su libertad personal, o su tranquilidad” (artículo 32). Así la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva en el presente proceso, de acuerdo con la naturaleza del daño invocado en la demanda, y en las funciones de mantenimiento de las condiciones necesarias para una convivencia pacífica que tiene esta entidad.

De la caducidad de la acción

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por el secuestro y la posterior muerte de Jesús Emilio Penagos Arias en hechos ocurridos el 23 de abril de 1997, como la demanda fue impetrada el 23 de abril de 1999, se instauró dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

La Sala debe determinar si la muerte de Jesús Emilio Penagos Arias, Personero del municipio de Campamento, Antioquia le es imputable jurídica y fácticamente a la entidad demandada por haber omitido sus deberes de protección de la vida e integridad de dicha persona.

III. Hechos probados

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

1. Jesús Emilio Penagos Arias ejerció como personero del municipio de Campamento, Antioquia desde el año 1995 hasta 1997. Durante el último año devengó un salario de $1.137.000 (certificación laboral emitida por el municipio de Campamento, Antioquia –f. 11, c. 1–).

2. El 23 de abril de 1997, el personero Penagos Arias desapareció “cuando en compañía del inspector de Policía Municipal se desplazaba hacia la vía que de campamento conduce a Anorí, con el objeto de coger firmas de propietarios de las franjas para dejar pasar la carretera por allí”; su cadáver fue encontrado el 27 de noviembre de 1997, en el municipio de Anorí, Antioquia. La fecha de la muerte fue el 25 de abril de 1997 (acta de levantamiento de cadáver—f. 5, c.1—, registro civil de defunción —f.3, c.1—, informe de la inspección municipal de policía —f.22, c.1—, denuncia hecha por el alcalde municipal de campamento ante la procuraduría departamental-f. 23, c.1).

3. Mediante múltiples comunicaciones, tanto el alcalde municipal de Campamento Antioquia, como el personero, manifestaron que el municipio necesitaba más presencia de agentes de la policía, debido a la grave situación de orden público que se vivía en la región (comunicaciones de 16 de febrero, 28 de febrero y 20 de marzo de 1996 en las que el personero municipal le informa al defensor del pueblo sobre la delicada situación de orden público, debido a la presencia de actores armados ilegales que extorsionan, asesinan y general desplazamiento en el municipio —f.123-125, c.1—, comunicación de 9 de junio de 1996, en la que el personero municipal le solicita al coronel Vega Carrillo, Departamento de Policía de Antioquia, el personal uniformado necesario para repeler ataques armados como el que se presentó el 7 de junio de 1996 a las 11:45 pm en el municipio de Campamento —f. 120, c.1—, comunicaciones reiteradas dirigidas por el alcalde y el personero municipal al Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, el 17 de octubre, 8 de noviembre y 20 de agosto de 1996, en las que se le solicita apoyo debido a la grave situación de orden público que atraviesa el municipio —f.19, 60, 116, c.1—, comunicaciones dirigidas por el alcalde municipal al comandante de policía departamental el 2 y 21 de octubre de 1996, en las que le solicita la presencia de personal uniformado en el municipio, que brinde protección a la población —f. 16 y 24, c.1—).

4. El 21 de octubre de 1996, el alcalde de Campamento, Antioquia le comunicó al Procurador Departamental la grave situación de orden público del municipio y la salida de la fuerza pública del mismo. En el escrito manifestó lo siguiente:

[E]n mi calidad de alcalde del municipio de Campamento, me dirijo a usted (…) para notificarle (…) la presencia de varios sujetos haciéndose pasar por paramilitares extorsionando la comunidad y asesinando campesinos, lo mismo que atacando los vehículos que de Yarumal conduce (sic) a esta población. Todo esto permitió que abandonara por varios días el Municipio por amenazas contra mi vida (…).

Como es bien sabido por usted días después al problema (…) hizo presencia la subversión en la localidad atacando las instalaciones de la Alcaldía y Comando de policía respectivamente, ya que este funcionaba en el mismo.

Permitiendo todo esto la salida de la policía en forma inmediata del municipio (…) dejando en total abandono la población y por ende la seguridad del alcalde municipal, para que quedara allí como presa de la subversión, paramilitares, delincuencia común y enemigos políticos que aprovechan la situación para sacar tajada del anarquismo y así poder atacarme (…).

Quiero recordarle que anexo comunicado del cuerpo técnico de la fiscalía sobre amenazas contra mi vida donde se le pide allí al comandante de la policía Antioquia coronel Guillermo Vega Carrillo me brinde seguridad y hasta la fecha no he tenido respuesta alguna.

5. El personero del municipio de Campamento, Antioquia, Jesús Emilio Penagos Arias, recibió una amenaza pública por parte de un grupo armado al margen de la ley, cuando los pobladores habían sido sacados de sus casas y reunidos en el parque principal, para ser intimidados por los atacantes (testimonios rendidos por César Augusto Arroyave Vargas, Saúl Darío Quintero Cardona, Héctor Julián Álvarez —f.128, 146,148, c.1—).

6. El 13 de noviembre de 1996, el alcalde de Campamento, Antioquia le solicitó al gobernador del departamento, Álvaro Uribe Vélez, una licencia de dos meses, debido a “circunstancias de fuerza mayor que me impide volver al municipio por problemas de orden público y falta de garantías y seguridad para mi vida” (f. 62, c.1).

IV. Análisis de la Sala

La vida es el más preciado de los bienes humanos y un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición ineludible para el disfrute de todos los demás derechos. Frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(4).

La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones(5):

Esta obligación implica el deber de los estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(6)— ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(7). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(8).

Además, la corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, éstas no la protegen(9) o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(10), o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(11). Al respecto, esta Subsección ha señalado(12):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que estas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(13).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(14).

En vista de ello, es preciso analizar si la entidad demandada incurrió en alguna de las conductas señaladas anteriormente, es decir, si a pesar de tener conocimiento de una situación de riesgo cierto e inmediato para el personero, y de contar con posibilidades reales de evitar que dicho riesgo se concretara en un daño, omitieron prestar medidas de seguridad a su favor o las brindaron de forma inadecuada. Así mismo, se analizará si el peligro que afrontaba el funcionario era de conocimiento público y amplia notoriedad, de manera que se hacía necesario adoptar medidas de seguridad, aún en ausencia de una solicitud expresa.

En primer lugar cabe señalar que, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra demostrado el daño, pues se probó que Jesús Emilio Penagos Arias murió como consecuencia de los disparos con armas de fuego realizados por atacantes anónimos. Acreditado el daño, es preciso determinar si existió una conducta irregular por parte de las autoridades y, de ser así, si hay un nexo de causalidad entre dicha conducta y el daño producido.

Se debe reconocer que de la lectura del plenario no se concluye que alguna autoridad haya provocado directamente la muerte de Jesús Emilio Penagos Arias, pues no se tiene prueba alguna de que miembros de la Policía hayan participado en el ataque del cual fue víctima. Este hecho permitiría, en principio, eximir de responsabilidad a las entidades, dado que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en dicho atentado.

Sin embargo, en vista de que la responsabilidad del Estado puede surgir frente a hechos de terceros cuando es precisamente la acción u omisión de alguna autoridad la que permitió o propició el hecho dañino, debe establecerse, se reitera, si la muerte del personero le es imputable a las entidades demandadas por no haber protegido su vida e integridad.

Para el efecto, es necesario esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Jesús Emilio Penagos Arias, la situación de orden público en la zona, la naturaleza de las amenazas en su contra, el conocimiento que las entidades demandadas tenían de dicho riesgo y, en especial, las medidas que estas adoptaron para evitar que la situación riesgosa se concretara en un resultado fatal.

En primer lugar, se debe recordar que la muerte de Jesús Emilio Penagos Arias, personero del municipio de Campamento, Antioquia, el 25 de abril de 1997, se inscribe en un contexto de violencia derivada del conflicto armado, representado en los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en una disputa por el control del territorio. En comunicación del 2 de octubre de 2006, el alcalde y el personero del municipio de Campamento le manifestaron al Comandante de Policía de Antioquia lo siguiente:

[R]espetado comandante: Como funcionarios públicos que somos y ante la importante misión que nos asiste de velar por el orden público de la municipalidad, le estamos solicitando de manera conjunta y además urgente, el que se nos aprovisione con personal uniformado de su institución y con el número de efectivos necesarios, que le brinden protección a todos los habitantes del municipio de Campamento. Como bien es sabido de su parte, el pasado 20 de septiembre del año que transcurre, incursionó a dicha localidad un grueso número de subversivos que se enfrentaron a las fuerzas regulares de la policía nacional allí acantonados logrando además afectar en gran porcentaje la estructura del edificio donde se alojaban dejándolo completamente inservible. Acto seguido provocando el desplazamiento forzado de todos sus agentes por falta de inmueble donde operar.

Ante tal situación y consientes de la necesidad y de la presencia de su institución policial en nuestra localidad; realizamos varias gestiones con la finalidad de lograr el alquiler o venta de un inmueble que ubicado en el marco de la plaza pudiera ser utilizado por su personal. Efectivamente ya contamos con el inmueble el cual podrá ser ocupado de manera inmediata, faltando solo su decisión y aprobación para ellos (f.126, c.1).

En este contexto de violencia generalizada derivada del conflicto armado se enmarca el atentado contra la vida del personero municipal Jesús Emilio Penagos Arias. Se debe señalar que, tal como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el contexto de violencia configura una situación general que incide sobre la situación particular de las víctimas y sobre el tipo de respuestas que debe brindar el Estado(15). Se trata de una suerte de “riesgo general” que a su vez califica la expectativa de respuesta del Estado ante el “riesgo particularizado” de la persona o, dicho de otra forma, el riesgo general contribuye a definir las características de previsibilidad y evitabilidad del riesgo particular. En esa medida, los datos del contexto son relevantes para definir el alcance de las obligaciones estatales de respeto, garantía y protección frente al derecho a la vida.

En el proceso contencioso que aquí se debate, están acreditadas las circunstancias que enmarcan el contexto de violencia general en el que se produjo el hecho particular, es decir, la muerte del personero municipal, pues además de los reportes oficiales, así lo narraron los habitantes de la región:

Declaración rendida por el director de la casa de la cultura de Campamento, Antioquia, César Augusto Arroyave Vargas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia:

[P]REGUNTADO. Manifiéstele al despacho si usted recuerda como habitante de esta localidad cual era la situación de orden público que se vivía para Campamento en el año 1996. CONTESTO. A principio del 96 era normal a pesar de mucho rumores de amenaza guerrillera, pero a partir de julio cuando la guerrilla atacó el edificio de la administración y el comando, la situación se volvió tensa, preocupante, (…) ya que quedamos sin presencia de la fuerza pública. (…) la vigilancia de la policía fue retirada en septiembre 21 de ese año, después de la toma guerrillera (…) después de que no hubo vigilancia de fuerza pública continuaron entrando al pueblo como si nada y de paramilitares como al mes de haber ocurrido la toma entró un grupo que se hizo pasar como paramilitar y nos hizo salir a todos de las casas, nos reunió en el parque amenazándonos, gritándonos y asesinaron a un señor que al parecer llevaban desde Yarumal y era de Cedeño (…) Emilio se presentó al parque, no sé si lo sacaron o si él salió, para hablar en favor de nosotros (…) yo recuerdo que lo mandaron a callar de una forma brusca y entre todo lo que le dijeron recuerdo que le manifestaron que había sido o desapareció algo así hasta curas, entonces que se quedara callado. PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho si usted sabe qué razones dio la policía para retirarse del municipio de Campamento y dejar la comunidad a voluntad de grupos al margen de la ley. CONTESTO. Tengo entendido en la primera toma por los daños al comando y en la segunda toma por la destrucción total del comando, y a pesar de que se le ofrecieron varias viviendas no aceptaron ninguna. PREGUNTADO. Sírvase informar a este despacho si una vez recibió como lo manifestó usted anteriormente puso en conocimiento a la policía sobre el peligro que corría su vida. CONTESTO. Las amenazas fueron para toda la población en el parque y específicas para Emilio, el alcalde y la personería pusieron todo en conocimiento (f. 132, c.1).

Declaración rendida por Héctor Julián Álvarez, inspector municipal de policía ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Campamento, Antioquia:

[P]REGUNTADO. Manifiéstele al despacho qué pasó con el comando de la policía de Campamento, en el año 1996? CONTESTO. El día 20 de septiembre de 1996 fue atacado por el frente subversivo ELN y quedó semidestruido y al otro día fue retirada la fuerza pública por no tener donde habitar, y así mismo fueron reubicadas en la plaza de mercado las oficinas de la alcaldía municipal, ya que esta era una edificación compartida. (…) con la ida de la fuerza pública constantemente hacían presencia grupos al margen de la ley, tanto guerrilla (sic), y el día 19 de octubre que también hicieron presencia grupos de autodefensa, asesinando este último grupo a un muchacho, que el mismo grupo había traído retenido del lado de Cedeño, Yarumal; sacaron a la mayoría de la gente de sus casas y nos reunieron en el parque principal de nueve de la noche a una y media o dos de la mañana. (…) para la primera incursión de los grupos de autodefensa, recuerdo que se encontraba Jesús Emilio Penagos, quien era el personero municipal y salió en pijama para defender la población civil (…) él les manifestaba que por favor respetaran a la población civil, que no les hicieran daño, ya que nos encontrábamos indefensos y que no hacíamos parte del conflicto armado, y muchas cosas más por el estilo que se me escapan, pero que le valieron amenazas contra su vida. (…) el comandante de dicho grupo le manifestó que se estuviera callado que los personeros también se morían, posteriormente estuvieron dialogando aparte donde tenían el grupo, de esta conversación si no me di cuenta (…) PREGUNTADO. Manifiéstele al Despacho si usted sabe si el señor Jesús Emilio Penagos Arias, previo a su asesinato había sido amenazado por la guerrilla o por los paramilitares? CONTESTO. Conozco de la amenaza de la que fue objeto por parte de grupos paramilitares, que fue una amenaza pública, pues toda la comunidad que había sido reunida la presenció (…) (f. 148, c.1).

En el marco de la compleja situación de orden público, el personero del municipio de Campamento, Antioquia recibió amenazas por parte de los grupos armados al margen de la ley, sin que en dicho municipio existiera presencia de la fuerza pública que pudiera protegeré, tanto a la población en general, como al funcionario en riesgo. Así lo reportó el alcalde municipal para le época de los hechos:

Declaración rendida por Donay Correa Londoño, alcalde del municipio de Campamento, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia:

[E]l 20 de septiembre del 96 la guerrilla incursionó en el municipio de Campamento acabando con las instalaciones del comando de la policía y al alaciada respectivamente, al otro día de la incursión por órdenes del comandante de la policía de Antioquia la fuerza pública abandonó el casco urbano del municipio dejándolo en total abandono, envista de lo anterior diferentes grupos al margen de la ley hacían presencia a menudo en el municipio (…). Seguidamente de la toma guerrillera al municipio, el personero (…) y mi persona (…) hicimos presencia en el gobierno departamental (…), el comandante de la policía de Antioquia (…) el secretario de gobierno (…) la procuraduría (…) y la DEFENSORÍA del pueblo. Estas diligencias las hacíamos en compañía demandando a quienes practicaban estas series de irregularidades (…). Nuestras peticiones se hicieron por escrito (…). Todo esto con el fin de que llegara la fuerza pública al municipio tanto de la policía nacional como el ejército de Colombia. No tuvimos eco en los estamentos antes mencionado perjudicando gravemente la democracia, la estabilidad del municipio, la seguridad de sus habitantes incluyendo la del personero y la mía como alcalde popular. (…) luego en el mes de abril aproximadamente el personero del cual hacemos mención desapareció del municipio (…). Tres meses después de lo acontecido y en vista de que no llegaba fuerza pública al municipio en forma permanente saqué una licencia no remunerada al señor gobernador de turno para ver qué rumbo tomaba la desaparición del personero. En vista de que no se obtenía noticia alguna en el mes de septiembre del 97 renuncié de manera irrevocable al cargo de alcalde popular ante el Gobernador de Antioquia debido a que no teníamos garantías para seguir laborando en dicho municipio. PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho si con posterioridad al retiro de la policía del municipio tanto el señor Jesús Emilio Penagos Arias como usted como alcalde fueron amenazados por grupos al margen de la ley. CONTESTO. De inmediato se puso las denuncias empezamos a recibir llamadas amenazantes de personas las cuales desconocemos, tanto que tuve que desplazarme a Medellín a hablar con el secretario de gobierno hasta tal punto como dije anterior (sic) tuve que renunciar al cargo, en ese mismo año la revista semana para completar esta incertidumbre y esta amenaza publicara en su primera edición los alcaldes de la guerrilla de los cuales el municipio de Campamento estaba incluido. PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho si inmediatamente y en el término de la distancia que fue amenazado el señor personero se pidió protección para su vida al señor comandante de la policía de Antioquia. CONTESTO. De inmediato se pidió protección al coronel Carrillo de ese entonces, (sic) lo cual manifestó que era imposible darle seguridad a un personero cuando ni siquiera tenía el mismo municipio (sic). PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho si usted recuerda o le informaron qué le dijeron los grupos al margen de la ley al señor Jesús Emilio cuando los reunieron en el parque con los demás habitantes de la comunidad. CONTESTO. Quiero aclarar que en ese momento no me encontraba en ese municipio, pero por intermedio de toda la comunidad allí reunida a la fuerza fui enterado al otro día que le decían al personero que no hablara mucho, que compañeros de él y sacerdotes colaboradores de la guerrilla tenían la boca llena de moscos. PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho si el comandante de la policía Antioquia en algún momento dio respuesta positiva a su petición y a la del señor personero. CONTESTO. La respuesta fue muy negativa, ya que los acontecimientos ocurridos lo demuestran incluyendo la muerte del personero en mención y mi renuncia al cargo de alcalde. PREGUNTADO. (…) si renuncia como alcalde tuvo como causa la ausencia de policía en el municipio de Campamento. CONTESTO. Es obvio que al no tener seguridad ni siquiera el municipio menos iba a tener yo ese apoyo del estado y desde luego influyó para la renuncia al cargo (…) (f. 137, c.1).

El análisis conjunto de estos medios de prueba le permite a la Sala comprobar, en primer lugar, que el riesgo que corría la vida de la víctima constituyó un hecho notorio, en segundo lugar, que, a raíz de la grave situación de orden público en el municipio, el alcalde y el personero solicitaron protección, la cual no fue atendida por las autoridades y, finalmente, que la entidad demandada conocía la situación de riesgo en que se encontraba la población del municipio de Campamento, por tanto, les era exigible que adoptaran medidas de protección encaminadas a evitar hechos como la muerte de un funcionario público.

Respecto de la falta de solicitud de protección específica que alegó al parte demandada, vale recordar que como se ha señalado reiteradamente, en ciertas circunstancias resulta innecesario que la persona haya informado a las autoridades de las amenazas en su contra para que surja a cargo de estas el deber de protección. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que existe un deber especial de protección en cabeza del Estado frente a personas que, por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan, deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra, aún si no han solicitado formalmente protección a las autoridades.

En el caso bajo examen, según quedó probado en el proceso, Jesús Emilio Penagos Arias cumplía sus funciones como personero en un contexto social dominado por la fuerte presencia de grupos armados ilegales que planeaban y ejecutaban atentados sin que las autoridades hicieran presencia en el municipio. Para la Sala, esta omisión por parte de las autoridades, permite atribuirle la muerte del personero a la entidad demandada.

La Sala encuentra que en el presente caso la omisión por parte de la Policía Nacional es clara, pues no adoptó las medidas necesarias para asegurar la protección de la población y en específico del personero, pues, se reitera, cuando el riesgo es evidente y palmario, no es necesario que la persona que lo sufre, solicite expresamente que se le proteja. La evidencia y la notoriedad del riesgo eran condiciones suficientes para que la fuerza pública adquiriera pleno conocimiento del mismo y, en consecuencia, coordinara e implementara un esquema de seguridad adecuado para el funcionario y en general para la población en riesgo.

En un evidente desconocimiento de sus obligaciones de protección y garantía del derecho a la vida, la entidad demandada no tomó las medidas necesarias para evitar que el altísimo riesgo que afrontaba el personero del municipio de Campamento se concretara en un daño, a pesar de estar en condiciones de hacerlo, pues está probado en el plenario que se le informó de la necesidad de la presencia de la fuerza pública en la zona a lo cual hizo caso omiso.

La Sala recuerda que, por orden constitucional, las autoridades están constituidas para proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en el país, y que a la fuerza pública le corresponde defender la integridad territorial y la vigencia del orden constitucional, así como mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. En este caso, debido a la absoluta desprotección en que se dejó a la población, resulta evidente que la Policía Nacional, no cumplió con la importante misión que le encomendó la Carta Política, de manera que deberá responder patrimonialmente por el daño sufrido por la familia de la víctima.

V. Liquidación de perjuicios

A. Perjuicios morales

Los perjuicios morales son los generados en “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”(16). Este daño tiene existencia autónoma y se configura cuando concurren los siguientes criterios generales: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

En consideración a la naturaleza de ese daño, es el juez administrativo, quien de manera discrecional debe determinar el monto de la indemnización a reconocer, facultad que está regida por las siguientes reglas: (i) esa indemnización se hace a título de compensación y no de restitución, ni de reparación; (ii) debe darse aplicación al principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) su cuantificación debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(17).

Dado que el monto de la indemnización por el perjuicio moral depende de la intensidad del daño, en reciente sentencia de unificación se establecieron, para efectos de indemnización por muerte, cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y quienes demandan en calidad de perjudicados, los parámetros indemnizatorios son los siguientes:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

(…)

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva(18).

La Sala encuentra que la relación de compañero permanente y de parentesco del occiso con María Elena Congote y sus hijos está debidamente acreditada, por tanto, se puede inferir que padecieron aflicción, pena o congoja con su muerte, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso(19). Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce a través del razonamiento lógico, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos de la víctima(20).

Con base en lo anterior, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar a María Elena Congote Sáenz (compañera permanente), Javier Emilio Penagos Congote y Antonio José Penagos Congote (hijos), la suma equivalente a 100 SMLMV a cada uno en compensación por el daño moral padecido como consecuencia de la muerte de Jesús Emilio Penagos Arias.

B. Perjuicios materiales

Lucro cesante

A partir de la prueba de parentesco y de unión marital, y teniendo en cuenta que el artículo 411, numerales 1º y 2º del Código Civil establece la obligación de dar alimentos al cónyuge o compañero permanente y a los hijos, debe entenderse —en ausencia de prueba en contrario— que el señor Jesús Emilio Penagos Arias contribuía al sustento económico de su esposa y de su hijo menor de edad y, además, que contribuiría al sustento de su hijo póstumo Antonio José Penagos Congote.

De acuerdo con el certificado laboral emitido por el municipio de Campamento, Antioquia, para el momento de los hechos, el occiso devengaba un salario de $ 1.137.000 como personero municipal.

El periodo a indemnizar respecto de los hijos, se tomará desde la fecha en que ocurrió el hecho dañoso hasta la fecha en que cumplirían 25 años de edad, en tanto que, en ausencia de prueba en contrario, es posible inferir que habría recibido ayuda económica de su padre hasta el momento en que cesa completamente la obligación legal de prestar alimentos a los hijos (en el caso del hijo póstumo, la fecha inicial será la de su nacimiento). Respecto de la compañera permanente, se tendrán en cuenta los años de vida probable que tenía Jesús Emilio Penagos Arias a la fecha de los hechos, teniendo en cuenta que él era el mayor de los compañeros, de conformidad con lo previsto en la Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria.

Actualización de la renta:

Ra= Rh Ipc (f)

Ipc (i)

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $1.137.000
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 121,63 que es el correspondiente al mes de abril de 2015
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 41,11 que es el que correspondió al mes de abril de 1997, mes en que ocurrió la muerte.

Ra = $ 1.137.000 121,63 = $ 3.363.982

41.11

De acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala, sumará el 25% correspondiente a prestaciones sociales (el resultado es $4.204.977) y se descontará el 25%, correspondiente a la cantidad destinada por el occiso para atender sus propios gastos personales. Finalmente la suma es:

Ra = $3.153.733

De acuerdo a lo anterior, la Sala procederá a liquidar las respectivas indemnizaciones consolidada y futura de la siguiente manera:

El 50% de este valor ($ 3.153.733) se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la compañera de la víctima, mientras que el 50% restante será la suma con que se liquidará la indemnización a que tienen derecho sus hijos.

La indemnización a que tienen derecho los demandantes, comprende dos periodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde el momento en que ocurrieron los hechos (23 de abril de 1997)(21) hasta el presente o hasta el momento en que el hijo hubiere alcanzado los 25 años si ocurriera primero; y el otro futuro o anticipado, que corre desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable del mayor de los compañeros y el momento en que el hijo alcance los 25 años.

— Para María Elena Congote Sáenz

Indemnización debida o consolidada:

La fórmula para la liquidación se aplicará así:

(1+i) n -1

S = RA * ———————

i

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $1.576.866(22)
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el daño hasta la fecha de la sentencia, esto es, 220,3 meses.
1=Es una constante

(1.004867)220,3 -1

S = $1.576.866 * ————————

0.004867

S = $620.188.321

Indemnización futura o anticipada

Para efectos de liquidar la indemnización futura a favor de María Elena Congote Sáenz se liquidarán los meses que hagan falta desde la sentencia hasta la vida probable del occiso. Jesús Emilio Penagos nació el 20 de agosto de 1960, para la época de los hechos (1997) tenía 37 años de edad, por lo que conforme con la Resolución 0497 de 1997 de la Superintendecia Financiera, tendría una vida probable de 39.58 años, esto es, de 474.96 meses. De estos meses, ya fue liquidado el tiempo desde la ocurrencia del hecho hasta la sentencia, esto es, 220,3 meses, por lo que harían falta por liquidar 254,66 meses.

La fórmula para la liquidación se aplicará así:

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $1.576.866
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable de Jesús Emilio Penagos, 254,66 meses
1=Es una constante

De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante a favor de María Elena Congote Sáenz es:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$620.188.321$229.897.584$ 850.085.904

— Para Javier Emilio Penagos Congote:

Indemnización debida o consolidada:

La fórmula para la liquidación se aplicará así:

(1+i) n -1

S = RA * —————

i

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $788.433(23)
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el daño hasta la fecha de la sentencia, esto es, 220,3 meses.
1=Es una constante

(1.004867)220,3 -1

S = $788.433 * —————————

0.004867

S = $310.094.160

Indemnización futura o anticipada

Javier Emilio Penagos Congote nació el 3 de diciembre de 1994, por tanto cumpliría 25 años el 3 de diciembre del 2019. Para efectos de liquidar la indemnización futura a favor de Javier Emilio Penagos Congote se liquidarán los meses trascurridos desde la fecha de la sentencia hasta el 3 de diciembre de 2019, esto es, 54,9 meses.

La fórmula para la liquidación se aplicará así:

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 788.433
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867.
n=Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable de Jesús Emilio Penagos, 54.9 meses
1=Es una constante

De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante a favor de Javier Emilio Penagos Congote es:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$310.094.160$ 37.904.161$ 347.998.321

— Para Antonio José Penagos Congote:

Indemnización debida o consolidada:

La fórmula para la liquidación se aplicará así:

(1+i) n -1

S = RA * ———————

i

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $788.433
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el nacimiento hasta la fecha de la sentencia, esto es, 213,1 meses(24).
1=Es una constante

(1.004867)213,1 -1

S = $788.433 * ——————————— S = $293.876.244

0.004867

Indemnización futura o anticipada

Antonio José Penagos Congote nació el 26 de noviembre de 1997, por tanto cumpliría 25 años el 26 de noviembre del 2022. Para efectos de liquidar la indemnización futura a favor de Antonio José Penagos Congote se liquidarán los meses trascurridos desde la fecha de la sentencia hasta el 26 de noviembre de 2022, esto es, 91,2 meses.

La fórmula para la liquidación se aplicará así:

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 788.433
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867.
n=Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable de Jesús Emilio Penagos, 91.2 meses
1=Es una constante

De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante a favor de Antonio José Penagos Congote es:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 293.876.244$ 57.955.655$ 351.831.899

Respecto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, obra en el expediente la factura de los servicios exequiales por $ 1.794.750, a nombre de María Elena Congote Sáenz.

Teniendo en cuenta que los gastos relacionados tienen relación directa con la ocurrencia del daño, la Sala procederá a reconocer dicha suma con su respectiva actualización.

— Actualización de la renta: 

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $1.794.750
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 121,63 que es el correspondiente a abril de 2015.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 44,44 que es el que correspondió al mes de noviembre de 1997, mes en que se generó el gasto.

Ra= $1.794.750 121,63 = $4.912.139

44,44

VI. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 30 de septiembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la muerte de Jesús Emilio Penagos Arias.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a favor de María Elena Congote Sáenz, Javier Emilio y Antonio José Penagos Congote por concepto de reparación de los perjuicios morales causados con ocasión de la muerte Jesús Emilio Penagos Arias, el valor equivalente a 100 SMLMV para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de indemnización del daño material en la modalidad del lucro cesante, la suma de seiscientos ochenta millones sesenta y ocho mil setecientos veinticuatro pesos ($680.068.724) a favor de María Elena Congote Sáenz.

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de indemnización del daño material en la modalidad del lucro cesante, la suma de doscientos setenta y ocho millones trescientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos ($ 278.398.657) a favor de Javier Emilio Penagos Congote.

5. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de indemnización del daño material en la modalidad del lucro cesante, la suma de doscientos ochenta y un millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos diecinueve pesos ($ 281.465.519) a favor de Antonio José Penagos Congote.

6. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de indemnización del daño material en la modalidad de daño emergente, la suma de cuatro millones novecientos doce mil ciento treinta y nueve pesos ($ 4.912.139) a favor de María del Carmen Zabala Holguín.

7. Aplicar lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expedir por Secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 [L]os conozco hace más o menos diez años, yo conocí a María Elena cuando ella era proveedora del Municipio de Campamento y después cuando Emilio el esposo de ella fue a trabajar a Campamento como personero (…) (testimonio rendido por César Augusto Arroyave Vargas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, f. 128, c.1).

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

3 Auto de 29 de agosto de 2014 (f. 304, c.ppl).

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C Nº 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C Nº 259, párr. 188-190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C Nº 252, párr. 145.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C Nº 4, párr. 166; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

6 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda Nº 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda Nº 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda Nº 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C Nº 140, párr. 123-124; caso castillo gonzález y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C Nº 256, párr. 128-129; caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C Nº 192, párr. 78.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, exp. 16626, C.P. Alier Hernández Enríquez.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

14 [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

15 En algunos casos contra Colombia, la Corte Interamericana destacó la importancia del contexto del conflicto armado para determinar el alcance de las obligaciones del Estado en materia de respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 187; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia de 1º de julio de 2006, serie C Nº 148, párr. 179; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, serie C Nº 134, párr. 114 y 172.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2003, exp. 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

17 Sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

20 Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo.

21 En el caso de Antonio José Penagos Congote se tomará como fecha de partida la de su nacimiento, por cuanto desde ese momento se hubiera generado la obligación pecuniaria por parte del padre a favor de su hijo.

22 Corresponde al 50% de la renta actualizada luego de restar el 25% de gastos personales.

23 El 50% de la renta actualizada se divide en dos por tratarse de dos hijos.

24 La indemnización del lucro cesante consolidado para el hijo póstumo se contará a partir de la fecha de su nacimiento, posterior a la ocurrencia del daño.