Sentencia 1999-01762/41282 de marzo 20 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 70001 23 31 000 1999 01762 01 (41282)

Actor: Héctor Daniel Monterroza Angulo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veinte de marzo de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «V. Consideraciones.

Consideración previa.

Antes de decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que, en este caso, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (aquí demandada) tiene la calidad de apelante único; por tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

Competencia y ejercicio oportuno de la acción

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la Sentencia del 24 de febrero de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, en un proceso de reparación directa con vocación de doble instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998(6).

En cuanto a la oportunidad para formular la acción indemnizatoria, advierte la Sala que se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por el cual se demanda se produjo el 20 de marzo de 1999 y las demandas se presentaron el 19 de noviembre de 1999 y 7 de febrero de 2001 (ver, pie de pág. 1 de los antecedentes).

Valoración probatoria

Sobre los medios probatorios obrantes en el expediente, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquellos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hayan sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hayan sido practicados con audiencia de ésta no pueden ser valorados en el sub lite(7).

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de pruebas haya sido solicitado por ambas partes, aquéllas pueden ser tenidas en cuenta, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que hagan parte del acervo probatorio y que luego, de resultar desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(8).

Pues bien, se tendrán como prueba en este asunto las copias del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y las actuaciones del proceso penal seguido por el Juzgado 82 de Instrucción Penal Militar en contra de los policías que participaron en los hechos por los que acá se demanda, pruebas que fueron solicitados tanto por la parte actora (fl. 3 cdno. 1 y fl. 4 cdno. 2) como por la parte demandada (fl. 26 cdno. 1 y fl. 21 cdno. 2)(9).

Análisis de la Sala

1. Con el material probatorio allegado al proceso se encuentra acreditado el daño alegado en la demanda, esto es, las lesiones causadas al señor Héctor Daniel Monterroza Angulo; al respecto, en la historia clínica 7507, del Hospital Regional de Sincelejo ESE se consignó que sufrió “… hemoperitoneo”, “… laceración epiplón gastrohepático” y “… hematoma en raíz del mesenterio sin sangrado activo” (fl. 63, Cdno. 1); además, se indicó que ingresó a dicho centro asistencial el 20 de marzo de 1999, siendo las 11:30 pm, y permaneció hasta el 5 de abril del mismo año (por el lapso de 16 días), fecha en la cual fue trasladado a la Cárcel del Distrito Judicial de Sincelejo (fls. 60 a 106 del Cdno 1).

2. En cuanto a las circunstancias en que se produjeron tales lesiones, en el informe 0145, del 21 de marzo de 1999, el Jefe Seccional de la Policía Judicial del departamento de Sucre le manifestó a la Fiscalía de Reacción Inmediata de la misma ciudad, lo siguiente (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“De acuerdo a denuncia penal formulada por el señor Luis Emelkin Arenas Garay CC. 88 278 657 de Ocaña Norte de Santander, 26 años de edad, profesión conductor, soltero, natural de Valledupar, Cesar, residente en el Playón Santander del Sur calle central, teléfono 2923001 (vecino). Donde manifiesta que salió de la ciudad de Barranquilla, Atlántico, el día 20/MAR/99 a las 04:00 horas, conduciendo el vehículo camión Chevrolet 600, placas UUA 140, color azul bruma, modelo 1981, servicio público, transportando cuatro (4) toneladas de detergente Top, con destino al Carmen de Bolívar y Magangué, después de haber descargado una parte de la mercancía en el Carmen de Bolívar, salió a eso de las 09:40 horas para el destino final y a la altura del municipio de Ovejas, Sucre, más exactamente por la entrada al municipio de Chalán, siendo aproximadamente las 10:20 horas fue interceptado por una camioneta marca Ford 150, modelo viejo, deteriorada en donde se movilizaban cuatro (4) individuos, dos (2) de los cuales iban en el platón de la camioneta, quienes lo encañonaron haciéndolo orillar el vehículo, una vez estacionado el camión se bajaron los antisociales y lo abordaron uno por cada puerta, despojándolo del volante y lo pasaron en el centro de la cabina siguieron la ruta hacia el Bongo y a la altura del corregimiento el Piñal, jurisdicción del municipio de los Palmitos, uno de los delincuentes bajó al señor Luis Emelkin Arenas Garay del camión y se internó con él en el monte a unos cuarenta (40) metros de la carretera, permaneciendo en ese lugar hasta las 13:30 horas, cuando llegó un vehículo y pitó para recoger al delincuentes que tenía custodiando a la víctima, como a los diez minutos, es decir, a las 13:40 horas el señor Arenas Garay salió a la vía y paró una camioneta colectiva que viajaba de Ovejas a Sincelejo, manifestándole al conductor lo sucedido y que lo dejara en la Estación de Policía el Bongo para poner en conocimiento de las autoridades el caso delictivo ocurrido.

“Para mayor sorpresa cuando la camioneta ovejera iba pasando por el corregimiento el Piñal observó a distancia que los dos (2) sujetos que lo despojaron del camión se encontraban a la orilla de la carretera y le sacaron la mano a la camioneta y el afectado manifestó al cobrador y a dos pasajeros más que esos tipos fueron los que lo atracaron en horas de la mañana y le habían hurtado la carga que transportaba.

“Los dos (2) sujetos se embarcaron en la camioneta colectiva y se percataron que la víctima iba en la misma, uno de los delincuentes le tocó el hombro al señor Arenas Garay, y el otro se sentó en las sillas de la camioneta, ya llegando al Bongo uno de los delincuentes abrazó al afectado como señal de intimidación que se quedara callado, pero el conductor de la camioneta ya tenía las instrucciones para que parara en la Estación de Policía y así sucedió y el señor Luis Emelkin Arenas Garay le informó a los policiales lo sucedido y fue así que de inmediato fueron aprehendidos los sujetos Fredy Alberto Lombana Angulo y Héctor Daniel Monterroza Angulo.

“Manifiesto a ese Despacho que el señor Comandante de la Estación de Policía el Bongo informó de la aprehensión de las dos (2) personas aprehendidas al señor Teniente Coronel Subcomandante del Departamento de Policía Sucre y este ordenó al señor Teniente Jefe de la Seccional de Policía Judicial que adelantara y profundizara la investigación del caso de la referencia.

“De inmediato el señor Jefe de la Sijín se puso al frente de la investigación con unos investigadores, trasladándose hasta la Estación del Bongo para conducir a los dos (2) aprehendidos a las instalaciones de la Seccional de Policía Judicial de la ciudad de Sincelejo.

“Ya estando en la Sijin se les hizo entrevistas a los sindicados sobre los hechos del Hurto Calificado mediante la modalidad de Piratería Terrestre, fue así que el señor Fredy Alberto Lombana confesó que sí había participado en el hecho delictivo en compañía de Héctor Daniel Monterroza y otros dos (2) sujetos que no quisieron revelar sus identidades, los cuales eran el conductor de la camioneta Ford 150 estaca y otro acompañante.

“(…).

“Informo al señor (a) Fiscal, que las personas Héctor Daniel Monterroza Angulo, presenta golpes en el abdomen y Fredy Alberto Lombana presenta una pequeña herida en la ceja derecha, quienes manifiestan que se las causaron en momentos que huían en el afán cuando cometieron el hecho punible” (se resalta, fls. 111 a 114, cdno. 1).

Lo anterior se encuentra corroborado —en similares términos— con el informe de captura y la minuta de servicios de la Estación de Policía de El Bongo, documentos en los que se advierte, además, que los detenidos fueron puestos a disposición de la Sijín, con sede en Sincelejo, el 20 de marzo de 1999 a las 9:30 p.m. (fls. 57 y 58 del cdno. 1).

Los golpes de que fue objeto el señor Monterroza Angulo se encuentran relacionados en la historia clínica 7507, documento en el cual se consignó (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“… el paciente… a las 2 pm de hoy (se refiere al 20 de marzo de 1999) se cayó y recibió golpe en hemitórax derecho, causándole hematomas y dolor intenso en hemitórax derecho y hipocondrio derecho” (se resalta, fl. 63 del cdno. 1).

Por las lesiones de que fue objeto el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos inició proceso disciplinario en contra del Teniente Sergio Tovar Pulido, Jefe de la Policía Judicial e Investigación de la Sijín (Seccional Sincelejo), así como en contra de los agentes Elfre Hernando Palacio Pereira, Boris Enrique Ruiz Montes, Héctor Arango Quintero y Haizar de Jesús Narváez (Auto del 19 de julio de 1999 —fls. 69 a 72 cdno. 4—); no obstante, archivó las diligencias preliminares (Auto del 18 de diciembre de 2001), pues, en su criterio, no había certeza del verdadero estado de salud del señor Monterroza Angulo, para el momento en que ingresó a las instalaciones de la Sijín y, por consiguiente, también existía duda sobre el origen de las lesiones y de la presunta conducta irregular de los uniformados; al respecto, se indicó (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“… los Agentes de la Estación de El Bongo … coinciden en afirmar que uno de ellos (se refiere al señor Héctor Monterroza Angulo) se veía en mal estado de salud y al momento de su retención manifestó que tenía dolor de estómago (cólicos), declaraciones que le restan credibilidad a la acusación efectuada contra los Agentes de la SIJÍN, en razón a que ello nos permite dudar sobre el estado de salud en que se encontraba en ese momento; además, sostienen igualmente los declarantes, que no les consta que en las instalaciones de la Estación, los detenidos hubiesen sido maltratados o torturados.

“En consideración a lo anterior, tampoco existe claridad respecto al estado de salud en que el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo llegó a la Estación de El Bongo, pues si bien es cierto que unas pruebas son demostrativas del estado de salud tan delicado en que se encontraba en el momento en que fue atendido en el Hospital Regional de Sincelejo, también obran otras que indican que desde el momento en que fue capturado ya se encontraba con algunos dolores en el abdomen, y el hecho de que los signatarios hubiesen reconocido casi en su totalidad a los Agentes de la Sijín en las diligencias efectuadas a través de las fotografías en las que entre otras se encontraban, tampoco nos permite inferir que hubiesen sido ellos los causantes de tales lesiones, situación que también genera duda respecto a la presunta conducta irregular que se atribuye a los aquí inculpados miembros de la Sijín, la cual ha de resolverse en su favor al tenor de lo previsto en el Artículo 6 de la Ley 200 de 1995, motivo por el cual se dispondrá el Archivo de la presente investigación disciplinaria” (se resalta, fl. 363, cdno. 3).

También obran en el plenario las declaraciones de los médicos Aníbal Briceño Vergara Díaz y Sixta Elida Jaraba Posada, rendidas en el proceso disciplinario, quienes son coincidentes y concordantes en afirmar que las lesiones de que fue objeto el señor Monterroza Angulo suponen un trauma mayor a una simple “caída”, en contraposición a lo consignado en el citado informe 0145 del 21 de marzo de 1999 y en la historia clínica 7507 del Hospital Regional de Sincelejo ESE.(ver, pág. 10 supra): al respecto, expresaron (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

—“… atendí al señor Héctor Monterroza pero no al señor Fredy Lombana Angulo, según lo manifestado por él (se refiere al señor Héctor Monterroza Angulo) dice que a las 12 del día se cayó y recibió un golpe en el hemitórax derecho, causándole posteriormente dolores abdominales y vómitos, quien recibe al paciente ese día es el Médico General de Urgencia que es la doctora Sixta Jaraba, y fue valorado por el Cirujano de turno el doctor Víctor Urueta, quien decidió dejarlo en observación con la impresión diagnostica de Trauma cerrado de abdomen, al día siguiente a las 7 de la mañana recibí el turno como especialista y valoré al paciente presentando en ese momento unos signos vitales estables, un abdomen blando y depresivo no muy doloroso y control sin signos de irritación peritoneal; sin embargo los cuadros hemáticos de control muestran un descenso progresivo en cuanto a hemoglobina y amatocristo, con el reporte de un tac tomado horas antes en el que reporta hematoma intraparentimatoso epatico, hematoma subcapsular esplénico y colección liquida en cavidad y los hallazgos anteriores se deciden llevar a cirugía para laparatomía explotadora previa transfusión de 500 centímetros de sangre … —Preguntado: Díganos si es posible de que de una caída como le dijo el señor Monterroza, pueda traer como consecuencia los resultados de la operación. —Contesto: Difícilmente una caída de sus propios miembros puede causar las lesiones encontradas en el acto quirúrgico…—Preguntado: Que significado encaja en la palabra Trauma. — Preguntado: Trauma es un golpe” (se resalta, declaración del doctor Aníbal Briceño Vergara Díaz —fls. 130 y 131 del cdno. 4—).

—“… Con relación a Héctor, si recuerdo que lo atendí, le realice historia al ser valorado físicamente encontré paciente álgido o sea con facie de dolor en el hemitórax derecho e hipocondrio derecho, eso quiere decir que tenía dolor en el abdomen derecho y tórax derecho y se visualizaba zonas de Equimosis y hematomas en el abdomen …, agrego además que yo le pregunté al paciente en presencia del agente de la policía que lo llevó qué le había sucedido y él me contestó que se había caído y que iba corriendo y se cayó, pero cuando se encontraba solo conmigo sin la presencia del agente de la policía me dijo doctora venga ellos me golpearon y yo le contesté que haya sido lo que le haya causado el golpe en esa parte él tenía que arreglar eso con ellos pero que mi obligación era atenderlo, después el agente me preguntó que como se encontraba Héctor y yo le explique el estado en que se encontraba y le dije que él ameritaba una placa o un rayo equis de tórax y una ecografía de abdomen porque estaba muy golpeado y se veía muy pálido o muy mal y me dijo que ellos lo podían atender en la enfermería de la Sijín o del Comando, que allá habían enfermeras y personal para atenderlo y yo le explique que en el hospital iba a ser mejor atendido y que si se lo llevaba tenía que firmar la salida voluntaria y que era responsabilidad de él si al paciente le pasaba algo, porque como médicos nosotros no le estábamos dando salida, el agente dijo bueno doctora lo que usted diga eso fue lo que dijo ... Preguntado.— Díganos si los hematomas y demás traumas que presentaba el señor Héctor y teniendo en cuenta que usted está haciendo el internado en Medicina que pudo haberlos ocasionados. —Contesto.Un trauma severo” (se resalta, declaración de la doctora Sixta Jaraba Posada —folios 141 y 142 del cuaderno 4—).

A su turno, el Juzgado 82 de Instrucción Penal Militar de Sincelejo se abstuvo de abrir investigación penal en contra de los uniformados que participaron en los hechos, pues, a su juicio, faltaba el elemento de la “culpabilidad”, teniendo en cuenta que el “… individuo padeció su percance dado el peligroso trabajo que ejecutó, o sea, el hurto del camión cargado de mercancía (ilegible) …” (Auto del 13 de enero de 2000 —obrante a folios 183 y 184 del cuaderno 4—). De otra parte, el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo fue condenado por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal, por hallarse responsable del delito de hurto calificado y agravado en concurso con el punible de porte ilegal de armas (Auto del 31 de agosto de 1999 —obrante a folios 322 a 336 del cuaderno 3—).

Finalmente, obran las declaraciones de los señores Marlene Figueroa Jiménez y John Jader Gutiérrez Rodríguez, rendidas en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Sucre, quienes refieren la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre el lesionado y su núcleo familiar, así como del desconsuelo y la tristeza que les produjo el daño por el cual se demanda en el presente asunto (fls. 58 a 62, Cdno. 2).

3. Con el material probatorio relacionado lo primero que se advierte es que no se logró demostrar la forma ni el momento en que se produjeron las lesiones de que fue objeto el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo, pues no hay ninguna prueba que permita concluir que las mismas fueron causadas por miembros de la Policía Nacional y mucho menos en las instalaciones de la Sijín en la ciudad de Sincelejo (Sucre); no obstante, independientemente de las dudas probatorias en relación con el momento exacto en que se causaron tales lesiones, es decir, si las mismas se propinaron o no en el momento de la captura, lo cierto es que tal aspecto no es del todo relevante para realizar el juicio de responsabilidad extracontractual en contra de la parte demandada —cuando menos en este caso particular—, pues de las pruebas relacionadas lo que se saca en claro es que las lesiones se produjeron el 20 de marzo de 1999 y fueron diagnosticadas mientras el señor Monterroza Angulo se encontraba bajo la custodia y el cuidado de los miembros de la SIJÍN de la Policía Nacional (recuérdese que fue puesto a disposición de dicha unidad policial a las 9:30 p.m. del 20 de marzo de 1999 —ver, pág. 10 supra— e ingresó al Hospital Regional de Sincelejo a las 11:30 p.m. del mismo día —ver, pág. 8 supra—).

Así, entonces, al margen de que no se haya probado el momento y la forma exacta en que se produjeron las lesiones, para la Sala no hay duda de que la Policía Nacional se encontraba en posición de garante respecto del señor Monterroza Angulo, incluso, desde el momento mismo en que se produjo su detención por parte de los uniformados adscritos a la Estación de Policía de “El Bongo”; por tanto, se generó frente al detenido una obligación de especial sujeción, la cual implicaba para la institución la responsabilidad de velar por su seguridad y protección.

En relación con las personas privadas de la libertad, la Sala ha señalado que el Estado debe garantizar por completo su seguridad y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de la detención, razón por la cual, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, se ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran dichas personas.

La Corte Constitucional, respecto del deber de protección del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, en Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003 señaló:

“(…) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

“Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio. En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

“Lo anterior implica que el custodio tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad. Tratándose del Estado, supone la obligación de garantizar condiciones de dignidad del recluso. (sic) Garantía que únicamente se cumple si tales condiciones son efectivamente realizadas; es decir, no basta la adopción de medidas programáticas, sino que han de traducirse en realidad. Así, tal como lo ha señalado esta corporación, no pueden aducirse problemas presupuestales, sino que el Estado tiene la obligación de realizar el trato digno. Se trata pues, de una obligación de respeto.

“(...).

En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno. Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos. Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los detenidos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo (sic) tanto, de obligaciones de resultado” (resalta la Sala).

El anterior criterio jurisprudencial resulta coincidente con lo que, al respecto, ha sostenido la Sala al ocuparse de explicar el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas:

“En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

“Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

“(…)

“En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado(10) (se resalta).

En este orden de ideas, en cuanto al contenido y alcance de los parámetros del deber de protección de las personas privadas de la libertad, esta misma Corporación ha señalado:

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

“En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquél es imputable al Estado, salvo en los casos en que éste haya ocurrido por una causa extraña, cuya demostración corresponderá a la parte demandada(11) (se resalta).

Con fundamento en lo anterior, puede concluirse, entonces, que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria, una subordinación del detenido frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre ellos una relación jurídica especial y, en tal virtud, el Estado tiene la facultad de restringir, limitar o modular algunos de sus derechos fundamentales; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos —fundamentales— como la vida y la integridad personal no pueden ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues su seguridad depende por completo de la administración(12).

Vistas así las cosas y dada la situación en la que se encontraba el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo —detenido— se concluye que el Estado era garante de su vida e integridad personal, de suerte que las lesiones de que fue objeto sí son atribuibles a la administración, máxime si se tiene en cuenta que no se demostró —mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso— ninguna causal de exoneración de responsabilidad, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima.

Ahora, si bien la parte demandada sostiene que las lesiones se produjeron cuando la víctima “huía” —una vez cometió el hecho punible—, lo cierto es que tal argumento no es de recibo para la Sala, pues lo que sugiere el material probatorio (esto es, las declaraciones de los médicos Aníbal Briceño Vergara Díaz y Sixta Jaraba Posada) es que tales lesiones se causaron por golpes o “… traumas severos …” y que éstos “… difícilmente…” se podían causar por una “… caída de sus propios miembros” (ver, pág. 12 supra).

Los anteriores testimonios merecen plena credibilidad para la Sala, pues, además de que fueron debidamente trasladados al presente asunto (ver, acápite de “valoración probatoria” —pág. 7—), resultan coherentes, espontáneos y coincidentes entre sí, al tiempo que fueron rendidos por profesionales de la salud —con conocimiento y experiencia en la materia— que tuvieron contacto directo con el paciente (señor Héctor Daniel Monterroza Angulo) y de forma clara y verosímil explicaron las diferentes patologías con que éste ingresó al Hospital Regional de Sincelejo (ESE) para el momento de los hechos.

Bajo este escenario, dado que las lesiones de que fue objeto el señor Monterroza Angulo difícilmente se podían causar por una “… caída de sus propios miembros …” y teniendo en cuenta que no se probó que las mismas se hayan originado al momento de su captura —cuando “huía”—, para la Sala es claro que el daño no se puede considerar un efecto esperado de la relación de especial sujeción, ni mucho menos una carga que estuviera obligado a soportar como consecuencia de la detención (recuérdese que los traumas fueron diagnosticados cuando la víctima se encontraba bajo la custodia, el cuidado y la protección de los miembros de la Sijín). En consecuencia, se confirmará la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, pero no por las razones que adujo el Tribunal, sino por las que acá han sido expuestas.

Por último, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, pues en ésta se incluyó —como una de las beneficiarias de la condena— el nombre de “… Emilia Rosa Lambana Angulo…”, cuando, en realidad, el nombre correcto es Emilia Rosa Lombana Angulo (fl. 181, Cdno. Ppal).

Indemnización de perjuicios

Como quiera que la parte demandada ostenta la calidad de apelante único —como se dijo al inicio— y teniendo en cuenta que nada expresó en su recurso sobre la indemnización reconocida en primera instancia por concepto de perjuicios morales, la cual tampoco le merece reparo a la Sala, se mantendrá intacta, sin necesidad de actualización, pero con la advertencia de que el pago se hará según el salario mínimo legal mensual vigente al momento de ejecutoria de la presente sentencia.

Al respecto, se advierte que el parentesco entre el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo (víctima directa) y sus hijos Jheison Daniel, Dayana Andrea y Anderson Daniel Monterroza Borja(13), así como con los señores Rosa Amalia Castro Arrieta (abuela), Emilia Rosa Lombana Angulo, Vilma Ramona Fric Angulo y Fredy Alberto Lombana Angulo (hermanos), se encuentra acreditado con los registros civiles de nacimiento que obran a folios 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del cuaderno 1, y folio 10 del cuaderno 2.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE —en su parte resolutiva— el ordinal segundo de la Sentencia del 24 de febrero de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre y, en su lugar, se dispone:

“CONDÉNASE a la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Para el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo (víctima directa): 15 smlmv.

Para cada uno de los señores Jheison Daniel, Dayana Andrea y Anderson Daniel Monterroza Borja (hijos): 10 smlmv.

Para cada uno de los señores Emilia Rosa Lombana Angulo, Vilma Ramona Fric Angulo, Fredy Alberto Lombana Angulo (hermanos) y para la señora Rosa Amalia Castro Arrieta (abuela): 5 smlmv”.

2. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.

4. Sin condena en costas.

5. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

6. La pretensión mayor es de $18’891.430 (equivalente a los 1000 gramos de oro solicitados de manera individual por perjuicios morales), monto que supera la cuantía exigida para el momento en que se presentó la demanda ($18’850.000).

7. Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20300.

8. Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12789.

9. Si bien en el recurso de apelación la parte demandada indicó que no solicitó el traslado del proceso disciplinario, lo cierto es que solicitó:
— “…Oficiar al Jefe de Inspección y Disciplina del Comando Departamento de Policía (Sucre), para que envíe con destino al proceso copia auténtica de la investigación disciplinaria que se adelantó con ocasión de los hechos sucedidos para el día 20 de marzo de 1999, cuando fue detenido el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo” (se resalta, fl. 21 Cdno. 2).
— “…Oficiar al señor Jefe de Inspección y Disciplina del Comando Departamento de Policía (Sucre), para que envíe con destino al proceso copia autenticada de la Investigación Disciplinaria por los hechos donde resultó lesionado el señor Héctor Daniel Monterroza Angulo, para el día 20 de marzo de 1999” (se resalta, fl. 26 Cdno. 1).

10. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 12 de febrero de 2004, expediente 14.955.

11. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 20.125.

12. Es de anotar que el artículo 141 de la Resolución 9960 de 13 de noviembre de 1992, expedida por la Dirección General de la Policía Nacional y vigente para el momento de los hechos, establecía que “3. El detenido está bajo la exclusiva responsabilidad de quien tiene el encargo de su custodia o traslado”.

13. Ver, pie de pág. 4.