Sentencia 1999-02003 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 76001-23-31-000-1999-02003-01(30492)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Francisco Rodrigo Valencia Giraldo y otros

Demandado: Municipio de Sevilla

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D. C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

21 Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de 13 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negó la totalidad de las pretensiones de la demanda.

22 La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente(6), excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, en aplicación del Decreto 597 de 1988.

2. Aspectos procesales previos.

23 La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo advierte las siguientes cuestiones procesales respecto de las cuales procede pronunciarse: 1) la legitimación en la causa por activa; 2) el valor probatorio de los documentos aportados en copia simple; 3) el valor probatorio de los documentos aportados mediante prueba trasladada; 4) la perención en materia contencioso administrativa; y 5) el embargo de derechos litigiosos.

2.1. La legitimación en la causa por activa.

24 Se trata de un aspecto procesal que oficiosamente el juez contencioso administrativo puede examinar sin que haya lugar a vulnerar lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, ni el principio de la no reformatio in pejus, y menos el precedente de unificación de la Sección Tercera, esto es, la sentencia de 9 de febrero de 2012 (expediente 21060).

2.1.1. La legitimación en la causa conceptualmente.

25 En la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, corresponde a la Sala, antes de considerar las pretensiones planteadas en el libelo introductorio, analizar la legitimidad para obrar dentro del proceso de la parte actora o de quien acude como demandado y su interés jurídico en la pretensión procesal, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o a las demandadas(7).

25.1 En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a esta como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(8). De forma tal que, cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas(9).

25.2 Dentro del concepto de legitimación en la causa se vislumbra la legitimación de hecho(10), originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio(11). En tanto que, la legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad de damnificado para así obtener una sentencia favorable a las pretensiones declarativas de responsabilidad e indemnizatorias de la demanda(12).

25.3 De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la legitimación en la causa, en su sentido más general, se entiende como el interés que presenta una persona frente a una situación jurídica específica, que le permite asistir a un proceso en la calidad de parte con el fin de defender sus intereses respecto de la creación, modificación o extinción de obligaciones que surja como efecto de la decisión tomada en el mismo(13).

25.4 En contraposición a lo anterior, la ausencia de legitimación en la causa se presenta cuando el sujeto no presenta ni siquiera un interés mediato respecto de lo debatido en el proceso, por lo cual su asistencia a este se hace innecesaria e impertinente(14).

2.1.2. La legitimación en la causa por activa en el caso concreto: la calidad de propietario del bien mueble objeto del daño por parte del demandante se encuentra acreditada.

26 De conformidad con lo expuesto en párrafos anteriores y previo al análisis de fondo del objeto de impugnación presentado por la parte demandante, esta Subsección verificará que se encuentra plenamente acreditada la calidad de víctima que el actor adujo en la demanda, pues conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar los presupuestos de hecho o la calidad en que fundamentan sus pretensiones.

27 Para tal efecto, la Sala considera necesario recordar que al presente proceso acudió como demandante Francisco Rodrigo Valencia Giraldo, afirmándose en los hechos que el actor era propietario del vehículo de placas ZVL-301, de marca Toyota, modelo 1995, color rojo, tipo estacas, motor Nº 1FZ-0123253, chasis y serie Nº FZJ75-0020163, el cual fue objeto de inmovilización por parte de la Policía Nacional - Seccional de Sevilla el día 30 de septiembre de 1997, por cuanto dicho automotor figuraba como hurtado en el municipio de Caldas - Antioquia.

28 Con el fin de establecer si la legitimación de hecho se acreditó dentro del proceso, de forma tal que se consolide la legitimación material para decidir acerca de las pretensiones de la demanda y su resolución por el a quo en la sentencia de primera instancia, corresponde a la parte demandante demostrar la existencia del derecho real alegado en cabeza suyo sobre el vehículo identificado con placas ZVL-301, para lo cual se expone el siguiente análisis.

2.1.2.1. La teoría del título y modo de adquisición del derecho real de dominio sobre vehículos automotores.

29 Tratándose del derecho real de dominio, el sistema civil colombiano requiere para su perfeccionamiento que converjan el título y el modo, es decir, que para radicar la propiedad en cabeza de alguien, es necesario, en primer lugar, que exista un título(15) otorgado con la finalidad de transferir el dominio de una persona a otra, y, posteriormente, que esa transferencia se perfeccione mediante la efectiva entrega o tradición de la cosa. Recogiendo las definiciones ofrecidas por el profesor José J. Gómez, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha precisado:

“(…) como se sabe, en el derecho civil se distinguen claramente las nociones de título y modo. Así, el primero es el hecho del hombre o la sola ley que establece obligaciones o lo faculta para la adquisición de los derechos reales, conforme lo ha establecido desde antiguo la doctrina universal, al paso que el segundo es la manera como se ejecuta o realiza el título. Y en virtud de estos dos fenómenos los particulares pueden adquirir el derecho de dominio sobre las cosas”(16).

29.1 De acuerdo con lo anterior, el derecho real nace de la suma de dos momentos, el primero de ellos, la formación del título que en tratándose de bienes muebles, como es el caso de los automotores, no requiere solemnidad alguna y puede ir contenido en la ley, en un contrato, escrito o verbal, o en un acto administrativo o judicial, los cuales constituyen fuente de obligaciones, y por lo tanto no tienen la virtud, per se, de transferir el derecho real de dominio, como sí la tradición(17), que es, precisamente, donde se presenta un segundo momento, correspondiente a la verificación del modo(18), es decir de la tradición(19), que en relación con los vehículos automotores ha mostrado la evolución normativa y jurisprudencial, que a continuación se expone.

29.2 Bajo el imperio del texto original del Decreto-Ley 1344 de 4 de agosto de 1970, se definió el registro nacional automotor y el registro terrestre automotor, en los siguientes términos:

“ART. 2º—Para la interpretación y aplicación del presente código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.

Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros” (resaltado fuera de texto).

29.3 En ese entendido, se consideraba que la inscripción en el registro automotor surtía efectos de publicidad y oponibilidad, pues el legislador no dispuso que con él se surtiera efecto alguno entre las partes sino ante las autoridades y terceros, por lo cual no podría decirse que este constituía el modo de transferir el dominio o propiedad del bien.

29.4 Es así, que bajo el Decreto 1344 de 1970 el derecho real de dominio o propiedad se adquiría con la conjunción del título, correspondiente a la ley, el contrato u acto judicial o administrativo traslaticio de dominio, y el modo-tradición, que se efectuaba con la entrega real y material que del bien hiciera el tradente al adquirente, por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 754 de nuestro ordenamiento civil(20).

29.5 Posteriormente, con el Decreto-Ley 2157 de 1970, por medio del cual se dictaron normas sobre el régimen jurídico de los vehículos automotores, se derogaron los decretos 1255 de 1970 y 2059 de 1970, con entrada en vigencia desde 1º de enero de 1971, se dispuso que los propietarios o poseedores regulares de vehículos automotores terrestres, dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de ese decreto, presentarían al Instituto Nacional de Transportes, directamente o por conducto de las oficinas de tránsito correspondientes, una solicitud para ser incluidos en el inventario nacional automotor y a partir de la vigencia de este decreto todo acto o contrato que implicara tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción de dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre un vehículo automotor terrestre, debía presentarse por los interesados ante las autoridades de tránsito, para que surtiera efectos ante ellas, quienes dejarían constancia de la inscripción en el acto o contrato y darían aviso al instituto nacional del transporte(21).

29.6 Frente a la consensualidad de los negocios jurídicos que recaen sobre automotores, en su calidad de bienes muebles, debe anotarse que mediante Decreto-Ley 1255 de 1970, el ejecutivo con facultades extraordinarias, pretendió que se elevara a escritura pública todo acto o contrato que tuviera por objeto la constitución, modificación, extinción o limitación de derechos reales que recayeran sobre ellos, para reputarlo perfecto, y que la tradición se efectuara con la inscripción del título en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no obstante, dadas las dificultares para su implementación, este decreto fue suspendido mediante el Decreto-Ley 3059 del mismo año y derogado mediante el Decreto 2157 de 1970.

29.7 En el mismo sentido, se profirió el Decreto-Ley 1250 de 1970 por medio del cual se expidió el estatuto de registro de instrumentos públicos, donde se incluyeron normas que versaban sobre bienes raíces y sobre vehículos automotores terrestres, pero mediante el Decreto 2059 de 1970 se suspendió su aplicación en lo relacionado con los automotores y finalmente mediante el 2157 del mismo año se derogaron estas disposiciones, quedando vigente únicamente en lo relacionado al registro de la propiedad inmobiliaria, razón por la cual el registro de los tan mencionados bienes muebles no podía llevarse mediante la inscripción en el registro de instrumentos públicos, porque esta solemnidad (la escritura pública) frente a los automotores nunca estuvo vigente, por lo cual, no podían aplicarse a estos bienes las disposiciones del Decreto 1250 de 1970, que como su nombre lo indica, estaba dirigido al registro de instrumentos públicos.

29.8 Con el Decreto-Ley 1809 de 1990 se introdujeron reformas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de la época – Decreto-Ley 1344 de 1970, y mediante la modificación del artículo 88 se vino establecerse, ya no como mera definición sino como parte del articulado, que el registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él debía inscribirse todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implicara constitución declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtiera efectos ante las autoridades y ante terceros, encargando al Instituto Nacional de Transporte de reglamentar la forma en que funcionaria y se llevaría el registro terrestre automotor(22).

29.9 Con la expedición del Decreto-Ley 1809 de 1990 el legislador tampoco dio efectos de tradir la propiedad al registro de automotores. Por el contrario, la connotación, fuera de la publicidad y oponibilidad del registro, sigue siendo un instrumento de control para las autoridades que por este medio consiguen determinar o individualizar los automotores nacionales que transitan por el territorio y a sus titulares, razón por la cual se estableció que no serían objeto de registro los vehículos y la maquinaria que por sus características no puedan transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público.

29.10 En este entendido, la Sala, en reiterada jurisprudencia, al juzgar hechos sucedidos en vigencia de la citada normatividad, sostuvo que:

“La exigencia de la inscripción de los vehículos en un registro público tiene por objeto permitir el control que debe ejercer el Estado sobre una actividad de interés general, que representa un avance en el desarrollo social, pero que a su vez contiene una potencialidad destructiva que debe ser mantenida dentro de estrictos límites.

La inscripción de un vehículo y de cualquier acto de disposición sobre el mismo en el registro automotor no es constitutiva de ningún derecho, es declarativa del mismo y por lo tanto, puede ser desvirtuada a través de otros medios probatorios”(23).

29.11 Al respecto, vale la pena referirse a los principios que rigen el valor jurídico de las anotaciones o inscripción en el registro de la propiedad, a saber “declarativo(24) o constitutivo” entendiendo por inscripción declarativa

“(…) aquella que no tiene más efecto que publicar una alteración jurídica (…) que se ha producido en la vida real antes de la inscripción; ella se limita a recoger los elementos jurídicos que dan vida al derecho real, sin añadir un valor especial por sí misma. El derecho real nace y existe fuera del registro, y las inscripciones que en él se practican se refieren a derechos reales ya existentes, razón por la que carece de toda eficacia para el nacimiento, existencia y validez del mismo. La inscripción asume el valor de simple medio exteriorizador o de publicidad de una transferencia o gravamen ya operado en la realidad jurídica, no hace más que declarar un cambio jurídico patrimonial que ha ocurrido fuera del registro”(25).

29.12 Por el contrario, la declaración es constitutiva cuando conlleva el nacimiento del derecho real, es decir, que ella origina la propiedad en cabeza del adquirente, en este sentido Caicedo Escobar la define como:

“(…) la inscripción es constitutiva cuando produce el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales (…). El registro es la institución que de la vida a los derechos reales mediante formas esenciales para el nacimiento de los mismos. La inscripción asume el valor de factor, elemento o requisito indispensable para que el título traslaticio de dominio o constitutivo produzca ese efecto. El asiento no sirve únicamente para exteriorizar la existencia de una transmisión o gravamen, sino que también concurre como un elemento esencial para que el fenómeno traslaticio o constitutivo tenga lugar en la vida jurídica. Es decir, es requisito sine qua non para que se produzca el cambio en el derecho real”(26).

29.13 Entre los decretos 1344 de 1970 y 1809 de 1990, y con la entrada en vigencia del Código de Comercio – Decreto-Ley 410 de 27 de marzo de 1971, que empezó a regir a partir del 1º de enero de 1972, teniendo en cuenta especialmente lo prescrito en el parágrafo del artículo 922, se estableció que la tradición del dominio de los vehículos automotores se hiciera, al igual que la de los inmuebles, mediante la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro, ante el funcionario y en la forma que determinaran las disposiciones legales, requiriendo, además, la entrega material.

29.14 Ahora bien, para regular el registro terrestre automotor se expidió la Ley 53 de 1989 que le asignó al Instituto Nacional de Tránsito la labor de adelantar el inventario nacional automotor y la de llevar el registro terrestre automotor, recogiendo en su artículo 6º la definición casi textual presentada por el Decreto 1344 de 1970:

“El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”.

29.15 Luego, con la expedición de la Ley 53 de 1989 el legislador definió la institución del registro terrestre automotor sin otorgarle la facultad de tradir la propiedad, sino que solo creó la obligación de inscribir en él todo acto o contrato que implicara tradición, incurriendo con ello en la imprecisión de afirmar que los actos o contratos implican tradición por cuanto ellos solo son el título del cual se deriva la obligación de “dar” mediante la entrega o tradición del bien.

29.16 Frente al anterior desarrollo normativo, y con la aplicación del artículo 922 del Código de Comercio, la jurisprudencia presentó diferentes planteamientos, teniendo en cuenta, que ello afectaba el ámbito probatorio del derecho real, para acreditar la legitimación en la causa cuando se alegara la propiedad de automóviles:

“El contrato de compraventa de un vehículo automotor es consensual en el derecho colombiano. Dicho contrato constituye así el título adquisitivo del dominio. Pero como este, por sí solo, no transfiere la propiedad, se requiere la concurrencia de la tradición o modo de adquirir ese derecho, el que para tales muebles no es el ordinario propio de estos (C.C., art. 754), sino el especial exigido por el artículo 922 del Código de Comercio.

Quiso el legislador rodear esa tradición de una mayor solemnidad hasta el punto de hacerla similar a la exigida para la transferencia de inmuebles. En esa forma la inscripción de los automotores cumple, fuera de la finalidad anotada, otros efectos de alcance administrativo, impositivo y de publicidad, dada la importancia que para la economía nacional tiene el parque automotor.

Contra lo que sucede en los contratos consensuales de muebles en general, la compraventa de un vehículo automotor impone al vendedor una obligación de hacer adicional, cual es la de traditar el objeto vendido mediante la inscripción en la oficina de tránsito correspondiente. La prueba del dominio para fines de legitimación puede ser, entonces, la certificación de la oficina de tránsito en la que esté inscrito el automotor; o también la copia autenticada de la matrícula o tarjeta de propiedad; prueba esta que proporciona una gran certeza porque su expedición está precedida, como lo dijo la Corte ‘de la previa comprobación de su derecho por parte del dueño del vehículo y el cumplimiento de los demás requisitos legales exigidos para expedir el permiso o licencia para que el aparato pueda transitar’ (Sentencia de julio 21 de 1971). En otros términos, esa matrícula prueba que la inscripción del título de dominio se efectuó y que se hizo a nombre de la persona que figura en ella”(27).

29.17 Aunque con estos argumentos se evidencia la equivocación al afirmar que la tradición es una obligación de hacer del vendedor, ya que por el contrario ella encarna la obligación de dar(28) que nace del contrato de compraventa en cabeza del vendedor(29), observa la Sala que la aplicación del artículo 922 del Código de Comercio, se extiende a todos los vehículos automotores sin diferenciar si su título pertenece al ámbito del derecho civil o comercial:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (D.L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”(30).

29.18 En contradicción a esta postura, se interpretó la existencia de una dualidad de regímenes, dependiendo de si se trataba de un negocio civil o comercial. En ese sentido la jurisprudencia sostiene:

“En efecto, si se trata de un contrato civil, la tradición se realiza conforme lo establecido en el artículo 754 del Código Civil, esto es, con la manifestación que una de las partes haga a la otra de que le trasfiere el dominio del bien, a través de los medios que señala la norma. En tal evento, el registro del título de adquisición ante el funcionario que indique la ley, no tiene efectos sobre el acto de tradición en sí, sino que constituye una forma de publicidad del mismo, que tiene entre sus fines permitir un mejor control del Estado sobre la actividad de conducción de vehículos y generar confianza pública en las relaciones jurídicas en las que sean objeto dichos bienes.

Diferente es la situación jurídica cuando se trata de enajenación de vehículos automotores destinados al transporte público, pues en tal caso, la compra y venta de los mismos constituirán actos de comercio y su tradición, de acuerdo con la ley mercantil se realiza con la inscripción del título en la oficina correspondiente. En efecto, el artículo 20 numeral 18 del Código de Comercio establece que son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios y el artículo 922 ibídem establece que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes.

Dicha inscripción debía realizarse, según lo previsto en el Decreto 1344 de 1970, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, en las oficinas de tránsito correspondientes y solo verificado ese acto podía expedirse la licencia de tránsito”(31).

29.19 Es decir, que cuando el título que genera la obligación de transferir el dominio configuraba un negocio civil, se aplicaban las formas de tradición contenidas en el citado artículo 754 del Código Civil. En cambio, si el título configuraba un acto mercantil, la tradición debía efectuarse mediante la inscripción en la correspondiente oficina de registro y de conformidad con cada uno de ellos habría de acreditarse la propiedad de los automotores”.

29.20 Esta discusión se zanja con la entrada en vigencia de la Ley 769 de 2002, que en su artículo 47 establece que para la tradición del dominio de los vehículos automotores, además de su entrega material, debe surtirse su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, la cual debe efectuarse dentro de los 60 días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.

29.21 De esta manera se introduce, definitivamente, y sin lugar a dudas, dentro del ordenamiento civil-comercial colombiano, la formalidad de la inscripción en el registro terrestre automotor de los títulos de adquisición(32) de bienes automotores para efectuar la tradición de estos, incluyendo toda maquinaria capaz de desplazarse, los remolques y los semirremolques. De manera que mientras no se lleve a cabo la inscripción en el registro nacional automotor en la correspondiente oficina del Ministerio de Transporte, el derecho de dominio no se habrá transferido por falta del modo, es decir que no habrá tradición.

29.22 Debe anotarse que el registro terrestre automotor es un servicio público establecido por el legislador, de conformidad con la facultad constitucional contemplada en el artículo 131 de la Carta Magna, según el cual compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los registradores, de manera que es la ley la encargada de definir y determinar la forma, los fines y los efectos de la inscripción en el registro público, ya sea de automotores o inmobiliario.

29.23 En consecuencia, en razón a la formalidad de la inscripción en el registro terrestre automotor, ha de afirmarse que la tradición de un vehículo automotor, cuando sea aplicable la Ley 769 de 2002, solo nace con la inscripción en el registro terrestre automotor y se prueba, entonces, mediante el certificado expedido por la dicha autoridad, donde conste la inscripción y por lo tanto la tradición, asimilándose, entonces, al registro inmobiliario.

29.24 Respecto al título, en atención a la consensualidad de los contratos cuyo objeto es un bien automotor, los medios para demostrar su existencia no están supeditados, en principio, a una tarifa legal, por el contrario el juez puede admitir todos los medios de prueba y valorarlas según su ciencia y conocimiento hasta obtener la acreditación de la existencia del contrato. No ocurre así, con los contratos solemnes, cual es el caso de aquellos que recaen sobre bienes inmuebles, frente a los cuales, el ordenamiento legal ha establecido para su formación y perfeccionamiento el otorgamiento de escritura pública que contenga la voluntad de las partes y los elementos esenciales del negocio, de manera que solo mediante este instrumento podrá probarse la existencia de un contrato cuyo objeto es un bien raíz, así lo estipula el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, que limita la eficacia del testimonio al establecer que este medio probatorio no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato, en concordancia con el 265 ibídem que estatuye que el instrumento público ad substantiam actus no puede suplirse por otra prueba, y el 1760 ibídem que establece que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad.

29.25 En conclusión, solo con la Ley 769 de 2002 la institución del registro de vehículos automotores, adquiere la plena calidad de ser constitutivo de la tradición, pues si bien con la entrada en vigencia del Código de Comercio se estableció dicha formalidad, ella no ofrecía claridad, ya que como se mostró generaba la discusión sobre si esta norma se aplicaba únicamente en el tráfico mercantil o si, por el contrario, era extensiva a los actos civiles. Pero en cuanto a la prueba de la propiedad, se concluye que con la entrada en vigencia del Decreto 1809 de 1990, el registro terrestre automotor es la prueba idónea para determinar la propiedad(33), toda vez que este es el contentivo de todos los datos necesarios para tal efecto y, además, refleja la situación jurídica de los vehículos automotores terrestres.

29.25 Ahora bien, con el fin de acreditar la propiedad que ostenta del vehículo identificado con placas ZVL-301, de marca Toyota, modelo 1995, color rojo, tipo estacas, motor Nº 1FZ-0123253, chasis y serie Nº FZJ75-0020163, el demandante allega al proceso los siguientes documentos:

29.26.1 Copia simple del certificado de tradición expedido por el Ministerio de Transporte- Secretaría de Tránsito y Transporte de Sevilla Valle el 3 de octubre de 1997, según el cual (fl. 2 cdno. 1):

“Placas: ZVL 301

Clase: Camioneta Marca: Toyota Modelo 1.995

Cilindraje: 4.500 Tipo: Estacas Color: Rojo

Capacidad: 01 TN. Motor: 1FZ-0123253 Chasis: FZJ75-0020163

Serie: FZJ75-0020163 Aduana: Envigado Manifiesto: 110100564

Fecha: 31-10-95 Factura: 377 0181 Fecha: Dic.-20-95

Casa vendedora: Agrícola Automotriz Ltda.

Propietario: Francisco Rodrigo Valencia C.C. 2.633.299 de Sevilla desde el 24 de junio de 1997

Residente en: Cra. 49 Nº 54-75 Ciudad: Sevilla

Limitación: No a favor de

Pendientes: No

Embargos: No

Propietarios anteriores:

1. Luis Antonio Ocampo López C.C. 10.533.895” (resaltado fuera del texto).

29.26.2 Copia auténtica de la licencia de tránsito Nº 95-004648 expedida el 24 de junio de 1997, por el Ministerio de Transporte - Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre automotor, en el que consta que el vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995, clase de vehículo camioneta, color rojo, de servicio particular, carrocería estacas, números de motor 1FZ-0123253, de serie FZJ-0020163 y de chasis EZJ75-0020163 es de propiedad del señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo, identificado con cedula de ciudadanía 2.633.299 (fl. 4 cdno. 1 y fl. 13 cdno. 3).

29.26.3 Copia auténtica del recibo oficial de pago Nº 18918 de 24 de junio de 1997 expedido por el municipio de Sevilla y en el que consta que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo pagó la suma de $20.200 por concepto de cambio de dueño del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995 (fl. 5 cdno. 1 y fl. 15 cdno. 3).

29.26.4. Copia auténtica de promesa de compraventa de vehículo automotor en la que consta (fl. 8 cdno. 1 y fl. 18 cdno. 3):

“Vendedor: Luis Antonio Ocampo López 10.533.895 Popayán.

Comprador (es): Francisco Rodrigo Valencia Giraldo

2.633.299 Sevilla.

Domicilio contractual: Cra. 26 Nº 29-21 Tuluá Teléfono 252813

Residencia de los compradores: Cra. 47 Nº 53-36 barrio Fundadores Sevilla

Primera. EL VENDEDOR compromete a transferir a el (los) COMPRADOR (es) a título de venta, y estos adquieren de aquel la propiedad del vehículo automotor que a continuación se identifica:

Clase: Camioneta Marca: Toyota Modelo: 1995

Tipo de carrocería: Estacas Color: Rojo Nº Motor: IFZ-0123253

Nº de chasis: FZJ75-0020163 Nº de serie: FZJ75-0020163 Nº puertas: 2

Capacidad: 1 tonelada Fecha de expedición Acta o manifiesto Nº

Ciudad Fecha Sitio de matrícula: Sevilla V.

Placa Nº ZVL-301 Servicio: Particular Seguro

Propietario: Luis Antonio Ocampo Lopez Cédula Nº 10.533.895

Segunda. PRECIO. Como precio del automotor descrito, las partes han acordado la suma de: veinticuatro millones seiscientos mil pesos ($24.600.000.oo)

Tercera. Forma de pago. El comprador se compromete a pagar el precio a que se refiere la cláusula anterior en la siguiente forma: al día $10.600.000.oo diez millones seiscientos mil, y los catorce millones ($14.000.000.oo) restante en 7 letras de cambio de dos millones ($2.000.000.oo) de pesos cada, con un interés del 2.5% mensual.

Cuarta. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. El vendedor se obliga hacer entrega del vehículo en buen estado, libre de gravámenes, embargos, multas, impuestos, pactos de reserva de dominio y cualquiera otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente contrato. Igualmente, el VENDEDOR se obliga a realizar las gestiones de traspaso a más tardar dentro de los (…) días posteriores a la firma del presente escrito.

Quinta. RESERVA DE DOMINIO. El vendedor se reserva la propiedad del vehículo identificado en la cláusula primera, hasta el momento en que se pague el precio estipulado en su totalidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 952 del Código de Comercio.

Sexta. CLÁUSULA PENAL. Las partes establecen como sanción pecuniaria a cargo de quien incumpla una cualquiera de las estipulaciones derivadas de este acto jurídico la suma de: un millón de pesos moneda corriente ($1.000.000.oo), cantidad de la cual será acreedora la otra.

Séptima (…)”.

29.26.5. Copia auténtica de la póliza de seguro Nº 291 0301728 0 expedida el 24 de junio de 1997 por la Compañía de Seguros S.A. Ganaseguros y la que constaba que el vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, tipo estacas, de servicio particular, con números de motor 1FZ 0123253, de chasis EZJ75-0020163 y de propiedad del señor Rodrigo Francisco Valencia, se encontraba asegurado desde el día 24 de junio de 1997 hasta el 24 de junio de 1998 (fl. 6 cdno. 1 y fl. 16 cdno. 3).

29.26.6 Copia auténtica del Formulario Único Nacional Nº 095-002713 expedido por el Ministerio de Transporte- Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor en el que constaba que el señor Luis Antonio Ocampo López le traspasó la propiedad al señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, línea FZJ75, modelo 1995, color rojo, tipo estaca, con números de motor 1FZ-0123253, de chasis FZJ75-0020163 y de serie FZJ75-0020163 (fl. 9 cdno. 1 y fl. 19 cdno. 3).

30. Examinadas conjunta, armónica y críticamente las anteriores probanzas, la Sala encuentra que en el caso de autos, se halla acreditada la existencia del título consistente en el contrato de compraventa celebrado entre Francisco Rodrigo Valencia Giraldo y Luis Antonio Ocampo López (fl. 8 cdno. 1 y fl. 18 cdno. 3), pero como se dejó dicho, de este contrato solo surgió la obligación de dar, la cual se perfeccionó con la inscripción del traspaso en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Sevilla, como consta en el Formulario Único Nacional Nº 095-002713 en el que se consignó la transferencia de la propiedad que ostentaba el señor Luis Antonio Ocampo López sobre el vehículo de placas ZVL-301 al señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo (fl. 9 cdno. 1) y en el certificado de tradición expedido por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Sevilla-Valle, en el que se evidencia que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo ostenta la propiedad del vehículo ya descrito desde el día 24 de junio de 1997 (fl. 2 cdno. 1). En consecuencia, se encuentra perfeccionado el derecho real de dominio en cabeza del demandante.

31. Así las cosas, la Sala concluye que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo se encuentra legitimado para obrar en la causa, toda vez que este demostró ser el propietario del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, línea FZJ75, modelo 1995, color rojo, tipo estaca, con Nº de motor 1FZ-0123253 y Nº de chasis y serie FZJ75- 0020163, del cual se desprende la irregular actuación de la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Sevilla en lo concerniente al registro automotor, que alega el actor en el libelo demandatorio.

32 Dilucidado oficiosamente lo relativo a la legitimación en la causa por activa, la Sala pasa ahora a examinar el valor probatorio de los documentos allegados en copia simple.

2.2. Valor probatorio de los documentos allegados en copia simple.

33 La Sala al examinar el acervo probatorio que obra en el expediente encuentra que los siguientes documentos fueron allegados en copia simple (bien sea con la demanda o con la contestación): (1) Certificado de tradición expedido por el Ministerio de Transporte-Secretaria de Tránsito y Transporte de Sevilla- Valle el 3 de octubre de 1997 (fl. 2 cdno. 1); y (2) inventario de vehículos realizado por el Departamento de Policía del Valle el día 30 de septiembre de 1997 al automotor de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995, clase camioneta, color rojo, Nº de motor 1FZ-0123253 y Nº de chasis EZJ75-0020163 (fl. 3 cdno. 1).

34 Si bien, la Sección Tercera(34) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente; en el presente caso, la entidad demandada en la contestación de la demanda no se opuso a tener como prueba los aportados por el demandante. Por lo tanto, las partes no desconocieron los documentos, ni los tacharon de falsos, sino que conscientemente manifestaron su intención de que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.

35. Sin embargo, con respecto al asunto que ahora nos ocupa también vale la pena precisar que la discusión respecto de la posibilidad de valorar las pruebas aportadas en copia simple, fue finalmente zanjada en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el 28 de agosto de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera (expediente 25022, M.P. Enrique Gil Botero), la cual, para estos efectos, y por la importancia las consideraciones y razonamientos efectuados en ella, se cita in extenso:

“Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos. No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente:

‘ART. 215.—Valor probatorio de las copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

‘La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley’.

De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011.

Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—.

En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento.

Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquellas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción.

En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia.

(…)

No obstante, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, CPACA.

(…)

Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del CPC, preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada.

(…)

Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el CGP, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del CGP, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

(…)

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229)

(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.).

Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— (…)”.

35.1 Por lo tanto, en consideración a lo anterior y atendiendo a que la normatividad aplicable sigue siendo la consignada en el Código de Procedimiento Civil —por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo— y, aun cuando no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad de los documentos allegados por las partes en copia simple.

35.2 Es oportuno precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que ambas partes aceptaron que los documentos fuesen apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca (la parte demandada coadyuvó las pruebas solicitadas por la parte actora), no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal(35), por lo tanto serán valorados por la Subsección para decidir el fondo del asunto(36).

2.3. El valor probatorio de los documentos aportados mediante prueba trasladada.

36 De acuerdo con el Oficio 25-381, de 22 de agosto de 2002, la Fiscalía General de la Nación - Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito, remitió “copia fotostática constante de 13 folios de la investigación radicada bajo partida Nº 25-1420 las cuales mediante resolución interlocutoria Nº 111 de mayo 14 de 1998 se ordenó suspender dicha investigación y el archivo de las mismas de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del anterior Código de Procedimiento Penal” (fl. 29 cdno. 3).

36.1 Dentro de la prueba trasladada se allegaron los siguientes medios, discriminados de la siguiente manera: 1) prueba documental: 1.1) Denuncia penal formulada por el señor Santiago Martínez Suárez el día 15 de mayo de 1997 ante la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Fiscalías de Sevilla-Valle por el delito de hurto calificado (fls. 31 a 32 ambas caras del cdno. 3); 1.2) Providencia proferida por la Fiscalía 25 delegada ante el Juzgado Penal del Circuito, el 29 de mayo de 1997 mediante la cual se abre investigación previa por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas (fl. 33 cdno. 3); 1.3) Oficio 265-25-1420 proferido por la Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional de Fiscalías - Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito - Fiscalía Veinticinco, el 29 de mayo de 1997 (fl. 34 cdno. 3); 1.4) Oficio 268-25-1420 proferido por la Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional de Fiscalías - Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito - Fiscalía Veinticinco, el 29 de mayo de 1997 (fl. 35 cdno. 3); Oficio 269-25-1420 proferido por la Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional de Fiscalías - Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito - Fiscalía Veinticinco, el 29 de mayo de 1997 (fl. 36 cdno. 3); 1.5) ampliación de la denuncia penal formulada por el señor Santiago Martínez Suárez el día 10 de junio de 1997 ante la Fiscalía 25 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito (fl. 37 ambas caras cdno. 3); 1.6) comunicado remitido por la Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría de hacienda departamental el 10 de junio de 1997 (fls. 38-39 cdno. 3); 1.7) oficio remitido por el Banco de Bogotá el día 13 de junio de 1997 (fl. 40 cdno. 3); 1.8) Providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía 25 Seccional Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Sevilla-Valle, el 13 de marzo de 1998, mediante la cual se ordena suspender la investigación preliminar iniciada por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas (fl. 41 cdno. 3); y 1.9) Resolución Interlocutoria 111 de 14 de mayo de 1998 proferida por la Fiscalía General de la Nación - Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla (fls. 42-43 cdno. 3).

36.2 La prueba que fue objeto de traslado desde el proceso penal ordinario iniciado por la Fiscalía 25 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito, fue solicitada por la parte actora en la demanda(37) y decretada por el a quo mediante Auto 423 de 12 de octubre de 2000.

2.3.1 Los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada.

37 Ahora bien, con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en la jurisprudencia de la Subsección C de la Sección Tercera de 9 de mayo de 2012 (expediente 20334), que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con los presupuestos (se toman solo aquellos que se ajustan a la caso): a) los normativos del artículo 185(38) del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el (los) proceso (s) del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia de ella(39), respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción. Así como con lo consagrado por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo(40) (vigente para la época de entrada para fallo del proceso); b) La prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada(41); c) La ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración(42); d) se puede valorar como indicio la prueba trasladada del proceso penal. En ese sentido, en la jurisprudencia se sostiene que las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en estos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(43); e) en cuanto a los testimonios que obran en investigaciones penales, esto es, la rendida ante la jurisdicción ordinaria y trasladada no puede valorarse ya que no fue ratificada y no fue peticionada de común acuerdo(44); f) “la Sala, en aplicación del principio de lealtad procesal, ha reiterado que hay casos en los cuales sin ratificación del testimonio, el mismo puede y debe ser válidamente apreciado cuando es allegado a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquel, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación, siempre que sean allegados en copia auténtica, porque así lo dispone la norma general sobre prueba trasladada (CPC, art. 185)”(45); g) en “relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito”(46), salvo: i) cuando la prueba documental trasladada puede valorarse toda vez que esta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla”(47); ii) la prueba trasladada puede ser valorada cuando fue utilizada por la contraparte, por ejemplo demandada, para estructurar la defensa en los alegatos de conclusión(48); h) las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, salvo que lo hayan sido con audiencia de la parte contra la que se aducen(49); e, i) puede valorarse como prueba trasladada el documento producido por autoridad pública aportado e invocado por la parte demandante(50).

2.3.2. Valoración de la prueba trasladada del proceso penal ordinario para el caso en concreto. 

38 De acuerdo con lo anterior, la Sala valora los medios probatorios que fueron objeto de traslado desde el proceso penal ordinario identificado con el número 25-1420 iniciado en su fase preliminar por la Fiscalía 25 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla-Valle.

38.1 Ahora bien, en cuanto a la prueba documental allegada al proceso, la Sala encuentra que la prueba trasladada fue solicitada por la parte demandante sin que haya sido objeto de petición expresa o coadyuvancia por parte del municipio de Sevilla-Valle.

38.2 En este orden de ideas, la Sala considera que si bien esta corporación en diversas oportunidades ha sostenido que “la prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada”(51) procede este despacho, a valorar los documentos que fueron objeto de traslado desde el proceso penal iniciado en la fiscalía 25 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla-Valle, toda vez que estos han obrado a lo largo del proceso y no han sido objeto de controversia o tacha alguna por parte de la entidad demandada, cumpliéndose de esta manera uno de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado: “la prueba documental trasladada puede valorarse toda vez que esta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla”(52) y garantizándose con ello el derecho de contradicción y publicidad de la prueba.

38.3 De igual forma, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(53).

38.4 Con fundamento en lo anterior, la Sala tendrá, valorará y apreciará los medios probatorios (denuncias y documentos) trasladados de la investigación penal ordinaria, con las limitaciones y en las condiciones señaladas.

2.4 La perención en materia contencioso administrativa.

39 En estado de la cuestión la Sala considera necesario llamar la atención respecto a la perención del proceso contencioso administrativo en virtud de la solicitud de declaratoria de perención presentada por la parte demandada en primera instancia el día 26 de junio de 2002 (fl. 68 cdno. 3).

2.4.1. La perención del proceso contencioso administrativo conceptualmente.

40 La perención del proceso contencioso administrativo en la forma actualmente vigente consiste en la extinción del proceso causada por su paralización, durante un término preestablecido en la ley, por inactividad del demandante transgrediendo el deber de efectuar el impulso del mismo(54).

40.1 En este orden de ideas, la presente institución se encuentra fundamentada en razones de orden, económica procesal e interés general y celeridad procesal, toda vez que la actitud negligente y abandono de la parte demandante de sus obligaciones procesales causa traumatismos incalculables al servicio público de justicia a cargo del Estado, generando costos y desperdicio de tiempo que debe ser sancionado, si se tiene en cuenta que lo que está en juego con actitudes como esta es el interés público que se orienta a una debida administración de justicia(55).

40.2 Ahora bien, con relación a la naturaleza de la perención en materia contenciosa administrativa la jurisprudencia constitucional ha manifestado:

“(…) Esta ha sido objeto de varias posiciones en la doctrina internacional, entre las cuales se identifican claramente dos tendencias: una subjetiva y otra objetiva. La primera, sustentada en la presunción de abandono del proceso, como también en la renuncia tácita a continuar con el juicio, y la segunda, en la necesidad de impedir una prolongación indefinida del proceso, así como en la configuración de una sanción al responsable de la inactividad procesal. A su vez la jurisprudencia administrativa nacional ha atribuido a la perención la naturaleza de mecanismo sancionatorio; sin embargo, existen algunos ejemplos en los cuales la misma ha sido considerada como desistimiento implícito de la acción. No obstante, cualquiera sea la posición que se adopte al respecto, lo cierto es que el efecto de la perención es uno solo; esto es, la extinción del proceso por su paralización durante un determinado tiempo, por la inactividad objetiva de la parte encargada de impulsarlo para obtener su marcha a fin de adelantar la litis y que esta inactividad supone el incumplimiento de una obligación procesal”(56).

40.3 Por otra parte, el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, sobre la perención dispone:

“ART. 148.—Perención del proceso. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso.

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente.

La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta no ha caducado podrá intentarse una vez más.

En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada.

El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo”.

40.4 Del artículo citado, se desprenden como presupuestos legales de procedibilidad de la perención(57): (1) que el expediente permanezca en secretaría, por un término de seis meses contados desde la notificación del último auto, o desde el día de la práctica de la última diligencia, o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público(58), según sea el caso; (2) que la causa de la paralización del proceso se deba a la falta de impulso del demandante, y no por razones ajenas a él, siempre y cuando este no sea la Nación o una entidad territorial o una descentralizada por servicios; (3) que la inacción no tenga su causa en la suspensión legal del proceso; (4) que no se trate de un proceso de simple nulidad; (5) que el proceso se encuentre cursando la primera o única instancia; y (6) que exista solicitud de la parte demandada o decreto del juez declarando la perención de oficio.

40.5 De igual forma, la doctrina ha manifestado que los requisitos contenidos en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo tienen como finalidades:

“(…) — Evitar que se produzca un evidente desconocimiento del principio de celeridad por parte del demandante en cuanto a él corresponda de conformidad con las cargas procesales y que no sea causado por situaciones legalmente admitidas, como la del decreto de suspensión del proceso. La omisión de la parte demandante debe ser trascendente y radicada en la impulsión que le pudiere corresponder de conformidad con la estructuración del proceso contencioso administrativo, el cual como lo ha admitido la Corte Constitucional radica de manera principal la celeridad y el impulso es en la autoridad judicial, de lo cual se concluye que lo correspondiente al demandante es absolutamente excepcional.

— Evitar que por causa de esta inactividad el demandante permanezca el proceso en la secretaria durante la primera o única instancia, por seis meses. Se trata de un término producto de la autonomía del legislador, que bien pudiera haber sido mayor o menor. De todas maneras, lo determinante es que el estancamiento del expediente en secretaría sea atribuible a una falta de acción del demandante y o a otra causa, como por ejemplo la mora entendible de esta dependencia en razón de la acumulación de trabajo.

— Hacer que el término se cuente desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la demanda al Ministerio Público, en su caso.

— En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente.

— La perención pone fin al proceso. El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo. Debemos aclarar que pone fin al proceso sin detrimento de la posibilidad de que la misma acción se intente con posterioridad, en virtud de no haber operado el fenómeno de la caducidad.

— La perención en el proceso contencioso administrativo interrumpe la caducidad de la acción. Si esta no ha caducado podrá intentarse una vez más. Podríamos decir que en el proceso contencioso administrativo la perención es cuasi perfecta, esto es, no extingue de manera absoluta la posibilidad de revivir las pretensiones frustradas por la inacción del demandante, las cuales podrían ser objeto de un nuevo proceso, eso si con estricta sujeción al término de caducidad legales.

— En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención, y la razón es elemental: no existe interés particular y se actúa siempre en defensa del orden jurídico, luego es imposible pensar en la procedencia de esta estando de por medio razones diferentes a las propias acciones subjetivas. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada, respecto de las cuales no opera la figura no obstante el aparente desconocimiento de la igualdad frente a otros litigantes en virtud de que se encuentra comprometido el interés general y eventualmente el patrimonio público”(59).

2.4.2. La perención en el caso concreto.

41 La parte demandada por medio de escrito presentado el día 26 de junio de 2002 ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca solicitó la declaratoria de perención del proceso por cuanto consideró que: “revisado el libro de radicación se observa que no ha habido actuación alguna por parte actora (sic) durante más de seis (6) meses, es decir, la parte demandante ha dejado el negocio inactivo durante un largo tiempo, que inclusive ya superó el término fijado por la ley” (fl. 68 cdno. 3).

41.1 No obstante haberse presentado la mencionada solicitud por parte del municipio de Sevilla- Valle, el a quo dispuso por medio de auto de 20 de agosto de 2002 cerrar el periodo probatorio y correr traslado común a las partes para que formulen sus alegatos de conclusión por escrito y al agente del Ministerio Público conforme al artículo 59 de la Ley 446 de 1998.

41.2 Así las cosas, la Sala concluye que si bien no se obtuvo respuesta por parte del a quo respecto a la solicitud de perención, por cuanto se cerró el periodo probatorio, no le corresponde a este despacho resolver de fondo el mismo, no obstante se considera este un aspecto procesal a tener en cuenta dentro del proceso.

2.5. El embargo de derechos litigiosos.

42 Procede la Sala a estudiar lo correspondiente al embargo de derechos litigiosos, en virtud del Oficio 1564 de 6 de octubre de 2010 proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sevilla, en el que se informa que mediante auto de 28 de septiembre de 2010 se decretó el embargo de derechos litigiosos del señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo (fl. 133 cdno. ppal.).

2.5.1. El embargo de derechos litigiosos conceptualmente.

42.1 Los derechos litigiosos son considerados como bienes intangibles, y por ende, susceptibles de ser embargados, al tenor del artículo 681, numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:

“ART. 681.—Embargos. Para efectuar los embargos se procederá así: (…)

5. El de derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el embargo persiga o tenga en otro proceso, se comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio en el respectivo despacho judicial”.

2.5.2. El embargo de derechos litigiosos decretado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sevilla respecto de los derechos litigiosos de la parte actora en el presente proceso.

43 Por medio del Oficio 1564 de 6 de octubre de 2010, el Juzgado Promiscuo de Familia de Sevilla informó a este despacho que “mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2010, se decretó el embargo de los derechos litigiosos que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo, tenía dentro del proceso de reparación directa, radicado con el Nº 1999-2003, que cursa en ese despacho” (fl. 133 cdno. ppal.).

43.1 A su vez, este despacho mediante auto de 14 de febrero de 2011 adujó: “téngase en cuenta el embargo de derechos litigiosos del señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo dentro del presente proceso, ordenado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sevilla (Valle) mediante auto del 28 de septiembre de 2010 (…)” (fl. 134 cdno. ppal.).

43.2 Así las cosas, la Sala considera que en caso, de revocarse la sentencia proferida por el a quo el día 13 de agosto de 2004, y declararse a la entidad demandada patrimonial y administrativamente responsable por los daños ocasionados al señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo como consecuencia de la irregular actuación de la entidad demandada al momento de realizar el registro automotor del vehículo de placas ZVL-301, deberá en virtud del artículo 681, numeral 5 del Código de Procedimiento Civil informar al Juzgado Promiscuo de Familia de Sevilla-Valle tal acontecimiento y consignar a órdenes de este lo pertinente a título de perjuicios en la modalidad que corresponda, de acuerdo con lo que se logre demostrar dentro del proceso.

43.3 Después de estudiar, analizar y valorar los anteriores aspectos procesales, la Sala procede a delimitar el análisis de la impugnación presentada por la parte actora.

3. Análisis de la impugnación.

44 El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte actora en el recurso de apelación, específicamente a) la falla en el servicio, derivada de la irregular actuación por parte de las autoridades de tránsito de Sevilla al no observar con la debida cautela, la asignación de la matrícula del automotor identificado con la placa ZVL-301; b) la no atención por parte del a quo a las solicitudes presentadas por el apelante el 12 de junio de 2002, el 30 de septiembre de 2002 y el 24 de febrero de 2003, en las que se solicitó a la Fiscalía Seccional de Caldas- Antioquia remitir copia de las diligencias preliminares radicadas bajo el Nº 1034 y abiertas como consecuencia del hurto del automotor de placas CBR-156; c) los perjuicios materiales a título de daño emergente consistente en la pérdida de la inversión económica efectuada en la adquisición del vehículo de palcas ZVL-301 y lucro cesante derivado de los gastos que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo tuvo que sufragar por concepto de transporte; d) los perjuicios morales ocasionados por el escándalo público a que fue sometido el apelante por las autoridades del municipio de Sevilla; e) la responsabilidad de la administración pública en cabeza de la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla en el registro del automotor que le fue incautado al apelante.

44.1 Advierte la Sala, que como la parte actora es la única apelante, para decidir el recurso se centrará en los argumentos expuestos en el recurso, en desarrollo de lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que establece que el juez superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación jurisprudencial de 9 de febrero de 2012 (expediente 21060(60)).

4. Los medios probatorios.

45 Al expediente fue allegado oportunamente y cumpliendo las exigencias legales para tener valor probatorio los siguientes elementos:

45.1 Copia simple del certificado de tradición expedido por el Ministerio de Transporte - Secretaría de Tránsito y Transporte de Sevilla Valle el 3 de octubre de 1997, según el cual (fl. 2 cdno. 1):

“Placas: ZVL 301

Clase: camioneta Marca: Toyota Modelo 1.995

Cilindraje: 4.500 Tipo: estacas Color: rojo

Capacidad: 01 TN. Motor: 1FZ- Chasis: FZJ75-0020163 0123253

Serie: FZJ75- 0020163 Aduana: Manifiesto: 110100564 Envigado

Fecha: 31-10-95 Factura: 377 Fecha: Dic. 20-95

0181

Casa vendedora: Agrícola Automotriz Ltda.

Propietario: Francisco Rodrigo Valencia C.C. 2.633.299 de Sevilla

Limitación: No a favor de

Pendientes: No

Embargos: No

Propietarios anteriores:

1. Luis Antonio Ocampo López C.C. 10.533.895” (resaltado fuera del texto).

45.2 Copia simple del inventario de vehículos realizado por el departamento de Policía del Valle el día 30 de septiembre de 1997 al automotor de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995, clase camioneta, color rojo, Nº de motor LFZ-0123253 y Nº de chasis EZJ75-0020163 y en el que se dispuso (fl. 3 cdno. 1):

“(…) Se deja constancia que se anexa al inventario que el vehículo también tiene rueda libre mecánica (sic), y que queda en custodia de prevensión (sic) de la Policía de Sevilla”.

45.3 Copia auténtica de la licencia de tránsito 95-004648 expedida el 24 de junio de 1997, por el Ministerio de Transporte - Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre automotor, en la que consta que el vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995, clase de vehículo camioneta, color rojo, de servicio particular, carrocería estacas, números de motor 1FZ-0123253, de serie FZJ-0020163 y de chasis EZJ75- 0020163 es de propiedad del señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo, identificado con cedula de ciudadanía 2.633.299 (fl. 4 cdno. 1 y fl. 13 cdno. 3).

45.4 Copia auténtica del recibo oficial de pago Nº 18918 de 24 de junio de 1997 expedido por el municipio de Sevilla y en el que consta que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo pagó la suma de $20.200 por concepto de cambio de dueño del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995 (fl. 5 cdno. 1 y fl. 15 cdno. 3).

45.5 Copia auténtica de la póliza de seguro Nº 291 0301728 0 expedida el 24 de junio de 1997 por la Compañía de Seguros S.A. Ganaseguros y en el que consta que el vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, tipo estacas, de servicio particular, con números de motor 1FZ 0123253, de chasis EZJ75-0020163 y de propiedad del señor Rodrigo Francisco Valencia, se encuentra asegurado desde el día 24 de junio de 1997 hasta el 24 24 de junio de 1998 (fl. 6 cdno. 1 y fl. 16 cdno. 3).

45.6 Copia auténtica del recibo oficial de pago Nº 18811 de 20 de junio de 1997 expedido por el municipio de Sevilla y en el que consta que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo pagó la suma de $35.656 por concepto de impuesto de rodamiento correspondiente al año de 1997 del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995 (fl. 7 cdno. 1 y fl. 17 cdno. 3).

45.7 Copia auténtica de promesa de compraventa de vehículo automotor en la que consta (fl. 8 cdno. 1y fl. 18 cdno. 3):

“Vendedor: Luis Antonio Ocampo López 10.533.895 Popayán.

Comprador (es): Francisco Rodrigo Valencia Giraldo 2.633.299 Sevilla.

Domicilio contractual: Cra. 26 Nº 29-21 Tuluá Teléfono 252813

Residencia de los compradores: Cra. 47 Nº 53-36 Barrio Fundadores Sevilla

Primera. EL VENDEDOR compromete a transferir a el (los) COMPRADOR (es) a título de venta, y estos adquieren de aquel la propiedad del vehículo automotor que a continuación se identifica:

Clase: Camioneta Marca: Toyota Modelo: 1995

Tipo de carrocería: estacas Color: rojo Nº motor: IFZ-0123253

Nº de chasis: FZJ75- 0020163 Nº de serie: FZJ75-0020163 Nº puertas: 2

Capacidad: 1 tonelada Fecha de expedición

Acta o manifiesto Nº

Ciudad Fecha sitio de matrícula: Sevilla V.

Placa Nº ZVL-301 Servicio: Particular Seguro

Propietario: Luis Antonio Ocampo Lopez Cedula Nº 10.533.895

Segunda. PRECIO. Como precio del automotor descrito, las partes han acordado la suma de: veinticuatro millones seiscientos mil pesos ($24.600.000.oo)

Tercera. FORMA DE PAGO. El comprador se compromete a pagar el precio a que se refiere la cláusula anterior en la siguiente forma: al día $10.600.000.oo diez millones seiscientos mil, y los catorce millones ($14.000.000.oo) restante en 7 letras de cambio de dos millones ($2.000.000.oo) de pesos cada, con un interés del 2.5% mensual.

Cuarta. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. El vendedor se obliga hacer entrega del vehículo en buen estado, libre de gravámenes, embargos, multas, impuestos, pactos de reserva de dominio y cualquiera otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente contrato. Igualmente, el VENDEDOR se obliga a realizar las gestiones de traspaso a más tardar dentro de los (…) días posteriores a la firma del presente escrito.

Quinta. RESERVA DE DOMINIO. El vendedor se reserva la propiedad del vehículo identificado en la cláusula primera, hasta el momento en que se pague el precio estipulado en su totalidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 952 del Código de Comercio.

Sexta. CLAUSULA PENAL. Las partes establecen como sanción pecuniaria a cargo de quien incumpla una cualquiera de las estipulaciones derivadas de este acto jurídico la suma de: un millón de pesos moneda corriente ($1.000.000.oo), cantidad de la cual será acreedora la otra.

Séptima (…)”.

45.8 Copia auténtica del Formulario Único Nacional Nº 095-002713 expedido por el Ministerio de Transporte - Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor en el que consta que el señor Luis Antonio Ocampo López le traspasó la propiedad al señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, línea FZJ75, modelo 1995, color rojo, tipo estaca, con números de motor 1FZ-0123253, de chasis FZJ75-0020163 y de serie FZJ75-0020163 (fl. 9 cdno. 1 y fl. 19 cdno. 3).

45.9 Copia auténtica de la licencia de tránsito Nº 95-002235 expedida por el Ministerio de Transporte - Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor el 9 de mayo de 1996 en el que consta que el vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995, clase de vehículo camioneta, color rojo, de servicio particular, carrocería estacas, números de motor 1FZ-0123253, de serie FZJ-0020163, y de chasis EZJ75-0020163 es de propiedad del señor Luis Antonio Ocampo López, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.533.895 (fl. 10 cdno. 1 y fl. 20 cdno. 3).

45.10 Copia auténtica del recibo oficial de pago Nº 08943 de 8 de mayo de 1998 expedido por el municipio de Sevilla y en el que consta que el señor Luis Antonio Ocampo López pagó la suma de $57.649.oo, respecto del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995 discriminados de la siguiente manera: 1) por concepto de matrícula inicial el valor de $14.210.oo; 2) por habilitación de funcionamiento $3.000; 3) impuesto de rodamiento $38.596.oo; y 4) por último el valor de $1.843.oo por concepto de intereses (fl. 11 cdno. 1 y fl. 22 cdno. 3).

45.11 Copia auténtica del Formulario Único Nacional Nº 095-002712 expedido por el Ministerio de Transporte - Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor el día 9 de mayo de 1996, en el que consta que el señor Luis Antonio Ocampo López es el propietario del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, línea FZJ75, modelo 1995, color rojo, tipo estaca, con número de motor 1FZ-0123253, de chasis FZJ75-0020163 y de serie FZJ75-0020163 (fl. 12 c1 y fl. 23 c3).

45.12 Copia auténtica de certificado expedido por la Toyota - Agrícola Automotriz Ltda. según el cual (fl. 13 cdno. 1 y fl. 24 cdno. 3):

“Hacemos constar que hemos vendido al señor Luis Antonio Ocampo López, con cédula de ciudadanía 533.895 de Popayán (c), según factura Nº 0181 diciembre 20 de 1995, un vehículo cuyas características son las siguientes:

Marca: Toyota

Tipo: Chasis Modelo: 1995 Chasis: FZJ750020163 Motor: 1FZ-0123253 Color: Rojo

Declaración Nº: 12064-01-00308627 Aduana: Envigado

Cer. empadronamiento: 14356”.

45.13 Copia auténtica de la factura Nº 377 expedida por Ingelmet —Ingeniería Metálica Ltda.— por concepto de: “suministro de un equipo de estacas para volco para chasis Toyota, número de chasis FZJ-75-0020163, color rojo” y por valor de $812.000 (fl. 14 cdno. 1 y fl. 25 cdno. 3).

“Señor: Luis Antonio Ocampo López C.C. 10.533.895 de Popayán

Dirección: Carrera 26 Nº 29-21 Tel: 252813 Ciudad: Tuluá

Marca Tipo Chasis Motor Color Modelo

Toyota chasis FZJ75- 0020163 1FZ-0123253 Rojo 1995

Certificado de empadronamiento: 14.356

Declaración de aduanas: 12064-01- 00308627

Fecha: Octubre 31 1995

Aduana: Envigado

Forma de pago precio del vehículo: 19.298.245.oo

Base liquidación IVA

% IVA 2.701.755.oo

Valor total:

$22.000.000”.

45.14 Copia auténtica de la factura Nº 0181 de 20 expedida por la Toyota —Agrícola Automotriz Ltda.— (fl. 15 cdno. 1 y fl. 26 cdno. 3).

45.15 Copia auténtica del certificado de empadronamiento Nº14356 proferido por la Toyota el día 31 de noviembre de 1995 en la ciudad de Envigado según el cual (fl. 16 cdno. 1 y fl. 27 cdno. 3):

“Señor jefe inspección transito: certificamos que el vehículo cuyas características se detallan, se importó y autorizó el levante con los documentos que a continuación detallamos:

Licencia 34795 Fecha 23-08-95 Declaración 12064-0100308627 FECHA 31-10-95 COLOR: ROJO

Nº levante 110100564 Fecha 31-10-95 Formulario 456597 Nº fabricación 62004710 Año modelo 1995

Puertas 3

Puestos 6

Marca Toyota

Tipo campero

Modelo Land Cruiser FZJ MED. S.A. 4X4

Nº motor 1FZ-0123256

Chasis FZJ75- 0020163 (…)”.

45.16 Copia auténtica de la cédula de ciudadanía del señor Luis Antonio Ocampo López identificado con cedula de ciudadanía Nº 10.533.895 de Popayán - Cauca (fls. 17 y 3 cdno. 2).

45.17 Oficio expedido por la secretaría de tránsito y transporte de Armenia el 28 de agosto de 2002, según la cual (fl. 4 cdno. 2):

“En atención al oficio de la referencia me permito comunicarle que los pasos documentales para la matrícula de un vehículo automotor en esta oficina son los siguientes:

1. Para (sic) matrícula inicial de un vehículo de servicio particular

a. Factura original.

b. Confirmación de la factura por parte de la concesionaria.

c. Manifiesto de aduana, con indicación de número de levante.

d. Certificación en original expedido por la Compañía Colombiana Automotriz con indicación de las características del carro.

e. Declaración de importación.

f. Formulario único diligenciado, con firma y huella del propietario, estampillas, Soat, fotocopia cédula, pagos de impuestos respectivos.

2. Para matrícula (sic) inicial de un vehículo de servicio público

a. Factura original.

b. Confirmación de la factura por parte de la concesionaria.

c. Manifiesto de aduana, con indicación de número de levante.

d. Certificación en original expedido por la Compañía Colombiana Automotriz con indicación de las características del carro.

e. Declaración de importación (si es importado).

f. Formulario único nacional diligenciado, con firma y huella del propietario, estampillas, Soat, fotocopia cédula, pagos de impuestos respectivos.

g. Carta de aceptación por parte de una empresa para su vinculación.

h. Expedición de concepto favorable por parte de la secretaría en el que se indica que existe un cupo disponible para el ingreso de un vehículo a una empresa (taxis o buses urbanos), por reposición de un vehículo retirado por parte del propietario por agotamiento de vida útil o por cambio de servicio.

Estos son los pasos documentales en su orden, de conformidad con el Acuerdo 51 de octubre 14 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en dichos documentos aparece la información detallada del vehículo con indicación de marca, color, modelo, número de motor y chasis, propietario (s), y tramites diferentes”.

45.18 Testimonio rendido por Efraín Marín Ocampo el día 21 de mayo de 2001, del cual se extrae (fls. 7 a 8 por ambas caras cdno. 3):

“(…) Preguntado: Narre los hechos, indicándonos las circunstancias de modo, tiempo y lugar por los cuales el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo perdió el vehículo de placas ZVL-301? (sic) Contestó: En el año 1996, más o menos, el señor Rodrigo Valencia Giraldo compró ese vehículo a un señor de Tuluá, no recuerdo su nombre, para el uso de sus fincas, el cual yo andaba con él en ese vehículo, ya que él tiene varias propiedades en el municipio de Caicedonia, corregimiento de Samaria, y yo le colaboraba a él acompañándolo a varias fincas de Pijao - Quindío, lo mismo en fincas de aquí de Sevilla, ya que él tiene más o menos 8 o 10 fincas en los municipios de Pijao, Caicedonia y Sevilla, además don Francisco ha sido compañero mío como concejal por varios periodos en el municipio de Caicedonia, como también fue presidente del Comité de Cafeteros de Caicedonia, yo lo acompañaba a él en ese vehículo que manejaba su yerno Santiago, a quien se lo robaron yendo para Samaria, por allá lo amarraron y le robaron el vehículo y lo dejaron abandonado el vehículo por Coroza (sic), por allí lo encontraron estrellado, don Rodrigo lo hizo arreglar y el arreglo le costó más o menos $6.000.000.oo, lo siguió manejando el yerno Santiago hasta cuando se lo quitó la Policía, y a don Rodrigo lo sacaron por dos (2) canales de televisión de aquí de Sevilla, haciéndole pasar como ladrón de carros y eso lo afectó moralmente, ya que don Rodrigo ha sido un tipo solvente económicamente y ha sido una gran persona, y afectó a su familia y también a todos sus amigos y compañeros en el concejo municipal y Comité de Cafeteros ya que él era uno de sus representantes. Preguntado: Manifieste al juzgado, la época en que tuvo ocurrencia los hechos que usted ha narrado. Así mismo nos indicará de qué clase de vehículo es el que usted hace mención? (sic) Contestó: Mas (sic) o menos en el año 1996, una camioneta Toyota color rojo, placas ZVL 301 de aquí de Sevilla y agregó que el año 1996, fue cuando él la compró y más o menos en el año 1997, fue cuando se la quitó la Policía a Santiago, yo no la he vuelto a ver desde que se la llevó la Policía. Preguntado: por el apoderado de la parte actora: Díga (sic) al despacho si usted sabe cuando (sic) le costó al señor Rodrigo Valencia la camioneta Toyota de placas ZVL-301 a la que usted se viene refiriendo? (sic) Contestó: Él me dijo a mí que le había costado $24.000.000.oo, dando $10.000.000.oo de contado y $14.000.000.oo para irla pagando en letras y sé que la acabó de pagar. Preguntado: En los noticieros de los canales locales de televión (sic) de Sevilla, llamados Sevitel y Plus Ultra, transmitieron informes sobre el hurto de la camioneta que usted se ha referido en esta diligencia, informaciones televisivas que usted también ya mencionó. Sírvase informar al despacho cómo fueron esas noticias y qué efecto produjeron en don Rodrigo Valencia y su familia? (sic) Manifestando si tal hecho noticioso lo afectó moralmente o no. Contestó: Yo esa semana que dieron las noticias por los canales de televisión vine a la casa de don Rodrigo Valencia y él estaba muy asustado y la señora estaba en estado muy nervioso y les tocó llevarla donde el médico porque estaba muy afectada moralmente y muy confundida y hasta nosotros los amigos nos afectó ya que era un representante de la sociedad en Caicedonia. Preguntado: Diga al despacho para qué actividades utilizaba el señor Valencia la citada camioneta? (sic) Contestó: Para movilizarse a unas ocho (8) o diez (10) fincas que él tiene, para transportar el café, abonos, y todo lo que él esté necesitando diario en todas sus fincas y movilizar trabajadores. Preguntado: Diga al despacho si al no poseer tal herramienta de trabajo se le ocasionó al señor Valencia un perjuicio económico y en caso afirmativo lo estimará en forma mensual indicando la razón de ello. Contestó: Ocasiona lo equivalente a $700.000.oo u $800.000.oo mensuales de perjuicios o para pagar otro vehículo que remplace ese (…)”.

45.19 Testimonio rendido por Santiago Martínez Suárez el día 21 de mayo de 2001, del cual se extrae (fls. 9 a 10 por ambas caras cdno. 3):

“(…) Preguntado: Narre los hechos, indicándonos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar por los cuales el señor Francisco Rodrigo Valencia perdió el vehículo de placas ZVL-301. Contestó: En junio del año 1996, él le compró a un señor de apellido Ocampo, de Tuluá la camioneta Toyota Land Cruiser de estacas, color rojo, se la compró alrededor de $24.000.000.oo, el negocio lo hizo aquí en Sevilla y me la entregó para que la trabajara porque yo soy mayordomo general de varias fincas que él tiene, las fincas se llaman: una El Castillo, ubicada en el municipio de Pijao - Quindío, La Granja y La Castalia en el municipio de Caicedonia, La Irlanda en la vereda de Tres Esquinas de Sevilla, Los Alamos (sic) en el sector de Puyana también de aquí de Sevilla, las Palmas en la vereda El Crucero de este municipio, Hacienda Patio Bonito, Finca El Horizonte y Finca Puerto Rico en el municipio de Bugalagrande (sic). Yo anduve la camioneta alrededor de unos 10 o 12 meses, una vez que venía por Caicedonia por la vereda Samaria me salieron tres (3) encapuchados armados y se me la robaron, toda la noche amanecinos (sic) unos trabajadores tres (3) (sic), y yo en un cafetal amarrados y uno de los encapuchados nos cuidó toda la noche, él se fue al amanecer y entonces nosotros nos soltamos y llamé para la casa de un radioteléfono que había en una casa junto al rio Pijao, para que bajaran por nosotros, ahí fue cuando nos dimos de que la camioneta la habían estellado (sic) por Corozal, una vereda de aquí de Sevilla, don Rodrigo la hizo traer y la metió al taller para arreglarla estuvo unos cuatro (4) meses en reparación, luego me la volvió a entregar y a finales de septiembre del año 1997 fui yo por ella al parqueadero de madrugada y dos (2) señores de la Policía me estaban esperando y me dijeron que la camioneta se la iban a llevar para los patios para una revisión, ahí fue cuando nos dimos cuenta, según lo que dijeron los Policías, que esa camioneta se la habían robado en Medellín Antioquia, pero cuando don Rodrigo la compró según dijo el señor Ocampo había sido de un solo dueño y tenía placas de aquí de Sevilla. La camioneta se dejó en los patios de la Policía y nosotros no la volvimos a ver, yo no sé para donde se la llevaron ya esa semana apareció publicado en los noticieros de aquí de Sevilla, ese canal local, de que la camioneta se la habían decomisado al señor don Rodrigo Valencia y ya él quedó como un ladrón de carros, eso no debó (sic) haber sido así, y tiene otros vehículos entre los cuales una camioneta de las mismas y otra Toyota, y para la familia fue muy frustrante porque uno salía a la calle y era el comentario de la gente. Preguntado por el apoderado de la parte actora: Diga al despacho si las noticias trasmitidas (sic) por los canales locales de televisión denominadas Sevitel y Plus Ultra, con respecto al decomiso del automotor por la Policía Nacional tuvo algún efecto nocivo para el señor Valencia y su familia. Contestó: Sí la familia sufrió mucho moralmente por ese inconveniente, porque don Rodrigo ha sido una persona de bien, la señora y los hijos no salían a la calle, porque el cometario era que don Rodrigo era un ladrón de carros, don Rodrigo se afectó mucho, porque ya nadie le quería fiar y no quería salir a la calle porque todo el mundo le preguntaba cómo había sido el problema del carro, la pena que pasó fue mucha, yo trabajo con don Rodrigo hace más o menos ocho (8) años desde el año 1993. Preguntado: Diga para qué labores utilizaba don Rodrigo Valencia, la camioneta Toyota de placas ZVL-301? (sic) Contestó: Para cargar café de las fincas, para cargar abonos, insumos agrícolas, ganado, setraía (sic) para el matadero o se llevaba para las fincas y para cargar concentrados, todo en las propiedades de don Rodrigo, para cargar trabajadores, máquinas. Preguntado: Infórmele al despacho si con la pérdida de la camioneta de placas ZVL-301 el señor Rodrigo Valencia sufrió algún perjuicio económico, por no poseer tal automotor, en caso afirmativo nos dirá porqué (sic), y el avalúo estimado del mismo en formamensual (sic)? Contestó: Si se ha visto muy afectado porque ya todos los fletes ha habido que pagarlo a un particular o aotras (sic) personas y eso asciende más o menos alrededor de $800.000.oo mensuales (…)”.

45.20 Testimonio rendido por Héctor Giraldo Ríos el día 21 de mayo de 2001, del cual se extrae (fls. 10 a 11 por ambas caras cdno. 3):

“(…) Preguntado: Narre los hechos, indicándonos las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por los cuales el señor Francisco Rodrigo Valencia, perdió el vehículo de placas ZVL-301? (sic) Contestó: En el año 1996 al 1998, yo trabajé con el señor Rodrigo Valencia con ganado, en junio de 1996, no recuerdo el día, me vine a buscarlo al café Vesubio de aquí de Sevilla, porque yo necesitaba una plata para comprar un ganado, encontré que estaba negociando un carro, el cual presencié el negocio de una camioneta roja Land Cruiser, con placas de Sevilla ZVL-301 meparece (sic) que es el número, una camioneta de carrocería, de estacas, a mí me tocó presenciar el negocio y escuché que la negociaron como en $24.000.000.oo, le dio $10.000.000.oo le dio a un señor Ocampo de Tuluá y vi hacer unas letras por $14.000.000.oo, no supe cuántas letras eran, pero era para pagarla el día que le hicieran los papeles del carro, recuerdo que antes de esto fuimos a la Policía para averiguar el carro y dijeron que estaba bien de papeles y luego vinimos también a Tránsito, yo ese carro lo conocí porque hasta lo manejé un poco de días, como a mediados del año 1997, ese carro se lo robaron a Santiago Ramírez, el yerno de don Rodrigo, por cierto don Rodrigo fue esa madrugada a las 05:00 a.m., a buscarme y nos fuimos con otros amigos a buscarlos por la vía a Samaria y más omenos (sic) a las seis de la mañana nos encontramos en rio Pijao, vía a Samaria con Santiago y unos trabajadores, porque ya lo había soltado porque los tuvieron amarrados, cuando regresanos (sic) aquí a Sevilla, en la casa de Santiago Ramírez habían dejado razón que la camioneta estaba estrellada a un kilómetro antes de llegar a Corozal, estaba la camioneta muy estripada (sic), don Rodrigo y yo llevamos los documentos del carro, luego que comprobaron que él era el dueño, la Policía se lo entrego (sic) y luego don Rodrigo trajo la camioneta de Sevilla, la hizo arreglar de nuevo otra vez – y me dijo que la (sic) había costado más o menos $6.000.000.oo, el arreglo, luego como en septiembre del mismo año a Santiago le decomisaronel (sic) carro en la Policía. Por cierto pasó por Sevitel y por esa otra Plus Ultra como un ladrón de carros, ahí le quitaron el carro y yo no sé qué pasó con ese carro de ahí en adelante, yo conozco a don Rodrigo hace muchos años, él es un señor de buena solvencia económica, tiene por ahí unas siete (7) u ocho (8) haciendas, pienso que el daño que le hayan hecho aél (sic) fue muy grande, a la familia le dio muy duro porque lopasaron (sic) como unladron (sic) y creo que el año, se aclaró el daño (sic), que le hicieron fue muy grande porque él es un hombre comerciante y el carro le hizo mucha falta porque él es un hombre comerciante y el carro le hizo mucha falta para cargar, ganado, bananos, café verde, café seco, balastoabonos (sic) y de todo, no se me olvida que donRodrigo (sic) pagaba hasta $600.000,oo para cargar todas esas cosas de la finca, por la falta del carro que le robaron, eso lo pagaba por fletes mensualmente (…)” (resaltado fuera de texto).

45.21 Copia auténtica de la póliza de seguros Nº 1917250185 5 expedida por Seguros Colmena, el día 8 de mayo de 1996 según la cual, el vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, tipo estacas, de servicio particular, clase de vehículo camioneta y con número de motor 1FZ 0123253, de chasis EZJ75-0020163 y de propiedad del señor Rodrigo Francisco Valencia, se encuentra asegurado desde el día 8 de mayo de 1996 hasta el 8 de mayo de 1997 (fl. 21 cdno. 3).

45.22 Copia auténtica de la investigación iniciada ante la Fiscalía General de la Nación - Unidad Seccional de Fiscalías de Sevilla - Valle, radicada bajo el Nº 25-1420 y la cual mediante resolución interlocutoria Nº 111 de mayo 14 de 1998 se ordenó suspender dicha investigación y el archivo de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del anterior código de procedimiento penal (fls. 29-43 cdno. 3)(61).

45.22.1 Denuncia penal formulada por el señor Santiago Martínez Suárez el día 15 de mayo de 1997 ante la Fiscalía Séptima Seccional de la unidad de Fiscalías de Sevilla- Valle, de la cual se sustrae (fls. 31 a 33 cdno. 3):

“(…) Resulta que en el día de ayer como a eso de las cuatro y media de la tarde, yo salí de la finca La Castalia, ubicada en el corregimiento de Samaria, jurisdicción de Caicedonia Valle, en Samaria recogí a un muchacho de nombre Remigio Ruiz, el cual es chancero, y más abajo del cementerio, recogí a José Luis Restrepo y Omar Alirio, los cuales venían para acá para Sevilla, yo venía conduciendo una camioneta Toyota, color rojo, tipo estacas, modelo 1995, de propiedad del señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo, que es (sic) mi suegro, las plcas (sic) de la camioneta son ZWL-301 de Sevilla, bueno, yo venía y del rio Pijao para acá, en una desviación para la finca “La Golondrinas” (sic), me salieron tres hombres, los cuales esta ban (sic) armados, dos tenían pistolas, al otro no le vi arma, los dos armados estaban encapuchados, o mejor estaban tapados la cara con los sacos de ellos mismo (sic), el otro no estaba encapuchado ni tampoco le vi arma, entonces me salieron de sopres (sic) y me hicieron parar la camioneta y nos hicieron bajar a todos, nos metieron para unos cafetales de la finca Las Golondrinas, los dos que estaban armados y el que no tenía arma, arrancó en la camioneta, según parece, se devolvió y cogió la vía que sale a limones, pero esto último no lo vimos nosotros sino que nos suponemos, (sic) bueno a nosotros cuatro, nos hicieron tirar al suelo de boca abajo con las manos atrás, entonces nos amarraron las manos con cabullas (sic), lo mismo los pies, uno de ellos después que nos amarraron, se devolvió y el otro se quedó con nosotros, apuntándonos con una pistola, se quedó allí con nosotros, toda la noche, es decir, hasta el día de hoy como a las cinco y media de la mañana, ya esta mañana, nos colocó una mordaza en la boca y con unos plásticos nos taparon los ojos y nos dijeron que teníamos que esperar allí hasta que llegara otro a desatarnos. Él salió y se fue como a conversar con otros, y como a los diez minutos volvió y nosotros todavía estábamos quietos allí, bueno, el volvió a darnos la vuleta (sic) y luego se volvió a ir, más o menos a los cinco minutos de no sentirlo por allí, contra una piedra que había a un lado mío, me quité el plástico que tenía en los ojos y con la lengua me saque el trapo que me había metido en los ojos, entonces le dije al compañero que estaba al lado mío que me prestara las manos-entonces yo con las manos mías, por la espalda, empecé a bregar a soltarlo, me demoré un ratico pero al fin lo logré, entonces luego él me desamarró a mí, luego nos desamarramos los pies nosotros y pasamos donde estaban los otros dos para desamarrarlos, los desamarramos y nos echamos a correr por el cafetal y salimos a la carretera y de un radio teléfono que hay en una casa cerca al rio, llamé a la casa de mi suegro para que fue a (sic) por nosotros, más o menos como a los quince minutos se apareció don Rodrigo, en la camioneta, luego nos vinimos para la casa, yo me quedé allí en la casa, pero aclaro que cuando don Rodrigo bajó al rio por nosotros, nos dijo que la camioneta había aparecido por los lados de Corozal, que la habían estrellado y la abandonaron. Eso es todo. (…)”.

45.22.2 Providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía 25 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito, el 29 de mayo de 1997 mediante la cual se abre investigación previa por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas (fl. 33 cdno. 3).

45.23.3 Ampliación de la denuncia penal formulada por el señor Santiago Martínez Suárez ante la Fiscalía 25 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito, el día 10 de junio de 1997, de la cual se sustrae (fl. 37 cdno. 3):

“(…) Preguntado: Sabe ustedo (sic) presume del motivo por el cual usted fue asaltado? (sic) Contestó: No señor, con las preguntas que me hicieron ellos eran para robarsen (sic) la camioneta, ellos me decían que dónde estaban los papeles de la camioneta y si estaban al día, si era Toyota 4.5, qué modelo era, si era noventa y cinco o venta y seis, quién era el dueño, qué placa tenían y de dónde eran no más, lo que decían era que la necesitaban para hacer un trabajo y que después la devolvían. (…) Preguntado: Diganos (sic) si la camioneta que le fue hurtada fue recuperada, caso cierto nos dirá dónde; igualmente nos dirá si sus documentos personales fueron recuperados? (sic) Contestó: Sí ella fue recuperada por los lados de Corozal, la recuperó don Rodrigo Valencia el dueño de ella, a él lo llamaron a la casa diciéndole que si él era el dueño de la camioneta de placas ZVL-301 de Sevilla y pues él dijo que si y entonces le dijeron que estaba estrellada por allá, entonces él se fue a ver si era la camioneta, entonces si era y se la trajo (…)”.

45.22.4 Providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía 25 Seccional Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Sevilla-Valle el 13 de marzo de 1998 según la cual (fl. 41 cdno. 3):

“(…) Analizada cronológicamente al anterior diligencia, se puede certificar que ya ha transcurrido un término superior a ciento ochenta días, de iniciación de la investigación previa, sin que haya mérito para proferir resolución inhibitoria o de apertura de instrucción, en consecuencia, se autoriza al señor fiscal coordinador de la unidad, para que suspenda la presente investigación, tal como lo dispone el art. 326 del Código de Procedimiento Penal”.

45.22.5 Resolución interlocutoria 111 de 14 de mayo de 1998 proferida por la Fiscalía General de la Nación - Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla- Valle según la cual (fls. 42 a 43 cdno. 3):

“(…) Objeto del pronunciamiento

Se resuelve sobre la procedencia de suspender la investigación previa, con fundamento en lo dispuesto en el art. 326 del Código de Procedimiento Penal, previas las siguientes:

Consideraciones

La presente investigación se inició el 29 de mayo de 1997, ante denuncia formulada por el señor Santiago Martínez Suarez, por los hechos punibles de hurto calificado y porte ilegal de armas, donde no obstante las diligencias realizadas, no fue posible encontrar mérito para proferir resolución de apertura de instrucción, como tampoco resolución inhibitoria.

De otra parte la Fiscal Veinticinco Seccional, con fundamento en lo preceptuado en el art. 326 del Código de Procedimiento Penal, ha autorizado la suspensión de la presente investigación y esta coordinación encuentra fundada dicha autorización.

En este orden de ideas, es menester suspender la presente investigación previa, dejando si de presente que si con posterioridad surje (sic) mérito para adoptar una de estas dos decisiones (apertura de instrucción o resolución inhibitoria), se continuará la respectiva investigación.

En mérito de lo expuesto, el coordinador de la Unidad Seccional de Fiscalías Delegadas ante el Juez Penal del circuito de Sevilla Valle,

Resuelve

Primero: SUSPENDER, las presentes diligencias (…)”.

45.22.6 Oficio 0943 de 3 de julio de 2001 proferido por la Fiscalía General de la Nación mediante el cual (fl. 1 cdno. 4):

“(…) Con el presente me permito informarle que debido a un torrencial de agua, que afectó nuestro archivo, ubicado en las instalaciones de la fiscalía local de esta municipalidad, no ha sido posible a la fecha ubicar la preliminar 1034, la cual fue suspendida en diciembre 20 de 1996. Es de anotar que se está trabajando en la ubicación y reestructuración de nuestro archivo, por lo que una vez se encuentre la investigación referenciada, se les enviará la fotocopia autentica (sic) solicitadas en su Oficio LES-99-2003/ 1488 de abril 20 del presente año”.

5. Problema jurídico.

46 Se puede plantear como problema jurídico: ¿de acuerdo con los elementos probatorios está demostrado el daño antijurídico en todos sus elementos, esto es, su carácter cierto, personal y directo, en atención a si establece sobre qué vehículo se operó una actuación administrativa?

47 Para abordar adecuadamente los anteriores problemas jurídicos, la Sala estudia inicialmente si se demostró el daño antijurídico que dice la parte actora haberse ocasionado en los hechos del 30 de septiembre de 1997 en Sevilla-Valle.

6. El daño antijurídico.

48 El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(62) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(63); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(64); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(65), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(66); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(67), o de la cooperación social(68).

48.1 En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(69). Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(70).

48.2 De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(71).

48.3 Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(72). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(73), anormal(74) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(75).

48.4 Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, solo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(76).

6.1. Las condiciones de existencia del daño y su relación con el caso en concreto.

49 Ahora bien, corresponde a la Sala verificar si dentro del proceso de la referencia se demostraron elementos constitutivos del daño: 1) el carácter cierto; y 2) el carácter personal.

6.1.2. El carácter cierto del daño.

50 El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual(77). En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto(78)(79), esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:

“(…) tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia(80)”.

51 La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si la existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización(81). De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual(82).

52 Por otra parte, la Sala considera conveniente analizar el carácter cierto del daño antijurídico pretendido en la demanda desde dos puntos de vista: 1) desde el punto de vista material y 2) desde el punto de vista jurídico.

53 Desde el punto de vista material, la Sala se plantea dos interrogantes al respecto: 1) ¿Cuál es el daño alegado por el actor en el libelo demandatorio? y 2) ¿si de las pruebas que obran dentro del proceso, se desprende certeza alguna respecto de la existencia del daño demandado por el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo?

53.1 Es así pues como, la Sala procede a realizar un análisis fáctico de lo planteado por el actor en el libelo demandatorio y de lo probado dentro del sub lite, con el fin de dar respuesta a los interrogantes planteados.

53.2 En primer lugar, de los hechos de la demanda, se desprende que el día 30 de septiembre de 1997, la Policía Nacional, Seccional de Sevilla inmovilizó el automotor de placas ZVL-301 de propiedad del demandante, por cuanto dicho vehículo figuraba como hurtado en el municipio de Caldas-Antioquia y que su real placa era CBL-156 de Cali.

53.3 Con el fin de demostrar tal hecho dañoso, el demandante allega al proceso los siguientes medios probatorios:

— Copia simple del inventario de vehículos realizado por el departamento de Policía del Valle el día 30 de septiembre de 1997 al automotor de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995, clase camioneta, color rojo, Nº de motor LFZ-0123253 y Nº de chasis EZJ75-0020163 y en el que se dispuso (fl. 3 cdno. 1):

“(…) Se deja constancia que se anexa al inventario que el vehículo también tiene rueda libre mecánica (sic), y que queda en custodia de prevensión (sic) de la Policía de Sevilla”.

— Testimonio rendido por Efraín Marín Ocampo el día 21 de mayo de 2001, del cual se extrae (fls. 7 a 8 por ambas caras cdno. 3):

“(…) Yo lo acompañaba a él en ese vehículo que manejaba su yerno Santiago, a quien se lo robaron yendo para Samaria, por allá lo amarraron y le robaron el vehículo y lo dejaron abandonado el vehículo por Coroza (sic), por allí lo encontraron estrellado, don Rodrigo lo hizo arreglar y el arreglo le costó más o menos $6.000.000.oo, lo siguió manejando el yerno Santiago hasta cuando se lo quitó la Policía (…)”.

— Testimonio rendido por Santiago Martínez Suárez el día 21 de mayo de 2001, del cual se extrae (fls. 9 a 10 por ambas caras cdno. 3):

“(…) Yo anduve la camioneta alrededor de unos 10 o 12 meses, una vez que venía por Caicedonia por la vereda Samaria me salieron tres (3) encapuchados armados y se me la robaron, toda la noche amanecinos (sic) unos trabajadores tres (3) (sic), y yo en un cafetal amarrados y uno de los encapuchados nos cuidó toda la noche, él se fue al amanecer y entonces nosotros nos soltamos y llamé para la casa de un radioteléfono que había en una casa junto al rio Pijao, para que bajaran por nosotros, ahí fue cuando nos dimos de que la camioneta la habían estellado (sic) por Corozal, una vereda de aquí de Sevilla, don Rodrigo la hizo traer y la metió al taller para arreglarla estuvo unos cuatro (4) meses en reparación, luego me la volvió a entregar y a finales de septiembre del año 1997 fui yo por ella al parqueadero de madrugada y dos (2) señores de la Policía me estaban esperando y me dijeron que la camioneta se la iban a llevar para los patios para una revisión, ahí fue cuando nos dimos cuenta, según lo que dijeron los Policías, que esa camioneta se la habían robado en Medellín Antioquia, pero cuando don Rodrigo la compró según dijo el señor Ocampo había sido de un solo dueño y tenía placas de aquí de Sevilla (…)”.

— Testimonio rendido por Héctor Giraldo Ríos el día 21 de mayo de 2001, del cual se extrae (fls. 10 a 11 por ambas caras cdno. 3):

“(…) Don Rodrigo y yo llevamos los documentos del carro, luego que comprobaron que él era el dueño, la Policía se lo entregó y luego don Rodrigo trajo la camioneta de Sevilla, la hizo arreglar de nuevo otra vez – y me dijo que la (sic) había costado más o menos $6.000.000.oo, el arreglo, luego como en septiembre del mismo año a Santiago le decomisaronel (sic) carro en la Policía (…)”.

53.4 En el caso de autos, la Sala encuentra demostrado que el día 30 de septiembre de 1997, la Policía de Sevilla-Valle, retiene el vehículo de placas ZVL-301, de propiedad del actor; sin embargo, en el sub lite no se comprobó que dicha retención se haya producido en virtud del proceso penal en el que el automotor de dominio del demandante, figura como hurtado en el municipio de Caldas-Antioquia y que su real placa era CBL-156 de Cali, como lo afirma el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo en los hechos de la demanda.

53.5 Respecto a esto último, cabe anotar que dentro del proceso, el demandante solicitó dentro del acápite de pruebas de la demanda, “oficiar a la Fiscalía Seccional de Caldas - Antioquia para que de las preliminares radicadas al Nº 1034 abiertas como consecuencia del hurto del vehículo de placas CBR-156 de Cali, remita fotocopia auténtica de todo el expediente” (fl. 24 cdno. 1), la cual fue decretada por el a quo mediante auto de 12 de octubre de 2000 (fl. 50 cdno. 1); no obstante lo anterior, esta nunca se allegó al proceso, por motivos ajenos a la voluntad de la Fiscalía General de la Nación y no por lo expresado en el recurso de apelación por Francisco Rodrigo Valencia Giraldo, esto es “que la petición no fue atendida por el a quo y se profirió sentencia sin esta valiosísima prueba” (fl. 104 cdno. ppal.).

53.5 (sic) Ahora bien, con relación a lo afirmado por el actor en el recurso de apelación, recuerda la Sala que “el daño debe ser probado por quien lo sufre” regla derivada del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(83), por lo tanto, es el demandante quien debe probar la existencia del daño, so pena, si no lo hace, de impedir la declaratoria de responsabilidad. En este sentido la jurisprudencia de la Sección Tercera considera:

“(…)Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, conoce de antemano cuáles de los hechos interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos”(84).

53.6 No basta entonces que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, porque “el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”(85) que por demás no pueden ser valoradas “como si se tratara de hechos notorios o presumibles, y no de situaciones cuya comprobación por mandato legal le corresponde al demandante”(86).

53.7 Así las cosas, la Sala considera que en el sub judice el demandante incumplió con la carga de la prueba, por cuanto no demostró dentro del proceso que el vehículo de placas ZVL-301 retenido por la Policía de Sevilla-Valle, figura como hurtado dentro del proceso penal adelantado ante la Fiscalía General de la Nación y que su verdadera placa era CBL-156 de Cali.

54 Por otro lado, del acápite del libelo demandatorio, denominado “lo que se demanda”, la Sala encuentra que el señor Francisco Rodrigo Valencia denuncia “la irregular actuación de la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Sevilla en lo concerniente al registro automotor, ocasionado una falla en el servicio que condujo a la perdida para mi representado del vehículo de placa ZVL-301” (fl. 19 cdno. 1).

54.1 De lo anterior, se desprende que el actor hace consistir el daño en el indebido registro del automotor de placas ZVL-301 de su propiedad, como consecuencia de la irregular actuación de la secretaría de tránsito de Sevilla.

54.2 Ahora bien, con el propósito de demostrar la existencia del daño antijurídico, la parte actora aportó al proceso:

— Copia auténtica del formulario único nacional 095-002713 expedido por el Ministerio de Transporte - Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor en el que consta que el señor Luis Antonio Ocampo López le traspasó la propiedad al señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo del vehículo de placas ZVL-301, marca Toyota, línea FZJ75, modelo 1995, color rojo, tipo estaca, con números de motor 1FZ-0123253, de chasis FZJ75-0020163 y de serie FZJ75-0020163 (fl. 9 cdno. 1 y fl. 19 cdno. 3).

54.3 La Sala observa que de la documentación allegada por parte del demandante (fls. 3 a 17 cdno. 1) y la aportada por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Sevilla-Valle mediante Oficio STT 1096 de 23 de agosto de 2002, tomada del historial del vehículo de placas ZVL-301 de propiedad del actor (fls. 12 a 40 cdno. 3) y del certificado de tradición expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sevilla, en el que consta que el automotor ya descrito no ostenta ningún tipo de limitación al dominio (fl. 1 cdno. 1), se aprecie anormalidad alguna que hayan impedido a las autoridades de tránsito proceder a emitir los documentos de registro respectivo.

54.4 De lo anterior se desprende en primer lugar que el demandante hace consistir el daño, en el indebido registro del vehículo de su propiedad; y en segundo lugar, que como consecuencia de dicho daño, se generó la retención del automotor por parte de la Policía de Tránsito de Sevilla-Valle, el día 30 de septiembre de 1997, la cual tuvo como causa el hecho de figurar como hurtado dentro del proceso penal adelantado ante la Fiscalía Seccional de Caldas-Antioquia.

54.5 Analizado el anterior medio probatorio, y con base en las normas que regulen el registro automotor para la época de los hechos, encuentra la Sala que la actividad a la que se sometía el demandante no excede la carga ordinaria que es asignable y exigible a todo ciudadano cuando en el tráfico jurídico comercial realiza un negocio jurídico, como la compraventa, sobre un bien mueble como un vehículo. Dicho registro no representa la determinación de exigencias que no estén legalmente consagradas, ni que su realización se haya concretado sobre un vehículo que para el preciso momento de su registro tuviera alguna limitación, tacha o restricción que haya sido advertida por los administrados, de manera que la administración pública municipal se limitó a dar cumplimiento a la norma y la verificación del cumplimiento de los deberes de los ciudadanos involucrados en la compraventa, uno de los cuales era el demandante Francisco Rodrigo Valencia Giraldo.

54.6 Por último, la Sala concluye que desde el punto de vista material, el daño alegado por el actor no existe, toda vez que del material probatorio que obra dentro del proceso no se desprende irregularidad alguna en el trámite del registro vehículo de placas ZVL-3021. De igual forma, se desconocen los motivos que justificaron la retención del automotor, por cuanto no obra en el expediente, el proceso penal adelantado ante la Fiscalía Seccional de Caldas en el que dice el demandante figura como hurtado el carro de su propiedad

54.7 Aunado a lo anterior este despacho considera que al no obrar en el presente, el proceso penal que se adelanta ante la Fiscalía Seccional de Caldas-Antioquia, no se puede concluir que si dicho expediente se hubiese aportado al sumario se hubiere comprobado la irregular actuación por parte de la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla-Valle al no tener en cuenta dicho proceso en el momento de la inscripción del vehículo de placas ZVL-301 en el registro automotor.

55. Así las cosas, procede la Sala a analizar la existencia del daño aducido por el actor desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta para ello: 1) el ejercicio y las limitaciones del derecho de propiedad a la luz del ordenamiento jurídico interno y la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y 2) las obligaciones legales que ostentan los organismos de tránsito en el ordenamiento jurídico colombiano, respecto al registro de vehículos.

6.1.3 El ejercicio del derecho de propiedad a la luz del ordenamiento jurídico interno y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

56 El derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, se encuentra consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política, el cual garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos conforme a la ley, los cuales no podrán ser vulnerados o atacados por leyes posteriores:

“ART. 58.—Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio”.

56.1 Del artículo en mención se deduce que la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de propiedad como un derecho económico que apunta primordialmente a garantizar la participación del propietario en la organización y desarrollo de un sistema económico-social, mediante el cual se pretende lograr el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que se traducen en servir a la comunidad, promover la prosperidad general, estimular el desarrollo económico y lograr la defensa del medio ambiente.

56.2 Así mismo, el Constituyente de 1991, reconoció al igual que lo hizo la Constitución de 1886 que el interés privado debe ceder ante el interés público o social cuando quiera que aquellos se encuentren en conflicto, en este sentido la Honorable Corte Constitucional ha manifestado(87):

“(…) La Constitución prescribe que a la propiedad le corresponde cumplir funciones sociales y ecológicas que además de ser inherentes al reconocimiento del citado derecho conducen a la imposición de obligaciones que legitiman su ejercicio. En desarrollo de estas máximas, el Constituyente le otorgó al Estado la posibilidad de decretar expropiaciones por motivos de utilidad pública o de interés social previamente definidos por el legislador, por vía administrativa o mediante sentencia judicial, siempre que se reconozca el pago de una indemnización a la persona privada de su derecho con arreglo a la ley (C.P., art. 58). Igualmente, la Carta Política reconoce que se podrá declarar extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social (C.P., art. 34)”(88).

56.3 Es así pues como la propiedad privada ha sido concebida como un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales, se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones del Estado Social de Derecho.

56.4 Ahora bien, la normatividad civil, entiende el derecho de propiedad, como aquel derecho real que se puede tener sobre una cosa corporal o incorporal, y el cual le otorga a su titular las máximas facultades que se pueden predicar sobre un bien. Es así pues como el artículo 699 del Código Civil establece:

“ART. 669.—El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se lama mera o nuda propiedad(89)”.

56.5 Del artículo en mención, se desprende que el derecho de propiedad es un derecho pleno toda vez que le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer de manera autónoma dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; es un derecho exclusivo(90) en la medida en que el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; es un derecho perpetuo, por cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue por su falta de uso; es un derecho autónomo, al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propiedad voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero; y finalmente, es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa.

56.6 Con relación a los atributos que ostenta el individuo sobre el derecho de propiedad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado:

“Se resumen en los actos materiales y jurídicos que permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, en concreto, a través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. En cuanto al primero, reconocido como el ius utendi, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, que recibe el nombre de ius fruendi o fructus, se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, que se denomina ius abutendi, consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien(91)”.

56.7 Los anteriores atributos del derecho de propiedad, los cuales han sido concebidos como su núcleo esencial otorgan al titular del derecho las siguientes facultades: 1) facultades materiales, las cuales se realizan mediante actos materiales que permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, como su uso, goce y consumo físico; y 2) facultades jurídicas, que son aquellas que se realizan por medio de actos jurídicos, como la facultad de gravar, limitar y disponer de la cosa mediante acto entre vivos o por causa de muerte.

56.8 Ahora bien, la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humano en los días 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica consideró:

“ART. 21.—Derecho a la propiedad privada.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.

56.9 Es así pues como al tenor del artículo 58 de la Constitución Política, en consonancia con lo establecido en la legislación civil y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha concebido que el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, el cual tiene como núcleo esencial el uso, goce y la disposición que ostenta el titular del derecho sobre sus bienes, el cual no se ve afectado cuando el legislador obrando en virtud de sus facultades establecidas por la Carta Política impone prohibiciones o limitaciones a dicho derecho con el fin de preservar un interés superior orientado a realizar los fines del Estado Social de Derecho.

56.10 Es así pues como el legislador en materia de enajenación de bienes ha establecido una serie de prohibiciones y limitaciones las cuales no implican el desconocimiento del núcleo esencial del citado derecho, porque además de preservar sobre ellos los atributos de goce, uso y disposición responden a la necesidad de asegurar un interés general, así ocurre por ejemplo: (i) en el artículo 424 al proscribir la cesión a cualquier título del derecho a pedir alimentos; (ii) en el artículo 1520 al excluir del comercio la venta de los derechos herenciales de persona no fallecida; (iii) en el artículo 1942 al impedir la cesión del derecho que nace del pacto de retroventa, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte; (iv) en el artículo 878 al prohibir de manera absoluta la transmisión de los derechos de uso y habitación; y finalmente, (v) en el artículo 1521 al considerar que existe objeto ilícito en la enajenación: “(a) De las cosas que están fuera del comercio; (b) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; (c) De las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello”(92).

56.11 En conclusión, es compatible con el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que el legislador establezca prohibiciones temporales o absolutas de enajenación sobre algunos bienes, siempre y cuando se acredite que las mismas, además de preservar un interés superior que goce de prioridad en aras de salvaguardar los fines del Estado Social de Derecho, mantienen a salvo el ejercicio de los atributos de goce, uso y explotación, los cuales no solo le confieren a su titular la posibilidad de obtener utilidad económica, sino también le permiten legitimar la existencia de un interés privado en la propiedad.

56.12 Ahora bien, con relación al sub judice, el actor manifiesta que el día 30 de septiembre de 1997 fue retenido el vehículo de placas ZVL-301 de su propiedad y que como consecuencia de lo anterior “se quedó sin vehículo por cuanto la Policía remitió el automotor a la Fiscalía Seccional de Caldas-Antioquia que lo requería dentro de las diligencias preliminares radicadas al #1034” (fl. 20 cdno. 1).

56.13 Por otro lado, el actor allega al sumario, copia simple del inventario de vehículos realizado por el departamento de Policía del Valle el día 30 de septiembre de 1997 al automotor de placas ZVL-301, marca Toyota, modelo 1995, clase camioneta, color rojo, Nº de motor 1FZ-0123253 y Nº de chasis EZJ750020163 (fl. 3 cdno. 1), en el cual se deja constancia que queda en custodia de la Policía de Sevilla el vehículo de la referencia.

56.14 No obstante lo anterior, la Sala observa que si bien se dejó constancia que el vehículo de propiedad del demandante quedó en custodia de la Policía de Sevilla, no se demostró dentro del proceso en primer lugar el tiempo durante el cual quedó en custodia el vehículo y los motivos tendientes a demostrar la retención del vehículo; y en segundo lugar, que la Policía de Sevilla haya remitido el automotor a la Fiscalía Seccional de Caldas-Antioquia que lo requería dentro de las diligencias preliminares.

56.15 En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el caso de autos no se encuentra demostrado el término por el cual el actor vio perturbado el goce y disposición de su vehículo por cuanto no se allegó prueba alguna que dé cuenta del periodo de tiempo que duró el automotor retenido por la Policía de Sevilla.

56.16 Ahora bien, el derecho de propiedad no solo se encuentra sometido a las limitaciones y prohibiciones consagradas por el legislador en aras de la preservación del interés general, sino que además genera una serie de cargas en cabeza del titular del derecho, y que tienen como fin que el derecho de propiedad sea ejercido de manera plena.

56.17 Las cargas que se imponen al titular del derecho de propiedad, provienen de la formación del contrato, en la cual la persona está forjando su consentimiento con el ánimo de celebrar el negocio jurídico y son definidas como aquellos cuidados y miramientos que incumben a cada sujeto negocial tendientes a evitar un contrato anulable y a evitar la responsabilidad que pudiera resultar de la celebración de dicho contrato.

56.18 Así las cosas, los deberes que se encuentran en cabeza del propietario de un bien son esencialmente: 1) la carga de legalidad; 2) la carga de lealtad y corrección; 3) la carga de corrección; 4) la carga de sagacidad y advertencia; 5) la carga de claridad; y 6) la carga de diligencia(93).

56.19 Por otro lado, en el caso de autos, el propietario del vehículo ZVL-301 tenía el deber de cumplir con las cargas anteriormente mencionadas al momento de celebrar el contrato de compraventa con el señor Luis Antonio Ocampo López. En este sentido, el demandante debió de realizar todos los estudios de títulos y las averiguaciones necesarias tendientes a saber si el bien a adquirir existía, si provenía de algún tipo de ilícito, era objeto de medida cautelar o se encontraba fuera del comercio.

56.20 Es así pues como, en los hechos de la demanda, el actor manifiesta que previo al negocio jurídico de compraventa “se dirigió a la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla con el fin de verificar la correcta tradición del automotor y se encontró con unos registros congruentes a punto tal que el vendedor (señor Ocampo Flórez) era la única persona que figuraba como propietario del vehículo, siendo matriculado por este el 8 de mayo de 1996 cuando se le asignó por parte de la citada entidad oficial la placa ZVL-301. Buscó asimismo mi patrocinado información en la Policía Nacional, seccional de Sevilla donde le manifestaron que camioneta no tenía ningún problema” (fl. 20 cdno. 1).

56.21 Con el fin de demostrar el cumplimiento de las cargas anteriormente mencionadas, obra en el expediente el testimonio de Héctor Giraldo Ríos, rendido el día 21 de mayo de 2001, del cual se extrae “(…) recuerdo que antes de esto fuimos a la Policía para averiguar el carro y dijeron que estaba bien de papeles y luego vinimos a Tránsito” (fl. 10 reverso).

56.22 No obstante obrar el testimonio de Héctor Giraldo Ríos, el cual afirma haber acompañado al demandante a la Policía de Sevilla con el fin de averiguar la procedencia del vehículo de palcas ZVL-301, no se allegó otro medio probatorio que permita deducir que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo cumplió con sus deberes de propietario respecto del bien de su pertenencia.

56.23 De igual forma, cabe anotar que si bien la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla tenía una serie de obligaciones al momento del registro del vehículo de placas ZVL-301 de propiedad del actor, estas no implicaban la disminución de los deberes que tiene todo propietario, relacionadas con la procedencia de sus bienes.

56.24 Así las cosas, la Sala observa que el demandante incumplió con sus deberes legales como propietario del vehículo de placas ZVL-301, puesto que si bien afirma en el libelo demandatorio que fue a la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla a verificar la correcta tradición, no obra en el expediente obra alguna que le permita deducir a este despacho que él fue diligente e hizo todas las averiguaciones y estudios pertinentes del caso que le permitieran estar al tanto de la procedencia ilegal de su vehículo.

6.1.4 De las obligaciones de los organismos de tránsito respecto del registro automotor.

57 Con el fin de determinar las obligaciones derivadas de las autoridades de tránsito respecto del registro automotor de vehículos se analizará en principio el trámite que se debe realizar ante dichas autoridades y las funciones que los organismos cumplen derivados de dicho trámite.

57.1 Así las cosas, en virtud del oficio expedido por la Secretaría de tránsito y transporte de Armenia, el 28 de agosto de 2002 allegado al proceso (fl. 4 cdno. 2) y en concordancia con el Acuerdo 50 de 14 de octubre de 1993 suscrito por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito se debe observar el siguiente trámite al momento de registrar un vehículo automotor:

“(…) — El registro inicial de un vehículo automotor se efectuará ante el organismo de tránsito competente, por el comprador o por quien importe directamente el vehículo, para lo cual deberá observarse el siguiente trámite:

1. Presentar la solicitud en el formulario único nacional con reconocimiento en cuanto a contenido y firma debidamente autenticada del comprador, acompañada de los siguientes documentos:

a) Original de la factura de compra del vehículo con la firma autenticada del representante legal del establecimiento, cuando el objeto social de este sea la venta de vehículos, en cuyo caso deberá adherir las improntas de los números de identificación (motor. chasis y serial) protegidos con sello seco.

— Cuando se trate de importador, cuyo objeto no sea la venta de vehículos debe efectuarse el registro del vehículo a nombre del importador y su venta implica un cambio de propietario por traspaso. En este caso será válida la fotocopia autenticada de la factura en la cual vendrán adheridas las improntas de los números de identificación del vehículo.

b) Cuando se trate de importaciones de vehículos efectuadas por personas cuyo objeto social no es la venta de vehículos presentarán fotocopia autentica de la copia al carbón de la declaración de importación que reposa en cabeza del importador, la cual debe tener la debida identificación del vehículo la fecha de presentación ante el Banco y el número del levante.

— Cuando se trate de vehículos ensamblados en el país presentarán la certificación en original emitida por la empresa ensambladora del vehículo en papel que ella diseñe en la que conste además de los datos necesarios para la debida identificación del automotor, el número de la declaración de importación, fecha de presentación ante el Banco y el número del levante.

2. Pago de impuestos de timbre nacional, circulación y tránsito y demás derechos que se causen según el caso. Copia de estos recibos deben reposar en la carpeta del vehículo.

PAR.—El organismo de tránsito expedirá el certificado de movilización a los vehículos último modelo al momento de su registro. Los vehículos que no sean últimos modelo para efectos de expedirle el certificado de movilización deberá presentar la revisión técnico -mecánica efectuada en el diagnosticentro oficial o en su defecto serví teca particular autorizada por este organismo, previo al registro.

ART. 74.—Una vez efectuado el trámite anterior, el vehículo, se registrará asignándole una serie de placa y haciendo entrega de la misma, de la licencia de tránsito y certificado de movilización (…)”.

57.2 Con relación a lo anterior, la Resolución 51 de 13 de enero de 1972 reglamentaria del Decreto 1344 de 1970, hoy derogado por la Ley 769 de 2002, pero vigente para la época en que acaecieron los hechos, se establecen como obligaciones legales de los organismos de tránsito respecto del registro de vehículos las siguientes:

“ART. 1º—Los directores e inspectores de tránsito competentes confirmaran el certificado individual de aduanas expedido para la matrícula de vehículos, a través de la Dirección General de Aduanas.

Igualmente se confirmará por las mismas autoridades, la factura de compra que expidan las casas vendedoras o distribuidoras de vehículos”.

57.3 Ahora bien, en el escrito de apelación presentado el 2 de noviembre de 2004, la parte demandante consideró que se omitió el cumplimiento de los controles legales para realizar el acto de inscripción en el registro automotor de vehículo Toyota de placas ZVL-301, es así pues como se afirmó que: “1. No se confirmó con la DIAN el certificado de aduanas. 2. No se confirmó con el proveedor la legalidad de la factura. 3 No se percató que los documentos (factura #0181 de dic. 20.95 y constancia de venta) para la matricula expedidos por el proveedor Agrícola Automotriz Ltda. tienen como fecha de emisión el 20 de diciembre de 1995 y que la matrícula se realizó el 9 de mayo de 1996. Que pasó en esos cinco (5) meses entre la compra del automotor y la matrícula? (sic) Con que (sic) identificación (placa) transitó por Colombia ese automotor durante esos cinco (5) meses antes de ser registrado en la secretaría de transito de Sevilla? (sic) Será que existe una persona que compre un vehículo y lo deje guardado (dónde) cinco (5) meses antes de llevarlo ante las autoridades de tránsito? (sic) 4. Pasó desapercibido para la oficina de tránsito de Sevilla que el certificado de empadronamiento dice que el automotor es un campero Land Cruiser FZJ MED S.A. 4X4, cuando en realidad se trataba de una camioneta de estacas de 4.500 centímetros. 5. No detectó la secretaria de tránsito que la empresa Ingelmet expidió el 11 de enero de mil novecientos sesenta y seis (1996), esto es, mucho antes de adquirirse el automotor (Dic. 20.95), la factura #377 por la compra de un equipo de estacas para volco de chasis Toyota. 6 No percibieron que la cédula de ciudadanía de la persona que se presentó a matricular el vehículo a los cinco (5) meses de su adquisición era falsa, esto es que el documento de identidad no pertenecía realmente a quien lo portaba” (fl. 107 cdno. ppal.).

57.4 Al respecto, la Sala considera que en el sub examine, la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla no cometió ninguna de las anteriores irregularidades mencionadas por el actor en el escrito de apelación, por cuanto de la documentación que se allegó al proceso en la que consta el historial del vehículo de placas ZVL-301, se observa que el organismo de tránsito cumplió con sus obligaciones legales al momento de registrar el vehículo de propiedad del demandante.

57.5 De igual forma, la Sala observa que la entidad hoy demandada actuó en virtud de los principios de lealtad, sagacidad, diligencia y buena fe que se les exige a las autoridades de tránsito al momento de realizar el registro del vehículo automotor de placas ZVL-301 de propiedad del demandante.

57.6 Respecto del principio de buena fe, el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia ha establecido:

“ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

57.7 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario(94).

57.8 De igual forma, el principio de buena fe, de la forma como se encuentra concebida por la jurisprudencia constitucional exige: “a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir bonus)’. En este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”(95).

57.9 Así las cosas, en el caso de autos, el actor se encuentra obligado a desvirtuar la presunción de buena fe que ostenta la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Sevilla-Valle.

57.10 En este sentido, la Sala observa en el sub judice que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo no allegó prueba alguna que demuestre que la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Sevilla-Valle obró de mala fe, de manera deshonesta, desleal o negligente al momento de realizar el registro del automotor de placas ZVL-301 de su propiedad.

57.11 En conclusión, una vez analizado el caso en concreto desde la perspectiva material y jurídica, la Sala considera que no se encuentra demostrado la certeza del daño alegado por el actor, ya que la obligación de proceder a hacer le registro y su realización por la administración municipal de Sevilla se hizo dentro de las exigencias constitucionales, convencionales y legales, sin que se haya aportado prueba que determine que la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Sevilla-Valle al momento de hacer el registro del vehículo de placas ZVL-301, incumplió los preceptos legales que rigen el registro de vehículo automotor o que acredite que se incumplió con los principios de buena fe, diligencia, sagacidad y lealtad que rigen las actuaciones de las entidades públicas.

57.12 Aunado a lo anterior, la Sala observa que el demandante demostró dentro del proceso que, su vehículo fue objeto de retención por parte de la Policía de Sevilla el día 30 de septiembre de 2000, no obstante no allegó la prueba trasladada al sumario que acreditaba que el vehículo de placas ZVL-301 provenía de un ilícito y que su verdadera placa era CBR-156 de Cali.

57.13 En conclusión, se desconoce el motivo que justificó la retención del decomiso adoptada por las autoridades judiciales respecto del vehículo al que se ha hecho referencia, por ende no se puede precisar tampoco la existencia de la irregularidad en el trámite del registro, atribuida en la demanda a las autoridades de tránsito.

6.2. El carácter personal del daño.

58 El carácter personal del daño tiene como principio elemental que el perjuicio sea sufrido por la persona que solicita la reparación(96), no obstante dicha noción ha tenido una evolución histórica que merece reseñarse.

58.1 Así las cosas, para la jurisprudencia francesa una persona sufría personalmente un perjuicio cuando había sido víctima de la violación de un derecho o de una situación jurídicamente protegida o legitima, radicados en su cabeza.

58.2 Al respecto, existen diversos fallos dentro de la jurisprudencia francesa que han sostenido que para demandar se requiere demostrar un derecho lesionado. Es así pues como el fallo señorita Rucheton consideró que “para obtener en justicia la reparación de un perjuicio, no es suficiente un interés, sino que se ha de acreditar un derecho lesionado”(97); asimismo, en el fallo Savelli, el juez francés negó la indemnización que se pretendía por cuanto “no se encontraba frente a una situación jurídicamente protegida”, toda vez que “es cierto que el demandante y la señora Caminatti vivían juntos para la época de la muerte de esta última, pero no eran casados”(98).

58.3 De esta manera la jurisprudencia francesa convirtió en sinónimos situación legitima y derechos jurídicamente reclamados y en consecuencia solo se otorgaba indemnización cuando se lograba establecer que la víctima que la pedía habría tenido acción jurídica para pedir alimentos o para reclamar una prestación laboral del difunto. Por lo tanto si la víctima no se encontraba en la posibilidad de exigir algunos de tales derechos, su pretensión sería rechazada. Al respecto la doctrina ha manifestado:

“Se limitaban las personas con legitimación para intentar demandas, criterio que, por demás, expresaba el deseo de impedir ‘el exceso de demandas’ ante la jurisdicción(99). ¡Detrás de ello se encontraba la moral victoriana!

Pero, por fortuna, podemos anotar que las exigencias que se hacían anteriormente respecto del carácter personal del perjuicio están hoy superadas. En efecto, el carácter personal del perjuicio se despojó de caracteres que antaño le eran muy preciados, para presentarse en adelante sin las exigencias artificiosas que se le atribuyeron. Es así como podemos afirmar, con M. Gest que los fallos que seguían la lógica descrita pertenecen a una jurisprudencia sobrepasada”(100).

58.4 Actualmente, el carácter personal del daño se presenta en forma pura, por lo tanto solo hay que establecer que el hecho dañino causó un perjuicio a la persona que solicita la indemnización(101). En efecto, en el derecho colombiano, frente al caso de la muerte de una persona, desde el fallo del 24 de junio de 1942 la Corte Suprema de justicia enunció claramente que tienen derecho a solicitar reparación “las personas que ya por vivir directamente del esfuerzo del muerto, ya por derivar utilidad cierta y directa de las actividades del fallecido, tienen el derecho, la personería, la acción, para reclamar o pedir perjudicadas”(102). Posteriormente el fallo de 15 de junio de 1949 reafirma la regla anterior partiendo del artículo 2341 del Código Civil que no limita la acción de responsabilidad únicamente a los parientes de la víctima, sino que da al contrario, derecho a indemnización “a todo aquel a quien el delito o la culpa haya inferido daño”(103). Asimismo, el fallo de 19 de junio de 1989 consideró que:

“(…) El derecho a la indemnización de quien sufre una ‘alteración material de una situación favorable’ (que en esto consiste el daño) se deriva, no del hecho de que la víctima tena una situación jurídicamente protegida’ en el sentido de que el bien afectado esté protegido por una norma, sino de la existencia de un hecho ilícito del autor, de su comisión por culpa o dolo, de la certidumbre del perjuicio y de la relación de causalidad entre este y el hecho. En esto consistirá pues, ‘la lesión de un derecho suyo’ de que habla el art. 67 del anterior Código Contencioso Administrativo, y que el 85 del actual (D. 1/84) contempla los mismos términos, solo que este último agregó que la finalidad de su pretensión puede ser el restablecimiento en su derecho o que se le repare el daño”(104).

58.5 No se trata entonces de que la situación personal del demandante se encuentre justificada por la moral, sino de afirmar que la situación jurídicamente protegida es un derecho de toda persona que por el solo hecho de serlo puede demandar su reparación. En este sentido se ha considerado:

“No se trata de exigir al demandante que pruebe que su situación está protegida por la ley, sino de presumir dicho extremo. No se trata de exigir que quien pida indemnización justifique en algunos títulos, restrictivamente interpretados —derecho de alimentos, derechos pensionales, etc.— en su derecho. En este aspecto, toda persona —aun delincuente, el contraventor y el inmoral— se encuentra jurídicamente protegida, pues ningún ordenamiento podría excluir genéricamente la posibilidad de demandar la reparación de daños, como hacía antaño. Por ello la regla que planteaba la posición antigua de la jurisprudencia, ya vista, llevaba al desconocimiento, por categorías de personas —los concubinarios, los contraventores, los delincuentes, etc.— de la posibilidad de reparación de los daños. La noción de situación jurídicamente protegida como clave para que una persona esté legitimada para actuar bien podría ser enunciada por su anverso, esto es, que no puede recibir indemnización quien se encuentre en una situación ilegal de la que se genera el título por el cual se reclamaría”(105).

58.6 Lo anterior, para significar que no puede demandar reparación del daño, la persona que pretende que se le repare lo que es fruto de una situación ilegal. No tendría derecho a recibir indemnización, no porque no haya sufrido un perjuicio, que en efecto puede haberlo sufrido, sino porque el ordenamiento jurídico no protege ese interés o derecho porque se deriva de una situación contraria a la ley.

58.7 Así las cosas, se observa que el carácter personal del daño supone que este puede ser sufrido por toda persona, a la que no puede impedírsele la posibilidad de demandar y de obtener indemnización por el solo hecho de que el juez considere que su situación es reprochable. El único límite lo constituiría, se repite, la prohibición de indemnizaciones de daños a bienes o de pérdida de ingresos que tengan por origen recursos ilegales del demandante. Se trata pues de no rechazar genéricamente la pretensión de una persona por considerar que no está en una situación jurídicamente protegida, sino que se debe estudiar al otorgar una indemnización si aquella proviene o no de una causa ilegal, sin que tengan cabida las presunciones negativas y descalificadoras que más serian perjuicios. La persona que se encuentra al margen de la ley no está por ello, para todos los efectos, privada de tutela legal. Al respecto se ha manifestado la doctrina:

“En este entendido se recuerda un concepto elemental del derecho de daño, claramente enunciado por De Cupis cuando afirma ‘lo que el derecho tutela, el daño vulnera’(106) y por ello el demandante en un proceso debe establecer que tenía el derecho que vulneró el daño, como requisito para lograr establecer que en efecto hubo lesión en su patrimonio. Es lógica del artículo 2342 del Código Civil colombiano cuando enuncia que ‘puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso’. Dentro de esta concepción se puede afirmar que en consecuencia es claro que la lesión de un derecho constituye una condición de existencia del daño, necesaria para que proceda la indemnización. La lesión del derecho es entonces un elemento para apreciar el perjuicio reparable”(107).

58.8 Ahora bien, en el caso de autos, el señor Francisco Rodrigo Valencia manifiesta que sufrió una lesión como consecuencia de la irregular actuación de la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla al momento del registro del vehículo de placas ZVL-301 de su propiedad.

58.8.1 En primer lugar, observa la Sala respecto de la actuación de la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla-Valle que no se encuentra demostrado dentro del proceso que dicha entidad haya incumplido con sus funciones al momento del registro del vehículo de placas ZVL-301 o haya actuado con temeridad o mala fe al momento del registro del automotor mencionado.

58.8.2 Por otro lado, encuentra la Sala en el sub examine que el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo no allegó al proceso prueba alguna que indique, que como consecuencia del proceder de la secretaría de tránsito y transporte de Sevilla-Valle, sufrió una lesión en su esfera interna o se vieron menguados sus intereses respecto del vehículo de placas ZVL-301.

58.8.3 Por lo anterior, la Sala considera que en el caso de autos no se encuentra demostrado el carácter personal del daño, en la medida que el actor no acreditó dentro del proceso la relación existente entre el daño padecido con los derechos que ostenta sobre el vehículo de placas ZVL-301, debiendo establecer una titularidad jurídica sobre el derecho que tiene respecto del bien menguado.

6.3. De la antijuricidad del daño alegado por el actor.

59 Por último, la Sala procede a interrogarse si ¿podría calificarse de antijurídica la conducta adelantada por la secretaría de tránsito y Transporte de Sevilla por el cumplimiento de un deber legal que le es propio como, en este caso lo es el registro de vehículos automotores? (sic).

59.1 Con el fin de dar respuesta al anterior interrogante, es preciso señalar que el daño injusto es “todo aquel daño causado por un hecho no autorizado en una norma específica, originado por fuera del ejercicio de una facultad atribuida concreta y específicamente por el ordenamiento en razón de una particular exigencia social”(108).

59.2 De igual forma, el daño merecerá la calificación de antijurídico cuando “lesione un interés protegido por el derecho(109), entendidos, tanto este como aquel, en su sentido más amplio. Lo anterior significa que por intereses jurídicamente protegidos o tutelados no deben entenderse únicamente los derechos subjetivos, sino también los intereses legítimos e, incluso, las expectativas ciertas y legítimas, siempre y cuando unos y otras se encuentren protegidos por el ordenamiento jurídico, concebido este no solo como la suma de concretas normas, sino integrado también por los principios y valores que lo informan”(110).

59.3 Por otro lado, el daño que afecta al interés sacrificado por el derecho no es antijurídico y la reacción que a él le corresponde, no es una sanción por la mera razón de que con ella el derecho pretende no garantizar tan solo la prevalencia de un interés, sino, más aún, compensar al sujeto del interés que por él ha resultado sacrificado. En este sentido la doctrina ha considerado:

“Pueden presentarse varios ejemplos. El art. 924 del Código Civil establece que el propietario de un enjambre de abejas tiene derecho a perseguirlas en el fundo ajeno, pero debe indemnizar por el daño ocasionado al fundo ajeno, salvo el derecho del propietario del fundo es a ser indemnizado por el daño. Jurídicamente prevalente es el interés del propietario de los enjambres o de los animales amansados, como se desprende la atribución hecha por la ley a tal propietario, del derecho a perseguir los enjambres o los animales amansados por el fundo ajeno, y por tanto, el daño que sufre el propietario del fundo sobre el que se los persigue, es un daño legítimo, quod iure fit. Sin embargo, el ordenamiento jurídico, tomando en consideración fines superiores de equidad, considera que una compensación debe ser satisfecha al propietario del fundo. No parece se pueda negar que en este caso se está en presencia de un daño en sentido jurídico. La negación se produciría solo manteniendo las miras estrechas del tradicional damnum quod iiuria fit; pero, lo cierto es que el daño antijurídico no es más que una especie, aunque permítasenos insistir, especialmente relevante, del daño en sentido jurídico. Cuando un interés se lesiona, se realiza un perjuicio, un daño; y si este daño, procediendo de una causa extraña al sujeto que lo sufre, produce una reacción jurídica a favor de este mismo sujeto, es precisamente porque evidentemente se trata de un daño en sentido jurídico, independientemente de su antijuridicidad”(111).

59.4 Así las cosas, en el caso de autos, la Sala considera que el daño alegado por el actor es de llegarse a demostrar su existencia se debe considerar jurídico en la medida en su ejercicio del derecho de propiedad que afirmó tener respecto del vehículo de placas ZVL-301, no demostró que hubo una carga que no estaba llamado a soportar.

59.5 En consecuencia, el daño demandado por el señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo, al considerarse jurídico debe ser soportado por esté en la medida que no demostró dentro del proceso que la entidad lo haya sometido a un trámite, a exigencias o a procedimientos que excedían lo que ordinariamente se requerían para el registro de un automotor como consecuencia de la compraventa que realizó sobre aquel identificado con las placas ZVL-301, ni que en el marco del mismo se haya sometido indebidamente al demandante a cargas frente a la situación jurídica del vehículo, de la que no se ofreció prueba alguna que con certeza despejara la duda si respecto del mismo de (sic) produjo un negocio jurídico que pudo o no estar viciado de ilicitud por la naturaleza del objeto del mismo, esto es el vehículo, y si en la relación entre sujetos privados que intervinieron en la compraventa cabe trasladar a la entidad demandada cargas diferentes al cumplimiento que se dio del registro del vehículo en las condiciones, con la documentación y con los elementos de verificación ofrecidos por los interesados ante la secretaría de tránsito y transporte del municipio de Sevilla.

59.6 De igual forma, la Sala observa en el sub judice, que la lesión demandada por el actor de encontrarse demostrada en el proceso, no es antijurídica por cuanto no existe evidencia que de cuente que se lesionó un interés protegido por el derecho. Es así pues como en el caso de autos, no se demostró que en virtud de la irregular actuación de la secretaría de tránsito y transporte se vio afectado el derecho de propiedad que ostenta el demandante respecto del vehículo de palcas ZVL-301.

60 En razón a lo expuesto, es clara para la Sala la inexistencia del daño antijurídico, por lo cual se abstendrá de realizar el juicio de imputación, por cuanto no existe daño de cuya atribución se pueda responsabilizar a la administración, y en consecuencia procederá a confirmar la sentencia del a quo, por medio de la cual se dispuso despachar en forma desfavorable las súplicas de la demanda.

7. Costas.

61 Finalmente, en cuanto a la condena en costas, observa la Sala que en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la parte vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera - Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. CONFIRMAR la sentencia de 13 de agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, que negó la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(6) En la demanda por perjuicios materiales por concepto de daño emergente, se estimó veinticuatro millones seiscientos mil pesos m/cte ($24.600.000.oo), siendo que para la fecha de presentación de la demanda, 27 de septiembre de 1999, la cuantía exigida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia era de $26.390.000.oo.

(7) Sección Tercera, sentencias del 22 de noviembre de 2001, expediente 13356; Subsección C, de 1º de febrero de 2012, expediente 20560. “Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado”. Puede verse recientemente: Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de octubre de 2013, expediente 27804.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-965 de 2003.

(9) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, expediente 20146. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera se ha establecido que: “(…) se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño (…)”. Sección Tercera, sentencias de 11 de noviembre de 2009, expediente 18163; de 4 de febrero de 2010, expediente 17720.

(10) En torno al concepto enunciado, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, expediente 10973, de la Sección Tercera hizo las siguientes precisiones, que en esta oportunidad se prohíjan: “(…) La legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina desde dos puntos de vista: de hecho y material. La legitimación de hecho en la causa es entendida como la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la notificación de esta al demandado. Quien cita a otro y atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. V. gr.: A demanda a B. Cada uno de estos está legitimado de hecho. La legitimación material en la causa alude, por regla general, a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas (…) La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace una excepción de fondo. La excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir, parcial o totalmente la súplica procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo. La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado (…)”.

(11) Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto de 2011, expediente 19237.

(12) Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 13444. En la reciente jurisprudencia de la Sección Tercera se ha establecido que “se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño (…)”.Sección Tercera, sentencias de 11 de noviembre de 2009, expediente 18163; de 4 de febrero de 2010, expediente 17720.

(13) Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007, expediente, 13503. En este sentido, la Sección se ha pronunciado en los siguientes términos: "En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que esta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra". En auto del 8 de marzo de 2001 la Corte Constitucional reiteró: “Acorde con los principios básicos del derecho procesal, especialmente con el denominado “legitimidad en la causa por pasiva”, las obligaciones jurídicas son exigibles respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la ley o el contrato a responder por ellas. Así las cosas, para que la acción judicial se abra camino en términos de favorabilidad, es necesario que -además de que se cumplan otros requisitos- exista una coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta se reclama. La incongruencia o falta de identidad entre dichos sujetos, conduce usualmente al proferimiento (sic) de sentencias desestimatorias, las cuales, como es obvio, resultan altamente perjudiciales para el demandante". De todo lo anterior se concluye, de un lado, que la legitimación en la causa no es una excepción de fondo en los procesos ordinarios (…)” (subrayado y negrillas fuera de texto).

(14) Por ejemplo, cuando el interés al que se ha hecho referencia no se radica en la persona o personas que han sido vinculadas al proceso en calidad de demandados, se presenta el fenómeno conocido como ausencia de legitimación en la causa por pasiva (CC, art. 2343), que impide que válidamente se puedan derivar efectos del proceso respecto de aquellas personas, por cuanto no existe identidad entre la persona demandada y aquella que por ley está llamada a responder por el daño causado.

(15) Gómez, José J. Bienes, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1981, p. 159. En concepto del profesor José J. Gómez, el título “es el hecho del hombre generador de obligaciones o la sola ley que lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa”.

(16) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 9 de junio de 1999, expediente 5265.

(17) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 10 de marzo de 2005.

(18) Gómez, José J, Bienes, ob., cit. También el profesor José J. Gómez ofrece como definición de modo “es la forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza el título, cuando este genera la adquisición de los derechos reales”.

(19) De conformidad con el artículo 740 del CC: “La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo”. Gómez, José J, Bienes, ob., cit. Otra definición que ofrece suficiente claridad sobre el tema, es la presentada por el citado tratadista, quien la define como “la forma de cumplir las obligaciones de dar y consiste en la entrega que de la cosa sobre la cual recae el derecho debido, hace el deudor al acreedor”.

(20) El Capítulo II del Título VI del Libro del Código Civil, establece las formas de tradición de las cosas corporales muebles, así: “ART. 754.—Formas de la tradición. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes: 1º) Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. 2º) Mostrándosela. 3º) Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. 4º) Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. 5º) Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio; y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc.”.

(21) De este precepto se infiere que el contrato o acto debía presentarse por escrito, pero ello era simplemente para efectos probatorios sin que implicara una solemnidad en la formación de los contratos que versaran sobre automotores.

(22) “Decreto 1809 de 1990, 76A: El artículo 88 del Decreto-Ley 1344 de 1970, quedará así: ART. 88.—El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito será el encargado de expedir las normas para que los diferentes organismos de tránsito y/o transporte lleven el registro terrestre automotor. PAR.—No serán objeto de este registro los vehículos y la maquinaria que por sus características no puedan transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público”.

(23) Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2001, expediente 13730; sentencia de 20 de febrero de 2003, expediente 14176.

(24) No debe confundirse los efectos declarativos de las sentencias judiciales, con los de la institución del registro de la propiedad, pues las sentencias o fallos declarativos, constituyen un título declarativo que igualmente tendrá que cumplir con el modo – tradición para trasladar el derecho real.

(25) Caicedo Escobar, Eduardo, Derecho Inmobiliario Registral, Temis, Bogotá, 1997, pp. 40-41.

(26) Caicedo Escobar, Eduardo, Derecho Inmobiliario Registral, ob., cit., pp. 39-40.

(27) Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 1988, expediente 5198.

(28) Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de abril de 2010, expediente 33418. “(…) la compraventa se constituye en el título traslaticio de dominio y para tal contrato basta el acuerdo entre cosa y precio. Tratándose de bienes muebles la naturaleza de ese negocio jurídico es consensual, del cual nacen obligaciones tanto para el vendedor como para el comprador: el primero debe dar la cosa, el segundo ha de dar el precio pactado. (…) la tradición es la forma jurídica como se cumplen las obligaciones de dar”.

(29) El artículo 1880 del CC establece que las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos, siendo la primera de ellas la entrega o tradición.

(30) Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2002, expediente 13395, se pronunció en relación con hechos ocurridos el 4 de agosto de 1993, donde dijo que la copia auténtica de la tarjeta de propiedad era suficiente para probar la propiedad alegada.

(31) Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 19432. Se pronunció en relación con hechos ocurridos el 14 de julio de 1992 y cuya adquisición del vehículo se pretendió probar con el contrato permuta, celebrado el 13 de febrero de 1992. Allí se dijo que el título no era suficiente para acreditar la propiedad, por cuanto por tratarse de un vehículo de uso público, dedicado al transporte de pasajeros, su adquisición implicaba un acto de comercio cuya tradición debía efectuarse con aplicación del artículo 922 del C. Co., es decir mediante la inscripción en la oficina de registro de automotores, en cuya ausencia se consideró no probada la propiedad pero si la posesión y se tuvo al demandante como poseedor, postura que en la actualidad no se comparte, toda vez que la Sala considera que en estricto sentido, no puede adjudicarle al demandante una condición diferente a la alegada por él, para dar por establecida la legitimación material por activa, porque ello implicaría sustituir la causa petendi de la acción, es decir modificar los hechos en que se sustenta la demanda, desconociendo el principio del debido proceso, sacrificando el derecho de defensa de la parte contraria y atentando contra la congruencia que debe existir en sus sentencias.

(32) El artículo 765 del CC, cita como títulos traslaticios del dominio, aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio, como la venta, la permuta y la donación entre vivos, confundiendo con ello la noción del título con la del modo, pues como se concluye en este estudio, el título no traslada el dominio, este solo genera la obligación de dar y es con el modo que se traslada la propiedad de cabeza del tradente a la del adquirente. En los términos del Dr. J. J. Gómez, “al decir el código (765) que hay títulos constitutivos y traslaticios, contraria sus propias bases en punto a obligaciones y confunde la noción de título con la noción de modo. Los títulos ni son traslaticios, ni son constitutivos: son simplemente títulos, es decir fuentes de obligaciones o de facultades; si el título es ejecutado y se trata de obligaciones de dar, se transfiere el dominio, pero ello no será obra del título sino del modo; (…) El título no tiene el atributo de transferir el derecho real; (…) el título es simplemente de adquisición o de propiedad, si habiendo originado obligaciones de dar, estas fueron cumplidas (…)”.

(33) Artículo 88, Decreto-Ley 1809 de 1990.

(34) Sección Tercera, sentencias de 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; de 31 de agosto de 2006, expediente 28448; de 21 de mayo de 2008, expediente 2675; de 13 de agosto de 2008, expediente: 35062, entre otras.

(35) Posición que puede verse en sentencia de la Subsección C, de 18 de enero de 2012, expediente: 19920. Sobre la valoración de copia simple también puede verse las sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente: 9666; 21 de febrero 21 de 2002, expediente: 12789; 26 de mayo de 2010, expediente: 18078; 27 de octubre de 2011, expediente: 20450.

(36) Posición reiterada en Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

(37) La parte demandante solicitó oficiar a la Fiscalía Seccional 25 del municipio de Sevilla remitir fotocopia autentica del expediente abierto como consecuencia del decomiso del 30 de septiembre de 1997 del vehículo de placas ZVL-301 de propiedad del señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo (fl. 24 cdno. 1).

(38) “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

(39) Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 19969.

(40) Artículo 168 del Código Contencioso Administrativo: “En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 reza lo siguiente: “En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que esté expresamente regulado en este código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”. En tanto que el artículo 214 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Toda prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”. Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.

(41) Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14951.

(42) Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15088.

(43) Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.

(44) Sección Tercera, sentencias de 14 de abril de 2004, expediente 15630; de 22 de abril de 2004, expediente 14877; de 5 de diciembre de 2005, expediente 15914. “(…) El artículo 229 del mismo código dispone: “Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: “Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior. “Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299. “Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria. “Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. “Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del CPC. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se resalta). “En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio” (resaltado fuera de texto). Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11898.

(45) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Si la prueba testimonial trasladada no cumple las condiciones del artículo 185 del CPC está obligada a ser ratificada “salvo que la parte contra la cual se aducen la acepte o acuda a ella para analizar el problema jurídico debatido en las oportunidades de intervención procesal que la ley le otorga (art. 229 num. 1º)”. Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, expediente 15284.

(46) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Además “se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 (…) por el cual se reitera, su apreciación es viable”. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, expediente 16727. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente 13476. “Se exceptúa respecto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del art.254 CPC y los informes y peritaciones de entidades oficiales (CPC, art.243)”. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 20587.

(47) Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de abril de 2011, expediente 20374.

(48) Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente 14174.

(49) Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 16398.

(50) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

(51) Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14951.

(52) Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de abril de 2011, expediente 20374.

(53) Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2002, expediente 12789; sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18078.

(54) Corte Constitucional, Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2003. Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2011, expediente 42029 manifestó. “Con la perención, se castiga drásticamente, la conducta de la parte demandante que no asume una actuación dinámica en relación con el impulso del proceso, de tal suerte que si su inactividad se prolonga por un lapso igual o superior a seis meses, se da por terminado el mismo, con las consecuencias que ello acarrea”.

(55) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, T. III, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2004, p. 537.

(56) Corte Constitucional, Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2003; Sentencia C-183 del 14 de marzo de 2007.

(57) Sección Cuarta, sentencia de 26 de septiembre de 2013, expediente 20231. Corte Constitucional, Sentencia C-183 del 14 de marzo de 2007.

(58) Corte Constitucional, Sentencia C-123 de 2003. En esta sentencia se dijo frente al tema de la notificación al Ministerio Público, lo siguiente: “No obstante, como destacan algunos de los intervinientes y el Ministerio público, en el ámbito del juicio de constitucionalidad debe observarse que desde el momento mismo de la presentación de la demanda pueden surgir deberes, obligaciones y cargas procesales que han de ser satisfechas directamente por el demandante, precisamente encaminadas a que ulteriormente pueda participar efectivamente la entidad pública que en su demanda indique el demandante. Esperar a que se notifique a la entidad demandada, abstracción hecha de la conducta que al efecto observe el demandante, frente a las cargas de impulsión que le haya impuesto la ley, para que la perención opere, es dejar el efecto de la conducta en manos de quien debe precisamente observarla o cumplirla. Por ello no encuentra la Corte que la disposición acusada resulte violatoria del artículo 29 de la Constitución, en los términos que pretende el demandante”.

(59) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, T. III, ob., cit., pp. 538-539.

(60) De acuerdo con el precedente de unificación jurisprudencial de la Sección Tercera: “Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia (sic) de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del CPC. (…) Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia (sic) nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez (así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, Exp: 26.261. M.P. Alier Hernández Enríquez) (…) No sobra mencionar que otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia. Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política (…) Conviene puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i). En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante solo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii). En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “(…) aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inciso final) (Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925) (…) Pues bien, a la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resulten desfavorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del CPC, en razón de la cual “(l)a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos (al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925). De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación. En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia (sic)— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’. Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada” (resaltado fuera de texto).

(61) La presente investigación se allega por parte de la Fiscalía General de la Nación – Unidad Seccional de Fiscalías- Sevilla Valle, al presente proceso en atención al Oficio LESV 1999-2003/2448 enviado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 12 de julio de 2002 a dicha entidad, en el que solicita “por segunda vez, para que obre dentro del presente proceso, fotocopia autentica del expediente abierto como consecuencia del decomiso del 30 de septiembre de 1997 del vehículo de placas ZVL-301 de propiedad del señor Francisco Rodrigo Valencia Giraldo (fl. 67 cdno. 1).

(62) “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, p. 185. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las administraciones públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”. Martin Rebollo, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en Badell Madrid, Rafael (coord.). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al Prof. Luis H. Farias Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp. 278 y 279.

(63) Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

(64) Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

(65) “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, ob., cit., p. 186.

(66) “¿Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? (…) el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”. Mill, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp., Alianza, Madrid, 2001, pp.152 y 153.

(67) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción”, próximo a publicación.

(68) Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado (…) El otro elemento corresponde a ‘lo racional’: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”. Rawls, John, Liberalismo político, 1ª ed., 1ª reimp., Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p. 279.

(69) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en Afduam. Nº 4, 2000, p. 168.

(70) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p. 297.

(71) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p. 298.

(72) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.

(73) Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

(74) “Por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.

(75) Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

(76) "(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. Thibierge cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta ‘el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad solo por la simple amenaza del daño, con la condición de que este último sea suficientemente grave’ (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. Henao, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VV. AA., Daño ambiental, T. II, 1ª ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 194, 196 y 203.

(77) Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”. ob., cit., p. 507.

(78) Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.

(79) Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333.

(80) Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021.

(81) Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”. ob., cit., p. 403. En el mismo sentido el profesor Chapus ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.

(82) Henao, Juan Carlos, El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 131.

(83) Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

(84) Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 20477.

(85) Henao, Juan Carlos, “El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés”, ob., cit., pp. 39-40.

(86) Henao, Juan Carlos, “El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés”, ob., cit., pp. 39-40.

(87) Corte Constitucional, Sentencia C-066 de 1993. "El desarrollo económico y social es el responsable último de la mutación del concepto y del sentido que la sociedad colombiana tiene y asigna a la propiedad privada. Las leyes expedidas a partir de los años treinta, se inscriben bajo el signo de la sociabilidad como lo atestiguan sus textos y la copiosa jurisprudencia que se ha ocupado de las mismas, que remiten incesantemente a las categorías del interés social y de la función social de la propiedad. El alejamiento de la matriz subjetivista del Código Civil es notorio y denuncia con elocuencia un cambio de la base económica y del fundamento mismo del derecho de propiedad, que se conserva y garantiza, pero a partir de los postulados constitucionales del interés social y de la función social. En este sentido, la afectación legislativa expresa de actividades e importantes ámbitos de la propiedad privada al interés social, ha permitido sustentar medidas expropiatorias tendientes a fortalecer y facilitar programas de desarrollo social y económico, a través de los cuales se han articulado políticas de justicia distributiva. Por su parte, en términos generales, la vinculación intrínseca de la propiedad privada a la función social, ha querido subordinar la garantía de la misma a los requerimientos de la producción y la generación de riqueza".

(88) Corte Constitucional, Sentencia C-189 de 2006.

(89) Respecto al artículo en mención, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-595 de 18 de agosto de 1999 manifestó: “El concepto de propiedad que se consagra en la Constitución colombiana de 1991, y las consecuencias que de él hay que extraer (la doctrina de la Corte ejemplificada en las citas anteriores así lo confirma), es bien diferente del que se consignó en el Código Civil adoptado en 1887 y, por tanto, que el uso que allí se prescribe del concepto de propiedad, dista mucho de coincidir con el que ha propuesto el Constituyente del 91; por ende, se deduce que el contenido del art. 669 del Código Civil según el cual, el propietario puede ejercer las potestades implícitas en su derecho arbitrariamente, no da cuenta cabal de lo que es hoy la propiedad en Colombia. A más de lo anterior, es pertinente subrayar que ciertos conceptos jurídicos definidos por el legislador, cumplen una importante función simbólica, v. gr.: libertad, responsabilidad, obligación, facultad, culpa, y, por tanto, suministran la clave de lo que el ordenamiento es, de la filosofía que lo informa; en este caso, queda claro que el artículo 669 no puede simbolizar de modo veraz lo que es hoy el dominio en Colombia, por mandato del Estatuto soberano. La Corte ha afirmado, en múltiples ocasiones, que la propiedad, en tanto que derecho individual, tiene el carácter de fundamental, bajo las particulares condiciones que ella misma ha señalado. Justamente los atributos de goce y disposición constituyen el núcleo esencial de ese derecho, que en modo alguno se afecta por las limitaciones originadas en la ley y el derecho ajeno pues, contrario sensu, ellas corroboran las posibilidades de restringirlo, derivadas de su misma naturaleza, pues todo derecho tiene que armonizarse con las demás que con él coexisten, o del derecho objetivo que tiene en la Constitución su instancia suprema”.

(90) Velásquez, Luis Guillermo, Bienes, p. 116. “(…) el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en el ejercicio de su derecho. Solo él está facultado para ‘usar, gozar y disponer de la cosa. Un propietario no tiene que soportar a nadie, sea quien sea’, desde el derecho romano la exclusividad del dominio ha consistido en que sobre una misma cosa solo puede existir un propietario, lo que no contradice la existencia de una especie de propiedad, denominada indivisa, en la cual existen varios titulares pero ninguno puede identificar física o materialmente su derecho sobre el objeto”.

(91) Corte Constitucional, Sentencia C-189 de 15 de marzo de 2006.

(92) Corte Constitucional, Sentencia C-189 de 15 de marzo de 2006.

(93) Hinestrosa, Fernando, “Función, límites y cargas de la autonomía privada”, p. 43.

(94) Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008.

(95) Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008.

(96) Henao, Juan Carlos, El Daño –Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés, ob., cit., p. 88. Tamayo Jaramillo, Javier, De la Responsabilidad Civil, ob., cit., p. 80. “(…) tradicionalmente doctrina y jurisprudencia enuncian que el perjuicio debe ser personal para que haya derecho a reparación. Ello significa que la víctima del daño o sus causahabientes pueden demandar reparación. De igual forma, en el derecho francés Laurent Richer “Répertoire de la Responsabilité de la Puissance Publique”. Cit. Nº 46 considera “el carácter personal del perjuicio como una condición de fondo de la existencia del derecho a reparación”.

(97) Consejo de Estado Fr., sentencia de 11 de mayo de 1928.

(98) Consejo de Estado Fr., sentencia de 18 de noviembre de 1960.

(99) Se puede observar en este sentido, por ejemplo: “El triunfo de las concepciones solidaristas del Estado, que exige esta evolución, exige al mismo tiempo que el perjuicio reparado sea, en todos los casos inmerecido. De allí la importancia que tiene la culpa de la víctima en tal evolución. Conviene por demás que la situación vulnerada sea legítima, puesto que si de otra manera fuera, no sería digna de la protección social que se concreta con el otorgamiento de una indemnización compensatoria (…). La teoría de la culpa de la víctima y de situación ilegitima muestran entonces una relación en el plano de la función que están llamadas a cumplir (…). Deben, una y otra, servir de freno a una evolución que la justicia justifica, pero que podría conllevar incontestables abusos y a la merma del nivel cívico y moral (…). Un texto de ley, un acto o una operación administrativa pueden atacar —de una u otra forma y según modalidades diferentes— una situación que, sin estar anteriormente prohibida por el derecho positiva, presentaría sin embargo un aspecto criticable desde el punto de vista económico, nacional, moral o social. En otros términos, la actividad cuyo ejercicio se encontraría más o menos desconocida por la acción de la administración se mostraría contraria a la solidaridad social (…). No hay duda de que, invocando el juez la noción de situación ilegitima en su sentido amplio, trae a colación una concepción trascendental del derecho. Condena así, en nombre de un derecho superior conforme a las exigencias de la sociedad social, un derecho positivo anterior, que por su carencia, había permitido el desarrollo de actividades molestas a la sociedad” (Georges Morange. “La notion de situation ilégitime dans le contentieux de la responsabilite administrative”, Paris, Dalloz, 1953, Chron V.p.27). En el mismo sentido: “Se trata de que el juez precise la categoría de personas admitidas para obtener reparación en caso de muerte, lesiones, o de enfermedades de la víctima de un accidente y, más precisamente, de fijar límites que permitan canalizarla onda de demandas excesivas” (Guy Isaac. “Aprés I´Arret Letisserand: Dix Années de réparation de la douleur morale par le Conseil d´Etat, en Melanges Paul Couzinet. Pág. 398).

(100) Henao, Juan Carlos, El Daño –Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés, ob., cit., pp. 91-93.

(101) En este sentido la nota del Consejo de Estado Fr. en sentencia de 25 de enero de 1952, Lassalle-Barrére afirmó: “la nueva regla jurisprudencial se define simplemente: puede solicitarse indemnización por el hecho de la muerte o de la invalidez de un tercero, cuando el demandante pruebe que el deceso o la invalidez le causa un perjuicio personal, sin importar los nexos de parentesco con la víctima”.

(102) Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación de 24 de junio de 1942.

(103) Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación de 15 de julio de 1949.

(104) Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1989.

(105) Henao, Juan Carlos, El Daño –Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés, ob., cit., pp. 94-95.

(106) Cupis, Adriano, De, El Daño –Teoría General de la Responsabilidad Civil, ob., cit., p. 34 “Lo que el derecho tutela, el daño vulnera. Si el derecho tutela, un determinado interés humano, este puede ser atacado por un daño, que será un daño en sentido jurídico (daño jurídico), en cuanto contra él apresta el derecho la propia reacción”.

(107) Henao, Juan Carlos, El Daño –Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés, ob., cit., p.103.

(108) Cupis, Adriano, De, El Daño –Teoría General de la Responsabilidad Civil, ob., cit., p. 144. “La libertad jurídica que tiene valor de principio substantivo en nuestro ordenamiento comprende una libertad general de actividades, de movimientos, de iniciativas, incluso a cargo de otros, que no puede ser reducida al ámbito de las facultades particulares atribuibles al sujeto ni subrogada por este para determinar la justicia del daño y la correlativa irresponsabilidad de su autor. Esta misma libertad aparte de caracterizar los distintos derechos subjetivos, que consisten en situaciones de libertad relativa respecto a determinados bienes, es objeto, además de un derecho esencial, el derecho de la personalidad, por lo que no puede derivarse de una mera tolerancia del ordenamiento jurídico. Esta libertad corresponde a una valoración de utilidad personal y social, cumplida por el ordenamiento, la cual se inspira en la finalidad de permitir libre salida a las energías y a las iniciativas individuales, lo que hace que los daños producidos en ejercicio de dicha libertad permanezcan definitivamente a cargo del que los ha sufrido, a no ser que hayan dañado intereses subjetivos jurídicamente protegidos. El límite, por tanto, viene determinado por la protección jurídica de los intereses de los demás. Puede suceder, no obstante que este mismo límite sea removido por la presencia de una facultad especifica atribuida al sujeto, en la que exista una causa que justifique su obrar. Pero tal criterio de discriminación asume una función solo complementaria, y no lo es lo bastante idóneo para permitir, por sí solo, determinar el problema relativo a la valoración de la justicia o de injusticia del daño.

(109) Naveira Zarra, Maita María, El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual, tesis doctoral, p. 21, “(…) resultará resarcible todo daño que recaiga sobre un interés humano jurídicamente protegido, ya goce de un reconocimiento legal específico, ya carezca de este, si bien, en este último caso, será preciso que dicho interés no repugne al Ordenamiento jurídico, es decir, será necesario que ‘su goce no comporte una situación de hecho ilícita’”.

(110) Naveira Zarra, Maita María, El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual, tesis doctoral, p. 20.

(111) Adriano De Cupis. “El Daño –Teoría General de la Responsabilidad Civil”. Pág. 93-94.