Sentencia 1999-01531 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000232600019990153101 (27079)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: acción de reparación directa

Actor: Jairo Arturo Buitrago Vargas

Demandado: la Nación - dirección ejecutiva de administración judicial

Bogotá, D.C. treinta y uno de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia(1), la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa por error judicial debe ser conocida por esta corporación.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, deberá la Sala determinar si la Nación es responsable de los daños antijurídicos alegados por el actor. Ello exige, en primer lugar, determinar los supuestos en los que cabe predicar la responsabilidad estatal por la privación de la libertad. Asimismo, la Sala ha de examinar la naturaleza de los bienes jurídicos potencialmente afectados por la detención preventiva y, con base en esta consideración, reiterar los criterios de estimación del daño moral en estos supuestos.

3. Análisis del caso.

3.1. Hechos probados.

3.1.1. Se conoce que el señor Jairo Arturo Buitrago Vargas es abogado y que antes de su detención ejercía la profesión de manera independiente al tiempo que se desempeñaba como gerente de una empresa de transporte. Asimismo, se conoce que en un período anterior el señor Buitrago Vargas se había desempeñado como secretario de Gobierno de la alcaldía de Soacha.

La condición profesional del demandante y la naturaleza de los negocios a los que se dedicaba en el momento de su detención, se conoce por los testimonios rendidos ante el a quo por la señora Yaneth Torres Riaño, quien declaró:

Preguntado: sírvase decir al juzgado si tiene o no conocimiento del motivo por el cual rinde testimonio y en caso afirmativo diga un relato detallado de lo que le conste.

Contestó: sí me consta. Yo trabajé con el Dr. Buitrago por un espacio más o menos un año, hasta cuando él tuvo problemas de tipo judicial, por los cuales se vio perjudicado tanto económicamente como su buen nombre; él llevaba como la gerencia de una empresa que se llamaba Transsur Ltda., el dueño de esa empresa era del señor Álvaro Bogotá (sic), ese señor le pagaba a don Jairo por la venta de cupos para los taxis, eran $ 2.000.000, por cada taxi o cupo, también llevaba unos negocios en Mesitas en la venta de unos lotes, con el señor Franklin Cubillos creo que se llamaba él, los lotes estaban a cargo de don Jairo, eran más o menos 100 y los vendían a $ 4.000.000, cada uno, (...).

Preguntado: sírvase informar al despacho lo que le conste acerca del buen nombre y la prestancia como profesional del derecho del doctor Jairo Buitrago.

Contestó: el tiempo que yo trabajé con el doctor Buitrago, para mí era uno de los mejores abogados, para mí y para mucha gente era uno de los mejores abogados de Soacha, era muy reconocido y la gente lo buscaba muchísimo, es una persona muy honesta, cumplidora de su deber y muy humana. Para todos fue una sorpresa cuando le dictaron esa medida (fls. 22 y 23, cdno. 2).

La condición de secretario del ente territorial y profesional del derecho del señor Jairo Arturo Buitrago también aparece confirmada en la resolución de acusación proferida por la Fiscalía el día 4 de abril de 1997. En esta última sus condiciones profesionales son invocadas como circunstancias que incrementan el reproche por la conducta supuestamente cometida:

Igual reproche habrá que formularse contra Jairo Arturo Buitrago Vargas, toda vez que en su condición de Secretario General de la Administración municipal de ese entonces, le era exigible, máxime en tratándose de ser conocedor de la ciencia jurídica (...) (fl. 40, cdno. 2).

3.1.2. Se conoce que antes de su detención, el señor Jairo Arturo Buitrago Vargas realizaba actividades proselitistas en el municipio de Soacha. Así aparece corroborado en las declaraciones del señor Juan Alberto Monroy ante el a quo:

Preguntado: manifieste al despacho si conoce al Sr. Jairo Arturo Buitrago Vargas, hace cuánto y cómo.

Contestó: sí lo conozco, más o menos en el año 95 lo conocí por la política, ya que hacíamos campañas en Soacha, inclusiva llegó a ser secretario de Gobierno de Soacha, en el año 1996 (fl. 64, cdno. 2).

3.1.3. Se sabe que el día 4 de abril de 1997, el señor fiscal delegado 001 de Soacha, Cundinamarca, profirió resolución de acusación por los delitos de falsedad ideológica en documento y falsedad por supresión y ordenó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el señor Jairo Arturo Buitrago Vargas, según consta en la providencia citada, aportada al proceso y obrante a folios 26 a 44 del cuaderno 2.

3.1.4. Es un hecho, además, que el día 30 de mayo de 1997, la fiscalía delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca resolvió favorablemente el recurso de apelación interpuesto por el señor Buitrago y otros en contra de la resolución de acusación ya referida, ordenando la preclusión del proceso y la puesta en libertad del sindicado (fl. 45 a 60, cdno. 2).

En la providencia citada se argumenta lo siguiente

Estas someras consideraciones, desembocan en un único planteamiento sobre la ausencia de demostración material de las conductas atribuidas y, como consecuencia, en el compromiso penal de quienes fueron incriminados y figuran gravados con resolución de acusación, aparejando incertidumbre y, por lo tanto, duda en torno a los cargos que les dedujo la fiscalía de instancia en resolución de 4 de abril de 1997, calificando el mérito sumarial con resolución de acusación (...).

En torno al análisis y a la evaluación de los elementos de juicio recaudados en la instrucción, cuyo común denominador es la imprecisión y la confusión respecto de los hechos que constituyeron la noticia criminal, la forma de calificación que actualmente se atempera a la situación destacada es la de preclusión de investigación, con sujeción al precepto contenido en el artículo 439 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 58 de la Ley 81 de 1993, ya que los requisitos demandados por el artículo 441 ibídem para sustentar la resolución de acusación están ausentes, acogiendo de esta manera, la delegada a las apreciaciones de los recurrentes.

3.1.5. Está probado que el señor Jairo Arturo Buitrago Vargas permaneció detenido en la Cárcel Municipal de Zaragoza (municipio de Soacha) entre el 7 de abril de 1997 y el 30 de mayo de 1997, tal como aparece en la certificación remitida por dicha entidad el día 14 de octubre de 1998 (fl. 61, cdno. 2).

3.1.6. Se sabe que la medida de aseguramiento proferida en contra del señor Buitrago Vargas le afectó personal, profesional, económica y políticamente. Así se desprende de los testimonios de los señores Juan Alberto Monroy y Yaneth Torres Riaño:

El primero de los nombrados declaró:

El señor Buitrago entregó la Secretaría de Gobierno en el año de 1996, como en diciembre, y en el año 1997 lo detuvieron en preso (sic), pero no sé realmente lo que pasó. Él tenía en el tiempo que lo distinguí vivían (sic) con la esposa y una niña, creo que la hija era de él y en virtud a ese problema (sic) él se separó de la señora, la señora lo dejó. La situación que sufrió le alteró mucho, ya que el doctor Jairo que yo conocí en ese momento es una persona muy distinta a la de ahora, porque en ese tiempo el Dr. Jairo es una persona muy dada a la lucha en campañas políticas, y hoy en día no le veo el mismo ánimo de profesional como lo era en ese tiempo, y anda muy opacado y cabizbajo debido al problema que tuvo. Y en virtud del problema le tocó salir de muchas cosas, por ejemplo, el apartamento lo vendió y un carro nuevo que tuvo lo tuvo que vender, hoy en día ya no tiene nada, lo tuvo que vender casi todo. En el año 1997 después de que el Sr. Buitrago entregó la Secretaría de Gobierno yo lo llamé para que trabajara conmigo ya que negocio con bienes raíces, y él empezó a asesorarme en mis negocios de finca raíz, me llevaba como tres o cuatro negocios, pero en virtud al (sic) encarcelamiento que él tuvo no pudo seguir asesorándome y eso me causó cierta incomodidad y problemas en mis negocios; y llegó hasta tanto eso que al día de hoy tengo un problema por la problemática del Dr. Jairo, hasta el día de hoy no me ha arreglado nada de los negocios que él llevaba, y son de plata, porque yo pacté unos honorarios y él no ha tenido capacidad de devolverme la plata, pero yo no le he molestado, pues porque he tenido compasión y paciencia.

A su vez la señora Yaneth Torres aseveró:

(...) debido al problema que tuvo, don Jairo tuvo que devolverle la plata a unos clientes, los nombres de las personas no los recuerdo en este momento, pero fueron casos que él ya había empezado a llevar y por dicho problema no los podía seguir adelante, entonces ellos pidieron que les devolvieran la plata, otros gastos que él tuvo que pagar cuando estuvo ausente fueron los del arriendo de la oficina, servicio y el sueldo de la secretaria, o sea el sueldo mío (...).

Preguntado: manifieste al despacho, si luego de la privación de la libertad de la que fue objeto el Dr. Jairo Buitrago, su imagen y prestigio de profesional del derecho se puso en entredicho, y las consecuencias desde este punto de vista generó esta situación.

Contestó: sí, notablemente fue así porque ya la gente comenzó a poner su nombre en entredicho, los mismos abogados que tenían su oficina por ahí cerca también lo desprestigiaban con sus clientes que él tenía y con otras personas que lo buscaban, y obviamente no sabían su situación, y también debido a esto perdió proceso (sic) que él había comenzado a llevar, no fue por negligencia de él sino porque la gente le quitó el poder, debido a eso él tuvo que devolver muchísima plata de los procesos que él llevaba.

Preguntada: infórmele al despacho si le consta, que los hechos por los que fue investigado el doctor Jairo Buitrago, se dio despliegue publicitario y noticioso que hayan (sic) afectado el buen nombre de su familia, la armonía en su hogar, es decir la relación familiar con su compañera e hijastra.

Contesta: sí, ellos también se vieron afectados por esa situación, su esposa se vio afectada porque fue más o menos una persecución a su familia y a su esposa.

Preguntada: manifieste al despacho, si la actividad política, si le consta, y proselitista del señor Jairo Buitrago, menguó debido a la arbitraria detención de la que fue objeto.

Contestó: también al igual que las anteriores se notó el rechazo de las personas hacia los pensamientos o deseos que tenía el doctor políticamente.

Preguntada: infórmele al despacho si tuvo usted conocimiento de que producto de la privación de la libertad a la que fue sometido el doctor Buitrago, tuvo alguna afectación de carácter físico, emocional o psíquico.

Contestó: según lo que me alcanzo a acordar, sí estuvo muy depresivo, muy triste, él estuvo enfermo pero en realidad no me acuerdo de qué y físicamente se acabó mucho, se veía muy demacrado, muy acabado.

Preguntada: infórmele al despacho si tiene usted conocimiento, si la situación económica del doctor Buitrago se vio modificada.

Contestó: entre otras cosas él estaba pagando un carro no me acuerdo si era Hyunday, este carro lo estaba pagando a Leasing Fénix y le tocó devolverle y creo que hasta perdió plata de las cuotas que él ya había pagado. Tenía una camioneta Mazda de servicio público la cual fue también retenida como algo así porque él ya no pudo seguir pagando los rodamientos a la empresa, entonces ahí perdió los producidos diarios que le generaba esta camioneta aparte de lo que tuvo que pagar de parqueadero y los gastos que ocasionaba el hecho de estar quieto el carro. También los gastos en honorarios de abogado que le llevaba su caso, también el atraso en los arriendos de la oficina, los servicios públicos que se pagaban en la oficina.

3.2. Cuestión previa: la legitimación pasiva.

Antes de ocuparse de las cuestiones relativas a la imputabilidad de los daños sufridos por el señor Antonio José Cardona Velásquez es necesario llamar la atención sobre el hecho de que en el sub lite se discute la responsabilidad por decisión de la Fiscalía General de la Nación, entidad que no intervino en el proceso y que, sin embargo, fue condenada, en cuanto lo hizo la dirección ejecutiva de administración judicial.

Ahora bien, para el momento de la presentación de la demanda (mayo de 1997), cabía duda respecto la representación judicial de la Fiscalía, en atención a que “de conformidad con el capítulo sexto del título VIII de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial del poder público. En este sentido, en concordancia con el artículo 98 de la citada ley, podría afirmarse que la dirección ejecutiva de administración judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la representación judicial de la Nación - rama judicial y, por ende, de la Fiscalía General de la Nación ; empero en aplicación del artículo 28 de la misma ley, en virtud de su autonomía administrativa y presupuestal, la Fiscalía General de la Nación puede comparecer directamente ante los jueces por intermedio de su oficina jurídica y, conforme al artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contenciosos administrativos la Nación estará representada por (...) la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho” y a que, según lo dispuesto por el artículo 27.1 del Decreto 2699 de 1991, corresponde a la oficina jurídica del ente investigador “representar a la Fiscalía mediante poder conferido por el Fiscal General en los procesos en que esta sea demandada”(2).

Siendo así las cosas, podría advertirse en el sub lite una indebida representación de la parte pasiva, vicio que eventualmente podría generar una nulidad.

Empero, a este respecto cabe precisar que se trata de una irregularidad subsanable y que, por lo demás, únicamente podría declararse a petición de la parte afectada, esto es la dirección administrativa de administración judicial quien asumió sin más la representación de la Nación, de donde la falencia quedó saneada por la conducta del interesado.

No obstante podría advertirse que era la Fiscalía la que debió pronunciarse o abstenerse de hacerlo para entender convalidada la nulidad relativa advertida, empero si bien en el lenguaje procesal usual cabe hablar de la representación judicial de la Fiscalía, en estricto sentido, quien se hace parte en los procesos en los que se discute la responsabilidad por los hechos de esta entidad no es otra que la Nación. Ahora bien, en el caso concreto es patente que esta asumió la defensa sin dar aviso a la Fiscalía. En este sentido, se debe entender que fue la Nación ejerció su propia representación y así mismo la Fiscalía habrá de asumirlo.

Cabe mencionar, por lo demás, que esta postura ha sido reiteradamente por la jurisprudencia de esta corporación. Así en sentencia de 13 de diciembre de 2001, la Sala sostuvo que:

(...) no se configura ninguna causal de nulidad cuando la Nación, que es el centro de imputación procesal demandado, ha estado representada por autoridad diferente al funcionario de mayor jerarquía dentro de la entidad que causó el hecho dañoso, pues en todo caso sería aquella la llamada a asumir la condena que pudiera asumirse en su contra, es decir, que en esos eventos, no había falta de legitimación en la causa ni indebida representación, pues de conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esta causal de nulidad solo se configura por carencia total de poder para el respectivo proceso(3).

Y en fallo de 9 de marzo de 2011:

“La Sala ha considerado que la indebida representación, sea legal o judicial constituye la causal de nulidad prevista en el artículo 140, numeral 7º del Código de Procedimiento Civil, la cual en este caso se encuentra saneada, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º y 4º del artículo 144 ibídem. El primero de los numerales referidos indica que el saneamiento opera cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente y debe considerarse, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 143 del mismo estatuto, que la disposición no se refiere exclusivamente a la persona o parte indebidamente representada, sino también a la parte contraria, que puede ver afectado su derecho de defensa cuando aquella actúa por intermedio de una persona que no es quien debe ejercer la representación legal o por quien carece de poder para ejercer la representación judicial. En asunto sub lite, se advierte que la parte demandada no dijo nada respecto de ninguno de los dos eventos; guardó absoluto silencio respecto de la representación legal del menor y la capacidad procesal del mismo, lo cual pudo advertirlo dentro del término de ejecutoria del auto admisorio de la demanda porque en tal oportunidad el juez está en la obligación de verificar los presupuestos procesales de la acción y ante la omisión del juez, las partes se hallaban en la obligación de aducirlo. Igual conducta asumió respecto de la carencia total de poder de los señores Lázaro Huertas Rodríguez y Carlos Orlando Varón Cárdenas, situación que debió advertir en la misma oportunidad procesal el demandado, por tratarse de aquellas irregularidades que son susceptibles de ser alegadas como excepciones previas en el procedimiento ordinario civil a términos del numeral 5 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil y al no hacerlo, la irregularidad se saneó conforme a lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 144 ibídem”(4).

3.2.(sic) Consideraciones generales.

3.2.1. El marco axiológico constitucional y su incidencia en el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

La Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y a la libertad como uno de sus valores fundantes (preámbulo) y como principio normativo básico (art. 1º).

La dimensión axiológica y principialista de la libertad humana se concreta, a su vez, en una serie de derechos fundamentales, en virtud de los cuales la autonomía humana ha de ser protegida de toda coacción ilegítima por parte de los particulares o del Estado. Entre este catálogo de libertades fundamentales, se destaca la garantía contra retención arbitraria, por parte de las autoridades que detentan el poder coactivo, para el efecto la Carta Política en su artículo 28 preceptúa:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Por otra parte, el modelo de Estado social de derecho acogido por la Constitución Política da lugar a los administrados cuenten con mecanismos eficaces para la salvaguarda de sus derechos, particularmente aquellos que por su especial envergadura, hace del Estado garante de su imperio y prevalencia.

En concordancia lo expuesto, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 dispuso que el Estado responde patrimonialmente, cuando la privación es injusta y por ende lesiona el derecho a la libertad en los tres supuestos considerados por la norma en cita, así:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Ahora bien, es cierto que en la doctrina y en la jurisprudencia se han generado debates respecto del alcance de la responsabilidad estatal en virtud de la disposición que se trae a colación y también lo es que, en ocasiones, esta corporación no ha considerado objetiva dicha responsabilidad, ante los supuestos antes mencionados posturas estas abandonadas por la jurisprudencia de esta corporación, cuya evolución jurisprudencial aparece señalada de este modo en sentencia de 8 de julio de 2009:

Tratándose de la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, la Sala no ha mantenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 de Código de Procedimiento Penal —D.L. 2700/91(5)—, ya derogado pero aún aplicable a aquellos asuntos ocurridos durante su vigencia, como sucede en el presente asunto, pues la víctima directa del daño fue privada de la libertad entre el 9 de mayo y el 2 de septiembre de 1993, época para la cual se encontraba en vigencia el decreto aludido(6).

Una primera línea jurisprudencial podría calificarse de restrictiva, bajo el entendido de que la responsabilidad del Estado, por la privación injusta de la libertad de las personas, se fundamentaba en el error judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonable, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, se dijo que la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez que causa perjuicios a sus coasociados(7). Posteriormente, se indicó que la investigación de un delito cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(8).

Una segunda línea entendió que en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(9). Se consideró, además, que en tales eventos la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad, pero que en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se exigiría al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(10).

En ese orden, se sostuvo que el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(11). El primero, previsto en su parte inicial, señalaba que: “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o ilegalidad de la detención. La segunda parte de la disposición, en cambio, tipificaría los tres supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible— los cuales, una vez acreditados, darían lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigeró el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, que implicaba imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada, al tiempo que amplió, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado fuese absuelto en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(12).

Valga anotar, respecto de la responsabilidad objetiva estatal en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que se prolongó incluso más allá de su derogatoria fundada en profundas consideraciones sobre lo irrazonable y desproporcionado que comporta sostener que los asociados están obligados a soportar la carga de ser privados de su libertad, y, por ende, de ver alterado gravemente el disfrute sus derechos fundamentales, sin razón constitucional que lo justifique.

“... La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria solo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades¾ deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”(13).

Ahora bien, no desconoce la Sala que en ciertos casos la privación de la libertad, aún antes del juicio, obedece a profundas necesidades sociales y que, por lo tanto, el Estado está legitimado para decretarlas. En este sentido, es dable sostener que, en la medida en que sean legales y amparadas por la ley, las medidas de detención no se pueden calificar de antijurídicas. Al respecto es menester señalar que esto último se puede entender en función de la violación de la ley o de la lesión objetiva de bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento. Supuesto que resulta relevante en lo que respecta a la responsabilidad estatal, cuya finalidad radica en la satisfacción del derecho de la víctima y no en la sanción de quien actúa ilegítima y dolosamente, como ocurre en el campo de la responsabilidad penal.

Es que tratándose de responsabilidad extracontractual en nuestro ordenamiento rige el principio según el cual la reparación persigue la indemnidad de la víctima, no la sanción penal de quien causó el daño, de ahí que bien puede suceder que de una acción legítima se derive, en todo caso, la obligación de indemnizar.

Sostener lo contrario, se ha de notar, implica aceptar que, la necesidad social, justifica la lesión sustancial de los bienes jurídicos fundamentales de los asociados, lo cual significa, a su vez, que cualquiera puede ser sacrificado por el bienestar de otros, es decir, ser objeto de total disposición por parte del Estado. Todo ello está en profunda contradicción con los principios de dignidad humana y de indisponibilidad de los derechos fundamentales y únicamente tiene cabida dentro del marco de un Estado totalitario.

3.2.3. El in dubio pro reo nominal y real.

La principal razón de la defensa, acogida además, por el a quo, radica en que la investigación adelantada en contra del señor Buitrago no precluyó debido a la demostración de su inocencia sino a la insuficiencia probatoria. En este sentido, según la parte demandada, la resolución se basaría en la duda sobre la participación del autor, en virtud del principio in dubio pro reo y, por lo tanto, no incluida dentro de los casos de responsabilidad objetiva consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente en ese momento.

Al respecto hay que decir que, si bien es cierto que existen posturas jurisprudenciales encontradas sobre la naturaleza de la responsabilidad estatal en el caso de las absoluciones proferidas en virtud del principio in dubio pro reo, esta polémica no está referida a todos los casos en los que el juez o el fiscal invocan la duda en sus decisiones, sino únicamente a aquellos casos en los que efectivamente cabía la duda, al punto que no procede sino absolver al acusado.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que la duda en cuanto estado subjetivo de la conciencia, no puede ser criterio de determinación de la responsabilidad penal o estatal. Es que en su subjetividad el juez puede llegar a dudar por cualquier motivo, sólido o débil. La mera acusación o la actitud personal del sindicado pueden ser suficientes para generar duda en un juzgador, mientras que en otros casos, quien decide exigirá que una y otras sean reforzadas. Por lo tanto, si la existencia de la duda fuera criterio suficiente de la responsabilidad penal, civil o estatal, los sujetos sometidos a juicio quedarían enteramente a merced de la subjetividad o el grado de suspicacia del juez, esto es, a un factor absolutamente subjetivo y arbitrario.

Siendo así cabe precisar que la duda en sí misma no es criterio de responsabilidad, pero que sí lo son los datos objetivos en los que la misma se sustenta. Esto porque de su grado de respaldo en datos externos depende que la duda alcance el calificativo de razonable. En el caso de la responsabilidad penal, como se sabe, el umbral de la decisión lo marca el abandono o la presencia de la duda razonable, es decir, tratándose de casos en los que se discute la punibilidad de un acto, es menester que la culpabilidad esté comprobada de tal modo que una afirmación en contrario resulte descabellada. Se necesita pues, que la explicación más probable del acto sea la de la comisión del delito y que las razones exculpatorias sean significativamente improbables.

Así las cosas, se entiende que hay casos en los que existiendo pruebas sólidas sobre el hecho delictivo y la participación del reo, las mismas se contrastan con otras de igual peso, que en conjunto impiden afirmar que la hipótesis sobre la comisión del hecho se sitúa más allá de toda duda razonable. En estos casos, la contundencia de las pruebas en uno y otro sentido simplemente impiden arribar a un juicio certero sobre lo ocurrido y en consecuencia la duda razonable inclina la balanza a favor del acusado.

En otros casos, la duda del juez se asienta sobre fundamentos menos sólidos, uno de los cuales puede radicar en el hecho de que la acusación no haya sido desvirtuada por completo por la defensa, a pesar de que no existan pruebas consistentes sobre el hecho criminal. En este caso, la duda subjetiva del juez no se puede considerar razonable y, por lo tanto, está excluida de los supuestos de aplicación real del principio in dubio pro reo por la simplísima razón de que es mera duda psicológica, no fundamentada y, por lo tanto, sin sustento. Sostener lo contrario implicaría aceptar que el acusado tiene el deber de desvirtuar una presunción de culpabilidad en su contra, lo cual contradice el pilar de su inocencia que sostiene la legitimidad del Estado en materia criminal.

Asimismo, se debe tener en cuenta que los umbrales de razonabilidad de la duda son distintos en las diferentes etapas del juicio, de modo que lo que resulta suficiente para dar apertura a la investigación, o proferir resolución de acusación o medida de aseguramiento, puede no resultar suficiente para arribar a la condena. En este sentido se aclara que el objeto la discusión sobre el in dubio pro reo, de ordinario se ha de dar en el contexto de la sentencia, la que tendrá que ser proferida más allá de toda duda razonable.

3.2.4. La detención injustificada.

Así como se ha dicho que la privación de la libertad puede ser legítima, a la luz de la legalidad, pero injusta a la luz de la afectación de los bienes jurídicos, es menester reconocer que existen detenciones que no alcanzan ni la primera, pues no cumplen con las exigencias probatorias requeridas. Casos en los que bien puede tratarse de falla en el servicio, para imputar la responsabilidad.

En efecto, a diferencia de los supuestos en los que la detención se realiza con base en indicios o razones de peso en la etapa de investigación, cuando la detención se ordena arbitrariamente, los agentes del Estado olvidan su norte en cuanto transgreden principios y valores fundamentales, de los que se deriva la razón de su autoridad. Ya no se trata, entonces, de la sola consecuencia no deseada, que sobreviene al ejercicio de una operación naturalmente falible, sino de la total perversión del poder punitivo.

3.2.4.(sic) La privación de la libertad y su impacto en el disfrute de los bienes jurídicos de los asociados.

En el campo de la responsabilidad estatal la regla general no suele ser la de la responsabilidad objetiva, por lo que el hecho de que esta pueda ser aplicada en los casos de privación injusta de la libertad obliga a considerar seriamente las razones que lo justifica.

La razón salta a la vista: la privación de la libertad es la medida más drástica que dentro del ordenamiento se puede imponer a un sujeto y tiene la capacidad de afectar gravemente el disfrute de prácticamente la totalidad de los derechos de quien se ve sometido a ella, con excepción del de la supervivencia. En efecto, a quien se priva de la libertad se le limita la posibilidad de desplazamiento y de relación y en ese sentido, aunque no se atenta contra su integridad corporal, se la limita en cuanto esta comporta integralidad física, psíquica, y espiritual de donde no queda sino aceptar el severo detrimento de las posibilidades de desarrollo su personal o del proyecto de vida, en los campos social, económico, político, familiar y cultural. Además de estas restricciones intrínsecas, el hecho del encarcelamiento conlleva un detrimento de la imagen y el buen nombre, así como en su patrimonio, puesto que, aunque no se niega la posibilidad de trabajar, las posibilidades y oportunidades se restringen ostensiblemente, al igual que las ganancias. Aparte de lo anterior, a diferencia de las penas meramente patrimoniales, la privación de la libertad resulta irreversible, así sea injusta en la medida en que el tiempo, las oportunidades perdidas y las afectaciones morales no se pueden revertir.

Ahora bien, aunque la privación de la libertad siempre implica el máximo grado de afectación legítima de los derechos fundamentales y por lo tanto, no tendría que ser soportada por quienes no han dado lugar a merecerla, es indudable que su imposición puede llegar a afectar de modo especial más a unos que a otros, ya sea por la conducta endilgada y las modalidades de publicidad y tiempo que la acompañan, como por las condiciones particulares y familiares del afectado (v.gr. parentesco con la víctima, condición profesional, condiciones sociales, aspiraciones políticas, oportunidades perdidas, detrimento patrimonial subsiguiente, etc.).

3.2.4.(sic) Consecuencias de la privación de la libertad, la acusación y la condena respecto de particulares exigencias de probidad. Relevancia de cierto tipo de delitos.

Dicho lo anterior, es menester notar condiciones que hacen a la privación injusta de la libertad particularmente lesiva.

En efecto, existen oficios en los que la imagen califica al sujeto que los ejerce y determina su competencia mientras que en otros esta última nada tiene que ver con su probidad moral. Muchos son los supuestos uno y otro caso, pero de momento importa resaltar que quienes representan a otros en el foro, ya sea en el litigio, en la magistratura o en la actividad política, no pueden proyectar confianza con una imagen desprovista de honradez.

Que la rectitud del espíritu sea condición indispensable para el ejercicio del derecho o de la política es cosa bien sabida. Ya desde la antigüedad este principio fue expresado por Quintiliano, quien del orador (es decir quien interviene ante el foro) exigía además de pericia ser vir bonus y quien, por lo demás excluye de la vida pública a quienes no gocen de independencia moral, como los difamados. Tampoco se escapa esta relación a Ulpiano, para quien el jurista debe ser sacerdote de la justicia, o a la filosofía posterior que afirma categóricamente que la iuris prudentia presupone la justicia.

Por lo tanto, “si la abogacía no se sustenta en la lucidez del ingenio sino en la rectitud de la conciencia”, como dice Ángel Osorio, impugnar esta última condición es descalificar por completo al abogado en cuanto tal, minar su fiabilidad pública, convertirlo en un paria dentro de su profesión. A un artesano o un técnico le basta con acreditar su saber hacer, pero al hombre público se le exige ser una determinada clase de persona, merecedora de la confianza suficiente para delegarle la representación en el mundo jurídico y para confiar a su prudencia el disfrute de los propios derechos.

Otro tanto se puede decir del político de quien se exige (o debe exigir) proyectar la rectitud moral propia de quien no intentará obtener beneficios a costa del bien común o de no anteponer sus intereses a los de los representados.

Por otra parte, siendo cierto que cualquier acusación que ponga en tela de juicio la rectitud personal del jurista o el hombre público le afecta en virtud de su profesión, se debe aclarar que existe cierto tipo de acusaciones que afectan de modo especial su fama y su prestigio profesional. Este es el caso de los delitos directamente relacionados con el ejercicio de su oficio, con las oportunidades que este comporta o que sugieren el abuso de la confianza legítimamente depositada en ellos. Es claro, por ejemplo, que aunque en cualquier caso se mancille la reputación, no es lo mismo acusar a un servidor público de peculado que de lesiones personales culposas o de conducir en estado de embriaguez.

Se ha de destacar, finalmente, que la deshonra profesional y personal que puede conllevar la imputación de delitos y más específicamente relacionados con la honestidad, tiene aptitud generadora de responsabilidad aún en ausencia de pena privativa de la libertad. Así, por ejemplo en sentencia de 4 de septiembre de 1997, esta corporación declaró la responsabilidad estatal por una sanción disciplinaria injustamente proferida contra un profesional del derecho(14), imponiendo una indemnización por daños morales por el valor equivalente a 500 gramos de oro fino, esto es, 35, 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes de la época.

3.3. Consideraciones respecto del caso concreto.

3.3.1. Sobre la configuración del daño antijurídico.

De las pruebas allegadas al proceso se tiene por cierto que el señor Jairo Arturo Buitrago Vargas fue sometido a una afectación de sus derechos fundamentales de tal intensidad que sostener que estaba obligado a padecerlos en aras del bien común resulta absurdo.

En efecto, como ya dijo ad supra el solo hecho de la detención supone una restricción de prácticamente la totalidad de las libertades civiles reconocidas, así como una afectación necesaria del proyecto de vida, la convivencia familiar y la autonomía económica. Por otra parte, la condición de abogado en ejercicio y las aspiraciones políticas del señor Buitrago Vargas obliga a considerar que la naturaleza de los delitos imputados y la publicidad de la detención le afectaron de modo particular en su prestigio profesional y en las posibilidades de vivir según el propio proyecto de vida.

Lo anterior no solamente cabe inferirlo con base en las reglas de la experiencia sino que aparece explícitamente probado en el expediente, pues en los testimonios se puede corroborar que después de haber estado recluido por casi dos meses, el señor Buitrago Vargas cayó en el desprestigio, tanto como profesional del derecho como activista político.

Los testimonios también reflejan que el señor Buitrago Vargas se vio afectado patrimonialmente a causa de la detención, dado que la imposibilidad de cumplir con sus deberes profesionales desde la cárcel y a la pérdida de clientes que sobrevino a esta limitación y al desprestigio profesional. Los testigos dan fe de que las pérdidas materiales fueron cuantiosas y que llegaron a dejar al señor Buitrago Vargas en la pobreza. Empero, los testimonios fallan en dar noticia de la cuantía y la naturaleza de las pérdidas referidas ni dan indicio alguno para su cálculo, a lo que hay que añadir que no existe ninguna otra prueba que acredite el valor del daño patrimonial causado, por lo que la Sala ha de acudir a las inferencias adoptadas jurisprudencialmente en los casos en los que el detrimento es cierto pero su cuantía no lo es.

3.3.1.(sic) Sobre los motivos de la preclusión de investigación y la arbitrariedad de la detención.

En líneas anteriores se ha enunciado que las controversias sobre la aplicabilidad del régimen de responsabilidad objetiva a los fallos proferidos en virtud del in dubio pro reo solamente se predican en los casos en los que este axioma jurídico es causa real y no únicamente nominal de la decisión, esto es, cuando la duda invocada es razonable.

En el sub lite es patente que las dudas señaladas por la Fiscalía no constituyen un caso auténtico de aplicación del principio in dubio pro reo, sino que por el contrario se tienen que entender como consideraciones sobre la total insuficiencia probatoria que deja incólume la presunción constitucional y legal de inocencia. De hecho, de la redacción de los párrafos concernientes a la motivación de la preclusión de la investigación se nota inmediatamente la correlación lógica que el fallador establece entre la duda invocada y la ausencia de pruebas.

De todo ello se ha de concluir que en el sub lite ni siquiera cabe la posibilidad de controvertir la aplicabilidad del régimen objetivo de responsabilidad.

Aparte de ello, es de notar que el proceder de los funcionarios de la Fiscalía para ordenar la detención fue totalmente irregular puesto que, contrariamente a lo alegado por la defensa, es patente que no estuvo respaldada en indicios serios en contra del acusado ya que, del examen del expediente correspondiente al proceso penal, se concluye que la decisión se adoptó teniendo como base la denuncia presentada por el señor José Ernesto Martínez Tarquino y que la única razón que llevó a este último a involucrar en los hechos al señor Buitrago Vargas en la supuesta falsificación y supresión de un documento tuvo que ver con su condición de secretario de Gobierno del municipio de Soacha.

La irregularidad en la valoración del material probatorio es patente porque se desconoció el hecho de que la denuncia no puede ser tenida como prueba directa o indirecta del hecho y mucho menos como prueba con la contundencia suficiente para adoptar medidas tan drásticas como la detención preventiva.

Por lo anterior se ha de concluir que la medida de aseguramiento adoptada fue del todo infundada y, por ende, abusiva.

4. Liquidación de perjuicios.

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación los daños sufridos, es preciso fijar la cuantía de los mismos.

4.1. Perjuicios morales.

La parte demandante ha pedido mil gramos oro, por los perjuicios morales sufridos. Debe recordarse, sin embargo, que tanto la legislación como la jurisprudencia de esta corporación han abandonado la tasación de los perjuicios morales en gramos oro para, en su lugar, adoptar el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes al tiempo de la condena(15). Habida cuenta de que el daño moral es de suyo imposible de cuantificar de un modo exacto, por ser este de carácter inmaterial, es necesario fijar el monto de la indemnización valiéndose de la facultad discrecional que le asiste en estos casos y de conformidad con los estos parámetros establecidos jurisprudencialmente(16): i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(17); ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

Ahora bien, tratándose de casos de privación injusta de la libertad la Sala ha sostenido que, como regla general, el criterio a seguir está dado por una relación valor-tiempo, según la cual por cada mes de privación injusta de la libertad se reconocen cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes(18).

Sin embargo, desde el momento mismo de la adopción de este criterio, se ha dejado claro que no se trata de una regla absoluta sino de una estimación que opera en ausencia de datos adicionales que permitan conocer de eventuales circunstancias de agravación. En el sub lite, la afectación del buen nombre del señor Buitrago Vargas se entiende como una consecuencia de la detención que le perjudicó de modo especial debido a su calidad de abogado y sus aspiraciones políticas. La Sala nota, por lo demás, que en casos en los que se ha declarado la indemnización por sanciones disciplinarias —y por ende no privativas de la libertad— la cuantía reconocida excede en mucho, la de diez salarios mínimos, correspondientes a la sola privación de la libertad durante aproximadamente dos meses.

Así pues, si en ocasiones anteriores, la Sala ha reconocido 35,2 smlmv(19) por la sanción no privativa de la libertad que afecta la reputación profesional del abogado, en este caso parece imponerse la conclusión de que la indemnización debida debe ser superior y que a la cantidad antedicha ha de sumarse la que usualmente se concede por la privación de la libertad, en este caso, diez salarios mínimos. Así las cosas, se concluye que la indemnización debida asciende a 45,2 smlmv.

4.2. Perjuicios materiales.

Lucro cesante

De los testimonios se deduce claramente que el señor Buitrago Vargas dejó de recibir significativos ingresos a causa de su detención. Sin embargo, la Sala no cuenta con elementos para colegir exactamente el valor exacto de los mismos, por lo que procederá a calcular el valor del lucro cesante sobre los parámetros jurisprudencialmente adoptadas para la estimación del lucro cesante en los casos en los que no es posible establecer el valor de los ingresos mensuales del afectado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomará como base liquidataria el valor del salario mínimo, incrementado en un 25% correspondiente a prestaciones sociales. El tiempo de desocupación laboral se calculará teniendo en cuenta que el señor Buitrago Vargas dejó permaneció aproximadamente dos meses en reclusión y que según el DANE el tiempo promedio de la reincorporación de una persona al mercado laboral es de 8.75 meses. Asimismo, se utilizará la siguiente fórmula matemática:

En donde:

 

1999-01531 ecu1.JPG
 

 

S = suma a obtener.

Ra = renta actualizada, es decir, el valor del salario mínimo incrementado en un 25%, correspondiente a prestaciones sociales.

I = tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = trece meses dejados de laborar a causa de la incautación injusta.

1 = es una constante.

Aplicando esta fórmula al caso concreto, la ecuación sería:

 

1999-01531 ecu2.JPG
 

 

En virtud de lo antedicho esta Sala

III. RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales y materiales que sufrió el demandante como consecuencia de la privación injusta de su libertad.

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación pagar a los demandante, por concepto de daños morales, la suma de 45, 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento del presente fallo.

4. CONDENAR en abstracto a la Nación - Fiscalía General de la Nación pagar al demandante, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de ocho millones ciento doce mil cuarenta y siete pesos ($ 8.112,047).

5. La Nación - Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 16 de marzo de 2012, radicado 18001-23-31-000-1999-00465-01 (28582), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, providencia del 13 de diciembre de 2001, Expediente 73001-23-31-000-1995-2755-01 (12787), actor: Elvira Ortega de Salcedo y otros, Demandado: Fiscalía General de la Nación.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de marzo de 2011, radicación, 76001-23-31-000-1999-01507-01 (28270), C.P Gladys Agudelo de Ordóñez.

(5) Expedido por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias.

(6) El Decreto 2700 de 2001 estuvo vigente entre el 1º de julio de 1992 y el 23 de julio de 2001.

(7) Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, Expediente 7058.

(8) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.

(9) Sección Tercera, sentencia de 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391.

(10) Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056.

(11) Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

(12) Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997, Expediente 11.754.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, radicación 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10285. M.P Ricardo Hoyos Duque.

(15) Esta corporación ha adoptado el susodicho criterio para la estimación del daño moral a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(16) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia número de radicación 21.350, actor: Mauricio Monroy y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourt.

(17) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13.232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, Expediente 24688. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10285. M.P Ricardo Hoyos Duque.