Sentencia 1999-02190/25575 de febrero 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 250002326000 199902190 01 (25575)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: José Edilson Martínez Arias

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Acción: Reparación directa

Bogotá, D. C., doce de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de julio de 2003, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, comoquiera que los perjuicios materiales —lucro cesante— se estimaron en $ 119.700.000(20) , mientras que el monto exigido en el año 1999 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18’850.000 (Decreto 597 de 1988).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el sub examine, la responsabilidad administrativa que el señor José Edilson Martínez Arias reclama en la demanda, se deriva de la presunta falla en el servicio en que habría incurrido el Instituto de Seguros Sociales al subastar un vehículo sin haber tenido previamente la licencia de tránsito correspondiente, lo cual, según aseveró, le habría impedido hacer el traspaso de la propiedad del bien, así como cambiar su destinación. Todo ello como indispensable para obtener una autorización para aplicarlo al servicio de enseñanza en una escuela de conducción de su propiedad.

Así las cosas, como quiera que la adjudicación del vehículo al señor José Edilson Martínez Arias ocurrió el 29 de agosto de 1997 y la demanda se interpuso el 25 de agosto de 1999, es de concluir que la acción se ejerció dentro del término de dos años dispuesto por la ley.

3. El objeto de la apelación.

Una vez revisado el recurso de apelación presentado por la parte actora, se encuentra que el fundamento de su inconformidad en contra de la sentencia de primera instancia consistente en señalar, al igual que en la demanda, que los daños que pretende le sean resarcidos son imputables al Instituto de Seguros Sociales, en razón de la presunta falla en el servicio en que habría incurrido al subastar el vehículo sin contar con la licencia de tránsito, pues la falta del mencionado documento le habría impedido al aquí demandante explotar comercialmente el automotor por las razones ya vistas.

Ahora bien, es pertinente precisar que la apelación que enseguida pasará a resolverse debe entenderse interpuesta únicamente respecto a la responsabilidad que se le pretende endilgar al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto, como ya en otras oportunidades lo ha dicho la Sala, para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(21).

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por el demandante.

4. Caso concreto.

Dado que la falla en el servicio sobre la cual se pretende endilgar la responsabilidad administrativa al Instituto de Seguros Sociales consistió en subastar un vehículo sin contar con la licencia de tránsito, corresponde a la Sala entonces determinar si pueden atribuirse a la ausencia de dicho documento, los daños que habría sufrido el señor José Edilson Martínez Arias y por cuya indemnización reclama.

Con ese propósito, la Sala procede a realizar las siguientes consideraciones:

De conformidad con el literal A del artículo 84 del Acuerdo 051 de 14 de octubre de 1993, por medio del cual el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito expidió disposiciones en materia de tránsito terrestre automotor, vigente para la época de los hechos(22), para efectos de realizar el traspaso de la propiedad de un vehículo se necesitaban diversos documentos, entre ellos, la licencia de tránsito o a falta de esta, su denuncio por pérdida. Así lo establecía dicha norma:

“ART. 84.—Para inscribir el cambio de propietario en el Registro Terrestre Automotor. Se observará el siguiente trámite:

Presentar la solicitud respectiva en el formulario único nacional ante el organismo de tránsito donde esté registrado el vehículo. Suscrita por vendedor y comprador, con reconocimiento en cuanto a contenido y firma, con improntas adheridas y protegidas con lámina trasparente autoadhesiva acompañada de los documentos que a continuación se relacionan:

a) Original de la licencia de tránsito o denuncia por pérdida.

b) Paz y salvo por todo concepto de tránsito.

c) Recibo de pago por concepto de retención en la fuente por parte del vendedor cuando este es una persona natural.

d) Cuando el vendedor o comprador es una persona jurídica deberá presentar certificado de existencia y representación legal.

e) Pago de los derechos causados a favor del Intra y Tránsito.

f) Si el vehículo tiene limitación o gravamen alguno a la propiedad se debe adjuntar el documento reconocido y autenticado en el que conste su levantamiento o la autorización otorgada por el beneficiario del gravamen o limitación en el sentido de aceptar la continuación de este con el nuevo propietario.

g) Cuando es de servicio público paz y salvo de la empresa donde se encuentra vinculado o afiliado” (resaltado por la Sala).

En cuanto al cambio de servicio oficial a particular de un vehículo, el Acuerdo 051 de 1993 en su artículo 86 establecía que el procedimiento a seguir era el mismo que se aplicaba para efectos del traspaso de la propiedad, por lo que es de concluir que dicho trámite podía llevarse a cabo con la licencia de tránsito o en su defecto, con su denuncio por pérdida(23).

De lo que viene de verse, la Sala concluye que la ausencia de la licencia de tránsito del vehículo de placas OBA 093 no era impedimento para que el demandante llevara a cabo los trámites administrativos que le permitieran explotarlo en una escuela de conducción de su propiedad, toda vez que el traspaso y el cambio de destinación se podían concretar con el denuncio por pérdida del citado documento, entre otros requisitos que aparecen en las normas que acaban de relacionarse.

En ese sentido, el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales hubiere subastado el referido vehículo sin su licencia de tránsito, por cuanto según la demanda, la había extraviado con anterioridad, no puede considerarse como la fuente de los daños que habría padecido el señor José Edilson Martínez Arias y, por consiguiente, no es posible atribuir a esa circunstancia, los daños por cuya indemnización demandó.

En este punto de la providencia, resulta oportuno poner de presente que si bien el Distrito Capital de Bogotá —Secretaría de Tránsito y Transporte—, fue vinculado al proceso, lo cierto es que no es posible hacer pronunciamiento alguno sobre la eventual responsabilidad de dicha entidad en los hechos de la demanda, por cuanto en el recurso de apelación interpuesto por el demandante, nada se dijo respecto a la exoneración que del Distrito Capital hiciera el tribunal a quo en la sentencia de primera instancia.

Como resulta imposible adelantar un análisis respecto de los restantes elementos de la responsabilidad que pretendía imputársele al Instituto de Seguros Sociales, debido a que no hay manera de endilgarle los daños que habría sufrido el señor José Edilson Martínez Arias, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero con fundamento en las razones expuestas en la presente providencia(24).

5. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, la sentencia de 10 de julio de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE»

(20) Folio 7 cuaderno principal.

(21) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” (resaltado adicional). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(22) Esta norma fue derogada por la Resolución 3275 de 12 de agosto de 2008, por medio de la cual el Ministerio de Transporte reglamentó el cambio de propiedad de un vehículo por traspaso.

(23) “ART. 86.—El traspaso de propiedad de un vehículo oficial registrado a una persona natural o jurídica o viceversa, implica automáticamente un cambio al servicio particular y viceversa debiéndose realizar en los términos establecidos en el artículo 84 conservando las placas la misma nomenclatura (letras y números)”.

(24) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 165.16 y del 4 de junio del 2008, Exp. 16.643, MP. Enrique Gil Botero.