Sentencia 1999-02087 de octubre 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 190012331000199902087 01

Expediente 25540

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: Antonio Trochez Dagua

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala es competente para decidir este asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado por la parte demandada contra el fallo del 20 de mayo de 2003, del Tribunal Administrativo del Cauca, en un proceso que, por su cuantía(2), tiene vocación de doble instancia.

9. De conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la apelación “se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto de recurso”, de manera que en el presente caso la sentencia de primera instancia solo podrá ser modificada en lo que resulte ventajoso a la entidad demandada(3). Al respecto, dijo la Sala Plena de la Sección Tercera en reciente decisión:

Pues bien, a la luz de esta garantía —se refiere a la no reformatio in pejus—, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resulten favorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (...) de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultarse perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubiesen sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos(4).

10. Así pues, se reitera, el fallo de primera instancia solo podrá ser modificado en lo que resulte favorable a la parte apelante, que en el presente caso es la Policía Nacional.

II. Validez de los medios de prueba

11. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

11.1. En el presente caso, el actor solicitó expresamente en el escrito de demanda que se le ordenara al fiscal local del municipio de Silvia, Cauca, remitir el “proceso penal que por homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno, debe adelantarse en razón del ataque subversivo realizado e esa población el día 19 de mayo de 1999 en esa población, para probar la ocurrencia de los hechos”, y requerir al alcalde de esa población para que informara sobre las investigaciones seguidas con ocasión de los hechos violentos del 19 de mayo de 1999 (fl. 27, cdno. 1).

11.2. El tribunal a quo decretó las pruebas (fls. 51-53, cdno. 1) e instó a las autoridades requeridas para que allegaran las citadas investigaciones. En virtud de esta orden, la Fiscalía General de la Nación remitió copia del proceso 28691 seguido contra Luis Hernando Díaz Niño por los punibles de homicidio agravado, terrorismo, daño en bien ajeno, hurto calificado y lesiones personales, en los hechos ocurridos el 19 de mayo de 1999 en Silvia, Cauca (fls. 144-337, cdno. 2; fls. 338-605, cdno. 3; fls. 606-713, cdno. 3).

11.3. Las pruebas decretadas y practicadas en el proceso penal serán apreciadas por la Sala, dado que fueron aportadas en copia auténtica por la entidad requerida y estuvieron a plena disposición de la parte demandada, por lo que tuvo la oportunidad procesal de conocerlas y controvertirlas.

12. Ahora bien, al presente proceso fueron allegadas, junto con la demanda, unas fotografías respecto de las cuales no se observa fecha de elaboración, no se certifica el lugar de su creación ni se hace constar su autoría, ni guardan correspondencia con otros medios de prueba allegados al expediente, razón por la cual no será posible valorarlas, de conformidad con lo que ha dicho la Sala en varias oportunidades. En efecto, en sentencia del 5 de diciembre de 2006, la corporación indicó:

“Para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías, (...) las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, solo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso(5) (6)”.

12.1. El aludido criterio ha sido materia de reiteración en numerosos pronunciamientos emanados de las tres subsecciones que actualmente componen la Sección Tercera, situación que, en ausencia de nuevos elementos que ameriten un cambio de jurisprudencia, da lugar a que sea mantenida esta última.

12.2. En efecto, en sentencia del 25 de agosto de 2011, la Subsección “A” sostuvo que unas fotografías podían ser valoradas para resolver el respectivo caso, comoquiera que en aquella oportunidad se tomaron unas declaraciones juradas en las que pudo acreditarse la autenticidad de los aludidos documentos, así como la época de su elaboración y el lugar de su creación(7).

12.3. Por su parte, la Subsección “C” ha reafirmado la referida tesis jurisprudencial, en el sentido de aseverar que el mérito probatorio de las fotografías depende de la posibilidad que tenga el juez para comprobar su autenticidad, es decir, de saber la época de elaboración de los documentos representativos y la autoría de los mismos(8).

12.4. A su vez, esta subsección, al referirse sobre la autenticidad de las fotografías, expresó el siguiente criterio, armónico con las posturas jurisprudenciales antes reseñadas:

“Los actores aportaron veinticuatro fotografías que según ellos, representan las circunstancias en que se encontraba la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito, como también los daños externos sufridos por el vehículo en el cual se transportaba el señor (...) el día 9 de enero de 1997. Si bien las mencionadas fotos constituyen pruebas documentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que estas en específico carecen de mérito probatorio, comoquiera que con ellas solo se demuestra que unas imágenes fueron registradas, pero no existe certeza de que las mismas correspondan al estado de la vía en la que se aduce ocurrieron los hechos, como tampoco, que representen los daños sufridos por la motocicleta en la que transitaba el occiso, habida cuenta de que no es posible determinar cuál es su origen, autoría, o lugar y época de registro, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios, y no es posible su confrontación con otros medios de prueba que permita tener certeza de las imágenes allí registradas”(9).

12.5. Así, entonces, en el sub lite la Sala se abstendrá de valorar las fotografías allegadas con la demanda, comoquiera que, se insiste, las mismas no cumplen con los requisitos necesarios para ser tenidas por auténticas, según los criterios que han sido sentados desde antaño por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En efecto, en el expediente no existen elementos que permitan establecer la autenticidad de los documentos representativos que se someten a consideración de la Sala, pues no es posible contrastar el contenido de las fotos con otros medios de convicción, de tal forma que pueda saberse la fecha de su elaboración y los aspectos relacionados con su autoría.

12.6. Diferente ocurre con las fotografías adjuntas al dictamen pericial practicado en sede de primera instancia, pues está comprobado que fueron elaboradas por quienes rindieron el dictamen el 19 de diciembre de 2001 (fls. 718-725, cdno. 3), lo que conduce a la Sala a concluir que las mencionadas estampas satisfacen los requisitos para ser consideradas auténticas y servirán de base para resolver el fondo del asunto.

III. Hechos probados.

13. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso, apreciadas en su conjunto, se tienen como ciertas las circunstancias fácticas relevantes que a continuación se relacionan:

13.1. Antonio Trochez Dagua es propietario del inmueble ubicado en la carrera 9ª Nº 2-42 del municipio de Silvia, Cauca, adquirido mediante compraventa el 23 de octubre de 1989 (escritura pública 6588 elaborada por la Notaría Única del Círculo de Silvia, Cauca —fls. 12-13, cdno. 1; folio de matrícula inmobiliaria 134-0004842 —fl. 14, cdno. 1—).

13.2. El 19 de mayo de 1999, aproximadamente a las cinco de la tarde, una cuadrilla integrada por doscientos guerrilleros de las FARC inició un ataque en contra la estación de policía del municipio de Silvia, Cauca, que se prolongó durante varias horas hasta cerca de las dos y treinta de la mañana del día siguiente, y que dejó como resultado dos policías muertos y dos heridos, así como la destrucción total del edificio donde funcionaba la estación de policía y el deterioro de varios inmuebles ubicados en inmediaciones del cuartel, entre ellos el de la Caja Agraria (informe del distrito cuarto de Piendamó del departamento de policía del Cauca —fls. 130-133, cdno. 2—; oficio del distrito cuarto de Piendamó del departamento de policía del Cauca —fls. 142-143, cdno. 2—; denuncia interpuesta por el suboficial de derechos humanos del batallón “José Hilario López” del Ejército Nacional —fls. 146-147, cdno. 2—; boletín informativo n.º 105 de la direccional seccional del CTI —fls. 157-158, cdno. 2—).

13.3. Como consecuencia de este ataque, resultó afectado el inmueble de propiedad del señor Antonio Trochez Dagua, que presentó averías en el techo, los muros y el cielo raso (certificado de la alcaldía municipal —fl. 15, cdno. 1—; certificado de la personería municipal —fl. 16, cdno. 1—; declaraciones de Carlos Alberto Sterling —fl. 125, cdno. 2—, Luis Alberto Garzón —fl. 126, cdno. 2— y José Humberto Fernández —fl. 127, cdno. 2—).

13.4. Con ocasión de estos hechos violentos, la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación penal, en desarrollo de la cual dictó resolución de acusación contra Luis Hernando Díaz Niño por los delitos de homicidio agravado, terrorismo, daño en bien ajeno, hurto calificado y lesiones personales (resolución de acusación de la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado —fls. 624-647. cdno. 4—).

IV. Problema jurídico.

14. Para emitir un pronunciamiento de fondo en el asunto sub judice, previa determinación de la existencia del daño, la Sala tendrá que dar solución a los siguientes interrogantes:

14.1. En primer lugar, será necesario establecer cuál es el régimen de responsabilidad pertinente para juzgar el caso de autos, dado que en el recurso de apelación se dice que no es posible aplicar el régimen de daño especial a un caso como el presente, en el cual se demanda la indemnización de unos perjuicios causados por un ataque guerrillero que, a juicio de la demandada, fue indiscriminado y no estuvo dirigido únicamente contra los edificios representativos de la Policía Nacional.

14.2. En la medida en que la Sala dirá que el presente caso debe ser analizado bajo la óptica del régimen objetivo de responsabilidad, será necesario, acto seguido, determinar si el hecho del tercero que alega la entidad demandada está demostrado y si tiene virtud para exonerarla de responsabilidad.

V. Análisis de la Sala.

15. En lo que tiene que ver con el daño, la Sala considera que el mismo se encuentra acreditado en el proceso, comoquiera que con los diversos medios de prueba obrantes en el mismo pudo establecerse que el 19 de mayo de 1999, un grupo de guerrilleros ingresó de forma violenta al municipio de Silvia, Cauca, y se enfrentó durante varias horas contra agentes de policía acantonados en el cuartel. Esto quedó ampliamente demostrado en los informes de policía y en la denuncia interpuesta por el Ejército Nacional.

15.1. El comandante del distrito cuarto de Piendamó del departamento de policía del Cauca, corroboró la ocurrencia de los hechos violentos del 19 de mayo de 1999 en Silvia, Cauca, en estos términos (fl. 130, cdno. 2):

“En respuesta al literal “c” de su solicitud, me permito solicitarle que efectivamente para la fecha mencionada, la localidad de Silvia, Cauca fue objeto de incursión subversiva, por parte de integrantes de las FARC y como consecuencia de la misma, se produjo la destrucción total de las instalaciones policiales, al igual que la muerte de dos uniformados y un particular. Para esta fecha, el personal policial contaba con armamento de largo alcance fusiles galil y suficiente munición. Las órdenes que se impartieron antes de la mencionada toma a todo el personal, habían sido extremar al máximo las medidas de seguridad, portar permanentemente el armamento y munición, no descuidar su seguridad, estar permanentemente alertas pues las informaciones daban cuenta de que esos días la guerrilla iba a incursionar en alguna localidad del departamento”.

15.2. Adicionalmente, el suboficial de derechos humanos del batallón “José Hilario López” del Ejército Nacional relató los siguientes hechos al interponer denuncia ante la Fiscalía (fls. 146-147, cdno. 2):

“Siendo aproximadamente las 16:30 horas del citado día, aproximadamente 200 narcoterroristas pertenecientes a la VI cuadrilla y la columna móvil “Jacobo Arenas” de las ONT FARC, al mando de los sujetos N.N., alias Zeplin, N.N., alias Dago, N.N., alias Caliche y N.N., alias Reynel, utilizando prendas de uso privado de las Fuerzas Armadas, portando armamento de diferentes calibres y armas no convencionales como cilindros de gas, incursionaron y atacaron a la población civil y la estación de la Policía Nacional, las sedes de la Fiscalía, Telecom y la Caja Agraria, de la cual se hurtaron 80 millones de pesos en efectivo y objetos eléctricos, igualmente la destrucción de más de 20 viviendas, los daños causados por los subversivos son incalculables”.

16. Igualmente, está demostrado que con ocasión de este ataque, se afectó la vivienda del señor Antonio Trochez Dagua, como consta en los certificados expedidos por la alcaldía municipal, la personería y las declaraciones de algunos vecinos de la población.

16.1. El alcalde municipal expidió la siguiente constancia (fl. 15, cdno. 1):

“Que el pasado 19 de mayo de 1999, en la incursión guerrillera de que fue objeto la población de Silvia Cauca, en la propiedad del señor Antonio Trochez Dagua (...) ubicada en la carrera 4 sin nomenclatura, presenta averías en el techo, cielo raso, paredes cuarteadas y muro en peligro, 3 ventanas con los respectivos vidrios y una puerta partida, por impactos de proyectil y las explosiones de las pipas de gas”.

16.2. La personería municipal emitió el siguiente oficio (fl. 16, cdno. 1):

“Que en incursión guerrillera de que fue objeto la población de Silvia Cauca, el pasado 19 de mayo de 1999, en la propiedad del señor Antonio Trochez Dagua, identificado con la cédula de ciudadanía 1 516 825 de Silvia, ubicado en la calle 11 Nº 2-40, presenta mal estado de los techos, el cielo raso y el derrumbamiento de 3 muros en su totalidad”.

16.3. Las declaraciones vertidas en plenario también dan cuenta de los hechos. Al respecto, Carlos Alberto Sterling señaló (fl. 125, cdno. 2):

“Yo viví en todo el frente donde funcionaba el comando de la policía, yo recuerdo que ese día el 19 de mayo de 1999, yo me encontraba en mi casa de habitación, de un momento a otro y siendo como las cinco de la tarde más o menos escuché una explosión, fue algo muy fuerte y entonces yo salí haber que pasaba y pude ver que era la guerrilla que atacaba el cuartel de la policía (...) Una vez allí en la casa donde funciona el hotel restaurante “La Parrilla”, me tocó amanecer en compañía de mi familia y de las personas que en esos momentos se encontraban allí, todo parecía una guerra, se escuchaban explosiones, disparos y gritos toda la noche, ya como las cuatro de la mañana cuando ya salió el sol y se escuchaban como voces de gente en la calle y no volvió a escucharse disparos ni nada por el estilo, una vez en la calle pude darme cuenta de la magnitud del ataque, todo se veía destruido, el cuartel de la policía y sus alrededores se encontraban muy averiadas, entre la que pude ver la casa del señor Antonio Trochez Dagua, luego transcurrió el tiempo y volvió la calma, desde esa fecha la casa debido al estado en el que quedó tocó desocuparla y a la fecha aún está desocupada, ya que no la han arreglado ni demolido para construirla de nuevo”.

16.4. Por su parte, Luis Alberto Garzón manifestó (fl. 126, cdno. 2):

“Yo quiero informar que para el día 19 de mayo de 1999, yo vivía en la casa Nº 2-48 con calle 11 de esta población, es decir, al frente de la casa del señor Antonio Trochez Dagua, yo me encontraba allí en la casa, donde funcionaba un negocio de video, eran como las 5:25 de la tarde, de un momento a otro escuché los disparos (...) yo pude apreciar que la casa del señor Antonio Trochez Dagua había sufrido daños inmensos, la parte de afuera quedó parada, pero la casa en sí quedó completamente dañada, ya que para volver hacerla toca demoler, allá no vive nadie ya que no sirve para nada”.

16.5. A su vez, Jorge Humberto Fernández expresó (fl. 127, cdno. 2):

“Eso ocurrió el 19 de mayo de 1999, ese día fue que entró la guerrilla y causó destrucción y muerte en esta población, yo ese día venía en mi carro el cual es un campero que utilizo para el servicio público, yo alcancé a llegar hasta la entrada del pueblo y desde allí pude darme cuenta de que en esos precisos momentos el pueblo era sometido a un ataque (...) yo me salí a la calle como a las 5:30 de la madrugada, me encontraba muy preocupado porque no sabía que había podido ocurrir a mi casa, ya que mi casa estaba en arriendo, yo llegué hasta el parque, veía guerrilleros, yo le veía en expectativa, estaban muy armados, al llegar cerca a mi casa la pude ver totalmente destruida, también el comando de la policía, y muchas otras cosas del vecindario, entre esas la casa del señor Antonio Trochez Dagua, vecino mío, quiero aclarar que la casa del señor le quedaron las paredes en pie, pero de todas formas la casa no quedó sirviendo para nada”.

17. Según los testimonios antes referidos, cuyas aseveraciones están respaldadas con las certificaciones expedidas por la alcaldía municipal y la personería de Silvia, Cauca, los daños causados en la edificación de propiedad del hoy demandante en reparación, implicaron que este tuviera que hacer unas reparaciones provisionales para poder seguir habitando la vivienda. Del mismo modo, en la vivienda permanecen serios daños estructurales y de ornato que implican una disminución en el valor del bien y, por tanto, un detrimento en el patrimonio del actor.

18. Del mismo modo, la legitimación del actor quedó evidenciada, pues al plenario se allegaron copias auténticas de la escritura pública de compraventa (fls. 12-13, cdno. 1) y el certificado de registro en el que consta la inscripción de dicho negocio en la oficina de registro de instrumentos públicos de Silvia, Cauca (fl. 14, cdno. 1), pruebas estas que acreditan la calidad de propietario del señor Antonio Trochez Dagua con respecto al inmueble ubicado en cercanías a la estación de policía del municipio.

19. En lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable para el juzgamiento del caso concreto, la Sala considera que es el objetivo, según se deriva del siguiente recuento jurisprudencial.

19.1. Por regla general, los daños causados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial de la administración, en la medida en que se trata de situaciones originadas en actuaciones de terceras personas ajenas al Estado, en hechos que generalmente son imprevisibles e irresistibles para este.

19.2. No obstante, se ha admitido por la jurisprudencia del Consejo de Estado que, en ciertas circunstancias, los actos cometidos por grupos guerrilleros y/o delincuenciales contra bienes, instalaciones o personas representativas del Estado, pueden ser imputados a la administración a título de falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional.

19.2.1. El régimen de falla en el servicio ha sido aplicado cuando agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se entiende que ocurre en los eventos en que (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilitó la actuación de los directos causantes del daño(10); (ii) la víctima o la persona contra quien estuvo dirigido el ataque había solicitado protección y esta no se brindó por retardo, omisión o ineficiencia de las autoridades competentes(11); (iii) el Estado no llevó a cabo ninguna acción para evitar un ataque que era razonablemente previsible(12); o (iv) la administración incurrió en omisión al no adoptar las medidas que eran conducentes para evitar que ocurriera el daño, o para atender adecuadamente una situación de riesgo creada por ella(13).

19.2.2. La Sala también le ha dado aplicación al régimen de daño especial cuando el perjuicio se ha originado en la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, ocurrida como consecuencia de un ataque que tiene como objetivo un establecimiento militar o policivo. En estos casos la obligación de reparar se sustenta en los principios de equidad y solidaridad en la medida en que, según lo ha entendido la jurisprudencia, los damnificados ajenos al conflicto no tienen por qué soportar los daños que se generan por las acciones de la subversión contra el orden institucional(14).

19.2.3. En otras oportunidades, el Consejo de Estado ha aplicado el régimen de riesgo excepcional al considerar que los daños causados a particulares, derivados de ataques perpetrados por agentes ajenos a la administración, realizados en el marco de un conflicto armado, son imputables al Estado siempre que se demuestre que el ataque estuvo dirigido contra un persona, estructura o bien que, dado su carácter representativo del andamiaje estatal y en atención a su relevancia estratégica, era susceptible de ser objeto de un atentado. Frente a esto último, la jurisprudencia ha declarado responsabilidad patrimonial de la administración por los daños derivados de ataques perpetrados por grupos armados al margen de la ley contra cuarteles militares o estaciones de policía, sea que la fuerza pública reaccione o no con el fin de repeler la agresión(15). Así, en la sentencia del 28 de junio de 2006, manifestó la Sala:

“En síntesis, mayoritariamente la Sala reitera su posición de que los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal”(16) (17).

19.3. Las diferentes líneas de pensamiento expresadas en los criterios jurisprudenciales antes reseñados, aunque esbozan un clara sinuosidad en cuanto al régimen de responsabilidad que se ha estimado apropiado para el juzgamiento de casos de daños surgidos en enfrentamientos con grupos armados al margen de la ley, muestran también una unidad de criterios en cuanto a considerar que no existe responsabilidad a cargo del Estado en aquellos ataques que son cometidos de forma indiscriminada, y en los que no es identificable un bien, persona o estructura estatal que tenga importancia estratégica para quienes llevan a cabo la acción violenta. Tampoco surge responsabilidad a cargo del Estado, según el criterio unificado de la Sala, en aquellos eventos en los que la única finalidad de los atacantes era la de crear pánico y zozobra entre la población civil, a menos que se acredite que el ataque se vio facilitado por la existencia de una falla en el servicio en la prestación del servicio de seguridad(18). En este punto la jurisprudencia ha sido pacífica y son diversos los pronunciamientos en los que, en ausencia de una falla probada del servicio, el Consejo de Estado se ha abstenido de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en consideración a que el acto tenía un carácter indiscriminado(19), estaba dirigido contra un bien de propiedad de un particular(20), o no hay certeza de que el objetivo fuera un bien o establecimiento de carácter oficial(21).

19.4. Ahora bien, frente a la cuestión de si este tipo de casos debe ser juzgado bajo la óptica de la falla del servicio, la del daño especial o la del riesgo excepcional, cuya respuesta ha sido ondulante por parte de la jurisprudencia —según se vio—, la Sala Plena de la Sección Tercera recientemente estableció la regla según la cual corresponde al juez de la causa establecer el régimen de imputación que considere apropiado para el análisis de cada caso concreto:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia(22)”.

19.5. En esta oportunidad, en la que se juzgaban también unos daños causados en el marco de la toma guerrillera efectuada en el municipio de Silvia, Cauca, la Sala Plena se decantó por la aplicación del régimen de daño especial, con la aclaración de que debe tener eficacia directa al artículo 90 de la Constitución Política según el cual, como se interpretó en aquella oportunidad, es necesario reparar los daños padecidos por los ciudadanos más allá de las cargas públicas que deben soportar en condiciones de igualdad:

“Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama ocurrieron en el marco del conflicto armado interno(23) y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas. (...).

Ahora, en cuanto al título de imputación como herramienta de motivación que debe ser aplicado para dar respuesta al caso concreto, la Sala considera que, en aras de materializar el valor justicia(24), la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a la entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la actora, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias, le causó perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas.

Y es que si bien ha sido claro para la Sección Tercera que la teoría del daño especial exige un factor de atribución de responsabilidad al Estado, es decir, que el hecho causante del daño por el que se reclame pueda imputársele jurídicamente dentro del marco de una “actuación legítima”, esta “actuación” no debe reducirse a la simple verificación de una actividad en sentido físico, sino que comprende también aquellos eventos en los que la imputación es principalmente de índole jurídica y tiene como fuente la obligación del Estado de brindar protección y cuidado a quienes resultan injustamente afectados.

En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese [a] que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas, y que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado.

Finalmente, en cuanto al hecho de un tercero propuesto por la parte demandada como eximente de responsabilidad, ha de decir la Sala, como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, no aparece configurado en este caso por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce no parte de la determinación del causante del daño —fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas—, sino que, como se vio previamente, proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad (25) (26).

19.6. En el caso bajo examen, la Sala reitera el criterio sentado en la anterior providencia, de acuerdo con el cual el Estado es objetivamente responsable por los daños causados a particulares como consecuencia de las actividades desplegadas para enfrentar a grupos armados al margen de la ley, incluidos aquellos eventos en los que los perjuicios surgen de ataques guerrilleros perpetrados contra cuarteles de policía, u otras estructuras representativas del Estado, sin que para tal efecto sea relevante determinar el origen de los artefactos bélicos causantes del detrimento a los ciudadanos, es decir, si los proyectiles —u otros elementos de guerra— fueron disparados o accionados por integrantes de los grupos armados al margen de la ley, o si fueron disparados por los miembros de las fuerzas armadas regulares del Estado.

19.7. En el criterio de la Sala, la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad implica el deber indemnizatorio del Estado basado en los principios de equidad, justicia y solidaridad, obligación esta que surge por un rompimiento injustificado de las cargas públicas que los ciudadanos deben soportar en condiciones normales de igualdad, dado que nadie está legítimamente obligado a soportar las consecuencias dañosas del conflicto armado interno que existe en Colombia, máxime cuando el mismo es llevado a los sitios en que habitan las personas ajenas del conflicto, por virtud de la ubicación de batallones y cuarteles de policía en medio de la población civil, en la medida en que dichas estructuras —que por sí solas no representan una amenaza para los asociados—, claramente tienen una importancia estratégica para los contendores en la actividad bélica.

19.8. En todo caso, se insiste en que en tales eventos no hay lugar a imputar responsabilidad a la administración cuando está demostrado que se trata de ataques indiscriminados o dirigidos contra bienes de carácter privado, a menos que en dichos casos se demuestre la falla en la prestación del servicio de seguridad y que dicho defecto de la administración permitió la concreción de los actos terroristas, aunque estos estén claramente encaminados a crear zozobra en la población.

19.9. Finalmente, frente al hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad en los casos de ataques guerrilleros, la Sala reitera que la responsabilidad de la administración no se exime por el hecho de que los medios de guerra causantes del daño provengan de los grupos al margen de la ley, pues lo relevante es el hecho de la existencia de un cruce de fuegos ocurrido en el marco de la actividad desplegada por el Estado al combatir a los mencionados grupos armados, y que el ataque por parte de los delincuentes hubiera estado claramente dirigido contra una estructura o persona representativa del Estado.

20. En el caso concreto, para la Sala resulta evidente que el ataque guerrillero perpetrado el 11 de mayo de 1999 en el municipio de Silvia, Cauca, no fue indiscriminado, dado que, de acuerdo con los informes elaborados con posterioridad a los hechos que se discuten, el objetivo del grupo subversivo era acabar con el cuartel policial, rendir a los agentes que protegían dicha estructura y apropiarse del material de guerra de que se disponía en la estación, lo que por sí solo indica que la acción armada estaba focalizada en una estructura representativa del Estado y, por esa misma razón, constituye un suceso idóneo para hacer surgir responsabilidad en cabeza de la entidad demandada.

20.1. En efecto, en la denuncia elevada por el suboficial de derechos humanos del batallón “José Hilario López” del Ejército Nacional, se dice que los guerrilleros “incursionaron y atacaron a la población civil y la estación de la Policía Nacional, las sedes de la Fiscalía, Telecom y la Caja Agraria” (fl. 146, cdno. 2) y en el informe elaborado por el comandante del distrito cuarto de Piendamó del departamento de policía del Cauca, se manifiesta que “se produjo la destrucción total de las instalaciones policiales, al igual que la muerte de dos uniformados y un particular” (fl. 130, cdno. 2), lo que implica que las acciones del grupo subversivo estaban claramente dirigidas contra el enclave policial, aunque también contra otras edificaciones donde funcionaban entidades públicas.

20.2. Del mismo modo, en los certificados expedidos por la alcaldía y la personería municipal de Silvia, Cauca, se presentan los resultados del ataque guerrillero, en los cuales, se detalla que el inmueble del señor Antonio Trochez Dagua resultó afectado con ocasión del ataque.

20.3. De manera que no es posible afirmar que se trató de un ataque indiscriminado por parte de los integrantes de la guerrilla de las FARC, pues lo cierto es que, según quedó demostrado en el expediente, los objetivos perseguidos por dicho grupo armado al margen de la ley, estaban todos relacionados con estructuras representativas del Estado, entre ellas el cuartel de policía de la Policía Nacional, situación esta que hace procedente la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, idóneo para hacer surgir una obligación indemnizatoria en cabeza de la entidad demandada en el presente caso(27).

20.4. Ahora bien, frente al hecho del tercero que reiteradamente alega la parte demandada, la Sala no puede más que reiterar los criterios sentados en el citado fallo del 19 de abril de 2012, en el sentido de reafirmar que, si bien es cierto la actuación antijurídica y reprochable solo puede ser predicada de los grupos armados ilegales —y no de las entidades estatales—, también es cierto que esto no es suficiente para eximir de responsabilidad a la Policía Nacional, pues lo verdadero es que los daños padecidos por el señor Antonio Trochez Dagua tuvieron su fuente, bien sea en las agresiones de los guerrilleros dirigidas contra el cuartel de la Policía Nacional, o bien en las acciones emprendidas por los agentes policiales en contra de sus atacantes y, en cualquier caso, se trata de un detrimento cuyo origen está en el desarrollo de un conflicto armado cuyas consecuencias, según los principios de justicia, equidad y solidaridad, no tienen por qué ser soportadas aisladamente por algunos miembros de la población civil.

21. En los términos anteriores, la Sala encuentra que en el presente caso están dadas las condiciones para predicar responsabilidad a cargo de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional por los daños padecidos por el señor Antonio Trochez Dagua con ocasión de los destrozos que sufrió su casa de habitación, en hechos ocurridos el 19 de mayo de 1999 en el municipio de Silvia, Cauca.

22. En ese orden, la sentencia de primera instancia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, será confirmada en el sentido de declarar la responsabilidad a cargo de la entidad demandada, pero será modificada en relación con los criterios que fijó el a quo para liquidar los perjuicios a indemnizar.

VI. Liquidación de perjuicios.

23. Antes de proceder a la liquidación de perjuicios, la Sala aclara que esta no podrá hacer más gravosa la situación de la demandada, al tratarse del único impugnante, en atención al principio constitucional de no reformatio in pejus.

24. Para la liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala toma nota de que en la sentencia de primera instancia, el tribunal acogió el dictamen pericial en el que consta el valor de la reconstrucción del inmueble de propiedad del señor Antonio Trochez Dagua, al encontrar que este no había sido objetado por parte de la entidad demandada.

24.1. El mencionado dictamen, rendido por los auxiliares de la justicia Diego Alejandro Terán Mosquera y Silvio Santamaría, nombrados por el Tribunal Administrativo del Cauca (fls. 134, 141, cdno. 2), expone las siguientes conclusiones sobre los daños causados al inmueble (fls. 718-725, cdno. 4):

“Ubicación y linderos del inmueble

El inmueble materia del peritazgo está ubicado en la parte oriental del departamento del Cauca en la zona urbana del municipio de Silvia con nomenclatura calle 11 Nº 2-40 a media cuadra de donde quedaba el cuartel policial y donde funciona el Banco Agrario. Además tiene una buena posición comercial ya que está a una cuadra del parque central de dicha población.

Este inmueble es de una sola planta y tiene como linderos al occidente en una extensión de seis (6) metros con la calle 11 al oriente, con una extensión aproximada de 13.50 metros con el cabildo indígena de Guambia, al norte con 21 metros con una propiedad de la señora Piedad Hurtado y al sur con inmueble de la señora Raquel Campo.

Estado del inmueble

El inmueble objeto de este peritazgo sirve como casa de habitación del señor Antonio Trochez Dagua. Posee cuatro habitaciones, cocina, baño, las paredes son en adobe debidamente empañetadas con cemento y pintadas con vinilo.

Los pisos son parte en baldosa de cemento y otra parte en madera.

Los techos son hechos en caña brava, adobe y teja de barro.

La cocina está construida con sus respectivas losas debidamente enchapadas en cerámica lo mismo que el baño.

El inmueble presenta en sus pisos levantamiento y resquebrajamientos en la baldosa.

En algunas de sus paredes presenta fisuras y otras han sido derribadas.

El techo el algunas partes presenta ahondamientos lo cual es un gran peligro para sus habitantes, en otras partes el techo ha desaparecido.

Avalúo

Para el caso que nos ocupa se consultó con varios ingenieros civiles, arquitectos y maestros de obra, para averiguar el valor del metro cuadrado construido en una edificación con las debidas especificaciones técnicas el cual tasado en la suma de $ 250 000.

Posteriormente teniendo en cuenta los daños en la edificación, estos se calcularon en un porcentaje cercano del 60%.

A continuación calculamos el área total construida de la edificación multiplicando el frete por el fondo.

Área construida: Frente por fondo menos área libre

Área construida:6 mts x 21 = 126 mts2
Área libre:7.5 mts x 5.20 = 39 mts2
Área total del predio:= 165 mts2
Área construida:126 mts2
Valor mts2 construida:$ 250 000
Área dañada:60%

Costo real de reconstrucción=área total construido x VR/M2const x área dañada=

Costo real de reconstrucción: 165 mts2 x 250 x 60%=

Costo real de reconstrucción= $ 18 900 000.

24.2. La Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios de las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) la pericia esté debidamente fundamentada y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas(28).

24.3. Al examinar el dictamen pericial a la luz de estos parámetros, se encuentra que lo consignado en el mismo permite a la Sala tener una valoración objetiva y razonable de los daños causados al inmueble del señor Antonio Trochez Dagua, con ocasión del ataque de la guerrilla que sufrió el municipio de Silvia, Cauca el 19 de mayo de 1999, por varias razones: (i) los peritos tienen la idoneidad técnica y profesional para rendir su concepto al respecto; (ii) la valoración se hizo luego de que acudieran al lugar de los hechos para realizar una inspección general del estado de los bienes que se vieron afectados, por lo que la práctica fue personal y no a partir de los criterios de terceros; (iii) la cuantificación de los daños se hizo de acuerdo con en el costo de los materiales de construcción y de la mano de obra en la zona; (iv) no hay motivo alguno para dudar de la imparcialidad de los peritos, pues fueron nombrados por el tribunal y no se menciona que tengan vínculo o interés alguno en relación con las partes; (vi) no se retractaron de sus conclusiones; y (vii) el dictamen no fue objetado por error grave.

24.4. En esa medida, la Sala procede a actualizar el valor consignado en el dictamen pericial rendido el 19 de diciembre de 2001, en el que consta el valor de $ 18 900 000 como el costo total de la reconstrucción del inmueble del señor Antonio Trochez Dagua.

24.5. Para la actualización de esta suma se aplicará la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($ 18 900 000), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (114,22)(29) y el IPC inicial o histórico el índice de la serie de empalme de la fecha en que se rindió el dictamen (66,73)(30). Hecha esta operación, se concluye que el valor de la reconstrucción del inmueble, en valores actualizados, es de $ 32 350 637.

24.6. Ahora bien, el Tribunal a quo, el evidenciar que el señor Trochez Dagua había sido beneficiado con un subsidio de vivienda por parte del Inurbe, descontó el valor del subsidio otorgado de la liquidación por concepto de reparación de perjuicios materiales. Al respecto, esta Sala advierte que esa entidad, en efecto, le concedió al actor un subsidio de vivienda por un valor de $ 7 552 100, como damnificado de la incursión de la guerrilla en el municipio de Silvia, Cauca, el 19 de mayo de 1999, tal como se registra en el oficio remitido por el Inurbe (fl. 734, cdno. 4):

“En acatamiento al oficio referido me permito precisarle, que la base de datos que tiene la entidad de los hogares que han solicitado el subsidio familiar de vivienda como damnificados por la toma guerrillera acaecida en el municipio de Silvia-Cauca, se registra la siguiente información:

Antonio Trochez Dagua, identificado con la C.C. 1.516.825 de Silvia, Cauca, el Inurbe le asignó subsidio familiar de vivienda para la recuperación de la vivienda, mediante resolución 544 del 28 de septiembre de 2000, por un valor de $ 7 552 100. A la fecha la vivienda ya fue recuperada y recibida a satisfacción”.

24.7. En consonancia con lo decidido por el Tribunal, la Sala estima razonable hacer el respectivo descuento, en vista de que dicho subsidio tuvo como finalidad la “recuperación de la vivienda” del demandante, es decir, el mismo propósito que se pretende satisfacer con esta decisión, de manera que, luego de dicha sustracción, al señor Antonio Trochez Dagua le corresponde una indemnización equivalente a $ 24 798 537.

25. Finalmente, en la demanda se solicita la reparación de perjuicios materiales por la supuesta destrucción de los muebles y enseres que albergaba el señor Antonio Trochez en su casa de habitación, pero en el expediente no existe prueba alguna que demuestre ese hecho, razón por la cual, al igual que lo hizo el a quo, se denegarán las súplicas que en ese sentido se formularon en el libelo introductorio.

VII. Costas.

26. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente asunto, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes en el presente trámite, de manera que no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia dictada el 20 de mayo de 2003 por el Tribunal Administrativo del Cauca, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por el daño inferido al señor Antonio Trochez Dagua durante los hechos ocurridos el día 19 de mayo de 1999 en el municipio de Silvia, Cauca.

2. CONDÉNAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a favor de Antonio Trochez Dagua, por concepto de reparación de perjuicios materiales para la reconstrucción del inmueble de su propiedad, el valor de $ 24 798 537.

3. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Dese cumplimiento a lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

7. Ejecutoriada el presente fallo, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(2) En la demanda se estimó el valor de la pretensión mayor, correspondiente a la indemnización de perjuicios materiales a favor del señor Antonio Trochez Dagua, en la suma de $ 30 000 000 (fl. 23, cdno. 1). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1999 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18 850 000.

(3) Al respecto, consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón. “En vista de que se trata de una sentencia condenatoria apelada únicamente por la entidad llamada a responder, encuentra la Sección que la competencia al momento de resolver se encuentra restringida en lo que respecta solamente en los aspectos que le sean desfavorables a la apelante, sin que pueda en forma alguna agravarse la condena impuesta de conformidad con el principio de la no reformatio in pejus”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) [1] “Sobre el valor probatorio de las fotografías, ver, por ejemplo, sentencias de febrero 3 de 2002, Exp. 12497, 25 de julio de 2002, Exp. 13811 y 1 de noviembre de 2001, AP-263 y 21 de agosto de 2003, AP-0289”.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, Exp. 28459, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, sentencia de 28 de julio de 2005, Exp. 14998, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 17613, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de abril de 2012, Exp. 22377, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, Exp. 22458, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) En este sentido, véase la sentencia del 11 de julio de 1996, Exp. 10822, C.P. Daniel Suárez Hernández, en la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas, Antioquia, ocurrida durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, quienes aprovecharon las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

(11) Este fue el razonamiento a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas durante los hechos del Palacio de Justicia. Al respecto véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266; y del 3 de abril de 1995, Exp. 0459, todas ellas con ponencia del Consejero Juan de Dios Montes Hernández; y la sentencia del 29 de marzo de 1996, Exp. 10920, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(12) Al respecto puede consultarse la providencia del 12 de noviembre de 1993, Exp. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(13) Esta fue la postura asumida al resolver algunas acciones de reparación directa interpuestas con ocasión de la toma guerrillera a la base militar de “Las Delicias” en Putumayo. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(14) Mediante la sentencia del 30 de julio de 1992, Exp. 6828, C.P. Julio César Uribe Acosta, la Sección Tercera declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños materiales causados a un habitante de Bucaramanga por la explosión de un carro cargado con explosivos que iba dirigido contra el comando de la segunda división del Ejército con sede en esa ciudad. Similar decisión adoptó el 5 de julio de 1991, Exp. 1082, C.P. Daniel Suárez Hernández, al resolver la acción de reparación directa presentada por los afectados por el ataque armado perpetrado por guerrilleros del M-19 contra la estación de policía del municipio de Herrera, Tolima.

(15) En las sentencias de 6 de octubre de 2005, Exp. AG-00948, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15571, C.P. Mauricio Fajardo; y de 5 de diciembre de 2006, Exp. 28459, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, la Sección Tercera declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños causados a los habitantes de distintos municipios del país, durante enfrentamientos armados entre la guerrilla y las fuerzas armadas. También en la sentencia de 28 de junio de 2006, Exp. 16630, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, el Estado fue condenado a reparar los daños causados por la explosión de un artefacto dirigido contra el Comando de Policía de Bello, Antioquia. Similar decisión se adoptó en la sentencia del 19 de abril de 2001, Exp. 12178, C.P. María Elena Giraldo, al resolver la acción de reparación directa interpuesta por las víctimas de una bomba activada por la guerrilla de las FARC en una estación de gasolina, en momentos en que los vehículos de policía se estaban abasteciendo.

(16) [6] “Sentencia del 23 de septiembre de 1994, Exp. 7577”.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2006, Exp. 16630, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. La sentencia en cita cuenta con salvamento de voto del consejero Mauricio Fajardo Gómez, quien se apartó de la decisión mayoritaria de la Sala, al considerar que las estaciones de policía y los cuarteles militares no pueden considerarse como intrínsecamente riesgosos para la población.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de junio de 2007, Exp. 25.627, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(19) La Sección Tercera de la corporación desestimó las pretensiones indemnizatorias de la demanda de reparación directa promovida con ocasión del atentado terrorista efectuado en el “Centro 93” de Bogotá, con la consideración de que se trataba de un ataque indiscriminado contra la población. En dicha oportunidad, la Sala consideró que “como lo ha precisado la corporación en otros pronunciamientos, los atentados terroristas dirigidos indiscriminadamente contra la población resultan imprevisibles e irresistibles para las autoridades públicas”. Sentencia de 23 de octubre de 2003, Exp. 14211, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(20) Al respecto puede consultarse la sentencia de 18 de abril de 1996, Exp. 10230, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(21) Mediante sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18536, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, la Sección Tercera negó las pretensiones indemnizatorias originadas en los daños materiales derivados de la detonación de un artefacto explosivo abandonado en el baño de un local comercial. La corporación consideró que si bien estaba acreditado que enfrente del lugar donde se produjo el estallido funcionaba el comando de policía de la ciudad de Montería, no se acreditó que dicho bien fuera el objetivo del atentado. Similar determinación se adoptó en la sentencia de 26 de mayo de 2010, Exp. 17.046, C.P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez, dentro del proceso de reparación directa promovido por la muerte de un particular durante un ataque perpetrado por subversivos contra una caravana integrada por funcionarios judiciales y agentes de la Policía Nacional en la vía que conduce del municipio de Pailitas a Zapatosa en el departamento del Cesar. A juicio de la Corporación, no era posible responsabilizar objetivamente al Estado por los daños causados, toda vez que era “muy difícil saber a ciencia cierta, porque no hay prueba que así los indique, si los subversivos pretendían atacar a los integrantes de la comisión judicial o a los miembros de la Policía Nacional que los acompañaban”.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón. El fallo cuenta con salvamento de voto de los consejeros Mauricio Fajardo Gómez y Carlos Alberto Zambrano Barrera, así como aclaración de quien es ponente en el presente fallo y de la doctora Stella Conto Díaz del Castillo.

(23) [33] “En lo que concierne a la definición de conflicto armado interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” —Informe 55/97, caso Nº 11.137— Juan Carlos Abella Vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera. “En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras actuaciones militares recíprocas. Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(24) [35] “De lo anterior se desprende, entonces, que el título jurídico más correcto para determinar la responsabilidad de reparar un daño será aquel que pase el análisis como el más justo. Pero, ¿qué es lo justo? Es bien sabido que el tema es particularmente álgido en nuestros días y admite muchos enfoques de escuelas del pensamiento jurídico. No obstante, si partimos de la aceptación de que la justicia es dar a cada uno lo suyo, según la celebérrima sentencia de Ulpiano, podemos explorar una respuesta. En efecto, esta definición, permite comprender lo que es la injusticia, que contrario a reconocer el derecho, implica desconocerlo, lesionarlo, negarlo”.

(25) [36] “Lo antes dicho no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, Exp. 9261 ya la Sección había dicho: ‘Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quién disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto este salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivas y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a-quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda’. En caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del doctor Ricardo Hoyos Duque se afirmó: En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando estos excedan los sacrificios que se imponen a todos (sic) las personas y en su causación interviene una actividad estatal. En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración solo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando este se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto estas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados. Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes”. (Negrillas fuera de texto).

(26) Ibídem.

(27) En este punto la Sala se aparta radicalmente de la postura sostenida en un fallo de 2003, en el que se desestimaron las pretensiones indemnizatorias de la demanda de reparación directa promovida con ocasión de una incursión guerrillera ocurrida en el municipio de Rioblanco, Tolima. En esa oportunidad, se consideró que se trataba de un “ataque masivo que afectó a toda la población, no tenía como objetivo la toma de la estación de policía, pues no solo se destruyó esta, sino también las instalaciones de Telecom, de la Caja Agraria, la casa donde vivían los demandantes, entre otras. Por lo tanto, el atentado fue indiscriminado, no selectivo, con la finalidad de atentar contra todos los costados de la población, sembrando el pánico y el desconcierto total”. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Exp. 14220, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, Exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(29) IPC de septiembre de 2013.

(30) IPC de diciembre de 2001.