Ramiro Pazos Guerrero

 

Sentencia 1999-02143 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Exp.: 42329

Rad. Nº: 25000232600019990214300

Actor: Lina Patricia Casas Ortiz y otros

Demandados: Instituto Nacional de Vías, Invías, Nación – Ministerio de Transporte

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de las demandadas(2).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la cuantía del asunto y su vocación de doble instancia, en consideración se estimó el valor económico de las pretensiones en una suma cuando menos equivalente a $ 250.000.000 (fl. 9, cdno. 13c)(3), mientras que 500 salarios mínimos legales vigentes del año 1999, en que fue presentada la demanda, correspondiente a $ 118.230.000, suma inferior a la pretendida.

1.2. Acción procedente.

El Código Contencioso Administrativo prevé diferentes mecanismos procesales a los que pueden acudir los administrados con el fin de llevar ante los jueces los conflictos que se suscitan entre ellos y la administración pública.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación administrativa, imputables a la administración pública, así como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble, es la de reparación directa.

Por ende, como en el presente caso se pretende obtener la reparación de un daño presuntamente causado por omisiones en la ejecución de una obra pública, es la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 ibidem la idónea reclamar la indemnización de perjuicios derivados de esta.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis. 

1.3.1. Parte activa.

La legitimidad de los actores para reclamar la responsabilidad estatal y la consecuencial indemnización de perjuicios, deriva del vínculo afectivo y de parentesco que acreditaron con la víctima, pues consta que la señora Lina Patricia Casas era la compañera del señor César Eduardo Guzmán, de acuerdo con los testimonios que sobre el particular rindieron los señores Miguel José Neira Durán y María Stella Quiroga de Ramírez (fl. 8, cdno. 8), quienes por razón del vínculo de amistad y familiar, respectivamente, que los unía con la demandante, conocieron de la referida relación afectiva, lo que les permitió dar cuenta de la actualidad de la misma al momento de los hechos. También se probó que Daniela Guzmán Casas es hija de la víctima y de la señora Casas Ortiz (fl. 2, cdno. 2), tal como consta en el registro civil de nacimiento de la primera.

1.3.2. Pasiva.

Frente a la parte pasiva, se tiene que las imputaciones con ocasión de presuntas fallas en el mantenimiento vial legitiman a Invías desde el punto de vista formal para comparecer como demandado en este asunto.

En cuanto a la legitimación material en la causa se advierte que en la época de los hechos estaba vigente la Ley 105 de 1993(4), que le asignaba expresamente al Ministerio de Transporte funciones relativas a la definición de las políticas en materia de transporte; por su parte, el Decreto 2171 de 1992, creó el Instituto Nacional de Vías como un establecimiento público dotado de personería jurídica, encargado de ejecutar esas políticas, en reemplazo del extinto Fondo Vial Nacional.

Así, las competencias de ejecución en cuanto a la red de vías nacionales, han estado a cargo de Invías desde su creación, correspondiéndole la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red de carreteras nacionales. Así, a nivel ministerial sólo quedaron determinadas funciones en cuanto a la formulación de las políticas del sector, cuya ejecución es de cargo del instituto.

Por ende, quien materialmente ostentaba el deber que los demandantes afirman incumplido en relación con el mantenimiento vial era Invías, de donde se colige que no está llamado a ser parte en el proceso el Ministerio de Transporte, por cuanto el contenido obligacional que se afirma omitido no era del ámbito de su competencia, como acertadamente lo definió el a quo.

En efecto, no es un hecho discutido en el proceso y, por el contrario, así lo reconoció Invías a lo largo del proceso, que la vía en la que ocurrieron los hechos hacía parte de la red vial nacional de carreteras a su cargo, lo que aparece confirmado con el hecho de que fue precisamente dicha entidad quien concedió su ampliación, mantenimiento y operación a particulares mediante el contrato Nº 664 de 1994 (fl. 36, cdno. 3).

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, de manera que si se promueven por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

En el presente caso consta que el señor César Eduardo Guzmán Hernández falleció el 15 de agosto de 1997 (fl. 6, cdno. 8), mientras que la demanda se promovió el 13 de agosto de 1999 (fl. 10, cdno. 3), por lo cual fuerza es concluir que lo fue en la oportunidad prevista en la ley para ese efecto.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurre la apelación, analizará la Sala si se presentaron o no las falencias en la señalización de la obra pública y si en el presente caso la culpa de la víctima determinó en forma total o parcial su deceso o si este puede ser imputado a la demandada y, en caso afirmativo, a qué título. Por supuesto, el estudio partirá de la necesaria acreditación del daño y de las condiciones de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar, de conformidad con las pruebas allegadas.

3. Análisis probatorio.

De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente se encontraron demostrados los siguientes hechos relevantes para la decisión del problema jurídico(5):

3.1. El viernes 15 de agosto de 1997 (fl. 186, cdno. 2) en la vía Bogotá – Briceño, sitio Hatogrande, se levantó el informe de accidente de tránsito Nº 97-004882, que dio cuenta del hecho ocurrido a las 23.15 horas, cuando la camioneta Chevrolet Blazer de placa MQD267 se salió de la vía y sufrió daños en la totalidad de su carrocería. Se trataba de una vía recta, plana, con bermas, de doble sentido, una calzada, dos carriles, en asfalto, que se encontraba en reparación, seca, sin iluminación. Dice el informe:

La placa del vehículo Nº 1 es MQD267. Conductor fue trasladado por particulares al Hospital Sopó por urgencias el cual falleció (...) la vía está en reparación sin señales y sin iluminación, hay unos obstáculos en concreto llamados maletines sobre la berma sin señalización. 

Según el informe, el vehículo se movilizaba en el sentido vial Bogotá – Briceño y luego del accidente quedó ubicado al costado oriental de la vía, entre 8 y 10 metros de distancia del borde oriental de esta. El ancho de la vía en los dos sentidos viales era de 9,10 metros en la zona del accidente.

3.2. El deceso del señor César Eduardo Guzmán Hernández tuvo lugar el 15 de agosto de 1997, tal como consta en su registro civil de defunción (fl. 6, cdno. 2). En el acta de levantamiento del cadáver, del 16 de agosto, consta que la defunción ocurrió en el hospital del Municipio de Sopó; se dejó constancia de que según información de los familiares el hecho ocurrió en la carretera Bogotá – Tunja al lado de la hacienda Hatogrande y que la víctima se encontraba como único ocupante dentro de una camioneta Chevrolet Blazer de placas MQD267 (fl. 182, cdno. 2). Falleció por “anemia aguda a punto de partida de hemorragia intrabdominal masiva por ruptura hepato esplénica con hemotórax derecho de gran calibre” (fl. 211, cdno. 2).

3.3. Consta que el 16 de agosto de 1997 (fl. 212, cdno. 8) se practicó examen de laboratorio en sangre para determinar el grado de alcoholemia de la víctima. El resultado de dicha prueba, de acuerdo con la certificación del Instituto Nacional de Medicina Legal fue de 206,1 mg/100 ml de alcohol etílico en sangre (fl. 6, cdno. 8), que se afirmó correspondía a un grado III de embriaguez alcohólica confirmada por laboratorio.

3.4. La Fiscalía General de la Nación se abstuvo de abrir investigación por el deceso del señor Guzmán, el que consideró derivado de causas accidentales (fl. 216, cdno. 2).

3.5. El señor Álvaro Andrés De la Rosa (fl. 3, cdno. 12) declaró ante el cónsul de Colombia en Londres a quien se comisionó para recibir el testimonio. El declarante dijo no conocer a la víctima ni las circunstancias de su fallecimiento y afirmó que solo tenía conocimiento personal sobre el estado de la vía en la que ocurrió el accidente, por razón de su profesión como piloto de carreras de automovilismo, con ocasión de la cual se trasladaba de manera frecuente entre Bogotá y el autódromo ubicado en el municipio de Tocancipá, por el referido corredor vial.

Dijo que el mismo día 15 de agosto de 1997 (fl. 4, cdno. 16) transitó en horas de la noche por el lugar de los hechos con un grupo de amigos hacia el municipio de Villa de Leyva donde se realizaría el “festival de las cometas”. Dijo:

La vía aquella noche presentaba las condiciones expresadas anteriormente, estaba completamente oscuro, había tramos en los que no se podía ver absolutamente nada puesto que no había ningún tipo de señalización ni sobre el asfalto como usualmente tiene toda la carretera ni tampoco señalización con respecto a las obras que se estaban realizando tales como: pequeñas desviaciones unas de las cuales eran en forma de espiral (la carretera en algunas partes era como una S debido a las obras pero no había indicación alguna de aquella situación), tramos pavimentados y despavimentados que se conectaban y maletines de concreto a los lados. La vía era muy difícil de sobrellevar en la noche y completamente previsible que un fatal accidente podría ocurrir en cualquier momento. De hecho ese era un comentario general no solo mi grupo de amigos del autódromo sino también de mi grupo de amigos con los que viajaba aquella noche. 

En diligencia posterior ante el mismo consulado, el testigo absolvió un interrogatorio que le fue formulado de manera escrita, señaló que no conoció a la víctima y que solo tuvo percepción directa del estado de la vía:

Por conocimiento propio sé el estado de la carretera en aquella época. Se estaban haciendo ampliaciones, habían (sic) desviaciones, tramos pavimentados y subsecuentes tramos despavimentados, no había señalización, habían (sic) maletines de concreto a los lados de la vía, lo cual reducía el tamaño de la carretera, particularmente en frente de Hato Grande. (...) Simplemente tengo conocimiento directo del estado de la carretera y le puedo decir que era una trampa mortal particularmente frente a Hato Grande.

3.6. El ingeniero civil Sergio Mejía Parra, quien laboraba para una de las firmas integrantes de la unión temporal concesionaria de la vía indicó que estaba a cargo del control de calidad y la dirección técnica de la obra, en desarrollo de lo cual realizaba labores de vigilancia y control sobre la señalización, de lo cual dijo se elaboraban actas de recorrido con representantes de la interventoría, lo que tenía lugar diariamente y luego de lo cual se dejaban anotadas las observaciones correspondientes. Agregó que la unión temporal siempre aplicó los manuales de señalización expedidos por el Ministerio de Transporte:

Nosotros utilizábamos barricadas con pintura reflectiva naranja y negro distribuida en franjas diagonales de 45 grados, con una flecha indicando el sentido del desvío junto con señales SI, SP, SR, 101 y 102 respectivamente para todas, indicando desvíos, vía cerrada, y/o vía en construcción, al igual que mecheros distribuidos cada cinco metros entre las cinco de la tarde y las siete de la mañana del día siguiente, junto con maletines pintados de naranja y negro que servían como cerramiento a zonas peligrosas de la vía, igualmente utilizábamos señales de restricción de velocidad de treinta a lo largo de todas las zonas, que se encontraban en construcción, todas estas señales eran construidas, distribuidas e instaladas de acuerdo con el manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras. PREGUNTADO. Dentro del marco general que acaba de describir, sabe le consta y recuerda, sobre las específicas medidas que se tomaron en frente del elemento constructivo que se conoce con el nombre del BOX COULVER (sic) de Hato Grande. CONTESTADO. En este sitio se realizó el mismo tipo de señalización preventiva, informativa y reglamentaria que se realizó en todas los desvíos, cerramientos y sitios de obra en toda la concesión. Esto es lo mismo que describí anteriormente. 

Sin embargo, seguidamente y ante las preguntas específicas de la parte actora sobre el conocimiento directo sobre las actas correspondientes a la época y lugar de los hechos dijo que no recordaba lo sucedido con respecto a la iluminación y señalización en Hatogrande el 15 de agosto de 1997 y afirmó que era necesario remitirse a las correspondientes actas.

3.7. Por su parte, la ingeniera Claudia Liliana Lizarazo Rodríguez (fl. 22, cdno. 2) con similar cargo y funciones que el anterior testigo dentro de la ejecución de la obra, declaró que en diferentes reuniones se discutían los temas relativos a la señalización de la vía, por tratarse de un punto importante en el desarrollo del proyecto que requería el manejo del tráfico, al tiempo que se designó una cuadrilla especializada para realizar recorridos diarios con el fin de implementar la señalización necesaria en cada uno de los sitios de trabajo, de todo lo cual se dejaban actas y se corregían de manera inmediata las falencias encontradas. Agregó que no tuvo conocimiento del accidente.

3.8. El ingeniero civil Jaime Durán declaró sobre el estado de la vía el día de los hechos y refirió, de acuerdo con el plano aprobado por Invías a través del interventor, que en la calzada oriental se encontraba ejecutada la ampliación hasta el km 6+100 y que a partir de allí se utilizaba para el tráfico en ambos sentidos y con señalización que advertía los trabajos en la zona. Le fue puesto de presente el informe del accidente de tránsito del que dijo no tenía conocimiento hasta la citación por parte del tribunal, sobre el cual agregó:

Podemos aprovechar el plano en el cual se mostraba el estado de las obras a la fecha del accidente. Debían existir señales verticales que mostraban la acción de los trabajos a ejecutar igualmente sobre el costado oriental de la calzada occidental existían maletines en concreto debidamente pintados con pintura reflectiva a los cuales se les instalaba en las horas nocturnas mecheros de ACPM vale la pena destacar según el gráfico del levantamiento del accidente que la vía por la que transitaba el vehículo Nº 1 era la vía que se utilizaba normalmente antes de iniciar el proyecto de la doble calzada. PREGUNTADO. Informe usted al despacho si según lo que afirma sobre el costado occidental de la vía, que según su dicho corresponde a la antigua carretera central del norte, a la época de los hechos no había sido intervenido y por consiguiente el accidente se produjo en un sitio en donde no estaba siendo construido el box coulvert, el día 15 de agosto de 1997. CONTESTADO. Efectivamente sobre la calzada occidental sitio donde ocurrió el accidente no se encontraba en construcción ningún tipo de box, se circulaba sobre el box existente de la antigua vía. PREGUNTADO. Esos significa (sic) que según las normas del manual de dispositivos para tránsito de carreteras del Ministerio del Transporte, el concesionario no estaba obligado a colocar sobre ese costado maletines o teas (sic) o cintas reflectivas. CONTESTADO. Específicamente para la zona del box coulvert no, pero se efectuaban trabajo de excavación para la ampliación los cuales sí necesitaban de la debida señalización que indica el manual. 

3.9. Por su parte, el señor Gustavo Uribe Restrepo, también ingeniero civil, quien laboraba para la firma interventora del contrato de concesión durante la fase constructiva, declaró:

Restrepo y Uribe Ltda. hacía inspecciones diarias de las zonas de los trabajos y enviaba al concesionario notas de campo cada vez que encontraba deficiencias o cada vez que era necesario solicitar modificaciones a la señalización temporal que tenía el concesionario en la vía, adicionalmente una vez por semana se hacía un comité de obra y no de los temas que regularmente se trataba era el de señalización (...) Las actas de reuniones no eran el único control a la señalización, la interventoría también enviaba comunicaciones al concesionario adicionales a las notas de campo en las que se hacía un resumen del estado de las instrucciones que la interventoría le había dado al concesionario con las notas de campo aclarando cuáles ya habían sido atendidas cuáles estaban siendo atendidas y cuáles estaban pendientes por atender. (...)  

Dijo que en términos generales el concesionario tuvo una actitud diligente en lo relativo a la señalización de las obras, pero que no tenía un recuerdo claro si para la época del accidente estaban o no cumplidas todas las solicitudes de la interventoría sobre ese particular.

3.10. El testigo Sergio Alberto Casas (fl. 9, cdno. 6), hermano de la demandante Lina Patricia Casas, indicó que la noche del accidente se dirigió hasta el sitio de los hechos, aproximadamente dos horas después de ocurrido, con el fin de buscar a la víctima en el hospital de Sopó, dónde los agentes de tránsito que elaboraron el croquis le explicaron las difíciles condiciones de la carretera, que él mismo pudo observar al pasar por allí, encontrándola sin iluminación y señalización.

3.11. Las actas de las reuniones de obra que dan cuenta de hechos relevantes relativos al estado de la señalización e iluminación en el sector de los hechos dan cuenta de lo siguiente:

DocumentoConstancias en actasFl.
Acta Nº 58 de marzo 7 de 1997“La interventoría hace un llamado de atención al concesionario para que se mejore y mantenga la señalización preventiva en la obra y en el especial en los trabajos de la vía (...) adicionalmente menciona los casos de falta de mecheros, de maletines y cinta reflectiva en frente de la vía La Caro – Briceño, considera que algunos maletines debían pintarse y otros deben ser limpiados”.23, cdno. 15
Acta Nº 59 de 14 de marzo de 1997“En relación con la colocación de mecheros durante las horas de la noche en los sitios donde se necesite la obra, la interventoría informa que realizadas observaciones nocturnas (...) lamentablemente comenta la deficiencia que hay en la colocación de mecheros en el sector de la vía La Caro – Briceño en los sectores de Rancho de Paja y Arboleda. El concesionario informa que según él en esos sitios no se requieren mecheros. La interventoría justifica la necesidad de mecheros donde hay maletines en la vía”. 10, cdno. 15
Acta Nº 60 21 de marzo de 1997“La interventoría solicita la colocación de mecheros en horas nocturnas donde la obras los necesite y existan maletines”.144, cdno. 15
Acta Nº 61 de 4 de abril de 1997“La interventoría informa que en repetidas visitas a los sitios de la obra observó que la señalización fue adecuada”160, cdno. 15
Acta Nº 74 de 25 de julio de 1997“La interventoría solicita al concesionario informar sobre los siguientes aspectos: (...) colocación en horas nocturnas de mecheros en los sitios críticos de la obra. El concesionario manifiesta: En cuanto a la realización de la pintura de demarcación del piso informa que no ha podido realizarla por falta de días de tiempo seco. La señalización de los puntos críticos de la obra se han mejorado, hay tramos de cinta averiada que se han reemplazado. (...) El concesionario continuará colocando mecheros en horas nocturnas en los sitios críticos de la obra.340, cdno. 15
Acta Nº 075 de agosto 08 de 1997“La interventoría solicita al concesionario informar sobre los siguientes aspectos: restaurar y mantener en la obra los elementos de señalización preventiva en los sitios donde la obra lo requiere. (...) el concesionario al respecto manifiesta. En cuanto a la señalización nocturna se estará colocando mecheros en los frentes de (...) Hatogrande. 348, cdno. 15
Acta Nº 076 22 de agosto de 1997“La interventoría solicita al concesionario informar sobre los siguientes aspectos: restauración y mantenimiento de los elementos de señalización preventiva que requiere la obra (...) el concesionario al respecto informa: (...) que en la semana pasada se realizó la demarcación de la línea central amarilla en la vía La Caro – Briceño tramo Ladrillera Central a Hatogrande”.361, cdno. 15

3.12. En el informe mensual de la interventoría correspondiente al mes de agosto de 1997 se hizo mención a la señalización en el sector Hatogrande al referirse que “en el sector norte del sitio del Box sobre la vía de ampliación de la calzada occidental se colocó señalización y cinta reflectiva”. Agrega el documento:

Comentarios de la interventoría 

La interventoría en cumplimiento de las funciones que atañen a la seguridad industrial e higiene en la obra. En términos generales solicitó al concesionario implementar y mantener en la obra las medidas de seguridad e higiene industrial tendientes a garantizar las condiciones mínimas que requiere la obra. Se puso especial atención a reforzar la señalización en las partes críticas de la obra. 

4. Análisis de la Sala.

4.1. El daño antijurídico.

La efectiva defunción del señor Guzmán se demostró en forma plena mediante la prueba de su inscripción en el registro civil, por lo cual no cabe duda del daño antijurídico sufrido por las demandantes, que no estaban en el deber de soportar, consistente en el deceso de su padre y compañero.

4.2. Imputabilidad del daño a las demandadas.

En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, en reciente pronunciamiento la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro de cada proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(6):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas con otro está llamado a resolverse de la misma forma; es labor del juez, en cada caso particular, considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

De acuerdo con el análisis de las evidencias aportadas al proceso se tiene que el señor César Eduardo Guzmán Hernández sufrió un accidente de tránsito. Si bien no se conocen las circunstancias precisas del suceso, que ocurrió en horas de la noche y sin testigos que pudieran narrar la forma en que tuvo lugar el accidente, lo cierto es que la víctima fue encontrada como única ocupante del vehículo que a su vez apareció volcado y fuera de la vía por el costado oriental de esta, condiciones que permiten inferir que se accidentó en aquel lugar y que era quien conducía. Hay prueba de que fue llevado de inmediato al hospital de Sopó, donde falleció instantes después.

Para los apelantes, Invías es responsable del deceso del señor Guzmán, por razón de las falencias que afirman tuvieron lugar en la iluminación y señalización de la obra pública, lo que consideran fue la causa del accidente. Aunque reconocen como cierto el hecho demostrado consistente en que la víctima conducía bajo los efectos del alcohol en la sangre, alegan como fundamento de la apelación que la conducta de la administración contribuyó en algún grado a la ocurrencia del accidente, por lo que pretenden que se declare la responsabilidad en el porcentaje que corresponda.

Sobre la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías debe señalarse, en primer término, que no cabe duda de que en la época de los hechos, correspondía a Invías la construcción y mantenimiento de la red vial de carreteras nacional en virtud de lo previsto por el entonces vigente artículo 53 del Decreto 2171 de 1992, en virtud del cual “Corresponde al Instituto Nacional de Vías ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras”.

Aunque está probado y así se ha reconocido a lo largo del proceso por los extremos de la litis que Invías concedió a un particular el diseño, ampliación, construcción y operación de ese corredor, mediante contrato por virtud del cual este era intervenido en el momento de los hechos, de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica en señalar que la administración no se desliga de responsabilidad cuando ejecuta trabajos públicos con el fin de satisfacer los fines que le son propios, a través de un contratista(7):

[L]a ley 80 de 1993 es clara en señalar, en el artículo 3º, que el contratista de la Administración es un colaborador en la consecución de los fines de la contratación estatal, y por lo mismo es tenido como Agente del Estado, en los términos consagrados en el artículo 90 constitucional. A esta Carta Política de 1991 se debe que el Legislador de 1993 haya dispuesto en el artículo 4º, indirectamente, que el Estado es responsable extracontractualmente por las conductas de su contratista. 

Más recientemente, se precisó que la realización de una actividad por conducto de un contratista se asimila a aquellos casos en que la administración realiza directamente la actividad, dado que todas estas obedecen a la necesidad de satisfacer intereses generales, al tiempo que no son oponibles a terceros los pactos de indemnidad suscritos con los contratistas. Ha dicho la Sección(8):

Como de manera uniforme lo ha indicado esta Sala, no son infrecuentes los casos en que un daño antijurídico resulta del proceder —por acción u omisión— de un tercero contratista del Estado. En estos eventos, vale decir, cuando la administración contrata a un tercero para la ejecución de una obra pública, la jurisprudencia tiene determinado —desde 1985— que los eventos relacionados con daños a terceros con ocasión de la ejecución de obras públicas con el concurso de contratistas, comprometen la responsabilidad de la administración pública, porque: i) es tanto como si la misma administración la ejecutara directamente, ii) la administración es siempre la dueña o titular de la obra pública, iii) la realización de las obras siempre obedece a razones de servicio y de interés general, iv) No son oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el contratista, esto es, exonerarse de responsabilidad extracontractual frente a esos terceros, en tanto la administración debe responder si el servicio no funcionó, funcionó mal. En estos eventos se configura la responsabilidad del Estado por la actuación de su contratista bajo el título de imputación de falta o falla del servicio y por lo mismo debe asumir la responsabilidad derivada de los perjuicios que puedan llegar a infligirse con ocasión de los referidos trabajos, puesto que se entiende como si la administración hubiese dado lugar al daño antijurídico. 

Así las cosas, ni aún en presencia de pactos de indemnidad entre la administración y su contratista(9), esta última puede desligarse de la responsabilidad extracontractual que pueda asistirle, por lo que el argumento de defensa planteado en tal sentido no resulta admisible para la Sala, de modo tal que las posibles fallas u omisiones del contratista en la ejecución de la obra pública sí tienen la virtud de comprometer la responsabilidad de la administración, sin perjuicio de las acciones de esta contra aquel en las que sí es viable oponer los pactos contractuales para la determinación de la forma en que entre las partes del contrato deben asumirse tales situaciones.

En esas condiciones, es preciso adelantar el análisis de las conductas omisivas que se endilgan a los ejecutores de la obra como criterios de imputación, para determinar si se configuró alguno de ellos que permita establecer la responsabilidad administrativa de la demandada.

A juicio de la Sala, en las labores de ejecución de la obra pública sí se contó, en principio, con mayores o menores elementos de señalización, de lo cual dan cuenta las respectivas actas de reuniones de obra, en las que se constatan las permanentes recomendaciones sobre los temas de señalización vial y las acciones que el concesionario emprendió para acogerlas. No obstante, lo cierto es que son esas mismas actas las que permiten verificar que sí existieron falencias constantes en ese particular aspecto de seguridad de la ejecución del proyecto, que requirieron continuamente la acción de la firma interventora para su solución. Por supuesto, por tratarse de elementos móviles que debían irse modificando diariamente en razón del avance de las obras y del cambio permanente de los sitios de los trabajos y de las zonas habilitadas para el tránsito mientras se ejecutaban las obras, la Sala no puede concluir, únicamente con base en dichas actas si el sitio de los hechos estaba o no señalizado la noche del accidente, pues se insiste, esas condiciones estaban llamadas a variar de manera permanente por razón del avance de la ejecución de los trabajos y no se cuenta dentro del recaudo probatorio con un acta que dé cuenta de alguna verificación realizada la noche de los acontecimientos o en las horas previas al accidente.

Empero, a juicio de la Sala sí existen evidencias en el proceso que permiten aproximarse a las condiciones reales del lugar en el momento de los hechos, tales como el informe del accidente de tránsito realizado y suscrito por agentes de policía momentos después de los hechos, en el que consta la forma en que el sitio de la obra se encontró carente de señalización e iluminación, únicamente con maletines en concreto sin pintar, afirmación que aparece respaldada con los informes de la interventoría que sugirieron intervenirlos con pintura reflectiva y sin que se haya consignado evidencia de la acción correctiva correspondiente.

Sin duda, tal como lo plantean los apelantes, la inmediatez de la elaboración del informe del accidente con la ocurrencia de los hechos es un aspecto que fortalece el mérito que debe asignarse a dicha evidencia, pues este refleja la percepción directa de los agentes en el momento en que arribaron a la escena del accidente, apenas minutos después de ocurrido.

De igual manera, lo allí consignado también encuentra respaldo en la declaración del señor Álvaro Andrés De la Rosa, quien la misma noche del accidente circuló por la vía y encontró el panorama carente de señalización, al igual que en la del cuñado de la víctima, quien enterado de los hechos emprendió el viaje hacia Sopó por la misma vía. Pese a las condiciones de sospecha que podrían pesar sobre este último en virtud del vínculo de afinidad entre ellos, lo cierto es que sus dichos aparecen respaldados con los del primero de los mencionados declarantes y son concordantes con el informe del accidente.

Así, en el grado de complementariedad indicado, dichas evidencias dan cuenta de la ausencia de una debida señalización del sitio de las obras en el momento mismo de los hechos, tal como lo alegan los impugnantes.

Aunque algunas de las testimoniales de los ingenieros que laboraban para las firmas que hacían parte de la unión temporal contratista intentaron dar cuenta en forma genérica del cumplimiento de las obligaciones en materia de señalización, lo cierto es que sus dichos carecen de especificidad respecto del sitio concreto y tiempo del accidente, al tiempo que son sospechosos por el grado de dependencia con las llamadas en garantía y por razón del evidente interés de estas últimas en el resultado del proceso. Especial mención merece el testimonio del ingeniero Mejía Parra, quien inicialmente fue enfático en afirmar que existía la debida señalización, pero luego cambió su versión al ser confrontado con las actas de las reuniones de obra que le fueron puestas de presente, para señalar que no recordaba lo específico del sitio.

Tampoco es de recibo lo declarado por el ingeniero Jaime Durán, pues su testimonio parte de la base de que el vehículo accidentado circulaba por el carril occidental de la vía, contrario a lo informado en el croquis del accidente en el que se aprecia el rodante volcado sobre el costado oriental, informe en el que además se dejó expresa constancia de que el sentido de circulación del vehículo era de Bogotá hacia Briceño, esto es, por el margen oriental de la vía, lo que descarta la hipótesis de que el carril de circulación vial no estaba siendo intervenido la noche de los acontecimientos.

Sin embargo, pese a la existencia de fallas en la señalización del sector de las obras, que podrían servir de criterios de imputación de responsabilidad administrativa del Invías, lo cierto es que en el presente caso se configuró la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, como elemento que rompe la posibilidad de imputar el daño padecido por las demandantes a la persona pública demandada.

La configuración de dicha causal deviene de la demostrada circunstancia consistente en que en el momento mismo del accidente la víctima conducía bajo el efecto del alcohol, en clara transgresión a los reglamentos de tránsito y a las mínimas obligaciones de precaución y cuidado exigibles a todo ciudadano.

La conducción de vehículos es una conducta regulada en forma intensa por el orden jurídico, que impone a quienes la acometen múltiples cargas, deberes y prohibiciones, en razón del alto riesgo que su ejercicio genera para quien la ejerce y los demás asociados, cuyo acatamiento no es un asunto trivial, por cuanto se constituye en un insumo fundamental en la garantía de la seguridad pública, por lo que, a juicio de la Sala, la demostrada conducta antijurídica que se reprocha a la víctima en este caso particular fue de máxima relevancia en el acontecer fáctico que dio origen al proceso. Lo probado es que el accidente ocurrió cuando la víctima realizaba una actividad peligrosa bajo el influjo de bebidas alcohólicas, en la noche, con grave desconocimiento de los reglamentos de tránsito, lo que permite imputarle una conducta gravemente culposa que a juicio de la Sala tiene en este caso la fuerza suficiente para romper la posibilidad de imputar el daño al ente público accionado.

En efecto, el Decreto 1344 de 1970(10), norma vigente en la época de los hechos preveía como infracción de tránsito el conducir en estado de embriaguez, al tiempo que imponía la suspensión de la licencia y la inmovilización del vehículo(11), drásticas sanciones fundadas sin duda en la gravedad de la infracción y del riesgo para el conductor y para los transeúntes.

Aunque para la época del accidente no se habían reglamentado los distintos grados de alcoholemia(12), lo cierto es que el que se encontró en el cuerpo de la víctima no era uno sugestivo de un consumo menor de licor, sino que dio cuenta de una concentración de 206,1 mg/100 ml, la que tenía graves efectos sobre la habilidad de la víctima para conducir.

En efecto, en un informe publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España(13), con fundamento en estudios de la Dirección General de Tráfico, se incluyó una clasificación de los efectos del alcohol en la conducción de vehículos, que resulta ilustrativa para establecer cuáles eran las condiciones en las que la víctima conducía:

Efectos del alcohol en la conducción de vehículos según el grado de alcoholemia  

INICIO DE LA ZONA DE RIESGO De 0.3 a 0.5 g/l  

• Excitación emocional 

• Disminución de la agudeza mental y de la capacidad de juicio • Relajación y sensación de bienestar 

• Deterioro de los movimientos oculares  

ZONA DE ALARMA De 0.5 a 0.8 g/l  

• Aumento del tiempo de reacción 

• Alteraciones en los reflejos 

• Comienzo de perturbación motriz 

• Euforia en el conductor, distensión y falsa sensación de bienestar • Tendencia a la inhibición emocional  

• Comienzo de la impulsividad y agresión al volante  

CONDUCCIÓN PELIGROSA De 0.8 a 1.5 g/l  

• Estado de embriaguez importante 

• Reflejos muy perturbados y retraso en las respuestas 

• Pérdida del control preciso de los movimientos 

• Problemas serios de coordinación 

• Dificultades de concentración de la vista 

• Disminución notable de la vigilancia y percepción del riesgo  

CONDUCCIÓN ALTAMENTE PELIGROSA De 1.5 a 2.5 g/l  

• Embriaguez muy importante y notable confusión mental • Cambios de conducta imprevisibles: agitación psicomotriz • Fuertes perturbaciones psicosensoriales 

• Vista doble y actitud titubeante  

CONDUCCIÓN IMPOSIBLE Más de 3 g/l  

• Embriaguez profunda 

• Inconsciencia 

• Abolición de los reflejos, parálisis e hipotermia • Coma 

• Puede producirse la muerte.  

Como la embriaguez a la víctima (206,1) se expresó en miligramos/100 mililitros y la del estudio en cita en gramos/litro, es preciso convertir la cifra a esta última unidad de medida, que corresponde a 2,061 gramos/litro, que permite calificar la conducta de la víctima como una conducción altamente peligrosa en razón a la alteración que dicha concentración de sangre conllevó en sus condiciones físicas y psíquicas, con los anotados efectos que sin duda potencializaron los riegos de accidentalidad finalmente materializados.

La doctrina nacional también ha puesto sus ojos en los efectos del alcohol en las condiciones físicas y mentales al conducir, para concluir que este genera graves trastornos a nivel motor y psíquico que hacen incompatible su consumo con el ejercicio de esa actividad peligrosa al generar(14):

Las principales alteraciones por el efecto del alcohol son del sistema nervioso central, ya que el alcohol actúa como depresor de él, dependiendo de la cantidad ingerida.  

El paciente embriagado no puede ocultar o alterar los signos y síntomas neurológicos porque no depende de la voluntad de la persona.  

(...) 

Los principales {síntomas} son: 

— Pérdida de la conciencia, inicialmente en forma leve (somnolencia), luego entra en confusión, estupor y coma hasta llegar a la muerte.  

— Incoordinación motora que pasa de leve, a moderada y grave, siendo incapaz de realizar movimientos finos.  

— Trastornos del lenguaje por la acción del alcohol sobre los núcleos basales del cerebro, manifestados en disartria cada vez más notoria, hasta que ya no es capaz de articular palabras.  

— Pérdida de la coordinación ocular. Por el efecto del alcohol sobre los núcleos basales cerebrales se pierde el control sobre los movimientos oculares presentando nistagmus, es decir, alteración sobre los movimientos horizontales de los ojos, además hay estrabismo. Las pupilas presentan miosis, es decir, contracción pupilar, pero en las intoxicaciones graves hay midriasis (se dilatan las pupilas).  

— El paciente pierde el equilibrio, teniendo que aumentar el polígono de sustentación (miembros inferiores abiertos), por el efecto del alcohol sobre el sistema cerebeloso.  

— El sistema parasimpático produce rubicundez facial o palidez, inyección conjuntival, hiperhidrosis (sudor exagerado) 

— Aliento alcohólico dado por la volatilidad del etanol que se elimina por la respiración.  

— Manifestaciones psicológicas con locuacidad, verborrea, euforia inmotivada, confianza con el examinador, jocosidad, llanto, agresividad. 

Por ello, en el presente evento la Sala encuentra acreditada una conducta imputable a la víctima, consistente en el demostrado desconocimiento de los reglamentos de tránsito, de suma gravedad como quiera que el consumo de bebidas embriagantes en las condiciones demostradas le generaba serias limitaciones para ejecutar en forma idónea la actividad de guiar un vehículo, conducta reprochable que rompe de manera plena la posibilidad de imputar el daño a la omisión del Instituto Nacional de Vías.

Para la Sala, dicha ruptura es total en el presente evento, dada la gravísima entidad de la culpa imputable a la víctima. Lo anterior bajo el entendido de que al no existir certeza probatoria sobre la verdadera causa del accidente, calificar las conductas de acuerdo su eventual relación causal con el hecho dañino conllevaría a sumergir la decisión en el plano de lo hipotético; por ello, es menester prescindir de un juicio de causalidad, para centrar la imputación en la posibilidad de atribuir a las partes de la controversia una transgresión a las obligaciones que el orden jurídico les impone. Así lo ha señalado en oportunidades anteriores la Sala al referir(15):

La Sala resalta que es importante aclarar que el juicio de imputación de responsabilidad por omisión no depende ni se debe confundir con la causalidad, ya que esta última vincula de manera fenomenológica la causa con su efecto, mientras que el juicio de imputación vincula ciertas condiciones que interesan al ordenamiento jurídico con los efectos dispuestos por la norma. Así pues, mientras la causalidad se rige por las leyes de la naturaleza, la imputación se rige por las normas jurídicas, una es la relación causal, gobernada por el principio hipotético-naturalista, otra es la relación normativa, gobernada por el principio de imputación (atribución)(16), es decir, son dos universos totalmente diferentes, un universo fenomenológico y un universo normativo(17). En esa medida, es menester separar el ser —propio de la causalidad— y el deber ser —propio de la imputación y base de la atribución de daños—, ya que el primero es parte del orden natural y el segundo corresponde a razones jurídico-valorativas, que pertenecen al orden normativo. (...). 

Así, en las condiciones particulares del caso en el que se debate la responsabilidad por omisión de Invías y ante la ausencia de prueba de la precisa causa del accidente, el juicio de imputación debe regirse por las circunstancias jurídicas que permitan atribuir responsabilidad a la accionada o a la propia víctima en los hechos materia de la litis, no así bajo un análisis causal como lo propone la parte recurrente.

Para el caso concreto se considera que el estándar obligacional incumplido por la víctima resultó de una entidad que no puede pasarse por alto y trajo aparejado no solo el desconocimiento patente de los reglamentos de tránsito, sino de cualquier estándar de precaución mínima y de autoprotección, por cuanto en forma reprochable e imprudente se aventuró a ejecutar una actividad de alto riesgo bajo el influjo de sustancias que tenían la potencialidad de reducir a estándares de extremo peligro su capacidad para ejecutarla, con lo que puso en grave riesgo su vida y la de los demás transeúntes, lo que sin duda ocurrió con independencia de las condiciones de la vía(18).

Esto es, aunque se acreditó un defecto en la señalización de la obra pública con la entidad para comprometer la responsabilidad estatal, el hecho de haber guiado el vehículo en condiciones altamente peligrosas, que se configuraban cualquiera fuera el estado del corredor por el que se transitara, rompe de manera total la posibilidad de atribuir el resultado lesivo a la entidad pública y permite hacerlo de manera total a la conducta gravemente culposa de la propia víctima, condiciones en las cuales la administración debe ser exonerada de responsabilidad, tal como lo hizo la sentencia impugnada que por tal razón será confirmada.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas en la instancia, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas en la instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

1 Recurso presentado y sustentado el 19 de julio de 2011, fl. 506, c. ppal).

2 Código Contencioso Administrativo. “ART. 82.—La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley”.

3 Para la época del recurso estaba vigente el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, de acuerdo con el cual para determinar la cuantía del asunto debe tenerse en cuenta la suma de todas las pretensiones.

4 Ley 105 de 1993. “ART. 5º—Es atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito”.

5 Sobre las evidencias tendientes a la demostración de la cuantía de los perjuicios se pronunciará la Sala solamente si hay lugar a revocar la decisión apelada y, en consecuencia, a proferir condena en contra de la demandada.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, del mismo ponente

7 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 22 de abril de 2004. Exp. 15.088

8 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007. Exp. 21322.

9 De los que no hay evidencia en este particular evento, contrario a lo que alegó Invías.

10 ART. 224.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: “Quien conduzca es estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes y sin perjuicio de que se aplique el artículo 207 del Código de Policía, será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos y suspensión de la licencia de conducción de seis (6) meses a un (1) año”.

11 ART. 230.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: “Los vehículos podrán inmovilizarse: (...) 3. Cuando el conductor se encuentre conduciendo en estado de embriaguez o drogadicción.

12 A los que finalmente se refirió en el resultado de laboratorio cuyos resultados sí fueron aportados en vigencia del actual código de tránsito.

13 http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/accidentes/docs/modulo2.pdf

14 SOLÓRZANO NIÑO, Roberto. Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados. Editorial Temis. 2009. Págs. 606 y 607, citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 10 de septiembre de 2014, Exp. 30858, M.P. Enrique Gil Botero. En esta decisión se absolvió a Invías en un caso similar en el que pese a que se demostró omisión en la señalización vial, se acreditó que la víctima conducía bajo los efectos del alcohol. Aunque allí se fundó el juicio de imputación en razones causales que difieren de las que se expondrán en la presente providencia, se puede entender que un análisis causalista del caso condujo al mismo resultado en un caso análogo.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, 26161, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

16 Hans Kelsen en su obra Teoría pura del derecho distingue con claridad el juicio de causalidad del juicio de imputación: “Causalidad e imputación; ley natural y ley jurídica. En la descripción de un orden normativo de la interacción humana se utiliza un principio ordenador diferente de la causalidad, que puede ser denominado principio de imputación (atribución). En el curso de un análisis del pensamiento jurídico puede mostrarse que en los enunciados jurídicos –esto es, en las oraciones mediante las cuales la ciencia del derecho describe su objeto, sea un derecho nacional, o el derecho internacional-, de hecho se utiliza un principio que, aun siendo análogo al de causalidad, con todo se diferencia de él en manera característica. La analogía reside en que el principio a que nos referimos cumple, en los enunciados jurídicos, una función enteramente semejante al del principio de causalidad en las leyes de la naturaleza, con las cuales la ciencia natural describe su objeto. Un enunciado jurídico es, por ejemplo, la oración: “si un hombre comete un delito, debe sancionársele con una pena”; o: “Si alguien no paga sus deudas, debe procederse a ejecutar coactivamente sus bienes patrimoniales” (...) En términos generales, el enunciado jurídico dice que bajo determinadas condiciones —esto es, condiciones determinadas por el orden jurídico—, debe producirse determinado acto de coacción, a saber: el determinado por el orden jurídico. Es ésta, como ya se indicó en páginas anteriores, la forma fundamental del enunciado jurídico. De igual modo que una ley natural, el enunciado jurídico enlaza también dos elementos. Pero la relación que recibe expresión en el enunciado jurídico tienen un significado enteramente diferente del que refiere la ley natural, el causal. Parece evidente que el delito no está enlazado con la pena; el ilícito civil, con la ejecución forzosa de bienes, la enfermedad contagiosa, con la internación del enfermo, como una causa con su efecto. El enunciado jurídico no dice, como la ley natural, que si se produce el hecho A, entonces aparece el hecho B, sino que si se produce el hecho A, el hecho B es debido, aunque quizás B no se produzca en la realidad. Que el significado de la relación de los elementos en el enunciado jurídico sea diferente del enlace de los elementos en la ley natural, remite a que el enlace que se expresa en el enunciado jurídico ha sido establecido por la autoridad jurídica, es decir, por una norma instaurada mediante un acto de voluntad, mientras que la conexión entre la causa y el efecto que se enuncia en la ley natural, es independiente de toda intervención semejante” KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, trad. R.J. Vernengo, Porrúa, 8ª edición, México, 1995, págs. 90 y 91.

17 “Diferencias entre el principio de causalidad y el de imputación. La forma lingüística en que se formulan tanto el principio de causalidad como el de imputación, es la de una proposición condicional en la cual una determina condición es conectada con una determinada consecuencia. Sólo que el sentido de esa relación conectiva es, como ya hemos visto, diferente en ambos casos. El principio de causalidad sostiene que si el hecho A se produce, entonces también se ha de dar el hecho B (o se producirá). El principio de imputación afirma que, cuando se da A, B debe ser. Como ejemplo de una aplicación del principio de causalidad en una ley natural concreta, baste remitir a la ley ya enunciada que describe el efecto del calentamiento de los metales. Ejemplos de aplicación del principio de imputación en el dominio de las ciencias sociales son: si alguien te ha hecho un bien, debes demostrarle agradecimiento; si alguien sacrifica su vida por la patria, su memoria debe ser honrada [...] Estos son enunciados morales, o leyes morales, en que se formulan normas positivas [...] los enunciados jurídicos, o leyes jurídicas, en que se formulan normas jurídicas positivas instauradas por un legislador o por la costumbre, son: si alguien comete un delito, deberá ser sancionado; si alguien deja de pagar su deudas, deberá ejecutarse civilmente su patrimonio. La diferencia entre causalidad e imputación reside en que la relación entre la condición como causa y la consecuencia como efecto, que se expresa en la ley natural, no es establecida, como la relación entre condición y consecuencia formulada en una ley moral o jurídica, mediante una norma puesta por un hombre, sino que es enteramente independiente de semejante intervención humana. Dado que el sentido específico del acto mediante el cual se establece la relación entre condición y consecuencia en una ley moral o jurídica, es una norma, cabe hablar de una relación normativa, para diferenciarla de una relación causal. “Imputación” es el término que designa una relación normativa. Esta relación —y no otra cosa— se expresa mediante el verbo “deber”, en la forma en que es utilizado en leyes morales o jurídicas”, ibid., pág. 104.

18 No se conoce probatoriamente el lugar en el que la víctima ingirió las bebidas alcohólicas, por lo que el argumento fundado en que había conducido 15 kilómetros en ese estado no está demostrado.