Sentencia 1999-01549 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 76 001 23 25 000 1999-01549 01 (25160)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Claudia Graciela Quintero Pastrana y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia).

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de noviembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la que se negaron las pretensiones de la demanda.

2. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios morales excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, en aplicación del Decreto 597 de 1988.

3. Se advierte por la Sala que como la sentencia sólo es apelada por la parte actora deberá cumplirse con lo consagrado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de manera que el recurso se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante.

4. El objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora tiene que ver con: a) la valoración de medios probatorios indebidamente trasladados desde un proceso disciplinario; y, b) la afirmación que la muerte de José Rodrigo Satizabal Cárdenas se produjo por estrangulación, y no por culpa de la propia víctima.

5. Antes de abordar el examen de la apelación, la Sala debe abordar el estudio de ciertos aspectos procesales que debe dilucidar.

2. Aspectos procesales previos.

6. La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo debe pronunciarse acerca de dos cuestiones procesales: de la prueba trasladada desde el procedimiento disciplinario adelantado por la Policía Nacional, y de la copia simple del “Protocolo de necropsia” aportado al proceso.

2.1. Criterios para la valoración y apreciación de la prueba trasladada.

7. La Sala estudiará en abstracto y en concreto si tiene en cuenta las pruebas objeto de traslado, determinando cuáles puede apreciar y valorar en la presente instancia.

8. En relación con la eficacia probatoria de la prueba trasladada la Sala da continuidad a la jurisprudencia de la Subsección C de la Sección Tercera (ver por ejemplo sentencias de mayo 9/2012, exp. 20334; oct. 22/2012, exp. 24070), según la cual cabe valorar dicha prueba a instancias del proceso contencioso administrativo siempre que se cumpla con los presupuestos normativos del artículo 185(1) del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el(los) proceso(s) del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia(2), respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción. Así mismo, debe tenerse en cuenta lo consagrado por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo(3) (D. 1/84), especialmente cuando establece que en “los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

9. En su dilatada jurisprudencia la Sección Tercera se plantean una serie de criterios con base en los cuales puede tenerse, valorarse y apreciarse la prueba trasladada: 1) criterios genéricos: en “punto a la posibilidad de trasladar las pruebas, cualesquiera que sean, practicadas en otro proceso, la misma se encuentra autorizada por el artículo 185 del Estatuto Procesal Civil, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: — Que hayan sido válidamente practicadas. — Que se trasladen en copia auténtica. — Que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”(4); puede valorarse la prueba trasladada cuando la parte demandada se allana expresamente e incondicionalmente a la solicitud de pruebas presentada por la parte demandante en la demanda; 2) criterios aplicables a la prueba que procede de procesos penales: i) la prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada(5); ii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración(6); iii) se puede valorar como indicio la prueba trasladada del proceso penal; iv) las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(7); 3) criterios aplicables a la prueba que procede de procedimientos disciplinarios: i) las “pruebas trasladadas y practicadas dentro de las investigaciones disciplinarias seguidas por la misma administración no requieren ratificación o reconocimiento, según sea el caso, dentro del proceso de responsabilidad”(8); ii) la prueba trasladada del proceso penal militar y de la investigación disciplinaria puede valorarse ya que se cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce, por ejemplo la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional(9); iii) en cuanto a los testimonios que obran en proceso o investigaciones disciplinarias se sostiene: a) que “no necesitan ratificación, pero esto hay que entenderlo, como es obvio, frente a las personas que intervinieron en dicho proceso disciplinario, o sea el funcionario investigado y la administración investigadora (para el caso la Nación); b) las declaraciones, para hacerlas oponibles, debieron ratificarse en la forma prevista en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil”(10); 4) criterio aplicable a la prueba testimonial practicada ante la jurisdicción ordinaria: i) la prueba testimonial rendida ante la jurisdicción ordinaria y trasladada no puede valorarse si no es ratificada y no es peticionada de común acuerdo(11); ii) “la Sala, en aplicación del principio de lealtad procesal, ha reiterado que hay casos en los cuales sin ratificación del testimonio, el mismo puede y debe ser válidamente apreciado cuando es allegado a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquél, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación, siempre que sean allegados en copia auténtica, porque así lo dispone la norma general sobre prueba trasladada (CPC, art. 185)”(12); 5) criterios aplicables a la prueba documental trasladada desde diferentes procesos o procedimientos: i) en “relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil; ii) sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito”(13); iii) la prueba documental puede valorarse “toda vez que ésta estuvo (sic) en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla”(14); iv) puede valorarse como prueba trasladada el documento producido por autoridad pública aportado e invocado por la parte demandante(15); 6) criterio aplicable a la prueba utilizada para estructurar la defensa: la prueba trasladada puede ser valorada cuando fue utilizada por la contraparte, por ejemplo demandada, para estructurar la defensa en los alegatos de conclusión(16); 7) criterio aplicable para la delimitación del tipo, idoneidad y cantidad de pruebas a trasladar: el “legislador supeditó la valoración de las pruebas trasladadas al cumplimiento de los requisitos procesales exigidos, más no consagró como obligación de la parte que solicita la prueba el señalamiento expreso de las piezas procesales que pretende trasladar. No obstante, el juez tiene la facultad de rechazar de plano las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las impertinentes y las manifiestamente superfluas”(17); 8) criterio aplicable a las inspecciones judiciales y dictámenes periciales trasladados: las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, salvo que lo hayan sido con audiencia de la parte contra la que se aducen(18); 9) criterio aplicable a la prueba trasladada en copia simple: cuando se trata de prueba trasladada en copia simple por la demandante, y teniendo especial consideración por las específicas situaciones de vulneración de derechos humanos, cabe aquella documental o informes siempre que haya obrado durante todo el proceso y la parte contra la que se aduce la haya utilizado para su defensa (contestación, alegatos o incluso en la sustentación o alegatos del recurso de apelación); 10) en los casos donde cabe valorar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por ejemplo por afectación de miembros de la población civil (muertos y lesionados) inmersa en el conflicto armado, procede realizar un control de convencionalidad (con sustento en la C.P., art. 93) a lo consagrado en el Código de Procedimiento Civil, de tal manera que se respete la Convención Americana de Derechos Humanos(19), debiendo garantizarse el acceso a la justicia(20) en todo su contenido como derecho humano reconocido constitucional y supraconstitucionalmente, y se tenga, aprecie y valore como prueba aquellos medios allegados oportunamente (por cualquiera de las partes dentro del proceso), haciendo prevalecer, también, el principio constitucional de la primacía de lo sustancial por sobre lo formal (C.P., art. 230)(21).

10. A lo anterior, cabe agregar que en el ordenamiento jurídico internacional la Corte Internacional de Justicia ha procurado argumentar que el juez debe orientarse por el principio de la sana crítica y de la libertad de apreciación de los medios probatorios que obren en los procesos, y que debe desplegar un papel activo(22).

11. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala examinará si los medios probatorios trasladados desde el procedimiento disciplinario adelantado por la Policía Nacional contra el agente Raúl Jair Ortega Álvarez por los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 1998 en las instalaciones del CAI de Zamorano (Palmira, Valle), donde murió ahorcado José Rodrigo Satizabal Cárdenas, pueden valorarse y apreciarse dentro del presente proceso.

2.2. La prueba trasladada desde el procedimiento disciplinario adelantado por la Policía Nacional contra el agente Raúl Jair Ortega Álvarez, por los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 1998.

12. Al proceso fueron allegados: Oficio 2454/ASDIS Deval, de 1º de diciembre de 2001, del jefe de asuntos jurídicos y disciplinarios (Deval) del Departamento de Policía del Valle del Cauca, con el que se remitió copia “del proceso disciplinario No. 203/98 adelantado al señor Ag. Ortega Álvarez Raúl por resultar muerto el jóven (sic) José Rodrigo Satizabal en el CAI Zamorano el pasado 251298 en la Ciudad (sic) de Palmira” (fl. 3, cdno. pbas.); y, el Oficio 448/ASDIS/VDPAL, de 26 de julio de 2000, del comandante del primer distrito (Departamento de Policía del Valle del Cauca) por medio del cual se envío “xerocopia (sic) de la investigación disciplinaria 203-98, adelantada en contra del señor Ag. Ortega Álvarez Raúl Jair por los hechos ocurridos el día 25-12-98 en las instalaciones del CAI Zamorano, donde perdió la vida del retenido José Rodrigo Satizabal Cárdenas” (fl. 1, cdno. 3 anexos pbas.).

13. Se trasladaron diferentes medios probatorios (documentales y testimoniales), entre los que se cuenta: a) Oficio 0045/ASDIS DEVAL, de 8 de enero de 1999, del comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca; b) Oficio 314/VDPAL, de 28 de diciembre de 1998, del comandante del primer Distrito de Palmira (Departamento de Policía del Valle del Cauca); c) Informe de novedad, de 25 de diciembre de 1998, de la SS. Xiomara María Granados Mejía del primer Distrito de Palmira (Departamento de Policía del Valle del Cauca); d) formato por el que se deja a disposición del Comandante de la Estación Palmira de la Policía Nacional el 25 de diciembre de 1998 al retenido José Rodrigo Satizabal; e) folios 268, 269; 270 del libro de detenidos donde aparecía registrado el 25 de diciembre de 1998 a la 1:40 José Rodrigo Satizabal sin firma; 280 del libro de anotaciones de la estación; 281 del libro de anotaciones de la estación; 139 del libro de anotaciones de la estación; y, 140 del libro de anotaciones; f) copia de tres (3) fotografías del inmueble afectado presuntamente por José Rodrigo Satizabal; g) Oficio de 25 de diciembre de 1998, del jefe de grupo de homicidios de la Sijin Palmira (Departamento de Policía del Valle del Cauca); h) auto de apertura de indagación preliminar, de 4 de enero de 1999, proferido por el comandante del Distrito de Policía de Palmira; i) versión libre rendida por el agente de la Policía Nacional Raúl Jair Ortega Álvarez; j) auto de apertura de investigación disciplinaria, de 19 de febrero de 1999, proferido por el comandante del Distrito de Policía de Palmira; k) auto de formulación de cargos contra el agente de la Policía Nacional Raúl Jair Ortega Álvarez, de 20 de febrero de 1999, proferido por el comandante del Distrito de Policía de Palmira; l) contestación al auto de cargos presentado por el agente de la Policía Nacional Raúl Jair Ortega Álvarez; m) Resolución, de 20 de marzo de 1999, proferida por el comandante del Distrito de Policía de Palmira, por medio de la cual se absolvió disciplinariamente al agente de la Policía Raúl Jair Ortega Álvarez; n) minuta de vigilancia; o) testimonios rendidos por Ángela Caicedo Cortés, Marco Fidel Caicedo Cortés, Leonidas Quinayas Catuches y Gildardo Antonio López Ocampo.

14. En cuanto a las condiciones en las que fueron solicitadas, presentadas y obraron dentro del proceso se tiene: a) se trata de pruebas que no fueron solicitadas en la demanda por la parte actora; b) se trata de pruebas que fueron requeridas en la contestación por las entidades demandadas(23); c) se presentaron con oficio remisorio en copia tomada del expediente disciplinario 203/98 adelantado por el TC. Luis Antonio Hernández Páez del Departamento de Policía del Valle del Cauca; d) los medios probatorios se allegaron durante el período probatorio.

15. La Sala al revisar la prueba documental trasladada (oficios, informes y decisiones proferidas dentro del procedimiento disciplinario) que obra en el proceso observa que puede ser tenida en cuenta, apreciada y valorada en esta oportunidad, porque tales medios probatorios cumplen con las siguientes condiciones propias a los criterios genéricos y específicos para la prueba trasladada desde un procedimiento disciplinario: a) fueron practicados válidamente dentro de la investigación disciplinaria cursada contra el agente Raúl Jair Ortega Álvarez por el Departamento de Policía del Valle del Cauca, por los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 1998 en los que se produjo la muerte por ahorcamiento de José Rodrigo Satizabal Cárdenas; b) los documentos se trasladaron en copias dotadas de autenticidad al haber sido remitidas mediante los Oficios 2454/ASDIS Deval, de 1º de diciembre de 2001, del jefe de asuntos jurídicos y disciplinarios (Deval) del Departamento de Policía del Valle del Cauca y 448/ASDIS/VDPAL, de 26 de julio de 2000, del comandante del primer distrito (Departamento de Policía del Valle del Cauca); c) como se trata de pruebas trasladadas y practicadas dentro de una investigación disciplinaria seguida por la misma administración pública demandada (Policía Nacional) no requiere ratificación o reconocimiento de los documentos; d) se contó con la audiencia de la parte contra la que se puede aducir (Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional).

16. Ahora bien, examinada la prueba testimonial (rendida por Ángela Caicedo Cortés, Marco Fidel Caicedo Cortés, Leonidas Quinayas Catuches y Gildardo Antonio López Ocampo(24)) se encuentra que no puede tenerse en cuenta, valorarse y apreciarse dentro del presente proceso contencioso administrativo, ya que verificados los testimonios rendidos en el proceso contencioso administrativo (Samuel Rodríguez Carmona, Harold Arboleda y Luis Alfredo Huertas) ante el a quo, se establece que ninguno de los practicados dentro de la investigación disciplinaria fue ratificado, de manera que no se cumple con lo consagrado en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, razón suficiente para no tenerla en cuenta como prueba. Sin perjuicio de lo anterior, cabe afirmar que la anterior prueba testimonial podrá ser valorada como medio indirecto y en aplicación del principio de la comunidad de la prueba, siempre que lo depuesto encuentre constatación con las pruebas valoradas y apreciadas directamente.

17. De otra parte debe valorarse si procede tener en cuenta, valorar y apreciar la necropsia aportada por la parte actora en copia simple.

2.3. Procedencia de la valoración y aprobación de la necropsia aportada por la parte actora en copia simple.

18. La garantía de los derechos al debido proceso (desde su dimensión material), al acceso efectivo a la administración de justicia (tutela judicial efectiva) y al principio de la justicia material exige del juez contencioso administrativo que para tener, valorar y apreciar los documentos aportados en copia simple no sólo observe las normas procesales del ordenamiento jurídico, sino que opere como juez de convencionalidad, de tal manera que se de cabal cumplimiento a los mandatos derivados de las normas internacionales de protección de los derechos humanos que abogan por la superación de límites o condicionamientos formales que no permitan una efectiva y eficaz protección de tales derechos, en especial el acceso a la administración de justicia, que en su vertiente probatoria se representa no sólo en la oportunidad, sino en la posibilidad de no exigir requisitos que desnaturalicen su protección.

19. Lo anterior indica, pues, que en el moderno derecho administrativo(25), y en la construcción de la responsabilidad extracontractual del Estado lo relevante es la “víctima” y no la actividad del Estado, ya que prima la tutela de la dignidad humana, el respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos, y de los derechos humanos. Su fundamento se encuentra en la interpretación sistemática del preámbulo, de los artículos 1º, 2º, 4º, 13 a 29, 90, 93 y 94 de la Carta Política, y en el ejercicio de un control de convencionalidad de las normas, que por virtud del bloque ampliado de constitucionalidad, exige del juez contencioso observar y sustentar el juicio de responsabilidad en los instrumentos jurídicos internacionales (tratados, convenios, acuerdos, etc.) de protección de los derechos humanos(26) y del derecho internacional humanitario, bien sea que se encuentren incorporados por ley al ordenamiento jurídico nacional, o que su aplicación proceda con efecto directo atendiendo a su carácter de “ius cogens(27).

20. En efecto, debe tenerse presente que el artículo 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en su numeral 1º, como primera garantía fundamental la tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la administración de justicia, derechos, descritos por la norma transcrita, que la Corte Constitucional en su jurisprudencia considera como garantía fundamental(28), que puede resultar desvirtuada cuando un juez niega el valor probatorio a las copias sin entrar a tener en cuenta toda la información que tiene a su disposición.

21. En efecto, si uno de los elementos del acceso a la administración de justicia es el debido proceso y a su vez este concepto se encuentra integrado, entre otros ítems, por el respeto a las formas propias de cada juicio; se debe tener presente que el artículo 187 del código de procedimiento civil colombiano, concordantemente con lo afirmado por la Corte Interamericana, indica que las pruebas deben ser valoradas en su conjunto. Pues bien, no otra cosa se debe entender cuando este Tribunal Supranacional indica que el juez debe tomar “todas las fuentes de información que tenga a su disposición”, en forma tal que si en un proceso concreto los demás medios probatorios ratifican lo que dicen los documentos aportados en copias simples, tales documentos deberán ser valorados; no hacer esa valoración conjunta de los medios probatorios con los que cuenta el juez, implica vulnerar el debido proceso y de contera el acceso a la administración de justicia.

22. De otra parte, ha de tenerse presente que el acceso efectivo a la administración de justicia es considerada una garantía judicial por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cualquier ámbito del derecho; esto significa que su aplicación no está circunscrita a casos en que se debatan violaciones a la vida humana, a procesos penales, sino que se extiende a todo proceso donde se “determinen “derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter”.

23. Con base en los anteriores fundamentos, la Sala encuentra que para tener, valorar y apreciar los documentos aportados en copia simple y, así, permitir la realización eficaz de las garantías constitucionales y supra-constitucionales (por virtud de las cuales opera el control de convencionalidad), cabe tener en cuenta ciertas reglas: a) las copias simples tendrán valor probatorio cuando son aportadas directamente por la entidad demandada, o solicitadas por una de las partes y coadyuvadas por la otra(29), o han sido consideradas como argumento para la defensa de la demandada; b) dicho valor puede encontrar sustento normativo, se reitera, en el mandato constitucional del artículo 83(30) y en la Ley 1395 de 2010, pese a lo consagrado en el Código General del Proceso que derogó el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011.

24. Examinada la demanda y la contestación de la demanda, la Sala encuentra que el “Protocolo de necropsia” fue aportado por la parte actora y a dicha prueba se allanaron las entidades demandas(31), lo que constituye razón suficiente para dar por cumplido el criterio establecido anteriormente y tener en cuenta, valorar y apreciar dicho documento en conjunto y en aplicación de las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios.

25. Finalmente, la versión libre rendida por el agente de la Policía Nacional Raúl Jair Ortega Álvarez y que fue trasladada con las demás pruebas del procedimiento disciplinario la Sala no podrá valorar siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera según la cual “la diligencia de versión libre al igual que la diligencia de indagatoria no pueden asimilarse en manera alguna a una prueba testimonial, toda vez que no satisfacen los requisitos de aquella si se tiene en cuenta que son rendidas sin la formalidad del juramento”(32).

26. Después de dilucidas las anteriores cuestiones procesales, la Sala delimitará el análisis de la impugnación.

3. Delimitación del análisis de la impugnación.

27. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte actora en la sustentación del recurso de apelación, que interpuso contra la sentencia de 28 de noviembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, específicamente en lo que tiene que ver con la ocurrencia de una “estrangulación” como causa de la muerte de José Rodrigo Satizabal Cárdenas, y no por culpa exclusiva de la víctima.

4. Los medios probatorios.

28. Al expediente fue allegado oportunamente y cumpliendo las exigencias legales para tener valor probatorio los siguientes elementos:

4.1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de José David Satizabal Quintero, nacido el 15 de marzo de 1994 e hijo de Claudia Graciela Quintero Pastrana y de José Rodrigo Satizabal Cárdenas (fl. 6, cdno. 1).

4.2. Copia auténtica del registro de nacimiento de Carol Vanessa Satizabal Cárdenas, nacida el 20 de julio de 1987 e hija de Flor Berenice Cárdenas de Satizabal y de David Satizabal Galindo (fl. 7, cdno. 1).

4.3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Fabio Fernando Satizabal, nacido el 9 de marzo de 1970 e hijo de David Satizabal y de Berenice Cárdenas (fl. 8, cdno. 1).

4.4. Copia auténtica del registro de nacimiento de Olga Lucía Satizabal Cárdenas, nacida el 22 de junio de 1967 e hija de David Satizabal y de Berenice Cárdenas (fl. 9, cdno. 1).

4.5. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de José Rodrigo Satizabal Cárdenas, nacido el 6 de agosto de 1974 e hijo de David Satizabal y Flor Berenice Cárdenas (fl. 10, cdno. 1).

4.6. Copia auténtica del registro de defunción de José Rodrigo Satizabal, quien falleció el 25 de diciembre de 1998 a las 4:30 am en la Inspección de Policía de Zamorano del municipio de Palmira (Valle del Cauca) (fl. 11, cdno. 1).

4.7. Copia autenticada del Acta de nacimiento de Jhon Jairo Satizabal Cárdenas, nacido el 4 de mayo de 1967 e hijo de David Satizabal Galindo y de Flor Berenice Cárdenas (fl. 29, cdno. 1).

4.8. Factura 1229 de 28 de diciembre de 1998, expedida por el Administrador de “Funeraria Sociedad de Jubilados Ferroviarios”, en la que se estableció que “DAVID SATIZABAL (sic) Galindo, afiliado, carné 857610, responsable gastos de sepelio de su hijo, Rodrigo Satizabal, fallecido en Palmira (sic) (Valle), el día 24 de diciembre de 1998 a la sociedad de jubilados F.F.C.C. DIVISION (sic) PACIFICO (sic) debe cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos M/cte. (sic) ($ 484.000) (sic)” (fl. 12, cdno. 1).

4.9. Recibo de caja 0353834 de 26 de diciembre de 1998, expedida por el “Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesisi (sic) de Cali”, en la que se estableció que “Recibimos de david satizabal (sic) G… la suma de $ 400.000… Observaciones uso temporal X 4 años X JOSÉ (sic) RODRIGO SATIZABAL (sic)” (fl. 13, cdno. 1).

4.10. Copia simple del “Protocolo de Necropsia” número NML-98-0680, del Instituto de Medicina Legal (Palmira-Valle; fls. 14 y 15, cdno. 1).

4.11. Certificación expedida por el director de la empresa “Cárdenas Ortiz & Cía. Ltda. Asesores de Seguros”, de 22 de abril de 1999, en el que se estableció que “EL SEÑOR JOSÉ RODRIGO SATIZABL CARDENAS, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA 91.420.910 exPEDIDA (sic) EN CALI VALLE, LABORO EN ESTA AGENCIA DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 1998 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998 EN EL CARGO DE MENSAJERO, CON UNA ASIGNACION MENSUAL DEL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE. ($ 203.826)” (fl. 16, cdno. 1).

4.12. Testimonio rendido por Samuel Rodríguez Carmona:

“(…) PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato claro y detallado de los hechos que son materia de la presente demanda. CONTESTO: conozco al señor José Rodrigo Satizabal desde hace unos quince años, conozco a su familia, a sus padres don David y doña Berenice, sus hermanos Favio, Jhon Jairo y Olga Lucia, lógicamente a su esposa Claudia, luego con el paso del tiempo su hijo Juan David, como somos vecinos tenemos una amistad muy estrecha, se mucho del cariño que tanto sentía la mamá por él como un hijo menor, muchacho normal, responsable, estaba trabajando hasta el momento de lo que le pasó, era mensajero y trabajaba en Palmira, no recuerdo bien la empresa creo que era una aseguradora, ganaba como que el mínimo. Lo que supe es que apareció muerto en una inspección de policía en Palmira, pues él vivía muy bien con su esposa e inclusive tenía pendiente un viaje a los Estados Unidos iba a viajar con su esposa y su hijo a donde estaban sus suegros, creo que pues es acontecimiento golpeó mucho al a (sic) familia en especial a la mamá, papá, hermanos y a la misma esposa, es más creo que hasta el día de hoy no se ha podido reponer del golpe que les causó la muerte de él, creo que a causa de eso no hay motivo para que él haya aparecido muerto, todavía muchos nos preguntamos qué pudo haber pasado. PREGUNTADO: Sírvase decirnos si tiene conocimiento por qué se encontraba el señor Rodrigo Satizabal detenido en la inspección de Palmira. CONTESTO: Hasta donde alcancé a oír a los hermanos se encontraba tomándose unos tragos, era un 24 de diciembre, donde una novia que él tenía allá en Palmira, al parecer como que la novia lo echó, y él no quería irse parece que como que golpeó la puerta, no quería irse, al golpear la puerta ellos llamaron a la policía y de ahí para allá parece que lo llevaron a la inspección. PREGUNTADO: Sírvase decirnos si tiene conocimiento qué hechos dieron origen al fallecimiento del señor Satizabal en las instalaciones de la inspección. CONTESTO: Oí después por comentarios que apareció muerto, ahorcado. A través de los padres al siguiente día en el velorio supe eso, inicialmente me dijeron que había aparecido muerto, luego en el velorio los padres y hermanos dijeron que había aparecido ahorcado. PREGUNTADO: sírvase (sic) decirnos cuánto tiempo llevaban conviviendo Claudia Graciela y José Rodrigo, e igualmente nos dirá si dicha era permanente y estable, es decir si se comportaban como marido y mujer. CONTESTO: La relación era permanente, inicialmente vivieron con los padres José Rodrigo luego alquilaron un apartamento aparte (…) PREGUNTADO: Sírvase decir al Despacho (sic) en caso de que le conste si el señor José Rodrigo Satizabal tendía con sus obligaciones de esposo con respecto a su casa. CONTESTO: Sí, él veía por la esposa Claudia, más adelante el hijo cuando lo tuvieron y ayudaba a sus padres con las obligaciones de su casa, muy buen hijo” (fls. 8 a 10, cdno. 2 pbas.).

4.13. Testimonio rendido por Harold Arboleda:

“(…) PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato claro y detallado de los hechos que son materia del presente proceso. CONTESTO: Los conocí en los bloques bueno Madrid yo fui propietario de uno de los apartamentos, ahí fui vecino con ellos y pernoctaba mucho en la casa con la familia y pues me di cuenta del caso del hijo José Rodrigo que lo habían (sic) detenido la Policía en Palmira, él trabajaba en Palmira de mensajero ya era casado y con lo que se ganaba veía por el sustento de la señora y ayudaba a su casa. De pronto en los comentarios me di cuenta que lo habían (sic) detenido y se comentaba que había aparecido muerto en la inspección de policía y pues continuamente yo me encuentro siempre con ellos y converso y continuamente ellos siempre recuerdan la falta que les hace el hijo y les repercute familiarmente lo recuerdan mucho y continuamente acuden mucho al cementerio a visitar la tumba y siempre los ha perjudicado moralmente porque constantemente lo recuerdan (…) PREGUNTADO: Sabe usted cuál fue la causa de la muerte del señor José Rodrigo Satizabal. CONTESTO: No, rotundamente no, lo ignoro, se que lo detuvieron (sic) la policía en Palmira pero no sé más. PREGUNTADO: Sabe usted con quién convivía el señor José Rodrigo Satizabal y cuáles eran sus obligaciones. CONTESTO: El convivía con Claudia Graciela quien era la señora, trabajaba de mensajero en Palmira con una firma Cardenas (sic), con eso veía por la obligación y en parte también ayudaba a la casa a los padres, por lo tanto certifico de que era buen hijo y responsable (…) PREGUNTADO: Sírvase decir al Despacho (sic) en caso de que le conste cómo se desarrollaban las relaciones entre el señor José Rodrigo Satizabal y sus hermanos. Si éstas estaban deterioradas o al contrario eran estables y permanentes. CONTESTO: Dentro de la familia existía una armonía cordial de familia y hermanos, comúnmente vivían y llevaban buena armonía con los padres y entre ellos (…) Materialmente el perjuicio fue económico porque siempre ayudaba a los menesteres y necesidades que hay dentro de la casa” (fls. 10 y 11, cdno. 2 pbas.).

4.14. Testimonio rendido por Luis Alfredo Huertas (fls. 13 a 15, cdno. 2 pbas.).

4.15. Oficio 654, de 11 de julio de 2001, del comandante del CAI Zamorano del Primer Distrito de Palmira del Departamento de Policía Valle (fls. 16 y 17, cdno. 2 pbas.).

4.16. Oficio 5675 Dirop, de 6 de julio de 2001, del director operativo de la Policía Nacional con el que se informó que se “impartieron instrucciones al señor coronel Javier Darío Pareja Cardona comandante Departamento de Policía Valle, con el fin de que se atienda su requerimiento con la información disponible” acerca del funcionamiento del CAI del barrio Zamorano de Palmira (Valle) y “si era permitido allí temporalmente la retención o detención de persona bajo la sindicación de delitos o contravenciones” (fl. 22, cdno. 2 pbas.).

4.17. Oficio 000923, de 13 de julio de 2001, del comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, con el que se informó:

“(…) para el día 25 de Diciembre (sic) de 1998 se encontraba funcionando el CAI Zamorano, adscrito a la Estación Palmira del Primer Distrito de Policía.

De igual manera, le informo que de acuerdo a lo establecido en el Artículo (sic) 192 del Decreto 1355 de 1970 - Código Nacional de Policía, las autoridades de Policía están facultadas para retener transitoriamente en una Estación o Subestación de Policía, las personas que incurran en contravenciones de Policía hasta por 24 horas, en concordancia con e (sic) Artículo 207 de la precitada norma que establece de manera taxativa las contravenciones que dan motivo a retención transitoria, más exactamente los numerales 2º y 3º por cuanto el numeral 1º fue declarado inexequible.

En lo referente a la retención de personas sindicadas de delitos, la privación de la libertad en las instalaciones policiales sólo es permitida durante el tiempo estrictamente necesario para dejar el presunto infractor de la ley penal a disposición de autoridad judicial competente, al tenor de lo establecido en la Sentencia C-024 de 1994 que fijó los parámetros para la detención preventiva de carácter administrativo” (fl. 23, cdno. 2 pbas.).

4.18. Oficio 26924/SVAC.GOPE.2764, de 17 de diciembre de 2001, del director del DAS, Seccional Valle del Cauca, con el que se informó que José Rodrigo Satizabal Cárdenas no registraba antecedentes (fl. 25, cdno. 2 pbas.).

4.19. Oficio 2454/ASDIS Deval, de 1º de diciembre de 2001, del jefe de asuntos jurídicos y disciplinarios (Deval) del Departamento de Policía del Valle del Cauca con el que se remitió copia “del proceso disciplinario 203/98 adelantado al señor Ag. Ortega Álvarez Raúl por resultar muerto el jóven (sic) José Rodrigo Satizabal en el CAI Zamorano el pasado 251298 en la Ciudad (sic) de Palmira” (fl. 3, cdno. 3 pbas.). Oficio 448/ASDIS/VDPAL, de 26 de julio de 2000, del comandante del primer distrito (Departamento de Policía del Valle del Cauca) por medio del cual se envío “xerocopia (sic) de la investigación disciplinaria No.203-98, adelantada en contra del señor Ag. Ortega Álvarez Raúl Jair por los hechos ocurridos el día 25-12-98 en las instalaciones del CAI Zamorano, donde perdió la vida del retenido José Rodrigo Satizabal Cárdenas” (fl. 1, cdno. 3 anexos pbas.). Del proceso disciplinario mencionado se allegó:

a) Oficio 0045/ASDIS Deval, de 8 de enero de 1999, del comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca con el que se remitió el oficio 344/281298” suscrito por el SI. Granados Mejía Xiomara en el cual dá (sic) a conocer la novedad presentada el 251298 en el CAI Zamorano donde resultó muerto el Joven (sic) José Rodrigo Satizabal” (fls. 5, cdno. 3 pbas. y 5, cdno. 3 anexos pbas.).

b) Oficio 314/VDPAL, de 28 de diciembre de 1998, del comandante del primer distrito de Palmira (Departamento de Policía del Valle del Cauca) por medio del cual se tramitó ante el comando “el informe suscrito por la SS. Xiomara Granados Mejía, comandante sección de vigilancia, quien da a conocer los hechos presentados el día 251298 en el CAI Zamorano de ésta ciudad, cuando se quitara la vida el señor José Rodrigo Satizabal, quien se encontraba retenido en ese sitio por riña callejera. De acuerdo a lo manifestado por el antes mencionado, la riña se presentó por problemas pasionales, lo que originó su muerte” (fls. 6, cdno. 3 pbas. y 6, cdno. 3 anexos pbas.).

c) Informe de novedad, de 25 de diciembre de 1998 (fls. 7 y 8, cdno. 3 pruebas y 7 y 8, cdno. 3 anexos pbas.), de la SS. Xiomara María Granados Mejía del Primer Distrito de Palmira (Departamento de Policía del Valle del Cauca).

d) Formato por el que se deja a disposición del comandante de la Estación Palmira de la Policía Nacional el 25 de diciembre de 1998 al retenido José Rodrigo Satizabal (fl. 9, cdno. 3 pbas.), por motivo de “Alto grado de excitación, daño en bien ajeno (Quien sufrio —sic— herida en el brazo) (derecho) izquierdo al romper los vidrios de la residencia”, en hechos ocurridos a la 1:40, situación que fue abocada por la “Patrulla halcón 1 SS Granados Mejía Xiomara Ag. Cardona Enrique Arnulfo, Ag. Martínez Sánchez William” (fls. 9, cdno. 3 pbas. y anexos).

e) Folios 268, 269 (fls. 11 y 12, cdno. 3 anexos pbas.); 270 del libro de detenidos donde aparecía registrado el 25 de diciembre de 1998 a la 1:40 José Rodrigo Satizabal sin firma (fls. 13 y 14, cdno. 3 pbas. y 13 y 14 anexos); 280 del libro de anotaciones de la estación (fls. 15, cdno. 3 pbas. y 15 anexos); 281 del libro de anotaciones de la estación (fls. 16, cdno. 3 pbas. y 17 anexos); 139 del libro de anotaciones de la estación (fl. 17, cdno. 3 pbas.); y, 140 del libro de anotaciones (fl. 18 anexos, cdno. 3 pbas.).

f) Copia de tres (3) fotografías del inmueble afectado presuntamente por José Rodrigo Satizabal (fls. 19, cdno. 3 pbas. y 19 anexos).

g) Oficio de 25 de diciembre de 1998, del jefe de grupo de homicidios de la Sijin Palmira (Departamento de Policía del Valle del Cauca), mediante el cual se dejó a disposición del despacho del fiscal “las diligencias de testimonio recepcionadas a ANGELA CAICEDO CORTES (sic), MARCO FIDEL CAICEDO CORTES y LEONIDAS QUINAYA (sic) CATUCHES (sic), de acuerdo con la investigación que se adelanta por el suicidio de Rodrigo Satizabal Cárdenas, llevado a cabo el día de hoy, encontrándose en calidad de retenido en las instalaciones del CAI Zamorano de esta ciudad” (fls. 20, cdno. 3 pbas. y 20 anexos).

h) Auto de apertura de indagación preliminar, de 4 de enero de 1999, proferido por el Comandante del Distrito de Policía de Palmira por los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 1998 en el CAI de Zamorano donde “estando retenido alli (sic) el señor de nombre JOSÉ RODRIGO S ATIZABAL (sic) procedió a suicidarse con un buso (Sueter)” (fls. 25, cdno. 3 pbas. y 25 anexos).

i) Versión libre rendida por el agente de la Policía Nacional Raúl Jair Ortega Álvarez (fls. 26 y 27, cdno. 3 pbas. y 26 y 27 anexos).

j) Auto de apertura de investigación disciplinaria, de 19 de febrero de 1999, proferido por el Comandante del Distrito de Policía de Palmira (fls. 28, cdno. 3 pbas. y 28 anexos).

k) Auto de formulación de cargos contra el agente de la Policía Nacional Raúl Jair Ortega Álvarez, de 20 de febrero de 1999, proferido por el comandante del Distrito de Policía de Palmira (fls. 29, cdno. 3 pbas. y 29 anexos).

l) Contestación al auto de cargos presentado por el agente de la Policía Nacional Raúl Jair Ortega Álvarez (fls. 30 a 33, cdno. 3 pbas. y 30 a 33 anexos).

m) Resolución, de 20 de marzo de 1999, proferida por el comandante del Distrito de Policía de Palmira, por medio de la cual se absolvió disciplinariamente al agente de la Policía Raúl Jair Ortega Álvarez (fls. 41, cdno. 3 pbas. y 41 anexos).

n) Minuta de vigilancia (fls. 2 y 3, cdno. 3 anexos pbas.).

29. Establecidos los medios probatorios allegados al proceso, y teniendo en cuenta que la prueba testimonial y la versión libre practicadas en el proceso disciplinario no pueden ser objeto de valoración y apreciación, la Sala formulará el problema jurídico.

5. Problema jurídico.

30. De lo anterior se puede plantear como problema jurídico: ¿cabe atribuir fáctica y jurídicamente la responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas por el daño antijurídico ocasionado y consistente en la muerte de José Rodrigo Satizabal Cárdenas al interior de las instalaciones del CAI Zamorano de la Policía de Palmira (Valle del Cauca), o si operó alguna de las causales eximentes de responsabilidad?

31. Formulado el problema jurídico, la Sala examina si se encuentra o no acreditado el daño antijurídico como primer elemento para establecer o no la responsabilidad de las entidades demandadas.

6. Daño antijurídico.

32. El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(33) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(34); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(35); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(36), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(37); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(38), o de la cooperación social(39).

33. En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(40). Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(41).

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(42).

34. Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(43). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(44), anormal(45) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(46).

35. Dentro del expediente obran los siguientes medios probatorios: el registro de defunción de José Rodrigo Satizabal, quien falleció el 25 de diciembre de 1998 a las 4:30 am en la Inspección de Policía de Zamorano del municipio de Palmira (Valle del Cauca) (fl. 11, cdno. 1), y el “Protocolo de necropsia” NML-98-0680, del Instituto de Medicina Legal (Palmira-Valle, fls. 13 y 14, cdno. 1).

36. Los anteriores argumentos y las pruebas obrantes (a las que cabe agregar la prueba testimonial practicada y los informes policiales rendidos dentro de la investigación disciplinaria), llevan a la Sala a considerar que la muerte de José Rodrigo Satizabal Cárdenas produjo un daño antijurídico en la víctima y en sus familiares, a lo que no estaban llamados a soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, en atención al respeto de su dignidad humana y de sus derechos constitucionales a la vida y a la integridad personal que es incuestionable en un Estado social de derecho(47), desde una perspectiva no sólo formal, sino también material de la antijuridicidad(48).

37. Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe atribuir el daño antijurídico fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño, para lo que se precisa determinar primero los presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado, para luego examinar el régimen de responsabilidad en materia de personas en situación de reclusión transitoria o permanente, y terminar con el estudio de la imputación en el caso en concreto.

7. La imputación de la responsabilidad.

38. En su apelación el apoderado de la parte actora modifica clara, concreta y ostensible la situación fáctica de la que pretende hacer desprender la imputación contra las demandadas, ya que afirma que la muerte de José Rodrigo Satizabal Cárdenas se produjo como consecuencia de un “estrangulamiento”. La Sala encuentra que en la demanda, como en los alegatos presentados en primera instancia por el apoderado de los demandantes no se presentó como supuesto fáctico, ni se aportó prueba alguna encaminada a demostrar que la muerte de Satizabal Cárdenas se produjo como consecuencia de un “estrangulamiento”, lo que desborda lo sostenido en la demanda y no tiene asidero para invocarse en esta instancia como hecho nuevo, tanto por respeto a la causa petendi, como por la necesaria tutela del debido proceso y del principio de congruencia con el que debe decidir el juez contencioso administrativo.

Lo que se pretende por el apelante es, sin duda, pretermitir la primera instancia al afirmar como supuesto fáctico demostrado la “estrangulación” de la víctima, sin que haya sido posible debatir procesalmente dicha cuestión en su oportunidad debida(49). Por lo anterior, no puede la Sala examinar un supuesto fáctico que sólo viene a presentarse por el apelante, sin que lo haya afirmado, sustentado o demostrado durante el trámite del proceso, y menos que se pueda determinar con su estudio si procede imputar o no el daño antijurídico ocasionado a las entidades demandadas sin poner en cuestión las garantías constitucionales al debido proceso, al derecho a la defensa y el principio de congruencia.

39. Como consecuencia de todo lo anterior la Sala confirma la sentencia de 28 de noviembre de 2002 que fue impugnada por la parte actora, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que no accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos planteados en la presente providencia.

8. Costas.

40. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada de 28 de noviembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual no se accedió a las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme este fallo, devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.»

(1) (sic).

(2) Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 19969.

(3) El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 reza lo siguiente: “En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que esté expresamente regulado en este código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”. En tanto que el artículo 214 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Toda prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”.

(4) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.

(5) Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14951.

(6) Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15088.

(7) Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.

(8) Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.

(9) Sección Tercera, sentencia 20 de mayo de 2004, expediente 15650. Las “pruebas que acreditan la responsabilidad de la demandada que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados por la misma, pueden ser valoradas en la presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron por la parte contra la que se aducen”. Las piezas procesales adelantadas ante la justicia disciplinaria y penal militar se allegaron por el demandante durante el período probatorio, y pueden valorarse. Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, expediente 16741.

(10) Sección Tercera, sentencia de 16 de noviembre de 1993, expediente 8059.

(11) Sección Tercera, sentencias de 14 de abril de 2004, expediente 15630; de 22 de abril de 2004, expediente 14877; de 5 de diciembre de 2005, expediente 15914. “(…) El artículo 229 del mismo código dispone: “Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: “Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior. “Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299. “Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria. “Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. “Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se resalta). “En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio” (resaltado fuera de texto). Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11898.

(12) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Si la prueba testimonial trasladada no cumple las condiciones del artículo 185 del CPC está obligada a ser ratificada “salvo que la parte contra la cual se aducen la acepte o acuda a ella para analizar el problema jurídico debatido en las oportunidades de intervención procesal que la ley le otorga (art. 229, num. 1º)”. Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, expediente 15284.

(13) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Además “se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 (…) por el cual se reitera, su apreciación es viable”. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, expediente 16727. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente 13476. “Se exceptúa respecto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del artículo 254 Código de Procedimiento Civil y los informes y peritaciones de entidades oficiales (CPC, art. 243)”. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 20587.

(14) Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de abril de 2011, expediente 20374.

(15) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

(16) Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente 14174.

(17) Sección Tercera, sentencia de 24 de enero de 2007, expediente 32216. Puede verse también: Sección Tercera, auto de 7 de febrero de 2002, expediente 21645; sentencia de 19 de noviembre de 1998, expediente 12124.

(18) Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 16398.

(19) “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Reglamento aprobado en su XXXIV período ordinario de sesiones, celebrado del 9 al 20 de septiembre de 1996, y en vigor desde el 1º de enero de 1997, concentró en el Capítulo IV, todo lo relativo a la prueba: (admisión; iniciativa probatoria de la Corte; gastos de la prueba; citación de testigos y peritos; juramento o declaración solemne de testigos y peritos; objeciones contra testigos; recusación de peritos; protección de testigos y peritos; incomparecencia o falsa deposición), en un intento de sistematizar la materia que en Reglamentos anteriores se resolvía en disposiciones dispersas. Por su parte, el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sesión 660a, de 8 de abril de 1980, con modificaciones en 1985, 1987, 1995 y 1996, actualmente en vigor, contiene disposiciones sobre presunción, (art. 42); solicitud de cualquier información pertinente al representante del Estado (art. 43.2); investigación in loco (art. 44); fijación de la oportunidad para la recepción y obtención de las pruebas (art. 45.5); examen de las pruebas que suministren el gobierno y el peticionario, las que recoja de testigos de los hechos o que obtenga mediante documentos, registros, publicaciones, etc., (art. 46.1). Además de las disposiciones de su reglamento, la Corte Interamericana ha establecido, a través de su jurisprudencia, desde los primeros casos contenciosos. —Viviana Gallardo, Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Fairén Garbi y Solís Corrales, entre otros—, los criterios rectores del proceso y, especialmente, de la prueba, en fecunda y reconocida creación del Derecho, no solo para suplir vacíos normativos, sino también para afirmar la naturaleza especial de su competencia y desarrollar los principios sustantivos del derecho internacional de los derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana —al igual que su estatuto y su reglamento— ha utilizado como fuente inmediata en materia probatoria, la experiencia de la Corte Internacional de Justicia. Esta, a su vez, tuvo como antecedentes el Proyecto de Disposiciones Sobre Procedimiento para el Arbitraje Internacional, preparado en 1875 por el Instituto de Derecho Internacional; las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 sobre el Arreglo Pacífico de las Controversias Internacionales y la práctica reiterada durante muchos años de las Cortes Internacionales de Arbitraje”. Abreu Burelli, Alirio. “La prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en [http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2454/8.pdf; www.juridicas.unam.mx; pág. 113; Consultado abr. 20/2012].

(20) “Si bien el derecho procesal disciplina las formas, ello no impide que contenga normas de carácter sustancial, al desarrollar principios constitucionales sobre la administración de justicia, la tutela del orden jurídico, la tutela de la libertad y dignidad del hombre y de sus derechos fundamentales. El acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el derecho de petición, la igualdad de las partes, derivan de mandatos constitucionales”. Abreu Burelli, Alirio. “La prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en [http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2454/8.pdf; www.juridicas.unam.mx; pág. 115; Consultado abr. 20/2012]

(21) Puede verse lo argumentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Manuel Cepeda Vargas” contra Colombia: “140. En lo que concierne al acceso a la justicia, valga destacar que en este caso los tribunales contencioso administrativos no establecieron responsabilidad institucional por acción de funcionarios estatales en la ejecución del Senador Cepeda Vargas, que considerara la transgresión de sus derechos a la vida y la integridad personal, entre otros, a pesar de que al momento de sus decisiones se contaba ya con los resultados parciales del proceso penal e incluso del disciplinario. En este sentido, no contribuyeron de manera sustancial al cumplimiento del deber de investigar y esclarecer los hechos (supra párrs. 116 a 122). Llama la atención que en uno de los procesos el Consejo de Estado no valoró los resultados parciales de las investigaciones penales y disciplinarias en las que constaba la responsabilidad de los dos sargentos del Ejército Nacional, por considerar que la documentación fue remetida en copia simple[1]. Si bien no correspondía a esta vía establecer responsabilidades individuales, al determinar la responsabilidad objetiva del Estado las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta todas las fuentes de información a su disposición. Por ende, las autoridades encargadas de estos procedimientos estaban llamadas no sólo a verificar las omisiones estatales, sino a determinar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 26 de mayo de 2010. En tanto que en la doctrina del sistema interamericano de derechos humanos se sostiene: “Lo anterior significa que la Corte Interamericana ha utilizado como principio básico la llamada prueba racional o de la "sana crítica", que tiene su fundamento en las reglas de la lógica y de la experiencia, ya que la libertad del juzgador no se apoya exclusivamente en la íntima convicción, como ocurre con el veredicto del jurado popular, ya que por el contrario, el tribunal está obligado a fundamentar cuidadosamente los criterios en que se apoya para pronunciarse sobre la veracidad de los hechos señalados por una de las partes y que no fueron desvirtuados por la parte contraria”. Fix-Zamudio, Héctor. “Orden y valoración de las pruebas en la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en [http://www.corteidh.org.cr/tablas/a11690.pdf; consultado abr. 20/2012].

(22) En ese sentido se sostiene: “Uno de los principios establecidos por la Corte Internacional de Justicia —destacado por la doctrina jurídica e incorporado en las legislaciones procesales de derecho interno— se refiere a la afirmación de que, en cuanto al fondo del derecho, la justicia internacional en su desarrollo flexible y empírico rechaza el exclusivo sistema de pruebas legales que impone al juez una conducta restrictiva, particularmente, en la prohibición de determinadas pruebas. El juez debe gozar de una gran libertad en la apreciación de la prueba a fin de que pueda elaborar su convicción sin estar limitado por reglas rígidas. Asimismo la Corte Internacional de Justicia ha señalado que en materia probatoria ella no tiene un papel pasivo y debe tomar la iniciativa de traer al proceso las pruebas que considere pertinentes si estima que las existentes no son suficientes para cumplir sus finalidades. Así lo dispone el artículo 48 de estatuto, al ordenar que “la Corte dictará las providencias necesarias para el curso del proceso, decidirá la forma y los términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos y adoptará las medidas necesarias para la práctica de la pruebas”. En el mismo sentido el artículo 49 eiusdem dispone que, “aun antes de empezar una vista, puede pedir a los agentes que produzcan cualquier documento o den cualesquiera explicaciones. Si se negaren a hacerlo, se dejará constancia formal del hecho”. Igualmente puede la Corte (art. 34, par. 2º) “...solicitar de organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen en la Corte y recibirá la información que dichas organizaciones envíen por iniciativa propia”. Abreu Burelli, Alirio. “La prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en [http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2454/8.pdf; www.juridicas.unam.mx; págs. 114 y 115; consultado abr. 20/2012].

(23) En la contestación se solicitó: “se sirva oficiar al Comando de Policía Valle con el fin de que remita copia del Proceso que se debió adelantar por la muerte del señor José Rodrigo Satizabal Cárdenas, ocurrida en el Municipio (sic) de Palmira (Valle) el día 25 de Diciembre (sic) de 1998”. Así como “oficiar a la oficina (sic) de asuntos disciplinarios del Comando de Policía Valle, a fin de que envien (sic) con destino al proceso copia del informativo disciplinario que se debió adelantar por la muerte del señor José Rodrigo Satizabal Cardenas (sic)” (fl. 52, cdno. 1).

(24) Los testimonios recibidos son: i) Testimonio rendido por Ángela Caicedo Cortés: “(…) PREGUNTADO. Diga al despacho si usted sabe o presume el motivo por el cual ha sido citada a rendir la presente diligencia, en caso afirmativo sirvase (sic) hacer un relato breve, preciso y claro de los hechos investigados. CONTESTO. Si sé resulta que el día de hoy siendo las dos de la madrugada aproximadamente había acabado de llegar del trabajo a mi casa, estaba en compañía de mi madre María Teresa Cortés, mi hermano MARCOS CAICEDOy (sic) Luz Dary Cortés, y después llegó mi novio de nombre Rodrigo Satizabal Cárdenas, y cogió la puerta a patadas y puños lo mismo que la ventana quebrando así los vidrios de la misma, él estaba borracho y gritaba que no le importaba nada mi familia, y que nos iba a matar a todos y quería que le abrieramos (sic) la puerta y me quería ver a mí, pero nadie de los de mi casa salió ni abrió la puerta, entonces él seguía diciendome (sic) que iba a traer unos sicarios para que nos matara, ante todo esto mi hermano Marcos, decidió llamar a la Policía, y después llegó una patrulla de Policía, pero Rodrigo osea (sic) mi novio, yano (sic) estaba allí, se había retirado, por lo que también los Policías se fueron, ya después de una media hora volvió nuevamente, y siguió pateando la puerta y volvímos (sic) a llmar (sic) a la Policía, estando mi novio sentado en el andén de la casa salió mi cuñado de nombre Oto Gaitán, y estaba hablando con él y fue ahí cuando llegó la Policía y mi novio se paró y les dijo que él era quien estaba haciendo el escándalo y dejó que se lo llevaran en esa patrulla, el dueño de la casa LEONIDAS QUINALLAS (sic) y yo fuímos (sic) hasta el CAI Zamorano donde quedó retenido Rodrigo Satizabal y de allí nos trasladamos hasta la Comisaría para colocarle una demanda a él por los daños que había causado en la casa pero allí no nos recibieron la demanda porque nos dijeron que debímos (sic) llevar una factura con la cuenta de los daños, de ahí en adelante no volví a saber de mi novio, y cuando llegué a la casa mía, encontré que a mi familia le habían informado que Rodrigo Satizabal osea (sic) mi novio, se había matado en el CAI, donde estaba retenído (sic) (…) si durante ese tiempo le conoció alguna clase de problemas ya sean personales o familiares. CONTESTO. Llevabamos (sic) tres meses de novios, él siempre me decía que tenía problemas con la mamá y vivía aburrido y siempre mantenía tomando. PREGUNTADO. Diga al despacho si Rodrigo Satizabal había amenazado anteriormente con quitarse la vida o si lo había intentado alguna vez. CONTESTO. El si me había dicho anteriormente que no l e (sic) extrañara si algún día le llegaban con la noticia de que se había suicidado, ya que él vivía muy aburrido, y si en cierta ocasión me comentó que él estando en la Fuerza Aerea (sic) se había cortado las venas ya que quería matarse, eso no sé si sería verdad, pero él mismo me lo contó (…) PREGUNTADO. Diga al despacho si antes de que ocurrieran estos hechos, usted había tenido algun (sic) tipo de discusión con su novio RODRIGO SATIZABAL porqué (sic) cree usted que él llegó con esa actitud hasta su casa, especifique si ya había ocurrido esto en otras ocasiones. CONTESTO. Yo estuve un rato con él después de haber salido de mi trabajo, él me había dicho que me invitaría a una comida, pero yo le dije que sin el permido (sic) de mi mamá no salía, entonces arrimamos hasta la casa de él y me pidió que lo acompañara pero yo le dije que nó (sic), entonces cogí mi moto y antes de irme él entró a su casa y cerró la puerta, al arrancar la moto él salió nuevamente y gritó para que me devolviera, pero yo seguí y de ahí fué (sic) cuando llegó a mi casa haciendo el escándalo. PREGUNTADO. Diga al despacho si cuando usted estaba en compañía de Rodrigo Satizabal, después de salir de su trabajo, él presentaba un estado de alicoramiento (sic). CONTESTO. Si él ya estaba como bebido” (fls. 21 ambas caras, cdno. 3 pbas. y 21 anexos). ii) Testimonio rendido por Marco Fidel Caicedo Cortés: “(…) PREGUNTADO: Digale (sic) al despacho si usted sabe o presume el motivo por el cual ha sido citado a rendir la presente diligencia, en caso afirmativo sirvase (sic) hacer un relato breve, claro, preciso y ceñido a la realidad de los hechos materia de investigación. CONTESTO. Si se el motivo.hiban (sic) a ser las 11:00 de la noche el día 24 de Diciembre (sic) cuando llego (sic) el señor RODRIGO SATIZABAL CARDENAS Y ESTE EMPESO (sic) A DARLE (sic) golpes a la puerta de mi casa y quebro (sic) los vidrios de la ventana y arrais (sic) de esto se hirió el brazo y luego salio (sic) a pie y luego al rato llego (sic) a eso de las 2:00 horas de la mañana del día 25 de diciembre y cojio (sic) de nuevo a pata la puerta y la dañó y amenasaba (sic) a mi y ami (sic) familia diciendo que hiba (sic) a traer los sicarios y que no le importaba que estubiera (sic) mi mamá y mi papá, luego salio (sic) el esposo de mi hermana luz (sic) DARI (sic), Otoniel mi cuñado se puso a dialogar con el (sic), pero ya habiamos (sic) llamado a la Policia (sic) y fué (sic) en ese momento que llegó la patrulla de policia (sic), lo requizaron (sic) y se lo llevaron (…) PREGUNTADO. Digale (sic) al despacho si Usted (sic) se dió (sic) cuenta o lo notó que el (sic) se encontraba en estado de embriaguez. CONTESTO Si el (sic) se notaba borracho (…) PREGUNTADO: Digale (sic) al despacho, si su hermana antes habia (sic) tenido problemas con el (sic). CONTESTO: SI VARIAS OCACIONES (sic). PREGUNTADO: Digale (sic) al despacho si el señor RODRIGO amenazó con quitarse la vida. CONTESTO: NO (sic), sólo insultava (sic) a mi hermana con palabras groseras. PREGUNTADO: Digale (sic) al despacho cuantas veces llamaron a la policia (sic) y si esta se presentó y qué pasó. CONTESTO Si se llamó en dos ocaciones (sic), la primera vez llegó la policia y este señor ya se habia (sic) marchado y ellos nos dijeron que entonces nosotreos (sic) si queriamos (sic) que le colocaramos un denuncio en la comisaria (sic) por daños y prefuicios (sic) (…) PREGUNTADO: Digale (sic) al despacho si este señor cuando llegó la policia (sic) se mostro (sic) grosero. CONTESTO: No el no se porto (sic) grosero con ellos, todo lo contrario él les decia (sic) que lo llebaran” (fls. 22 ambas caras, cdno. 3 pbas. y 22 anexos). iii) Testimonio rendido por Leónidas Quinayas Catuches: “(…) Si sé, es por la muerte que se ahorcoen (sic) el CAI de Policia (sic) del Barrio Zamorano, el de hoy, sucede que el señor RODRIGO eran (sic) noviode (sic) una de mis inquinas (sic) y en el día de hoy a eso de las 12:30 horas aproximadamente llegó hasta mi casa empezó a tocar la puerta y porque no se le abrio (sic) me rompió un vidrio de la ventana de la casa, en ése (sic) momento nosotros llamamos a la POLICIA para que se apersonaran del caso, la patrulla llegó y nosllevó (sic) con el señor Rodrigo hasta la Comisaría Central donde no me atendieron diciendome (sic) que volviera mañana con la cotización de los daños, entonces nosotros nos fuimos para la casa y la Policia (sic) dejó al señor que me había hecho el dañoen (sic) el CAI de Policía del Barrio Zamorano, a la media hora aproximadamente llególa (sic) Policía manifestandome (sic) que me necesitaban para tomarme una declaración ya que el señor se había ahorcado. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si este señor RODRIGO hoy occiso a costumbraba (sic) a ir a su casa y en caso afirmativo cada cuanto (sic) lo hacía. CONTESTO. Si (sic) él iba de vez en cuando, pero nunca le daba patadas a la puerta comolo (sic) hizo ayer. PREGUNTADO. Manifieste a la jefatura si usted vió (sic) al señor Rodrigo hoy occiso en estado de embriaguez cuando fué (sic) a su residencia. CONTESTO. Si él se encontraba borracho” (fls. 23, cdno. 3 pbas. y 23 anexos). iv) Testimonio rendido por Gildardo Antonio López Ocampo: “(…) Si sé el motivo, resulta que yo entré como retenido al CAI Zamorano a eso de las 11:30 de la noche, y en el calabozo que me entraron también estaba un muchacho al cual yo no conocía, estando ahí creo que como a eso de la una y media de la madrugada, fué (sic) que entró otro muchacho desconocido, el cual entró llorando y hablaba de su mujer, pero no le entendíamos lo que decía, él estaba muy borracho, y de un momento a otro nos dijo: “Panas, yo me voy a matar” y ahí mismo apenas nos dijo eso, se quitó la camisa, la envolvió y la colgó sobre la reja del cieloraso, él estaba sobre el muro de la ventana del calabozo, y se colgó, entonces yo me paré y quise cogerlo de los pies para quitarle peso y no dejar que se muriera, pero ese muchacho empezó a tirarme patadas por lo que yo lo solté, y no pensé que se fuera a morir, cuando yo lo ví (sic) que se quedó quieto y empezó a cambiar de color, grité al Agente (sic) que estaba de guardia y él enseguida llegó y pudo ver al tipo ese que estaba colgado y que ya estaba muerto, entonces él procedió a pedir apoyo y tambien (sic) a sacarme a mí y al otro retenído (sic) y nos dejó en otro calabozo, hasta que llegaron otros policias (sic) y después la Fiscalía y se llevaron el cuerpo del muerto (…) PREGUNTADO. Especifique en forma detallada al despacho, que (sic) estado de ánimo presentaba el sujeto que decidiera quitarse la vida en dicha sala de retenídos (sic). CONTESTO. Cuando yo lo ví (sic) entrar al calabozo, estaba muy borracho y lo único que hacía era llorar y hablaba de su mujer” (fls. 24, cdno. 3 pbas. y 24 anexos).

(25) “Con todo, la mayor virtualidad o significado que hoy posee el derecho constitucional reside justamente en su capacidad de fortalecer e impregnar el sistema del Derecho (sic) administrativo, su reforma y evolución. En este sentido, el Derecho (sic) constitucional ha de operar, de un lado, como marco en cuyo seno verificar la constante revisión de los dogmas tradicionales y, de otro, como receptor de las nuevas tendencias. Los interrogantes por resolver saltan a la vista: ¿Resulta actualmente el Derecho (sic) administrativo lo suficientemente flexible como para hacer frente a las nuevas situaciones y escenarios de riesgo que la sociedad presenta? ¿Son apropiadas las categorías jurídicas de que dispone para ahormar (sic) y disciplinar razonablemente las cambiantes técnicas de dirección y de producción del Estado moderno de acuerdo con los dictados y las exigencias de la cláusula del Estado de derecho? ¿Cómo se pueden compensar y equilibrar las distintas exigencias o requerimientos —constitucionales y europeas— de legitimidad democrática de la Administración pública? Si en los siglos precedentes el Derecho (sic) constitucional se ha hecho (sic) realidad, y se ha podido expresar también, a través de la formación de los dogmas del Derecho (sic) administrativo, hoy ha de satisfacer una segunda misión: la de contribuir a la formación de un sistema”. Schmidt-Assmann, Eberhard, La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática, marcial Pons, Madrid, 2003, pág. 17.

(26) Al analizar el caso Cabrera García y Montiel contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ferrer Mac-Gregor consideró: “La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del Pacto de San José remite a las “Constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” para poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces nacionales, por otra parte, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el propio artículo 7º para no violentar el derecho convencional a la libertad personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado de los supuestos previstos en dicho numeral”. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nº 131, 2011, pág. 920. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano contra Chile argumentó: “124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párrs. 123 a 125. En tanto que en el caso Cabrera García y Montiel contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: “Este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22.

(27) Puede verse Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “Aspectos de la acción de reparación directa y su despliegue en la visión moderna del juez contencioso administrativo”, artículo próximo a publicar, 2012.

(28) Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2004, en la que la Corte precisa que el acceso efectivo a la administración de justicia comprende: la existencia de procedimientos idóneos, la resolución de los litigios en un tiempo razonable, el respeto al debido proceso, entre otros.

(29) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de julio de 2012, expediente 19345.

(30) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 25276.

(31) En la contestación de la demanda se dice literalmente: “en las demás me allano a la práctica de las solicitadas por la parte actora, por considerarlas suficientes para el esclarecimiento de los hechos” (fl. 52, cdno. 1).

(32) Sección Tercera, sentencias de 19 de junio de 2008, expediente 15752; de 17 de marzo de 2010, expediente 17925.

(33) “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, pág. 185. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las administraciones públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”. Martín Rebollo, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en Badell Madrid, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al prof. Luis H. Farias Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, págs. 278 y 279.

(34) Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, pág. 329.

(35) Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T. V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, pág. 329.

(36) “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”. Ob. cit., pág. 186.

(37) “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? (…) el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”. Mill, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, págs. 152 y 153.

(38) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción”, próximo a publicación.

(39) Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado (…) El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”. Rawls, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, pág. 279.

(40) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam. Nº 4, 2000, pág. 168.

(41) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina ius civilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, pág. 297.

(42) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. Ob. cit., pág. 298.

(43) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.

(44) Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

(45) “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.

(46) Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

(47) “La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración [Sent. C-333/96]. Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución [Sent. C-832/2001]”. Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006.

(48) Cabe fundarse en la aproximación al derecho penal, de manera que “se admite que al lado de una antijuridicidad formal, definida abstractamente por contraposición con el ordenamiento jurídico, existe una antijuridicidad material que está referida a juicios de valor… sólo desde un punto de vista valorativo se puede explicar que en la antijuridicidad tengan que encontrar su fundamento y su asiento las causas de justificación. En sentido material, la antijuridicidad es un juicio valorativo o juicio de desvalor que expresa… el carácter objetivamente indeseable para el ordenamiento jurídico, de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y puede ser un juicio de desvalor acerca del resultado o un juicio de desvalor acerca de la conducta cuando ésta pueda ser considerada peligrosa ex ante”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. Ob. cit., pág. 303.

(49) Cuando se trata de hechos nuevos invocados en la segunda instancia (en el recurso de apelación), la Sección Primera entiende que se produce una pretermisión de la primera instancia porque “no fueron parte del debate procesal que se surtió en aquella”. Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2006, expediente 25000 23 24 000 1996 07608 01. Posición que tuvo continuidad en: Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2006, expediente 25000 23 24 000 1999 00402 01.