Sentencia 1999-02164/34620 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 08001-23-31-000-1999-02164-01(34620)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Actor: Beatriz Elena Suarez Ruiz y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, veintidós de abril de dos mil quince.

La Sala resuelve el recurso de apelación elevado por la parte actora contra la providencia de 18 de abril de 2007, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada.

Síntesis del caso

El 6 de julio de 1997, a las diez de la mañana, aproximadamente, en la calle 91 con carrera 64C de la ciudad de Barranquilla, se produjo un accidente de tránsito que involucró la motocicleta conducida por el agente de policía Mario Santiago Vargas, en la que iba como parrillero el también agente Alain Paul Romero Fuentes, y una camioneta particular conducida por el señor Roberto Pinto Serrano. Al día siguiente, a las cuatro y treinta de la tarde, el agente Romero Fuentes murió en el Hospital Metropolitano de esa ciudad como consecuencia de las lesiones sufridas. El 24 de noviembre del mismo año, la Policía Nacional reconoció una indemnización a la cónyuge del agente de policía fallecido, equivalente al 50% de sus prestaciones, y dejó en suspenso el pago del valor restante a favor de la menor Lindsay Teresa Pérez Ropero, presunta hija del occiso, mientras se resolvía el proceso de filiación natural.

Antecedentes

I. Lo que se pretende

1. El 23 de noviembre de 1998, la señora Beatriz Suárez Ruiz, cónyuge de la víctima, mediante apoderado, en escrito dirigido al Tribunal Administrativo del Atlántico y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas (fls. 12-13, c. 1):

Primera: Que las demandadas [se refiere a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional] son solidariamente responsables por los hechos, omisiones y actividades administrativas que ocasionaron los daños y perjuicios a la señora Beatriz Elena Suárez Ruiz. Por motivo del accidente de tránsito donde resultó muerto su esposo.

Segunda: Que en consecuencia se condene al pago de los perjuicios materiales y morales causados al demandante, a saber:

1. La suma de $1.000.000.000 y el valor de los gastos pagados por la demandante a la Clínica Metropolitana y la casa funeraria.

2. Los intereses legales corrientes, a la tasa comercial fijados por la Superbancaria para la época del pago de realizó la demandante, hasta que el reembolso se verifique por las demandadas.

3. La indexación correspondiente a este capital al momento del reembolso de la sentencia.

4. Los perjuicios morales en la cantidad de 2.000 gramos oro, en relación con el trauma psíquico y momento de extrema angustia y sufrimiento emocional, que conlleva un accidente de la naturaleza del sufrido por el fallecido Alain Paul Romero, aunado a un matrimonio recién celebrado con mi poderdante y demás sufrimientos familiares.

2. Como fundamento de la demanda, la parte actora sostiene que al haber indemnizado solo parcialmente a la señora Beatriz Suárez Ruiz, la Policía Nacional incurrió en una vía de hecho constitutiva de falla en el servicio. Al respecto, alega que la entidad no debió retener el 50% de las prestaciones del agente fallecido, pues quien pretende presentarse como hija no acreditó derecho alguno. Considera que la acción de reparación directa es procedente en este caso, toda vez que la entidad no se pronunció a través de un acto administrativo que corresponda cuestionar por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Finalmente, señala que el agente involucrado en el accidente “estaba de servicio e iba conduciendo una moto de propiedad de la Policía Nacional y con ella se ocasionó el referido daño” (fls. 12-18, c. 1).

II. Trámite procesal

3. Admitida la demanda y notificado el auto admisorio a la entidad (fl. 20, c. 1), esta, a través de apoderado, remitió escrito de contestación en el que señaló que luego de la muerte del agente Alain Paul Romero, ocurrida en un accidente de tránsito durante “actos del servicio”, la Policía Nacional adelantó un informativo disciplinario y procedió a la liquidación y reconocimiento de prestaciones sociales a favor de quienes se presentaron como beneficiarios: Beatriz Suárez Ruiz, como cónyuge sobreviviente, y Vitelba Pérez Ropero, en representación de la menor Lindsay Teresa Pérez Ropero, presunta hija del occiso. Precisó que, al tenor de los artículos 132 y 146 del Decreto 1213 de 1990, reconoció la mitad de las prestaciones a la cónyuge y suspendió el pago del valor restante a favor de la menor de edad, dado que no se había determinado su condición de hija en el proceso de filiación natural. Por esta razón, concluyó, no se presentó ninguna falla en el servicio (fls. 21-23, c. 1).

4. El 18 de abril de 2007, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de primera instancia en la que denegó las pretensiones de la demanda al considerar, en primer lugar, que no hay elementos probatorios que permitan constatar la falla en el servicio en que supuestamente incurrió la entidad por la imprudencia de uno de sus agentes en la conducción del vehículo oficial. Al respecto, observó que no es posible valorar las pruebas trasladadas del proceso penal –testimonios, inspección judicial y peritaje– porque la Policía Nacional no intervino en su práctica y no fueron ratificadas en el proceso contencioso. En segundo lugar, decidió que la parte actora debió acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si estaba inconforme con la Resolución 1140 de 1997, mediante la cual la Policía reconoció y pagó a su favor el 50% de las prestaciones sociales del occiso y suspendió el pago del dinero restante a favor de la menor Lindsay Teresa Pérez, mientras se surtía el proceso de filiación natural (fl. 363-375, c. 2).

5. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que alega, en relación con la valoración probatoria, que los medios de prueba trasladados del proceso penal deben valorarse a la luz del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, dado que la parte contra la que se aducen –la Policía Nacional– tuvo oportunidad de controvertirlos a partir del momento en que se incorporaron al proceso contencioso. Añade que la apreciación de estas pruebas permite observar que el accidente de tránsito en que falleció el señor Alain Romero Fuentes fue causado por un agente de policía, en actos del servicio y con un vehículo oficial. En esos términos solicita la revocatoria del fallo de primera instancia (fls. 377-380, c. 2).

6. Dentro del término legal para alegar de conclusión, la entidad señala que no existen pruebas que comprometan su responsabilidad en la muerte del agente Romero Fuentes, pues no está demostrado que la motocicleta en que se desplazaba la víctima era de la Policía Nacional ni se probó que el agente estuviera cumpliendo una función oficial. En relación con la alegada falla del servicio por el pago parcial de las prestaciones sociales a favor de la actora, advierte que la acción idónea para cuestionar el acto administrativo mediante el cual se reconocieron y se pagaron dichas prestaciones era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 389-391, c. 2). La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fls. 392, c. 2).

Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

7. Por ser la demandada una entidad pública, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

8. La corporación tiene competencia para conocer del asunto en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma(1).

9. Sobre la procedencia de la acción de reparación directa en este caso, la Sala debe hacer algunas precisiones.

9.1. En relación con el daño derivado de la muerte del señor Alain Romero Fuentes, la acción de reparación directa es la procedente, por cuanto las súplicas de la demanda van dirigidas a la declaratoria de responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la acción de un agente suyo que, según la parte demandante, condujo a este hecho fatal.

9.2. 9.2. No obstante, en lo atinente al no reconocimiento de la totalidad de las prestaciones sociales por muerte a favor de la señora Suárez Ruiz, la Sala comparte la decisión del Tribunal a quo de declarar la indebida escogencia de la acción frente a este punto, por cuanto la demandante debió acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

9.3. Al respecto, la Sala ha expresado en repetidas oportunidades que “la fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y esta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional”(2). De manera que si el daño procede o se deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, este deberá demandarse en ejercicio de la acción de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso; si la fuente del daño es un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa, la acción procedente será la de reparación directa; y por último, si el daño tiene origen en un contrato estatal, la acción procedente será la de controversias contractuales.

9.3. (Sic) En el sub lite, la decisión mediante la cual se reconocieron y pagaron tales prestaciones es la Resolución 1140 del 24 de noviembre de 1997, en la cual la Policía Nacional concedió a favor de la señora Beatriz Elena Suárez Ruiz el 50% de las prestaciones sociales del occiso y suspendió el pago del dinero restante a favor de la menor Lindsay Teresa Pérez, mientras se surtía el proceso de filiación natural (fls. 1-7, c. 1). La entidad dictó esta resolución con base en los artículos 132 y 146 del Decreto 1213 de 1990(3). De modo que si la demandante estaba inconforme con el acto administrativo, debió impugnar su legalidad por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

10. Ahora bien, interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(4) o aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(5). Sobre este punto, la Sala ha aclarado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(6).

11. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se demostró el lazo civil entre la demandante Beatriz Elena Suárez Ruiz y el señor Alain Paul Romero Fuentes, fallecido en el accidente que provocó la demanda(7).

12. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se observa que el daño alegado en la demanda proviene del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de modo que la Nación, representada por esa entidad, se tendrá legitimada como parte demandada en este proceso contencioso.

13. En lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que el daño alegado en la demanda –la muerte del señor Romero Fuentes– tuvo lugar el 7 de julio de 1997. La demanda, que data del 23 de noviembre de 1998, se interpuso entonces dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

14. La Sala debe determinar si la muerte de Alain Paul Romero Fuentes resulta imputable jurídicamente a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la acción de uno de sus agentes, o si se presenta a favor de la entidad alguna causal eximente de responsabilidad. En caso de establecerse dicha responsabilidad, se procederá a hacer la respectiva liquidación de los perjuicios a indemnizar a favor de la afectada.

III. Validez de los medios de prueba

15. La Sala valorará las pruebas recaudadas en la investigación penal Nº 5448, seguida por la Fiscalía Primera de la Unidad de Delitos contra la Vida, contra Roberto Pinto Serrano y Mario Nicolás Santiago Vargas, por la muerte de Alain Paul Romero Fuentes (fls. 55-346, c. 1), pues fueron aportadas en copia auténtica por la parte demandante(8) y la entidad demandada tuvo oportunidad procesal de conocerlas y controvertirlas. Además, el Ministerio de Defensa Nacional integra la persona jurídica de la Nación, demandada en este caso, por lo que no puede alegar el desconocimiento de tales pruebas, en vista de que fueron practicadas en el proceso primitivo a petición y con intervención de la misma parte –Nación– contra quien se aducen ahora(9).

16. En relación con estos medios probatorios, cabe aclarar que solo las declaraciones rendidas bajo juramento pueden ser apreciadas libremente por la Corporación, toda vez que se trata de pruebas testimoniales recaudadas con el rigor exigido por el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no serán valoradas las indagatorias de los procesados (fls. 73-78, 202-204, c. 1), pues son versiones libres de los hechos, vertidas sin el apremio del juramento, que no reúnen los requisitos legales del testimonio(10).

IV. Hechos probados

17. De acuerdo con las pruebas incorporadas a este expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

16.1. El 6 de julio de 1997, a las diez de la mañana, aproximadamente, en la calle 91 con carrera 64C de la ciudad de Barranquilla se produjo un accidente de tránsito que involucró la motocicleta conducida por el agente de policía Mario Santiago Vargas, en la que iba como parrillero el también agente Alain Paul Romero Fuentes, y una camioneta de uso particular conducida por el señor Roberto Pinto Serrano (informe administrativo Nº 167/97 del Departamento de Policía del Atlántico –fl. 39-40, c. 1–; auto del 19 de agosto de 1998 –fl. 79-85, c. 1–; informe pericial del Laboratorio de Física Forense de Medicina Legal –fl. 118-130, c. 1–; informe de la Estación de Tránsito de la Policía Nacional –fl. 210, c. 1–).

16.2. Al día siguiente, a las cuatro y treinta de la tarde, el agente Alain Paul Romero Fuentes murió en el Hospital Metropolitano de Barranquilla como consecuencia de las graves lesiones sufridas (registro civil de defunción –fl. 9, c. 1–; acta de levantamiento Nº 311 de la Fiscalía General de la Nación –fls. 192-195, c. 1–; informe de levantamiento de cadáver del Cuerpo Técnico de Investigación –fls. 211-213, c. 1–; protocolo de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal –fls. 232-234, c. 1–; acta de inspección de cadáver del Cuerpo Técnico de Investigación –fls. 259-265, c. 1–).

16.3. El 24 de noviembre de 1997, mediante la Resolución 1140, la Policía Nacional reconoció una indemnización a Beatriz Elena Suárez Ruiz, cónyuge del agente fallecido, equivalente al 50% de sus prestaciones ($12.691.341), y dejó en suspenso el pago del valor restante a favor de la menor Lindsay Teresa Pérez Ropero, presunta hija del occiso, representada por la señora Vitelba Pérez Ropero, mientras allegaba los documentos exigidos para tal fin (Resolución 1140 de 1997 dictada por la Policía Nacional –fls. 1-2, c. 1–; certificados y oficios de la División de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional –fls. 3-7, c. 1–).

16.4. Con ocasión de estos hechos, la Unidad de Fiscalías Especializada en Delitos contra la Vida de Barranquilla abrió una indagación contra Roberto Pinto Serrano, el particular que conducía la camioneta involucrada en el accidente. El 8 de septiembre de 1997, la Fiscalía Primera Delegada se abstuvo de imponer en su contra medida de aseguramiento (fls. 252-254, c. 1). Al resolver la impugnación presentada por la parte civil (fls. 268-269, c. 1), el 29 de septiembre del mismo año, la Fiscalía Primera se abstuvo de reponer la decisión (fls. 272-276, c. 1). El 18 de noviembre de 1999, la Fiscalía 23 de la Unidad Especializada precluyó la investigación a su favor al constatar que no había cometido irregularidad alguna, pues el particular se movilizaba por la avenida con prelación en el cruce vehicular, a una velocidad razonable (fls. 146-155, c. 1). El 30 de abril de 2004, la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la preclusión en su integridad (fls. 322-343, c. 1).

16.5. Por su parte, la Fiscalía Primera de la Unidad de Delitos contra la Vida de Barranquilla abrió una investigación penal contra Mario Nicolás Santiago Vargas por la muerte del señor Alain Paul Romero Fuentes. El 19 de agosto de 1998 resolvió la situación jurídica del procesado y ordenó su detención preventiva, al considerar que fue su imprudencia la causante del accidente, pues no respetó la prelación de tránsito que tenía la camioneta con la que finalmente colisionó (fls. 79-85, c. 1). Finalmente, el 18 de noviembre de 1999, la Fiscalía 23 de la Unidad Especializada calificó el mérito del sumario con resolución de acusación, luego de considerar que el agente hizo un cruce imprudente, con lo cual elevó el riesgo socialmente permitido y así contribuyó al accidente en que perdió la vida el señor Romero Fuentes (fls. 146-155, c. 1).

V. Análisis de la Sala

18. En primer lugar, se aclara que las decisiones dictadas en el proceso penal seguido contra Mario Nicolás Santiago Vargas y Roberto Pinto Serrano por la muerte del agente Alain Paul Romero Fuentes, no son un obstáculo para que esta Corporación examine la responsabilidad de la administración en estos hechos de acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción o la omisión de sus autoridades.

19.1. La Sala debe precisar que, de acuerdo con los pronunciamientos de la Sección Tercera de la corporación, el hecho de la absolución o la condena del agente estatal involucrado en la producción del daño, no implica en modo alguno que el trámite contencioso deba concluir de la misma forma, a favor o en contra de la institución a la que este pertenece(11).

19.2. Así las cosas, ninguna incidencia tiene en el presente proceso el hecho de que se hubiera dictado resolución de acusación contra el señor Santiago Vargas (se desconoce la decisión final en la etapa de juicio), pues es claro que el proceso penal difiere sustancialmente del contencioso administrativo en cuanto a las partes, el objeto, la causa, los principios y normas que los rigen y el tipo de responsabilidad que se debate. De manera que la Sala asume el deber de esclarecer la posible responsabilidad de la administración en la muerte del señor Alain Paul Romero Fuentes.

19. En esta oportunidad, la Sala encuentra probado el daño invocado en la demanda, dado que la muerte del señor Romero Fuentes, ocurrida el 7 de julio de 1997 con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el día anterior, consistente en la colisión de la motocicleta en la que se movilizaba como parrillero con la camioneta conducida por el particular Roberto Pinto Serrano, es un hecho plenamente demostrado en el expediente.

19.1. Al respecto, el acta de levantamiento de cadáver suscrita por la Fiscalía Trece Delegada hace la siguiente descripción de las heridas (fls. 194-195, c. 1):

Laceración y herida quirúrgica, suturada en la región orbitaria lado izquierdo de cuatro y medio centímetros de longitud, a tres y medio cm. de la línea media y a 15 cm. del vertex. Herida quirúrgica suturada sobre la línea media de aproximadamente 30 cm. de longitud y a 55 cm. del vertex, que compromete la región abdominal desde el hipocondrio hasta el hipogastrio. Laceraciones y hematomas en la fosa ilíaca lado derecho. (...) Herida abierta en el antebrazo en el tercio superior cara posterior. (...)

19.2. De igual forma, el protocolo de necropsia levantado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró estas conclusiones (fls. 234, c. 1):

Adulto joven de sexo masculino que muere por falla mutisistémica con compromiso de pulmón (pulmón de shock), hígado (estallido), secundario a politraumatismo por accidente de tránsito y quien recibió tratamiento quirúrgico de urgencia en el Hospital Metropolitano.

20. Con el fin de establecer si este daño es imputable a la demandada o si, por el contrario, se presenta alguna causal eximente de responsabilidad, es preciso esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el hecho, a partir del material probatorio obrante en el plenario.

21.1. En la diligencia de inspección judicial llevada a cabo por la Fiscalía 33 Delegada se señala lo siguiente sobre las características de las vías y del cruce en que se produjo el accidente de tránsito (fl. 99, c. 1):

Una vez en el sitio nos ubicamos en toda la esquina de la intersección de la Calle 91 con la Carrera 64C en el conjunto residencial Samoa, en toda la esquina donde se encuentra una señal de tránsito de pare, con indicación de vía, debajo de un árbol de roble, el cual tiene una jardinera alrededor. (...)

Se trata de una vía que por la calle de doble calzada, en concreto, en buen estado, de doble vía, despejada, iluminación excelente natural, la cual tiene dos señales de pare, una viniendo de la Carrera 64B hacia la Carrera 64C, a la derecha, y otra viniendo de la Carrera 64B hacia la 64C por toda la calle, la Carrera también es una vía de concreto de doble calzada, doble sentido, que tiene una pendiente viniendo de la Calle 91A y una pendiente inclinada viniendo de la Calle 86 a la 91, lo que hace que sea un punto de convergencia, sobre observa un fluido de agua en la bocacalle que se desboca por la calle hacia el final de la vía, es decir, la calle a un arroyo, se aprecia que hay mucha iluminación, se observa que en el sitio al llegar al lugar no era concurrido pero al llegar las nueve y cuarenta y cinco se incrementó el flujo vehicular (...) se deja constancia de que algunos vehículos no se han detenido antes del pare sino después, que los vehículos que se desplazan por la Carrera llevan la preferencial.

21.2. Sobre la forma en que ocurrieron los hechos, la Policía del Atlántico registró en el informe administrativo por muerte que los agentes Alain Paul Fuentes y Mario Santiago, que cumplían funciones oficiales, se movilizaban en una motocicleta de la institución cuando, en el cruce de la Carrera 64C con la Calle 91 de la ciudad de Barranquilla colisionaron con una camioneta particular, conducida por el señor Roberto Pinto Serrano. Se dejó constancia de que, según algunos testigos, al vehículo policial le correspondía detenerse porque en la Calle 91 hay una señal de pare y los automotores que transitan por la Carrera 64 tienen prelación en el tráfico (fls. 39-40, c. 1):

Originó la presente diligencia el informe suscrito por la señorita ST. Emilse Jannet García Cubillos, en la cual da a conocer los hechos sucedidos el día 060797 cuando los señores AG. Romero Fuentes Alain y AG. Santiago Vargas Mario se desplazaban en la motocicleta de siglas 06-134, propiedad de la Policía Nacional, conducida por el segundo de los nombrados, cuando se encontraban realizando segundo turno, aproximadamente a las 10:20 horas colisionaron con la camioneta Mazda, placas EUS-474, conducida por el señor Roberto Pinto Serrano, resultando el AG. Santiago Vargas con politraumatismo en diferentes partes del cuerpo y el AG. Romero Fuentes quedó internado en el Hospital Metropolitano bajo observación médica.

A folios 6 y 7 obra diligencia de declaración rendida por el AG. Torres Gámez Ricardo, en la cual manifiesta que “según versiones de curiosos la moto de la Policía se desplazaba en sentido norte a sur por la calle 91 y la camioneta se desplazaba en sentido oeste a este por la carrera 64, la cual es preferencial sobre la calle 91, en la calle 91 se encuentra una señal de tránsito con la prevención que indica pare, o sea que el Agente conductor de la moto tenía que hacer el pare, desconozco los motivos por los cuales no hizo el pare”.

A folio 8 obra diligencia de descargos rendida por el AG. Santiago Vargas Mario Nicolás en la cual manifiesta que se encontraba efectuando segundo turno de vigilancia en compañía del AG. Romero Fuentes Alain y le correspondió conducir la motocicleta al bajar por la carrera 64 y hace el pare en la calle 90 o 91, no recuerda el sitio exacto, observó que no venía ningún vehículo por la preferencial y pasó, al pasar más de la mitad de la calle sintió que algo golpeó la moto.

A folio 15 obra certificación expedida por el Subteniente Barreto Roa Wilson, Comandante Tercera Sección de Vigilancia, en la cual manifiesta que para el día 060797 los señores AG. Santiago Vargas Mario y AG. Romero Fuentes Alain se encontraban realizando segundo turno de vigilancia en el CAI Tres Ave María. (...)

21.3. Al respecto, el señor Mario José Cabeza Saballe, trabajador en la esquina de la Carrera 64C con Calle 91 de Barranquilla y único testigo de los hechos, manifestó en su declaración que aunque tanto la camioneta como la motocicleta oficial se desplazaban a una velocidad prudente, lo cierto es que el agente de policía no respetó la prelación en el tránsito y se apresuró a cruzar la vía, pese a la presencia de la señal de pare (fls. 237-239, c. 1):

Como de 10:15 a 10:30, cuando todavía no eran las 11, cuando en esos momenticos vienen los señores de la motorizada, al no hacer escuadra viene el señor Pinto en su camioneta, en su vía en la 64, en esos los motorizados no hicieron escuadra y el señor Pinto los golpeó, cuando miré los motorizados estaban ahí tirados (...)

Preguntado: Sírvase informarnos si lo sabe a qué velocidad más o menos se transportaban los agentes. Contestó: Iban a velocidad normal, porque por ahí por la 91 hay carros que a veces vienen a mucha velocidad y otros que hacen escuadra. (...) Los agentes venían en la 91, para mi concepto yo creo que los agentes venían distraídos, no se percataron que el carro venía y no hicieron la escuadra.

Preguntado: Infórmele al Despacho si usted escuchó que el agente herido le hiciera un reclamo a su compañero. Contestó: El agente que quedó vivo le dijo al que murió “vite, yo te lo dije”, no sé por qué le hizo ese comentario. Preguntado: En el sitio del accidente, quién debía hacer la escuadra o el pare, el conductor de la camioneta o el conductor de la moto. Contestó: Los señores de la moto les correspondía hacer el pare, porque el señor Pinto venía en la preferencial, las señales están ahí.

21.4. En el curso de la investigación penal seguida por la muerte del señor Romero Fuentes, la Fiscalía, con base en las declaraciones, inspecciones e informes técnicos practicados en el proceso, precluyó la investigación a favor del conductor particular Roberto Pinto Serrano, al encontrar que no produjo el accidente de tránsito, y calificó el mérito del sumario contra el agente de policía Mario Santiago Vargas. En la resolución de acusación señaló que el uniformado había sido imprudente al cruzar la vía, pues, pese a la presencia de una señal de pare en la vía por la que transitaba y la prelación de tráfico que tienen los vehículos que se movilizan por la Carrera 64C, el agente hizo un cruce indebido y en los límites de la segunda calzada de la carrera fue alcanzado por la camioneta particular (fls. 149-154, c. 1):

El señor Mario Santiago Vargas, quien dice haber sufrido lesión en el brazo derecho e incapacidad de 35 días con dos de internamiento en el hospital al momento de chocar la moto con el vehículo clase camioneta Pick Up, de placas EUS 474, de marca Mazda, color blanco cristal, número de motor G6194372, manifiesta en su indagatoria, la cual fue lograda el día 26 de marzo de 1998, ocho meses después del hecho, que hizo el pare respectivo y cuando ya alcanzaba la segunda calzada fue sorprendido por el vehículo que se desplazaba a alta velocidad por la Carrera 64C, sentido este a oeste, mientras que ellos lo hacían norte a sur, quien los embistió e hizo rodar la moto a siete metros de distancia, estando de servicio con el vehículo oficial y las insignias, emblemas y equipos distintivos de la Policía Nacional, yendo él de conductor y su compañero Alain Paul Romero Fuentes de parrillero; se incorporó y capturó el vehículo (sic) y obligó al conductor a que lo llevara a la Clínica porque hubiese pretendido huir. (...)

El conductor de la camioneta se desplazaba por la Carrera 64C, vía preferencial para el paso vehicular. El conductor de la motocicleta se desplazaba por la Calle 91, vía sin prelación para el paso vehicular, es decir, que debía respetar el derecho de prelación para cruzar la carrera, lo cual implica que al hacerlo debía estar la vía despejada de este a oeste y de oeste a este, sin riesgo de tráfico de vehículo en un sentido u otro, con el cual pudiera chocar o que fuera chocado (...)

Es la moto la que se atraviesa en la vía y es el mismo conductor de la moto quien manifiesta que ya había alcanzado el carril o la calzada derecha y que la moto fue golpeada en la parte de atrás. Esto quiere decir que la camioneta iba por su derecha y que el conductor de la moto no dejó que pasara primero aquella, sino que trató de cruzar la vía antes que pasara el vehículo con prelación para pasar.

Luego entonces, no es el exceso de velocidad la causa que se realiza en el resultado sino el cruce imprudente sin respetar el derecho de prelación, lo cual eleva el riesgo permitido en la conducción de vehículos, que tiene un comportamiento socialmente inadecuado, a diferencia de que el conductor de la camioneta realizó un comportamiento socialmente adecuado sin la elevación del riesgo permitido, en razón a que se desplazaba por su derecha, como lo prescriben las normas de tránsito, lo hacía por una vía preferencial o de prelación para el tráfico vehicular, y la velocidad era de 60 o más km. por hora. (...)

21. En el proceso penal adelantado contra el señor Santiago Vargas se decidió, entonces, que había sido imprudente en el manejo del vehículo al conducir omitir una señal de tránsito y hacer un cruce indebido. Precisó que de esta forma el agente elevó los límites del riesgo permitido y provocó el accidente de tránsito, por lo que se le acusó por el delito de homicidio a título de culpa. Se reitera que al proceso no se allegó la respectiva sentencia y, en esa medida, se desconoce si al cabo del juicio penal se logró desvirtuar la presunción de inocencia en cabeza de este ciudadano.

22. Al margen del sentido de la decisión que le puso fin al proceso penal, es necesario establecer si la muerte del señor Alain Paul Romero Fuentes, causada al parecer por un agente de policía en servicio activo, compromete la responsabilidad de la Policía Nacional como lo sostiene la parte actora, o si, por el contrario, se trata de un hecho personal del agente Mario Santiago Vargas que exime de responsabilidad a la entidad.

23. La Sala observa, en primer lugar, que al momento de los hechos los señores Santiago Vargas y Romero Fuentes eran agentes de policía en servicio activo. Al respecto, el acta de levantamiento de cadáver señaló que, de acuerdo con la teniente Yaneth García Cubillos, “los Agentes pertenecen a la estación El Prado y que estaban de servicio patrullando en la Calle 91 con Carrera 64C, patrullando cuando colisionaron” (fl. 195, c. 1). El informe administrativo por muerte añade que los agentes “se encontraban realizando el segundo turno de vigilancia en el CAI Tres Ave María” (fl. 39, c. 1).

24. En segundo lugar, se advierte que el accidente de tránsito propiciado por el agente de policía Mario Santiago Vargas, en el que perdió la vida el policía Alain Romero Fuentes, ocurrió durante la prestación del servicio de policía y durante las horas del mismo, pues las pruebas corroboran que los uniformados se encontraban prestando el segundo turno de vigilancia en un CAI de la ciudad de Barranquilla y a uno de ellos, al señor Santiago Vargas, le correspondió conducir la motocicleta de la institución policial.

25. Ahora bien, según la jurisprudencia de la Sala, los daños causados con ocasión del manejo de vehículos automotores deben examinarse con el lente del régimen objetivo de responsabilidad del riesgo excepcional, debido al ejercicio de una actividad esencialmente peligrosa, siempre que no existan circunstancias específicas que desplacen el análisis de responsabilidad a otra perspectiva –por ejemplo, la falla en el servicio–(12).

26. Sin perjuicio de lo anterior, en esta ocasión se observa que tanto el conductor de la motocicleta de la policía como el de la camioneta particular ejercían una actividad esencialmente peligrosa, la conducción de vehículos automotores, de modo hay una concurrencia de actividades riesgosas.

27. Al respecto, la corporación ha considerado que en aquellos asuntos en los cuales la actividad peligrosa es desarrollada por el vehículo oficial y por el particular, esta actividad se “neutraliza”, de manera que no podría gobernarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva en el entendido de que ambas actividades son equivalentes. En concreto ha señalado:

No obstante, cuando se presente la colisión de vehículos en movimiento, existe una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa y por lo tanto se creó un riesgo para los dos, en tales circunstancias el criterio objetivo de imputación se presenta inoperante y surge la necesidad de establecer la causa del accidente, para determinar si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor oficial o alguna circunstancia constitutiva de falla del servicio(13).

28. Cabe reconocer que esta postura ha sido matizada en el sentido de aclararse que la concurrencia del particular y del agente en el ejercicio de la actividad peligrosa no implica siempre una mutación automática hacia el régimen de falla en el servicio, pues en cada caso deberán valorarse las circunstancias particulares que rodearon los hechos y, sobre todo, deberá analizarse cuál de las dos actividades riesgosas fue la que, en términos causales o fácticos, concretó el riesgo y desencadenó el daño, pues solo así se podrá fijarse la imputación. Al respecto se ha establecido:

Si bien esta Corporación ha prohijado la llamada “neutralización o compensación de riesgos”(14), lo cierto es que en esta oportunidad reitera la Sala precisa su jurisprudencia en el mismo sentido en que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ya que, al margen de que dos actividades peligrosas concurran o entren en una colisión al momento de materializarse el daño, ello no muta el título de imputación en uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que, por el contrario, se mantiene en la dimensión objetiva.

En consecuencia, al establecer la causación del daño, en sede de imputación fáctica, es posible que entren en juego factores subjetivos vinculados con la trasgresión de reglamentos; el desconocimiento del principio de confianza; la posición de garante; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento, entre otros, sin embargo los mismos no enmarcan la controversia en el plano de la falla del servicio, sino que serán útiles a efectos de establecer el grado de participación de cada agente en la producción del daño y, por lo tanto, si es posible imputarlo objetivamente a uno de los intervinientes o, si por el contrario, debe graduarse proporcionalmente su participación.

En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del daño.

Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico. (...)

En esa perspectiva, en cada caso concreto, el juez apreciará en el plano objetivo cuál de las dos actividades peligrosas fue la que concretó el riesgo creado y, por lo tanto, debe asumir los perjuicios que se derivan del daño antijurídico. En ese orden de ideas, el operador judicial a partir de un análisis de imputación objetiva determinará cuál de los dos o más riesgos concurrentes fue el que se concretó y, en consecuencia, desencadenó el daño; a estos efectos, la violación al principio de confianza y elevación del riesgo permitido se convierte en el instrumento determinante de cuál fue la actividad que se materializó. En otros términos, el régimen, fundamento, o título de imputación de riesgo excepcional, cuando existe colisión o simultaneidad de actividades peligrosas se configura y delimita a partir de un estudio de riesgo creado en sede de la imputación fáctica, que supone un examen objetivo, desprovisto de cualquier relevancia subjetiva (dolo o culpa), dirigido a identificar la circunstancia material que originó la concreción del peligro(15).

29. Adicionalmente, para efectos de establecer el criterio de imputación, la Sala ha diferenciado la situación de las víctimas que ejercen la actividad peligrosa de la de aquellas que son ajenas a la misma: frente a las primeras se considera que en la medida en que participan en la creación del riesgo que entraña dicha actividad, tiene la obligación de extremar las medidas de seguridad para evitar causar daños a otros y a sí mismos; en relación con las segundas, que no ejercen la actividad riesgosa pero por alguna circunstancia están sometidas al riesgo que ella entraña, sean o no servidores del Estado, para deducir la responsabilidad de la entidad deberá analizarse si el daño constituyó la concreción de un peligro, o se produjo por una acción indebida, derivada del incumplimiento de medidas de precaución que deban adoptarse para su ejercicio. Sobre el asunto en mención, la Sala ha considerado:

Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor, etc., en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le recomienda.

De tal manera, el servidor público de la fuerza pública que manipula un arma y se lesiona, no podrá acudir a este régimen de responsabilidad para obtener la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado; por el contrario, si el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerara si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor(16).

30. En conclusión, para definir la responsabilidad de la entidad, en los eventos en que el daño se deriva del ejercicio de una actividad peligrosa, debe establecerse si la víctima de dicho daño desarrollaba dicha actividad, o si era ajena a ella, porque en el primer caso deberá tenerse en cuenta que esta asume los riesgos inherentes a la misma(17). Este parámetro se aplica, igualmente, en relación con los daños sufridos por los servidores estatales vinculados a los organismos de protección y seguridad del Estado, eventos en los cuales el tipo de responsabilidad dependerá de si en el marco de sus funciones estaba la de ejecutar la actividad peligrosa que produjo el daño, o si la víctima no desarrollaba dicha actividad.

31. Así razonó la Corporación al resolver las pretensiones indemnizatorias de los parientes de un patrullero de la policía que, como ocurrió en este caso, falleció como consecuencia de un accidente ocurrido cuando se movilizaba como parrillero en una motocicleta, en cumplimiento de una misión oficial:

La Sala considera igualmente demostrada la imputación jurídica del daño a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en razón a que la muerte del patrullero Nelson Méndez Rodríguez se produjo por un trauma craneoencefálico, derivado de un accidente de tránsito padecido por la víctima, cuando se movilizaba en un vehículo oficial y se encontraba en horas de servicio y en el ejercicio del mismo.

Es decir, en el expediente se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los actores y el nexo causal de dicho daño con la Administración; elementos necesarios para la aplicación del título de imputación objetivo de riesgo excepcional. Con lo cual, el Estado queda obligado a reparar los perjuicios derivados del mismo y solo puede eximirse de tal obligación, si rompe el nexo de causalidad entre su actividad y el daño producido, en virtud de la comprobación de una causa extraña(18).

32. En igual sentido, la Sección, al resolver sobre la responsabilidad de la Nación - Policía Nacional en un caso en el que se reclamaba la reparación de los perjuicios causados por la caída de un helicóptero de la dirección de antinarcóticos, distinguió la situación del piloto de la aeronave de la de un soldado que solo se transportaba en la misma:

En el primer caso [el del piloto], cuando quien ejerce una actividad peligrosa sufre un daño, la decisión sobre el derecho a ser indemnizado debe gobernarse con fundamento en la tesis de la falla probada del servicio y no del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, pues éste último sería aplicable al segundo de los casos mencionados [miembro de la policía que no piloteaba la aeronave], como también le sería aplicable por supuesto el de falla del servicio.

En el presente asunto, es claro que quien estaba al mando de la aeronave siniestrada era el Capitán de la Policía Nacional Fray José Gamboa Taborda y no el Teniente del Ejército Nacional William Ariel Riascos Bohórquez, de tal suerte que la decisión sobre el derecho a ser indemnizado respecto del primero de ellos deberá gobernarse con fundamento en un régimen de falla probada del servicio, mientras que respecto del segundo deberá regirse con fundamento en un régimen objetivo por actividad peligrosa(19).

33. En el caso bajo análisis, la Sala considera que el ejercicio material de la actividad peligrosa –la conducción del vehículo– correspondía al agente de policía Santiago Vargas, quien por esta razón debía asumir los riesgos propios de la actividad desempeñada. Por el contrario, el agente Romero Fuentes, que iba como pasajero en la motocicleta y no ejercía control alguno sobre el manejo del rodante, no estaba llamado a soportar tales riesgos. 

34. Al examinarse la acción desplegada por el agente conductor, sobre el que recae, se reitera, la actividad riesgosa, se advierte que su conducta fue a todas luces imprudente y, por lo mismo, constitutiva de falla en el servicio, en la medida en que intentó una maniobra altamente peligrosa consistente en cruzar la Carrera 64C sin atender las normas de tránsito –la señal de pare y la prelación en el tráfico–, con lo cual infringió el deber funcional que le atañe por mandato constitucional y legal, como se verá a continuación. 

34.1. Sobre la función del cuerpo de policía, es necesario recordar que, por orden constitucional, las autoridades están constituidas para proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en el país, y que a la Policía Nacional corresponde mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales(20).

34.2. De acuerdo con el Código de Policía entonces vigente, el Decreto 1355 de 1970, la Policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución, la ley, los tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho (art. 1º). Además le compete la conservación del orden público interno mediante la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas (art. 2º).

34.3. Sobre las normas de tránsito, el Decreto 1344 de 1970(21) consagraba que el conductor que transitara por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda (art. 127). Además establecía que cuando se pretenda poner en movimiento un vehículo estacionado, el conductor lo impulsará cuidadosamente, dando prelación a los vehículos en marcha, y tomará las precauciones para evitar choques con vehículos que se aproximen (art. 133).

34.4. Estas reglas sobre prelación en el tráfico vehicular resultan aplicables a todos los conductores en el territorio nacional, incluidas por supuesto las autoridades públicas. En el caso de los agentes de policía, la obligación de observancia de tales parámetros de prudencia en la conducción de vehículos es aún más exigente, dado que a este cuerpo uniformado le corresponde la misión de velar por el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. 

34.5. En el asunto examinado, el agente Mario Santiago Vargas infringió la ley al no atender las mínimas normas de precaución en el ejercicio de una actividad riesgosa y, en concreto, al no respetar el derecho de prelación de los vehículos que transitaban en sentido perpendicular en relación con su trayectoria y no dar cumplimiento a la señal de tránsito que lo obligaba a detener el vehículo y a esperar a que la merma del tráfico de vehículos lo habilitara para continuar la marcha sin riesgos para él, su compañero y los demás conductores. Esta infracción se produjo con ocasión de la prestación del servicio de policía, pues, como se dijo, los agentes motorizados estaban cumpliendo una misión de patrullaje y vigilancia en el marco de su función legal y constitucional. Por lo anterior, la Sala concluye que la conducta de la administración, representada en la acción descuidada del agente Santiago Vargas, fue la que en mayor medida concretó el riesgo y determinó el daño sufrido por la demandante, a saber, la muerte de Alain Romero Fuentes. 

35. Por las razones anotadas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte del agente Alain Paul Romero Fuentes, así como su obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados a la demandante.

VI. Liquidación de perjuicios

36. Para fijar el valor de la compensación del perjuicio moral, la Sala advierte que si bien las súplicas de la demanda se definen en gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)(22).

36.1. En recientes sentencias de unificación, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación consolidó los parámetros para la reparación de perjuicios morales en casos de muerte(23), teniendo en cuenta las relaciones afectivas del reclamante con el occiso, en estos términos:

CUCU
CUCU
 

36.2. La Sala estableció cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden ante la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas. El primer nivel comprende la relación afectiva propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (primer grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables); a este nivel le corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv. El segundo nivel abarca la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos); a este nivel corresponde una reparación equivalente a 50 smlmv. El tercer nivel está referido a la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil; a este corresponde una indemnización equivalente a 35 smlmv. En el cuarto nivel se ubica la relación afectiva del cuarto grado de consanguinidad o civil y le corresponde una indemnización equivalente a 25 smlmv. Y el quinto nivel está destinado a las relaciones no familiares (terceros damnificados) y le corresponde una indemnización de 15 smlmv.

36.3. En este caso, por concepto de compensación de perjuicios morales causados por la muerte del señor Alain Paul Romero Fuentes, se concede a favor de la cónyuge de la víctima (primer nivel) el equivalente a 100 smlmv.

37. En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala aclara que ante la ausencia de un medio de prueba que acredite el monto de los ingresos percibidos por el agente Romero Fuentes, se debe presumir que devengaba al menos un salario mínimo legal mensual, que en su valor actual corresponde a $644.350.

37.1. Para el cálculo del lucro cesante consolidado, se toma como base el salario de la persona en su valor actual ($644.350); se adiciona el 25%, que equivale a las prestaciones sociales; se resta el 50%, que corresponde a la destinación para gastos personales (dado que no tenía hijos); y se obtiene, en consecuencia, un valor final de $402.719, como el monto total de la ayuda prestada por el señor Romero Fuentes a su cónyuge, Beatriz Suárez Ruiz.

37.2. A este valor se le aplicará un interés mensual de 0,004867, por los 213 meses que han transcurrido hasta la fecha (marzo de 2015) desde la muerte de Alain Paul Romero Fuentes (7 de julio de 1997). La fórmula se aplica así:

S = $402.719 (1+ 0.004867)213 - 1

0.004867

S = $149.994.206

37.3. El lucro cesante futuro se cuantifica desde la fecha de esta sentencia hasta el término de la vida probable(24) de la víctima (49,12 años o 589,44 meses), quien tenía 27 años al momento de los hechos(25), por ser inferior a la expectativa de vida de su cónyuge(26). A los 589,44 meses de vida probable se les restan los 213 meses del lucro cesante consolidado, para un total de 376,44 meses de lucro cesante futuro. La fórmula es la siguiente:

S = $402.719 (1+ 0.004867)376,44 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)376,44

S = $69.440.717

37.4. En suma, por concepto de indemnización del lucro dejado de percibir debido a la muerte de su esposo, a la señora Beatriz Elena Suárez Ruiz le corresponde una indemnización equivalente a $219.434.923.

37.5. Finalmente, en relación con la reparación del daño emergente, la Sala registra una factura expedida por la casa funeraria Jardines de Cartagena Ltda., en la que consta que el señor Carlos Julio Romero Amado, padre de la víctima, pagó la suma de $326.400 por las exequias de su hijo (fl. 8, c. 1).

37.6. Este valor debe actualizarse según la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar, IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (120,28)(27), y el IPC inicial o histórico el índice de las series de empalme de la fecha en que se expidió el recibo (42,63)(28). El valor actualizado de los gastos funerarios es de $920.933.

37.7. La suma total de lo debido a la señora Suárez Ruiz por concepto de indemnización del lucro cesante y el daño emergente, es de $220.355.856.

VII. Costas

38. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes, por lo que no condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la providencia de 18 de abril de 2007, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de Alain Paul Romero Fuentes en el accidente de tránsito ocurrido el 6 de julio de 1997.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a favor de Beatriz Elena Suárez Ruiz, por concepto de compensación de los perjuicios morales, la suma de 100 smlmv.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a favor de Beatriz Elena Suárez Ruiz, por concepto de reparación de perjuicios materiales en las modalidades de lucro cesante y daño emergente, la suma total de $220.355.856.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Expedir por Secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Ramiro de Jesús Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 En la demanda presentada el 23 de noviembre de 1998, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación de los perjuicios materiales a favor de Beatriz Suárez Ruiz, fue estimada en $1.000.000.000 (fl. 12, c. 1). Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación (4 de mayo de 2007), se aplica en este punto el artículo 40.6 de la Ley 446 de 1998, que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa fuera de doble instancia, era de 500 smlmv, que para el año 1998 correspondían a $101.913.000.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2014, Exp. 29799, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 26758, C.P. Mauricio Fajardo; sentencia de 7 de junio de 2007, Exp. 16474, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

3 Decreto 1213 de 1990. “Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional”. “Artículo 132. Orden de beneficiarios. Las prestaciones sociales por causa de muerte de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión, se pagarán según el siguiente orden preferencial: a. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de ley. (...) “Artículo 146. Controversia en la reclamación. Si se presentare controversia judicial o administrativa entre los reclamantes de una prestación por causa de muerte, el pago de la cuota en litigio se suspenderá, hasta tanto se decida judicialmente a qué persona corresponde el valor de esta cuota”.

4 El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 Está probado que Alain Paul Romero Fuentes era cónyuge de Beatriz Elena Suárez Ruiz (registro civil de matrimonio –fl. 10, c. 1–).

8 Sin perjuicio de la decisión de unificación de la Sala Plena de esta Sección, según la cual los medios de prueba documentales traídos en copia simple al proceso serán valorados sin mayores formalidades, siempre que no se haya cuestionado su autenticidad a través de la tacha de falsedad. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 9 de febrero de 2011, Exp. 16934, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 9 de octubre de 2014, Exp. 29033, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia de 20 de febrero de 2014, Exp. 30615, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2000, Exp. 11898, C.P. Alier Hernández Enríquez.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 16533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio del 2010, Exp. 19007, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 3 de diciembre del 2007, Exp. 20008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto del 2006, Exp. 14868, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; entre otras.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, Exp. 16180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. En el mismo sentido se pueden consultar: sentencia de 11 de mayo de 2006, Exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 26 de marzo de 2008, Exp. 14780, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 23 de junio de 2010, Exp. 18376, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Al respecto, se pueden consultar las sentencias de 3 de mayo de 2007, Exp. 16180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y de 26 de marzo de 2008, Exp. 14780, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esta última se señaló: “Un segundo evento estará referido a la colisión de dos vehículos en movimiento. En tales casos se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional. Cabe señalar que tratándose de la colisión de dos o más vehículos que se encuentren en movimiento, la Sala ha considerado que es necesario establecer si estos tenían características similares o si, por el contrario, se diferenciaban en su tamaño, volumen o potencial para desarrollar velocidad, etc., de tal manera que uno de ellos representara un mayor peligro, y si el vehículo oficial que intervino en el accidente superaba en esos aspectos al del particular que reclama la indemnización, habrá lugar a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional”.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, Exp. 19007, C.P. Enrique Gil Botero.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de septiembre de 2000, Exp. 13184, C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada en sentencia de 22 de noviembre de 2012, Exp. 26806, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2009, Exp. 16689, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia de 23 de junio de 2010, Exp. 17632, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, Exp. 25020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2011, Exp. 18431, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez. En este mismo sentido, auto de 6 de agosto de 2009, Exp. 35089, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, mediante el cual se impartió aprobación a una conciliación en el caso en el que en una misión de servicio un helicóptero se estrelló, se indicó lo siguiente: “Estas pruebas permiten a la Sala concluir la legalidad del acuerdo, dado que dan cuenta de que el daño cuya indemnización se demanda a través de este proceso, es imputable al Estado a título de riesgo excepcional porque al momento del accidente era éste a través del Ejército Nacional el que ejercía la actividad peligrosa de transportar vía aérea, en un helicóptero de dicha institución, al Mayor Manuel Chacón Liévano quien se encontraba en servicio, y resultó lesionado con una disminución laboral del 20.42%; y por otra parte, no obra en el expediente prueba susceptible de valoración de la cual se acredita la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad”.

20 Constitución Política de Colombia. “Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

21 Era el Código de Tránsito vigente al momento de los hechos. Hoy esta materia está regulada en la Ley 769 de 2002.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano; sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

24 Se acude a la Resolución 0497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, por ser la tabla de mortalidad de rentistas válidos vigente al momento de los hechos, en el año 2001.

25 El señor Alain Paul Romero Fuentes, que nació el 12 de octubre de 1969 (fl. 196, c. 1), tenía 27 años al momento de fallecer.

26 Siempre debe escogerse el menor tiempo entre la expectativa de vida probable de la víctima que producía el ingreso frente al tiempo que el perjudicado estuviera en condiciones de beneficiarse (su vida probable), pues con la primera ocurrencia de tales hechos el lucro cesaría naturalmente.

27 IPC de febrero de 2015.

28 IPC de julio de 1997.