Sentencia 1999-01837 de octubre 12 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 20.380

Rad.: 25000-23-23-000-1999-01837-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Jhonson Alfaro Díaz

Demandado: la Nación - rama judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

16. Por ser competente, procede la Sala a decidir en segunda instancia(3), el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá, el 28 de febrero de 2001.

2. Los hechos probados.

17. El 20 de febrero de 1995, a través de apoderado judicial, el señor Jhonson Alfaro Díaz interpuso ante los juzgados laborales del circuito de Bogotá demanda laboral(4), con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: establecer que existió una relación laboral entre el señor Alfaro Díaz y la empresa Gaseosas Colombianas S.A.; declarar que el señor Alfaro Díaz fue despedido en forma indirecta y sin justa causa; fijar que al actor no le fueron canceladas sus acreencias laborales, tales como el sueldo de la segunda quincena de febrero de 1992, los tres días de trabajo de marzo de 1993, la cesantía definitiva, los intereses sobre la cesantía, la prima proporcional y las vacaciones proporcionales. Del mismo modo, solicitó “Que se le condene extra y ultra petita”, se ordene la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización o sanción moratoria por el no pago de las prestaciones, la condena en costas y las agencias en derecho derivadas del proceso.

18. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 24 de febrero de 1995 (fl. 44, cdno. 2 de pruebas, copia auténtica), por medio del cual se ordenó correr traslado al representante legal de la empresa demandada para que presentara su contestación.

19. El día 12 de junio de 1995, Gaseosas Colombianas S.A. presentó contestación de la demanda (fls. 52 a 55 del cdno. 2 de pruebas), en la que indicó que no le constaban algunos de los hechos alegados por el señor Jhonson Alfaro Díaz y que otros no eran ciertos. Además, se opuso a todas las pretensiones y propuso como excepciones “la prescripción de cualquier derecho y el pago”, con fundamento en que el actor recibió la cancelación de todas sus acreencias laborales. Igualmente, solicitó las siguientes pruebas: 1) interrogatorio de parte al actor; 2) algunos testimonios; 3) inspección judicial a la hoja del vida del actor, a los documentos de contabilidad y a los archivos de la empresa demandada; 4) tener en cuenta el documento en que constan las consignaciones hechas por Gaseosas Colombianas S.A. a favor del actor en el Juzgado 8 Laboral, por concepto del valor descontado de prestaciones sociales.

20. Además, Gaseosas Colombianas S.A. interpuso demanda laboral de reconvención en contra del señor Alfaro Díaz (fls. 99 a 102, cdno. 2), mediante la cual solicitó que se le condenara pagar a su favor, la suma de $ 252 830, correspondientes al valor del faltante de los bienes puestos bajo su cuidado. Como fundamento de su pretensión, la empresa expuso que el último cargo que desempeñó el reconvenido fue el de bodeguero, y que en dicha labor tenía bajo su directo cuidado y responsabilidad varios productos. Aseguró que en el ejercicio de este trabajo tuvo faltantes definitivos en los productos, por la suma de $ 252 830, y que el señor Alfaro no ha pagado a la empresa dicha suma.

21. Mediante auto del 22 de junio de 1995 (fl. 69, cdno. 2), el juez director del proceso laboral ordenó correr traslado de la demanda de reconvención, la cual fue notificada personalmente el 19 de julio de 1995 (fl. 65, cdno. 2), y contestada por el apoderado del señor Alfaro mediante memorial visible a folios 99 a 102 del cuaderno 2, en el cual negó todos los hechos y se opuso a las pretensiones formuladas por Gaseosas Colombianas S.A.

22. En auto del 8 de septiembre de 1995 (fls. 122 y 123, cdno. 2), proferido durante la audiencia pública de conciliación y primera de trámite, el juez conductor ordenó practicar las siguientes pruebas: darle el valor probatorio que le otorga la ley a los documentos allegados por las partes, decretar la práctica de una diligencia de inspección judicial, realizar un interrogatorio de parte al señor Jhonson Alfaro Díaz y recepcionar algunos testimonios.

23. Por medio de escrito radicado el 13 de septiembre de 1995, el apoderado de la parte demandante allegó una solicitud de adición al auto de pruebas requiriendo lo siguiente: “... solicito muy respetuosamente se adicione el auto de decreto de prueba en el sentido de incluir a favor de mi mandante la prueba de interrogatorio de parte, por parte del representante legal de la demandada, así como también la prueba documental consistente en las declaraciones rendidas bajo juramento por el señor Pablo Alirio Zambrano Ríos cuyas fotocopias anexé en la demanda de reconvención y cuya prueba fue solicitada en el numeral 7º” (fl. 124, cdno. 2). Por su parte el juzgado laboral, a través de la audiencia segunda de trámite, dispuso la práctica de las pruebas solicitadas, mediante auto del 20 de octubre de 1995 (fls. 127 a 136, cdno. 2).

24. Durante el período probatorio se lograron demostrar en el proceso laboral los siguientes hechos:

24.1. Por medio del contrato laboral a término fijo por 4 meses(5), se acreditó que el señor Jhonson Alfaro Díaz sostuvo una relación laboral con la empresa Gaseosas Colombiana S.A., desde el 13 de noviembre de 1991 hasta el 2 de marzo de 1992. Asimismo, quedó probado que el referido señor renunció a su empleo en la citada compañía el día 2 de marzo de 1992 (fl. 17, cdno. 2). También, quedó demostrado que el actor allegó unos comprobantes de pago realizados a su favor, en los que no constan los conceptos a cancelar ni tampoco a qué mes corresponden dichos pagos (fls. 33 y 34, cdno. 2).

24.2. Con el formulario de liquidación de prestaciones sociales allegado al proceso (fl. 32, cdno. 2), se probó que la empresa Gaseosas Colombianas S.A. le liquidó al señor Jhonson Alfaro Díaz las siguientes prestaciones: pagos por comisiones $ 156.630; auxilio de transporte $ 402; total cesantías por $ 26.754; intereses sobre las cesantías del 1 de enero de 1992 al 2 de marzo del mismo año por $ 552; la prima de servicios del 13 de noviembre de 1991 al 2 de marzo de 1992 por $ 47.468; y las vacaciones causadas del 13 de noviembre de 1991 al 2 de marzo de 1992 por $ 23.216. Dichas sumas representaron un total de $ 255.022. Sin embargo, se acreditó que la empresa no efectuó dentro del referido formulario la liquidación correspondiente a las cesantías parciales ni los intereses sobre las mismas, causadas en el período del 13 de noviembre de 1991 al 31 de diciembre del mismo año.

24.3. Mediante oficio fechado 25 de agosto de 1992 (visible a fl. 71, cdno. 2) dirigido al Juzgado 8 Laboral del Circuito de Bogotá, se demostró que Gaseosas Colombianas S.A., realizó el depósito judicial n.°J6745998 por una suma de $ 252.830, a favor del señor Jhonson Alfaro Díaz, por concepto del valor descontado en sus prestaciones sociales al momento del retiro. Posteriormente, a través de escrito presentado el 1º de noviembre de 1995 (visible a fl. 73, cdno. 2) en el despacho judicial antes referido, la empresa demandada autorizó efectuar el pago del citado depósito al señor Jhonson Alfaro Díaz. Por medio de auto del 2 de noviembre de 1995 (obrante a fl. 74, cdno. 2) se ordenó entregar y pagar el titulo judicial J67459980, por valor de 252.830 al señor Alfaro Díaz.

25. Vencida la etapa probatoria, el Juez 2 Laboral del Circuito de Bogotá emitió sentencia el 11 de noviembre de 1997 (visible a fls. 214 a 223, cdno. 2), en la que resolvió lo siguiente:

Primero. Condénase a la empresa denominada Gaseosas Colombianas S.A., con domicilio en esta ciudad, representada por el doctor Darío Cardona Correa o quien haga sus veces, a pagar una vez en firme la presente sentencia al demandante señor Jhonson Alfaro Díaz, mayor de edad, de esta vecindad, identificado con la C.C. 79.042417 de Bogotá la suma de $ 939.780.oo, por concepto de indemnización moratoria.

Segundo. Absuélvese a la demandada de las demás súplicas impetradas por el actor.

Tercero. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la demandada.

Cuarto. Costas de la demanda principal a cargo de la demandada en cuantía del 20% sobre el valor de la condena.

Quinto. Absuélvese al demandante Jhonson Alfaro Díaz, mayor de edad, de esta vecindad, identificado con la C.C. 79.042417 de Bogotá de las súplicas impetradas por la empresa contrademandante Gaseosas Colombianas S.A. representada por el doctor Darío Cardona Correa o quien haga sus veces.

Sexto. Costas de la demanda de reconvención a cargo de la contrademandante. Tásense.

25.1. Para tal efecto, el juez laboral consideró, en primer lugar, que respecto a la relación laboral existente entre las partes quedó acreditada con el contrato de trabajo allegado con la demanda. En segundo lugar, en relación con la segunda quincena de febrero de 1992, los tres días de salario de marzo del mismo año, la prima de servicio y las vacaciones proporcionales, manifestó que dichos conceptos fueron cancelados al actor por parte de Gaseosas Colombianas S.A. En tercer orden, en lo referente a las indemnizaciones solicitadas por despido injusto y mora por el pago tardío de las acreencias laborales del actor, estimó que quedó acreditado que el demandante presentó renuncia al cargo que desempeñaba sin que se hubiera demostrado que la voluntad del trabajador fuera viciada por error, fuerza o dolo, razón por la cual, el actor no tenía derecho a la respectiva indemnización, y, además, que la demandada se demoró en hacer efectivo el pago de las acreencias laborales del actor, por lo que condenaría. En cuarto orden, respecto a la cesantía definitiva, el juez laboral consideró lo siguiente:

(...) De acuerdo con la liquidación de esta prestación (fl. 197) al actor se le liquidó por el período comprendido entre el 1º de enero al 2 de marzo / 92, la suma de $ 26.754.oo. Pero no se indicó cuál fue el salario tenido en cuenta para efectuar dicha liquidación y solamente se aportaron comprobantes de nómina de enero y febrero de 1992 donde se observa que el salario era variable, pero no se comprobó el promedio de lo devengado durante los últimos 3 meses, ni se allegaron los comprobantes de estos últimos tres meses para determinar dicho promedio y en estas condiciones le es imposible al Juzgado establecer el valor de la cesantía definitiva para proceder a despachar condena por este concepto. En consecuencia se absolverá.

25.2. En este mismo sentido, en cuanto a los intereses sobre las cesantías, el Juez 2 Laboral del Circuito de Bogotá, manifestó que “[L]a demandada liquidó los intereses a la cesantía por el mismo período por el que liquidó la cesantía. No habiéndose podido determinar el valor de la cesantía definitiva, tampoco es posible despachar condena por intereses. Por lo tanto absuélvase a la demandada de lo solicitado en esta”. Finalmente, con relación al fallo extra y ultra petita, señaló que no encontró motivos para conceder dicha condena, en los términos del artículo 50 del CPL.

26. La parte actora presentó recurso de apelación (fls. 226 a 234, cdno. 2) contra la providencia antes reseñada, manifestado su desacuerdo con lo expuesto en la sentencia frente a la segunda quincena de febrero de 1992 y los tres días laborados en marzo del mismo año, toda vez que el a quo desconoció el alcance del concepto de salario establecido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990 en su artículo 14, el cual estipula que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte.

26.1. Con relación a la cesantía definitiva, el actor consideró que el juzgador en lo laboral excluyó la aplicación de las siguientes normas: del artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala la forma de establecer el salario base para la liquidación de la cesantía cuando el salario es variable; y del 21 de la misma codificación en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política, el cual hace referencia al principio de la favorabilidad para el trabajador. En lo referente a los intereses sobre la cesantía, consideró que como resultó probado que la demandada le quedó debiendo parte de las cesantías al trabajador, entonces debió condenarse al pago de los intereses sobre la cesantía, bien sobre la base de liquidación presentada razonablemente por el demandante o por las resultas de las operaciones que realizó el juzgador.

26.2. Finalmente, en cuanto al fallo extra y ultra petita, el recurrente manifestó que no comparte el razonamiento que realizó el juez de instancia, comoquiera que dentro del proceso quedó demostrado que la empresa demandada no le canceló al trabajador el valor de la cesantía ni mucho menos los intereses sobre las mismas, correspondientes al período del 13 de noviembre de 1991 y 31 de diciembre del mismo año, por lo que estima que se debió condenar a Gaseosas Colombianas S.A., al pago de la respectiva indemnización moratoria.

27. Una vez remitido el expediente al Tribunal Superior de Bogotá(6), este, mediante sentencia del 30 de septiembre de 1998, decidió confirmar en todas sus partes la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia y condenar a la demandada en costas de segunda instancia en un 50% (fls. 246 a 257, cdno. 2).

27.1. Para tal efecto, el ad quem consideró que, respecto a la relación laboral existente entre las partes, se tendría para todos los efectos legales el contrato de trabajo suscrito por las mismas por un término fijo de 4 meses. Asimismo, en cuanto a la segunda quincena de febrero de 1992, que dicho saldo se encontraba incluido dentro de la liquidación de prestaciones. Respecto al valor solicitado por concepto de salario de los tres días laborados en el mes de marzo de 1992, estimó que, comoquiera que la renuncia presentada por el actor fue aceptada el 2 de marzo de la misma anualidad, entonces no existía razón para aceptar lo afirmado por el actor. Además, en lo referente a la prima de servicio y vacaciones proporcionales, consideró que dichas prestaciones fueron bien liquidadas, y que el apelante no cumplió con la carga probatoria para demostrar lo contrario.

27.2. En cuanto a la cesantía definitiva e intereses sobre la misma, estimó que la ley establece unos parámetros concretos para la liquidación del auxilio de cesantía y que, en el caso de salarios variables, se debe tomar el promedio de todo el tiempo de servicio. Agregó que, en consecuencia, si no se conoce la totalidad de pagos efectuados, tampoco es procedente obtener promedios con informaciones parciales. Añadió que, si bien el actor afirmó que tenía un salario superior, la ausencia probatoria obliga a negar lo pedido y confirmar la decisión del a quo.

27.3. Finalmente, en relación al fallo ultra y extra petita, manifestó que el artículo 50 del CPL, establece claramente que las facultades de emitir este tipo de fallos están en cabeza del juez de primera instancia y que, por lo tanto, el de segunda instancia no puede hacer uso de una atribución que no tiene. Adicionó que, en consecuencia, como el juez a quo se abstuvo de aplicar la facultad de decidir extra petita sobre la cesantía del actor correspondiente al año de 1991 y la moratoria originada en la omisión de consignarlos, y al no tener el enjuiciador de segunda instancia competencia, entonces este debe inhibirse de hacer cualquier consideración al respecto.

28. La doctora Ángela María Betancur de Gómez, magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, presentó una aclaración de voto (fls. 259 a 263, cdno. 2), manifestando lo siguiente:

(...) La falta de demostración del salario promedio para efectos de liquidación de cesantía que se pretende en el recurso, dado que este opera en relación con normas a aplicar mas nunca sobre pruebas y menos sobre hipótesis como se expresa a folio 301 por el apelante, a quien correspondía en desarrollo del principio de la carga de la prueba (CPC, art. 177), probar los supuestos de hecho, base de sus pretensiones y la omisión en lo pertinente no podía generar condena a reajuste de cesantía como se pregona equivocadamente en el recurso, cambiando en esta etapa procesal la petición por reajuste cuando la demanda contiene la petición de pago de la cesantía definitiva. Aceptar ello implicaría por la Sala el desconocimiento del artículo 50 del CPL.

Además de lo anterior, el actor en su demanda reclamó el pago de la cesantía definitiva (fl. 63, num. 3º de las peticiones y literal c), entendiéndose por tal en los términos de la Ley 50 de 1990, la causada en 1992, puesto que la devengada a diciembre 31 de 1991 se debió consignar en un fondo de cesantía y el demandante no demostró inconformidad con dicha consignación, mas aún el debate probatorio ni siquiera se encaminó en los términos del artículo 25 del CPL, a acreditar que no se había cumplido con lo consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la liquidación final de cesantía contenida a folio 157, desarrolla lo consagrado en la Ley 50 de 1990 al liquidar la cesantía del 1º de enero a marzo 2 de 1992. Por ello, las operaciones que pretende el apoderado del actor en el recurso se acojan por la Sala para efectos de proferir condena por reajuste de cesantía desconoce lo normando en la Ley 50 de 1990, al pretenderse aplicar el sistema anterior o tradicional, involucrando salarios devengados en 1991, cuando el período a liquidar lo era desde el 1º de enero de 1992 a marzo 2 del mismo año. Al no existir condena por cesantía se cae de su peso la condena que se reclama por intereses de cesantía (...).

29. Contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 1998 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, D.C. no se interpuso recurso alguno y se encuentra ejecutoriada.

3. Problema jurídico.

30. Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura responsabilidad administrativa en cabeza de la entidad demandada —la Nación, rama judicial del poder público—, como consecuencia del error judicial que supuestamente fue cometido tanto por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá como por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Laboral—, cuando profirieron las sentencias del 11 de noviembre de 1997 y 30 de septiembre de 1998 respectivamente, dentro del proceso laboral que en aquella oportunidad fue adelantado por el hoy demandante en reparación directa —señor Jhonson Alfaro Díaz—. Para tal efecto, será necesario establecer si el perjuicio alegado por la parte demandante constituye o no un daño antijurídico en el marco del error jurisdiccional, análisis en el cual es perentorio revisar si se cumplen en el caso concreto los presupuestos y propiedades que son necesarios para la existencia de ese tipo de error, según ha sido definido por la Ley 270 de 1996.

4. Análisis de la Sala.

31. En relación con el daño invocado por la parte actora, la Sala advierte que no es suficiente la demostración de que unas sentencias fueron desfavorables al demandante en reparación para que se concluya que existe derecho a indemnización a su favor, sino que es necesario acreditar los presupuestos que configuran un daño antijurídico, en la medida en que se está analizando la responsabilidad estatal con ocasión de un supuesto error jurisdiccional cometido por el Juez Segundo Laboral de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

32. Por ello, procede la Sala a reiterar los criterios jurisprudenciales que han definido las propiedades y presupuestos a partir de los cuales debe estudiarse la existencia de un daño antijurídico en los eventos de error judicial y, posteriormente, se definirá si el caso que ahora se analiza reúne las condiciones necesarias como para que se estructure responsabilidad a cargo del Estado, por la presunta equivocación cometida en las sentencias del 11 de noviembre de 1997 y del 30 de septiembre de 1998, proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, respectivamente.

32.1. El error judicial se encuentra regulado en la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, como pasa a explicarse.

32.1.1. En su artículo 65, el legislador estatutario consagró el error jurisdiccional como una causa que puede generar responsabilidad a cargo del Estado, por daños causados con ocasión de la prestación del servicio de administración de justicia:

ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad (se resalta).

32.1.2. En el artículo 66 ibídem, el error judicial quedó definido como el “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Los presupuestos que deben estar presentes en determinado caso para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, quedaron precisados en el artículo 67 de la ley que se viene citando, en los siguientes términos:

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto todos los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva del error deberá estar en firme.

32.2. En interpretación de las normas antes citadas, la Sala ha dejado precisados los siguientes parámetros o requisitos para que se entienda configurado el error jurisdiccional, y por lo tanto un daño antijurídico, así:

32.2.1. Es necesario que el error haya sido cometido por un funcionario u órgano investido de funciones jurisdiccionales(7).

32.2.2. Se requiere que el error jurisdiccional quede plasmado en una providencia que tenga incidencia sobre los derechos que se discuten en el trámite del que se predica la equivocación(8).

32.2.3. Es indispensable que la providencia que dio origen al error haya dado término —en forma normal o anormal— al trámite ordinario del procedimiento en el cual se cometió aquel(9), y que respecto de dicha providencia se hayan ejercido todos los recursos ordinarios que contra la determinación equivocada procedían, de manera tal que la providencia errada se encuentre ejecutoriada y haya hecho tránsito a cosa juzgada. Frente a esto último, en la sentencia del 27 de abril de 2006, se dejó precisado por la Sala:

a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aún cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (...)(10).

32.2.4. El error judicial debe estar fincado en las labores lógicas, epistemológicas y hermenéuticas hechas por el juez en la solución del caso sometido a su consideración, bien sea por el entendimiento que construye respecto de los hechos —error de hecho—; o por la forma en que el fallador interpreta los supuestos normativos que pretende aplicar —error de derecho por indebida interpretación—; o bien porque aplica dichos supuestos a circunstancias de hecho que no se subsumen dentro de la norma —error de derecho por aplicación indebida—. En este último supuesto, el error también se presenta cuando el fallador deja de aplicar las normas subsumibles en los hechos materia de decisión —error de derecho por falta de aplicación de la norma—(11). Se advierte que no es necesario que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional identifique en su demanda el tipo de error cometido en los términos anteriormente enunciados, ni que demuestre que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(12), pero para quien juzga la acción indemnizatoria resulta útil identificar el tipo de equivocación cometida en la providencia de la cual se predica el error para facilitar la labor de verificación sobre el mismo y, en los casos en los que se discute dentro del proceso contencioso la responsabilidad individual del agente por virtud de su llamamiento en garantía, resulta útil determinar si el funcionario actuó con dolo o culpa para efectos de establecer si es posible repetir patrimonialmente en su contra.

33. Fijados los anteriores parámetros, y aplicados al caso concreto, se tiene que el estado de cumplimiento de los mismos es el que se estudia en lo subsiguiente:

33.1. En primer lugar, no se discute en el presente caso que las providencias de las cuales se predica el daño fueron expedidas tanto por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá como por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que corresponden a esos órganos judiciales.

33.2. En segundo orden, para la Sala es claro que el error que el demandante predica de las sentencias del 11 de noviembre de 1997 y 30 de septiembre de 1998, tiene una indiscutible incidencia respecto de los derechos que se estaban discutiendo en el proceso laboral promovido por el hoy demandante en reparación —señor Jhonson Alfaro Díaz—, toda vez que se trató de una decisión que supuestamente omitió la expedición de un fallo extra y ultra petita, con lo que dejó de condenar a la empresa demandada al pago de la cesantía parcial e intereses sobre la misma correspondiente al período del 13 de noviembre de 1991 al 31 de diciembre del mismo año, a favor del actor.

33.3. En tercer lugar, la Sala observa que el error judicial que se predica en la acción de reparación directa de la referencia, fue supuestamente cometido en una sentencia que puso fin al proceso, comoquiera que se trató de un pronunciamiento de segunda instancia emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Por tal razón, no se estudiará el aparente error cometido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, pues su sentencia no puso fin al proceso. Para la Sala es claro que la providencia del 30 de septiembre de 1998, proferida por el Tribunal Superior Sala Laboral, de la cual se predica la equivocación, es la que puso fin al proceso y se encuentra ejecutoriada.

33.4. Finalmente, el error que la parte demandante le endilga a la sentencia del 30 de septiembre de 1998, está relacionado, por un lado, con la forma en que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá dejó de aplicar algunas normas sustanciales y procesales en la resolución del proceso laboral promovido por el hoy accionante en reparación —error de derecho por falta de aplicación de la norma—; y, por otra parte, se trata de un error que tiene que ver con la forma en que el juzgador apreció la prueba que supuestamente demostraba el verdadero salario base de liquidación con el cual se debió efectuar la cancelación de las prestaciones sociales del actor —error de hecho—.

33.5. Lo procedente, entonces, es analizar si el supuesto error que se predica de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, se encuentra demostrado, verificación de la cual depende la prosperidad o no de las pretensiones consignadas en la demanda de reparación directa que hoy concita la atención de la Sala.

33.5.1. En relación con el error de derecho que el demandante predica de la sentencia del 30 de septiembre de 1998, se hace consistir en que el tribunal dejó de aplicar normas sustanciales y procesales en la resolución del proceso laboral, toda vez que no se tuvo en cuenta, en primer lugar, el verdadero salario base de liquidación del cual trata el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales del actor; en segundo orden, dejó a un lado los factores que integran dicho salario regulados por el artículo 127 del mismo estatuto; y, finalmente, negó la condena mediante un fallo extra y ultra petita, cuando se encontraban reunidos todos los presupuestos para concederlo, errores que a su juicio condujeron a una violación —por falta de aplicación— de los artículos 127 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo, así como de los numerales 1º, 3º y 7º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el 50 del Código de Procedimiento Laboral.

33.5.1.1. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, dispuso que no sólo constituye salario la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, “como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

33.5.1.2. El artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue modificado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965, establece que para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. Igualmente, dispone que “[E]n el caso contrario y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo servido si fuere menor de un año”.

33.5.1.3. El artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en su numeral 1º consagra que el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. Asimismo, establece en su numeral 3º que el valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Finalmente, instaura en su numeral 7º que todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.

33.5.1.4. El artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral, el cual regula la posibilidad de que se expida un fallo extra y ultra petita, establece que “[E]l juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas” (se subraya)(13).

33.5.2. Ahora, frente a los preceptos antes citados, la tesis del demandante es que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá inaplicó el contenido de dichas normas, comoquiera que solo tuvo en cuenta el valor pagado por concepto de comisiones, esto es, la suma de $ 156.630, para efectos de liquidar sus prestaciones sociales, omitiendo así los demás factores salariales que establece el referido estatuto, aún cuando los mismos estaban demostrados en el proceso laboral. Además, dice que se omitió tener en cuenta el verdadero salario base de liquidación que correspondía a un valor distinto al que se utilizó para liquidar sus prestaciones sociales, y se excluyó el pago de la cesantía definitiva e intereses sobre la misma correspondiente al período del 13 de noviembre de 1991 al 31 de diciembre del mismo año, no obstante que quedó acreditado que dicha suma no fue cancelada por la demandada al actor.

33.5.3. A juicio de la Sala, la inaplicación normativa a que se refiere el actor, no aconteció, toda vez que no se probó cuáles otros factores salariales recibió como contraprestación directa de sus servicios. Además, tampoco se acreditó el salario base real al cual hace referencia insistentemente el actor, aparte de que quedó demostrado en el formulario de liquidación allegado al proceso laboral, que el empleador canceló la cesantía definitiva e intereses sobre la misma al terminar la relación, conforme lo estipula la norma laboral. Finalmente, en cuanto a la cesantía e intereses sobre la misma causada entre noviembre y diciembre de 1991, dicha suma debió ser consignada en un fondo de cesantía, de conformidad con la Ley 50 de 1990, por lo que se asume que no está claramente probado que la parte demandada no haya consignado dicho valor.

33.5.4. La Sala estima válida la apreciación que de dichas normas hicieran tanto el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá como la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, cuando resolvieron en sentencias del 11 de noviembre de 1997 y 30 de septiembre de 1998 respectivamente, las súplicas instadas por el actor en su demanda —ver infra, párrs. 25 y 35—, según las cuales tuvieron como salario base de liquidación el reflejado en el formulario de liquidación de prestaciones allegado al proceso, puesto que no se demostró la existencia de un salario distinto al citado.

33.5.5. De manera que, si se tiene en cuenta que el error de derecho que el hoy demandante en reparación endilga tanto al Juez Segundo Laboral del Circuito de Bogotá como a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá está radicado en la inaplicación de unas normas que, razonablemente, fueron bien empleadas, se observa que el daño, en caso de haberse presentado, no puede calificarse como un daño antijurídico cometido en el marco de un error judicial en los términos en que el mismo fue definido por la Ley 270 de 1996, comoquiera que no puede afirmarse en forma inequívoca que la providencia es “contraria a la ley”, lo que es uno de los presupuestos que exige el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 para la configuración del daño antijurídico en los caso del error jurisdiccional.

33.6. De otro lado, en lo que tiene que ver con el supuesto error de hecho que habría sido cometido tanto por el Juzgado Segundo Laboral como por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en sus providencias, el demandante considera que dichas autoridades judiciales “... incurrieron en error judicial que desemboca en vía de hecho, al no apreciar las pruebas que demostraban y demuestran lo devengado por el demandante durante la relación laboral, y que debió servir de base para la liquidación” (fl. 4 cdno. 1).

33.6.1. Como se observa, el error de hecho al que alude el demandante está referido, principalmente, a que tanto el Juez Segundo Laboral del Circuito de Bogotá como el Tribunal Superior —Sala Laboral— no le dieron el valor probatorio correspondiente a la prueba que demostraba que el salario base con el cual debieron haber liquidado las prestaciones sociales del actor, era uno totalmente diferente al salario con el cual fue liquidado.

33.6.2. Al revisar la copia auténtica del proceso laboral que reposa en el expediente, la Sala advierte que no existe una prueba clara que demuestre que son ciertas las afirmaciones del demandante, en relación con el supuesto error de hecho cometido por los referidos órganos judiciales laborales.

33.6.3. A este respecto, advierte la Sala que si bien en el expediente constan unos comprobantes de pago a favor del actor (fls. 33 y 34, cdno. 2), también es cierto, que dichos comprobantes no son legibles, por lo que se considera que si el error en la omisión de valorar una prueba es alegado por la parte actora, a ella le correspondía la carga de demostrar los supuestos que daban lugar a la configuración del error, carga que en el presente caso no fue cumplida comoquiera que, se reitera, con las copias que reposan en el proceso no es posible determinar a ciencia cierta que el salario devengado por el actor era uno distinto al que aparece plasmado en el formulario de liquidación de prestaciones allegado al proceso laboral.

33.6.4. En este orden, la Sala advierte que la forma en que tanto el Juez Segundo Laboral del Circuito de Bogotá como la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá tomaron sus decisiones judiciales, fueron ajustadas a derecho, comoquiera que no solo se hizo la respectiva valoración probatoria de los elementos allegados al proceso laboral, sino que también resolvieron en derecho las pretensiones del actor.

33.6.5. De modo que si no existió el error que se alega respecto del Juez Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y el juzgador laboral de segunda instancia, entonces debe decirse que no existió daño antijurídico, al no cumplirse los presupuestos y propiedades del error judicial según fue definido en la Ley 270 de 1996 —arts. 66 y 67—.

34. En conclusión, la Sala estima que las propiedades y presupuestos que configuran el perjuicio antijurídico en los casos de error jurisdiccional no están presentes en el caso concreto, toda vez que la sentencia proferida por el juez en lo laboral fue asumida totalmente en derecho. Por tal razón, se considera que no existe un daño antijurídico que permita declarar la responsabilidad a cargo de la rama judicial suplicada en la demanda de reparación directa. Como la sentencia apelada fue proferida en el sentido de denegar las súplicas de la demanda, entonces la misma será confirmada en segunda instancia por la Sala.

6. Costas.

35. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 28 de febrero de 2001 proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá, por las razones vertidas en el presente proveído.

2. En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(4) El reparto correspondió al Juzgado 2 Laboral del Circuito de Bogotá —acta de reparto de la demanda visible a fl. 44, cdno. 2—.

(5) Contrato de trabajo que obra a folios 10 a 13 del cuaderno 2 de pruebas en copia auténtica.

(6) Mediante oficio del 19 de enero de 1998 (fl. 235 del cuaderno 2 de pruebas).

(7) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.528, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 16.594 (rad. 25000-23-31-000-1995-01599-01), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, actor: Svetla Petkova de Morales, demandado: Nación - Ministerio de Justicia - Consejo Superior de la Judicatura. En esta providencia, al hacer una distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dijo la Sala: “En ese orden de ideas, se ha sostenido que se está en presencia del primero de los títulos de imputación mencionados —se refiere al error jurisdiccional— tratándose de falencias en las que se incurre en providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en cuanto que habría de reconocerse la operatividad del segundo —se refiere al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia—, en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias de los jueces”.

(9) Sentencia del 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Allí se dijo: “... la Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso. En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues solo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.

(10) Expediente 14.837. La citada providencia está referida en la sentencia del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicación 73001-23-31-000-1997-05031-01(16.271), actor: Sociedad Hernando Ospina Cardona y Cía., Micro-Viales y otros, demandado: Ministerio del Interior y de Justicia y otro. La regla que aquí se comenta surge de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual existe “culpa exclusiva de la víctima” cuando esta no interpone los “recursos de ley” contra la providencia que considera equivocada.

(11) Al respecto, en la sentencia del 14 de agosto de 1997, Exp. 13.258, C.P. Ricardo Hoyos Duque, se dijo por la Sala: “... el error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada”. En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia del 28 de enero de 1999, Exp. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(12) Del mismo modo, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, Exp. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(13) El citado artículo fue declarado exequible, excepto el aparte subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-662 del 12 de noviembre de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara). Dicha sentencia de inexequibilidad es posterior al fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, respecto del cual se estudia el supuesto error judicial, el cual está calendado con fecha del 30 de septiembre de 1998.