Sentencia 1999-02042 de enero 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 76001-23-31-000-1999-02042-01(30356)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Armando Orozco y otros

Demandado: Municipio de Buenaventura y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2004, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 18.850.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 40.000.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de uno de los demandantes, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Cuestión previa.

Respecto de las fotografías que se aportaron con la demanda(1), que supuestamente contienen imágenes del lugar donde, el 21 de septiembre de 1997, Armando Orozco sufrió un accidente de tránsito que le causó la pérdida de uno de sus ojos, debe precisarse que no tienen mérito probatorio, ya que no existe certeza de que correspondan al lugar mencionado en la demanda como escenario de los hechos. Dichos elementos solo comprueban que se registraron unas imágenes, sin que se acredite su origen, el lugar, ni la época en que fueron tomadas, toda vez que no fueron reconocidas ni ratificadas por la persona que las capturó, ni fueron cotejadas con otros medios de prueba.

3. Valoración probatoria y caso concreto.

La Sala, con fundamento en el material probatorio válidamente recaudado, encuentra acreditado lo siguiente:

Según copia autenticada de la historia clínica de Armando Orozco(2), el 21 de septiembre de 1997 el paciente ingresó al servicio de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura, ya que “a las +/- 5 a.m. presenta accidente en motocicleta, cuando se movilizaba en estado de embriaguez. Traído al servicio de urgencia - inconsciente, ebrio” (fl. 8, cdno. 2).

En atención a la gravedad de las lesiones, fue remitido al servicio especializado de neurología y oftalmología de Instituto de Seguros Sociales de Cali, con el siguiente diagnóstico: “1. TCE severo - moderado, 2. Trauma ocular derecho, 3. Descartar hematoma intracerebral” (fl. 8, cdno. 2).

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Sur, revisó la historia clínica del señor Orozco y, pese a que la ilegibilidad del documento no le permitió su “lectura en forma completa”, concluyó que “el examinado presento (sic) trauma en ojo derecho, con diagnostico (sic) de neuritis optica (sic) postraumatica (sic) pero no se anota el resultado de la valoración por Oftalmologia (sic)” (fl. 95, cdno. 1).

Verificado el daño invocado por la parte actora, consistente en las lesiones que sufrió Armando Orozco en un accidente de tránsito ocurrido el 21 de septiembre de 1999, la Sala abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si aquel es atribuible o no a las entidades demandadas, toda vez que a estas se les pretende imputar una falla en el servicio consistente en la falta de intervención y mantenimiento de una de las vías urbanas del municipio de Buenaventura.

En casos como el que ahora ocupa a la Sala, la falla en la prestación del servicio se configura si se acredita que la entidad encargada del mantenimiento y conservación de la vía (escenario del accidente) omitió el cumplimiento de tales deberes, máxime si se prueba que fue enterada sobre la presencia anormal y peligrosa de obstáculos sobre esta, como árboles caídos, derrumbes o desprendimiento de rocas, hundimientos, etc., que pudieren ofrecer riesgo a los automotores o peatones que transitan por el sector y que, aún así, no tomó las medidas tendientes a reparar, señalizar o aislar la zona, o a remover el material estorboso, a fin de prevenir el peligro que este implicaba.

Al respecto, esta corporación ha sostenido que el Estado está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de manera que deberá responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito(3), ii) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiere efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía(4); en este evento, se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, pero dicha valoración será aún más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que esta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad.

Se tiene, entonces, que la demostración de la existencia de un obstáculo en una vía (en este caso una alcantarilla sin tapa) no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño por ello, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

Al respecto, no debe olvidarse que, a la luz del inciso primero del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(5), constituye una carga procesal de la parte actora demostrar las imputaciones consignadas en la demanda, a partir de las cuales pretende que se declare responsable a la administración, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, en este caso por las lesiones padecidas por Armando Orozco.

En cuanto a las circunstancias en las que se presentó el accidente, se tiene el testimonio de Manuel Herrera Plaza, rendido ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, en el que se relató lo siguiente:

“Yo soy testigo presencial de los hechos en los cuales se accidentó el señor Armando Orozco, estabamos (sic) en el barrio el Jorge, a eso de las tres de la mañana nos dió (sic) por ir a visitar unas amigasa (sic) Bella Vista, él iba en su moto y yo en la mía, antes de llegar a la Villa Olimpica (sic), había un hueco emposado (sic) de agua, en ese momento la moto de él se fue al hueco y el cayó golpiandose (sic) el lado derecho de la cara. Lo recogimos para llevarlo al H (sic) Hospital. Los familiares siguieron atendiendolo (sic). Yo me fui para mi casa. Estaba cansado, amanecido” (fl. 46, cdno. 2).

Lo mismo afirmó el señor Jairo Olaya Casierra(6), en los siguientes términos:

“Los hechos sucedieron hace 4 años como en el 97, séptiembre (sic) del 97, yo estaba jugando dominó, él se fue con otro amigo cada cual en su moto, un amigo que se llama Manuel, en el camino iba para una fiesta, me contó Manuel iqe (sic) iba atrás de él que se habia (sic) metido en una alcantarilla, hay (sic) fue el accidente… Lo llevaron al hospital departamental de aquí y de ahí lo mandaron para Cali” (fl. 48, cdno. 2).

De conformidad con lo anterior, es de anotar que, aún cuando los testigos recién mencionados no señalaron con precisión el lugar en el que se presentó el accidente de tránsito que sufrió Armando Orozco, para la Sala no existe duda de que este acaeció en uno de los corredores viales del municipio de Buenaventura(7), donde, por la ausencia de la tapa de una de las alcantarillas allí instaladas, la moto cayó al ducto y, por lo tanto, produjo también la caída del motociclista. De esta forma, se tiene probado que, debido al mal estado de la vía, transitar por ese lugar representaba un riesgo inminente que, de hecho, se concretó con el accidente que soportó el señor Orozco.

Agrégase a lo anterior que, no obstante que en la demanda se aseguró que el mencionado colector fue despojado de su cerramiento aproximadamente 3 meses antes del siniestro, el municipio demandado optó por guardar silencio y por no ejercer su derecho de defensa, de manera que no desvirtuó la falla que se le imputó, ni demostró haber cumplido con sus deberes de vigilancia, mantenimiento, rehabilitación y conservación del espacio público, escenario del accidente.

Por el contrario y no obstante la pobreza probatoria del expediente, se logró demostrar que el hecho dañoso ocurrió por la conducta omisiva de la administración municipal, toda vez que, pese a tener a su cargo el deber de tomar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de esta clase de accidentes a través de la reparación de los daños, la remoción de los obstáculos o, por lo menos, la instalación de avisos preventivos sobre la existencia de un factor riesgo sobre la vía, nada hizo al respecto.

Finalmente, la Sala observa que, aún cuando el municipio de Buenaventura, con el ánimo de enervar su responsabilidad en este caso, fundó sus alegatos de conclusión de primera instancia en la suscripción de un contrato de prestación de servicios de aseo con la empresa Aseo Total S.A., lo único que probó fue la existencia de un contrato con la empresa Pacífico Aseo S.A. ESP, cuyo objeto era la prestación del servicio público de aseo integral; no obstante, este se firmó el 15 de septiembre de 1999, es decir, con posterioridad al hecho que dio origen a este asunto; y, en todo caso, de haberse probado la existencia de un convenio con un contratista para la época del accidente, la administración municipal estaría llamada a responder, por cuanto la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que, cuando se genere un daño a terceros con ocasión de la ejecución de obras públicas con el concurso de contratistas, se entiende que es la misma administración pública la directamente ejecutora, y es esta la dueña o titular de la obra, de manera que los contratos que celebre con particulares no son oponibles a terceros y, en consecuencia, no puede exonerarse de responsabilidad(8).

Ahora, si bien es cierto que en la historia clínica se registró que el paciente ingresó al hospital “en estado de embriaguez” y que ello permitiría hablar de la concurrencia de causas en la generación del accidente y pensar en la consecuente disminución de la condena, también es cierto que se desconocen las razones a las cuales obedeció dicho reporte, máxime que, seguido de ello, se escribió que el paciente se encontraba inconsciente, lo que supone que no se podía percibir alteración alguna en su comportamiento. Además, no existe un dictamen que señale el grado de alcohol que presentaba, ni mucho menos que certifique que, por tal circunstancia, se encontraba física o emocionalmente afectado y que, por lo tanto, su estado fue determinante en la generación del accidente.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto decidió negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad del municipio de Buenaventura por las lesiones sufridas por Armando Orozco.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio.

En casos como el que ahora se estudia, la Sala ha acudido al elemento probatorio que certifique el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del lesionado, con el fin de establecer el monto de la condena a imponer por concepto de este perjuicio, tanto para la víctima, quien padece directamente los efectos de la lesión, como para los afectados.

En el sub examine, la parte demandante solicitó la remisión de Armando Orozco ante la junta de calificación de invalidez, regional Valle del Cauca, y la práctica de dicha prueba fue decretada en el auto del 10 de agosto de 2000(9). En oficio 122-01 del 24 de septiembre de 2001, la mencionada junta(10) solicitó al interesado cumplir con unos requisitos previos, necesarios para calificar la pérdida de la capacidad laboral, documento que fue puesto en conocimiento de los demandantes(11), quienes guardaron silencio; en consecuencia, si bien es cierto que está probado que Armando Orozco sufrió un trauma severo en uno de sus ojos, también es cierto que no allegó prueba alguna referente a la pérdida de la capacidad laboral que dicha lesión le generó.

Pero lo anterior no es óbice para imponer una indemnización por este perjuicio, pues, según la historia clínica, el demandante permaneció hospitalizado desde el 21 de septiembre de 1997 (día de los hechos), hasta el 26 de septiembre del mismo año(12), momento a partir del cual asistió a controles y a exámenes de oftalmología y neurología, según las pruebas aportadas, hasta el 2 de marzo de 1998(13), hechos que, indudablemente, causaron en el señor Orozco una aflicción y una angustia propios de una persona confinada en un centro clínico, sometida a múltiples tratamientos y físicamente limitada, tal como lo confirman los testigos escuchados en este proceso, así:

“… dialogando con él, se ponía a llorar y en los momentos en que estaba hablando y se iba, evidentemente uno se daba cuenta que estaba sufriendo porque afuera (sic) de la parte sicológica, está impedido para trabajar y él es un factor fundamental en su familia y todo se lo tenían que dar sus familiares” (Manuel Herrera Plaza, fl. 46, cdno. 2).

“Nunca le conocí enfermedades de ninguna índole (sic) y ahora a raíz del accidente si (sic) lo veo muy mal. (sic) por que (sic) no vé (sic) con el ojo derecho habla enredado y no oye normal” (Guillermo Racines Camacho, fl. 52, cdno. 2).

De conformidad con lo anterior, el señor Armando Orozco tendrá derecho a recibir una indemnización por perjuicios morales por la suma equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes a le fecha de esta sentencia, cantidad que la Sala considera justa, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión (trauma severo), el órgano afectado (ojo derecho), el tiempo que permaneció hospitalizado, los exámenes a los cuales debió someterse y la evidente congoja que esto le produjo.

Respecto de los demás demandantes, la Sala encuentra acreditado el parentesco entre Armando Orozco (víctima) y la señora Ana Cecilia Orozco (madre), Leyla Tatiana Orozco Lozano (hija) y Luz María López Orozco (hermana) ya que obran en el expediente, en copia auténtica, los registros civiles de nacimiento respectivos(14). En este sentido, la Sala da por probado el perjuicio moral de estas personas, con ocasión de la lesión de su hijo, padre y hermano, por cuanto, a partir de las reglas de la experiencia, se presume que el daño sufrido por un pariente cercano causa aflicción y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto dentro de la familia, como núcleo básico de la sociedad. Así, entonces, habrá lugar a reconocerles la indemnización de perjuicios morales a que tienen derecho, así: Para Ana Cecilia Orozco y Leyla Tatiana Orozco Lozano, 30 smmlv para cada una, y para Luz María López Orozco, 15 smmlv.

Por su parte, los testimonios practicados dieron fe de que Armando Orozco convivía con la señora María Esperanza Lozano Angulo (compañera permanente) y sostenía una relación con ella. Así lo afirmaron: “vive con la hija que se llama Tatiana Orozco y Esperanza Lozano, la mujer… hasta el momento el (sic) es su marido”(15); “vive con Esperanza Lozano que es su mujer… viven en unión libre, son pareja”(16); “vive con Esperanza que es la esposa de él… También sufrió el mismo trauma la señora de él Esperanza Lozano al ver a su esposo en las condiciones en que quedó”(17). De esta forma, el vínculo entre la víctima y la señora Lozano Angulo quedó demostrado, razón por la cual se le reconocerá a esta la suma equivalente a 30 smmlv.

De otro lado, está probado que el señor Simón Robledo Valencia hace parte del núcleo familiar de Armando Orozco, ya que, según las pruebas testimoniales, aquel es el padre de crianza de este; al respecto, los declarantes manifestaron lo siguiente: “Ana Cecilia Orozco es la madre y Simón Robledo Valencia es el padrastro, relación de padre y madre”(18); “Simón Robledo es el padrastro el que lo crio (sic) desde pequeñito”(19); “el (sic) toda la vida ha tenido respeto por el padrastro Simón Robledo, la han ido muy bien”(20). Así, entonces, se le reconocerá la suma de 30 smmlv por concepto de perjuicios morales(21).

Perjuicios materiales

Daño emergente

La parte actora no acreditó la pérdida económica o el empobrecimiento que supuestamente sufrió con ocasión de la lesión del señor Armando Orozco; en consecuencia, la Sala no accederá a su reconocimiento.

Lucro cesante

Pese a que no existe material probatorio que demuestre cuánto devengaba el señor Armando Orozco en razón de su trabajo, sí existen testimonios(22) en los que se aseguró que aquel desarrollaba alguna actividad económica al momento del accidente, como “adicional” en el muelle de Buenaventura; además, para esa época, se encontraba en una edad productiva (40 años), esto es, con capacidad de ejercer una actividad laboral o comercial que le permitiera percibir por lo menos un salario mínimo.

En este orden de ideas, la Sala liquidará el mencionado perjuicio teniendo en cuenta el valor del salario mínimo mensual vigente a la fecha de la presente sentencia, es decir, la suma de $ 616.000(23), pues esta resulta, en términos de equidad, más beneficiosa que la que arroja la actualización del salario mínimo vigente para la época en que se produjo el accidente ($ 449.041), la cual se deriva de aplicar al salario mínimo de esa época ($ 172.005) la fórmula utilizada para actualizar la renta, así:

S 1999-02042CE1.JPG
 

El valor del salario mínimo legal vigente será incrementado en un 25% ($ 154.000), por concepto de prestaciones sociales; así, se tomará como base para la liquidación la suma de $ 770.000.

Ahora, el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado, es decir, el tiempo durante el cual el actor estuvo hospitalizado, esto es, 5 días, pues, se recuerda, la parte demandada no demostró el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral ni la incapacidad generada por las lesiones.

Así, la liquidación del lucro cesante para el señor Orlando Orozco es:

S = Ra (1+i).JPG
 

Donde “S” es el valor a pagar, “Ra” es la renta actualizada (en este caso y como ya se explicó, se toma el salario mínimo mensual legal vigente, incrementado en un 25%), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses transcurridos desde el 21 de septiembre de 1997 hasta el 26 de septiembre siguiente.

S 1999-02042CE2.JPG
 

Condena en costas

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 3 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al municipio de Buenaventura, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con las lesiones padecidas por el señor Armando Orozco.

2. En consecuencia, CONDÉNASE al municipio de Buenaventura a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, las siguientes sumas:

— El equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada una de las siguientes personas: Armando Orozco, Ana Cecilia Orozco, Leyla Tatiana Orozco Lozano, María Esperanza Lozano Angulo y Simón Robledo Valencia.

— El equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de señora Luz María López Orozco.

3. CONDÉNASE al municipio de Cali a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento veintidós mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($ 122.948), a favor del señor Armando Orozco

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

6. Una vez en firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

7. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folios 9 a 13, cuaderno 1.

(2) Allegada al proceso con oficio IPS.CRUU.DIR.292 del 31 de julio de 2001 (fls. 5 a 14, cdno. 2).

(3) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de febrero de 2005, Expediente 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de marzo de 2000, Expediente 11877, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(5) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

(6) Si bien es cierto que se trata de un testigo de oídas, esta corporación ha reiterado que “el testimonio de oídas constituye un medio de prueba cuya valoración no puede desecharse o desestimarse, sin más, por el solo hecho de que la versión que rinda el declarante haya llegado a su conocimiento por la transmisión que de la misma le hubiere realizado otra persona y no por la percepción directa de los hechos respectivos (…). Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente” (sentencia de la Sección Tercera, proferida el 7 de octubre del 2009, Expediente 17629, C.P. Mauricio Fajardo Gómez). Comoquiera que el testigo identificó a la persona que le transmitió la información y su versión coincide con aquella que aportó Manuel Herrera, esta prueba es susceptible de valoración. No sucede lo mismo con el testimonio rendido por Guillermo Racines Camacho (fls. 51 a 52, cdno. 2), por cuanto no comentó la forma como obtuvo la información de que pretende dar cuenta.

(7) En la audiencia de recepción de testimonios llevada a cabo en Buenaventura, los testigos, naturales de ese municipio y con domicilio allí, mencionaron en sus versiones algunos lugares (barrios, la Villa Olímpica y el hospital) con el fin de relatar los hechos que antecedieron al accidente. De la lectura de estas declaraciones, la Sala puede inferir que los deponentes hacían referencia a sitios ubicados en el mencionado municipio y no en otro.

(8) Al respecto, ver sentencia del 20 de septiembre de 2007, Expediente 21322, C.P. Ruth Stella Correa y sentencia del 29 de agosto de 2012, Expediente 24546, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, entre otras.

(9) Folio 79, cuaderno 1.

(10) Folio 201, cuaderno 1.

(11) Auto del 10 de octubre de 2001, obrante a folio 109, cuaderno 1.

(12) Folio 9, cuaderno 2.

(13) Folio 31, cuaderno 1.

(14) Folios 5, 6 y 8, cuaderno 1.

(15) Testimonio del señor Manuel Herrera Plaza. Folio 46, cuaderno 2.

(16) Testimonio del señor Jairo Olaya Casierra. Folio 48, cuaderno 2.

(17) Testimonio del señor Guillermo Racines Camacho. Folio 51, cuaderno 2.

(18) Testimonio del señor Manuel Herrera Plaza. Folio 46, cuaderno 2.

(19) Testimonio del señor Jairo Olaya Casierra. Folio 48, cuaderno 2.

(20) Testimonio del señor Guillermo Racines Camacho. Folio 51, cuaderno 2.

(21) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de enero de 2009, Expediente 18073, C.P. Enrique Gil Botero.

(22) Testimonio de Manuel Herrera Plaza: “Se (sic) que trabajaba adicionalmente pero no tengo conocimiento en cuanto a su sueldo” (fl. 46, cdno. 2). Versión de Jairo Olaya Casierra: “El (sic) trabajaba adicional en el muelle; no tenía ingreso fijo como era adicional unas veces ganaba menos otras más” (fl. 48, cdno. 2). Declaración de Guillermo Racines Camacho: “El (sic) trabajaba adicional en el muelle en aquella época, como todos sabemos que los sueldos del trabajador a (sic) adicional de Puertos (sic) es menor que el mínimo… no tenía él como ni los padres colaborarle con los gastos del accidente” (fl. 51, cdno. 2).

(23) Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2014.