Sentencia 1999-01875 de abril 17 de 2013

 

Sentencia 1999-01875 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 190012331000199901875 01

Expediente: 26.252

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: apelación sentencia - reparación directa

Actor: Alba Lucía Sánchez Ortega y otros

Demandado: municipio de Piendamó (Cauca)

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida el 21 de agosto de 2003, por el Tribunal Administrativo del Cauca, comoquiera que la demanda se presentó el 21 de octubre de 1999 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 200’000.000 por concepto de lucro cesante a favor de la compañera permanente e hijos de la víctima directa, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 18’850.000(18).

2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la misma se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el accidente de tránsito en el cual resultó muerto el señor José Ricaurte López Rodríguez ocurrió el 21 de junio de 1999 y la demanda se interpuso el 21 de octubre de esa misma anualidad.

2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor José Ricaurte López Rodríguez, el cual indica que su muerte se produjo el 21 de junio de 1999, a las 5.00 a.m., en el municipio de Piendamó, Cauca(19).

— Copia auténtica del protocolo de necropsia practicada al cadáver del señor José Ricaurte López Rodríguez, en el cual se concluyó:

“Causa de muerte: trauma cráneo encefálico severo. 1) TCE severo; 2) contusión cerebral severo; 3) Hemorragia masiva; 4) Hemorragia parinquima cerebral; 5) Laceraciones cerebrales múltiples”(20).

— Copia auténtica del acta de inspección de cadáver practicada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Seccional Popayán. En dicho documento se consignó, entre otra, la siguiente información:

“Relato de los hechos: al parecer iba conduciendo una moto cuando chocó con un policía acostado que se encuentra sobre la vía principal de Piendamó, sobre la salida de Piendamó hacia la ciudad de Cali, dentro del casco urbano. Al parecer iba embriagado, según dichos de la hermana María Eugenia López Rodríguez, persona a quien se le entregan las pertenencias del occiso.

Observaciones: presenta las siguientes lesiones: 1) Hematoma en región orbital derecha, 2) Laceración en región frontal lado derecho (...)” (se deja destacado).

— Sobre la forma en que sucedió el accidente, obra copia auténtica del informe de tránsito 930208922, el cual indica que el 21 de junio de 1999, en la calle 7 Nº 12-138 del municipio de Piendamó, Cauca, aproximadamente a la 04:50 de la madrugada, se produjo un accidente automovilístico en el cual resultó una persona muerta; en relación con el automotor que resultó comprometido en el accidente se señaló que era una motocicleta particular marca Suzuki AX-115, de placas MVR 28, conducida por José Ricaurte López Rodríguez; se observa en el croquis elaborado que el accidente se produjo cuando la motocicleta impactó de forma frontal contra una caneca instalada en el centro de la vía.

En el mismo informe se precisó que el sitio del accidente era una vía plana, recta, ubicada en una zona urbana, de dos carriles, asfaltada, en buen estado, se encontraba seca, con tiempo normal, sin señalización ni demarcación alguna. Debe anotarse además que no había iluminación sobre la vía.

Respecto de la causa probable del choque se manifestó lo siguiente: “Causas probables: de la vía 302, del conductor 110-116”.

Ahora bien, según el “Manual para el diligenciamiento del formato del informe policial de accidentes de tránsito adoptado según resolución 004040 del 28 de diciembre de 2004”, tales códigos corresponden a las siguientes causas: No. 302 “[a]usencia o deficiencia en la demarcación”, número 110 “[d]ejar obstáculos en la vía”, número 116 “[e]xceso de velocidad”(21).

— Copia auténtica del Informe sobre el accidente de tránsito, suscrito por el comandante de la Estación de Policía de Piendamó, en el cual consignó la siguiente información:

“El día de hoy lunes 21-06-99 a eso de las 04:30 horas, aproximadamente, en la calle 7 con carrera 12 a eso de las 04:30 horas, aproximadamente, en accidente de tránsito resultó muerto el señor Ricaurte López Rodríguez de 44 años, natural de Piendamó, estado civil casado, de profesión docente (...). Occiso movilizábase en la motocicleta marca Suzuki AX-15 modelo 98, color verde de placas MVR-28 (...).

Según se pudo establecer el hoy occiso se desplazaba en sentido occidente oriente por la calle 7 con carrera 12 de esta localidad y colisionó contra una caneca la cual estaba ubicada en el centro de la vía protegiendo un reductor de velocidad recientemente construido en esa calle. El occiso presenta traumas cráneo encefálicos y fracturas en diferentes partes del cuerpo, practicó levantamiento del cadáver la Fiscalía 02 de Piendamó, cabe anotar que el hoy occiso falleció cuando era trasladado al Hospital de la ciudad de Popayán. Probables causas por establecer, se anexa el informe 930208922 e inventario de la motocicleta”(22) (negrillas fuera del texto original).

— Testimonio rendido ante el tribunal a quo por el señor Ángel María Villegas Ríos, quien residía cerca del lugar del accidente y al ser preguntado sobre los hechos de la presente acción, informó:

“Yo soy dueño del Hospedaje Santa Fe, eso fue un lunes es decir amanecer lunes, pasando la fiesta del día del padre a eso de las 4 a 5 de la madrugada, yo me levanté a abrirle a un señor que estaba hospedado, eran las 05:10 a.m., y vi la aglomeración de gente que estaba en ese lugar y por curiosidad me fui a ver qué pasaba, entonces pregunté y me dijeron que un muchacho se había matado, que lo acababan de alzar en un carro y pregunté cuál era la causa del accidente porque la moto estaba al lado derecho cerca de un tanque de arena grande que estaba como especie de señalización porque solo estaba trabajando el carril derecho hacia el norte. El muchacho quedó a lado derecho de la vía, es decir a la izquierda del sentido Cali-Piendamó, frente a la casa de la señora Dolores a quien lo(sic) le recuerdo el apellido”.

Frente a la pregunta sobre la señalización e iluminación de la vía respondió:

“Es una recta, apenas habían construido un reductor de velocidad que al parecer estaba fresco el lado derecho entrando a Piendamó, únicamente estaba funcionando hacia el norte carril derecho vía Piendamó-Cali. No había ninguna señalización, ni energía de alumbrado público, no había señalización en pintura, ni algún mechero. Ahora después de ocurrido el accidente si colocaron unos mecheros y pintaron el reductor de velocidad, en este momento hay alumbrado público. (...). No vi el accidente pero me consta que para la época el reductor apenas estaba en construcción y no tenía señales preventivas”(23) (se destaca).

— Declaración del señor Eduardo Cabrera Sarria, quien también residía en el sector donde se produjo el accidente y, sobre la pregunta de la señalización en la vía, manifestó:

“... El reductor de velocidad está ubicado en una recta, al momento del accidente no existían señales preventivas, lo único que habían colocado era un tarro de 55 galones lleno de arena, con ese tarro fue que él [se refiere a José López Rodríguez] colisionó, Ahora si existe señalización, está pintado el reductor de velocidad (...)”(24) (resaltado adicional).

En ese mismo sentido obra el testimonio de la señora Maritza Guerrero Torres, quien señaló:

“... Me levanté, salí a ver lo que había pasado, la gente comentaba que había ocurrido un accidente, pero ya se habían llevado a ese muchacho. Por este motivo no me consta nada al respecto (...). Escuché lo comentarios que el accidente se había producido por la falta de alumbrado público, ya que el finado al parecer no vio una caneca que habían colocado en ese lugar (...). Para esa época la visibilidad era mala por cuanto no había alumbrado público, no recuerdo si habían otras señales de tránsito para la época, es un lugar recto donde se produjo el accidente, también habían colocado un policía acostado que lo estaban apenas construyendo”(25) (se ha destacado).

— A folios 79 a 85 del cuaderno 2 obran los testimonios de los señores Himelda Cifuentes Patiño, Nancy Gil, Hemer Gamboa Perea, Fabio Adolfo Mezú Posso y Esperanza Marmolejo. El objeto de sus declaraciones recayó, exclusivamente, sobre las actividades productivas desplegadas por el señor José Ricaurte López Rodríguez como docente escolar y las excelentes relaciones familiares entre aquel y los demandantes en este proceso.

— Certificación expedida por el subgerente comercial de la sociedad Empresas Eléctricas del Cauca S.A. ESP, en la cual se hizo constar que “para los días 20 y 21 de junio de 1996 el servicio de energía eléctrica se prestó normalmente sin presentarse eventos”(26).

— A folios 21 a 22 obran dos fotografías que se aportaron con la contestación de la demanda. En ellas se observa una vía pública y un reductor de velocidad de color amarrillo; asimismo, con la demanda se aportó una cinta videomagnética que dice contener imágenes del sitio donde se produjo el accidente momentos después de su ocurrencia; no obstante lo cual, advierte la Sala que tales documentos carecen de la virtualidad demostrativa de que se hubieren realizado en el momento en el cual se afirma, dado que estos no están respaldados por un testimonio que dé cuenta de haber sido el testigo quien tomó las fotografías y/o realizó el video, así como de la fecha en que lo habrían realizado, lo cual conduce a la ineficacia de las pruebas respecto de los hechos que se pretendía acreditar con tales documentos(27).

— Finalmente, la Sala encuentra que varios de los documentos que fueron aportados por el demandante al expediente con el propósito de ser valorados como prueba se hallan en copia simple, circunstancia que impide asignarles mérito probatorio(28) e imposibilita la elaboración de un juicio valorativo respecto de los hechos que se pretende probar con tales documentos.

2.3. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, en tanto la muerte del señor José Ricaurte López Rodríguez, ocurrida el 21 de junio de 1996 en el perímetro urbano de Piendamó, Cauca(29), supone, por sí misma, una afectación de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico, frente a los cuales existe plena protección.

Establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan.

Del material probatorio aportado al proceso se puede establecer, básicamente:

i) Que el día 21 de junio de 1999, a las 05.00 horas de la madrugada, el señor José Ricaurte López Rodríguez se desplazaba a bordo de una motocicleta por el perímetro urbano del municipio de Piendamó, Cauca, cuando impactó con una caneca llena de arena que se encontraba en medio de la vía para proteger el reductor de velocidad que se había construido recientemente en ese sitio y;

ii) Que la vía pública donde se produjo el accidente para el día de los hechos no contaba con señalización y/o demarcación alguna, así como tampoco contaba con iluminación o alumbrado público.

2.4.1.(sic) Imputación del daño al ente público demandado.

En relación con el deber de mantenimiento de la infraestructura vial, ha dicho la Sala que la conservación de carreteras comprende el mantenimiento rutinario y periódico de las mismas. Al respecto se ha precisado lo siguiente:

“El mantenimiento consiste en las actividades necesarias para conservar el patrimonio invertido en una carretera en condiciones aceptables de funcionabilidad, dentro de ciertos límites de deterioro, lo más cercano al estado en que tenían en el momento de su construcción o de su última rehabilitación o mejoramiento. El mantenimiento periódico es el que requiere una carretera ocasionalmente o con una periodicidad superior a un año, para conservar el patrimonio vial dentro de ciertos límites de aceptación para la operación vehicular. El mantenimiento rutinario es el que se realiza en las zonas aledañas a la calzada de la carretera, comprende, entre otras actividades, la poda, corte y retiro de árboles”(30).

De la misma manera, la Sala ha determinado la responsabilidad por omisión del deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante un período razonable, sin que hubieren sido objeto de señalización, remoción normal de la vía(31).

En el mismo sentido, la Sala ha establecido cuándo está llamada la administración pública a resarcir los daños en caso de omitir sus funciones de mantenimiento y se ha pronunciado de la siguiente manera:

“La responsabilidad del Estado por omisiones en el deber de mantenimiento de las carreteras ha sido deducida por la Sala, para cuando se demuestra, por ejemplo, que las condiciones naturales del terreno, conocidas con anterioridad por las entidades demandadas, hacían previsible el desprendimiento de materiales de la montañas aledañas a las carreteras y estas no tomaron las medidas necesarias para evitar una tragedia, o se demuestra que habiéndose dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas o cuando se demuestra que unos escombros permanecieron abandonados en una carretera durante varios meses, sin que fueran objeto de demolición por Invías para el restablecimiento de la circulación normal de la vía. En síntesis, la sola demostración de la ocurrencia de un derrumbe o caída de piedras en una vía, por sí sola no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños que con tal situación se causan, a esa prueba debe unirse la de la imputabilidad del daño al Estado, que no es otra que la demostración de que el hecho que causó el daño se produjo como consecuencia de la omisión en que incurrió la entidad, en su deber de mantenimiento de las vías, o de alguna actuación con la cual se haya causado el daño”(32) (negrillas adicionales).

Arribando al caso concreto, encuentra la Sala que los medios de prueba antes referidos constituyen elementos de convicción claros y suficientes respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el accidente. Los testimonios debidamente recaudados exhiben espontaneidad, seriedad, precisión y coincidencia, además de resultar coherentes con los informes sobre el accidente realizados por la Policía Nacional, razón por la cual es forzoso concluir que todo ello es suficiente para tener pleno conocimiento acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que ocurrió el hecho dañoso que originó la presente acción indemnizatoria.

Así pues, de conformidad con los medios de convicción allegados con los requisitos legales al proceso, se puede inferir que el aludido accidente se produjo cuando el señor López Rodríguez impactó con una caneca que se encontraba en medio de la vía pública y con la cual se pretendió proteger el reductor de velocidad recién construido por la administración municipal, el cual no contaba con señalización de precaución, prevención o de desvío alguno, así como tampoco contaba la vía con iluminación alguna, todo lo cual hizo que el conductor de la motocicleta no se hubiese podido percatar de la presencia de ese objeto e impactara directamente contra él, con las consecuencias ya conocidas.

En ese sentido, se tiene que según la Resolución 43 del 23 de octubre de 1995 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) —vigente para la época—, el suministro del servicio de alumbrado público correspondía a los municipios. Al respecto la referida normatividad preceptuaba:

“ART. 1º—Definiciones: servicio de alumbrado público.Es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular (...).

ART. 2º—Responsabilidad en las etapas de prestación del servicio de alumbrado público. Es competencia del municipio prestar el servicio de alumbrado público dentro del perímetro urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción.El municipio es responsable del mantenimiento de los postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público, luminarias y demás elementos destinados para la prestación del servicio de alumbrado público en los términos que se señalen en el convenio o contrato respectivo, para lo cual se tendrá en cuenta la propiedad de las redes y demás elementos destinados al servicio. Deberá, igualmente, velar por la incorporación de los avances tecnológicos que permitan hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica destinada para tal fin, así como la de elementos que ofrezcan la mejor calidad de iluminación, según la capacidad de económica del municipio. Para realizar el mantenimiento se debe tener en cuenta la norma técnica colombiana correspondiente (...)” (negrillas y subrayas adicionales).

Adicionalmente, se tiene que, según la certificación expedida por Cedelca S.A. ESP, para el día de los hechos el servicio de energía eléctrica se encontraba funcionando en condiciones de normalidad, por lo cual ha de concluir la Sala que fue la falta de mantenimiento de la red de alumbrado público por parte del municipio demandado, lo que ocasionó que para el día 21 de junio de 1999, la vía pública donde se presentó el accidente no hubiese contado con iluminación alguna.

De igual manera, puede inferirse que correspondía a dicho ente territorial demandado velar por la correcta señalización del reductor de velocidad en construcción para que no constituyera un peligro para todo aquel que transitara por esa vía. Respecto de dicha obligación, el artículo 1º de la Resolución 1937 de marzo 30 de 1994(33), proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, establece que

“La cantidad mínima de señales temporales de aproximación a los frentes de trabajo en las etapas de construcción y conservación de calles o carreteras, serán de seis (6) y se ubicarán en el orden indicado en la figura 1 de la presente resolución.

“PAR. 1º—El tipo de señal indicado en la figura 1 puede variar de acuerdo con las circunstancias del trabajo, pero deberá sujetarse siempre a la reglamentación contenida en el capítulo III del manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras.

“PAR. 2º—Las distancias entre señales indicadas en la figura 1 son aproximadas y pueden variarse de acuerdo con las condiciones particulares de la vía”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que son seis (6) las señales mínimas a utilizar en un frente de trabajo para la construcción o conservación de calles y carreteras y que, de acuerdo con las señales indicadas en la figura 1 regulada en la resolución antes transcrita, las cuales pueden variar según las condiciones de la obra, pero siempre con sujeción al capítulo III del manual antes referido, encuentra la Sala que en la obra ejecutada por el municipio de Piendamó para la construcción de un reductor de velocidad, debieron utilizarse, entre otras, las siguientes: i) vía en construcción —SP-101—; ii) reducción de velocidad a 50 kilómetros por hora —SR-30—; iii) hombres trabajando —SP-38—; iv) reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora —SR-30—; v) desvío —SR-102— y vi) vía cerrada —SP-102—.

Asimismo, de conformidad con el artículo 3º de la Resolución 1937 de 1994(34) y con el Manual sobre dispositivos analizado, en el frente de trabajo se utilizarán: i) barricadas(35); ii) canecas; iii) conos y iv) delineadores luminosos(36).

Bajo dicha perspectiva, es necesario precisar que de acuerdo con el mismo ordenamiento, la señalización requerida en las etapas de construcción y conservación de carreteras tiene la función de guiar el tránsito en las vías que se encuentren en construcción o mantenimiento, donde necesariamente se ha de interrumpir el flujo continuo, que será orientado para prevención de riesgos. Al respecto, el citado manual preceptúa:

“Este tipo de señalización es temporal, su instalación será anterior a la iniciación de las operaciones en las etapas de construcción y conservación, permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se eliminará cuando las calle o carretera esté en condiciones de recibir el tránsito”.

Así pues, para el caso sub examine, se tiene que de conformidad con las probanzas antes relacionadas para el momento del accidente de la motocicleta, la referida vía pública no contaba con señalización alguna de peligro, precaución y/o de desvío. Por tanto, de conformidad con las exigencias establecidas en la Resolución 1937 de 1994 y en el “Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras”, constata la Sala que en el caso concreto no se cumplió con el deber de efectuar la señalización mínima de la zona, lo cual no es otra cosa que una evidente falla del servicio, la cual está relacionada causalmente(37) con la producción del hecho generador del daño por cuya indemnización se demandó.

Cabe resaltar en este punto, que la obligación impuesta por el principio de señalización ni siquiera admite cumplimiento parcial, comoquiera que su finalidad, consistente en garantizar la circulación por las vías públicas en condiciones de seguridad, libertad y confianza, solo se previene con eficiencia si la existencia de trabajos, peligros y obstáculos sobre la vía, se encuentra debidamente señalizada, de conformidad con los requerimientos técnicos establecidos al respecto.

En ese sentido, esta Sección del Consejo de Estado, respecto del “principio de señalización”, se ha manifestado en los siguientes términos:

“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del Decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la Ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción con un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos, en efecto se ha dicho:

‘Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen las responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

‘La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 1970[1]. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.

‘El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este”. Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas.

‘La Resolución 5246 de 1985 proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte —hoy Ministerio de Transporte— “por la cual se adopta como reglamento oficial el manual sobre dispositivo para control de tránsito en calles y carreteras”, estableció en su primer considerando: “que la señalización de las calles y carreteras es un aspecto de gran importancia para la seguridad vial del país...”. Lo cual significa o comporta que la adecuada y debida señalización tiene una importancia mayúscula para el desempeño de las actividades de control de tránsito automotor. No se trata simplemente de una competencia facultativa o discrecional en cuanto a su ejercicio, por parte de las autoridades de tránsito, son potestades de imperativo desarrollo, en la medida en que la disposición de dichas señales es un elemento insustituible de la seguridad vial del país. La Resolución 8408 de 1985, establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizar en las calles y carreteras. La pluralidad misma de señales temporales, ordenada por esta resolución, en los sitios de peligro en las vías públicas, revela el interés del legislador, y de la propia entidad administrativa, por la seguridad de los usuarios de los medios de transporte terrestre”(38).

Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que el daño antijurídico en este proceso alegado y acreditado es imputable al municipio de Piendamó, comoquiera que esta entidad tenía la obligación de mantener y señalizar la vía, así como de realizar el mantenimiento del servicio de alumbrado público; sin embargo omitió dichos deberes, falencias que se erigen como la causa determinante en la producción del daño antijurídico examinado en el caso concreto, lo cual impone a dicha entidad la consiguiente obligación de repararlo.

De otra parte, estima la Sala necesario precisar que no obstante que era un particular quien estaba ejecutando el aludido contrato de obra, lo cierto es que fue eximido de responsabilidad en la sentencia apelada y dicho aspecto no fue objeto de impugnación alguna, cuestión que impide efectuar a la Sala en este momento procesal un análisis de responsabilidad en su contra, por manera que ese específico punto ha quedado consolidado con la sentencia de primera instancia(39).

2.4.2. Análisis de la culpa de la víctima.

Ahora bien, respecto de la declaratoria de la concurrencia de culpas y la consiguiente disminución de la condena en un 50% decretada por el a quo en la sentencia impugnada, advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a la administración, pues de no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad, se revela una falla del servicio en el entendido de que dicha entidad, teniendo un deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(40).

El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”(41).

Los mismos autores precisaron sobre la causa extraña lo siguiente:

“Para constituir una causa ajena, un acontecimiento, ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e irresistible”(42).

En el asunto sub examine, a partir del examen detallado de las pruebas allegadas al expediente, es posible inferir que no existe prueba alguna válidamente aportada respecto de que la muerte de la víctima, generada por el impacto frontal con una caneca de arena que no contaba con señalización e iluminación alguna, hubiere obedecido o hubiere sido determinada por razón de su propia y exclusiva culpa, tal como lo señaló el Tribunal de primera instancia y, a ello se opone, en contraste, como único hecho cierto, que la muerte del señor José Ricaurte López Rodríguez se produjo por la falta de señalización e iluminación de la vía pública, lo cual ocasionó que cuando transitaba por dicha vía no pudo advertir la presencia de una caneca llena de arena y fue a impactar directamente con esta.

Así pues, la decisión de reducir la condena en un 50% por haber encontrado configurada la causal eximente consistente en la culpa de la víctima, derivada del presunto estado de embriaguez, no cuenta con fundamento probatorio alguno en el proceso, toda vez que, en primer lugar, el juzgador de primera instancia dio valor a la copia simple del dictamen pericial de alcoholemia, el cual —como se dejó indicado—, al ser aportado en esa condición (copia simple), carece de valor probatorio alguno. En segundo lugar, la sentencia apelada tuvo en cuenta la manifestación realizada por la hermana de la víctima directa en la diligencia de levantamiento de cadáver, según la cual “[a]l parecer iba embriagado, según dichos de la hermana María Eugenia López Rodríguez”; no obstante, la Sala debe precisar que dicha manifestación no puede tenerse en cuenta en este proceso, por cuanto si bien se trata de una declaración rendida ante una autoridad jurisdiccional (Fiscalía), lo cierto es que no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rindió bajo juramento.

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandada no cumplió con la carga(43) probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que acredite la alegada configuración de una eximente de responsabilidad.

Por lo expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada, en cuanto disminuyó en un 50% la condena impuesta a la demandada y, en consecuencia, analizará el monto de los perjuicios solicitados en la demanda sobre la base de la completa imputación jurídica del daño causado por el ente público demandado.

2.5. Indemnización de perjuicios.

2.5.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes.

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia se produjo por la muerte del señor José Ricaurte López Rodríguez, en las circunstancias descritas en el anterior capítulo de esta providencia, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(44) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Agréguese a lo anterior que, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el caso que hoy ocupa a la Sala, según lo ya expresado, puede inferirse fácilmente que el daño moral sufrido por los familiares del señor José Ricaurte López fue de gran intensidad, en atención a las circunstancias en que se produjo la muerte de la referida persona y que quedaron establecidas en esta sentencia, razón por la cual se impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia, a favor de los padres, hijos y compañera permanente de la víctima directa y (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de sus hermanos, sumas que de forma reiterada ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación en los eventos en que el perjuicio moral se presenta en su mayor intensidad.

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento y matrimonio de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el señor José Ricaurte López Rodríguez y quienes acudieron al proceso en calidad de sus padres, hijos y hermanos (fls. 5 a 14, cdno. 1). Asimismo, en cuanto a la prueba de la calidad de compañera permanente de la señora Alba Lucía Sánchez Ortega, observa la Sala que a folios 79 a 85 del cuaderno 2 obran los testimonios de los señores Himelda Cifuentes Patiño, Nancy Gil, Hemer Gamboa Perea, Fabio Adolfo Mezú Posso y Esperanza Marmolejo, los cuales coinciden señalar las excelentes relaciones de compañerismo y afecto entre el hoy occiso José Ricaurte López Rodríguez y la referida señora, de cuyo fruto engendraron tres hijos, mencionados anteriormente.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Alba Lucía Sánchez ortega (compañera permanente)100 smmlv
Julie Andrea López Sánchez (hija)100 smmlv
Andrés Felipe López Sánchez (hijo)100 smmlv
Yenny Alexandra López Sánchez (hija)100 smmlv
José Ricardo López Sánchez (padre)100 smmlv
Rosalba Rodríguez de López (madre)100 smmlv
Francisco Javier López Rodríguez (hermano)50 smmlv
María Eugenia López Rodríguez (hermana)50 smmlv
Ana Liliana López Rodríguez (hermana)50 smmlv
Olga Lucía López Rodríguez (hermana)50 smmlv

2.5.2. Perjuicios materiales.

Toda vez que en la demanda no se solicitó reconocimiento alguno por concepto de daño emergente, salvo lo atinente a la condena en costas, lo cual será objeto de pronunciamiento más adelante, la Sala se ocupará, exclusivamente, de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al rubro de lucro cesante a favor de la compañera permanente e hijos de la víctima directa, reconocimiento que se estima procedente en consideración a que se encuentra demostrado, con fundamento en la certificación expedida por la Secretaría de Gestión Institucional de la gobernación del Cauca, en la cual se hizo constar que “el señor José Ricaurte López Rodríguez laboró al servicio de este departamento en el ramo docente entre el 8 de octubre de 1975 y el 21 de junio de 1999 y el último cargo desempeñado fue director de la Escuela Rural Mixta San Pedro, municipio de Santander de Quilichao, Cauca”, actividad productiva de la cual percibían un sueldo mensual equivalente a $ 622.679 para el mes de junio de 1999.

De conformidad con lo anterior, procederá la sala a liquidar las indemnizaciones debida y futura de la siguiente manera:

Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $ 622.679.

Expectativa de vida total de la víctima: 43.5 años (522 meses)(45)

Período consolidado: 166 meses

Período futuro: 356 meses

Índice final: marzo de 2013 (último conocido): 112.87

Índice inicial: junio de 1999: 55.60

Actualización de la base:

Ind. final (112.87)

 

1999-01875ecu1.JPG
 

 

RA = $ 1’196.706, que por ser superior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2013 ($ 589.500), se tomará aquel para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 1’495.882) y, de dicho guarismo se reducirá un 25%, correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales, obteniéndose como resultado ($ 1’121.712), monto que según jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado, debe dividirse entre su esposa (50%) y sus tres hijos (50%).

A favor de la señora Alba Lucía Sánchez Ortega (compañera permanente)

Consolidado: desde la fecha de la muerte de José Ricaurte López Rodríguez (jun. 1999) hasta la fecha de esta sentencia (abr. 2013), esto es 166 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 560.956

I = Interés puro o técnico: 0.004867

 

1999-01875ecu2.JPG
 

 

1999-01875ecu3.JPG
 

 

S = $ 560.956 x 254,5405

S = $ 142’786.164

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima (José Ricaurte López Rodríguez), esto es 356 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

1999-01875ecu4.JPG
 

 

1999-01875ecu5.JPG
 

 

1999-01875ecu6.JPG
 

 

S = $ 560.956 x 168,98613

S = $ 94’793.787

Total perjuicios materiales para la señora Alba Lucía Sánchez Ortega: doscientos treinta y siete millones quinientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos ($237’579.951).

A favor de Julie Andrea López Sánchez (hija de la víctima)

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de José Ricaurte López Rodríguez (jun. 1999) hasta la fecha de esta sentencia (abr. 2013), esto es 166 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 186.985(46)

I = Interés puro o técnico: 0.004867

 

1999-01875ecu7.JPG
 

 

1999-01875ecu8.JPG
 

 

S = $ 186.985 x 254,5405

S = $ 47’595.255

Futuro: No habrá lugar a reconocer suma de dinero alguna por este concepto, toda vez que para la fecha de esta sentencia la citada demandante ya adquirió 25 años de edad (oct. 15/2007).

Total perjuicios materiales para Julie Andrea López Sánchez: cuarenta y siete millones quinientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y cinco pesos ($ 47’595.255).

A favor de Andrés Felipe López Sánchez (hijo de la víctima)

Consolidado: desde la fecha de la muerte de José Ricaurte López Rodríguez (jun. 1999) hasta la fecha de esta sentencia (abr. 2013), esto es 166 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 186.985(47)

I = Interés puro o técnico: 0.004867

 

1999-01875ecu9.JPG
 

 

1999-01875ecu10.JPG
 

 

S = $ 186.985 x 254,5405

S = $ 47’595.255

Futuro: no habrá lugar a reconocer suma de dinero alguna por este concepto, toda vez que para la fecha de esta sentencia el citado demandante ya adquirió 25 años de edad (sep. 2/2010).

Total perjuicios materiales para Andrés Felipe López Sánchez: cuarenta y siete millones quinientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y cinco pesos ($ 47’595.255).

A favor de Yenny Alexandra López Sánchez (hija de la víctima)

Consolidado: desde la fecha de la muerte de José Ricaurte López Rodríguez (jun. 99) hasta la fecha de esta sentencia (abr. 2013), esto es 166 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 186.985(48)

I = Interés puro o técnico: 0.004867

 

1999-01875ecu11.JPG
 

 

1999-01875ecu12.JPG
 

 

S = $ 186.985 x 254,5405

S = $ 47’595.255

Futuro: no habrá lugar a reconocer suma de dinero alguna por este concepto, toda vez que para la fecha de esta sentencia la citada demandante ya adquirió 25 años de edad (mar. 13/2003).

Total perjuicios materiales para Yenny Alexandra López Sánchez: cuarenta y siete millones quinientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y cinco pesos ($ 47’595.255).

2.6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 21 de agosto de 2003, la cual quedará así:

1) Declárase, al municipio de Piendamó (Cauca), administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte del señor José Ricaurte López Rodríguez, ocurrida el 21 de junio de 1999 en ese municipio, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2) En consecuencia, condénase al municipio de Piendamó (Cauca), a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, las cantidades que a continuación se indican:

 

Alba Lucía Sánchez ortega (compañera permanente)100 smmlv
Julie Andrea López Sánchez (hija)100 smmlv
Andrés Felipe López Sánchez (hijo)100 smmlv
Yenny Alexandra López Sánchez (hija)100 smmlv
José Ricardo López Sánchez (padre)100 smmlv
Rosalba Rodríguez de López (madre)100 smmlv
Francisco Javier López Rodríguez (hermano)50 smmlv
María Eugenia López Rodríguez (hermana)50 smmlv
Ana Liliana López Rodríguez (hermana)50 smmlv
Olga Lucía López Rodríguez (hermana)50 smmlv

 

3) Condénase al municipio de Piendamó, por concepto de perjuicios materiales, lucro cesante, a pagar las siguientes cantidades:

• A Alba Lucía Sánchez Ortega, la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($237’579.951).

• A Julie Andrea López Sánchez, la cantidad de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 47’595.255).

• A Andrés Felipe López Sánchez, la cantidad de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 47’595.255).

• A Yenny Alexandra López Sánchez, la cantidad de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 47’595.255).

4) El valor reconocido por concepto de perjuicios morales, se pagará al valor del salario mensual legal vigente, para la fecha de ejecutoria de esta providencia.

5) Las sumas reconocidas por perjuicios morales y materiales devengarán los intereses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a partir de la ejecutoria de esta providencia.

6) Libérase de responsabilidad administrativa al llamado en garantía señor José Reinel Ortiz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

7) Libérase de responsabilidad administrativa al llamado en garantía Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

8) Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(18) Decreto 597 de 1988.

(19) Folio 64, cuaderno 2.

(20) Folio 31, cuaderno 2.

(21) Folios 65 a 66, cuaderno 2.

(22) Folios 67 a 68, cuaderno2.

(23) Folios 95 a 96, cuaderno2.

(24) Folio 95, cuaderno2.

(25) Folio 97, cuaderno2.

(26) Folio 33, cuaderno2.

(27) Sobre el valor probatorio de las fotografías, la Sala, en sentencia de 17 de junio de 2004, Expediente 15.208, precisó: “En primer lugar, que las fotografías aportadas por la parte actora se presumen documentos auténticos de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley 2.651 de 1991 según el cual ‘Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieron o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación (...)’. En segundo lugar, que la sola presunción de autenticidad de las fotografías no define las situaciones de tiempo y modo de lo que ellas representan, por cuanto la fecha cierta de un documento privado, respecto de terceros, se cuenta, según términos del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, a partir de uno de los siguientes hechos: o por el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado al proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia”.

(28) Toda vez que de conformidad con lo previsto por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, los documentos pueden aportarse al proceso en originales o en copias, las cuales pueden consistir en su trascripción o reproducción mecánica y, según el artículo 254 del mismo Código, las copias tienen el mismo valor del original en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y 3. Cuando sean compulsadas del original o de la copia auténtica.

A lo anterior se agrega que el documento público —obviamente el original— es decir aquel que es expedido por funcionario público, en ejercicio de su cargo o con su intervención, se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ya referido, el documento privado se reputa auténtico: i) cuando ha sido reconocido por el juez o notario o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) cuando ha sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) cuando se encuentra reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o en copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; iv) cuando se ha declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) cuando se ha aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y esta no lo tacha de falso.

Ahora bien, la Ley 446 en su artículo 11 otorgó autenticidad a los documentos privados que fueren aportados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, sin la exigencia de la presentación personal o autenticación, salvo lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros. Igual sentido contiene el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, disposición que ya existía en el Decreto-Ley 2651 de 1991, artículo 25, cuestiones todas que deben entenderse relacionadas, claro está, con los documentos que se aporten en original. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, sentencias del 28 de abril del 2010, Expediente 17.995 y del 18 de febrero de ese mismo año, Expediente 18.006, entre muchas otras.

(29) Pues así lo certificó el registro civil de defunción de la referida persona (fl. 64, cdno. 2).

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia del 11 de abril de 2002, M.P. Alier Eduardo Hernández, Expediente 12500.

(31) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de junio de 2010, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez. En ese mismo sentido consultar la sentencia proferida por esta misma Sala el 24 de mayo de 2012, Expediente 21.516.

(32) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2006, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, Expediente 15042.

(33) “Por la cual se establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse en calles y carreteras”.

(34) El inciso primero de esta norma prescribe: “La señalización temporal en el sitio mismo del frente de trabajo, obstáculo y/o peligro se hará utilizando conos o canecas y barricadas fabricados con las siguientes especificaciones (...)”.

(35) Según el precitado manual: “Las barricadas se colocarán normalmente en el eje de la vía, obstruyendo la calzada totalmente, o los canales en los cuales no debe haber circulación de tránsito.

Cuando la calzada esté obstruida totalmente por la barricada se debe colocar en la parte superior la señal de desvío como se indica en la figura 18”.

(36) Los delineadores luminosos se utilizarán “[p]ara guiar el tránsito nocturno por una trayectoria segura en tramos de calles o carreteras sometidas al proceso de construcción, reconstrucción o conservación o cuando se presente riesgos temporales.

“Se podrán utilizar señales luminosas intermitentes, que demarquen la calzada de tránsito, por medio de focos luminosos distanciados no más de 10 m, con una intensidad suficiente para que su visibilidad sea efectiva (figura 19c).

“Cuando la fuente de energía luminosa no sea posible tenerla en el sitio, se pueden utilizar mecheros o antorchas alimentados con kerosene distanciados no más de 5 m”.

(37) Respecto de la causalidad y/o imputación como elementos de responsabilidad del Estado, en casos similares al que hoy se analiza, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido:

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños, el concepto filosófico de causa, toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia”. Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Expediente 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Expediente 17.405, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de octubre 4 de 2007. Expediente 16.058 y 21.112 acumulados. C.P. Enrique Gil Botero.

(39) Ver por ejemplo, Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 9 de octubre de 1985, Expediente radicado al 4556. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En el mismo sentido véanse las sentencias de 8 de marzo de 1996, Expediente radicado 9937, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, posición ratificada mediante la sentencia de 25 de junio de 1997, Expediente radicado al 10504 con ponencia del consejero Jesús María Carrillo Ballesteros y la providencia de 28 de noviembre de 2002, Expediente radicado al 14397 C.P. Ricardo Hoyos Duque, entre muchas otras.

(40) Luis Josserand, Derecho civil, tomo II, vol. I; Ed. Bosh y Cía., Buenos Aires, 1950, pág. 341.

(41) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

(42) Ob. cit., pág. 318.

(43) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Hernando Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., números 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem, pág. 406.

(44) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(45) De conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados, se tiene que el señor José Ricaurte López Rodríguez tenía una expectativa de vida menor que la de su compañera permanente.

(46) Suma que se obtiene de dividir el 50% de la renta $ 560.956 entre los tres hijos.

(47) Suma que se obtiene de dividir el 50% de la renta $ 560.956 entre los tres hijos.

(48) Suma que se obtiene de dividir el 50% de la renta $ 560.956 entre los tres hijos.