Sentencia 1999-02072 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-26-000-1999-02072-01 (23903)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Referencia: acción de controversias contractuales

Actor: Ecocivil Ltda. - Estructuras y Obras Civiles Ltda.

Demandado: Fondo de Educación y Seguridad Vial Fondatt

Bogotá, D.C, treinta y uno de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. La competencia

8. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en virtud del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que en la sentencia de primera instancia, que no fue apelada, se impuso una condena por valor de $ 304.470.615,75 a una entidad pública como lo era el Fondo de Educación y Seguridad Vial Fondatt de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, valor superior a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes que equivalían, para la fecha de la providencia (jul. 2002), a $ 92.700.000.

9. Por otra parte, dado que la Sala conoce del presente asunto en virtud del grado jurisdiccional de consulta, el análisis a cargo del ad quem en relación con la sentencia de primera instancia, deberá realizarse para determinar la procedencia o improcedencia de la condena allí impuesta en contra de la entidad demandada, sin que le sea dado efectuar nuevamente el estudio de las pretensiones de la demanda, toda vez que la parte actora se conformó con el fallo del a quo y no lo apeló y bajo la consideración de que, tal y como lo dice la norma que la consagra —CCA, art. 184—, la consulta “(...) se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem”.

II. Hechos probados

10. Teniendo en cuenta los medios de prueba regularmente allegados al plenario, se acreditaron los siguientes hechos, relevantes para la litis(5):

10.1. Previo proceso licitatorio, el Fondo de Educación y Seguridad Vial Fondatt, celebró con el consorcio Ecocivil-Norco Ltda., el contrato de obra 0022 del 5 de junio de 1997, cuyo objeto fue “(...) la construcción y adecuación de las zonas bajas del puente vehicular ubicado en la Calle 68 con Avenida 68 (...)”(6) (cláusula primera).

10.1.1. El valor del contrato fue de $ 789.237.849,oo incluido el IVA y los demás costos directos e indirectos, pagadero por el sistema de precios unitarios, mediante la entrega de un anticipo por valor de $ 315.695.139,60 una vez el contratista presentara el acta de iniciación acompañada de la constancia de la oficina jurídica de que el contrato podía ejecutarse y del plan de inversión del anticipo, aprobado por la interventoría; y el saldo, o sea la suma de $ 473.542.709,40, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, de las que se descontaría, además de la amortización del anticipo, el 3% de su valor, que se le reintegraría al contratista una vez liquidado el contrato. Se acordó expresamente que la iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no quedaba sujeto a la entrega del anticipo (cláusulas cuarta y quinta) y se pactó una tasa de intereses moratorios equivalente al 0.2% mensual, que pagaría la entidad al contratista cuando presentada el acta de recibo parcial o final de obra a satisfacción del Fondatt, este no efectuara el pago dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación (cláusula décima octava) (fotocopia autenticada de documento público, fl. 147, cdno. 5 de pruebas, Exp. 99-2072).

10.1.2. El contrato tenía una duración de 9 meses contados a partir de su perfeccionamiento y un plazo de ejecución —para el cumplimiento del objeto contractual— de 5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación (cláusula sexta).

10.2. El 21 de agosto de 1997, se suscribió el acta de iniciación de obras, en la que se lee: “Obras a ejecutar: De conformidad con la propuesta presentada y adjudicada: baterías sanitarias, áreas de parqueo y obras de urbanismo bajo (el) (los) puente (s) vehiculares y en las áreas aledañas al mismo” (fotocopia autenticada de documento público, fl. 68, cdno. 5 de pruebas, Exp. 99-2072 y fl. 718, cdno. 11).

10.3. El 15 de diciembre de 1997, se suscribió el acta de modificación 1, “(...) con el fin de adicionar ítems de obras no previstas en el contrato (...)”, de los cuales se adjuntan los análisis de precios unitarios debidamente aprobados. Dentro de las obras no previstas, se halla el diseño estructural y la construcción de un puente peatonal. Se advierte que “Es entendido que el valor de las actividades aquí contempladas, no altera el valor total del contrato, en razón a que se han revisado las cantidades de obra a ejecutar, adecuando el valor del contrato entre las obras previstas, no previstas, mayores y menores cantidades de obra” (fotocopia autenticada de documento público, fl. 759, cdno. 11).

10.4. Mediante otrosí suscrito por las partes el 22 de diciembre de 1997, se prorrogó el término de duración del contrato en 2 meses y el plazo de ejecución en 3 meses, y se modificaron las cláusulas cuarta y quinta, para establecer que para todos los efectos legales y fiscales, el valor del contrato es hasta por la suma de $ 789.237.849,oo —sin incluir el IVA, pues por ser la contratante una entidad descentralizada distrital, el contrato está excluido de tal impuesto— y en cuanto a la forma de pago, se estableció que el Fondatt “(...) pagará al contratista el saldo pendiente del valor del contrato así: 1. Hasta el noventa y cinco (sic) (95%) mediante la presentación de una factura por el valor mencionado, previa la aprobación de la garantía que ampare el riesgo de pago anticipado por la cuantía del valor de este. 2. El cinco por ciento (5%) del saldo final será cancelado previa la presentación del acta de liquidación del contrato” (fotocopia autenticada de documento público, fl. 126, cdno. 5 de pruebas, Exp. 99-2072).

10.5. El 13 de abril de 1998, las partes suscribieron el acta de modificación 2 al contrato 022 de 1997, en la cual se adicionaron obras complementarias para las cuales se fijaron los precios unitarios, aclarando que las mismas hacían parte del objeto del contrato y no alteraban el valor total del mismo (fotocopia autenticada de documento público, fl. 408, cdno. 10).

10.6. El 21 de abril de 1998 se prorrogó el plazo del contrato en 19 días, contados a partir del vencimiento de la primera prórroga y el 8 de mayo, se adicionó en otros 11 días calendario (fotocopia autenticada de documento público, fls. 98 y 101, cdno. 5 de pruebas, Exp. 99-2072).

10.7. El comité de obra se reunió en 14 oportunidades luego de la celebración del contrato, según consta en las respectivas actas de obra del 30 de julio, 10, 17 y 24 de septiembre, 1º, 9, 15, 22 y 30 de octubre, el 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre de 1997 (fls. 652, 656, 659, 663, 686, 689, 692, 695, 698, 701, 705, 711 y 715, cdno. 11).

10.8. El Fondatt, Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, canceló al consorcio Ecocivil-Norco, en virtud del contrato de obra 022 de 1997, las siguientes cantidades de dinero (informe presentado por el jefe de la división financiera al jefe de la oficina jurídica de la secretaría el 21 de septiembre de 2000 (documento público original, fls. 1003, 1004, 1015, 1016, 1017 y 1018, cdno. 6 de pruebas, Exp. 99-2072):

10.8.1. Orden de pago 4680 del 3 de septiembre de 1997, por valor de $ 315.695.139,60 (anticipo), por concepto de “Anticipo del 40% al contrato 022/97 relacionado con la construcción de zonas bajas y adecuación del puente vehicular en la calle 68 con Avda. 68. Factura 001. Base de retención: $ 315.695.139,60”.

10.8.2. Orden de pago 5527 del 24 de diciembre de 1997 por valor de $ 44.368.285,oo, por concepto de “Construcción de obra adecuación zonas bajas puentes vehiculares según factura 003. Base retención: $ 77.839.097.00”.

10.8.3. Orden de pago 5528 del 24 de diciembre de 19997 por valor de 38.959.555,oo, por concepto de “Construcción de obra adecuación zonas bajas puentes vehiculares según factura 003. Base retención $ 68.350.096.00”.

10.8.4. Orden de pago 5577 del 31 de diciembre de 1997, por valor de $ 310.985.840,oo, por concepto de “Pago anticipo hasta el 95% sobre el saldo pendiente del v/r del contrato según otrosí al contrato (...)”.

10.9. El 21 de mayo de 1998, se suscribió el acta de recibo final de obras por el director de la interventoría, el representante legal del consorcio contratista, el coordinador del IDU y el coordinador del Fondatt, en la que consta que el contratista ejecutó la totalidad de las obras contratadas; el 1º de julio de 1998, se suscribió el acta de entrega de obras por parte del Fondatt a la Procuraduría de Bienes de la Secretaría de Hacienda, con participación del interventor del contrato, en la que se consignó que dichas obras habían sido recibidas al contratista a satisfacción del Fondatt (fotocopias autenticadas de documentos públicos, fls. 40 a 46, cdno. 4).

10.10. El 30 de noviembre de 1998 las partes, conjuntamente con el interventor, suscribieron el acta de liquidación final del contrato.

10.10.1. Dicha acta, arrojó el siguiente estado financiero (copia de documento público, remitida por la entidad demandada a solicitud del tribunal a quo, fls. 1 y ss., cdno. de pruebas 5, Exp. 99-2072):

 

Valor inicial del contrato:$ 789.237.849
Actas de recibo parcial de obra:$ 814.071.548,60
Acta de revisión de precios(7):$ 91.964.018,45
Valor total de la inversión:$ 906.035.567,05
Valor pagado:$ 694.459.527,60
Valor retención:$ 23.677.135,00
Valor cuentas por pagar:$ 187.898.904,05
Mayor valor por amortización anticipo:$ 0,40

 

Valor cuenta final por pagar:

 

Valor cuentas por pagar:$ 187.898.904,05
Valor retención:$ 23.677.135,oo
Valor total a pagar:$ 211.576.039,05(8)

 

10.10.2. Entre las constancias que se dejaron sentadas en la liquidación bilateral, se registró que el contratista presentaría para el pago de la cuenta final del contrato, copia de esta acta, ampliación de la garantía única con amparo de calidad, estabilidad y buen funcionamiento de la obra y prestaciones sociales, debidamente aprobadas por la entidad y que “(...) el contratista manifiesta que el Fondatt cumplió con todas sus obligaciones en relación con el contrato y la presente liquidación, quedando pendiente el pago de la suma determinada en el literal D de esta (...)”.

10.10.3. En el acta de liquidación, se registró:

“El contratista deja constancia que (sic) las sumas correspondientes a los siguientes conceptos:

1. Pago de celaduría durante el tiempo que el Fondatt no recibió la obra después de haber firmado el acta de finalización.

2. Mayor permanencia en la obra.

3. Pago de intereses por no cancelación de los rubros anteriores, el pago oportuno de las actas parciales 07, 08 y 09 y el acta de revisión de precios.

No han sido incluidos en esta acta y serán objeto de definición entre las partes a través de las instancias previstas en el Decreto 1818 de septiembre 7 de 1998”.

III. El problema jurídico

11. Teniendo en cuenta los hechos probados y la competencia de la Sala para decidir, se deberá establecer si en el presente caso resultaba procedente la condena que se profirió en primera instancia en contra del Fondo de Educación y Seguridad Vial Fondatt —en liquidación(9)—, por valor de 304.470.615,75 y si fue acertada la decisión del a quo al resolver el llamamiento en garantía formulado por la entidad demandada.

IV. Análisis de la Sala

12. Como ya se advirtió al analizar la competencia para decidir el presente asunto, si la Sala conoce de la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo hace en virtud del grado jurisdiccional de consulta y no de recurso alguno de apelación interpuesto por las partes. Al respecto, se observa que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política, “[t]oda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”, es decir que la competencia del juez de segunda instancia, puede provenir tanto de la actuación expresa de una de las partes, que promueve el recurso de alzada, como de la aplicación de una disposición legal que de manera directa se la atribuye, para que asuma el conocimiento del respectivo fallo.

13. La consulta consiste en una revisión oficiosa de la sentencia de primera instancia en aquellos eventos en los que la misma no ha sido impugnada por las partes procesales, para lo cual, el ordenamiento jurídico consagra las causales de procedencia de este grado jurisdiccional, que corresponden a eventos en los que el legislador ha considerado que, por estar involucrados derechos e intereses superiores que ameritan una protección especial, debe surtirse en todo caso, la revisión oficiosa de los fallos, siempre que contra ellos no se hubiere interpuesto el recurso de apelación, que en condiciones normales es el que le otorga competencia al juez de segunda instancia para reexaminar la decisión del a quo.

14. En los procesos contencioso administrativos, la consulta ha sido concebida como un mecanismo legal de protección de los derechos de las entidades estatales, por cuanto en los mismos se halla involucrado, de manera directa o indirecta, el interés general de la sociedad y por lo tanto, debe el juez de lo contencioso administrativo, cuando así resulte procedente, revisar las condenas que se hayan proferido en su contra, para establecer la legalidad de las mismas y que no resulten lesivas del debido proceso ni del interés general.

15. Es por ello que en los procesos contencioso administrativos, se surte este grado jurisdiccional, oficiosamente, en los siguientes casos —CCA, art. 184, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998(10)—:

1) Cuando la sentencia dictada en primera instancia imponga a cargo de cualquier entidad pública, una condena en concreto que exceda de 300 salarios mínimos legales mensuales, cuando no fuere apelada. En los asuntos de carácter laboral, procederá la consulta en estos casos, siempre que de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.

2) Cuando la sentencia dictada en primera instancia, haya sido proferida en contra de quien hubiere estado representado por curador ad litem y la misma no fuere apelada.

16. La norma también establece que la consulta “(...) se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem”, disposición que ya estaba contenida en el anterior artículo 184 —antes de la modificación de la Ley 446— y respecto de la cual, la Corte Constitucional declaró su exequibilidad, en sentencia en la cual manifestó:

La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado un providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que esta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.

La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por esta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas.

La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.

Del examen de los diferentes estatutos procesales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores principios y derechos fundamentales constitucionales, como son:

(...) El interés colectivo, asociado a la defensa de los derechos y del patrimonio de las entidades públicas. En tal virtud, es viable la consulta en relación con las sentencias que fueren adversas a la Nación, a los departamentos o los distritos especiales o a los municipios, o que impongan una condena a cargo de cualquier entidad pública o la providencia que la liquide (CPL, art. 69, CPC, art. 386, y CCA, art. 184).

— La protección de algunos sujetos procesales que se encuentren en alguna situación o posición desventajosa, desde el punto de vista de sus derechos procesales —los representados por curador ad litem (...) etc. Es decir, personas que de algún modo se encuentran en una situación de debilidad manifiesta o indefensión que reclama la protección estatal a través de la figura de la consulta (...).

Concordante con los criterios expuestos, esta Corte en la Sentencia C-055 de 1993 dijo, en relación con la consulta “que esta es un mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate”(11).

(...) no encuentra la Corte que los apartes de la norma que se acusa sean inconstitucionales, por las siguientes razones:

a) Los fundamentos o supuestos de hecho que tuvo el legislador en cuenta para instituir la consulta en los procesos contencioso administrativos son objetivamente diferentes, porque los intereses públicos involucrados en este tipo de controversias son distintos a los intereses privados que igualmente resultan comprometidos en estas.

b) La defensa del patrimonio de las entidades públicas y las medidas encaminadas a precaver posibles fraudes procesales, colusiones o manejos indebidos en los procesos constituyen razón suficiente para justificar la consulta en favor de dichas entidades.

La consulta se convierte en una garantía más que se otorga a las entidades de derecho público para asegurar de la mejor manera posible el valor constitucional que representa el interés general dentro del Estado social de derecho, habida cuenta de las consecuencias que pueda entrañar para el patrimonio público una condena adversa que carezca de una fundamentación ajustada al derecho y a la justicia (...)(12).

17. Teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el Código Contencioso Administrativo a favor de las entidades estatales demandadas, en los términos expuestos en el fallo citado, resulta evidente que el análisis a cargo del ad quem, no puede extenderse más allá de la verificación de la legalidad de la condena impuesta a la demandada, que no interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia.

18. En consecuencia, no es esta la oportunidad para analizar aquellas pretensiones de la demanda que no fueron acogidas en la primera instancia, teniendo en cuenta además, que la parte actora, como ya se advirtió, se conformó con lo decidido por el a quo, en la medida en que no interpuso el recurso de apelación puesto a su disposición por el ordenamiento contencioso administrativo para impugnar la sentencia de primera instancia, si no estaba de acuerdo con la decisión.

La condena impuesta

19. El a quo, condenó a la entidad demandada a pagar a favor de la parte actora, la suma de $ 304.470.615,75, por concepto del saldo que arrojó el acta de liquidación bilateral del contrato suscrita por las partes, debidamente actualizado a la fecha de la sentencia de primera instancia más los intereses a la tasa acordada en el contrato, por considerar que solo este crédito fue probado en el proceso. Y al respecto, se observa que efectivamente, en el plenario se acreditó la existencia del acuerdo de voluntades de las partes, que finiquitó la relación negocial —párr. 10.9—.

20. En consecuencia, resulta necesario determinar la procedencia de dicha condena, para lo cual se analizará la naturaleza y contenido de la referida liquidación.

La liquidación del contrato

21. Una vez el contrato estatal finaliza por cualquier causa —vencimiento del plazo, ejecución del objeto contractual, terminación unilateral, caducidad, etc.—, el mismo debe ser liquidado de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993(13), el cual dispone que “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación” que, en principio, debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de la respectiva acta bilateral y de no ser posible tal acuerdo, le corresponderá a la entidad proceder a liquidar el contrato en forma unilateral, a través de un acto administrativo, tal y como lo disponía el artículo 61 de la mencionada ley(14).

22. Esa actuación que se lleva a cabo una vez se termina el contrato, tiene como finalidad efectuar un corte de cuentas, para establecer el resultado final de la ejecución contractual, desde el punto de vista de las prestaciones y el cumplimiento del objeto, así como desde la perspectiva económica del negocio jurídico, para verificar cuáles son los valores pactados en el contrato, cuáles las cantidades efectivamente pagadas al contratista y cuáles aquellas sumas pendientes de pago. Se trata, en últimas, de establecer quién le debe a quién y cuánto, siendo este el momento en el que las partes pueden llegar a arreglos, acuerdos, transacciones y conciliaciones, sobre sus mutuas reclamaciones.

23. La jurisprudencia, de forma pacífica, ha reconocido el efecto vinculante de la manifestación de voluntad que va envuelta en la suscripción del acta de liquidación, en forma tal que se rechaza en principio, la posibilidad de desconocer la palabra expresada, por cuanto a nadie le es dado ir en contra de sus propios actos, a menos que alegue la existencia de un vicio de la voluntad, que pueda invalidar el respectivo acto jurídico. Al respecto, la Sala ha manifestado(15):

Así las cosas, una vez se ha liquidado el contrato por mutuo acuerdo de los contratantes, sin que se hayan consignado salvedades en el acta correspondiente, dado el carácter de negocio jurídico bilateral y, por ende, su fuerza vinculante resolutoria o liberatoria, no es posible entablar una reclamación judicial en relación con el contrato liquidado, pues clausura, en principio, la controversia ante la Jurisdicción, a menos que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza, o dolo) o que dicha liquidación haya sido suscrita con salvedades o reparos por alguna de la partes en el mismo momento de su firma(16), lo cual, además se fundamenta en el principio de que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas(17).

24. Así mismo, el valor vinculante del acta de liquidación bilateral se manifiesta en el mérito ejecutivo que la misma ostenta, de tal manera que el cobro de las cantidades que ella arroja a favor del contratista, puede verificarse a través del respectivo proceso ejecutivo, en el cual se presentará como título, la referida acta de liquidación.

25. A propósito, se observa que al parecer, en el presente caso, la parte actora pretendió iniciar un cobro ejecutivo con la presentación de una de las demandas que dieron lugar a los procesos acumulados que aquí se decidieron, puesto que en algunas de sus intervenciones así lo manifestó. No obstante, si esa fue la intención, la deficiente formulación del libelo introductorio, impidió el trámite de un proceso ejecutivo, toda vez que, tal y como se verificó en la relación de antecedentes —párrs. 1 y 2—, en ninguna de las demandas presentadas por la parte actora se solicitó librar mandamiento de pago en contra de la entidad demandada con fundamento en un título ejecutivo que hubiera aducido expresamente para ello el demandante.

26. En cambio, ambas demandas dieron lugar al trámite de un proceso ordinario de conocimiento, ya que se fundaron en las pretensiones que se pueden aducir en ejercicio de la acción contractual, pidiendo en las dos, en primer lugar, que se declarara el incumplimiento contractual de la entidad demandada y en segundo lugar, que esta fuera condenada a pagar unas sumas de dinero.

27. Por otra parte, una vez presentadas las demandas, el tribunal a quo, que así mismo entendió que se estaba incoando la acción contractual tendiente a establecer la responsabilidad de la entidad contratante en la ejecución de un contrato estatal, no libró mandamiento de pago, como correspondería en un proceso ejecutivo, sino que ordenó notificar la demanda a la parte demandada, providencia frente a la cual la parte actora guardó silencio.

28. En tales condiciones, se tramitó un proceso ordinario, que culminó con la sentencia que ahora es objeto de estudio, en virtud del grado jurisdiccional de consulta.

29. Volviendo al análisis de la liquidación del contrato, la Sala constató que el monto consignado en el acta suscrita por las partes como saldo a favor del contratista y a cargo de la administración, que ascendió a la suma de $ 211.576.039,05, proveniente de i) el valor de las actas de recibo parcial de obra pendientes de pago, ii) el acta de revisión de precios y iii) el valor de la retención efectuada por la entidad, cuenta con el respectivo soporte probatorio, toda vez que consta en el expediente cuál fue el valor contratado para la ejecución de las obras, consagrado en el contrato principal y que ascendió a la suma de $ 789.237.849,oo —párr. 10.1.1—; se probaron los valores cancelados por la entidad al contratista, de acuerdo con las cuentas de cobro presentadas por este y según las respectivas órdenes de pago de la entidad, en las que además, consta que la entidad efectuó respecto de cada una de ellas, la retención del 3% estipulada en el contrato a título de garantía retornable al contratista una vez liquidado aquel —párr. 10.8—; se acreditó la ejecución total de las obras y que estas fueron recibidas a satisfacción, según se registró en las actas de recibo de las mismas —párr. 10.9—; se probó que la entrega de las obras, que se produjo el 21 de mayo de 1998, fue oportuna, puesto que, habiéndose pactado un plazo de ejecución inicial de 5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación —párrs. 10.1 y 10.1.2—, la cual se produjo el 21 de agosto de 1997 —párr. 10.2—, dicho plazo fue adicionado en tres oportunidades por un término total de 4 meses, siendo la fecha límite del mismo el mencionado 21 de mayo de 1998, día en el que las obras fueron entregadas —párrs. 10.4 y 10.6—; de igual manera, constan los saldos que la entidad reconoció deber a favor del contratista y que corresponden al monto consignado en la respectiva acta de liquidación bilateral —pie de página 8— .

30. De acuerdo con lo anterior, resultaba procedente, tal y como lo decidió el a quo, condenar a la entidad demandada al pago del saldo que salió a deber al contratista, a pesar de que, como ya se dijo, la misma acta de liquidación bilateral del contrato prestara mérito ejecutivo, puesto que, como lo ha dicho la Sala(18):

(...) si bien el acta de liquidación bilateral presta mérito ejecutivo, por lo cual el cumplimiento de la obligación contenida en ella se puede obtener mediante la tramitación del correspondiente proceso ejecutivo, el hecho de que el demandante haya acudido a la acción contractual no obsta para que el juez contencioso administrativo se pronuncie sobre la existencia de tal obligación y profiera la respectiva condena, puesto que, tal y como sucedió en el sub lite, se produjo una acumulación de pretensiones derivadas del mismo contrato, entre ellas, la declaratoria de incumplimiento contractual de la entidad demandada, respecto de su obligación de pago del saldo debido al contratista. Al respecto, ha dicho la Sala:

“Tratándose de controversias derivadas de un contrato estatal, el nuevo estatuto contractual unificó en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, la competencia para conocer tanto de los litigios derivados de los contratos estatales, como de los procesos de ejecución y cumplimiento derivados de estos.

Si bien en principio frente a la situación jurídica de incumplimiento a una obligación presuntamente clara, expresa y exigible, se encuentra prevista la vía ejecutiva, ello no obsta para que el particular acuda a la vía ordinaria con el fin de que se hagan las declaraciones pertinentes —de incumplimiento de la obligación— y de esta forma se actualice el respectivo título ejecutivo, siempre y cuando lo haga dentro del término contemplado por la ley, para el ejercicio oportuno de la acción.

El hecho de que no parezca razonable la utilización de la vía ordinaria con el fin de lograr la declaración de una obligación que en principio ya existe, no implica que el ejercicio de tal acción sea indebida; muy seguramente será una vía más larga y de mayor complejidad, pero es una vía que el administrado puede escoger legítimamente.

El legislador contempló la viabilidad de tal ejercicio cuando señaló en el Estatuto Civil que “(...) la acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez” (art. 2536)”(19).

31. En cuanto a los intereses moratorios reconocidos por el a quo, quien manifestó que se condenaba al pago de la suma del saldo a favor del contratista reconocida en el acta de liquidación contractual “(...) más los intereses pactados en el porcentaje acordado en el contrato, es decir del 0.2% por el tiempo transcurrido desde el momento en que debió hacerse el pago, o sea el porcentaje anual a pagar equivale al 2.4% multiplicado por los 3 años y 5 meses que han transcurrido, corresponde al 8.2%, lo que corresponde a $ 17.349.236,oo por concepto de intereses” (fl. 270, cdno. ppal.), se observa que efectivamente, se probó que la tasa pactada en el contrato fue del 0,2% mensual y que el plazo para el pago de las actas parciales o final de obra era de 30 días hábiles, contados a partir de la presentación de las respectivas cuentas —párr. 10.1.1—. En el presente caso, toda vez que se trataba del pago del saldo que arrojó la liquidación bilateral, suscrita el 30 de noviembre de 1998, la entidad tenía hasta el 11 de enero de 1999 para cancelarlo. Entre esta fecha y la fecha de la sentencia de primera instancia —jul. 9/2002—, transcurrieron 3 años y 6 meses, es decir 42 meses en total, por lo cual los intereses de mora serían: $ 211.576.039,05 x 0,2% = 423.152,07 x 42 = 17.772.386,94, lo que significa que los intereses calculados por el a quo, corresponden a lo pactado por las partes y al período de mora transcurrido.

V. El llamamiento en garantía

32. Observa la Sala que, a pesar de que la entidad demandada formuló un llamamiento en garantía en contra del Instituto Distrital de Desarrollo Urbano IDU —párr. 4.1.4—, el tribunal a quo. no lo resolvió en debida forma, por cuanto en la parte resolutiva del fallo se limitó a declarar probada, erróneamente, la falta de legitimación en la causa por pasiva del mencionado instituto.

33. Al respecto, se observa que la falta de legitimación en la causa, por activa o por pasiva, solo se predica de quien indebidamente ha acudido al proceso en calidad de demandante o de demandado, sin reunir los requisitos para ello, es decir, cuando en realidad, no se trata de la persona que en virtud de su relación con la cuestión de fondo que se discute, estaría en posición de reclamar ante el demandado —legitimación por activa— o de la persona que estaría llamada a responder frente al demandante —legitimación por pasiva—. Sobre la legitimación en la causa, ha dicho la Sala(20):

(...) se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(21). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo (...).

(...) el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(22).

34. En el presente caso, resulta evidente que la demanda no fue instaurada en contra del Instituto de Desarrollo Urbano; en el libelo introductorio, no se incluyó esta entidad como parte demandada ni se elevaron pretensiones dirigidas en su contra. Por lo tanto, resultaba improcedente declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con ella.

35. Si el Instituto de Desarrollo Urbano se hizo presente en el proceso, lo hizo en calidad de tercero y fue en virtud del llamamiento en garantía que en su contra formuló la entidad demandada.

36. Como es bien sabido, en los procesos contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, resulta procedente la aplicación de esta figura procesal, regulada en el Código de Procedimiento Civil, cuyo artículo 57 establece que quien tenga el derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de ese tercero. Se trata entonces de un mecanismo puesto al servicio del demandado en un proceso judicial, que considere que, en virtud de una relación contractual anterior o de una disposición legal que así lo establece, hay una tercera persona obligada a responderle, en caso de resultar condenado, a reembolsarle total o parcialmente lo que por tal condena él deba reconocer al demandante.

37. En realidad, cuando se formula un llamamiento en garantía dentro de un proceso judicial, el mismo da lugar al surgimiento de una nueva relación procesal, diferente a la que se ha entablado con la integración del contradictorio entre la parte actora y la parte demandada. Coexistirá, al lado de esta primera relación procesal, aquella que se traba entre la entidad demandada y el llamado en garantía, debiéndose resolver por el juez, en primer lugar, la relación inicial, en virtud de la cual se pretende por parte de la demandante, la condena de la demandada.

38. Una vez se concluye que hay lugar a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y por ende a condenar a la parte demandada a favor de la actora, se debe proceder a analizar el derecho que aquella tenía de formular el llamamiento en garantía de un tercero, para efectos de establecer cuál sería la responsabilidad de este frente al llamante y si dicho llamamiento, en consecuencia, debe prosperar o no, condenando al llamado a reembolsar total o parcialmente lo que hubiere tenido que pagar el demandado.

39. De lo anterior, se desprenden varias consecuencias:

39.1. En primer lugar, que no surge ni existe relación alguna entre la parte demandante y el llamado en garantía, puesto que este último, no es contradictor de aquella en el proceso ni la demandante exige nada del llamado en garantía, no es a este a quien le imputa responsabilidad o frente a quien eleva alguna pretensión, puesto que estas, son presentadas es en relación con la persona contra quien dirigió inicialmente la demanda.

39.2. En segundo lugar, como se deduce de lo anterior, el llamado en garantía no es parte en el proceso, sino un tercero que interviene en él.

39.3. Y en tercer lugar, solo procede el análisis del llamamiento en garantía, cuando el juez ha resuelto que las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar y por lo tanto, proferirá una condena en contra de la parte demandada. Solo en este evento, surge la necesidad de analizar la relación existente entre llamante y llamado en garantía.

40. En relación con el llamamiento en garantía, ha dicho la jurisprudencia:

(...) mediante el llamamiento en garantía, la parte demandada puede hacer citar al proceso a un tercero que, en virtud de una relación legal o contractual esté en el deber de reembolsarle al llamante los perjuicios o el pago de la indemnización que este deba realizar en virtud de la condena que se profiera en su contra(23); la aceptación del llamamiento en garantía, hará que obren entonces, dos relaciones procesales distintas que deben resolverse así mismo en dos momentos diferentes:

1) En primer lugar, está la relación trabada entre la parte demandante y la parte demandada, en la que se estudiarán y resolverán las pretensiones de la primera frente a la segunda; en el presente caso, la sociedad Inmaq Ltda. demandó al municipio de San Marcos por considerar que este es responsable de los perjuicios por ella sufridos, con ocasión de la ocupación de una parte del predio de su propiedad, que fue utilizado para el funcionamiento del bote ferry, sin que en parte alguna le atribuya actuación u omisión alguna al Fondo Nacional de Caminos Vecinales como causa de los perjuicios por los cuales reclama; es decir que no se trata de un evento de responsabilidad solidaria, en el que la parte afectada resolvió demandar tan solo a uno de los responsables.

2) En segundo lugar, está la relación existente entre el llamante y el llamado, que solo habrá lugar a estudiar en el evento en que, como resultado del análisis de la controversia demandante-demandado, el juez acceda a las pretensiones y condene a este último a pagar una suma de dinero a favor de aquel; solo en este momento, será necesario determinar la existencia del derecho que aquel adujo tener, a reclamar del llamado el reembolso de lo que tenga que pagar en virtud de la condena.

De acuerdo con lo anterior, el llamado en garantía no responde frente al demandante, respecto de las pretensiones que este haya planteado en su demanda, puesto que las mismas no estuvieron dirigidas en su contra ni fue por sus actuaciones u omisiones que la parte actora sufrió el daño, por lo tanto no le asiste obligación alguna respecto de esta; la responsabilidad del llamado es frente a quien lo vinculó al proceso en virtud del derecho legal o contractual que le asistía a reclamarle el pago de una indemnización o el reembolso de lo que tuviere que pagar, como consecuencia de la condena judicial que se profiriera en su contra dentro de ese proceso(24).

41. En el presente caso, la entidad demandada formuló llamamiento en garantía al IDU, por considerar que le asistía un derecho legal para ello, fundado en que, en aplicación de lo previsto en el Decreto 993 de 1997, y en virtud de lo pactado en el convenio interadministrativo celebrado el 30 de diciembre de 1997 entre el Fondatt y el IDU, era esta última entidad la que debió adquirir las obligaciones contempladas en el contrato 022 de 1997.

42. Al respecto, se observa que mediante el Decreto Distrital 993 del 14 de octubre de 1997 “Por el cual se distribuyen unos negocios y asuntos entre la Secretaría de Tránsito y Transporte —STT—, EL Fondo de Educación y Seguridad Vial —Fondatt— y el Instituto de Desarrollo Urbano —IDU—”, la administración propendió por la reorganización del sector tránsito, transporte, vías y espacio público, para evitar la atomización y duplicación de funciones entre la secretaría de tránsito y transporte, el Fondatt y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, para lo cual procedió a una redistribución de funciones entre estas entidades, como resultado de la cual, algunos asuntos y negocios que se adelantaban en el Fondatt, debían pasar al IDU. Al respecto, el artículo 7º del referido decreto, estableció (fl. 171, cdno. 1, proceso 992072):

Artículo séptimo: los negocios o asuntos que a la fecha de la distribución efectiva se encuentren en ejecución por parte de la Secretaria de Tránsito y Transporte —STT— y el Fondo de Educación y Seguridad Vial —Fondatt—, serán asumidos por el Instituto en el estado en que se encuentren. A más tardar el 16 de noviembre de 1997, los contratos que se relacionan con los asuntos y negocios que se distribuyen en el presente decreto, serán coordinados y administrados por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, sin perjuicio de [que] su ejecución presupuestal siga siendo realizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte, STT, o el Fondo de Educación y Seguridad Vial —Fondatt—.

43. En relación con el convenio suscrito por el Fondatt y el IDU y relacionado con el contrato que es objeto de la presente controversia, se observa que la parte demandada —Fondo de Educación y Seguridad Vial Fondatt de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá—, en la contestación de la demanda pidió como prueba que se oficiara al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, con el fin de que allegara al proceso copia del convenio interadministrativo celebrado con el Fondatt, el 30 de diciembre de 1997 (fl. 76, cdno. 1, proceso 992072).

44. En el auto de pruebas, el tribunal a quo ordenó tener como pruebas las aportadas por la parte demandada Fondatt y por el llamado en garantía IDU, con el valor que la ley les asigne. Y ordenó librar los oficios solicitados por las partes, entre ellos al que alude el numeral anterior, los cuales fueron efectivamente librados (fls. 109, 192 y 194, cdno. 1, proceso 992072).

45. En respuesta a lo solicitado por el tribunal, el director técnico legal del IDU, envió copia de 2 convenios interadministrativos celebrados entre el Fondatt y el IDU el 30 de diciembre de 1997 relacionados, uno con el contrato de concesión 174 de 1994 celebrado por el Fondatt con la unión temporal Ascotrainpa APD de Colombia S.A., y el otro, relacionado con el contrato de concesión 176 de 1994, celebrado por el Fondatt con la unión temporal Sociedad Temporal de Parqueos (fls. 27 a 31, cdno. 7).

46. Lo anterior quiere decir que no allegó el convenio celebrado por el IDU, que hiciera referencia al contrato de obra pública suscrito entre el Fondatt y el consorcio Ecocivil-Norco, razón por la cual, considera la Sala que debe ser tenida en cuenta la copia simple que del convenio celebrado entre el IDU y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá, D.C., el 30 de diciembre de 1997, aportó la entidad llamada en garantía —IDU— con la respectiva contestación al llamamiento, del cual se resaltan las siguientes estipulaciones (fl. 182, cdno. 1, Exp. 992072):

Cláusula primera. Objeto: desarrollar de manera conjunta y coordinada bajo la dirección del Instituto de Desarrollo Urbano, la coordinación y seguimiento de la ejecución de los contratos: 003 de 1997, 022 de 1997, 021 de 1997, 020 de 1997 (...).

Cláusula segunda. Obligaciones del IDU: En virtud de lo previsto en el presente convenio interadministrativo el Instituto de Desarrollo Urbano se compromete a 1. Proporcionar el apoyo logístico que la ejecución de los contratos requiera. 2. Velar por la ejecución material de los contratos a que hace referencia el objeto del presente convenio interadministrativo. 3. Desarrollar las actividades de seguimiento interno que sean necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Cláusula tercera. Obligaciones de la secretaría: en virtud de lo previsto en el presente convenio interadministrativo la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá se compromete a: 1. Atender dentro de la vigencia del presente convenio los costos que se requieran para la ejecución de los Contratos relacionados en el objeto y la interventoría de los mismos. 2. Cancelar oportunamente al contratista los pagos a los cuales se obligó con el fin de evitar la parálisis del mismo. 3. Suministrar, en caso de ser necesario el apoyo material y humano que requiera el IDU en la ejecución del presente convenio.

47. Entre las consideraciones que fundamentaron dicho convenio, se manifestó que el mismo obedecía a la necesidad, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 993 de 1997, de adelantar en forma coordinada la ejecución, administración y vigilancia de los contratos de sostenimiento del espacio público y que de acuerdo con la capacidad institucional, técnica y administrativa del IDU, se hacía necesario, en coordinación con la secretaría de tránsito y transporte del distrito, realizar la vigilancia de los contratos de sostenimiento del espacio público.

48. De acuerdo con lo anterior, no advierte la Sala que de la norma citada por la entidad demandada en el llamamiento en garantía, ni del convenio suscrito entre la secretaría de tránsito y transporte de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano, se derive obligación alguna a cargo de esta última entidad, de efectuar algún reembolso a favor de la demandada, en caso de que esta fuera condenada en un proceso contencioso administrativo originado en el contrato de obra pública celebrado entre el Fondatt y el consorcio Ecocivil-Norco.

49. Resulta evidente que la obligación que asumió el IDU en relación con el referido contrato de obra pública, era exclusivamente de control y vigilancia de la ejecución contractual, con miras a la protección del espacio público, sin que le correspondiera asumir obligación económica alguna ni frente al contratista, ni frente a la entidad estatal contratante.

50. En consecuencia, las pretensiones del llamamiento en garantía han debido ser denegadas y así lo decidirá expresamente la Sala, en la parte resolutiva de esta providencia.

VI. Conclusión

51. De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala estima que la condena proferida en la sentencia de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de la parte demandada Fondo de Educación y Seguridad Vial Fondatt —en liquidación— y del cual conoce el Consejo de Estado en esta oportunidad en virtud del grado jurisdiccional de consulta, se ajusta a derecho y no resulta lesiva de su patrimonio, razón por la cual, hay lugar a la confirmación de la condena, con la correspondiente actualización de su monto, teniendo en cuenta para ello, la fórmula usualmente utilizada por la jurisprudencia: valor actualizado = valor histórico x índice final sobre índice inicial(25), aunque con la advertencia de que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1o del artículo 19 del Decreto Distrital 581 de 2007, la entidad encargada de efectuar el pago de las condenas contra el liquidado Fondatt, es la secretaría de hacienda distrital (fl. 530, cdno. ppal.):

 

ecu 1999-02072.jpg
 

 

VA = 492.620.744

No obstante, la sentencia será modificada, para efectos de negar el llamamiento en garantía por las razones anteriormente expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia consultada, esto es, la proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 9 de julio de 2002, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE el incumplimiento del contrato 022/97 celebrado entre el FONDO ROTATORIO DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C. —Fondatt— y el CONSORCIO ECOCIVIL-NORCO.

2. CONDÉNASE AL Fondatt a pagar por concepto de perjuicios materiales al Consorcio ECOCIVIL-NORCO la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 492 620 744).

3. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

4. DENIÉGANSE las pretensiones del llamamiento en garantía formulado por la parte demandada en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 1 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración.

(6) En el pliego de condiciones de la licitación pública 25-96 que precedió a la adjudicación y celebración del contrato, se efectuó la descripción de las obras, estableciendo que las mismas comprendían “(...) excavaciones para estructuras y redes, demoliciones, rellenos, cimientos, estructuras, mampostería, impermeabilización, pisos y guardaescobas, pañetes y cielorrasos, instalación sanitaria incluye aparatos, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas incluye iluminación, enchapes, carpintería metálica, vidrios y cerraduras, amoblamiento urbano, andenes y plazoletas, renivelación de cajas y pozos, relocalización de redes de infraestructura de servicios (...), iluminación exterior, señalización vial, peatonal y demarcación de pavimentos, obras de paisajismo, arborización y siembra de grama”. En las características y descripción técnica de las obras, se estableció que “el contratista con base en los documentos suministrados por el Fondatt para la presente licitación, deberá construir las siguientes obras: una batería de baños, plataforma para estacionamientos, cerramientos perimetrales en mampostería para la zona baja con los elementos accesorios de carpinterías, andenes, instalación de elementos ordenadores sobre los corredores peatonales, señalización vial y peatonal, amoblamiento urbano, iluminación interior y exterior, distribución de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias” (fotocopia autenticada de documento público, fl. 853, cdno. 6 de pruebas, Exp. 992072 y fl. 1349, cdno. 8).

(7) Fotocopia autenticada del acta de revisión de precios suscrita por el interventor del contrato, es visible en su informe final, folio 35, cuaderno 4.

(8) En oficio suscrito por el jefe de la división financiera de la secretaría de tránsito y transporte de Bogotá del 2 de junio de 1999, este informa al contratista que las facturas pendientes por cancelar son las 013, por valor de $ 34.796.335; 015, por valor de $ 36.304.851; 016, por valor de $ 24.833.699,60; 017, por valor de $ 91.964.018,45 y la cuenta de cobro por retegarantía, por valor de $ 23.677.135, cantidades cuya sumatoria da precisamente el monto de $ 211.576.039,05 (documento público original, fl. 10, cdno. 7. Las facturas originales son visibles en fls. 1 a 4, cdno. 7).

(9) El Fondatt fue creado por el Acuerdo 3 de 1979 del concejo distrital de Bogotá como un fondo rotatorio, se transformó, a través del Acuerdo 9 de 1989, en un establecimiento público distrital adscrito a la secretaría de tránsito y transporte de Bogotá y mediante el Decreto 563 del 29 de diciembre de 2006, el alcalde mayor de Bogotá ordenó su supresión, disolución y liquidación, asignando la liquidación en cabeza de la subsecretaría de hacienda distrital; mediante el artículo 27 del Decreto Distrital 581 del 18 de diciembre de 2007, el alcalde mayor de Bogotá delegó en el secretario distrital de hacienda la representación legal y judicial del distrito en los asuntos relacionados con el extinto Fondatt, una vez se culmine su proceso de liquidación (fls. 491 y 535, cdno. ppal.).

(10) “ART. 184.—Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. // Las sentencias que impongan condena en abstracto solo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior. // En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses. // La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común. // La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado”.

(11) [2] “M.P. José Gregorio Hernández Galindo”.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-153 del 5 de abril de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(13) Esta norma fue parcialmente derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificada por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012.

(14) Derogado posteriormente, por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

(15) Sentencia del 25 de mayo de 2011, Expediente 18553, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(16) [6] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de mayo de 1992, Expediente 6661”.

(17) [7] “Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 2 de octubre de 2002 y de 6 de julio de 2005”.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de marzo de 2011, Expediente 15935, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(19) [26] “Sentencia del 14 de febrero de 2002, Expediente 13238, C.P. María Elena Giraldo Gómez”.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, Expediente 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(21) [6] “Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación 66001-23-31-000-1996-03266-01 (14178)”.

(22) [8] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación 76001-23-31-000-1993-0090-01 (14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación 66001-23-31-000-1996-03263-01 (15352)”.

(23) [2] “El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil —aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión que hace a sus normas el artículo 267 del CCA—, establece que “Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 22011, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(25) En donde el índice inicial es el IPC vigente para la fecha de la sentencia de primera instancia 69,94 y el índice final, el IPC vigente para la fecha de la presente providencia 113,16.