Sentencia 1999-01986 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Radicación: 25000232600019990198601

Expediente 24939

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Luis Enrique Reyes Beltrán

Demandado: Bogotá, D.C. y otros

Naturaleza: Nulidad y restablecimiento del derecho - contractual

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil trece.

La Sección Tercera, Subsección “B”, del Consejo de Estado, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia del 19 de marzo de 2003, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. La sentencia será confirmada.

Síntesis del caso

El Distrito Capital de Santafé de Bogotá expidió una resolución por medio de la cual declaró desierto el primer lugar y el segundo de un concurso de méritos adelantado para contratar el diseño arquitectónico de la biblioteca El Tintal. El concursante que obtuvo el mayor puntaje (79/100) fue distinguido con el tercer lugar de acuerdo con el concepto del jurado calificador, comprendido en el acta de juzgamiento correspondiente, pero no le fue adjudicado el contrato porque no cumplía con las condiciones exigidas en las bases del concurso.

Antecedentes

I. Lo que se pretende

1. El 12 de julio de 1999, Luis Enrique Reyes Beltrán presentó demanda en contra de “Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá-Secretaría de Educación”, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 3-15, cdno. 1).

1.1. Los hechos sobre los cuales hizo consistir la demanda se pueden presentar así: (i) el 14 de diciembre de 1998, la “Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá” abrió un concurso público para la elaboración de los anteproyectos arquitectónicos de dos bibliotecas públicas, sede el Tintal y el Tunal; (ii) el 15 de febrero de 1999, Luis Enrique Reyes Beltrán presentó su propuesta, a la cual se asignó el código EXC; (iii) el 20 de febrero de 1999, un día antes de que expirara el período de juzgamiento, el jurado calificador emitió el informe de evaluación y expresó la metodología y los criterios empleados en el juzgamiento; (iv) la propuesta EXC fue calificada en el primer lugar, con el mayor puntaje total, y dentro del informe correspondiente se afirmó que las propuestas que habían ocupado los primeros lugares cumplían con los criterios de evaluación establecidos; (v) el 22 de febrero de 1999 se exhibieron en el salón de exposiciones de la Sociedad Colombiana de Arquitectos los proyectos ganadores del primero, segundo y tercer lugar y de la mención honorífica, así como también los códigos de los participantes y sus puntajes; (vi) el 3 de marzo de 1999, el jurado calificador “emitió una nueva acta de juzgamiento del concurso” y modificó lo juzgado anteriormente al concluir que los tres proyectos que tuvieron más alto puntaje tenían inconsistencias a nivel estructural y, en consecuencia, declaró desiertos el primero y el segundo lugar y concedió el tercer puesto a la oferta EXC; (vii) el 11 de marzo de 1999, la entidad expidió la Resolución 944, que acogió en su totalidad el acta de fecha 3 de marzo de 1999; (viii) con base en lo anterior, la entidad procedió a la contratación directa del proyecto con otros arquitectos.

1.2. Las pretensiones comprenden las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 944 del 11 de marzo de 1999, dictada por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C. - Secretaría de Educación, mediante la cual “se acoge en su totalidad el acta de juzgamiento del Concurso Público de Diseño adelantado para las bibliotecas sedes Parque El Tunal y El Tintal”.

SEGUNDA. Que se declare que con la expedición y ejecución de la resolución señalada en la pretensión anterior, se causó un daño al señor Luis Enrique Beltrán Reyes.

TERCERA. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la demandada la reparación del daño ocasionado a Luis Enrique Reyes Beltrán con dicha expedición y ejecución, consistente en el pago de la suma de $ 198.000.000, monto de los honorarios establecidos por la elaboración del anteproyecto, proyecto y supervisión arquitectónica para quien obtuviera el primer premio dentro del “Concurso Público para la Elaboración de Anteproyectos Arquitectónicos de las Sedes Tunal y Tintal”.

CUARTA. Que se condene a la demandada a pagar la corrección monetaria y los intereses moratorios sobre la suma de dinero de que trata la pretensión tercera.

QUINTA. Que se condene a la demandada a pagar las costas del proceso si a ello hubiere lugar.

TERCERA SUBSIDIARIA

En el evento de que el Honorable Tribunal considere como improcedente la pretensión tercera, solicito se declare la siguiente en su reemplazo:

TERCERA. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la demandada la reparación del daño ocasionado a Luis Enrique Reyes Beltrán con dicha expedición y ejecución, consistente en el pago de la suma de $ 59.400.000, monto del premio para quien ocupara el primer lugar en el “Concurso Público para la Elaboración de Anteproyectos Arquitectónicos de las Sedes Tunal y Tintal”, en caso de que la entidad pública decidiera no ejecutar el proyecto.

II. Trámite procesal

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, admitió la demanda mediante auto del 15 de agosto de 2000 (fl. 36, cdno. 1) y notificó debidamente a la entidad (fl. 38, cdno. 1). En la contestación, la entidad se opuso a las pretensiones y argumentó que: (i) la propuesta presentada para la biblioteca de El Tintal no estaba conforme con las bases del concurso porque tenía problemas de carácter técnico, estructural y funcional, y no reflejaba un dominio integral del tema de bibliotecas, en cuanto hacía relación con el paisajismo; (ii) ningún informe dio el primer lugar al código EXC, puesto que el primer documento del jurado calificador solo indicó los criterios de evaluación y, en todo momento, respecto del proyecto de El Tintal, se precisó que las propuestas mejor calificadas no correspondían a los requerimientos establecidos en las bases del concurso, ni a las características del lote y el lugar; (iii) en tal sentido, “el documento METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL JUZGAMIENTO, fue dado a conocer el 23 de febrero de 1999 a las 12:00 m, junto con los puntajes otorgados a cada código, pero en ningún momento se estableció el orden de elegibilidad ni se rotularon los proyectos ganadores, mas aun en el impreso entregado a los participantes claramente se estableció que la fecha de proclamación de ganadores sería el 3 de marzo de 1999”; (iv) el puntaje asignado al proyecto EXC fue de 79 puntos sobre 100, y por esa razón obtuvo el tercer lugar; (v) el período para que el jurado emitiera su concepto definitivo se extendía hasta el 3 de marzo de 1999, fecha en la cual, de acuerdo con lo que se hace constar en el acta de juzgamiento, se tomó la decisión sobre el concurso. (vi) Finalmente, formuló la excepción de caducidad de la acción con base en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que los actos proferidos antes de la celebración del contrato se debían demandar a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a su notificación y, en el caso concreto, el acto acusado, de fecha 11 de marzo de 1999, notificado el 19 de marzo siguiente, se demandó el 12 de julio de 1999, luego de expirado el término referido (fls. 52-60, cdno. 1).

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, profirió sentencia el 19 de marzo de 2003, a través de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

3.1. En términos generales, consideró que: (i) el jurado calificador, mediante el acta de juzgamiento del 3 de marzo de 1999, recomendó a la entidad que se declarara desierto el concurso respecto de los primeros dos puestos, en tanto que los tres proyectos que habían alcanzado el mayor puntaje no comprendían un dominio integral del tema de las bibliotecas y “estaban ausentes de un planteamiento general con relación a la totalidad del entorno y su paisajismo de soporte”; (ii) en particular, la propuesta de Luis Enrique Reyes no cumplía con los presupuestos de accesibilidad, implantación y paisajismo exigidos, razón por la cual, era legalmente viable la declaratoria de desierto del concurso, tal y como en efecto procedió la entidad al expedir la Resolución 944 del 11 de marzo de 1999; (iii) la resolución mencionada se notificó a quien ahora obra como demandante, por conducta concluyente, puesto que el día de su expedición, presentó una reclamación frente a los resultados del concurso; (iv) el informe del jurado calificador se presentó dentro del término debido, el 20 de febrero, en tanto que la etapa de juzgamiento comprendía entre el 17 y el 21 de febrero de 1999; (v) no se configura desviación de poder alguna, “en cuanto que la decisión cuestionada fue el resultado de la aceptación de un concepto técnico debidamente fundamentado”; (vi) en relación con la excepción de caducidad, expuso que no estaba llamada a prosperar porque en materia de actos administrativos por medio de los cuales se declara desierto una licitación o un concurso público, no se aplica el término de caducidad de 30 días, sino el de cuatro meses, y como se dedujo que el actor conoció del contenido de la resolución el 11 de marzo de 1999 —en atención al escrito que presentó en esa fecha frente al Alcalde Mayor de Bogotá—, la presentación de la demanda el 12 de julio siguiente la hace viable en cuanto al término de interposición, sin que se configure la caducidad (fls. 108-136, cdno. ppal.).

3.2. Uno de los magistrados integrantes del Tribunal a quo salvó el voto al considerar que “han debido prosperar las pretensiones de la demanda y condenar a la entidad pública demandada al pago del primer precio del concurso, al cual tenía derecho el actor” (fls. 138-148, cdno. ppal.). En concreto, afirmó que: (i) en el primer informe del jurado calificador del 20 de febrero de 1999, se afirmaba que los tres proyectos con más alto puntaje cumplían con los criterios de evaluación establecidos; (ii) el informe se modificó posteriormente, con base en consideraciones eminentemente subjetivas, como consecuencia de las observaciones planteadas por uno de los proponentes, quien estaba inconforme con su calificación; (iii) el jurado calificador, de acuerdo con las bases del concurso, no tenía competencia para declarar desierto el primero y el segundo premio, razón por la cual ha debido otorgarle el primer premio a la propuesta de Luis Enrique Reyes; (iv):

En suma, considero que está demostrada la incompetencia del jurado para solicitar la declaratoria de desierto de los premios primero y segundo de los proyectos arquitectónicos para la biblioteca El Tintal y que los criterios de evaluación de las propuestas eran tan subjetivos, que ni siquiera fueron definidos en el pliego, y por último, que las observaciones presentadas por la arquitecta Rodríguez, aun cuando se consideraren juiciosas y válidas, no servían de base para declarar desiertos los premios, sino únicamente podrían convertirse en observaciones y recomendaciones obligatorias que podían incluirse en el anteproyecto ganador del concurso, en caso de que las mismas hubieran sido aceptadas y adoptadas por el jurado calificador.

4. En contra de la sentencia, la parte demandante presentó recurso de apelación. Sostuvo que: (i) en las bases del concurso no se definieron criterios objetivos de selección y, por tal razón, la descalificación de parte del jurado calificador fue eminentemente subjetiva; (ii) es incoherente que el jurado calificador, después de haber concluido que los proyectos ganadores de los primeros lugares cumplían con los criterios de evaluación, haya solicitado, sin tener competencia para ello, que se declararan desiertos el primer y segundo premios; (iii) ha debido adjudicarse el contrato a quien obtuvo la más alta calificación, el proponente Reyes; (iv) el juzgamiento de los proyectos participantes tuvo lugar en dos ocasiones: la primera, el 20 de febrero de 1999, dentro del término comprendido en las bases del concurso, y la segunda, el 3 de marzo de 1999, la cual claramente estaba por fuera del plazo debido; (v) “debe considerarse que hay desviación de poder pues la decisión cuestionada fue el resultado de la aceptación de un concepto subjetivo y por lo tanto indebidamente fundado frente a lo que dispone la ley colombiana” (fls. 161-162, cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

5. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto y debidamente sustentado por la parte demandante, en un proceso iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que, conforme al Decreto 597 de 1988 —aplicable en el sub examine—, la cuantía exigida en 1999 era de $ 4.312.000 y en este caso la mayor de las pretensiones ascendía a $ 198.000.000.

II. Hechos probados

6. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales se hallan en estado de valoración puesto que fueron allegadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, los hechos que resultan de mayor relevancia para resolver los problemas jurídicos que con posterioridad se plantean —párrafo 7—, se pueden presentar de la siguiente forma:

6.1. La Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá presentó las “bases” del “Concurso público para la elaboración de anteproyectos arquitectónicos de las sedes Tunal y Tintal” (copia auténtica, fls. 134-185, cdno. 4), las cuales comprendían, entre otras, los siguientes puntos:

2.1. Nombre y modalidad del concurso.

Sistema distrital de bibliotecas, concurso público para la elaboración de los anteproyectos arquitectónicos de dos bibliotecas públicas, sede El Tunal y sede El Tintal, en la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital. El concurso se realizará en una sola ronda.

PAR. 1º—Las presentes bases contienen el programa arquitectónico y las determinaciones generales del diseño, que son comunes a las dos bibliotecas. A cada concursante le será entregado un sobre cerrado, con el plano del lote y los aspectos específicos de diseño y determinantes urbanísticas correspondientes al lote que le ha sido asignado en forma aleatoria de acuerdo al orden de adquisición de las bases.

PAR. 2º—El anteproyecto arquitectónico de la sede El Tintal implica la reutilización de la estructura de la antigua planta de tratamiento de basuras incluida en la rampa de acceso. Con los planos del lote se entrega información relativa al tema.

2.2. Entidad estatal promotora.

La Secretaría de Educación Distrital, SED, decidió promover y convocar el Concurso público de anteproyectos arquitectónicos mencionado en el numeral anterior y, mediante el contrato Nº 552 del 1º de diciembre de 1998, suscrito con la Sociedad Colombiana de Arquitectos - seccional Bogotá D.E. y Cundinamarca, autorizó a esta última para organizar y coordinar el concurso citado, en cumplimiento del Decreto 2326 de 1995. (…).

2.3. Organismo asesor.

Con base en el contrato suscrito con la Secretaría de Educación Distrital, SED, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en su carácter de cuerpo consultivo del gobierno, según el Decreto 1782 de 1954, ratificado por la Ley 64 de 1978, tiene a su cargo la organización y coordinación del presente concurso arquitectónico, en los términos del artículo 9º del Decreto 2326 de 1999. (…).

2.4. Objeto del concurso.

Mediante el presente concurso serán seleccionados los dos anteproyectos arquitectónicos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, cuyos autores suscribirán posteriormente cada uno un contrato con la Secretaría de Educación Distrital, SED, para elaborar los proyectos arquitectónicos definitivos, tramitar la licencia de construcción ante la entidad competente y ejercer la supervisión arquitectónica de la construcción de las bibliotecas públicas, sede El Tunal y sede El Tintal, respectivamente. La contratación de los estudios técnicos, previa aprobación de la Secretaría de Educación Distrital, SED, se regirá por lo establecido en la minuta del contrato que forma parte de las presentes bases.

2.6. Alcance de las bases del concurso.

El presente documento constituye las bases del concurso público de anteproyectos arquitectónicos de dos bibliotecas públicas, sede El Tunal y sede El Tintal, en la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, convocado por la Secretaría de Educación Distrital, SED. En estas bases se consignan los términos de referencia que deben tener en cuenta los participantes en este concurso. Lo establecido en estas bases será de obligatorio cumplimiento.

3.3. Criterios de calificación.

— Accesibilidad, implantación, paisajismo.

— Funcionalidad, flexibilidad, especialidad.

— Imagen institucional, estética, permanencia.

— Sistema constructivo, materiales propuestos.

Los planos completos para construcción incluyendo detalles y especificaciones, en coordinación con todos los estudios técnicos deberán ser ejecutados dentro de un plazo máximo de cinco (5) meses a partir de la firma del contrato.

El sistema constructivo debe permitir la construcción del edificio, en un término máximo de once (11) meses.

El presupuesto total para la construcción de cada edificio es de aproximadamente cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000), por lo tanto el anteproyecto debe acomodarse al límite planteado.

5.5. Obligaciones del ganador del concurso.

1. Suscribir un contrato de consultoría con la Secretaría de Educación Distrital, SED.

2. Aceptar las observaciones y recomendaciones formuladas por el jurado calificador y la entidad estatal al anteproyecto presentado e introducir las modificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto.

5.6. Obligaciones de la Secretaría de Educación, SED, con el ganador.

1. De acuerdo con el concepto emitido por el jurado calificador, la Secretaría de Educación, SED, celebrará un contrato de consultoría con cada uno de los dos (2) ganadores, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación del concurso, previa proclamación de ganadores, cuyo objeto será la elaboración de los proyectos arquitectónicos correspondientes a la biblioteca pública sede El Tunal y biblioteca pública sede El Tintal, la contratación de los estudios técnicos y la ejecución de la supervisión arquitectónica para la construcción de los edificios: biblioteca pública sede El Tunal y biblioteca pública sede El Tintal respectivamente, en la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital.

(…).

Si en el plazo señalado en las presentes bases, no se firmare el contrato con el ganador, por alguna de las causales establecidas en la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Educación Distrital, lo podrá hacer con el proponente que obtuvo el segundo o tercer puesto, pero respetando el orden de calificación del jurado calificador. En caso de rechazo, la decisión deberá ser motivada.

6.1. Calendario del concurso.

Apertura del concurso e inicio de presentación de propuestas: Diciembre 14 de 1998

Inscripción y retiro de las bases del concurso: Enero 18 de 1999.

Visita al lote y exposición de los asesores, aclaración de dudas: Enero 18 de 1999.

Consultas: A partir de diciembre 14 de 1998 y hasta el 18 de enero de 1999.

Respuestas: A partir de diciembre 14 de 1998 hasta enero 22 de 1999.

Cierre de presentación de propuestas: Febrero 15 de 1999.

Plazo del concurso: Desde diciembre 14 de 1998 hasta febrero 15 de 1999.

Montaje de propuestas: Desde febrero 15 de 1999 hasta febrero 17 de 1999.

Juzgamiento: Desde febrero 17 de 1999 hasta febrero 21 de 1999.

Informe de evaluación en la sede de la SCA: Desde febrero 17 de 1999 hasta marzo 1º de 1999.

Proclamación de ganadores: Marzo 3 de 1999 a las 5:30 p.m.

6.7. Proclamación de ganadores.

La proclamación de los ganadores del concurso se efectuará el 3 de marzo de 1999, en el sitio y hora que serán comunicados oportunamente. En el evento, que será público, el representante de la Secretaría de Educación Distrital, SED, dará lectura al acta definitiva de juzgamiento y abrirá la urna que contiene la identificación de los concursantes para, en esta forma, identificar a los ganadores del concurso.

7.4. Funcionamiento de las bibliotecas.

• Componentes principales

 

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Cada biblioteca estará compuesta por tres áreas fundamentales de tipo educativo a saber, la sala adultos o sala general de lectura, que alberga las colecciones destinadas a los jóvenes y adultos, la sala infantil y el área de extensión cultural. En íntima relación con estas estarán las salas y servicios multimediales. La sala infantil deberá ser cuidadosamente ubicada dentro del conjunto de cada edificio, permitiendo lograr una total independencia en su operación, para evitar interferencias con las otras áreas, generadas principalmente por ruido ocasional. Asimismo deberá tener contacto amplio con espacios exteriores, que permitan el desarrollo de actividades educativas y lúdicas para niños.

A) Parámetros generales de diseño - aspectos funcionales y espaciales. • Proyección: Cada biblioteca deberá ser diseñada para tener una vida útil de por lo menos 20 años. La colección inicial estará compuesta por 50.000 ejemplares, para alcanzar un número de 200.000 en el mediano plazo. Así mismo dadas las características dé amplitud de los terrenos escogidos, se debe contemplar la posibilidad de ampliación futura, de acuerdo con la demanda de cada sector. Sin embargo cada edificio deberá ser concebido como un todo en su diseño original. • Altura: Se considera que la altura promedio de la biblioteca deberá ser de dos pisos, aprovechando las condiciones de amplitud de cada terreno, el carácter de biblioteca abierta y la mayor comodidad de' los usuarios. La altura de las áreas de lectura en ningún caso deberá ser menor de 3.50 mts. libres. Se limita el uso de ascensor exclusivamente para servicios de minusválidos. • Identidad: El edificio deberá ser claramente reconocible como una Biblioteca Pública, en medio de su contexto urbano. Los lotes generosos en área invitan a incorporar plazoletas y sitios de reunión de la comunidad, espacios lúdicos y de esparcimiento para personas de todas las edades. • Carácter: La biblioteca deberá proyectar un sólido carácter institucional y ésta llamada a ejercer una marcada influencia en el proceso de consolidación de los diversos sectores adyacentes. • Permanencia: Al edificio se deben incorporar no solo los criterios de modernidad en el umbral del nuevo milenio. Paralelamente es necesario lograr con la selección cuidadosa de los materiales, la sobriedad y la discreta armonía de sus componentes, la estabilidad y permanencia en el tiempo. • Flexibilidad: La creatividad en las soluciones propuestas encontrará su máxima expresión en la respuesta a este criterio fundamental, que garantiza la evolución adecuada de las diferentes áreas y servicios de la biblioteca en el tiempo. • Transparencia y control: La concepción de las áreas de lectura con sus diversos componentes, debe permitir un control visual efectivo y permanente de la actividad desarrollada por los usuarios, desde los sitios de información y mostradores de circulación y préstamo. Es fundamental la aplicación de criterios de espacio único, organizado con base en los distintos elementos que componen el mobiliario: Mostradores de circulación y préstamo, anaqueles de distinta altura de acuerdo con su ubicación, mesas para computadores, mesas de trabajo, cubículos para investigación o tareas. • Ambientación: Es el resultado de la aplicación de los dos criterios anteriores. Se crean ambientes diversos, dentro de un gran espacio. Ambientes informales en los centros de interés y las áreas destinadas a la lectura de diarios y revistas, ambientes destinados a albergar las colecciones para los adolescentes, ambientes para adultos, áreas exclusivas para computadores, espacios privados para estudio e investigación. • Dotación: El mobiliario deberá ser el adecuado para las distintas áreas que componen la biblioteca. Mobiliario especial en la sala infantil, servicios sanitarios a la escala de los niños. Poltronas para las áreas de lectura informal tales como los centros de interés ya mencionados. Sillas ergonómicas en los puestos de computadores. Sillas y mesas confortables en las áreas de lectura y estudio, estanterías de forma diversa adaptadas a los requerimientos de cada espacio. • Tecnología: Este vocablo tiene hoy un especial significado en un proyecto de esta naturaleza. La evolución acelerada que se está dando con el manejo de la información oral, escrita, grafica, visual, debido al avance impresionante de los recursos y medios interactivos, implican una respuesta por parte del arquitecto, con la incorporación de propuestas avanzadas para el manejo de redes de informática (por ejemplo pisos técnicos en las áreas especializadas, ductos y canalizaciones adecuadas, que garanticen flexibilidad de usos en los diversos espacios). • Seguridad: La biblioteca deberá ser resuelta con la aplicación de sistemas inteligentes, que permitan evitar no solo el hurto de material, sino ejercer el control permanente de los sistemas hidráulicos y sanitarios, mecánicos de prevención contra incendios y de acceso y egreso del edificio. • Accesibilidad: Debe preverse un solo control de portería, tanto para peatones como para vehículos. El acceso peatonal combinará senderos, con plazoletas y sitios de reunión ciudadana hasta llegar al hall principal de acceso de la biblioteca. Se debe resolver correctamente el acceso de vehículos particulares a las áreas de parqueaderos en superficie. Igualmente el movimiento de vehículos de aprovisionamiento a la zona de cargue y descargue, evitando cruces de circulación con las zonas peatonales. El edificio debe ser completamente accesible para discapacitados cumpliendo con las normas vigentes. • Implantación: Deben tenerse en cuenta varios factores que garanticen un ubicación correcta del edificio dentro del lote, a saber: a) Relación con las vías principales de acceso, b) Orientación adecuada con respecto a las fachadas más afectadas por la luz solar directa, c) Protección del ruido ocasionado por los vehículos automotores, d) Adecuación de vistas a las zonas verdes circundantes. • Iluminación: Se debe aprovechar la luz natural, evitando contacto directo de luz solar con las áreas de lectura. La iluminación artificial debe ser uniforme en todo el espacio, preferiblemente de tipo fluorescente, directa o reflejada. • Ventilación: Debe ser natural, con la incorporación de sistemas pasivos que garanticen el flujo del aire, sin tener que utilizar medios mecánicos. El diseño de la ventanería deberá evitar a toda costa la entrada de ruido del exterior y las pérdidas de libros o cualquier material de la biblioteca. • Acústica: El control del nivel de ruido al interior de la biblioteca, se deberá prever con base en la selección de materiales adecuados para pisos, techos y ventanas en las áreas de lectura y de separación de las distintas dependencias. En las áreas de extensión cultural este tema es muy importante y debe ser tenido en cuenta particularmente en el diseño del auditorio. Deberán estudiarse cuidadosamente los sistemas de reproducción de sonido y de amplificación. • Materiales y acabados: Estos deben garantizar durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento. El sistema estructural y constructivo debe estar concebido de tal manera que permita la ejecución de la obra de cada biblioteca en once (11) meses. El arquitecto deberá intervenir en todas las decisiones relacionadas con el mobiliario y la dotación general del edificio.

B) Condiciones especiales de funcionamiento de las dependencias 1) ingreso o hall principal • Hall general de acceso: Espacio principal de llegada al edificio. Su función principal es la de conducir a los usuarios hacia las tres áreas principales que componen el proyecto. La sala general de lectura para jóvenes y adultos, el área de extensión cultural y la sala infantil. Debe ser un espacio de amplias proporciones, que podrá ser usado para exposiciones temporales. Tendrá áreas de descanso y carteleras de información de eventos. • Mostrador principal: Mueble tipo recepción, con conmutador línea 800, intercomunicadores y terminales de computador con servicio en red. • Sala Bogotá: Sala con exposición permanente sobre la historia de Santafé de Bogotá. Servicio interactivo de información a la comunidad sobre los servicios y programas distritales. • Casilleros: En forma de apartados en autoservicio, localizados cerca del acceso, en una ubicación discreta. • Unidad de baños: Contigua a los casilleros. Equipados con dispensadores de jabón y secador de manos automático. Enchapes de calidad en pisos y muros que garanticen condiciones excelentes de higiene. 2) Sala jóvenes y adultos • Hall de biblioteca: Control electrónico de entrada y salida. “Lobby informal con las últimas adquisiciones de la biblioteca en libros y revistas. Dos salones para lectores de paso. • Información: Debe estar ubicada en forma estratégica. Relación interna con punto fijo de personal. • Catálogo general: Catálogo electrónico, conectado a la Red del Sistema Distrital de Bibliotecas. Terminales de computador, atención de pie. • Referencia general: Espacio de fácil acceso al público en general, en contacto directo con mostrador de información y el hall de la biblioteca. • Área de lectura: Estantería abierta, de altura media y mesas de cuatro personas para los lectores. • Sala general de lectura: Espacio principal de la biblioteca. • Circulación y préstamo: Lo preside el mostrador de circulación y préstamo, en el cual se realizan actividades de carnetización, información por temas, préstamo de libros y cd’s. Desde allí se ejerce el control visual de la totalidad de la sala. • Salas de lectura: Área de grandes proporciones, dividida en sectores diferentes de lectura, formal e informal, espacios de mayor silencio con cubículos para trabajos de investigación o trabajos en grupo, colecciones para jóvenes y para adultos. Los diferentes espacios estarán acondicionados con el mobiliario adecuado, estantes bajos en las áreas centrales, estanterías altas junto a los muros, áreas de lectura informal, con cómodas poltronas, en los centros de interés. • Depósito cerrado: Destinado a guardar colecciones especiales de acceso restringido al público o libros de alta circulación, suministrados bajo pedido. El servicio se presta a través de mostrador directamente a la sala de lectura y tendrá comunicación interna con las demás dependencias por medio del punto fijo privado. Debe preverse un montacargas desde servicios generales. • Sala virtual: Con servicio de computadores multimedia, con acceso al internet y a las redes con bases de datos. Servicio de teleconferencias. Prever la instalación de un piso técnico que permita realizar cambios y adaptaciones de redes en el tiempo. • Sala de capacitación: Introducción al usuario al mundo del computador. Cursos programados por la dirección. • Videoteca y sonoteca: Servicio de circulación y préstamo de material sonoro y audiovisual. Estantería abierta y audífonos personales de escucha para selección. • Reprografía: Se trata de un espacio contiguo al área de circulación y préstamo para control. Sistema en concesión con tarjetas para operación de las máquinas por autoservicio. • Hemeroteca: Alberga colecciones de publicaciones periódicas y revistas. Debe tener acceso desde el hall principal de la biblioteca. 3) Sala infantil. Servicio para niños de 5 a 12 años. La sala infantil se plantea como un espacio independiente, con acceso directo desde el hall principal. • Circulación y préstamo: Debe tener control visual sobre toda el área de actividad de las salas y talleres. Atiende permanentemente las necesidades del usuario infantil. • Sala de lectura infantil: Mobiliario y disposición del área pensando en los niños. • Sala de trabajo: Para la realización de talleres, lectura de cuentos, canciones infantiles, pintura y modelado (ludoteca). Debe tener una poceta con agua. Vinculación con el exterior, para talleres al aire libre cuando el tiempo lo permita. El depósito de materiales debe ubicarse contiguo a esta área. • Sala multimedia: Computadores multimedia destinados a familiarizar a los niños con esta actividad. Material de apoyo al aprendizaje de la lectura, matemáticas, etc., en CD Rom. 4) Oficinas administrativas: Estarán directamente relacionadas con el punto fijo de circulación interna y con el área de servicios generales. Están concebidas como un solo bloque de actividad y deben tener acceso directo para el público, desde el hall de la biblioteca. Las oficinas de coordinadores tienen acceso restringido de público. 5) Extensión cultural • Sala múltiple: Con acceso directo desde el hall general de acceso. Está compuesta por tres espacios que pueden ser unidos entre sí. Cada recinto estará equipado de ayudas audiovisuales, tales como video-beam y telón enrollable, para todo tipo de proyecciones. Estas salas están destinadas a reuniones diversas, cursos especiales, talleres y seminarios. El espacio total permite albergar 120 personas en disposición de auditorio. • Auditorio: Para 250 personas, acomodadas en silletería fija tipo teatro. Destinado a la realización de eventos de extensión cultural, declamación de poetas, teatro, música de cámara, pantomima, conferencias, recitales, cuenteros y trovadores. Estará equipado con un escenario adecuado para estos efectos, servicios anexos y cabina de proyección para largometrajes y material audiovisual digital. Deberá contar con excelentes condiciones acústicas y de visibilidad. Tiene acceso directo desde el hall general de acceso. • Librería, locales comerciales y cafetería: Podrán agruparse en forma de un pequeño “Mall” de servicios al público, con carácter relativamente independiente de la biblioteca guardando relación con el hall general de acceso y prestan servicio interno exclusivamente. Son locales de servicio a la comunidad, tales como sucursal bancaria, agencia de viajes, papelería, etc. Están destinados a generar una renta para la operación de la biblioteca. La cafetería deberá estar relacionada con el espacio exterior de zonas verdes. 6) Servicios generales • Acceso de empleados: Independiente del acceso de público a la biblioteca. • Vestieres hombres y mujeres: Cerca del acceso de empleados, contiguos a la unidad de baños. • Área de descargue: Con acceso directo desde la portería. Acceso de furgones con material impreso previamente catalogado en el servicio central de la Red de Bibliotecas Distritales. Igualmente insumas de papelería, mantenimiento del edificio, etc. Comunicación con el resto de las dependencias por medio del punto fijo interno. Servicio de montacargas. Áreas exteriores: Deberán ser objeto de un cuidadoso estudio, incluyendo la adecuada ubicación de los estacionamientos en superficie, buscando minimizar el impacto del piso duro con una adecuada solución paisajística, la solución a la vía interna de acceso al área de servicios generales, las áreas/de juegos infantiles, las plazoletas y el auditorio al aire libre. Portería: Tiene el control general del acceso de personas y vehículos a la biblioteca. En espacio contiguo debe ubicarse el parqueadero para 50 bicicletas y 15 motos. Para el proyecto Tintal se debe prever la localización de un área destinada al estacionamiento subterráneo de 300 vehículos en tres sótanos.

9.2. Honorarios de anteproyecto, proyecto y supervisión arquitectónica. Estos están establecidos por un valor fijo de $ 198.000.000 son ciento noventa y ocho millones de pesos, que incluyen el diseño arquitectónico de la totalidad de las áreas cubiertas y exteriores que aparecen en el programa, para cada una de las dos bibliotecas.

9.5. Liquidación de premios. A. Primer premio. Otorga el derecho a celebrar los contratos de consultoría con la Secretaría de Educación Distrital, SED, para elaborar los proyectos arquitectónicos, contratar los estudios técnicos requeridos y ejercer la supervisión arquitectónica de la construcción de los edificios Biblioteca Pública sede Tunal y Biblioteca Pública sede Tintal… El valor de los honorarios por la elaboración del anteproyecto, proyecto y supervisión arquitectónica de cada una de las dos bibliotecas objeto de este concurso, es de ciento noventa y ocho millones de pesos ($ 198.000.000) sobre el cual debe tenerse en cuenta lo estipulado en el reglamento de honorarios de la SCA para los trabajos de arquitectura. Del valor anterior se pagará la suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos m/cte. ($ 59.400.000), equivalente al treinta por ciento (30%) que, según lo definido en el reglamento de concursos arquitectónicos de la SCA, corresponde al primer premio en el concurso público de anteproyectos arquitectónicos, suma que la Secretaria de Educación Distrital, SED, cancelará dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del acta de proclamación a cada uno de los dos (2) ganadores del presente concurso. Esta suma se abonará al valor de los respectivos contratos objeto del concurso. Si la Secretaría de Educación Distrital decide no ejecutar los proyectos, las sumas canceladas se considerarán como premio recibido por haber ocupado el primer lugar en el concurso. B. Segundo premio. Ha sido asignada para cada segundo premio la suma de quince millones de pesos m/cte. ($ 15.000.000). C. Tercer premio. Ha sido asignada para cada tercer premio la suma de ocho millones setecientos sesenta mil pesos m/cte. ($ 8.760.000). La Secretaría de Educación Distrital, SED, pagará los premios establecidos en estas bases dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del acta de proclamación.

6.2. El 20 de febrero de 1999, el “jurado calificador” del “Concurso público para el diseño de las bibliotecas públicas sede El Tintal y sede El Tunal” suscribió el documento denominado “Metodología y criterios empleados en el juzgamiento” (copia auténtica, fls. 7-8, cdno. 4), el cual comprendía el texto que a continuación se transcribe en su integridad:

El juzgamiento consideró los 35 proyectos presentados para la sede Tintal y los 33 proyectos presentados para la sede Tunal, considerando los parámetros generales establecidos en las bases del concurso, y se precisaron los criterios específicos de análisis para las dos localizaciones.

Dentro de los criterios específicos de juzgamiento de cada propuesta, de conformidad con lo establecido en las bases del concurso, se incluyó: 1) Implantación, accesibilidad y paisajismo. 2) Funcionalidad, flexibilidad y especialidad. 3) Imagen institucional, estética y permanencia. 4) Sistema constructivo, materiales propuestos.

El análisis y evaluación realizados consideró las apreciaciones individuales de cada uno de los jurados, y las determinaciones alcanzadas en consenso, resaltando la importancia de los siguientes aspectos: A. Implantación, adaptación al lugar, y calidad de los espacios exteriores. B. Accesibilidad de grandes cantidades de público a las dependencias de las bibliotecas. C. Funcionalidad y flexibilidad de organización y reorganización en las áreas de trabajo. D. Nivel de cumplimiento de los requerimientos de áreas e interrelaciones entre áreas técnicas, y entre los distintos componentes del proyecto. E. Coherencia entre el sistema estructural planteado y las condiciones espaciales y funcionales de los componentes del edificio. F. Imagen y calidad estética. G. Condiciones de accesibilidad, control y seguridad.

Esta evaluación consideró los proyectos presentados, analizó sus características constructivas, funcionales y estéticas y produjo unos criterios de valoración para la selección definitiva de las propuestas consideradas satisfactorias, en cada uno de los lotes, así:

Tintal: El jurado consideró de gran importancia la capacidad para reutilizar el edificio y la rampa existentes dentro de criterios de sobriedad y racionalidad estructural que permitan un óptimo resultado y garantía de permanencia, dentro de las condiciones presupuestales. Así mismo, valoró la habilidad para resolver las determinantes del programa con sensatez funcional, logrando calidad espacial y sacándole partido a las potencialidades de las construcciones existentes. En una zona urbana aún por consolidar, se dio importancia al manejo de las zonas exteriores y a la imagen sobria e institucional de manera que la biblioteca pueda erigirse como referencia arquitectónica de los futuros desarrollos del sector.

Respecto a estos criterios, el jurado desea expresar que lamenta constatar que varias propuestas arquitectónicas que demostraban indudable oficio, habilidad y brillantez, poseían exceso en superficie construida, gran cantidad de elementos y transformaciones tan radicales que desproporcionaban los proyectos y se salían de los requerimientos establecidos en la bases de concurso y las características del lote y el lugar.

Tunal: El jurado consideró importante la comprensión de la inserción del proyecto dentro del parque de grandes dimensiones y en una zona urbana consolidada, así como las dificultades inherentes a la forma, localización y orientación del lote. Por ello fue valorada la habilidad demostrada en la resolución del programa con racionalidad constructiva, buena implantación y permeabilidad hacia el parque. Dadas las características del lugar, también se concedió importancia a la capacidad para combinar una imagen institucional con una escala amable que permita a la biblioteca convertirse no solo en sitio para la lectura sino en un agradable y cotidiano lugar de encuentro cultural.

Considera el jurado que los proyectos ganadores de los primeros lugares para la Biblioteca Pública sede El Tunal y Biblioteca Pública sede El Tintal, respectivamente, cumplen con las expectativas de la Secretaría de Educación del Distrito. Estas propuestas aventajan con amplitud a las demás, cumpliendo con los criterios de evaluación establecidos, presentando un considerable nivel de integralidad y desarrollo y ofreciendo al Jurado la certeza de que su construcción dará a la ciudad un hito arquitectónico, y a las bibliotecas unas instalaciones de alta calidad en los aspectos funcionales, estéticos y técnicos.

Consideró el jurado que los proyectos recomendados para los segundos y terceros lugares deberían cumplir adecuadamente con los criterios y pautas de evaluación establecidas en las bases y en el proceso final de selección presentando calidades que además de destacarlos de las demás propuestas presentadas, les permitiesen reemplazar al proyecto ganador para cualquiera de las sedes mencionadas, en caso de que por alguna razón éste no pudiese ser ejecutado. Lo anterior previo el ajuste de las condiciones que el jurado estime convenientes en caso de ser requerido.

6.3. Adjunto al documento denominado “Metodología y criterios empleados en el juzgamiento” aparecía el “Informe de evaluación del jurado” correspondiente a las sedes El Tintal y El Tunal, así:

Sistema distrital de bibliotecas

Concurso público para la elaboración de anteproyectos arquitectónicos de las sedes Tintal y Tunal

Informe de evaluación del jurado

Sede Tintal
Orden de entregaCódigoImplantación
25%
Funcionalidad
25%
Imagen
25%
Sist. Construct
25%
Total
100%
001QWE2015151060
005KJH51051030
007SAZ1515151055
009LNM2015151565
011UQT10102325
012REW510101035
015HJK1010101545
017NKV1510151050
020XLC1510101045
021VFG243716
024LGP151010540
026JVH1515201565
029SEW422210
030AQW151015545
032WSX2015201065
033EXC2020201979
035TGB10105530
036YHN155101040
038IKL15515540
040QET1520202075
041UOX9921535
045WRY1510101045
046IPL222410
048AXV555520
049NLJ1555530
051OUT151010540
052CLA101421440
054LUN354416
055WIL1515151055
056CAR510101035
057CES51051030
062JES344516
064ROS2015201570
065RAO1010101040
068JAV543416

 

Sistema distrital de bibliotecas

Concurso público para la elaboración de anteproyectos arquitectónicos de las sedes Tintal y Tunal

Informe de evaluación del jurado

Sede Tunal
Orden de entregaCódigoImplantación
25%
Funcionalidad
25%
Imagen
25%
Sist. Construct
25%
Total
100%
002RTA101551040
003UIO2020252590
004PSL1520202075
006GFN2020201575
008XCV2020201575
010POI2520252595
013QAS2020152075
014QFG1055525
016LOC1520102065
018CXZ1520102065
019ZAS2020202585
022BHN102051045
023MJK1520151565
025OKI25252525100
027GST1015101045
028FRA1015101550
031QAZ1520202075
034RFV2015101055
037VJM10515535
039OZP1015101550
042KHF1015101550
043SZC2020201575
044SMA1515202070
047JGC1510151050
050GKA1010101040
053ROD1520202075
058LYX1015201560
059JUA1010151550
060MAV10515535
061GAR1520201570
063MIL510101540
066EST2020152075
067FAB2015151565

 

6.4. El 23 de febrero de 1999, se hizo saber a los proponentes por parte de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá, D.E. y Cundinamarca (copia auténtica, fl. 66, cdno. 2), lo siguiente:

Informe de evaluación

Fecha:Febrero 23 de 1999
Hora:12:00 a.m.
Lugar:SCA
Informe de evaluación:Desde el martes 23 de febrero hasta el martes 2 de marzo
Proclamación de ganadores:Marzo 3 de 1999 a las 5:30 p.m. en el auditorio de la SCA

 

El informe de evaluación se fijará en la SCA Bogotá, D.E. y Cundinamarca y adicionalmente serán expuestos en cada una de las regionales de la SCA en todo el país

NOTA: Las propuestas entregadas y estudiadas por el jurado calificador están a la disposición de todos los interesados y pueden ser consultadas en la sede de la SCA Bogotá D.E. y Cundinamarca en el horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

6.5. El 26 de febrero de 1999, la arquitecta Clara Inés Rodríguez, identificada con el código “WRY” dentro del concurso para la elaboración del anteproyecto de la sede Tintal, presentó las siguientes observaciones a los resultados del proceso de juzgamiento de propuestas:

Observaciones a la propuesta seleccionada en 1er puesto.

1. Sobre el principio de economía:

— El acceso de carga sobre una vía como la Av. Ciudad de Cali resultará costoso para la ciudad por los problemas de tráfico que un acceso de este tipo pueda generar sobre una esquina crítica (intersección de una avenida con una oreja).

— Necesita portería adicional para la zona de carga.

— El acceso vehicular sobre la calle 6C es costoso en términos de tráfico para la ciudad y necesariamente afectará los carriles rápidos en ambos sentidos, pues se debe realizar un giro adicional para acceder a la biblioteca y superar el separador de la calle por parte de cualquier vehículo que venga por la Av. Ciudad de Cali.

— El acceso peatonal debería responder en su localización a la Av. Ciudad de Cali pues la gran mayoría de usuarios de este sector de la ciudad se desplaza en autobús y el autobús circula por la avenida. Además, es más eficiente para discapacitados, niños y ancianos el acceso sobre esta vía en razón de la menor distancia recorrida para entrar al edificio.

— Los accesos en la esquina o sobre la calle 6C seguramente contribuirán a generar problemas de accesibilidad por congestión vehicular o parada de autobuses para los habitantes de sectores que emplean esta vía como salida y entrada.

— La propuesta depende de la demolición de casi el 30% de la estructura existente en el edificio y de la construcción adicional de dos nuevos niveles que generan fenómenos para los cuales no estaba calculada. Esto se plantea sin tener información suficiente sobre el estado actual de la estructura o el tipo de cimentación existente.

— Los “imprevistos” que se generan con demoliciones importantes de estructuras son casi siempre causa de sobre costos por cuanto las áreas adyacentes a dichas demoliciones generalmente se afectan y requieren de costosas reparaciones, así como la construcción de nuevas estructuras para reemplazar las demolidas.

— La estructura existente reparte y transmite las cargas de modo uniforme al piso, y el suelo sobre el que se levanta está consolidado; pero la nueva distribución de cargas y los “añadidos” estructurales (que no se sabe como transmitirán las cargas al piso), muy seguramente alterarán esta estabilidad con consecuencias imprevisibles.

— Las intervenciones en estructuras de este tipo requieren una actitud más prudente por cuanto además de las carencias de información ya descritas, se está asumiendo que lo que tiene por estructura (o lo que se deja en pie), continuará con un comportamiento estable.

— En las bases se insistía en la necesidad de mantener la estructura, pero las intervenciones vistas en algunos proyectos, de ser llevadas a la práctica resultarán igual de costosas que haber demolido la totalidad de la estructura y construirla de nuevo.

— El costo y la dependencia energética, son mayores en las propuestas que involucran más de dos niveles sin soluciones adecuadas de circulación para discapacitados.

— El costo y la dependencia energética son mayores si no se cuenta con abundante pero controlada luz natural.

2. Sobre el principio de transparencia (L. 80/93, art. 24, nums. 5º y 8º):

Los siguientes puntos consignados en las bases son un ejemplo de aquellos que no fueron cumplidos por algunas propuestas entre ellas la señalada con el primer puesto:

— “El edificio debe ser completamente accesible para discapacitados cumpliendo con las normas vigentes” (p. 24). El término completamente se refiere a una totalidad que no se cumple como se puede corroborar en la relación del mostrador de circulación y préstamo con la sala general de lectura; en la relación de casi el 40% de la estantería abierta con la sala de lectura; en la relación de la sala de lectura infantil con la biblioteca infantil; por citar solo unos casos.

— “Circulación y préstamo: Debe tener control visual sobre toda el área de actividad de las salas y talleres” (p. 27). La sala de lectura infantil se halla en un nivel diferente al de las demás áreas de la sala infantil.

— “Acústica” (p. 24) La Sala general de lectura es un espacio contiguo a los auditorios.

— “Hall general de acceso: Debe ser un espacio de amplias proporciones que podrá ser usado para exposiciones temporales” (p. 25) Al referirse a espacio de amplias proporciones no necesariamente se hace referencia a un espacio descubierto máxime si se espera que albergue exposiciones temporales.

— Referencia general: (p. 26). No se ve el “contacto directo” con el mostrador de información.

— Área de descargue: “Con acceso directo desde la portería”. Esta zona necesitará una portería independiente, y adicional a la que ya se tiene para vehículos. Además para este proyecto, en las respuestas a consultas se afirmó la necesidad de un solo acceso vehicular y uno o varios accesos peatonales.

— Altura: “La altura de las áreas de lectura en ningún caso deberá ser menor de 3.50 mts libres” (p. 22-23). Esta medida en algunos espacios de lectura no se cumple.

3. Sobre el principio de selección objetiva:

— No encontramos cómo puede garantizarse este importante principio si los dos anteriores no se cumplen.

Nuestra inconformidad busca precisión y verdad sobre las observaciones aquí realizadas. Creemos que la clasificación final no las refleja pues de haber sido tenidas en cuenta otro sería el resultado no solo con la propuesta seleccionada, sino con la puntuación asignada a la nuestra; que si es analizada encontrarán fácilmente la no existencia de casi todos los puntos observados.

Creemos que esta situación merece mayor atención pues de lo que se trata es de brindar una solución arquitectónica que tenga más en cuenta los grupos de población con algún tipo de limitación como ancianos, niños, mujeres embarazadas y discapacitados; que son numerosos en esta zona de la ciudad y que acceden por la Av. Ciudad de Cali a pie o en autobús urbano.

Finalmente invocamos el cumplimiento del principio de responsabilidad (L. 80/93, art. 26), toda vez que se trata de dineros públicos.

6.6. El “jurado calificador”, a través de su presidente, sin que obre fecha del documento, dio respuesta escrita (copia auténtica, fl. 287, cdno. 4) a las inquietudes transcritas en los siguientes términos:

Respuestas a observaciones dentro del concurso para el diseño de los anteproyectos de las bibliotecas públicas sede El Tunal y sede El Tintal

Observaciones presentadas por Clara Inés Rodríguez I. Proponente WRY

Dentro de la oportunidad legal establecida en las bases del concurso, la arquitecta Clara Inés Rodríguez I., efectuó observaciones sobre los resultados fallados en el juzgamiento del anteproyecto para la sede El Tintal, cuyo texto se anexa como parte integrante del presente documento y en donde manifiesta su inconformidad con la calificación dada a la propuesta que obtuvo el mayor puntaje y la baja calificación dada a su propuesta identificada con el código WRY, con la posible violación a los principios de economía, transparencia y selección objetiva del contratista, previstos en la Ley 80 de 1993.

Sobre el particular se le indica a la concursante que el hecho de que la calificación de los proyectos para la sede El Tintal alcanzara solamente 79 puntos sobre un máximo de 100 posibles, refleja las observaciones que el jurado encontró en la generalidad de las propuestas, las cuales se encuentran expresadas en los criterios de juzgamiento y en el acta final del jurado, observaciones que coinciden en la mayoría con las expresadas por usted sobre la propuesta de mayor puntaje.

En relación con el proyecto WRY y su clasificación es importante observar que dado que la calificación máxima fue de 79, su puntaje se sitúa por encima del promedio.

Para los fines pertinentes todos los documentos soporte del proceso de evaluación se encuentran a su disposición.

6.7. El 3 de marzo de 1999, el “jurado calificador” suscribió el “acta de juzgamiento del concurso para el diseño de las bibliotecas públicas sede El Tunal y sede El Tintal” (copia auténtica, fls. 2-8, cdno. 4), el cual comprendía el texto que a continuación, parcialmente, se transcribe:

El juzgamiento consideró los 33 proyectos presentados para la sede Tunal y los 35 proyectos presentados para la sede Tintal, considerando los parámetros generales establecidos en las bases del concurso. Para ello se precisaron los criterios específicos de análisis de las dos localizaciones, en armonía con lo establecido en dichas bases, incluyendo: 1) Implantación, accesibilidad y paisajismo. 2) Funcionalidad, flexibilidad y especialidad. 3) Imagen institucional, estética y permanencia. 4) Sistema constructivo, materiales propuestos.

El análisis y evaluación realizados consideró las apreciaciones individuales de cada uno de los jurados, y las determinaciones alcanzadas en consenso, resaltando la importancia de los siguientes aspectos generales y específicos: A) Implantación, adaptación al lugar, y calidad de los espacios exteriores. B) Accesibilidad de grandes cantidades de público a las dependencias de las bibliotecas. C) Funcionalidad y flexibilidad de organización y reorganización en las áreas de trabajo. D) Nivel de cumplimiento de los requerimientos de áreas e interrelaciones entre áreas técnicas, y entre los distintos componentes del proyecto. E) Coherencia entre el sistema estructural planteado y las condiciones espaciales y funcionales de los componentes del edificio. F) Imagen y calidad estética. G) Condiciones de accesibilidad, control y seguridad.

Esta evaluación consideró (a) las condiciones existentes y futuras en cada una de las localizaciones y predios donde se ubicaran las sedes de las bibliotecas, (b) las características particulares de la estructura existente en el lote de la sede El Tintal y la condición especial de la sede Tunal de estar localizada dentro del parque del mismo nombre y (c) las exigencias del programa establecido en las bases, definiendo el concepto fundamental, que unido a los criterios de evaluación, habría de regir el estudio de cada una de las propuestas presentadas, así:

(…).

Biblioteca pública sede El Tintal

Además de seguir la misma metodología y aplicar los mismos criterios de selección descritos al inicio de esta acta, el jurado consideró que el edificio existente y su rampa anexa poseen gran dignidad formal, solidez constructiva, y se presta de manera muy adecuada para su adaptación a los requerimientos previstos.

Por ello, en el caso de la sede El Tintal, los criterios de juzgamiento establecidos en cuanto a implantación, funcionalidad, imagen institucional y sistema constructivo, estaban fuertemente condicionados a la preexistencia de estas estructuras. En ese sentido, y de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso, se concedió gran importancia a la capacidad para reutilizar las estructuras previas dentro de parámetros de respeto, sobriedad, racionalidad y economía, que permitieran un óptimo resultado y garantía de permanencia. Así mismo, se valoró la habilidad para resolver las determinantes del programa con sensatez funcional, logrando calidad espacial y sacándole partido a las potencialidades de las construcciones existentes y al manejo de áreas exteriores. Estas condiciones rigieron la valoración de los proyectos, y se reflejan en los puntajes otorgados a las distintas propuestas, las cuales fueron examinadas con objetividad y responsabilidad.

Sin embargo, aún estimando que se trataba de anteproyectos arquitectónicos, el jurado considera que las propuestas cuya prioridad fue el respeto a las construcciones existentes, tienen problemas de carácter técnico, estructural y funcional. Por otro lado, el jurado lamenta constatar que varias propuestas arquitectónicas que demostraban indudable oficio, habilidad y brillantez, poseían exceso de superficie construida, gran cantidad de elementos y transformaciones tan radicales, que desvirtuaban la naturaleza del edificio existente, desproporcionaban los proyectos y se salían de los requerimientos establecidos en las bases del concurso, las características del lote y el lugar en general. Las razones anteriores llevaron al Jurado de forma unánime a otorgar un tope de calificación equivalente a un puntaje de 79 puntos sobre un máximo posible de 100 puntos.

Proyectos seleccionados sede El Tintal

— Mención especial: Proyectos identificados con los códigos QET y ROS

— Tercer premio: Proyecto identificado con el código EXC, al cual le corresponde la suma de ocho millones setecientos sesenta mil pesos ($ 8’760.000) como premio.

— Segundo premio: El jurado calificador unánimemente recomienda declarar desierto este premio.

— Primer premio: El jurado calificador unánimemente recomienda declarar desierto este premio.

Además de las consideraciones generales expuestas, el jurado, de forma unánime, establece como puntos específicos de la evaluación sobre las cuales se fundamenta la decisión los siguientes:

Sistema constructivo

Aun cuando los 3 proyectos que obtuvieron el mayor puntaje son los que ofrecen un significativo grado de respeto y utilización general de la edificación existente, estos presentan inconsistencias en el manejo específico de componentes estructurales que o bien comprometen la estabilidad e integridad de la misma, o crean situaciones espaciales adversas a la arquitectura del edificio.

Funcionalidad

Si bien los 3 proyectos que alcanzaron el mayor puntaje cumplen con el programa general de necesidades en lo que a provisión de espacios respecta, las condiciones específicas de ubicación, funcionamiento e interrelación entre estos no reflejan un dominio integral del tema de bibliotecas.

Paisajismo

Aun cuando el manejo del entorno inmediato de las edificaciones propuestas en los 3 proyectos de mayor puntaje es adecuado, manejando la rampa existente como elemento característico, apropiadamente relacionado con las plazoletas planteadas y demás elementos de espacio público cercanos, los proyectos carecen de un planteamiento general con relación a la totalidad del entorno y su paisajismo de soporte.

Las consideraciones anteriores generan una duda razonable en el jurado, en lo referente a lo expuesto en las bases del concurso, en el numeral “3.3 Criterios de calificación”, relativo al cumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto, incluyendo su coordinación con la totalidad de los proyectos técnicos que lo componen, dado que las modificaciones que se estiman convenientes en los proyectos de mayor puntaje excederían el plazo fijado.

6.8. El 3 de marzo de 1999, el jurado calificador presentó los listados de ganadores (copia auténtica, fls. 12-13, cdno. 4), así:

Sede Tunal

 Cod. N.Cod. L.Inscrito
PrimeroOKI025Tectus
SegundoPOI010Consorcio Gamboa
TerceroUIO003María Lucía Barreto
MenciónZAS019Luis Calderón

Sede Tintal

 Cod. N.Cod. L.Inscrito
Primero  Desierto
Segundo  Desierto
TerceroEXC033Luis Enrique Reyes
MenciónQET040Norberth Aristizábal
MenciónROS064Pradilla Trujillo

 

6.9. El 9 de marzo de 1999, el arquitecto Luis Enrique Reyes Beltrán dirigió una carta a la Sociedad Colombiana de Arquitectos para solicitar que expidieran “copias de las actas suscritas por el jurado calificador los días 20 de febrero y 3 de marzo del presente año, del concurso público para el diseño de las bibliotecas públicas sedes El Tintal y El Tunal de esta ciudad” (copia auténtica, fl. 293, cdno. 4). En esa fecha, la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.E. y Cundinamarca entregó copia de los documentos: “Metodología y criterios empleados en el juzgamiento - febrero 20 de 1999”; “Informe de evaluación del jurado calificador - sede Tintal”; “acta de juzgamiento - marzo 03 de 1999” (copia auténtica, fl. 293, cdno. 4).

6.10. El 11 de marzo de 1999, los arquitectos Luis Enrique Reyes Beltrán y Juan David Machado Franco enviaron una comunicación a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a la cual adjuntaron una comunicación que los mismos firmantes habían remitido al Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá; por medio de estas comunicaciones manifestaron su inconformidad con la actuación del jurado, en tanto que había cambiado su calificación del 20 de febrero, que era favorable para el proyecto que ellos presentaron, por una calificación del 3 de marzo, que declaraba desierto los primeros dos puestos del concurso (copia auténtica, fl. 257-260, cdno. 4).

6.11. El 11 de marzo de 1999, la “Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá, D.C.”, expidió la Resolución 944 “por la cual se acoge en su totalidad el acta de juzgamiento del concurso público de diseño adelantado para las bibliotecas sedes parque El Tunal y El Tintal” (copia auténtica, fls. 63-64, cdno. 2), la cual comprendía el siguiente texto:

CONSIDERANDO:

Que mediante Contrato de Prestación de Servicios Nº 522 de 1998 se contrató la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.E. y Cundinamarca la coordinación y organización integral del concurso público de arquitectura en la modalidad de anteproyecto, para la elaboración de dos diseños de anteproyecto arquitectónico para la construcción de dos bibliotecas públicas para el Distrito Capital Santa Fe de Bogotá.

Que mediante Decreto Distrital 1054 del 14 de diciembre de 1998, se delegó en la Secretaría de Educación la facultad de designar el jurado calificador del concurso público para la elaboración de proyectos arquitectónicos para las sedes Tunal y Tintal del sistema distrital de bibliotecas.

Que una vez efectuado el concurso, se reunió el jurado calificador levantando el acta de juzgamiento del concurso, la cual en cinco folios pasa a ser parte integral del presente acto administrativo.

Que revisados los criterios de selección, así como los parámetros de evaluación se encuentran ajustados a los criterios y parámetros en las bases del concurso.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Acoger en su totalidad el acta de juzgamiento del concurso público de diseño adelantado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos para las bibliotecas públicas sedes Parque El Tunal y El Tintal, de fecha 3 de marzo de 1999.

ART. 2º—Adjudicar el contrato de consultoría para la realización del diseño arquitectónico del Proyecto Biblioteca sede El Tunal al concursante ganador del primer premio, proyecto distinguido con el código OKI, sobre número 215, correspondiente a la Sociedad Tectus Ltda., y en consecuencia ordenar su celebración con el ganador del concurso.

ART. 3º—Declarar desierto el primer premio correspondiente al Proyecto Biblioteca Pública sede El Tintal.

ART. 4º—La Sociedad Colombiana de Arquitectos deberá proceder al pago del segundo y tercer premio del proyecto Biblioteca Pública Sede El Tunal y del tercer premio del Proyecto Biblioteca Pública sede El Tintal, a los proyectos distinguidos con los códigos UIO, POI y EXC, respectivamente, conforme a lo previsto en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios Nº 552 de 1998.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de su expedición.

6.12. El 14 de mayo de 1999, la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.E. y Cundinamarca, a través de su presidente, dio respuesta escrita (copia auténtica, fl. 241, cdno. 4) a las reclamaciones que formularon algunos arquitectos en relación con el juzgamiento de los proyectos presentados para el diseño arquitectónico de la biblioteca de la sede El Tintal. En concreto, las quejas estaban referidas a que no se había adjudicado el contrato a la propuesta identificada con el código “EXC” a pesar de que había obtenido la calificación más alta del concurso, 79 puntos sobre 100; también a que en el acta inicial del 20 de febrero, se había dicho que los puntajes más altos cumplían con los requerimientos del concurso, pero en el acta final, de 3 de marzo, se había cambiado la calificación. La respuesta comprendió:

En nombre de la junta directiva de la SCA Bogotá D.E. y Cundinamarca doy respuesta a la comunicación de la referencia en la cual hacen ustedes varios reparos al Concurso de las Bibliotecas Distritales. Algunas de esas observaciones han contribuido a un reciente análisis y discusión sobre el papel de la SCA en los concursos de arquitectura, sobre la forma y el fondo que tienen y deber tener dichos concursos y sobre la legislación que hoy los rige, porque tenemos claro que con los principios y con la estructura de los procedimientos de selección de consultores consagrados en la Ley 80 de 1993, los sistemas tradicionales de realizar concursos de arquitectura sufrieron importantes cambios que vienen siendo asimilados por quienes, como asesores, jurados, concursantes, entidades asesoras o promotoras, intervenimos en ellos.

Por lo anterior y para preservar el liderazgo y confianza que siempre ha tenido la SCA en estos casos certámenes (sic) se han venido desplegando diferentes actividades: el Comité Nacional de Concursos, viene adelantando en la actualidad una revisión del reglamento de concursos, la regional Bogotá D.E. y Cundinamarca ha programado y realizado algunos eventos ilustrativos sobre el tema —entre ellos un foro— y está desarrollando la elaboración de manuales y documentos de actualización y consulta.

Entendemos que uno de los más importantes cambios —y de mayor controversia— ha sido el hecho de que el jurado deba elaborar un informe (o acta) inicial de evaluación, que por obligación legal pone en conocimiento de los participantes para que estos, si así lo estiman, presenten observaciones a dicha acta de evaluación inicial. Con base en las observaciones presentadas, el jurado reestudia el informe (o acta) inicial y se pronuncia definitivamente mediante una última acta o informe final. Pero las apreciaciones consignadas entre uno y otro informe o acta pueden resultar contrarias entre ellas, sin que esto signifique que hay una irregularidad en el juzgamiento.

El procedimiento legal seguido en el concurso de las bibliotecas es normal, el jurado redactó el acta inicial, la cual fue puesta a consideración de los participantes y al reestudiar las observaciones presentadas, encontró argumentos válidos y suficientes para modificar en el acta final (otra) sus criterios iniciales, sin que esto pueda calificarse de bandazo. No es un caso exótico, los funcionarios administrativos y judiciales al resolver los recursos de reposición, revisan sus decisiones y muchas veces las revocan sin que ellos sea motivo de irregularidad. Las entidades estatales utilizan, obligatoria y diariamente este procedimiento, en todos los procesos de selección de contratistas, y muchas de ellas, en múltiples ocasiones, en su decisión final, modifican los argumentos y recomendaciones de los informes o actas originales.

Los invitamos muy cordialmente a participar en general en todas las actividades de la SCA y a continuar participando en especial en el análisis de los concursos de arquitectura.

6.13. El 9 de julio de 1999, el arquitecto Luis Enrique Reyes Beltrán dirigió una comunicación a la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, en ejercicio del derecho de petición, para solicitar que expidiera “copia auténtica de la Resolución 944 del 11 de marzo de 1999 dictada por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, Secretaría de Educación, “por la cual se acoge en su totalidad el acta de juzgamiento del concurso público de diseño adelantado para las bibliotecas sedes Parque El Tunal y El Tintal” (original, fl. 3, cdno. 3).

III. Problema jurídico

7. El análisis que a continuación adelantará la Sala habrá de absolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿se configura el fenómeno de caducidad del término para la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso concreto? (ii) ¿la decisión tomada por la entidad de declarar desierto el primer y segundo lugar del concurso de méritos para el anteproyecto de la biblioteca El Tintal y, en su lugar, calificar en el tercer puesto a la propuesta que obtuvo la más alta calificación y abstenerse de celebrar con este proponente el contrato, es contraria a las prescripciones legales y ha de ser sancionada con nulidad?

IV. Análisis de la Sala

8. La Sala estima que en el caso concreto no se configura el fenómeno procesal de la caducidad de la oportunidad para la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con la argumentación que a continuación se presenta:

8.1. En tratándose de la declaratoria de caducidad referida, la posición actual del Consejo de Estado, que resulta contraria a la que el tribunal a quo expuso en su decisión —párrafo 3.1—, indica que después de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, modificatoria del Código Contencioso Administrativo, el término para la interposición de la demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto a través de cual se declaraba desierta una licitación pública o un concurso, era de 30 días contados a partir de la fecha de la notificación del correspondiente acto administrativo. En efecto, el inciso segundo del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 indica que “Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación”. Sobre el particular, la Sala expuso:

… el acto administrativo que declara desierta la licitación también es de aquellos expedidos con ocasión de la actividad contractual, pues por su naturaleza, uno de los efectos de esa decisión es truncar el proceso contractual iniciado con anterioridad y por lo tanto sí es aplicable el inciso 2º del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual la Sala modifica su tesis anterior, según la cual dicho acto solo era demandable en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad establecido en el artículo 136, numeral 2º, es decir, de 4 meses.

En efecto, la posición anterior de la Sección Tercera aseveraba que el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo solo era aplicable a los actos precontractuales relacionados con la actividad contractual y excluía al que declaraba desierta la licitación, a pesar de ser precontractual, porque dicho acto manifiesta la voluntad de la administración de frustrar el procedimiento licitatorio o concursal, impidiendo la celebración del contrato, y por lo tanto no se profería con ocasión de la actividad contractual.

Para la Sala esa tesis resulta contraria al verdadero sentido de la ley, pues de la interpretación armónica de los artículos 24, 25 y 30 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, se evidencia que la intención del legislador no fue crear diferentes términos de caducidad o diversas acciones diferentes a la contractual para demandar los actos producidos durante la formación del contrato.

Si esto fuera así, el acto de adjudicación del contrato también tendría un término de caducidad diferente, pues el artículo 24 citado anteriormente lo incluye como aquellos expedidos durante la actividad contractual o con ocasión de ella de la misma forma en que trata el que declara desierto el proceso de escogencia.

Además es precisamente la actividad contractual la que da origen al acto de declaratoria de desierto de un proceso licitatorio o concursal pues si no fuera así, dicho acto no existiría toda vez que no habría lugar a su expedición porque ¿qué se haría frustrar o finalizar?

Entonces, no existe una razón legal de la cual se deduzca que el acto que declara desierto el proceso licitatorio o concursal tenga un término de caducidad diferente al consagrado en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que se trata de un acto expedido durante la actividad contractual y con ocasión de ella, que precisamente finaliza el proceso por las razones previstas en la Ley 80 de 1993.

Por consiguiente, se analizará si la demanda que pretende la nulidad del acto de adjudicación de contrato se presentó dentro del término de caducidad de 30 días previsto en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo(1).

8.2. En el caso concreto, el término debía principiar a contarse a partir del momento en que la entidad hubiera notificado al demandante el acto administrativo correspondiente, esto es, la Resolución 944 de la “Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá, D.C.”, de fecha 11 de marzo de 1999, “por la cual se acoge en su totalidad el acta de juzgamiento del concurso público de diseño adelantado para las bibliotecas sedes Parque El Tunal y El Tintal” —párrafo 6.11—.

8.3. En el expediente obra prueba de que el acto referido se le notificó personalmente al concursante Tectus Ltda., el cual ocupó el primer puesto para el diseño arquitectónico de la biblioteca del Tunal (copia auténtica, fl. 65, cdno. 2), pero no se evidencia que se haya notificado a los demás concursantes que tenían interés directo en lo que el acto prescribía, tal como era el caso de quienes ocuparon en relación con esa biblioteca el segundo y tercer lugar, Consorcio Gamboa Larrota Ovalle y María Lucía Barreto. El interés se desprende claramente de la circunstancia de que haber ocupado esos puestos en la clasificación final los hacía acreedores al reconocimiento de una suma económica y en tal sentido habrían debido ser notificados en la misma forma en que lo fue quien resultó ubicado en el primer puesto del diseño arquitectónico para la biblioteca de El Tunal. De acuerdo con el numeral “9.5 Liquidación de premios” de las bases del concurso —párrafo 6.1— al segundo premio le correspondía la suma $ 15.000.000 y al tercero, $ 8.760.000, los cuales habría de ser pagados dentro de los 15 días siguientes a la fecha del acta de proclamación, es decir, del 3 de marzo de 1999.

8.4. En lo que más relevante resulta para el caso, tampoco se acredita que se haya notificado esta resolución a Luis Enrique Reyes Beltrán, quien en condición de ganador del tercer puesto del concurso para el diseño de la biblioteca de El Tintal y acreedor de la suma de $ 8.760.000, debía ser notificado en la misma forma en que lo fue el concursante Tectus Ltda., de acuerdo con lo expuesto anteriormente. El tribunal a quo concluyó al respecto, que se había surtido la notificación por conducta concluyente, en consideración a que el arquitecto Reyes Beltrán, el 11 de marzo de 1999, hizo llegar a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y al Alcalde Mayor de Bogotá una comunicación por medio de la cual manifestó su inconformidad con la actuación del jurado, puesto que había cambiado su calificación del 20 de febrero, que era favorable para el proyecto que ellos presentaron, por una calificación del 3 de marzo, que declaraba desierto los primeros dos puestos del concurso —párrafo 6.10—. Es decir, en atención a que el demandante claramente conocía el contenido del “acta de juzgamiento del concurso para el diseño de las bibliotecas públicas sede El Tunal y sede El Tintal” del 3 de marzo de 1999, el término de caducidad debía comenzar a contarse desde el 11 de marzo de 1999 —párrafo 3.1—.

8.5. La Sala se aparta de la conclusión de la primera instancia, en atención a que el acta del 3 de marzo de 1999 del “jurado calificador” no constituye el acto administrativo a través del cual se vinculó jurídicamente al demandante, puesto que esa calidad la detenta la Resolución 944 “por la cual se acoge en su totalidad el acta de juzgamiento del concurso público de diseño adelantado para las bibliotecas sedes parque El Tunal y El Tintal”, expedida el 11 de marzo de 1999 por la “Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá, D.C.”, —párrafo 6.11—. Claramente, la resolución constituye el acto administrativo que genera efectos directos y definitivos sobre el arquitecto Reyes, y aun cuando acoge el acta de juzgamiento del 3 de marzo —cuyo contenido conocía el demandante desde el 11 de marzo—, jamás se puede afirmar que el conocimiento del acta implique una notificación por conducta concluyente de la resolución, en tanto que desde diferentes perspectivas se advierte la diferencia entre ellas: (i) formalmente, una cosa es el acta y otra la resolución, son dos textos independientes; (ii) sustancialmente, el acta no es un acto administrativo, mientras que la resolución sí; (iii) temporalmente, el acta es del 3 de marzo y la resolución del 11 de marzo; (iv) en relación con el creador, el acta proviene del jurado calificador y la resolución de la entidad estatal.

8.6. La única prueba que obra en el expediente, con base en la cual se podría colegir que el demandante conocía de la Resolución 944 del 11 de marzo de 1999 y que, en consecuencia, operaría la notificación por conducta concluyente, es la comunicación escrita que envió a la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá el 9 de julio de 1999, en ejercicio del derecho de petición, para solicitar que expidiera una copia auténtica del referido acto administrativo —párrafo 6.13—.

8.7. En ese orden de ideas, ante la falta de prueba de una notificación personal, habría de concluirse que operó la notificación por conducta concluyente el 9 de julio de 1999, y a partir de entonces se iniciaría a contar el término de 30 días para interponer la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, no se declararía la caducidad, porque la demanda fue presentada el 12 de julio de 1999 —párrafo 1—, mucho antes de que expirara el término correspondiente.

9. El pliego de condiciones, los términos de referencia o las bases del concurso constituyen una parte fundamental para la conformación del contrato estatal, pues comprenden, entre otras cosas, las exigencias que habrán de cumplir los proponentes. Frente a aquellos, los interesados en obtener la adjudicación del contrato presentan sus propuestas, las cuales serán analizadas por parte de la entidad para evaluar si se allanan a lo exigido en el pliego; en el supuesto en que la respuesta sea negativa se deberán descalificar y si es positiva, se continuará con el estudio para definir a quién se adjudicará el contrato. Al respecto, la Sala ha expresado:

El pliego de condiciones, los términos de referencia o las bases de la contratación directa, según el caso, constituyen los documentos en los cuales se encuentran contenidas tanto las condiciones para que los proponentes formulen sus ofertas, como aquellas reglas bajo las cuales se ejecutará el contrato. Es por esto que el pliego de condiciones —incluyendo sus adendas, cuando ellas son procedentes—, con sujeción al cual deben formularse las ofertas y realizarse la adjudicación, se erige en la ley del contrato, del cual, en rigor, aquel forma parte integral e inescindible, cuestión que pone en evidencia que dicho contrato se encuentra condicionado y permeado plenamente por el procedimiento administrativo previo que determinó su celebración y, especialmente, por las bases de la licitación o del concurso que le dieron origen, bases y condiciones que no se podrán desconocer, modificar o variar, sino acaso complementar para una mayor claridad y precisión del alcance del contrato y de los derechos y obligaciones de las partes… el pliego de condiciones tiene una doble e importante finalidad: de una parte constituye el fundamento de la oferta presentada por el contratista, quien debe acogerse estrictamente a sus reglas para proponer los costos del proyecto, los plazos de su ejecución, pero también, como resulta obvio, para calcular su utilidad o remuneración que, en últimas constituye el móvil que lo lleva a contratar y, de otra, en él se encuentran inmersas las condiciones de la futura contratación, toda vez que muchas de sus precisiones y previsiones se convierten en verdaderas cláusulas contractuales, las cuales permiten determinar los aspectos que llevaron a las partes a formalizar el acuerdo de voluntades y, sobre todo, han de ser útiles al momento de establecer el alcance de sus obligaciones o prestaciones, incluyendo los aspectos de índole técnico, económico y financiero. Así las cosas, tanto el pliego de condiciones como la propuesta del contratista constituyen documentos esenciales e indispensables para establecer en qué términos quedó pactada la ecuación económica contractual, es decir, en qué condiciones y alcances se pactó la equivalencia entre derechos y obligaciones de las partes, pues sólo a partir de su conocimiento es posible determinar si durante su ejecución la economía del contrato sufrió variaciones, como consecuencia de la modificación de sus presupuestos y de esta manera acudir a su restablecimiento(2).

Sobre la naturaleza jurídica de la propuesta que se formula por el particular interesado en la invitación de la administración, los estatutos contractuales y particularmente los pliegos de condiciones señalan los requisitos y formalidades que ésta debe atender, tales como los relativos al sujeto o calidades que debe reunir el potencial oferente, los del objeto, su forma, etc., y en general todos los pormenores que la administración exige para que ésta sea jurídicamente eficaz y válida, que lo será si se ajusta material y formalmente al pliego de condiciones. La propuesta implica un sometimiento al pliego de condiciones y quien propone es porque tiene conocimiento de éste y se somete a sus exigencias… la presentación de la oferta (acto jurídico del proponente) traduce una declaración de voluntad que tiene por fin inmediato establecer, crear y modificar derechos o relaciones jurídicas entre el proponente, el licitante y demás oferentes que participan en el procedimiento(3).

10. En el asunto sub judice, la Sala encuentra que las bases del concurso comprenden una serie de elementos objetivos y cuantificables que representan las pautas para la escogencia del contratista, en cumplimiento de los principios de contratación estatal de selección objetiva y transparencia.

10.1. En particular, el Decreto 2326 de 1995 —“por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 en cuanto a los concursos para la selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, se hace una adición al Decreto 1584 de 1994 y se dictan otras disposiciones”— en su artículo primero define el concurso de arquitectura, como “el procedimiento mediante el cual la entidad estatal, previa invitación pública y en igualdad de oportunidades, selecciona un consultor entre los proponentes interesados para elaborar diseños, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos”. En su artículo tercero define como una de las modalidades de concurso de arquitectura, de acuerdo con las características y el nivel de desarrollo correspondiente, la de anteproyecto, e indica que comprende “el acto mediante el cual la entidad estatal promotora solicita al organismo asesor elaborar las bases del concurso con el fin de obtener soluciones a nivel de anteproyecto de un tema arquitectónico y/o de diseño urbano, tales como edificación nueva, restauración, remodelación, proyectos urbanos, elementos de espacio público”. Así, el asunto sub judice encuentra tipificación legal, entre otras, en las normas referidas.

10.2. En las bases del concurso —párrafo 6.3—, el numeral “7.4. Funcionamiento de las bibliotecas” comprende con detalle, claridad y especificidad, la descripción de los “componentes principales” de la edificación, a saber: “sala adultos o sala general de lectura”, “sala infantil” y “área de extensión cultural”. Las bases determinan los “parámetros generales de diseño - aspectos funcionales y espaciales” en cada uno de los conceptos, todos mensurables: “proyección, altura, identidad, carácter, permanencia, flexibilidad, transparencia y control, ambientación, dotación, tecnología, seguridad, accesibilidad, implantación, iluminación, ventilación, acústica, materiales y acabados”. También se determinan las “condiciones especiales de funcionamiento de dependencias” para: “1) ingreso o hall principal” (donde se detalla lo concerniente al “hall general de acceso, mostrador principal, sala Bogotá, casilleros, unidad de baños”); “2) sala jóvenes y adultos” (con especificaciones sobre “hall de biblioteca, información, catálogo general, referencia general, área de lectura, sala general de lectura, circulación y préstamo, salas de lectura, depósito cerrado, sala virtual, sala de capacitación, videoteca y sonoteca, reprografía, hemeroteca”); “3) sala infantil” (en la cual se precisa “circulación y préstamo, sala de lectura infantil, sala de trabajo, sala multimedia”); “4) oficinas administrativas”; “5) extensión cultural” (con la descripción de “sala múltiple, auditorio, librería, locales comerciales y cafetería); “6) servicios generales” (donde se detalla “acceso a empleados, vestieres de hombres y mujeres, área de descargue). Las bases incorporan finalmente lo que corresponde a “áreas exteriores” y “portería”.

10.3. En tal sentido, la Sala aprecia que se cumple con las exigencias del artículo 15 del Decreto 2326 de 1995, en cuanto hace referencia a la conformación de los términos de referencia o bases del concurso(4).

11. El cargo principal formulado por el demandante consiste en que la Resolución 944 se aparta de lo que concluyó el jurado calificador en el acta del 20 de febrero de 1999 y que, en su lugar, acoge lo dispuesto por el mismo jurado en el acta del 3 de marzo de 1999, en contradicción con la anterior.

11.1. El jurado calificador ha sido definido por el numeral 3º, artículo 2º del Decreto 2326 de 1995, como “el cuerpo independiente que estudia, califica y recomienda la propuesta más idónea y favorable que se ajusta a las bases del concurso de arquitectura”, quien, entre otras obligaciones, de conformidad con el artículo 6º de la misma norma, tiene las de “estudiar y aceptar las bases del concurso de arquitectura como fundamento primordial para practica la calificación”; “emitir el concepto de las propuestas presentadas”; “dejar constancia en un acta del proceso de los criterios que el jurado calificador desarrolló para obtener el concepto emitido”; “hacer las observaciones que considere necesarias al trabajo ganador y a los que ocupen el segundo y tercer puesto”; “manifestar a la entidad estatal promotora la declaratoria de desierto el concurso de arquitectura, en caso que se presente el impedimento de la escogencia objetiva de que trata el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993”(5).

11.2. La Sala considera necesario recordar las características y el contenido de cada una de las actas señaladas, así como también las observaciones que fueron presentadas por parte de otro concursante, la arquitecta Clara Inés Rodríguez, al anteproyecto del arquitecto Reyes.

11.3. El acta del 20 de febrero —párrafo 6.2—: (i) se denomina “metodología y criterios empleados en el juzgamiento”; (ii) fue suscrita dentro del término indicado en las bases del concurso para el “juzgamiento”, el cual comprendía “desde febrero 17 de 1999 hasta febrero 21 de 1999” —párrafo 6.1—; (iii) en la primera parte del texto, el jurado calificador, no obstante que reconoce las bondades de los anteproyectos presentados para la biblioteca de El Tintal, critica que “varias propuestas” poseían “exceso en superficie construida, gran cantidad de elementos y transformaciones tan radicales que desproporcionaban los proyectos y se salían de los requerimientos establecidos en las bases del concurso y las características del lote y el lugar”; (iv) en la parte final del texto, el jurado calificador concluyó que “los proyectos ganadores de los primeros lugares para la biblioteca pública sede El Tunal y biblioteca sede El Tintal, respectivamente cumplen con las expectativas de la Secretaría de Educación del Distrito”. Además, las ponderó al señalar que aventajaban con amplitud a las demás propuestas y que presentaban un nivel importante de integralidad y desarrollo, para afirmar, finalmente, que “su construcción dará a la ciudad un hito arquitectónico, y a las bibliotecas unas instalaciones de alta calidad en los aspectos funcionales, estéticos y técnicos”; (v) comprende como anexo un documento llamado “informe de evaluación del jurado”, en el cual se enlista el nombre de los concursantes con los puntajes que cada uno de ellos recibió por concepto de implantación, funcionalidad, imagen y sistema de construcción, sin que en lugar alguno se exprese que tal o cual proyecto ocupó el primer, segundo o tercer lugar, pues se limita a presentar los nombres, los resultados parciales y totales —párrafo 6.3—; (vi) en relación con la biblioteca El Tunal, se aprecia que las propuestas mejor calificadas obtuvieron 100, 95 y 90 puntos, sobre un máximo de 100, mientras que las de la biblioteca El Tintal obtuvieron 79, 75 y 70 puntos.

11.4. Las observaciones de la arquitecta Rodríguez se formularon el 26 de febrero de 1999, dentro del período llamado “informe de evaluación en la sede de la SCA: Desde febrero 17 de 1999 hasta marzo 1º de 1999”, y estuvieron dirigidas a criticar el anteproyecto del arquitecto Reyes, principalmente, en relación con los siguientes puntos: (i) deficiencias en el diseño, respecto del acceso de carga, vehicular y peatonal; (ii) la necesidad de demoler el 30% de la estructura existente y la construcción de dos nuevos niveles, lo que daría lugar a consecuencias que no estaban calculadas, en relación con dependencia de energía, imprevistos, sobrecostos y problemas de inestabilidad; (iii) contrario a las bases del concurso, el anteproyecto desatiende las exigencias en cuanto hace referencia a completo acceso de los discapacitados a zonas de la mayor importancia; control visual sobre ciertas áreas; acústica, hall general de acceso, altura y área de descargue.

11.5. El acta del 3 de marzo —párrafo 6.7—: (i) se denomina “acta de juzgamiento del concurso para el diseño de las bibliotecas públicas sede El Tunal y sede El Tintal”; (ii) fue suscrita dentro del término indicado en las bases del concurso para la “proclamación de ganadores”, es decir, “marzo 3 de 1999”; (iii) en relación con los anteproyectos presentados para la biblioteca de El Tintal, indicó que tenían “problemas de carácter técnico, estructural y funcional”, razón por la cual se otorgó “un tope de calificación equivalente a un puntaje de 79 puntos sobre un máximo posible de 100 puntos”. En particular, a propósito de los tres proyectos que obtuvieron el puntaje más alto para El Tintal, concluyó que: a) el “sistema constructivo” presentaba “inconsistencias en el manejo específico de componentes estructurales que o bien compromete la estabilidad e integridad de la misma, o crean situaciones espaciales adversas a la arquitectura del edificio”; b) la “funcionalidad”, a pesar de que las necesidades de provisión de espacios se cumplían, “las condiciones específicas de ubicación, funcionamiento e interrelación entre estos, no reflejan un dominio integral del tema de bibliotecas”; c) el “paisajismo”, no obstante que se dio un manejo adecuado a la rampa como elemento característico, “los proyectos carecen de un planteamiento general con relación a la totalidad del entorno y su paisajismo de soporte”; d) en atención a lo anterior, se generaba “una duda razonable” en el jurado, en relación con “el cumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto”; (iv) en relación con los anteproyectos presentados para la biblioteca de El Tunal, se definió expresamente quiénes habían sido los vencedores del primero, segundo y tercer lugar, mientras que en relación con la biblioteca El Tintal, se declararon desiertos el primero y segundo lugar y se declaró que el arquitecto Reyes ocupaba el tercero.

11.6. De conformidad con el resumen de la Sala, se concluye que entre el acta del 20 de febrero y la del 3 de marzo hay importantes diferencias: El nombre del primer acta es “metodología y criterios empleados en el juzgamiento” y el de la segunda “acta de juzgamiento”, lo cual sugiere, desde la perspectiva del lenguaje, que la primera comprendía una etapa anterior del proceso y que la definitiva era la segunda. Este entendimiento se corrobora al apreciar que el acta del 20 de febrero era de presentación de los resultados que hasta el momento se habían dado y que no estableció un cuadro o listado en el cual se indicara qué proyectos habían ocupado los primeros lugares; por el contrario, el acta del 3 de marzo sí definió claramente los nombres de los concursantes que habían ocupado los primeros lugares: en el caso de El Tunal, el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente, correspondieron a Tectus Ltda., Consorcio Gamboa y María Lucía Barreto; en el caso de El Tintal, el primero y segundo puestos fueron declarados desiertos, mientras que el tercero correspondió a Luis Enrique Reyes Beltrán.

12. La primera calificación del jurado, de fecha 20 de febrero de 1999, fue modificada por la calificación final del 3 de marzo de 1999. El demandante ha señalado que la última, en tanto que comprendía un juzgamiento respecto de los anteproyectos, era extemporánea, puesto que el término para ello expiraba el 21 de febrero, y en ese orden de ideas la primera calificación no se podía modificar.

12.1. La Sala no está de acuerdo con esa afirmación porque después de que el comité o jurado ha rendido un concepto o juicio sobre las propuestas, la legislación nacional ha determinado que debe existir una oportunidad para que los concursantes formulen las observaciones correspondientes al juzgamiento de sus propias propuestas y de las de sus competidores. En efecto, el numeral 2º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, prescribe que en virtud del principio de transparencia, “en los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones”. Sobre el particular, la Sección ha expuesto:

… en los términos de esta disposición existe: (i) la obligación de poner en conocimiento los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, dentro de los cuales se encuentran los estudios de evaluación de las ofertas; (ii) el derecho de los proponentes participantes en el respectivo proceso de selección para conocerlos y controvertirlos; y, (iii) en consecuencia, el deber de establecer etapas en los procesos de contractuales que permitan el conocimiento de dichas actuaciones, de suerte que se posibilite el ejercicio de ese derecho contradicción que les otorga la ley, a través de la presentación de observaciones.

Para la Sala, esta norma del estatuto de contratación es imperativa y de orden público y su aplicación se refiere a todos los procesos contractuales, sin distinción de ninguna índole, con el propósito, reiterando su texto, de que los interesados tengan la oportunidad de conocer y controvertir los informes de evaluación que se emitan en relación con sus propuestas, en el evento en que consideren que presentan errores, deficiencias o equivocaciones que les perjudique e incidan en el orden de elegibilidad; es decir, garantiza su derecho de defensa y contradicción en este tipo de actuaciones administrativas, a la par que evita situaciones de secreto o clandestinidad durante el proceso de selección y sirve de instrumento de purificación en la toma de la decisión por parte de la administración pública, pues aquellos, a través de la formulación de observaciones, pueden advertir circunstancias que hubiesen pasado desapercibidas, en aras de contribuir a que se respete la legalidad de la adjudicación.

En suma, esta norma jurídica (L. 80/93, art. 24, Nº 2), como concepto básico del principio de transparencia, sin ambages, confiere un derecho a los proponentes a enterarse del contenido de la evaluación realizada por la entidad pública a sus ofertas; un derecho a expresar, exponer o formular las observaciones o reparos a que haya lugar y, por supuesto, un derecho a recibir respuesta en torno a las mismas antes de la adjudicación del contrato; pero, también, correlativamente impone una obligación de regular en los procedimientos de selección etapas que hagan posible el desarrollo de esos derechos, esto es, la publicidad y contradicción de los informes, conceptos y decisiones que se adopten en los procesos por parte de la administración, brindando así la oportunidad a los interesados de conocerlos y controvertirlos(6).

12.2. La consideración del numeral 2º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 como una norma imperativa —la cual encuentra soporte en la fuente constitucional(7) y en otras normas legales(8)—, implica que todo proceso de contratación estatal contará con una etapa en la cual los concursantes habrán de conocer los conceptos, informes y decisiones correspondientes, tendrán la oportunidad de controvertirlos y recibirán respuesta de las autoridades. En consecuencia, cuandoquiera que los pliegos, términos o bases del concurso se abstengan de disponer expresamente sobre el particular, la norma indicada entrará a hacer parte de ellos, en virtud del fenómeno jurídico denominado integración:

En general, con el término “integración” se hace referencia a formas de intervención sobre el contrato que van más allá del amplio desarrollo de la lógica de la declaración de los contratantes y que se agregan a su actividad en la construcción definitiva de sus obligaciones y derechos. En otros términos, el fenómeno de la integración debe ser entendido como el medio de intervención de la voluntad pública en las relaciones contractuales, lo cual significa que al lado de las determinaciones convencionales que tienen fundamento en el acuerdo de las partes, es necesario considerar las prescripciones que tienen título en la ley o en las otras fuentes externas a su acuerdo. Se habla de integración mediante normas imperativas, cuandoquiera que estas hacen parte del contrato y generan obligaciones y derechos para las partes, bien porque existe un vacío o laguna respecto de un tema preciso o, porque a pesar de que las partes dispusieron sobre el asunto en ejercicio de la autonomía, lo hicieron en contra de tales normas, las cuales en atención a su naturaleza no son susceptibles de modificación, ni menos aún de desestimación por los contrayentes, como lo define claramente el artículo 16 del Código Civil: “No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”. Así, normas que integran el contrato pueden asumir el carácter de inderogabilidad, es decir, normas imperativas, cuando tutelan un interés general prevalente sobre el de las partes, o también el interés de una parte contra la preeminente fuerza contractual de la otra(9).

12.3. En ese orden de ideas, si bien es cierto que dentro de las bases del concurso sub judice no se determinó explícitamente que con posterioridad a la evaluación o juzgamiento de las propuestas habría un período para las observaciones de los concursantes, la Sala encuentra que la norma imperativa en mención integra el contenido de las bases del concurso y permite que, bajo el numeral “6.1. Calendario del concurso”, se incorpore una etapa posterior a la de “Juzgamiento” en la que los concursantes conocen los conceptos del jurado calificador, tienen la oportunidad de controvertirlos y el derecho a recibir las respuestas a sus observaciones. Así lo entendió el jurado calificador al dar trámite a las observaciones, estudiarlas y responderlas.

12.4. En efecto, la arquitecta Rodríguez formuló sus observaciones el 26 de febrero de 1999, una fecha razonable en opinión de la Sala, dado que la etapa denominada “Informe de Evaluación en la sede de la SCA” tuvo lugar entre el 17 de febrero y el 1º de marzo de 1999. Sus observaciones fueron objetivas, serias y mensurables, pues hacían énfasis en que el anteproyecto del arquitecto Reyes no había cumplido con algunas de las exigencias de las bases del concurso —párrafo 6.5— y recibieron respuesta directa por parte del jurado calificador —párrafo 6.6—.

12.5. Así, el jurado calificador al momento de la “proclamación de ganadores”, 3 de marzo de 1999, última etapa del concurso, tuvo la oportunidad de volver sobre las consideraciones que había expuesto en el acta del 20 de febrero, en la cual se incorporaban apreciaciones positivas y negativas respecto de los anteproyectos para el diseño de la biblioteca de El Tintal y, con fundamento en las observaciones formuladas y en la ampliación de las apreciaciones negativas que tenía sobre los proyectos, concluyó que el primer y el segundo lugar se debían declarar desiertos y que el tercero correspondía al arquitecto Reyes. La Sala aprecia que el concepto del jurado analiza elementos objetivos y cuantificables, que constituían las exigencias de las bases del concurso, como son el sistema constructivo, la funcionalidad y el paisajismo, los cuales no se satisficieron con el anteproyecto del demandante.

13. El demandante tenía la carga argumentativa de demostrar que la Resolución 944 “por la cual se acoge en su totalidad el acta de juzgamiento del concurso público de diseño adelantado para las bibliotecas sedes parque El Tunal y El Tintal”, expedida el 11 de marzo de 1999 por la “Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá, D.C.” —párrafo 6.11— estaba afectada de invalidez, cuestión que no se logró en este proceso, puesto que, en opinión de la Sala, el análisis realizado por el jurado calificador y la decisión tomada por la entidad estatal estaban fundamentados en las normas legales. Así, el jurado calificador, en ejercicio de sus funciones, artículo 6º del Decreto 2326 de 1995, rindió el concepto correspondiente a los anteproyectos que se presentaron para la biblioteca El Tintal, el cual fue acogido, también en cumplimiento de sus funciones, por parte de la entidad estatal, quien procedió a declarar desiertos el primero y segundo lugar del concurso. En efecto, en atención a lo ordenado por el artículo 4º del Decreto 2326 de 1995 la entidad tiene, entre otras, la obligación de “aceptar o rechazar el fallo del jurado calificador” y la de “expedir el acto administrativo de declaratoria de desierto del concurso de arquitectura en los términos del numeral 7º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”(10), términos de conformidad con los cuales obró en el caso concreto.

14. Además de lo anterior, la Sala aprecia que la actividad que cumplió el jurado calificador al evaluar la materia específica del diseño arquitectónico, requiere de unas consideraciones especiales en atención a su naturaleza artística. En Colombia, la arquitectura constituye una profesión y un arte, de acuerdo con su definición legal, comprendida en el artículo 1º de la Ley 435 de 1998:

“Para todos los efectos legales, entiéndase por arquitectura, la profesión a nivel universitario, cuya formación consiste en el arte de diseñar y crear espacios, de construir obras materiales para el uso y comodidad de los seres humanos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente con un conjunto de principios técnicos y artísticos que regulan dicho arte. El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad desarrollada por los arquitectos en materia de diseño, construcción, ampliación, conservación, alteración o restauración de un edificio o de un grupo de edificios. Este ejercicio profesional incluye la planificación estratégica y del uso de la tierra, el urbanismo y el diseño urbano. En desarrollo de las anteriores actividades, el arquitecto puede realizar estudios preliminares, diseños, modelos, dibujos, especificaciones y documentación técnica, coordinación de documentación técnica y actividades de otros profesionales especializados, planificación, economía, coordinación, administración y vigilancia del proyecto y de la construcción.

14.1. En atención a ello, los concursos para la escogencia de un anteproyecto arquitectónico demandan que el jurado calificador, además de considerar los elementos mensurables y cuantificables contenidos en las bases del concurso, analice los elementos artísticos, estéticos y funcionales que necesariamente han de conjugarse con aquellos para elegir la mejor opción. En tal sentido, los parámetros objetivos comprendidos en las bases del concurso son el fundamento para la elaboración del diseño respectivo, y desde la perspectiva del juzgamiento, resultan los límites mínimos que deben ser acatados por parte de los concursantes. No obstante, el cumplimiento de tales parámetros, en cuanto que mínimos, jamás implica que haya de escogerse a todos los proyectos que los cumplan, puesto que habrá unos, dentro de ese rango, que brinden, de acuerdo con el juicio del jurado calificador, mejores soluciones desde la perspectiva artística, estética y funcional. Esto no implica que haya arbitrariedad del jurado calificador, puesto que su juzgamiento toma como punto de inicio la objetividad de la bases del concurso y de ahí en adelante, con un análisis ponderado que tiene en cuenta todos los elementos y necesidades, decide si hay lugar para premiar con el primer lugar a un proyecto, o si, por el contrario, se debe declarar desierto. 

14.2. En el caso concreto, el jurado calificador consideró que el primer puesto para la biblioteca El Tunal correspondía al concursante que había recibido 100 puntos sobre 100, mientras que respecto de la biblioteca El Tintal concluyó que la calificación más alta era de 79 puntos sobre 100, que si bien era suficiente para acceder al tercer premio no lo era para obtener el primero o el segundo, razón por la cual declaró estos dos últimos desiertos. Es decir, el jurado consideró que el proyecto era valioso, pero no lo suficiente como para destinar los recursos públicos a una construcción que no obstante cumplir con los requerimientos mínimos, tenía “problemas de carácter técnico, estructural y funcional”, debidamente descritos en el acta del 3 de marzo de 1999, los cuales se sumaron a la inquietud que se cernía sobre el jurado acerca de las posibilidades de que el arquitecto Reyes no cumpliera con los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto, a saber: en las bases del concurso “3.3. Criterios de calificación” se exigía que los planos completos estuvieran listos dentro de los cinco meses siguientes a la firma del contrato y que el sistema constructivo debía permitir la construcción del edificio en un término máximo de once meses. Es cierto que la calificación de 79 puntos sobre 100 no estaba comprendida dentro de las bases del concurso como una causal para declarar desierta la licitación, puesto que no se estableció un límite inferior de calificación para adjudicar el contrato, pero no por ello la entidad se encontraba obligada a celebrar un contrato con un concursante que no cumplía con las exigencias del jurado calificador. 

15. La Sala aprecia que el anteproyecto del arquitecto Reyes no reunía las condiciones para que le fuera adjudicado el contrato y en el mismo sentido aprecia que tampoco las reunía para que se le concediera el tercer lugar.

15.1. El tercer lugar, de acuerdo con lo expuesto por el propio jurado, conllevaba la posibilidad de realizar la obra, tal y como se puede concluir del acta del 20 de febrero de 1999, en cuya parte final se estableció que los proyectos que fueran recomendados para el segundo y tercer lugar debían cumplir con los criterios y pautas de evaluación, puesto que podrían llegar a reemplazar el proyecto ganador si este no pudiera ser ejecutado por alguna razón —párrafo 6.2—. Lo anterior guarda consonancia con lo prescrito en el artículo 4º del Decreto 2326 de 1995, en el cual se indica que en aquellos supuestos en los que el contrato no se firmare con el ganador dentro del plazo señalado en los términos de referencia, la entidad estatal lo podría celebrar con el segundo o tercero lugar, de acuerdo con el orden de calificación del jurado. En las bases del concurso, en el último aparte del numeral “5.6. Obligaciones de la Secretaría de Educación, SED, con el ganador”, se reproduce lo dispuesto en la norma —párrafo 6.1—.

15.2. En ese orden de ideas, dado que a lo largo del proceso se ha acreditado que el anteproyecto del arquitecto Reyes no cumplía con las exigencias de las bases del concurso para acceder a los dos primeros lugares y que por tal razón se declararon desiertos, la Sala concluye que tampoco las cumplía para obtener el tercer lugar. No obstante, habida consideración del principio de la no reformatio in pejus, no es posible hacer más gravosa la situación del apelante único, es decir, de Luis Enrique Reyes Beltrán, razón por la cual esta providencia limita a lo dicho hasta ahora sus consideraciones sobre el particular.

16. Finalmente, no representa irregularidad alguna que el jurado calificador haya cambiado su concepto entre el 20 de febrero y el 3 de marzo, puesto que el juicio que emite un jurado antes de recibir las observaciones de los demás concursantes y de profundizar en sus propios análisis, es susceptible de modificación, sin que esto implique abrir un espacio para la arbitrariedad, puesto que para darse el cambio en el concepto deben presentarse los argumentos de índole objetivo y funcional que lo justifiquen, como ocurrió específicamente en el asunto sometido a la decisión de la Sala. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2003, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente—Stella Conto Díaz del Castillo.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 2 de agosto de 2006, expediente 30141, C.P. Ramiro Saavedra (1).

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, expediente 15475, C.P. Mauricio Fajardo (2).

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de febrero de 2000, expediente 10399, Actor: CEM Ltda., C.P. Ricardo Hoyos (3).

(4) “ART. 15.—Términos de referencia o bases del concurso. Los pliegos de condiciones o términos de referencia de que trata la Ley 80 de 1993, son las bases del concurso para efectos del presente decreto. Estos deberán contener como mínimo: a) Los requisitos objetivos que se deben reunir para participar en el concurso de arquitectura. La entidad estatal promotora podrá elaborar directamente los términos de referencia o bases del concurso o encargar su elaboración a una entidad con conocimientos especializados como lo es la Sociedad Colombiana de Arquitectos; b) La modalidad del concurso de arquitectura; c) Las condiciones que deben reunir los proponentes; d) El nombre de la entidad estatal promotora y de su asesor; e) El nombre programa de necesidades y requerimientos materia del concurso que debe elaborar; f) El nombre del asesor como lo ordena el número 2 del artículo 4º del presente decreto; g) El nombre del asesor del organismo asesor; h) El lugar, fecha, hora y forma de entrega de las propuestas; i) El lugar de entrega o envío de las consultas; j) La definición acerca del número de rondas del concurso; k) Los premios y sus valores, de acuerdo con el reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. l) El plazo para la firma del contrato a celebrarse entre la entidad estatal promotora y el ganador del concurso, en desarrollo de lo establecido en el número 12, artículo3 0 (sic) de la Ley 80/93”.

(5) “Ley 80 de 1993, artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: 18. La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión”.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 1º de abril de 2009, expediente 36.476, C.P. Ruth Stella Correa.

(7) Constitución Política: “artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…)”.

(8) Código Contencioso Administrativo: “artículo 3º. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. (…). En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales”.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente 18837, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) Ley 80 de 1993, “artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 7. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia.