Sentencia 1999-01944/27344 de marzo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 760012331000199901944 01

Interno: 27344

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Demandante: Astrid Acosta Bocanegra y otros.

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC

Asunto: Apelación sentencia. Reparación directa.

Bogotá, D. C., doce de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 5 de septiembre de 2003, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

1. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

La Sala observa que el accidente de tránsito por el cual se demandó acaeció el día 5 de febrero de 1998 y, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se presentó el día 22 de septiembre de 1999, se impone concluir que dicha acción se ejerció dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso.

2. Régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto resulta necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en que, en ésta, se estructuraron las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la administración.

En el asunto sub judice, los demandantes estimaron que el accidente de tránsito en el cual el señor Luis Fernando Loaiza Villegas falleció, se produjo porque el vehículo oficial en el cual se desplazaba “tuvo una falla mecánica”.

A partir de esa causa petendi, como resulta evidente, los demandantes estructuraron su argumentación con base en la configuración de una falla del servicio, régimen que supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, la acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración.

3. El caudal probatorio obrante en el encuadernamiento de la referencia.

Con el fin de establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

a. Certificado de defunción del señor Luis Fernando Loaiza Villegas, en el cual se dejó constancia de que el mencionado ciudadano falleció el día 5 de febrero de 1998(10).

b. Acta de levantamiento del cadáver del señor Loaiza Villegas, elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 5 de febrero de 1998, en la cual se dejó constancia de la siguiente nota:

“El vehículo lo conducía el señor Luis Fernando Loaiza Villegas, es un Nissan Patrol, modelo 79 campero, color verde y blanco, placa ON-6394 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC). El occiso era funcionario de esta corporación. Se encontró en el lugar de los hechos una tarjeta VISA LLAVE BANCO del Banco de Colombia, tarjeta profesional, licencia de conducción y dinero en efectivo por valor de veinticinco mil pesos ($25.000)”(11) (se destaca).

c. Sobre la forma en que sucedió el accidente, obra el correspondiente informe de accidente de tránsito Nº 94-048311, el cual indica que el día 5 de febrero de 1998, en el kilómetro 3º de la vía Bolívar - Río Frío en el Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a las 5:20 de la mañana, perdió la vida el señor Luis Fernando Loaiza Villegas, quien venía conduciendo un campero, marca Toyota, de placas ONF 394 y de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, el cual se volcó sobre un barranco que se encontraba en un costado de dicha vía.

En el mismo informe se precisó que el sitio del accidente era una vía curva, ubicada en una zona rural, sector comercial, sobre el tramo de vía, con tiempo normal; además se indicó que la vía era de doble sentido y de una calzada, de un carril, asfaltada, en buen estado, se encontraba seca, sin iluminación, demarcación de línea central. Además, se advierte que en el referido informe de accidente de tránsito no se dejó constancia de la causa probable de dicho suceso(12).

d. Memorando elaborado por la Dirección Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca —CVC—, el 24 de febrero de 1998, a través del cual se realizó un informe adicional del aludido accidente de tránsito, en los siguientes términos:

“El ingeniero Luis Fernando Loaiza Villegas, Coordinador de la UMC RUT, de la Dirección Regional Norte, el día 5 de febrero de 1998 a eso de las 4:30 de la mañana se desplazaba por la troncal de occidente en el vehículo oficial de placas ONF-394, hacia la ciudad de Cali, para asistir a una sesión de capacitación programada por la CVC a partir de las 7 de la mañana (Desarrollo Gerencial con el ICESI). En una curva frente a la Hacienda Yarumal, ubicada entre el Municipio de Bolívar y el corregimiento de Ricaurte, entre los kilómetros 59 y 60 de la nomenclatura de INVÍAS, perdió el control chocándose contra el barranco y sufriendo volcamiento, ocasionándose la destrucción del vehículo y el fallecimiento del ingeniero. Se desconocen las causas y mayores detalles sobre este accidente.

Dos operarios del sistema de riego del cultivo existente en la Hacienda Yarumal, señores Jesús María Rodríguez Molina (…) y Evelio Quintero conocido apodado (sic) como “El Rey” y residentes en el corregimiento de Ricaurte, manifestaron que ellos escucharon el ruido del impacto y cuando salieron a ver qué pasaba encontraron el vehículo volcado y dentro de él al ingeniero Loaiza sin vida. Un conductor que pasó luego por el sitio dio aviso a la Policía en el Municipio de Bolívar.

El vehículo se encuentra parqueado en un garaje particular en el Municipio de Bolívar, Valle del Cauca”(13).

e. Informe patronal de accidentes de trabajo elaborado por el Instituto de los Seguros Sociales - Seccional Valle, en el cual se lee lo siguiente:

“(…).

DATOS SOBRE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE: Febrero 5 de 1998.

Sitio de ocurrencia del accidente: Curva frente a Finca Yarumal, sobre la troncal de occidente, en el tramo entre Mpio. De Bolívar y Ricaurte.

¿Qué actividad u oficio estaba ejecutando el trabajador en el momento del accidente? Desplazamiento a la ciudad de Cali para asistir a capacitación institucional con el ICESI (Desarrollo Gerencial).

¿Cómo ocurrió el accidente? Se desplazaba de norte a sur y en la curva antes descrita se chocó contra el barranco, sufriendo volcamiento.

En su concepto, cuáles fueron las causas del accidente) Se desconocen. (…)”(14).

f. Acta de posesión del señor Luis Fernando Loaiza Villegas en el cargo de ingeniero en entrenamiento de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC(15).

g. Resolución 259 de mayo 8 de 1998, dictada por la Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en la cual se resolvió lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar las prestaciones sociales que le correspondían y amparaban al señor Luis Fernando Loaiza Villegas (QEPD), a la cónyuge sobreviniente, señora Astrid Acosta Bocanegra (…), quien obra en sus propio nombre y en representación legal de su hija mayor Cilia Carolina Loaiza Acosta y sus hijos menores Mario Fernando y Andrés Fernando Loaiza Acosta, equivalente a la suma de $2´037.948.00 (dos millones treinta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos) moneda corriente, distribuidos en un cincuenta por ciento (50%), entre sus tres hijos en proporciones iguales, por los conceptos descritos en las liquidaciones efectuadas por el área de Nómina de la CVC, las cuales forman parte integrante de esta resolución, así:

Prima de servicios proporcional $378.037,00

Prima de navidad legal proporcional $103.567,00

Cesantías e intereses de cesantías $1´556.344,00

TOTAL $2’037.948,00

(…)”(16).

h. Oficio FS-24-1-146 de diciembre 10 de 2002, a través del cual la Fiscalía General de la Nación remitió la investigación previa adelantada con ocasión del hecho dañoso por el cual se demanda en esta oportunidad.

Los referidos documentos y diligencias que obran dentro de la referida prueba trasladada serán objeto de valoración probatoria en este proceso, comoquiera que fue solicitada por la parte actora en el libelo introductorio de la demanda y a su vez la parte demandada adhirió a su práctica.

Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido, en forma pacífica y reiterada, que la admisión de la prueba solicitada por una de las partes y recaudada con el asentimiento o la propia voluntad de la otra parte representa la renuncia al —o mejor el— ejercicio del derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de reproducir su práctica, de modo que no le es dable al juez de la causa desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto lo constituye la protección del derecho sustancial (art. 228 C. P. C)(17).

Ahora bien, dentro de la prueba trasladada antes referida se encuentran contenidos, a su vez, los siguientes medios de acreditación:

— Protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor Loaiza Villegas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 5 de febrero de 1998, del cual se desprende lo siguiente:

V) Muestras tomadas:

— Toxicología: se toma muestra de sangre para ALCOHOLEMIA.

(…).

VII) CONCLUSIÓN: Hombre adulto que fallece por insuficiencia respiratoria, secundaria a contusión mediastinal, pulmonar y cardiaca y trauma craneoencefálico y raquimedular en accidente de tránsito”(18).

— Examen de alcoholemia practicado al cadáver del señor Luis Fernando Loaiza Villegas, en el cual se lee lo siguiente:

“ELEMENTOS RECIBIDOS.

Muestra de sangre recibida como perteneciente al hoy occiso: LUSI FERNANDO LOAIZA VILLEGAS, tomada el día 20 de febrero de 1998, a las 8:00 a.m., según lo consignado en la solicitud.

TÉCNICAS O MÉTODOS EMPLEADOS: Técnicas en microdifusión en cámaras tipo Conway y Lectura Espectrofotométrica en la región visible.

RESULTADO: ALCOHOL ETÍLICO: Ciento ochenta y tres (183 mg%), miligramos por ciento.

(…).

La muestra analizada estuvo bajo permanente custodia por parte del INML y CF desde el momento de la recepción.

El tiempo transcurrido entre los sucesos y la toma de muestra es importante para interpretar la alcoholemia y el grado de embriaguez”(19) (Se destaca).

— Decisión dictada por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Roldanillo, Valle del Cauca, el 20 de octubre de 1998, en la cual se señaló lo siguiente:

“Objeto del pronunciamiento.

Decidir sobre la viabilidad de iniciar instrucción o en su defecto decretar resolución inhibitoria, con base a (sic) lo previsto en el artículo 327 del C. de P. Penal, en la presente investigación previa iniciada mediante informe policivo, por hechos ocurridos el 5 de febrero de 1998 en Bolívar (V).

FUNDAMENTOS LEGALES.

De la lectura y estudio minucioso de las diligencias adelantadas, se colige que el hecho no ha existido, toda vez que de los hechos investigados se desprende, que no hubo participación de terceros, ni manos criminales en el deceso de la víctima.

(…).

RESUELVE:

NO INICIAR instrucción penal en las presentes diligencias, según lo anotado, conforme al art. 347 del C. de P. Penal(20) (negrillas adicionales).

— Declaración del señor Pedro Julio Salcedo quien relató lo siguiente:

“PREGUNTADO: Informe al Despacho, inicialmente sobre qué condiciones laborales ostentaba para la época del accidente. CONTESTO: En ese momento era el Director Regional Norte y LUIS FERNANDO funcionario era subalterno. PREGUNTADO: En su condición de Director Regional Norte de la C.V.C. y concretamente como superior jerárquico del funcionario fallecido, qué condiciones y aspectos conoce Ud., del accidente de tránsito que generó el fallecimiento del funcionario. CONTESTO: El accidente ocurrió en la madrugada del 5 de febrero de 1998 en la carretera Panorama adelante del Municipio de Bolívar, es una carretera que estaba en buenas condiciones, esas son más o menos las condiciones que conocí del sitio donde ocurrió el accidente que ocasionó la muerte del funcionario. (…). El vehículo como todos los de la Corporación, es regularmente sometido a mantenimiento, acciones que se comprueban con registro quincenal que se lleva de cada uno de ellos. (…). La Corporación tenía un funcionario encargado de la supervisión del mantenimiento de los vehículos y sus reportes de kilometrajes recorrido, lo que implicaba que la atención a los vehículos fuera diligente y oportuna. PREGUNTADO: En su condición de director Regional Norte conoció o llegó a conocer alguna falla, incidente, por pequeño que fuera, con relación al vehículo de placas ONF-394 donde se accidentó el señor LUIS FERNANDO LOAIZA VILLEGAS, durante el tiempo que estuvo al frente de la dirección. CONTESTO: Sí, personalmente el funcionario me había manifestado que el vehículo tenía problemas en el sistema de frenos, que tenía problemas en la carburación. PREGUNTADO: En relación con lo manifestado anteriormente que se realizó para corregir estas circunstancias. CONTESTO: El funcionario me informó que había llevado el vehículo a un taller en Roldanillo donde le habían prestado la atención para los frenos y le habían arreglado la carburación; eso me lo dijo con ocho días de anticipación al evento. PREGUNTADO: El funcionario cuando le manifestó que se habían efectuado las reparaciones y según lo dice ud., él mismo llevó el vehículo a reparar, qué grado de satisfacción ostentó con el estado del vehículo. CONTESTO: Desde luego no hubo manifestación de desacuerdo con el arreglo del vehículo. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho si sabe el motivo por el que fue cambiado el automotor que tenía asignado el señor LOAIZA para sus desplazamientos a Cali. CONTESTO: El que tenía asignado fue traído a Cali para reparaciones y en su reemplazo se consiguió ese vehículo en préstamo. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho si fue entregado el vehículo en perfecto estado antes, le manifiesta el señor LOAIZA que tiene fallas y si es corriente que el mismo hiciera las reparaciones en Roldanillo, en caso afirmativo, diga al Despacho si ese taller era autorizado por la C.V.C. CONTESTO: Lógicamente porque es un individuo que conoce el vehículo y su operación, ahora, que él consiguiera un taller, no está autorizado el taller, pero seguramente era de confianza de él cuando son reparaciones menores lo pueden hacer, y que sea de su confianza. PREGUNTADO: Manifieste al Despacho si hubo un permiso especial para que el señor LOAIZA se desplazara en horas no autorizadas a la ciudad de Cali para realizar el curso en la Universidad ICESI. CONTESTO: En los programas de capacitación de la Corporación el funcionario fue escogido para recibir capacitación que se daría en Cali y él tenía el permiso para desplazarse desde su sede de trabajo a Cali. Ahora, no había impedimento para que él se trasladara a esa hora porque tenía que estar temprano, siete de la mañana en el sitio de la capacitación(21) (destacado fuera del texto original).

— Declaración del señor Fernando León García Duque quien manifestó:

“PREGUNTADO: En su condición de Subdirector Administrativo y de Recursos Humanos de la C.V.C., sírvase manifestar, qué condiciones, requisitos u exigencias institucionales existían para el desplazamiento de los funcionarios de la C.V.C. CONTESTO: Desde la misma Dirección General de la C.V.C., se impartieron directrices e instrucciones sobre este aspecto para todos los funcionarios de la misma entidad y a través de su cuerpo directivo conformado por el Secretario General, los subdirectores, jefes de oficinas y directores regionales en el sentido de que a no ser por un caso de fuerza mayor o caso fortuito, por seguridad, el desplazamiento de los funcionarios en vehículos de la C.V.C., debería hacerse después de las seis horas y hasta las ocho de la noche. (…)”(22) (se destaca).

— Declaración del señor Alberto Zapata Ortiz quien narró:

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar cuál era su cargo y principal función para la época del 5 de febrero de 1998, y cuánto tiempo lo ha desempeñado. CONTESTO: Mi cargo asignado por la Corporación es de técnico administrativo y la función específica es la coordinación del área de transportes, este cargo vengo desempeñándolo desde enero del año 95. (…). La Corporación tiene unas instalaciones propias y el personal capacitado de mecánicos para atender y conceptuar todas las reparaciones y mantenimiento de los vehículos que se requiera dentro de la jurisdicción de la ciudad de Cali, en estas instalaciones se llevan reparaciones mayores como son de motor, caja, transmisión, además de las reparaciones menores que se requieran de los vehículos que llegan a solicitar este servicio. Además este taller cuenta con talleres contratados que nos permiten adelantar reparaciones específicas que no tenemos los equipos de medición o calibración en las instalaciones propias, como son, sistemas eléctrico, hidráulico, prensa, lámina y pintura, cojinería y demás. (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar según su conocimiento del manejo del parque automotor en la C.V.C., si están autorizados los desplazamientos en los vehículos con fallas mecánicas. CONTESTO: si el taller ha diagnosticado alguna falla mecánica, el vehículo queda inmovilizado hasta ser reparado. (…)”(23).

— Declaración del señor Edgar Restrepo Valencia quien narró:

“El día del accidente el 5 de febrero de 1998, me encontraba laborando en la Unidad Ejecutora de Saneamiento de Roldanillo en el Edificio Grajales oficina 210 de Roldanillo, recibí una llamada de HÉCTOR FABIO VARELA funcionario del Hospital San Antonio en la cual manifestaba el accidente de LUIS FERNANDO LOAIZA, nos desplazamos hacia las ocho y treinta de la mañana al sitio del accidente por la vía a Ricaurte, corregimiento que corresponde a Bolívar, en una curva con giro a la derecha encontramos un campero marca Nissan Patrol volcado, de placas oficiales y un vehículo funerario, los de la funeraria me solicitaron identificar la persona que había sufrido el accidente y lo identifiqué como LUIS FERNANDO LOAIZA, esa curva con giro a la derecha es de alta accidentalidad y no tiene señales, es decir no vi señales preventivas. En esa curva ha habido cualquier cantidad de accidentes que a la fecha todavía los hay. (…). Escuché que el motivo del accidente pudo haberse ocurrido por la calidad de los vehículos oficiales en su escaso mantenimiento agravado con el estado de la vía. Es un rumor, en ningún momento creo que obedezca a consumo de licor, ni tampoco deterioro humano, una falla humana. Como le digo, él era una persona muy responsable. (…)”(24) (se destaca).

4. Conclusiones probatorias.

De conformidad con el escaso caudal probatorio obrante en el asunto de la referencia, se encuentra acreditado el daño que padecieron los demandantes, esto es el fallecimiento del funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, quien el día 5 de febrero de 1998 sufrió un accidente de tránsito mientras conducía un vehículo perteneciente a la institución pública demandada.

Así las cosas, establecida la existencia del hecho dañoso, abordará la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto ese daño le resulta atribuible a la Administración Pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.

En ese orden de ideas, del análisis de los medios de acreditación, la Sala encuentra i) que el día 5 de febrero de 1998, en el Km 3º de la vía que del Municipio de Bolívar (Valle del Cauca) conduce a Río Frío, el señor Luis Fernando Loaiza Villegas manejaba un vehículo perteneciente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca —CVC—; ii) que el funcionario se dirigía hacia la ciudad de Cali para asistir a una capacitación en la Universidad ICESI denominada “Desarrollo Gerencial”; iii) que en una curva ubicada en frente de la Hacienda Yarumal, entre los kilómetros 59 y 60, el aludido funcionario perdió el control del vehículo automotor, lo cual originó, que se estrellara contra un barranco y, el posterior volcamiento del vehículo automotor.

A su turno, obra la declaración del Director Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca —CVC— para la época de ocurrencia del hecho dañoso por el cual se demandó, señor Pedro Julio Salcedo, quien manifestó que la víctima directa del daño, le había indicado “ocho días antes de la ocurrencia del hecho dañoso” que el vehículo oficial tenía problemas en el sistema de frenos y en el de carburación, razón por la cual, el señor Loaiza Villegas llevó el referido automotor a un taller mecánico del Municipio de Roldanillo para su correspondiente reparación técnica.

Aunado a ello, señaló lo siguiente: “PREGUNTADO: El funcionario cuando le manifestó que se habían efectuado las reparaciones y según lo dice ud., él mismo llevó el vehículo a reparar, qué grado de satisfacción ostentó con el estado del vehículo. CONTESTO: Desde luego no hubo manifestación de desacuerdo con el arreglo del vehículo” (se destaca).

De igual forma, obra el testimonio del Subdirector Administrativo y de Recursos Humanos de la C.V.C., señor Fernando León García Duque, quien precisó que desde la Dirección General de la entidad citada se impartieron una serie de directrices e instrucciones dirigidas a todos sus funcionarios encaminadas a advertir de que salvo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, por seguridad de los empleados de dicha institución “el desplazamiento de los funcionarios en vehículos de la C.V.C., debería hacerse después de las seis horas y hasta las ocho de la noche”.

De otro lado, el declarante Alberto Zapata Ortiz, quien es técnico administrativo del área de transportes de la C.V.C., indicó que la mencionada entidad pública cuenta con las instalaciones respectivas y el personal capacitado para atender y conceptuar acerca de las reparaciones y mantenimiento “de los vehículos que se requieran dentro de la jurisdicción de la ciudad de Cali”, aunado a ello, señaló que los automotores, a los cuales se les detecta alguna falla mecánica, son inmovilizados hasta el momento de su reparación.

Así las cosas, dado que en el presente asunto los medios de acreditación no arrojan la información necesaria y precisa acerca de la manera en que ocurrió el hecho dañoso y, por lo mismo, se desconoce la causa del accidente de tránsito, el Consejo de Estado no cuenta con los elementos de juicio suficientes para endilgarle falla alguna en el servicio al ente demandado, máxime cuando algunas de las pruebas testimoniales descritas, antes de encaminarse a establecer la existencia de un indebido mantenimiento del bien, lo que permiten es descartar tal hipótesis, la cual necesariamente debía estar probada para efectos de derivar de esa circunstancia el acaecimiento del hecho dañoso.

Nótese como el testimonio rendido por el Director Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca —CVC— da cuenta de que si bien tal funcionario tenía conocimiento de las fallas mecánicas del mencionado vehículo oficial, lo cierto es que fue la propia víctima quién le manifestó que había llevado dicho vehículo automotor a un taller mecánico ubicado en el Municipio de Roldanillo (Valle del Cauca) para que recibiera el correspondiente mantenimiento técnico y, que después de tal circunstancia, el referido Director no volvió a recibir noticias de inconformidad de parte de la víctima relacionadas con el funcionamiento del campero.

Así las cosas, a partir de los elementos probatorios obrantes en el proceso de la referencia, la Sala no encuentra acreditada la falla en el servicio alegada por la parte actora.

5. El riesgo excepcional como título jurídico de imputación aplicable a los eventos en los cuales se examina la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la producción de daños derivados de las actividades peligrosas.

Según ya se señaló, en el expediente no obran pruebas suficientes que permitan establecer, con claridad meridiana, que el daño causado a los demandantes y atribuible al Estado, lo hubiere sido a título de falla en el servicio, toda vez que no existe certeza acerca de la forma en la cual se produjo el accidente de tránsito y mucho menos de cuál fue su causa.

Lo que sí permite determinar el caudal probatorio es que la víctima falleció como consecuencia de las heridas que padeció en el aludido accidente.

Por consiguiente, dado que el Estado se encontraba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, como es la conducción de vehículos, la Sala encuentra que la responsabilidad predicable respecto del ente demandado lo es a título del régimen objetivo, identificado como riesgo excepcional.

En relación con el aludido régimen de responsabilidad objetiva, la jurisprudencia reiterada de la Corporación ha sostenido que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se conduce un vehículo automotor, aquel a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado(25); así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(26).

Aunado a lo anterior, es bueno recordar el criterio jurisprudencial que ha venido orientando la cuestión de la guarda como elemento de imputación de daños, respecto del cual la Sala(27) ha acogido los criterios expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes.

“Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario.

“De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario— pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario.

“O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de que guardián de ellas presúmase tener.

“Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada”(28) (resaltado de la Sala).

De allí que, como lo ha precisado la Sala(29), “si con un vehículo oficial —o uno particular, respecto del cual una entidad pública tenga la guarda—, se producen lesiones o la muerte de una persona, dicha entidad debe responder e indemnizar los perjuicios que ocasionó”(30).

No obstante, el demandado podrá exonerarse de responsabilidad patrimonial mediante la demostración de una causa extraña, esto es fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, lo cual ocurrió en este caso, como pasa a explicarse a continuación.

En efecto, en el encuadernamiento de la referencia obra la prueba de alcoholemia practicada al cadáver del señor Loaiza Villegas cuyo resultado fue el siguiente: “ciento ochenta y tres (183mg%) de alcohol etílico)(31).

Al respecto, debe traerse a colación que sobre las afectaciones que genera el consumo de bebidas alcohólicas, el doctrinante César Augusto Giraldo enseña:

“Con cifras en sangre hasta de 20 mgs. % no existe ninguna alteración; entre 20 y 50 mgs. %, puede haber alguna locuacidad y merma de reflejos; entre 50 y 85 mgs. %, hay disminución de los reflejos y alteración en la percepción. Entre 85 y 100 mgs. % en una tercera parte de las personas ya puede haber síntomas de embriaguez, y las inhibiciones sociales están disminuidas; las respuestas se tornan lentas y ya existe incoordinación. A niveles de 100 a 150 mgs. %, la mitad de las personas... ya están ebrias, y hay una definida merma de los reflejos y de la coordinación motora.

“Con cifras de 150 a 200 mgs. %, el 80% está francamente ebrio y existe percepción defectuosa en sentidos tan importantes como la visión, disminución del dolor y la voz es arrastrada. De 200 mgs.% en adelante, cualquiera estará completamente ebrio; de 250 a 300 mgs.%, existe disminución de los estímulos, notoria incoordinación muscular que difícilmente permite a la persona mantenerse en pie. Cifras de 300 mgs. % en adelante hacen que el individuo esté en estupor y variará de superficial a profundo. Cifras por encima de 400 mgs. %, llevan a coma, hipotermia e hiporreflexia, anestesia y colapso, y ya son frecuentemente fatales. De 500 mgs. % en adelante sobreviene depresión del centro respiratorio y vasomotor y rápidamente la muerte.

“Entre 600 y 700 mgs. %, hay un coma profundo con muerte rápida. Alcoholemias por encima de 700 mgs. %, son incompatibles con la vida…

“... En realidad, por encima de 100 mgs. % de alcoholemia, la disminución de reflejos, de la percepción sensorial y de la coordinación motora están lo suficientemente comprometidos para permitir que una persona pueda conducir adecuadamente un vehículo…

“Respecto de los niveles circulantes, en general por debajo de 50 mg% de alcohol en sangre, no podrán ser tenidos como evidencia de embriaguez; de 50 a 100 mg% irán a constituir un estado de alicoramiento que no impide a todas las personas la conducción de un vehículo y, por lo tanto, no puede afirmarse que todas las personas con esos niveles de alcoholemia estén embriagadas. De 100 mg% en adelante, cualquier persona está impedida para conducir adecuadamente un vehículo automotor...”(32).

Sobre los estados de embriaguez que puede presentar una persona que ha consumido bebidas alcohólicas, la doctrina especializada(33) también señala:

“Se han adelantado estudios científicos que clasifican los estadios o grados de la embriaguez teniendo en cuenta los niveles de alcoholemia. Autores como Ladd y Gibson, trabajaron extensamente sobre la intoxicación alcohólica y elaboraron una tabla alcoholimétrica que lleva su nombre, la cual fue utilizada como base para dosificar la sanción en las contravenciones de tránsito, hasta enero de 1986, cuando la Ley 33 de ese año la abolió.

“Actualmente la clasificación de la embriaguez se hace teniendo en cuenta la intensidad de las manifestaciones clínicas que se puedan correlacionar con determinadas cifras de alcoholemia y es así como tenemos los cuatro estadios de la intoxicación:

“a) Embriaguez Leve, denominada de primer grado, en la cual se encuentran niveles de alcoholemias entre 50 y 149 miligramos por ciento.

“b) Embriaguez Moderada o de Segundo Grado, con cifras de alcoholemia entre 150 y 299 miligramos por ciento.

“c) Embriaguez Severa o de Tercer Grado, que reporta cifras de 300 a 399 miligramos por ciento y

“d) Embriaguez Grave o de Cuarto Grado, con cifras superiores a los 400 miligramos por ciento. Niveles de alcoholemia superiores a los 500-600 miligramos por ciento son letales para el organismo humano. (…)

“En general puede aceptarse que niveles de alcoholemia entre 50 y 100 miligramos permitan sospechar la presencia de embriaguez. Cifras mayores de 100 miligramos por ciento de alcoholemia son conclusivas de embriaguez”(34) (se destaca).

Con fundamento en lo indicado en la tabla anterior, se tiene entonces que una persona con un nivel de alcohol comprendido entre 50 a 100 miligramos sufre los siguientes síntomas: incoordinación motora, confusión, incapacidad de juicios críticos y alteración de funciones sensoriales(35). De manera que si bien es cierto que sólo cuando una persona presenta un nivel de concentración etílica en su sangre superior al 100 mgrs., se encuentra en situación indiscutible de embriaguez, no lo es menos que una cifra equivalente al 91% mgrs. genera disminución en las capacidades de observación y de reacción de las personas, condiciones que influyen, sin duda, en los resultados dañosos como los debatidos en el presente asunto.

Así pues, resulta claro que la ingesta de bebidas embriagantes disminuye la capacidad de las personas para el desarrollo de actividades, sin embargo, cuando las mismas están relacionadas con situaciones que entrañan riesgo, como sería el caso de conducir vehículos automotores o atravesar una vía pública sin señal de cruce peatonal, dichas circunstancias incrementan en altísimas proporciones las posibilidades de que ocurra un accidente. Al respecto, resulta pertinente citar la sentencia de junio 8 de 1995, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la cual se dijo:

‘‘En síntesis, el fundamento de la agravante no es propiamente la embriaguez por sí misma, sino la disminución de la capacidad personal en el ejercicio de la actividad de conducir automotores debido a la ingestión de alcohol. Es evidente que el deber, así no esté ebrio en alto grado, implica disminución de la capacidad (tanto psíquica como física) de atender el deber de cuidado que social y normativamente se espera del individuo que desarrolla actividades riesgosas. Es la falta al deber de atención por parte del agente, que dentro de tales consideraciones personales acrecienta la posibilidad de causar un daño al conducir. No se requiere un específico grado de embriaguez, basta con que el alcohol haya coadyuvado el incorrecto desarrollo de la actividad peligrosa”.

La experiencia indica que el alcohol, incluso en dosis pequeñas, deprime los centros coordinadores del cerebro y retarda sensiblemente las reacciones normales de toda persona. En consecuencia, a pesar de su lucidez mental aparente y de su habilidad, una persona que ha ingerido bebidas embriagantes tarda mucho más de lo normal en reaccionar adecuadamente ante circunstancias imprevistas, lo cual constituye una causa constante de numerosos y graves accidentes de tránsito; los trastornos neuromusculares (como retardos en las reacciones sicomotoras, disminución de la atención y perturbación de los reflejos con alargamiento de tiempo de reacción), ocurren mucho antes de que aparezcan los síntomas de ebriedad, de modo que ni el conductor ni quienes lo acompañan se dan cuenta del trastorno hasta que irrumpe una circunstancia imprevista que demanda decisión y reacción rápidas, pero ya entonces ellas se tornan imposibles, porque hay alcohol en el organismo, así sea en pequeña cantidad(36).

Al descender al caso concreto, se tiene que el examen de alcoholemia que se practicó en el cuerpo del señor Luis Fernando Loaiza Villegas, estableció una concentración de alcohol en la sangre de 183% miligramos, lo cual indica que sus reflejos se encontraban disminuidos, más aún si se tiene en cuenta que esa actividad fue realizada en horas de la madrugada.

También, no se debe dejar pasar desapercibido la circunstancia de que el señor Luis Fernando Loaiza Villegas fue seleccionado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca —CVC— para que asistiera a una capacitación en la ciudad de Cali, razón por la cual, claramente, se encontraba autorizado para desplazarse a dicha ciudad para cumplir con dicha “misión de trabajo”, no obstante tal instrucción, el señor Loaiza Villegas, de forma deliberada y por demás irresponsable, decidió desplazarse a la ciudad de Cali para asistir a las jornadas de capacitación laboral en unas condiciones deplorables, circunstancia que refleja el desconocimiento por parte de la víctima directa de su obligación como trabajador de acudir a tal evento en óptimas condiciones.

Aunado a ello, se advierte que la víctima directa del daño desconoció las instrucciones de la Dirección de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, dependencia que le comunicó a los funcionarios de la entidad, que por motivos de seguridad, el desplazamiento de los empleados en los vehículos de tal Corporación Autónoma “debería hacerse después de las seis horas y hasta las ocho de la noche”, salvo en los casos de fuerza mayor y caso fortuito; en tal orden de ideas, habida cuenta que el señor Loaiza Villegas se accidentó en el mencionado vehículo oficial a eso de las 5 de la mañana del 5 de febrero de 1998, resulta palmario que dicho ciudadano hizo caso omiso a las advertencias de la mencionada institución pública, circunstancia que podría generar responsabilidad disciplinaria pero no necesariamente excluiría la responsabilidad de la Administración.

Ante tal panorama probatorio, no deja a la Sala duda alguna en torno a que si bien es cierto que en la producción del daño por el cual se demandó se vio involucrado un vehículo oficial —por las razones ya expuestas— relación de causalidad, no lo es menos que tal daño no resulta jurídicamente imputable a la Administración actuante, toda vez que el proceder asumido por el hoy lamentablemente fallecido señor Luis Fernando Loaiza Villegas influyó de manera determinante en la producción del hecho dañoso cuya reparación se pretende.

Lo expuesto fuerza a concluir que se encuentra plenamente acreditada la configuración de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho determinante y exclusivo de la víctima, la cual impide estructurar la imputación jurídica del daño causado a la entidad demandada, elemento éste indispensable —según igualmente se explicó— para deducir responsabilidad extracontractual respecto del Estado.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de fundamento para confirmar la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar las súplicas de la demanda.

6. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes y, así mismo, comoquiera que la providencia apelada será revocada, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 5 de septiembre de 2003, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) Folio 20 cuaderno 1.

(11) Folio 19 cuaderno 1.

(12) Folio 22 cuaderno 1.

(13) Folio 61 cuaderno 1.

(14) Folio 65 cuaderno 1.

(15) Folio 22 cuaderno 1.

(16) Folio 28 cuaderno 1.

(17) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 2 de mayo de 2002, Expediente 13.247, sentencia de 22 de abril de 2004, Expediente 15.088, sentencia de diciembre 4 de 2006, Expediente 15.723 y de 23 septiembre de 2009, Expediente 17.532, entre muchas otras decisiones.

(18) Folio 58 cuaderno 2.

(19) Folio 69 cuaderno 2.

(20) Folio 70 cuaderno 1.

(21) Folios 88-91 cuaderno 1

(22) Folios 92-94 cuaderno 1.

(23) Folios 98-100 cuaderno 1.

(24) Folios 13-14 cuaderno 2.

(25) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, C. P. Alier E. Hernández Enríquez, Expediente 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2007, Expediente 16.827.

(26) Sentencia de 14 de junio de 2001, Expediente 12.696; C. P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia de abril 27 de 2006, Expediente 27.520; C. P. Alier E. Hernández Enríquez.

(27) Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente 16393. Actor: Ernesto Lozano Aragón.

(28) Nota original de la sentencia citada: “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de mayo 18 de 1972. En el mismo sentido la sentencia de julio 4 de 1977”.

(29) Ver entre otras las sentencias de 19 de julio de 2000, Expediente 11842 y del 10 de noviembre de 2005, Expediente 17920. C. P. Alier E. Hernández Enríquez; 11 de mayo de 2006, Expediente 14.694. C. P. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de marzo de 2008, Expediente 14.780. C. P. Ruth Stella Correa.

(30) Sentencia del 3 de mayo de 2007. Expediente 16.180. C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(31) Esta Subsección advierte que aun cuando en el examen de alcoholemia se dejó constancia de que la muestra respectiva fue tomada el día 20 de febrero de 1998, esto es, quince (15) días después de la ocurrencia del hecho dañoso, lo cierto es que, una vez revisado el correspondiente protocolo de necropsia practicado el mismo día de ocurrencia del hecho dañoso se observa que en tal diligencia se dejó constancia de que al cadáver del señor Loaiza Villegas le fueron tomadas las correspondientes muestras de sangre para practicar el examen de alcoholemia respectivo.

(32) Giraldo G., César Augusto. Medicina Forense. Estudio biológico de ciencias forenses para uso de médicos, juristas y estudiantes. 6ª edición, Señal Editora, Medellín, 1991, p. 348 a 352.

(33) Sánchez Prada, María Dolores, “Guía Práctica para realizar el Dictamen Forense sobre Embriaguez”, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, 1.993, págs. 1, 2, 3.

(34) (Guía Práctica para realizar el Dictamen Forense sobre Embriaguez; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, 1993, págs. 1, 2, 9).

(35) Uribe González, Camilo. “Manual de toxicología clínica”. Temis 1989, pág. 83.

(36) Arango Palacio Mario, “Control de Conductores Alicorados”, Minsalud, Medellín, 1974, pág. 2.