Sentencia 1999-01961 de mayo 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-1999-01961-01(23024)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Ref.: reparación directa

Actor: Ana Bertilde Vega Gallo y otros

Demandado: la Nación-Instituto Nacional Penitenciario, Inpec

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II Consideraciones

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 19 de marzo de 2002, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad estatal en Colombia, apoya sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(1).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(2).

5. Del caso concreto.

El señor José Manuel Ruiz Cortés quien estaba recluido en la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá resultó muerto el día 13 de abril de 1998, como consecuencia de varias heridas con arma de fuego y arma corto punzante recibidas en medio de los disturbios presentados en el centro carcelario.

6. Del problema jurídico a resolver.

Se trata de establecer en primer lugar si en los hechos ocurridos el 13 de abril de 1998, resultó muerto el interno José Manuel Ruiz Cortés, o si el cadáver al cual se le practicó la necropsia correspondía a una persona diferente y una vez dilucidado este debe resolverse si el Inpec, está llamado a responder por los perjuicios causados a los familiares por dicha muerte.

7. De las pruebas obrantes en el proceso.

1. Copia autenticada del Registro Civil de Ruiz Cortés José Manuel, certificación suscrita por el Alcalde de Topaipí sobre el registro civil de nacimiento de Ana Bertilde Vega Gallo, y copia autenticada de los registros civiles de Angie Yurley y Sindy Katterin Ruiz Vega (fls. 4 a 7, cdno. pruebas).

2. Copia del Registro Civil de Matrimonio Católico, celebrado entre Leonardo Cortés Montero y María de la Cruz Rojas Díaz y del matrimonio de Justo Ruiz Orozco con María Emma Cortés Rojas (fls. 1 y 3, cdno. pruebas).

3. Certificación de necropsia 512-98 expedida por el jefe del grupo de patología forense regional Bogotá, del Instituto Nacional de Medicina Legal donde consta que el día 13 de abril de 1998 se practicó la necropsia al cadáver de José Manuel Ruiz Cortés, conforme al protocolo 1712-98 y la causa de la muerte fue: “Laceración cerebral e hipovolemia por heridas por arma de fuego y arma corto punzante” (fl. 8, cdno. pruebas).

4. Copia autenticada del registro civil de defunción de José Manuel Ruiz Cortés, con fecha 13 de abril de 1998 (fl. 9, cdno. pruebas).

5. Copia simple del informe de identificación fehaciente 2371-1036 CTI donde se consigna que

“el cuerpo con el protocolo de necropsia 1712-98 ingresó como NNO (sic) Luis Alirio Vega Gallo. Fue identificado técnicamente como correspondiente José Manuel Ruiz Cortés, edad: 30 años.

Método de identificación

Positivo por: Registraduría Nacional con oficio 850-98 para C.C. 79.421.533 de Bogotá, D.C. (fl. 11).

6. Testimonios de Jaqueline Espinosa Garzón, José Antonio Rincón Matiz, Jesús Alfredo Umbarila Rodríguez y Jesús Antonio Gama Gordillo, quienes fueron contestes en manifestar que el señor Ruiz Cortés hacía vida marital con Ana Vega y tenían dos hijas y al momento de la muerte estaba embarazada de un niño que luego se llamó José Manuel Ruiz Vega, declararon también que eran una familia unida puesto que la víctima era muy cercano a sus padres y su abuelita María de la Cruz, era un buen padre y mantenía económicamente a su familia con lo que ganaba vendiendo frutas (fls. 12 a 15).

7. Protocolo de necropsia 01712-98 practicada por el grupo de patología forense regional Bogotá, del Instituto Nacional de Medicina Legal, al cadáver del señor José Manuel Ruiz Cortés, donde se registró la siguiente conclusión:

“Hombre adulto, recluso quien fallece con laceración cerebral e hipovolemia con heridas por proyectil de arma de fuego y arma corto punzante, recibió diez impactos, en la autopsia se recuperan tres proyectiles, dos blindados calibre 7.65 y uno en plomo calibre .32 largo según datos de balística. Presentaba además 136 heridas por arma corto punzante penetrantes a diferentes partes del cuerpo y nueve heridas cortantes; por el tamaño de las heridas se sugiere que se utilizaron dos o más elementos corto punzantes, además es de anotar que recibió heridas no vitales (probablemente perimorten) localizadas en abdomen, no se encontraron heridas de defensa en manos ni antebrazos. El occiso presentaba además trauma de mecanismo contundente en cara. Hechos sucedidos en homicidio múltiple en la cárcel La Picota (sic para el párrafo) (fls. 36 a 42, cdno. pruebas).

8. Oficio 91915 del 1º de agosto de 2000, remitido por el DAS, división de identificación, grupo de antecedentes donde se relacionan los registros de los procesos adelantados contra José Manuel Ruiz Cortés (fls. 43 y 44, cdno. pruebas).

9. Oficio calendado el 14 de agosto de 2000, suscrito por el director de la cárcel La Picota donde informa que “el interno que falleció el día 13 de abril de 1998 es Vega Gallo Luis Alirio, sin otros nombres o alias, el interno Ruiz Cortés (sic) José Manuel y/o Orozco Ordóñez Justo y/o Rojas Pérez Carlos, fue trasladado para la Cárcel del Circuito Judicial de Sogamoso el día 5 de diciembre de 1995 en cumplimiento a la Resolución 189 de fecha noviembre 3 de 1995 de la dirección genral (sic) del Inpec” (fl. 45, cdno. pruebas).

10. Copias simples de algunas piezas de la investigación adelantada por los hechos ocurridos en la cárcel La Picota el día 13 de abril de 1998, donde perdieron la vida 15 reclusos y fueron heridos otros (fls. 47 a 145, cdno. pruebas).

11. Oficio FGN/Cisad 6412-GC/00 de diciembre 29 de 2000, en el cual se informa que efectuadas las consultas sobre órdenes de captura, medidas de aseguramiento y sentencias proferidas contra José Manuel Ruiz Cortés y/o Luis Alirio Vega Gallo, el sistema arrojó cuatro registros como posibles homónimos (fls 148 a 150, cdno. pruebas).

12. Oficio 0321-02 SIPF-RB del 4 de octubre de 2002, del Instituto de Medicina Legal, subgrupo de información sobre personas fallecidas, con el cual se remitió copia del informe de identificación fehaciente, con respuesta positiva de la Registraduría Nacional de José Manuel Ruiz Cortés identificado con cédula 79.421.533 y confrontación dactilar de la Registraduría (fls. 96 a 100).

12. Copias del Expediente 361284 adelantado por la Fiscalía por la muerte de los reclusos, en hechos ocurridos el 13 de abril de 1998, en la cárcel La Picota de Bogotá (fls. 101 y 3 cdnos. anexos).

8. Del daño.

En el presente proceso el motivo de la impugnación se circunscribe a determinar si realmente el señor José Manuel Ruiz Cortés resultó muerto mientras estaba recluido en la penitenciaría La Picota de Bogotá, como consecuencia de heridas causadas con arma de fuego y armas corto punzantes o si como lo afirma el Inpec, fue trasladado a otro centro carcelario y la necropsia correspondía a una persona diferente.

Establecer probatoriamente la muerte de la víctima resulta esencial, en la medida en que a eso se concreta el daño que reclaman los demandantes, que es el primer elemento a tener en cuenta para atribuir responsabilidad.

La contradicción surge a raíz de la comunicación remitida por el director de la cárcel La Picota, en la que afirma que el señor Ruiz Cortés no falleció en los hechos ocurridos en esa institución el 13 de abril de 1998, sino que fue trasladado a la penitenciaría de Sogamoso en el año 1995, prueba que es acogida por el tribunal de la instancia, quien no reconoció valor probatorio al documento del Instituto de Medicina Legal contentivo del informe de identificación fehaciente, allegado al proceso por la parte actora en copia simple.

Comoquiera que en la primera instancia se había solicitado y ordenado dicha prueba, en el trámite de la apelación se dispuso arrimarla, siendo remitido directamente el informe de identificación fehaciente y el soporte del mismo, consistente en la información dactiloscópica suministrada por la Registraduría al Instituto de Medicina Legal, el cual también obra en las copias del proceso adelantado por la Fiscalía.

De igual forma se allegó la copia del levantamiento del cadáver 2371-1036, la necropsia y el correspondiente registro civil de defunción, todos estos documentos públicos, que valorados conjuntamente conducen a que se pueda concluir sin hesitación alguna que el señor José Manuel Ruiz Cortés resultó muerto mientras se encontraba recluido en la cárcel La Picota, en hechos ocurridos el 13 de abril de 1998.

Ahora bien, acerca del argumento esgrimido por la apoderada del Inpec según el cual el registro civil de la víctima no es oponible a la entidad porque fue inscrito el 4 de junio de 1999, fecha posterior a su deceso, conviene precisar que tal fecha corresponde a la autenticación de la copia firmada por la Registradora Municipal de Mariquita, con lo cual queda desvirtuada esta afirmación.

9. De la imputación.

Ahora bien, acreditado el daño, debe abordarse el análisis del otro elemento de la responsabilidad, es decir, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si la muerte causada, es atribuible a la entidad demandada.

En cuanto a la responsabilidad en los casos de muerte de reclusos, se aplica el régimen objetivo, en virtud del deber de protección especial a cargo del Estado respecto de quienes están privados de la libertad por las especiales condiciones de sujeción a las que están sometidos.

Así lo ha dicho la Sala:

“... razón por la cual la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el régimen de responsabilidad que procede es el objetivo, en el cual dicha responsabilidad surge independientemente de la conducta de la entidad demandada, por el solo hecho de que una persona confinada en un establecimiento carcelario por cuenta del Estado, pierda la vida o sufra lesiones en su integridad física, de tal manera que la administración no podrá eximirse de responsabilidad mediante la aportación de pruebas tendientes a acreditar que cumplió las obligaciones a su cargo y que no incurrió en falla del servicio; solo podría desvirtuar tal responsabilidad, mediante la comprobación de una causa extraña. No obstante lo anterior, la Sala considera que, además de operar la responsabilidad objetiva como título de imputación general en esta clase de eventos, cuando surja comprobada dentro del proceso una falla del servicio como causante del hecho dañoso por el cual se reclama —lesiones físicas o deceso de una persona detenida o privada de su libertad—, es necesario evidenciarla en la sentencia que profiera esta jurisdicción, para efectos de que la administración tome nota de sus falencias y adopte los correctivos que considere necesarios, por cuanto para deducir la responsabilidad de la administración, basta que el daño se haya producido respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo su tutela y cuidado. Es claro entonces, que mientras en la generalidad de los casos en los que se comprueba la falla del servicio, la administración puede eximirse de responsabilidad mediante la comprobación, no solo de una causa extraña, como sería la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero, sino también a través de la prueba de su obrar prudente y diligente en el exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo, en estos casos específicos de daños a personas privadas de la libertad, por tratarse de eventos de responsabilidad objetiva, la única forma en que la administración se puede liberar de la responsabilidad que surge a su cargo, es precisamente a través de la comprobación de una causa extraña”(3).

La misma jurisprudencia de la corporación ha decantado que cuando se aplica la responsabilidad objetiva, la entidad se exonera probando una causa extraña, es decir, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero. En el sub lite, a pesar de que el Inpec argumentó que había culpa de la víctima porque era un delincuente peligroso que además participó en las riñas que culminaron con su muerte, ninguna prueba se allegó sobre la peligrosidad de la víctima y no obstante haberse probado la existencia de disturbios, no se conoce con certeza cuál fue su participación en ellos.

Así las cosas, comprobados los elementos que dan lugar a la aplicación de responsabilidad objetiva, a saber, que se produjo un daño y que este fue respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo tutela y cuidado del establecimiento carcelario, procede entonces la atribución de responsabilidad a la entidad demandada.

10. Los Perjuicios.

10.1. Perjuicios morales.

Se entiende por perjuicio moral la aflicción, dolor, angustia y los otros padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento dañoso y que deben ser indemnizados en aplicación del principio general de reparación integral.

En la demanda se solicitaron perjuicios morales para la compañera permanente, sus hijas, los padres y la abuela de la víctima. Al respecto debe señalarse que el vínculo existente entre este y la señora Ana Bertilde Vega Gallo, quien era su compañera permanente se acreditó mediante los testimonios de Jaqueline Espinosa Garzón, José Antonio Rincón Matiz, Jesús Alfredo Umbarila Rodríguez y Jesús Antonio Gama Gordillo, mientras que los otros demandantes acreditaron su legitimación, a través de los registros civiles allegados al proceso.

De tiempo atrás el Consejo de Estado ha establecido que tratándose de los padres, hermanos, hijos y abuelos basta la acreditación del parentesco para que se presuma el perjuicio moral, tal como ocurre en este caso, en que se probó el parentesco existente entre los demandantes y la víctima y adicionalmente se cuenta con lo consignado en las declaraciones, de modo que habrá de reconocerse la indemnización por este concepto, señalando que como a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001, esta Sala sugirió que la liquidación de las condenas debía expresarse en salarios mínimos legales mensuales se le asignará 100 SMMLV a la compañera permanente, 100 SMMLV a cada una de las hijas, 100 SMMLV para los padres y 50 salarios mínimos para la abuela.

10.2. Perjuicios materiales.

En relación con los perjuicios materiales se precisa que ellos fueron solicitados para su compañera permanente y sus hijas menores de edad, por lo que dejaron de percibir como ayuda de su compañero y padre, tal como lo declararon los testigos, teniendo en cuenta que según estos el señor José Manuel Ruiz Cortés tenía una actividad económica lícita como vendedor de frutas, antes de ser sometido a reclusión.

No obstante, para efectos de su liquidación es necesario conocer hasta cuándo estaría privado de la libertad, circunstancia que no se puede determinar con certeza en el presente asunto, por cuanto si bien obra dentro del acervo probatorio certificación proferida por el DAS, calendada el 1 de agosto de 2000, en donde consta que el Juzgado 71 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a 56 meses y 20 días de prisión, por los delitos de hurto y porte ilegal de armas y dicha condena fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, no existe prueba del momento en que ingresó a la cárcel, de modo que no puede deducirse el tiempo faltante de reclusión.

Por tal razón, se condenará en abstracto para que, mediante el trámite de un incidente de regulación de perjuicios establecido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo se liquiden los perjuicios, previa demostración de la fecha de ingreso al centro carcelario y de la fecha de cumplimiento de la condena impuesta.

11. Costas.

De conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas en esta instancia porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de marzo de 2002, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. Declarar que el Inpec, es responsable por la muerte del señor José Manuel Ruiz Cortés, en hechos ocurridos el 13 de abril de 1998.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena que el Inpec pague por concepto de perjuicios morales a Ana Bertilde Vega Gallo, Angie Yurley Ruiz Vega, Sindy Katterin Ruiz Vega, Emma Cortés de Ruiz y Justo Ruiz Orozco, el equivalente a 100 SMMLV para cada uno y a la señora María de la Cruz Rojas de Cortés, el equivalente a 50 SMMLV.

4. Condenar en abstracto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las sumas que se acrediten en el incidente de liquidación que habrá de adelantarse con aplicación del procedimiento descrito en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, previo a los parámetros señalados en la parte motiva de esta sentencia.

5. Sin condena en costas.

6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Expediente 17042, C.P. Enrique Gil Botero.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 1999, Expediente 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010, radicado 18271, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.