Sentencia 1999-02044 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SUBSECCIÓN B

Rad. 080012331000199902044 01

Exp. 30992

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Julio Alberto Acuña Povea y otros

Demandados: Nación-Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

8. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

9. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(1).

10. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por las acciones y omisiones en que incurrió dicha entidad y que, según la parte actora, están representadas en la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Julio Alberto Acuña Povea.

11. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Sobre este punto, la corporación ha reiterado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4). No obstante, la norma citada autoriza al superior a resolver de fondo sin limitaciones —dentro de los límites del recurso— cuando ambas partes hayan apelado la decisión de primera instancia(5), como sucede en el presente caso.

12. En cuanto a la legitimación en la causa, están demostrados los lazos de parentesco y civiles entre el señor Julio Alberto Acuña Povea y los demás demandantes en el presente caso(6). Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se comprueba que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación, de manera que la Nación, representada por tal entidad, se tiene legitimada como demandada en este asunto. En el caso del Ministerio de Justicia y del Derecho, al no encontrarse en el expediente actuación alguna relacionada con la privación de la libertad que soportó el señor Acuña Povea, se declara su falta de legitimación.

13. Finalmente, sobre la caducidad de la acción, la Sala constata que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que la decisión que le puso fin a la investigación penal adelantada contra Julio Alberto Acuña Povea fue proferida el 29 de julio de 1997 y la demanda se interpuso el 28 de julio de 1999, esto es, dentro del término legal de dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

14. La Sala deberá determinar si la privación de la libertad impuesta a Julio Alberto Acuña Povea en el desarrollo de la investigación penal que adelantó en su contra la Fiscalía General de la Nación por el delito de concusión, y que culminó con una resolución de preclusión, supone una detención injusta, o si, como lo alega la demandada en la impugnación, el demandante estaba obligado a soportar la detención. De constatarse la responsabilidad de la entidad, procederá a la liquidación de perjuicios, para lo cual tendrá en cuenta la objeción planteada por la parte actora.

III. Validez de los medios de prueba

15. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

15.1. En el presente caso, la entidad demandada solicitó expresamente en la contestación de la demanda que se oficiara a la Unidad seccional de fiscales delegados ante el tribunal superior de Medellín, para que remitiera copia de “la investigación penal en contra del actor” (fl. 121-122, cdno. 1). El tribunal decretó la prueba (fl. 125, cdno. 1) y requirió a la demandada para que allegara el mencionado proceso (fl. 128, cdno. 1). En virtud de esta disposición, la Unidad de fiscalías delegadas ante el tribunal superior del distrito judicial de Medellín allegó copia de la investigación penal seguida por esa entidad contra el señor Julio Alberto Acuña (fl. 126, cdno. 1), en dos cuadernos con 574 y 22 folios, respectivamente (fls. 1-604, cdno. 2).

15.2. Las pruebas decretadas y practicadas en la investigación penal trasladada serán valoradas por la Sala debido a que fueron surtidas con audiencia de la entidad demandada en el presente caso, pues se trata de una investigación seguida por la Fiscalía General de la Nación contra el señor Julio Alberto Acuña Povea.

IV. Hechos probados

16. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

16.1. El 12 de enero de 1996, Miguel Antonio Ballestas y Yomaira Arce se presentaron ante la dirección seccional de fiscalías de Barranquilla para denunciar que un funcionario de dicha entidad les había solicitado dinero a cambio de proferir una decisión favorable a sus intereses, a lo cual ellos accedieron; agregaron que al no adoptarse esta decisión les fue devuelto el valor entregado (denuncia de Miguel Antonio Ballestas —fls. 4-6, cdno. 2—; denuncia de Yomaira Arce —fls. 7-13, cdno. 2—).

16.2. El 24 de enero de 1996, con ocasión de la denuncia interpuesta por Miguel Ballestas y Yomaira Pacheco, la fiscalía delegada ante el tribunal superior de Barranquilla abrió una investigación contra el fiscal seccional Julio Alberto Acuña y el técnico judicial Juan Altamiranda por el presunto delito de concusión, y dispuso escucharlos en diligencia de indagatoria (auto de apertura de instrucción —fls. 17-18, cdno. 2—).

16.3. El 14 de junio de 1996, el mismo despacho resolvió la situación jurídica de Julio Alberto Acuña y Juan Altamiranda y les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. En esta misma decisión se les sustituyó dicha medida por la de detención domiciliaria, bajo caución prendaria (auto que resuelve la situación jurídica —fls. 88-101, cdno. 2—).

16.4. El 24 de junio de 1996, la dirección seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución 000857, suspendió provisionalmente al señor Julio Alberto Acuña Povea del cargo de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito, de la dirección seccional de fiscalías de Barranquilla (Resolución 000857 de la dirección seccional administrativa y financiera de la Fiscalía —fls. 157-158, cdno. 2—).

16.5. El día 12 de julio de 1996, la fiscalía delegada ante el tribunal superior de Barranquilla, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el defensor contra el auto que resolvió la situación jurídica de los procesados y los afectó con medida de aseguramiento (fls. 144-150, cdno. 2), decidió confirmar la decisión, luego de considerar que la existencia de indicios en su contra, derivados de los testimonios rendidos por Miguel Ballestas y Yomaira Arce, justificaban la imposición de la medida (auto de 12 de junio de 1998 —fls. 178-198, cdno. 2—).

16.6. El 25 de abril de 1997, la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Julio Alberto Acuña Povea, dispuso la devolución de la caución prendaria y lo dejó vinculado a la investigación penal, en estos términos (auto de 25 de abril de 1997 —fls. 584-600, cdno. 2—):

“Revocar parcialmente el numeral primero de la providencia de noviembre 21 de 1996, proferida por la fiscalía delegada ante el tribunal superior con sede en Barranquilla, en el sentido de revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al doctor Julio Alberto Acuña Povea”.

16.7. El 21 de julio de 1997, la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución 0-1587, levantó la suspensión en el ejercicio del cargo impuesta a Julio Alberto Acuña Povea (Res. 0-1587 de la Fiscalía General de la Nación —fls. 49-52, cdno. 1—).

16.8. El 29 de julio de 1997, la unidad seccional de fiscales delegados ante el tribunal superior del distrito judicial de Medellín decidió precluir la investigación seguida contra Julio Alberto Acuña y declaró extinguida la acción penal, en estos términos (Resolución de preclusión —fl. 547, cdno. 2—):

“Así motivada esta providencia, la unidad de fiscales delegados ante el tribunal superior del distrito judicial de Medellín, resuelve precluir la investigación abierta contra el doctor Julio Alberto Acuña Povea, de condiciones personales y civiles anotadas en su indagatoria, fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Barranquilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, por lo tanto, declarar extinguida la acción penal derivada de la imputación por hipótesis delictiva definida y sancionada, no en el artículo 140 del Código Penal, sino en el artículo 141 del mismo estatuto, por las claras diferenciaciones expuestas en la motivación. El doctor Acuña Povea podrá continuar en libertad, mediante el cumplimiento de las obligaciones contraídas una vez le fuera revocada la medida de aseguramiento, entre tanto se surte la ejecutoria de esta providencia”.

16.9. El 20 de agosto de 1997 quedó ejecutoriada la resolución que precluyó la investigación a favor de Julio Alberto Acuña Povea (Oficio 001169 de la unidad seccional de fiscalías delegadas ante el tribunal superior de Medellín —fl. 564, cdno. 2—; constancia de la secretaría de la unidad seccional de fiscalías delegadas ante el tribunal superior de Medellín —fl. 79, cdno. 1—).

16.10. Al señor Julio Alberto Acuña Povea se le cancelaron los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido del cargo (certificado de la tesorería de la dirección seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación —fls. 74-77, cdno. 1—).

V. Análisis de la Sala

17. La libertad personal es un derecho esencial de la persona y, como tal, está reconocido en la Carta Política(7) y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e incorporados al orden jurídico interno por vía del bloque de constitucionalidad(8).

18. La libertad consiste básicamente en la capacidad de la persona de hacer lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:

“La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los Estados Americanos de consolidar ‘un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre’, y el reconocimiento de que ‘solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos’. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo”(9).

19. La libertad, como principio y derecho humano, comprende en su núcleo esencial tanto “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios”, como “la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”(10).

20. En su carácter de principio, la libertad es un elemento básico y estructural del Estado de derecho que reconoce y protege la propia autorrealización del individuo. Como derecho fundamental, la libertad goza de preeminencia en el orden superior (C.P., art. 5º), solo puede ser regulada o intervenida por la potestad legislativa (C.P., art. 152.a), se encuentra protegida por la prohibición de afectar su contenido esencial y, finalmente, su aplicación es directa e inmediata y obliga a todos los órganos y agentes del Estado.

21. El derecho a la libertad, no obstante, no tiene carácter absoluto e ilimitado pues debe necesariamente ser armonizado con otros bienes y derechos de rango constitucional. En consecuencia, la restricción de la libertad a través de la captura o la detención preventiva es considerada admisible, pues el objeto de tales medidas es “asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad”(11). Estas medidas deben ser decretadas por una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso judicial con plenas garantías, y con un carácter eminentemente provisional o temporal, con el fin de que no se conviertan en una sanción anticipada.

22. La restricción de la libertad no solamente debe sujetarse a estos requisitos formales y sustanciales, sino que su imposición debe estar motivada con claridad y suficiencia, y ajustarse a los principios, valores y derechos que consagra la Carta Política, así como a los parámetros fijados por el derecho internacional de los derechos humanos.

23. Este derecho goza de tal preeminencia que el legislador previó un régimen de responsabilidad según el cual, si una persona es privada de la libertad en el marco de un proceso seguido en su contra y después resulta exonerada por sentencia absolutoria o una decisión equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía un hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizada. Así se estableció en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991:

“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

24. Esta corporación ha aclarado el contenido y alcance de dicha disposición, en los siguientes términos:

“En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(12), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que, de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y, por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel”(13).

25. En el presente caso, es preciso advertir que para el momento en que quedó en firme la decisión que puso fin al proceso penal seguido contra el señor Julio Alberto Acuña Povea, a saber, el 29 de julio de 1997, ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, cuyo artículo 68 prescribe que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. Esta circunstancia, desde luego, no impide abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio expuesto. En la revisión del proyecto de la ley estatutaria, la Corte Constitucional condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición, en estos términos:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible(14).

26. La Sala ha considerado que si bien el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional traduce la privación injusta de la libertad en una actuación judicial “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con los daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en el mundo jurídico de la ley estatutaria de la administración de justicia, pues ello tuvo lugar solo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000(15), esto es, el Código de Procedimiento Penal(16).

27. En resumen, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declarada en todos los casos en los que se dicte una sentencia penal absolutoria o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible, con fundamento en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 cuando la decisión penal se profiera en vigencia de esa norma, esto es, cuando la sentencia penal o su equivalente se hubieran proferido durante el lapso comprendido entre el 30 de noviembre de 1991 —cuando aquel fue expedido— y el 24 de julio de 2001 —cuando entró en vigor la Ley 600 de 2000—, porque solo a partir de la decisión definitiva se debe entender consolidado el daño antijurídico.

28. Advierte la Sala que la demandada propuso una excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, al considerar que la facultad conferida al legislador extraordinario se limitó a la regulación del procedimiento penal, mas no a los aspectos relativos a la responsabilidad del Estado. No obstante, como lo ha señalado esta subsección, la aplicación de dicha norma no implica “una contradicción ostensible y directa con alguna disposición constitucional, por lo que le dará aplicación a la misma, tal como lo ha hecho la Sección Tercera de la corporación en reiterada y abundante jurisprudencia”(17).

29. Se debe establecer, entonces, si la decisión que le puso fin a la investigación penal adelantada contra Julio Alberto Acuña se enmarca en alguno de los supuestos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

29.1. Con tal propósito, se refiere el contenido de la resolución dictada el 29 de julio de 1997 por parte de la unidad seccional de fiscalías delegadas ante el tribunal superior del distrito judicial de Medellín, que precluyó la investigación a favor de Julio Alberto Acuña (fls. 539-545, cdno. 2):

“La presente investigación tiene su origen en otra que adelantara el doctor Julio Alberto Acuña Povea, cuando fungía como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Barranquilla, en la unidad asignada para la investigación de los delitos contra el patrimonio económico, según denuncia que formulara Camilo Ballestas Santander por los supuestos delitos de falsedad y daño en bien ajeno, contra Edmundo Ferris, Manuel Higgins y otros, involucrándose así mismo a la señora Argénida Molina de Reyes, inspectora departamental del corregimiento de Bocatocino, jurisdicción del municipio de Juan de Acosta.

La denuncia atrás referida la formula Ballestas Santander el 20 de agosto de 1993 y le es asignada al fiscal Acuña Povea seis días más tarde, el funcionario solo abre la investigación el 4 de agosto de 1994 y realiza unas pocas diligencias, incluidas las indagatorias de Feris Yunes y Argénida Molina, no obstante la activa participación del representante de la parte civil, cuya personería fue aceptada el 14 de octubre de 1994. El fiscal Acuña Povea fue trasladado a la unidad asignada a la investigación de los delitos definidos y sancionados en la Ley 30 de 1986 por resolución del 15 de mayo de 1995 y el expediente fue recibido el 6 de julio de 1995. La cronología anterior busca darle una mayor claridad el tiempo que la investigación corrió por cuenta del fiscal acusado, pues fue durante ese tiempo cuando al decir de los acusadores, el técnico judicial al servicio del doctor Acuña, Juan de Dios Altamiranda Vargas, recibió los dineros exigidos al padre del denunciante señor Miguel Antonio Ballestas Guerrero y a la esposa de este último Yomaira Arce Pacheco, a fin de producir una providencia que fuera favorable a los intereses del denunciante, representado por el doctor Armando del Valle López.

Parece que la señora Yomaira Arce Pacheco está acostumbrada a participar, de manera muy poco ortodoxa, en los asuntos judiciales que ventilan en los distintos despachos Miguel Antonio y Camilo Ballestas, en esa mera intervención parece que por parte de Juan de Jesús Altamiranda Vargas recibiera la exigencia de algunos dineros para adelantar el trámite de la denuncia que formulara Camilo Ballestas y dentro de ese trámite proferir la resolución que favoreciera las pretensiones de su hijastro. Ya desde los albores de esta compleja investigación la exigencia ilícita no era clara con respecto del fiscal Acuña Povea, pues la propia Arce Pacheco involucra de manera directa al técnico judicial, más no al funcionario. No obstante lo anterior, la fiscalía cuarta delegada ante el tribunal superior del distrito judicial de Barranquilla, previa indagatoria de Acuña Povea y Altamiranda Vargas, profiere medida de aseguramiento de detención domiciliaria para ambos sindicados. (...)

Se ha dicho que la señora Arce Pacheco poco compromete en la conducta delictiva al fiscal Acuña, aún cuando ‘muchas veces, casi toda la semana hablaba con el doctor Julio Acuña y que este le decía que esperara un poco, primero porque tenía unos presos que estaba en comisión, que después estaba incapacitado fueron muchas veces esas cosas’, pero nunca lo acusa de haberle exigido dinero alguno para proferir resolución favorable a los intereses de su esposo o de su hijastro. Ese dinero, concretamente trescientos mil pesos ($ 300.000), pues los ciento cincuenta mil ($ 150.000) restantes, según la propia señora Arce Pacheco, se los entrega a Altamiranda a título de mutuo o préstamo, obedece a la exigencia de Altamiranda, quien en reiteradas ocasiones le prometía el buen resultado que al final tendría la investigación.

Es solo por la intervención directa del fiscal acusado que la señora Arce Pacheco viene a darse cuenta de la realidad de lo acontecido, de la tramoya ejecutada por Altamiranda a fin de involucrarla en el concreto aspecto de la investigación aludida, es entonces cuando le informa a su esposo, Miguel Antonio Ballestas Guerrero, y este le exige que de inmediato que recupere el dinero que le había entregado al técnico judicial. Debe repetirse que si alguna duda pudiera retractarse de las primeras intervenciones de los esposos Ballestas Guerrero y Arce Pacheco, la claridad va tornándose sin sombra alguna de las precisiones propuestas en claras ampliaciones por los ya citados esposos. (...)

De la anterior prueba testimonial, poca por cierto, solo puede concluirse que el beneficiario del dinero exigido a la señora Arce Pacheco no era otro que el técnico judicial Altamiranda Vargas, solo que para darle mayor fuerza a la exigencia, para cubrirla del éxito que pretendían los esposos denunciantes, desde luego debía involucrar la actividad del fiscal. Tan ajeno estaba el funcionario de la actividad ilícita desplegada por su técnico judicial que Yomaira Judith Arce no le exige la devolución del dinero al doctor Acuña, sino a Altamiranda, aún cuando este le dijera que el dinero era para los dos.

Debe reiterarse que la exigencia de los trescientos mil pesos fue iniciativa propia del técnico judicial (...) De lo que obra en el proceso es difícil predicar la connivencia del fiscal con el técnico para determinar a los esposos denunciantes; claro que esa exposición cabe en el campo de lo posible, pero de acuerdo con la prueba no puede circunscribirse en el campo de los probable. Es ahí donde debe distinguirse. De acuerdo con los hechos indicadores, toda la maniobra fue orquestada por Altamiranda con miras a lograr el dinero por parte de la señora Yomaira Judith Arce y con la pretendida finalidad de favorecerla en el desarrollo de la investigación en un principio relacionada. (...)

Está debidamente acreditada la calidad de servidor público del fiscal Acuña Povea, tanto con el derecho de nombramiento como con el acta de posesión, como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Barranquilla. Lo que sí no encuentra, al tenor de la prueba que acaba de analizarse, es la tipificación concreta del abuso del cargo o de las funciones, abuso del cual el señor Acuña indujera a los esposos denunciantes a entregarle o prometerle dineros en relación causal directa con la función o el cargo, es decir, la entrega de los trescientos mil pesos que adujera la señora Arce Pacheco con una específica finalidad. En este orden de ideas, con el respeto debido a la segunda instancia, la investigación nunca debió adelantarse por el delito de concusión, sino por el delito de cohecho. (...)

Con relación al cambio de tipo penal, solo puede decirse que obedece a la formulación misma de la denuncia, pues recuérdese que tanto Ballestas Guerrero como la señora Arce Pacheco, señalan al técnico judicial como la persona que les demandara el dinero a fin de proferir una resolución que los beneficiara en forma directa (...) Esa es la conducta por la cual el fiscal Acuña Povea recibirá preclusión de la investigación (...)

Como se ha dicho tantas veces, la conducta cohechadora solo puede imputársele a Altamiranda, de acuerdo con lo expuesto y analizado en el subtítulo precedente. Fue Altamiranda el que solicitó el dinero para proferir resolución favorable a los intereses perseguidos por los esposos denunciantes”. (resalta la Sala)

29.2. La lectura de la resolución que precluyó la investigación permite entrever que el señor Julio Alberto Acuña Povea, como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Barranquilla, tenía a su cargo una investigación penal contra Edmundo Ferris, Manuel Higgins y otros, por los supuestos delitos de falsedad y daño en bien ajeno, originada en la denuncia que había presentado Camilo Ballestas Santander, hijo de Miguel Ballestas Guerrero y de Yomaira Arce, quienes, debido a esta condición, tenían un interés directo en los resultados de la indagación.

29.3. En el desarrollo de dicha investigación, según se considera en la citada resolución, el señor Juan de Jesús Altamiranda, técnico judicial de la fiscalía, les solicita a Miguel Ballestas y a Yomaira Arce un dinero con destino, supuestamente, al fiscal Acuña Povea, con el fin de lograr por parte de este una decisión favorable a sus intereses. Los interesados acceden a entregar el dinero y, posteriormente, debido a que no se dictó la resolución esperada, estos reclaman la suma entregada a Altamiranda y este procede a su devolución. Luego del incidente, Ballestas y Arce formulan denuncia contra el técnico judicial Altamiranda y el fiscal Acuña Povea, por el presunto delito de concusión.

29.4. Al cabo de la investigación seguida contra ambos funcionarios, la unidad seccional de fiscalías delegadas ante el tribunal superior del distrito judicial de Medellín concluyó, por una parte, que el delito que se debía investigar no era el de concusión sino el de cohecho, y, además, que el fiscal Julio Alberto Acuña no había participado de ninguna manera en este delito, dado que la única persona que solicitó dinero a cambio de una decisión judicial favorable había sido el señor Juan Altamiranda. En dicha resolución se aclara que, si bien el técnico judicial les manifestó a quienes estaban interesados en el resultado del proceso que era preciso entregar un dinero al fiscal Acuña Povea para que esta decidiera a su favor, esta persona no tenía conocimiento alguno de la transacción, de modo que se imponía cesar la acción penal con respecto a su conducta.

30. Así las cosas, para la Sala es claro que la preclusión a favor de Julio Alberto Acuña Povea se debió a la constatación por parte del fiscal instructor de que este no había cometido el delito endilgado, esto es, el de haber solicitado dinero a cambio de adoptar una decisión judicial. En esa medida, se concluye que su situación quedó subsumida en una de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, a saber, que el imputado no cometió el delito por el que se le investigó, disposición que lo habilita para reclamar una indemnización del Estado por la privación de la libertad que debió soportar durante la investigación penal.

31. Ahora bien, cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación alegó haber procedido según las normas constitucionales y legales que reglamentan su función. Al respecto, la Sala se permite reiterar que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de error. Al damnificado le basta con probar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un perjuicio con ocasión de la detención. Con esa sola demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos(18).

32. Esta regla se sustenta en la constatación de que la persona, por el hecho de vivir en comunidad, no está obligada a soportar una carga tan lesiva de sus derechos esenciales y, en general, de su proyecto de vida, como la privación de la libertad, sin recibir a cambio algún tipo de compensación. Al respecto se ha señalado:

“La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria solo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un, desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación”(19).

33. Dado que el señor Julio Alberto Acuña Povea tuvo que soportar la carga de ser privado de la libertad mientras que el Estado, a través de su aparato investigativo, averiguaba su supuesta autoría o participación en una conducta punible, merece ser compensado por el solo hecho de habérsele impuesto una carga mayor a la que asume el promedio de los ciudadanos.

VI. Liquidación de perjuicios

34. En el recurso de apelación, la parte actora cuestiona el valor de lo reconocido por el tribunal por concepto de compensación del perjuicio moral (100 smlmv) porque, según argumenta, el señor Acuña Povea se vio afectado moralmente con ocasión del reproche social y profesional que le acarreó la detención ilegal que debió soportar.

34.1. Para tasar el valor correspondiente a la reparación del perjuicio moral, la Sala advierte que si bien las pretensiones de la demanda por ese concepto se formularon en gramos oro, la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)(20).

34.2. El juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”, mas no como restitución o reparación; (ii) el principio de equidad establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la obligación de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras decisiones para efectos de garantizar el principio de igualdad(21).

34.3. En los casos de privación injusta de la libertad, la Sala presume que el individuo sometido a detención padece un sufrimiento “por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia”(22).

34.4. En relación con la cuantificación del perjuicio, en reciente decisión de la Sala Plena de esta sección se unificaron los criterios para la tasación del perjuicio moral en casos de privación injusta de la libertad, con base en los siguientes parámetros: (i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; (ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; (iii) la gravedad de la conducta por la cual fue investigado y/o acusado el sindicado; (iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad(23).

34.5. En la misma providencia, la Sala consideró que, sin perjuicio de las circunstancias especiales de cada caso, los siguientes lineamientos permiten orientar la discrecionalidad del juez para la tasación de tales perjuicios: (i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; (iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados(24).

34.6. En atención a la reciente sentencia de la Sala Plena, teniendo en cuenta que el señor Julio Alberto Acuña estuvo privado de la libertad durante diez meses y once días —entre el 14 de junio de 1996 y el 25 de abril de 1997— y que el tiempo de reclusión lo cumplió en su domicilio, la Sala constata que el monto a reconocer (80 smlmv, que podría disminuir en razón de la detención domiciliaria) resulta inferior al fijado por el a quo (100 smlmv). No obstante, sin perjuicio de la calidad del funcionario que estuvo privado de la libertad y de la repercusión social que la detención tiene sobre el administrador de justicia, que por sí sola ameritaría un aumento de la condena, se reconocerá el valor de 80 smlmv dado que la detención se cumplió en el domicilio del señor Acuña Povea.

34.7. Para la compensación del perjuicio moral causado a los familiares del señor Acuña Povea, se comprueba que este es cónyuge de Piedad Inmaculada Pacheco Beleño y padre de Kary Patricia Acuña Ruz, Julio Alberto Acuña Pacheco, Mónica Patricia Acuña Ruz, Evelyn Marcela Acuña Pacheco y Jennifer Paola Acuña Pacheco.

34.8. Esta Sala ha dicho que el parentesco constituye indicio suficiente de la existencia, entre miembros de la misma familia, de una relación de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan unos con el padecimiento de otros(25). Acudiendo al criterio ya señalado, la Sala reconoce, por concepto de compensación de perjuicios morales, el valor de 80 smlmv a favor de la cónyuge y los hijos.

35. Para la liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala toma nota, en primer lugar, de que el Tribunal a quo condenó en abstracto a la entidad a indemnizar los gastos en que supuestamente debió incurrir el señor Acuña Povea como consecuencia de la detención sufrida, representados en préstamos de dinero a varias personas, el pago de honorarios profesionales al abogado defensor y el empeño de joyas en casas de compraventa.

35.1. Al respecto, se advierte que los préstamos de dinero alegados por la parte actora y sustentados en certificados suscritos por sus supuestos acreedores (fls. 81-84, cdno. 1), así como los recibos de compraventa allegados con el escrito de demanda (fls. 86-88, cdno. 1), demuestran que el señor Acuña Povea, en efecto, tuvo que cubrir sus gastos a través de empréstitos y el empeño de sus bienes durante el tiempo en que estuvo cesante debido a la suspensión provisional del cargo que, claro está, tuvo origen en la investigación penal seguida en su contra. No obstante, al cancelársele los salarios y las prestaciones debidas por parte de la Fiscalía General de la Nación, se buscaba restaurar su situación económica de manera que pudiera solventar los gastos y pagar las deudas que debió adquirir mientras dejó de percibir sus ingresos, tiempo que coincide con aquel en que estuvo privado de la libertad. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de condenar por ese concepto, en vista de que se trata de desembolsos ya cubiertos por el pago de los salarios y prestaciones debidas, y revocará lo decidido por el tribunal sobre el particular.

35.2. Con respecto a los honorarios pagados al abogado defensor, la Sala se aparta de la decisión del tribunal de condenar en abstracto por ese concepto, dado que encuentra acreditado el valor del desembolso, a saber, la suma de $ 5.000.000, según constancia expedida el 2 de junio de 1999 por el abogado Aníbal Royero Sinning (fl. 85, cdno. 1), quien además figura como apoderado a lo largo de la investigación penal.

35.3. Este valor debe actualizarse según la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar, IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (113,68)(26), y el IPC inicial o histórico el índice de las series de empalme de la fecha de expedición de la constancia (55,60)(27) En consecuencia, se reconocerá a favor de Julio Alberto Acuña Povea la suma de $10.223.021 por concepto de reparación de los gastos de representación judicial.

36. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad del lucro cesante, la parte actora solicitó la reparación de “los intereses legales, indexación y corrección monetaria que no pagó la fiscalía al hacer los pagos de los sueldos reconocidos” (fl. 5, cdno. 1).

36.1. Al valorar esta pretensión, el tribunal condenó a la demandada en los siguientes términos (fl. 242, cdno. 3):

“Al respecto, se encuentra probado en el proceso que al actor le suspendieron el pago de sus salarios y prestaciones desde el 13 de junio de 1996 hasta el 30 de julio de 1997. Ahora bien, por medio de la Resolución 0-1889 de septiembre 23 de 1997 expedida por la Fiscalía General de la Nación, se ordenó la cancelación de las remuneraciones dejadas de percibir por el doctor Julio Alberto Acuña Povea, el valor correspondiente al ajuste, con la respectiva corrección monetaria, de los salarios y prestaciones ya canceladas, desde el 13 de junio de 1996 hasta la fecha en que efectivamente el accionante recibió el pago de las mismas. Dicha actualización deberá hacerse con base en los índices de precios al consumidor de la época, por el DANE”.

36.2. La Sala, nuevamente, se aparta de la decisión del tribunal, pues comprueba que la acción de reparación directa no es la procedente para solicitar el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales pendientes o de la corrección monetaria de las mismas. La resolución que aprobó y ordenó esos pagos debió impugnarse por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término oportuno. Al no ser este el momento ni el escenario para cuestionar la presunción de legalidad que cobija ese acto administrativo, la Sala se abstendrá de condenar por concepto de indemnización del lucro cesante.

VII. Costas

37. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de dicha parte dentro del proceso, por lo que no condenará frente a este punto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR el fallo del 28 de octubre de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Julio Alberto Acuña Povea.

2. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de compensación de perjuicios morales, a favor de Julio Alberto Acuña Povea, Piedad Inmaculada Pacheco Beleño, Kary Patricia Acuña Ruz, Julio Alberto Acuña Pacheco, Mónica Patricia Acuña Ruz, Evelyn Marcela Acuña Pacheco y Jennifer Paola Acuña Pacheco, el valor equivalente a 80 smlmv, para cada uno de ellos.

3. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de reparación del daño emergente, a favor de Julio Alberto Acuña Povea, la suma de $ 10.223.021.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Expedir por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala al respecto: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) La norma mencionada agrega: “sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(6) Está acreditado que Julio Alberto Acuña Povea es cónyuge de Piedad Inmaculada Pacheco Beleño (registro civil de matrimonio ­—fl. 99, cdno. 1—) y padre de Kary Patricia Acuña Ruz, Julio Alberto Acuña Pacheco, Mónica Patricia Acuña Ruz, Evelyn Marcela Acuña Pacheco y Jennifer Paola Acuña Pacheco (registros civiles de nacimiento —fls. 100-104, cdno. 1—).

(7) Constitución Política. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. (...)

(8) Convención americana sobre derechos humanos. Aprobada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme su artículo 74.2 y aprobada en Colombia en la Ley 16 de 1972. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (...); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49 y aprobado en Colombia en la Ley 74 de 1968. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. (...)

(9) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, serie C 170, párr. 52.

(10) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(12) A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, Exp. 20942, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(15) Ley 600 de 2000. “Artículo 535. Derogatoria. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley”.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2013, Exp. 30525, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, Exp. 29779, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(24) ibídem.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, Exp. 14.808, C.P. Germán Rodríguez.

(26) IPC de noviembre de 2013.

(27) IPC de junio de 1999.