Sentencia 1999-02282 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

Radicación: 250002326000199902282 01 (28.374).

Actor: María Magdalena Cárdenas Y Otros.

Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional.

Referencia: Acción De Reparación Directa.

Bogotá D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad2, procede la Sub-Sección a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente esquema: 1) las pruebas obrantes en el proceso; 2) el daño; 3) el caso concreto; 4) los perjuicios morales; 5) los perjuicios materiales, 6) daño a la salud y 7) la condena en costas.

2.1. Las pruebas obrantes en el proceso.

Para adoptar la decisión en el presente proceso resultan relevantes las siguientes pruebas:

—Fotocopia autenticada del registro civil de nacimiento de María Magdalena Cárdenas Méndez. (fl. 20. cdno.2)

—Fotocopia auténtica del registro civil de Matrimonio de Jorge Cárdenas Pinzón y María Estefanía Méndez. (fl. 21 cdno. 2)

—Fotocopia Autenticada del Informe de balística 1239-97. (fls. 24-27 cdno.2)

—Fotocopia autenticada del informe preliminar de balística. (fl. 29 cdno.2)

—Copia del protocolo de necropsia 4408-97 remitida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (fls. 32 a 34 cdno.2)

—Fotocopias autenticadas del registro civil de nacimiento de Luz Marina Cárdenas Méndez, Cesar Augusto Cárdenas Méndez, Luis Carlos Cárdenas Méndez. (fls. 46 a 53, 57, 58 cdno.2)

—Fotocopia autenticada del registro civil de matrimonio de Jorge Cárdenas Pinzón y María Estefanía Méndez. (fl. 54 cdno.2)

—Fotocopia autenticada del libro de anotaciones del CAI. (fls. 82 a 84)

—Fotocopia de la comunicación del Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario de la Policía Nacional, informando la existencia de los procesos disciplinarios No. 004/97 y 020/98 por los hechos del 6 de septiembre de 1997. (fl. 87 cdno.2)

—Fotocopia simple del registro civil de nacimiento de Jorge Enrique Cárdenas Méndez. (fl. 88 cdno.2)

—Fotocopia simple del registro civil de defunción de Jorge Enrique Cárdenas Méndez (fl. 20 cdno.1)

—Extractos de hojas de vidas de los policiales involucrados en el operativo del 6 de septiembre de 1997. (fls. 132-155 cdno.1)

—Testimonios de Blanca Mercedes Cuellar, María Eugenia Cardozo, María Aurora Ávila de Paipa, Luz Yolanda Cuellar. (fls. 35 a 36, 37 a 39, 70 a 71, 39 a 40, 72 a 73 y 76 a 77 cdno.2)

—Fotocopias autenticadas de los registros civiles de nacimiento de Jorge Nicolás Cárdenas Paipa, María Emma del Carmen Paipa Ávila, Edwin Enrique Cárdenas Paipa, Luz Marina Cárdenas Méndez Cárdenas Pinzón, Freiman Alfredo Cárdenas Méndez. (fls. 2 a 16 cdno. 2)

—Fotocopia simple de la factura de la funeraria Fátima por gastos del entierro de Jorge Enrique Cárdenas a nombre de Luis Carlos Cárdenas. (fl. 17 cdno. 2)

—Fotocopia simple de la factura de Jardines del Apogeo, por concepto de derechos inhumación del cuerpo de Jorge Enrique Cárdenas por valor de $150.000 a nombre de Luis Carlos Cárdenas. (fl. 18 cdno. 2)

—Fotocopia del informe presentado a la URI de Usaquén por parte de la Policía de Tisquesusa por el operativo del 6 de septiembre de 1997. (fl. 40 a 43 cdno. 2)

—Fotocopia autenticada del registro civil de nacimiento de Henry Wilmar Ramírez Fonseca, Sneyder Yesid Ramírez Fonseca, Gloria Fonseca Ayala, Pedro Alberto Ramírez. (fl. 1 a 6 cdno. 2)

—Fotocopia de la historia clínica 776155 perteneciente al señor Pedro Alberto Ramírez, del hospital San José. (fls. 21 a 33 cdno. 2)

—Fotocopia historia clínica de urgencias del señor Pedro Alberto Ramírez remitida por el Hospital Militar Central. (fl. 55 cdno.3)

—Resumen de la historia clínica del hospital el Tunal del señor Pedro Alberto Ramírez. (fl. 56 a 77 cdno. 2)

—Fotocopia de la historia clínica del señor Pedro Alberto Ramírez remitida por el hospital San Jorge nivel I. (fls. 78 a 87 cdno. 2)

—Fotocopia de la historia clínica del señor Pedro Alberto Ramírez remitida por el Hospital de Kennedy. (fls. 88 a 89 cdno. 2)

—Dictamen de Medicina Legal realizado al señor Pedro Alberto Ramírez (fls. 93 a 94 cdno. 2)

—Fotocopia del proceso penal 11.503 abierto en contra de Pedro Alberto Ramírez y otros por el delito de concierto para delinquir y porte ilegal de armas (cdno. 4, 5 y 6)

—Testimonios de la señora María Matilde Casteblanco, José Tulio Gil Pérez, Carlos Julio Castañeda Rodríguez. (fls. 7-10 cdno. 2)

2.2. El daño

En primer lugar, se tiene que le artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputable, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, hunde sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación3.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falta del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de os funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”4.

Del análisis del acervo probatorio, se encuentra demostrada la ocurrencia del daño que se concreta en la muerte del señor Jorge Enrique Cárdenas Méndez y en las lesiones ocasionadas al señor Pedro Alberto Ramírez con fundamento en las siguientes pruebas:

Copia de registro civil de defunción 2872419, del señor Jorge Enrique Cárdenas Méndez, en el que consta que murió el 6 de septiembre de 1997 (fl. 20 el 8 cdno).

—Dictamen de Medicina Legal del 8 de febrero de 2001, en el cual se indica:

“Se establece como elemento causante de la lesión proyectil de arma de fuego. Amerita 100 días de incapacidad médico legal definitiva. Como secuelas médico legales: 1-deformidad física de carácter permanente.

2-Perturbación funcional del miembro inferior derecho y del órgano de la marcha e carácter permanente. 3-perturbación funcional del órgano de la reproducción de carácter permanente.” (fl. 93-94 del cdno. 2)

2.3. El caso concreto.

Previo al estudio del fondo del asunto, la Sala considera necesario pronunciarse acerca del valor probatorio de las copias simples aportadas al plenario. La Sala las valorará conforme al precedente jurisprudencial de Sala Plena de la Sección Tercera, que ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

“Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandas, pueden ser valoradas toda vez que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada5, y solicitados como prueba traslada pro la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción.

Sobre este punto en particular, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en Sentencia proferida el 18 de enero de 2010, en el proceso radicado con el No. 1999-01250, la cual se cita in extenso:

“(…) Ahora, la Sala observa que con demanda la parte actora aportó en copia simple un documento que contiene la valoración de los daños ocasionados por la toma guerrillero al corregimiento de Tres Esquinas, realizado por el Comité Técnico para la Valoración de Daños, el cual fue suscrito por el Alcalde Municipal, el secretario de planeación, el Presidente de la Cruz Roja, el Secretario de Obras Públicas y el Promotor Comunitario. En dicho documento se incluyó el listado de las personas afectadas y el presupuesto establecido por el comité para el resarcimiento de los daños, correspondiéndole a la señora Gloria Orjuela de Lozano la suma de $55’000.000, con la constancia de que “el Comité Local de Emergencias del Municipio de Cunday, unánimemente da por aceptado los valores presentados por el Comité Técnico de Valoración para los límites pertinentes” (fls. 12 a 14 cdno.1).

En principio dicho documento carecería de valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala lo ha explicado en numerosos providencias, comoquiera que no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

No obstante lo anterior, en este caso la Nación, al contestar la demanda admitió tenerlo como prueba y aceptó el hecho al que se refería dicho documento. Así se advierte del escrito presentado oportunamente por la Nación.

“Los hechos números 1-2-3-4-5-6-7 y 9 son ciertos de acuerdo a los documentos que se anexan, los hechos números 8- 10- 11 y 12 no me constan y por lo tanto me atento a lo que legalmente resulte probado dentro del proceso.

(…). Pruebas.

Además de las solicitadas y aportadas con la demanda, muy respetuosamente me permito anexar fotocopia del informe 007711/030498 y sus anexos, por medio del cual se informó a la Dirección Operativa de la Policía Nacional, el hecho ocurrido el 21 de febrero de 1998 en la localidad de Tres Esquinas.

Así mismo me permito solicitar se decrete la siguiente prueba:

(…)”.

Y en la demanda, en el hecho 6, que fue aceptado como cierto por parte de la Nación, se narró lo siguiente:

“6. El 27 de febrero a las 9 A.M., según acta No. 006 se reúne nuevamente el CLE para escuchar el informe de los señores Jhon Jenry Morales y Ferney Figueroa G., destacándose en dicha acta que la pérdida de la vivienda de mi poderdante Gloria A. Orjuela de Lozano, asciende a cincuenta y cinco millones de pesos, después de haberse reajustado el precio inicial que daba cuenta de cincuenta millones de pesos”.

De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el registro de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducidos con el mismo en la contestación de la demanda.

Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en el pleno rigor. Lo que sucede en eta ocasión ambas partes aceptaron que ese documento fuera apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca no solo al momento de su aportación sino durante el trascurso del debate procesal.

Cabe agregar que la autenticación de las copias tiene por objeto que éstas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que el principio se aduce en su contra. Siendo esto así, cuando las partes de común acuerdo solicitan la apreciación y valoración de un documento aportado en copia simple, como en este caso, no sería doble soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos.

Frente a esto último resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a éste último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta. En estos términos la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado.

“En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima.

Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, no los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación. (…)”6.

Al respecto cabe resaltar el siguiente texto doctrinal:

“La conducta contradictoria es una contravención o una infracción del deber de buena fe. Ya antes hemos señalado que el hecho de que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto y falto de lealtad. He aquí por donde la regla según la cual nadie puede ir contra sus propios actos, se anuda estrechamente con el principio de derecho que manda comportarse de buena de en las relaciones jurídicas”

Cabe destacar igualmente el reciente pronunciamiento de la Sala en relación con el valor probatorio de las copias en similares eventos excepcionales:

“Cabe señalar que aunque esas pruebas obran en el expediente en copia simple y fueron aportadas por la parte demandante, las mismas pueden ser valoradas en este proceso, porque:

—La exigencia legal de los requisitos para que una copia simple tenga valor legal probatorio en un proceso fue declarada exequible por la Corte Constitucional la resolver la demanda presentada en contra del numeral 2 del artículo 254 y el numeral 3 del artículo 268, por considerar que esas disposiciones no quebrantan los artículos 83 y 228 de la Constitución que, respectivamente, consagran la presunción de buena fe de los particulares en todas las gestiones que éstos adelanten ante las autoridades públicas y el principio de la primacía del derecho sustancial: (…).

—No obstante, la Sala, sin desconocer las disposiciones que fueron declaradas exequibles, pero aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tiene valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible (…).

—En esa misma providencia destacó la Sala, otros eventos en los cuales el ordenamiento jurídico le confiere valor probatorio a las copias simples: a) en el numeral 6 del artículo 133 del Código de Procedimiento Civil a propósito del trámite de reconstrucción por pérdida total o parcial de un expediente, se establece que si sólo concurriere a la audiencia que para el efecto se cita una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el proceso con base en su exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en aquella, dentro de las cuales pueden ser aportadas copias simples de documentos que obraban en el proceso y que estuvieren en su poder; o b) en el artículo 274 ibídem, cuando una vez citado al autor del documento para su reconocimiento, se presenta renuencia por parte del mismo porque no concurre a la diligencia, o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o la declarar, o da respuestas evasivas, en cuyos casos no obstante la amonestación del juez, se tendrá por surtido el reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del documento.

— Pero, además, se añade en esta oportunidad, que con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículos 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma. (…).

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite una inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 t siguientes del Código de Procedimiento Civil. (…)

—Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de que tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar éstas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso.

(…). Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.

—Finalmente, que para la Sala no cabe duda de que las pruebas traídas por las partes en copia simple, pueden ser apreciadas sin limitación alguna en lo que le resulten desfavorables, en aplicación, igualmente, del principio de lealtad procesal. Por lo tanto, todas las consideraciones anteriores resultan relevantes pero cuando esas copias simples se aducen en contra de la otra parte, que, se reitera, tiene en su poder los originales en las que ellas reposan o las copias auténticas de los mismos”. (…)”7 8 (negrillas fuera del texto)

De otro lado, se advierte que el proceso penal fue aportado con la demanda en copia simple, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción de allí reposan, no obstante, conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes9, se reconocerá valor a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, respecto de la misma se surtió el principio de contradicción…”10

Así las cosas, al haber sido aportada la prueba documental junto con la demanda, es procedente su apreciación toda vez que ha obrado durante todo el curso del proceso, sin haber sido tachada de falsa por la entidad demanda ni haberse opuesto a la misma en las etapas procesales pertinentes.

Ahora bien, sobre las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos observa la Sala, que en el expediente obra investigación penal, solicitada por la parte demandante en la demanda11, la cual, obró a lo largo del proceso y no fue objetada ni tachada por la entidad demandada, por lo que será valorada de conformidad con las reglas que rigen las pruebas trasladadas al tenor de lo prescrito por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.12

De otra parte, el artículo 229 del mismo código dispone:

“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

a. Cuando se hayan retenido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

b. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirán el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. (Se resalta).

La Sala ha reiterado su criterio en torno a la prueba trasladada al considerar:

“(…)

“La Sala tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo:

“En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuento resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. Así mismo, de acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil: “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

“De la dilatada jurisprudencia de la Sala cabe extraer ciertos criterios con base en los cuales debe valorarse y apreciarse la prueba trasladada: i) en “punto a la posibilidad de trasladar las pruebas, cualesquiera que sean, practicadas en otro proceso, la misma se encuentra autorizada por el artículo 185 del Estatuto Procesal Civil, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: —Que hayan sido válidamente practicadas. —Que se trasladen en copia auténtica. —Que hayan sido válidamente practicadas. —Que se trasladen en copia auténtica. —Que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”13, ii) la prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada14; iii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración15; iv) se puede valorar como indicio de la prueba trasladada del proceso penal. En ese sentido, en la jurisprudencia se sostiene que las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ella sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”16; v) en cuanto a las pruebas trasladadas desde los procesos disciplinarios y penal militar se consideran los siguientes criterios: a) las “pruebas trasladadas y practicadas dentro de las investigaciones disciplinarias seguidas por la misma administración no requieren ratificación o reconocimiento, según sea el caso, dentro el proceso de responsabilidad”17; b) la prueba trasladada del proceso penal militar y de la investigación disciplinaria puede valorarse ya que se cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce, por ejemplo la Nación—Ministerio de Defensa— Ejército Nacional-Policía Nacional18; vi) en cuanto a los testimonios que obran en proceso o investigaciones disciplinarias se sostiene: a) que “no necesitan ratificación, pero esto hay que entenderlo, como es obvio, frente a las personas que intervinieron en dicho proceso disciplinario, o sea el funcionario investigado y la administración investigadora (para el caso la Nación). Desde luego, entonces, esas declaraciones, para hacerlas oponibles, debieron ratificarse en la forma prevista en el artículo 229 del C. de P.C.”19; b) la prueba testimonial rendida ante jurisdicción ordinaria y trasladada no puede valorarse ya que no fue ratificada y no fue peticionada de común acuerdo20; vii) “la Sala, en aplicación del principio de lealtad procesal, ha reiterado que hay casos en los cuales sin ratificación del testimonio, el mismo puede y debe ser válidamente apreciado cuando es allegado a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquél, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, a una de la demanda y la otra en el escrito de contestación, siempre que sean allegados en copia auténtica, porque así lo dispone la norma general sobre prueba trasladada (art. 185 CPC)”21; viii) en “relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en el otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito”22, salvo: a) cuando la prueba documental trasladada puede valorarse “toda vez que ésta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla”23; b) la prueba trasladada puede ser valorada cuando fue utilizada por la contraparte, por ejemplo demandada, para estructurar la defensa en los alegatos de conclusión24; ix) el “legislador supeditó la valoración de las pruebas trasladadas al cumplimiento de los requisitos procesales exigidos, más no consagró como obligación de la parte que solicita la prueba el señalamiento expreso de las piezas procesales que pretende trasladar. No obstante, el juez tiene la facultad de rechazar de plano las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las impertinentes y las manifiestamente superfluas”25; x) las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, salvo que lo hayan sido con audiencia de la parte contra la que se aducen26; xi) cuando se trata de prueba trasladada en copia simple por la demandante, y teniendo especial consideración por las específicas situaciones de vulneración de derechos humanos, cabe aquella documental o informes siempre que haya obrado durante todo el proceso y la parte contra la que se aduce la haya utilizado para su defensa (contestación, alegatos o incluso en la sustentación o alegatos del recurso de apelación); xii) puede valorarse la prueba trasladada cuando la parte demandada se allana expresamente e incondicionalmente a la solicitud de pruebas presentada por la parte demandante en la demanda; xiii) puede valorarse como prueba trasladada el documento producido por autoridad pública aportado e invocado por la parte demandante27 28.”

Los medios de prueba allegados al expediente, cumplen con los requisitos del rito procesal y por tanto se pueden apreciar en conjunto, de acuerdo con las anteriores reglas.

Así las cosas, la Sala valorará la prueba testimonial rendida dentro del proceso Penal respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos:

Declaración rendida bajo la gravedad del juramento de la señora María Irlanda Orellana, en la que expresó:

“(…)

“Eran más o menos las siete y veinte de la mañana de hoy, cuando entró una llamada a mi apartamento, informado que había unos atracadores frente a nuestro negocio y que había un muerto. Mi esposo inmediatamente acudió al sitio para enterarse de lo sucedido y sucede que el muerto estaba preciso frente a nuestro negocio, no sabemos exactamente si iban atracar a ese sitio o tenían otro escogido. De ahí en adelante la labor fue de la Fiscalía. Además habían cuatro (4) retenidos y reconozco a uno que estaba con cuatro (4) tipos más el día de ayer; estaban precisamente en nuestro negocio, pidieron una cerveza y se marcharon; duraron entre diez y quince minutos y se marcharon. Yo cuando los vi como una reacción, ellos se hablaban y chequeaban y miraban hacia adentro del negocio, fue cuando más cuidado les puse; pero no me habían asaltado el negocio ni nada, sino que como uno de ellos fue retenido, lo reconozco como que estuvo ayer. Preguntado: a qué nombre responde el negocio? Contesto: “Supermercado El Rancho Cafetero”… Preguntado: Sabe usted si este mismo grupo de individuos había participado concretamente de atracos en el sector? Contesto: “Pues hay versiones de personas que ese mismo grupo había cometido un atraco la semana pasada, en el negocio de él; claro que mi establecimiento sí ha sido objeto de atraco, un atraco, pero no que hubiesen intervenido los capturados…”29

E señor William Orlando León Bernal rindió declaración, manifestando:

Preguntado: Sírvase hacer un relato de cuando sea de su conocimiento acerca de las circunstancias en que perdió la vida el señor Jorge Enrique Cárdenas Méndez Contesto: Pues sobre eso no sé nada porque cuando llegué al lugar de los hechos él ya estaba muerto. Traje a una de mis empleadas, María Elsy Baquero para que reconociera a los tipos del atraco, es decir, a los que cogieron hoy, ellos me atracaron el jueves hoy hace ocho días, ella reconoció a dos y yo reconocí al que cuando me atracaron fue el que me amenazó y me amarró y todo eso, por concepto de eso es que sé que esos son los atracadores. Supuestamente el muerto que hay ahí estaba en el grupo de atracadores, no sé si será cierto o no, esto lo dijo la gente que estaba ahí mirando…”30

Para la Sala, resulta ser claro que los dos testigos anteriormente relacionados no presenciaron de manera directa la comisión de los hechos donde resultó muerto el señor Jorge Cárdenas Méndez y herido Pedro Alberto Ramírez, son testigos de oídas, sobre el particular esta corporación se ha manifestado:

“Respecto del valor de los testimonios de oídas, el Consejo de Estado tiene por establecido:

“…no es dable a la Sala otorgar a tales testimonios pleno valor probatorio, toda vez que su contundencia demostrativa, de conformidad con los sistemas fundamentales de regulación de la prueba judicial, es mínima31…”

“…Los testimonios según el conocimiento del testigo pueden ser de oídas o “directo o presencial”. El primero de estos, oídas o ex auditu, puede definirse como el relato que tercero hace ante el juez en el proceso con respecto a lo que le escuchó relatar a otra; el declarante como se observa carece de percepción directa sobre el hecho que se le pregunta; narra en sus propios términos el dicho de otra persona o lo que oyó sobre lo que otros dijeron. La valoración del testimonio de oídas dependerá de la imposibilidad de recaudar una prueba original fehaciente sobre el hecho a probar y el juez, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 228, es quien deberá escudriñar el contenido para apreciar y valorar su alcance de acuerdo con los demás medios probatorios32…”.

“…Se trata de testimonios de oídas en los que se declaró sobre lo sucedido a partir del relato que dicen haber recibido del lesionado, los cuales carecen de valor probatorio, dado que como se ha manifestado en la mayoría de los casos frente a este tipo de declaraciones ex auditu, éstos carecen del requisito de la originalidad, ya que no se refieren directamente al hecho a probar, pudiendo a partir de ellos, arribarse a conclusiones erradas33…”.

Y la doctrina, sobre el escaso mérito o valor que comporta el testimonio de oídas, ha señalado con excelente sindéresis, lo siguiente:

“…Otro tipo de condiciones intermedias se refiere a las relaciones del testimonio con el hecho a establecer, ya sea que el testigo relate lo que percibió personalmente (testimonio directo, ex propriss sensibus) o relate, por lo contrario, lo que le fue a su vez relatado por otro (testimonio indirecto o mediato, ex audito alieno) o, simplemente, que relate lo que oyó decir por el rumor público, sin indicación precisa de su origen (de público conocimiento). Únicamente la primera de esta serie de testimonios suministra una verdadera prueba; las otras sólo ofrecen diminutivos más o menos controlables. La frase de Loysel sigue siendo verdadera: ““Oui dire va par ville, et en un mui de cuider, n’y a point plein poing de savouir”” —un tonel de rumores nunca está lleno—. Lo que es de público conocimiento, sólo puede aportar un dato; es así como sólo se lo admite, la falta de otra prueba, en casos excepcionales o para simple informes de moralidad. Se ha desconfiado siempre, con razón, del testimonio indirecto: los antiguos legistas y canonistas lo llamaban testimonio ex credulitate y no lo consideraban probatorio por sí mismo, por oposición al verdadero testimonio llamado ex scientia34…”.

No obstante estas consideraciones, la Corporación recientemente35 frente a la fuerza probatoria de estos testimonios ha precisado que para analizar y ponderar los mismos se debe tener presente lo siguiente:

“i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de las(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente”.

Sin duda. El testigo de oídas, debe soportar un examen muy rigoroso por parte del juez para poder ser tenido en cuenta como medio probatorio, y vale la pena enfatizar que este servirá para demostrar hechos con apoyatura en otros medios de prueba, sin embargo, no se le puede restar eficacia de forma irreflexiva, toda vez que depende de cada caso y del análisis de su dicho en particular. Así las cosas, se tiene que este testimonio debe cumplir, como cualquier prueba, con características y cualidades lógicas que permitan al juez apreciarlos y valorarlos en su conjunto, pero siempre relacionado con los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

No se puede desconocer que los testigos de oídas hacen parte de la prueba testimonial, que por regla general, es la prueba principal36, de allí que, si bien su apreciación requiere un análisis riguroso y delicado, no se puede desconocer que es un instrumento valioso que se complementa apropiadamente con la prueba indicaría o circunstancia37.

“Adicional a lo anterior, la doctrina especializada38 ha sido consciente que el testimonio de oídas puede ser tenido en cuenta por el juez experimentado, puesto que es frecuente y usual que las personas declaren bajo estas circunstancias, sin embargo, esta prueba no puede ser la única y debe estar ligada a otros medios de convicción que puedan sustentar el asunto a demostrar, y en esa medida habrá casos, se repite, de manera excepcional, como el que nos ocupa, en que estos son susceptibles de valoración, pero con la rigurosidad debida.

La Sala advierte que este medio probatorio no debe ser entronizado por el juez, ya que si existen otros mediante los cuales se acredite la ocurrencia de unos mismos hechos, es evidente que ha de preferirse las pruebas originales, que hayan sido recaudadas de forma directa, cerca a la fuente. De allí que sólo será admisible su valoración en un escenario excepcional, en el que no se adjuntaron otras pruebas que le permitan al juez tener conocimiento de la ocurrencia de los hechos, en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, o simplemente si fue imposible recaudarlas, como en el presente caso. En efecto, resulta claro que el testimonio de oídas es una prueba que puede llegar a ser relevante en ausencia de otros medios39”.

Por su parte, el teniente Javier Josué Martín Gámez, rindió su declaración sobre las circunstancias que rodearon los hechos el día 6 de septiembre, así:

“(…) como de grupo de estupefacientes en la noche del cinco de septiembre del presente año se acercó una persona a las instalaciones de la SINJIN con el fin de dar una información, que fue atendida por mi persona y por el señor capitán Juan Carlos Montero Páez subjefe de la unidad, nos manifestó que tenía una información para darnos pero que solicitaba que se le reservaran sus datos, él era de aproximadamente 1.80 mts de estatura contextura gruesa, piel trigueña oscura, cabello largo, lacio castaño oscuro largo, nos informó que al día siguiente o sea el 6 de septiembre de 1.997, en el sector de Suba más exactamente en la carrera 112B con calle 129 frente a una especie de centro comercial se iban a reunir unos sujetos aproximadamente de seis a ocho que pertenecían a una banda delincuencial y que iban a reunir con el fin de coordinar una repartición de un dinero, que se habían hurtado días antes en un Banco más exactamente en el Banco Santander de la calle 74 con carrera 7, que estos sujetos se movilizaban en dos vehículos, en un Mazda 323 color rojo, con característica especial que le faltaba la placa trasera y tenía masille en varias partes y un vehículo Chevrolet viejo color blanco con capota roja; una vez en el lugar luego de la reunión se trasladarán a una residencia del Barrio Quirigua ya que allí estaba el dinero que pretendían repartirse. Con base en esta información y como es nuestro deber constitucional y legal se preparó un operativo con personal de la Unidad con el fin de verificar la información y de proceder de acuerdo a lo que se presentara en la identificación de estos sujetos, búsqueda de antecedentes, con las medidas de seguridad del caso ya que según el informante los individuos irían armados, aproximadamente a las 06:45 de la mañana se ubicó personal estratégicamente en los alrededores del sitio de la supuesta reunión; a eso de las siete de la mañana llegaron al lugar indicado dos vehículos que reunían las características de la información, de esos descendieron seis sujetos hombres, dirigiéndose al frente del centro comercial; de manera inmediata procedimos verbalmente a decirles que se quedaran quietos, que levantaran las armas para requisarlos para identificarlos, pero la reacción de dos de ellos fue sacar arma de fuego y voltearse hasta donde estábamos con el fin de dispararnos ya que esa fue la intención que mostraron, pero nuestro personal estaba alerta originando una reacción inmediata, abriendo fuego sobre estos dos individuos dando de baja a uno e hiriendo a otro, los cuatro restantes emprendieron la huida de manera inmediata pero fueron capturados de 20 a 30 metros del lugar donde estaban; el sujeto que falleció tenía un revolver 38 enfundado en una chapuza negra la cual quedó a un lado de su posición cadavérica; el herido quedó al lado del muerto, y soltó un revolver 38 corto de cinco tiros de sistema de quiebra para cargar, color niquelado, modelo antiguo, estaba cargado, a los cuatro sujetos que huyeron a uno de ellos que vestía camisa a rayas, como vino tinto y blanco y jean azul, se le encontró una pistola hechiza calibre 38 con capacidad de un tiro con un tiro en la recamara y tenía otro guardado; al revisar los vehículos se encontró en la silla trasera del Chevrolet viejo una escopeta changón o corta, con un tiro en la recámara calibre 16 y otro al lado derecho, de ahí se procedió a informar el caso y a solicitar la autoridad competente para las diligencias, eso fue lo que sucedió40”.

De igual manera, obra informe del procedimiento efectuado el 6 de septiembre de 1997, en el que se destaca:

“(…)

El día 050997, a las 19:00 horas aproximadamente se acercó una persona a las instalaciones de la SIJIN, del departamento de policía Tisquesusa, ubicado en la calle 40 No 8-09, con las siguientes características, de aproximadamente 1.80 de estatura … quien argumentando razones de seguridad se negó a suministrar sus datos personales: el cual dio la siguiente información: que el día de hoy 060997 frente al sector comercial del conjunto residencial Villa María ubicado sobre la carrera 112B con calle 129, se reunirían de seis a ocho sujetos pertenecientes a un grupo de delincuentes, con el fin de ponerse de acuerdo sobre la repartición de un dinero que se habían hurtado días anteriores, en el Banco Santander,… los sujetos llegarían al lugar en dos vehículos así: Mazda 323 NX, color rojo enmasillado en varias partes, sin placa trasera; un automóvil Chevrolet viejo, color blanco con capota roja, sin más características; según el informante estas personas llegarían armadas y posteriormente se trasladarían a una residencia en el barrio Quirigua…

Con base en esta información se procedió a montar un dispositivo con personal de esta unidad en la carrera 112B con calle 129 Barrio Nueva Tibabuyes; lugar donde se reunirían inicialmente, con el fin de retener a estas personas, y en el caso que resultara efectiva esta información, realizar los procedimientos a que diera lugar.

De manera estratégica se ubicó al personal en las cercanías del mencionado sitio; siendo aproximadamente las 07:00 horas llegaron al lugar dos vehículos con las características que había suministrado el informante dentro de los cuales se transportaban seis sujetos quienes descendieron de los mismos , ubicándose sobre la carrera 12B frente a los números 129-20y 129-26, una vez se agruparon se intentó retenerlos inicialmente en forma verbal, pero dos de ellos sacaron armas volteándose con el fin de dispararnos, lo que originó una reacción inmediata por parte de nuestro personal resultando muerto uno de los sujetos que viste overol azul … y herido otro sin identificar, los cuatro restantes emprendieron la huida siendo capturados a 20 metros del lugar donde estaban reunidos…

Resultados.

1. Resultó muerto en la reacción policial un sujeto el cual viste overol azul… quien portaba el arma revolver, enfundada en una chapuza de color negro, la cual quedó al lado derecho de su posición cadavérica.

2. Resultó herido un sujeto aproximadamente de 1.65 mts… el cual portaba un revolver modelo antiguo sin marca legible, sin número de identificación, niquelado41…”

El protocolo de necropsia No. 4408-97 practicado al cadáver del señor Jorge Enrique Cárdenas Méndez, arrojó el siguiente resultado:

“(…)

Conclusión:

Hombre adulto que fallece en shock hipovolémico debido a herida cardiaca y hepática por proyectil arma de fuego.

Descripción de heridas por proyectil arma de fuego

1.1. Orificio de entrada de 0.7 x 0.8 situado en región escapular izquierda a 32 cm del vértice y a 10.5 cm de la línea media.

1.2. Orificio de salida de 1.0 x 0.4 cm situado en cara superior interna de glúteo izquierdo a 81 cm del vértice y a 1.5 cm de la línea media.

1.3. Lesiones: piel, músculos, pleura parietal izquierda, lóbulo inferior de pulmón izquierdo, psoas izquierdo, hematoma perirrenal izquierdo, tejido celular subcutáneo, piel y sale.

1.4. Trayectoria: supero inferior, izquierda derecha en el mismo plano coronal.

2.1. Orificio de entrada de 1.0 x 1.2 cm situado en región inguino crural izquierda a 86 cm del vértice y a 11 cm de la línea media. Presenta ahumamiento en los bordes y músculos subyacentes rosados por efecto de la carboximioglobina (contacto)

2.2. Orificio de salida de 1.5 x 0.8 cm situado en cada interna tercio superior de muslo izquierdo a 99 cm del vértice.

2.3. Lesiones. Piel, músculos, piel y sale.

2.4. Trayectoria: antero posterior, izquierda derecha, superior.

3.1. Orificio de entrada de 0.8 x 0.9 cm situado en región deltoidea izquierda a 26.5 cm del vértice y a 12.3 cm de la línea media. Presenta más bajo un roce en la piel de 5 x 1.5 cm a 29 cm del vértice.

3.2. Orificio de salida de 1.0 x 0.7 cm situado en región lumbar alta derecha con línea anterior posterior a 52.5 cm del vértice y a 15 cm de la línea media.

3.3. Lesiones: piel, músculos, pleura parietal anterolateral izquierda, pulmón izquierdo, cara posterior de ventrículo derecho con hemopericardio y homotórax izquierdo, del lóbulo derecho, múculos, piel y sale.

3.4. Trayectoria: antero posterior, superior inferior, izquierda derecha.

Nota: Se encontró un proyectil antiguo en los tejidos blandos de la región infraclavicular derecha. En la región deltoidea derecha existían además perdigones antiguos42”.

Así mismo, el análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica o absorción atómica, practicada por Medicina Legal y Ciencias orenses, al cadáver de Jorge Enrique Cárdenas Méndez, arrojó el siguiente resultado:

“(…).

“La determinación para residuos compatibles con los de disparos, representada por los elementos de plomo, antimonio, bario y cobre (Pb, Sb, Ba, Cu), en la muestra identificada con frotis tomado a las manos: dio el siguiente resultado:

Mano Derecha: Negativo (-)

Mano Izquierda: Positivo (+)43”.

El Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— mediante oficio DAS.DGI.DC.GBF.19196 del 2 de febrero de 1998, practicó un análisis al armamento decomisado por los miembros de la Policía Nacional en el operativo del 6 de septiembre de 1997, dentro de la Investigación seguida por la Fiscalía General de la Nación, en la que se observa:

“(…)

“Arma 1.

Clase o tipo: Escopeta.

Calibre: 16.

Marca: Remington.

Modelo: No presenta.

Fabricación: Artesanal.

Acabado: Cromada la caja de los mecanismos, el cañón en acero desnudo (oxidado) culatín y guardamano en madera (este último roto).

Nº. Identificación: 5355 estampado en el marco, costado izquierdo.

Capacidad: Un cartucho en su recámara.

Cañón: De ánima lista y longitud de 31 centímetros.

Funcionamiento: Mecánico en buen estado corroborado mediante acción en seco.

Observaciones: se inspeccionan dos cartuchos calibre 16, fulminantes sin percutir, uno marca Indumil y uno Winchester.

Arma 2.

Clase o tipo: Revolver.

Calibre: 38 corto.

Marca: Smith & Wesson.

Fabricación: Original.

Acabado: Cromo en mal estado de conservación, cachas en pasta negra.

No. Identificación: No posee.

Capacidad: tambor para 5 cartuchos del mismo calibre.

Cañón: De ánima estriada y longitud de 9.6 centímetros.

Funcionamiento: Mecánico en regular estado corroborado mediante acción en seco.

Observaciones: El arma no monta, pero al accionar el disparador es posible realizar disparos.

Arma 3.

Clase o tipo: Pistola.

Calibre: 38 corto.

Marca: Sin.

Fabricación: Artesanal.

Acabado: Acero desnudo, cachas en madera cubiertas de pintura blanca y terracota.

No. Identificación: No posee.

Capacidad: Un cartucho en su recámara.

Cañón: De ánima lista y longitud de 9.1 centímetros.

Funcionamiento: Mecánico en buen estado corroborado mediante acción en seco.

Observaciones: Se inspeccionaron además tres (3) cartuchos calibre 32 largo, dos sin percutir y uno lesionado, marca Indumil, vainillas en latón blanco argentino proyectiles cilindro-ojivales. Siete (7) cartuchos calibre 38 especial fulminantes sin percutir, seis marca Indumil y uno R-P, constituidos externamente por vainillas en latón cinco color amarillo dos color blanco argentino y proyectiles de constitución plomo desnudo dos cilindro-ojivales y cinco cilindro-planos44”.

Adicionalmente, el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— mediante oficio del 6 de octubre de 1997, informó al Fiscal instructor de la investigación por los hechos del 6 de septiembre de 1997, sobre las anotaciones que presentaban los señores Pedro Alberto Ramírez y Jorge Enrique Cárdenas, en los siguientes términos:

“(…).

“Pedro Alberto Ramírez C.C. 19.210.171 de Bogotá, aparece registrado con T.D. 1234409 y prontuario 241295, le figura lo siguiente.

Juzgado 66 Inscriminal de Fontibón en oficio 2366 de octubre 9/81 comunica que se encuentra investigado dentro del sumario 1943 por el delito de extorsión, dictó auto de detención el 30 de septiembre del 81.

Juzgado 9 Instrucción Penal Militar de Bogotá en oficio 340 de septiembre 7/84 comunica que se encuentra investigado por la infracción al Decreto 1056/84.

Juzgado 14 Penal Municipal de Bogotá en octubre 19/76 condena a 32 meses de prisión por el delito de robo y lesiones personales, el juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá en oficio 229 de febrero 18/77 comunica que reformó a 27 meses de prisión, causa 11315.

Juzgado 75 inscriminal de Bogotá en oficio 0025 de septiembre 7/77 comunica que lo vinculó a la investigación dentro del sumario 433.

Juzgado Penal Municipal y del circuito de la mesa condenaron a 42 meses de prisión.

Juzgado Penal del Circuito de la Mesa en telegrama 266 de junio 17/86 comunica que se encuentra investigado por el delito de hurto, sumario 2505. Misma autoridad y Juzgado Penal Municipal en octubre 22/86 condena a 66 meses de prisión por hurto, sentencias del Juzgado Penal del Circuito de la Mesa y honorable Tribunal Superior de Bogotá en octubre 22/86 y febrero 23/87.

Unidad local 5 de patrimonio económico fiscal 135 de Bogotá en oficio 18561 de diciembre 30/86 comunica que se encuentra investigado dentro del proceso 301193. Misma autoridad en oficio 557 de enero 17/97 impide salida del país.

Jorge Enrique Cárdenas Méndez C.C. 79.250.826 de Tunjuelito, aparece registrado con T.D. 3758944 y prontuario No. 311555, le figura lo siguiente.

Fiscalía 304 de Ubaté dictó auto de detención en agosto 13/93 por estar vinculado dentro del sumario 438 por el delito de hurto calificado agravado y otro.

Juzgados regionales de Bogotá en septiembre 28/94 condenó a 50 meses de prisión, el Juzgado de ejecución de penas y medidas de Acacias en diciembre 22/95 ordenó la libertad condicional, delito hurto calificado y agravado45”.

Finalmente, la Sentencia proferida por el Juzgado 28 Penal del circuito de Bogotá del 9 de febrero de 1999, en la que se absolvió entre otros al señor Pedro Alberto Ramírez de los delitos de concierto para delinquir en concurso con porte ilegal de armas, expresó:

“(…) en el caso en estudio, lo único con que se cuenta es con una información que desató en un operativo cuya organización no fue la mejor y un informe policial plagado de contradicciones que imponen sino su desestimación total, si la duda en cuanto a lo que verdaderamente ocurrió y se encontró en cada uno de los procesados…

“La conjugación de las consideraciones enunciadas son delicitarias para pregonar la certeza sobre la responsabilidad de Juan Humberto Espitia Buitrago … y Pedro Alberto Ramírez, surgiendo una duda racional, pues no puede sostener el juzgado que en efecto ellos se concertaron para cometer delitos, y que las armas de que cuenta el informe policial fueron realmente halladas como en su contenido se indicó… similar consideración surge respecto del porte de armas que según el informe policial fueron decomisadas, pues si se tiene que la fuente que indica la tenencia en manos de los procesados se encuentra afectada de invericidad y múltiples inconsistencias, con el mismo rasero se ha de concluir que tal elemento de juicio no tiene la virtualidad de generar la certeza respecto de que dichas armas les fueron encontradas…46”.

Ahora bien, en lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión47”; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política48”.

Al respecto, en varios pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, lo de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas49”.

En cuanto se refiere a los daños ocasionados por miembros de la fuerza pública, la jurisprudencia ha precisado, entre los aspectos, lo siguiente:

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecería como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público. En el caso sub judice se acreditó que el arma utilizada por el agente no era de dotación oficial; se desconoce la motivación del hecho, por lo tanto, no puede afirmarse que el agente inculpado actuó frente a la víctima prevalido de su condición…50”.

Vistas las pruebas allegadas al proceso penal y trasladadas al contencioso demuestran en primer término que los miembros de la Policía Nacional —MY. Juan Carlos Pinzón Amado, MY. Juan Carlos Montero Páez, IT. Daniel Emilio Salamanca Salamanca, Sub IT. John Alexander Higuera Rivas, AG. Carlos José Pabón, IT. Pedro Pablo Martínez Martínez, DG. Víctor Absalo Cortés Rodríguez, SI. Alexander Rodríguez García, SI. Hebert Matiz Herrera, AG. Luis Medina Rojas, AG. Darío Pineda, PT. Marco Gordo Briceño51— al momento de ocurrencia de los hechos se hallaban en misión oficial52 y en prestación del servicio.

Los hechos debidamente probados indican la existencia de la falla administrativa en la prestación del servicio, por lo siguiente: antes de la ocurrencia del suceso, las víctimas se encontraban en el lugar de los hechos presuntamente para distribuirse el dinero de un hurto realizado a un establecimiento bancario, según se desprende de la información vertida en el informe policial sobre el operativo, cuando fueron sorprendidos por miembros de la fuerza pública que ante una orden verbal de retención los señores Jorge Enrique Cárdenas Méndez y Pedro Alberto Ramírez intentaron sacar unas armas con el fin de dispararlas, fueron sorprendidos por las balas producidas por los policías ocasionando la muerte del primero y heridas al segundo.

En tal sentido, los miembros de la Policía Nacional con su conducta vulneraron varias normas jurídicas así: —el artículo 2 constitucional, sobre la protección a la vida de las personas, derecho reconocido en los tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso, entre otros en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José aprobado por la Ley 16 de 1972 y ratificado el 31 de julio de 1973 (art. 4º); —el 6º: alusivo a la responsabilidad de los servidores por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones que en términos del artículo 90 ibídem ocasionada responsabilidad del Estado y el derecho de éste a repetir contra el agente cuando actúe con culpa grave o dolo; —el 216: en cuanto se utilizaron armas públicas con finalidad distinta de la defensa de una necesidad pública53.

También debe quedar claro, que no hay prueba dentro del expediente que acredite que los disparos efectuados por los policías con los cuales resultó muerto Jorge enrique Cárdenas Méndez y herido Pedro Alberto Ramírez, hubiesen tenido como propósito único y exclusivo repeler la agresión actual y cierta de las cuales pudieran haber sido víctimas los agentes estatales, pues como lo indicó el informe realizado por los expertos del DAS las armas no fueron disparadas y más aun tomando en consideración que, no obstante la prueba de emisión atómica practicada al occiso resultó positiva para la mano izquierda, ello no es indicativo de que el arma hubiese sido accionada, tal como ha sido el criterio de la Subsección54.

En el caso concreto, se insiste, la evidencia pone de manifiesto que los policiales dispararon haciendo un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, lo que configuró una falla del servicio, como quiera que se vulneró el derecho a la vida de Jorge Enrique Cárdenas Méndez y a la salud de Pedro Alberto Ramírez, que sólo puede ceder en estas situaciones o circunstancias, cuando se demuestre una legítima defensa o un estado de necesidad, pero siempre ponderado otro bien jurídico de igual rango, es decir, otra vida humana en términos de inminencia y urgencia.

Las circunstancias señaladas ponen de presente, sin duda alguna, que se le debe imputar a título de falla del servicio a la entidad demandada el daño antijurídico y por lo tanto, debe responder patrimonialmente.

2.4. Los perjuicios morales.

2.4.1. Perjuicios morales reconocidos a los familiares del señor Jorge Enrique Cárdenas Méndez —fallecido—.

Para ésta Sub-sección es claro que desde la Sentencia del 17 de julio de 1992, los perjuicios morales argüidos por los hermanos de la víctima se presumen. En efecto, se dijo en ese entonces que:

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles”.

Sin embargo,

“(…) la Corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda soledad (la familia), existía cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afecta moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existían medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que sí la evidencien55” (resaltado fuera de texto).

De igual forma, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

“No obstante lo anterior, la Sala puede dar por probado el perjuicio moral en los actores con ocasión de la muerte de su hijo y hermano, por cuanto la reglas de la experiencia hacen presumir56 que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad57”.

Actualmente, la Corporación viene reconociendo que la simple acreditación dela relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes, de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de la víctima, y sus hermanos es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales58.

El anterior criterio, ha sido ratificado por la Sala Plena de la Sección Tercera que en sentencia de unificación sobre los perjuicios morales consideró:

“(…)

“Así las cosas, en esta oportunidad, la Sala reitera la necesidad acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Ahora bien, no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación la características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez, y bajo esa concepción han de entenderse los lineamientos que la jurisprudencia ha llegado a decantar que en ese punto —el del quantum— obra como referente.

5.1. Perjuicios morales para los padres, hermanos y abuelos del fallecido.

La sentencia que se examina reconoció por concepto de perjuicios morales a los padres de la víctima el equivalente en pesos a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales y a los hermanos treinta (30). Señala la parte apelante que la condena así impuesta, además de discriminatoria, va en contra de los reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado.

Como atrás se indicó, la jurisprudencia de la Sección ha entendido que las reglas de la experiencia ponen de presente que normalmente sufren dolor moral los padres, hijos, hermanos, abuelos, con la pérdida de un ser querido, razón por la cual es posible presumir su causación con la sola acreditación de la relación de parentesco. Al respecto dijo la Sala en Sentencia del 9 de junio de 201059:

“Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que tanto los padres como los hermanos del occiso sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado del homicidio de su hijo y hermano. En efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos haya fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política60 y de las máximas de la experiencia, es posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

“En afecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de un ser querido; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso”.

En este punto ha de resaltarse que no acoge la Sala la manera como el a quo dispuso la tasación indemnizatoria, pues, como bien advierten los impugnantes, ninguna razón ofreció para apartarse de los lineamientos generales que la jurisprudencia para eventos como el que hoy conoce esta Sala ha entregado a la comunidad jurídica, circunstancia que impone que deban ajustarse sus valores a esos lineamientos por no existir en el proceso circunstancias demostradas que permitan introducir las reducciones que dieron lugar a la protesta de los demandantes afectados61”.

De conformidad con lo expresado en Sentencia del 6 de septiembre de 2001, ha sido una constante posición jurisprudencial de la Sección, que en materia de perjuicios morales, el valor de la condena debe hacerse por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad62.

En tal sentido, los perjuicios morales reconocidos a los familiares de la víctima cumplen con ese parámetro en la medida que se le otorgaron a Jorge Cárdenas Pinzón (padre) María Emma del Carmen Paipa Ávila63 (compañera permanente) Jorge Nicolás y Edwin Enrique Cárdenas Paipa (hijos)64 el monto máximo de reconocimiento al mayor grado de intensidad por el dolor y congoja que les produjo su muerte, es decir, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, respecto de los hermanos el a quo reconoció el equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno, con lo cual se estaría desconociendo el precedente jurisprudencial, por cuanto, la suma concedida a éstos no tuvo en cuenta la magnitud e intensidad del daño sufrido por las demandantes con la muerte de su hermano Jorge Enrique Cárdenas Méndez, por lo que les será reconocida a Luis Carlos, Cesar Augusto, Freiman Alfredo, Luz Marina, Blanca Cecilia y María Magdalena Cárdenas Méndez65, por tal razón la Sala reconocerá el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como perjuicio moral al considerar que está plenamente demostrada su pena y aflicción por la muerte de su hermano.

En este orden de ideas, esta Sub-sección modificará el valor concedido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en lo correspondiente al perjuicio moral a los familiares del señor Jorge Enrique Cárdenas Méndez ajustando dichos valores a los parámetros jurisprudencialmente aceptados por la Sala.

2.4.2. Perjuicios morales reconocidos a los familiares del señor Pedro Alberto Ramírez –lesionado–.

El a quo reconoció como perjuicios morales por las lesiones padecidas por el señor Pedro Alberto Ramírez el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su condición de víctima y cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la compañera permanente Gloria Fonseca e hijos Henry Wilmar, Sneyder Yesid, Giovanni Alejandro y Ediccson Alberto Ramírez Fonseca66 al considerar que “…el perjuicio moral sufrido por las lesiones del señor Pedro Alberto Ramírez, lo afectó de manera cierta, real y directa, según el acervo probatorio y a la compañera permanente e hijos, según los testimonios recabados en el proceso…67”.

En este orden de ideas, la Sala considera que dicho perjuicio se presume tanto para la víctima directa de las lesiones como para sus familiares. No obstante, en el caso bajo estudio obran los testimonios de María Matilde Casteblanco quien manifestó: “(…) Pedro A. Ramírez vive con la esposa Gloria Fonseca y con ella tiene 4 hijos menores… él se encuentra inválido ya que no puede salir, caminar o moverse, y desde el momento de que le pasó lo del accidente él no ha podido trabajar…68”; José Tulio Gil Pérez, quien manifestó: “(…) a don Alberto le distingo la esposa que es la señora Gloria a hijos menores y están estudiando …él actualmente no está bien ya que está enfermo de una pierna en la que le dispararon, en el momento no trabaja ya que está incapacitado para trabajar…69”; y Carlos Julio Castañeda Rodríguez, quien expresó: “(…) Pedro Alberto tiene cinco hijos todos con su esposa Gloria Fonseca…70”.

Por lo anterior, la Sala considera ajustado el reconocimiento que de dichos perjuicios hizo el a quo, respecto del señor Pedro Alberto Ramírez en su condición de víctima.

Respecto de los demás familiares la Sala considera que debe ser modificado el reconocimiento de los perjuicios morales reconocidos a la compañera e hijos del señor Pedro Alberto Ramírez, en atención al sufrimiento que les causó las lesiones padecidas por su compañero y padre de conformidad con la prueba testimonial, por ello, le serán reconocidos el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la compañera permanente Gloria Fonseca y veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes a Henry Wilmar, Sneyder Yesid, Giovanni Alejandro y Ediccson Alberto Ramírez Fonseca (hijos) para cada uno de ellos.

2.5. Los perjuicios materiales.

2.5.1. Perjuicios materiales reconocidos a los familiares del señor Jorge Enrique Cárdenas Méndez —fallecido—.

2.5.1.1. Lucro cesante.

Comoquiera, que no existe claridad sobre los ingresos y el aparente desarrollo de una actividad económica por parte del señor Jorge Enrique Cárdenas Méndez71 de la que derivaba su sustento y el de su familia, se accederá a la pretensión sobre lucro cesante, para lo cual, se tomará como base el salario mínimo actual $ 616.000, dicho guarismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales y se le restará el 25% de lo que la víctima gastaba en su manutención, lo que arroja la suma de $ 578.000 que será el valor que se toma para calcular el lucro cesante, suma ésta que se dividirá así: 50% para María Emma del Carmen Paipa Ávila pues el criterio reiterado de la Sala sobre la ayuda que una persona destina para los gastos y manutención de su familia se hace que una persona destina para los gastos y manutención de su familia se hace sin distinción alguna a la actividad que realice su pareja y el restante 50% se dividirá entre sus dos (2) hijos Jorge Nicolás y Edwin Enrique Cárdenas Paipa, es decir 25% para cada uno.

La indemnización se concederá a María Emma del Carmen Paipa Ávila hasta la vida probable del señor Jorge enrique Cárdenas Méndez y para cada uno de los hijos (Jorge Nicolás y Edwin Enrique Cárdenas Paipa) el periodo consolidado hasta los 25 años de edad.

María Emma del Carmen Paipa Ávila

La indemnización comprende un periodo consolidado desde la fecha de los hechos el 6 de septiembre de 1997, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 209,01 meses.

FORMULAS-2282-1
 

FORMULAS-2282-2
 

S = $ 104.434.752,87

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

Para efectos de la liquidación del lucro cesante futuro, la esperanza de vida de una persona que tenía 38 años 4 meses para la época de los hechos como es el caso sub lite, es de 38.64 años que corresponden a 463.68 meses. Para calcular el lucro cesante futuro, se habrá de sustraer de la expectativa de vida, el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponden a 209,01 meses, dando un total de 254.67 meses que será el lapso a indemnizar, tomando como valor el 50% de los ingresos del señor Jorge enrique Cárdenas, equivalente a la suma de $ 289.000.

FORMULAS-2282-3
 

FORMULAS-2282-4
 

S = $ 42.135.281,92

Total perjuicios materiales (lucro cesante) $ 146‘570.034,79

Para cada uno de los dos (2) hijos se liquidará así:

Jorge Nicolás Cárdenas Paipa

Nacido el 28 de junio de 1981(72), los 25 años se cumplieron el 28 de junio de 2006. La indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 6 de septiembre de 1997, hasta la fecha en que cumpliría la dicha edad, esto es, 111,73 meses.

FORMULAS-2282-1
 

FORMULAS-2282-5
 

S = $ 21.384.104,13

Edwin Enrique Cárdenas Paipa

Nacido el 5 de septiembre de 198273, los 25 años se cumplieron el 5 de septiembre de 2007. La indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 6 de septiembre de 1997, hasta la fecha en que cumplirá la dicha edad, esto es, 120,03 meses.

FORMULAS-2282-1
 

FORMULAS-2282-6
 

S = $ 23.484.317,11

2.5.1.2. Daño emergente.

El a quo negó el reconocimiento del daño emergente por concepto de gastos funerarios y derechos de inhumación del cuerpo de Jorge Enrique Cárdenas, sufragados por el señor Luis Carlos Cárdenas, al considerar que las facturas fueron aportadas en copia simple, no obstante, la sala valorará dichas pruebas de conformidad con la jurisprudencia anteriormente relacionada en torno al valor de las copias simples. Adicionalmente dichos documentos no fueron controvertidos ni tachados de falsos por ninguna de las partes en primera instancia.

Sobre el concepto de factura la Sala ha expresado que:

“(…) comercialmente la factura es un documento que soporta y refleja transacciones u operaciones de venta o de servicios, en la medida en que identifica la realización de un contrato de compraventa o de la prestación de servicios en el tráfico mercantil y discrimina el detalle de su contenido (monto de la transacción, descripción del bien comprado o del servicio prestado, fletes e impuestos, las condiciones de pago y las personas que en él intervienen).

A la vez tiene una connotación jurídica dado que prueba o acredita la entrega de bienes o mercancías o la prestación de un servicio, con independencia del pago o no, pues éste bien puede realizarse con posterioridad, así como contable en cuanto se constituye en el soporte documental de un hecho económico (artículo 123 del Decreto 2649 de 1993).

La legislación comercial establece que “[e]l comprador tiene derecho a exigir del vendedor la formación y entrega de una factura de las mercancías vendidas con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada” (art. 944 del C. de Co.)74”.

Así las cosas, observa la Sala que a folios 17 y 18 de cuaderno 11 obra la factura 1985 de la Funeraria Fátima del 9 de septiembre de 1997, por valor de $ 140.000, por concepto del entierro de Jorge Enrique Cárdenas Méndez y la factura No. 1986 de dicha funeraria por el mismo concepto en cuantía de $ 400.000. Igualmente, obra la factura 65636 del 9 de septiembre de 1997, por valor de $ 150.000, por concepto de derechos de inhumación cancelados por el señor Luis Carlos Cárdenas Méndez.

Los anteriores documentos cumplen con los requisitos exigidos por las normas comerciales para ser considerados como facturas, por cuanto, los mismos soportan la prestación de unos servicios —en este caso funerarios— discriminan su monto, las condiciones de pago y las personas intervinientes en la prestación de dichos servicios, debiéndose actualizar las anteriores sumas conforme a las fórmulas actuarias utilizadas por esta Corporación.

FORMULAS-2282-7
 

FORMULAS-2282-9
 

Ra = $ 192.856,38

FORMULAS-2282-10
 

FORMULAS-2282-11
 

Ra = $ 206.631,83

Así las cosas, esta Sub-sección modificará la Sentencia apelada por concepto de daño emergente para reconocer en favor del señor Luis Carlos Cárdenas Méndez el valor de los costos sufragados por concepto de gastos funerarios y de inhumación del cuerpo del señor Jorge Enrique Cárdenas en cuantía de $ 950.506,44.

2.5.2. Perjuicios materiales reconocidos a los familiares del señor Pedro Alberto Ramírez —lesionado—.

Comparte la Sala las consideraciones hechas por el a quo en torno al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante única y exclusivamente en favor del señor Pedro Alberto Ramírez en su condición de víctima directa de las lesiones padecidas, al considerar que: “… en cuanto a los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, el único destinatario legal es el señor Pedro Alberto Ramírez, quien resultó lesionado durante el operativo policial, pues se demostró a través del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 93 a 94 c. 2) una incapacidad médico legal definitiva de 100 días; pero, no hay evidencia probatoria que demuestre fehacientemente su real discapacidad, toda vez que la prueba pertinente y conducente que el actor no aportó, era el concepto de la Junta Regional de Calificación de Invalidez que se hubiera pronunciado sobre la posible minusvalía y el porcentaje de la misma para su desempeño laboral hacia el futuro, por tal razón no se puede reconocer indemnización por este concepto75”.

En este orden de ideas, la Sala reconocerá a título de lucro cesante consolidado el equivalente a los 100 días de incapacidad otorgados por Medicina Legal, al no contar con elementos de juicio permitan establecer un tiempo mayor de incapacidad y el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del señor Pedro Alberto Ramírez, tomando para ello el salario mínimo mensual vigente para la fecha de ésta sentencia $ 616.000, adicionado el equivalente a un 25% por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 770.000, en consideración que no existe claridad sobre la actividad económica ejercida por éste76 con anterioridad a la ocurrencia de las lesiones en el operativo del 6 de septiembre de 1997, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y de los principios de reparación integral y equidad en dicha norma contenidos77. Dicha indemnización se calculará con base en la siguiente fórmula:

FORMULAS-2282-1
 

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta actualizada que equivale a $ 770.000.

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el periodo indemnizable: el equivalente a los 100 días de incapacidad, esto es, 3.333 meses.

FORMULAS-2282-12
 

S = $ 2.581.011,94

2.6. Daño a la salud

El a quo reconoció por concepto al daño a la vida de relación —hoy daño a la salud— el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, considerando para ello que: “Con fundamento en el dictamen pericial, la Sala considera que hacia el futuro la vida de relación del señor Pedro Alberto Ramírez, se verá afectada por las secuelas que dejaron las lesiones producidas, por tal razón se le reconocerá por éste concepto el equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la sentencia”.

En este orden de ideas, la posición unificada de la Sala en torno al daño a la salud es la siguiente:

“(…)

De modo que, el “daño a la salud” —esto es el que reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce (sic) a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (artículo 49 C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad78.

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

Es así como la doctrina, sobre el particular señala:

“Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida de rentas que pueda ocasionar.

“Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico – legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución…79” (se destaca).

En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)80, sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial que implicaba (imposibilidad de objetivización)81.

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e (sic) desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los preciados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería compresivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial82. En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizado está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorios que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salid comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica83. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”84.

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal8586.

Sobre la forma de cuantificar este perjuicio la Subsección ha considerado que:

“Ahora bien, en cuanto a la tasación de este perjuicio, se tiene por establecido que comprende dos componentes, “el aspecto estático, constituido por el déficit funcional, que se determina con el auxilio de las tablas creadas por la jurisprudencia para este fin, y el aspecto dinámico, que se refiere a todas las consecuencias no patrimoniales que sobre la vida de la víctima ocasiona las perdida de la integridad psicofísica”87, frente a los cuales, la reciente posición de la Sala señaló que el elemento objetivo o estático debe determinarse con base en la calificación de la Junta de Calificación de Invalidez, conforme al Decreto 917 de 1999, y el monto indemnizatorio en este aspecto será máximo de 300 SMLMV. Ahora bien, en caso de no existir dicha calificación, el monto se establecerá en un máximo de 150 SMLMV, de conformidad a la lesión padecida.

En cuanto al componente subjetivo o dinámico, éste podrá aumentar la indemnización hasta en 100 SMLMV, teniendo en cuenta las pruebas del proceso y el arbitrio judicial conforme a la sana crítica y las reglas de la experiencia.

Al respecto se indicó:

“Bajo este propósito, la Sala determinará el contenido del elemento objetivo con base en la calificación integral de la invalidez, que debe constar en el dictamen emitido por la Junta de Calificación, que a si vez tiene en cuenta componente funcionales, biológicos, psíquicos y sociales del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad, y definidos por el Decreto 917 de 1999, esto es, bajo los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía:

“a) Deficiencia: Se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una estructura de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano.

b) Discapacidad: Se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona.

c) Minusvalía: Se entiende por Minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno”.

Definidos los criterios para calificar la invalidez, el dictamen debe otorgar unos porcentajes a cada uno de los componentes antes mencionados, cuya sumatoria equivalente al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, porcentaje al que necesariamente debe responder la indemnización que dentro del componente objetivo del daño a la salud se reconozca, para cuyo efecto se considera que en los casos en que la disminución de la capacidad laboral alcance el 100% su valor indemnizatorio puede fijarse en la suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales.

Ahora bien, considerando que el referente normativo adoptado, es decir, el Decreto 917 de 1999 distribuye el porcentaje de incapacidad en los diferentes criterios de calificación de la invalidez, igualmente se propone distribuir la correspondiente indemnización en la siguiente proporción:

Criterios de Calificación
de La Invalidez
Porcentaje Máximo de Pérdida
de Capacidad Laboral
Monto Máximo de Salarios Mínimos Legales Asignado por la Corporación
Deficiencia50%15 SMLMV
Discapacidad20%60 SMLMV
Minusvalía30%90 SMLMV
Total pérdida de la capacidad laboral100%300 SMLMV

Es pertinente precisar, que en los eventos que no repose en el material probatorio el dictamen emanado por la Junta de Calificación, en el que se especifique los tres criterios de clasificación de invalidez, el porcentaje que tal dictamen determine se imputará al rubro de Deficiencia, es decir, 150 SMLMV, en forma proporcional.

Y por último, el segundo componente, esto es, el elemento subjetivo del daño a la salud, permitirá incrementar, con fundamento en el material probatorio, la sana crítica y las reglas de la experiencia, el quantum determinado en el aspecto objetivo, de manera que se atiendan las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada88, en cuyo efecto se sugiere como límite para los casos de mayor intensidad el equivalente a 100 SMLMV.

En conclusión, se estima oportuno destacar que el daño a la salud, está compuesto de dos elementos, el primero de ellos (objetivo) con una valoración de 75% como máximo reconocible, esto es, hasta 300 salarios mínimos legales, de conformidad con lo señalado en párrafos precedentes y el segundo (subjetivo o dinámico), correspondiente hasta el 25%, el cual se reconocerá cuando las pruebas den lugar a ello, ascendiendo al monto de 100 salarios mínimos”89.

Tomado en cuenta al anterior criterio jurisprudencial, en el caso bajo estudio observa la Sala que mediante oficio radicado bajo el número 200102081002 del 8 de febrero de 2001, el Instituto de Medicina Legal remitió dictamen pericial practicado al señor Pero Alberto Ramírez, en el cual se concluye lo siguiente: “(…) Se establece como elemento causante de la lesión proyectil de arma de fuego. Amerita 100 días de incapacidad médico legal definitiva. Como secuelas médico legales: 1—deformidad física de carácter permanente. 2—Perturbación funcional del miembro inferior derecho y del órgano de la marcha de carácter permanente. 3—Perturbación funcional del órgano de la reproducción de carácter permanente.”90

Al entrar a analizar el componente objetivo o estático del daño a la salud padecido por el señor Pedro Alberto Ramírez, y dado que no obra en el expediente un dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez y considerando las lesiones descritas en el dictamen de medicina legal, el cual requiere lesiones de carácter permanente le será reconocido el monto máximo asignado para estos casos, es decir, ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cuanto al componente subjetivo o dinámico teniendo en cuenta los testimonios que obran en el proceso los cuales refieren el estado de incapacidad en el que se encuentra el señor Pedro Alberto Ramírez y tomando en cuenta las reglas de la experiencia que indican que las lesiones padecidas por éste afectan el normal desarrollo de las actividades propias de la vida del ser humano le serán reconocidos sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para un total de doscientos diez (210) salarios legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud en favor del señor Pedro Alberto Ramírez.

2.7. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 se modifica el artículo 171 de C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sub-Sección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA.

Modificar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Sala de Descongestión el 30 de junio de 2004, y en su lugar se dispone:

1. Declárese administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por los hechos objeto de esta demanda y conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales, las siguientes sumas:

2.1. Lucro cesante familiares de Jorge Enrique Cárdenas Méndez:

María Emma del Carmen Paipa Avila (compañera permanente), ciento cuarenta y seis millones quinientos setenta mil cero treinta y cuatro pesos con setenta y nueve M.L. ($146.570.034,79)

Jorge Nicolás Cárdenas Paipa (hijo), veintiún millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento cuatro pesos con trece M.L. ($21.384.104,13)

Edwin Enrique Cárdenas Paipa (hijo), veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos diecisiete pesos con once M.L. ($23.484.317,11)

2.1.2 Daño emergente familiares de Jorge Enrique Cárdenas Méndez: Luis Carlos Cárdenas Méndez (hermano), novecientos cincuenta mil quinientos seis pesos con cuarenta y cuatro M.L. ($950.506,44).

2.2. Lucro cesante Pedro Alberto Ramírez (víctima), dos millones quinientos ochenta y un mil once pesos con cuarenta y cuatro M.L. ($2.581.011,44)

3. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

3.1. Familiares de Jorge Enrique Cárdenas Méndez.

María Emma del Carmen Paipa Ávila, (compañera permanente), cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

Jorge Nicolás Cárdenas Paipa y Edwin Enrique Cárdenas Paipa, (hijos) cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia para cada uno.

Jorge Cárdenas Pinzón, padre, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

Luis Carlos Cárdenas Méndez, Cesar Augusto Cárdenas Méndez, Freiman Alfredo Cárdenas Méndez, Luz Marina Cárdenas Méndez, Blanca Cecilia Cárdenas Méndez y María Magdalena Cárdenas Méndez, (hermanos), cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes para la fecha de la sentencia, para cada uno.

3.2. Familiares Pedro Alberto Ramírez.

Pedro Alberto Ramírez (víctima) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia.

Gloria Fonseca (compañera permanente) veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia.

Henry Wilmar, Sneyner Yesid, Giovanni Alejandro y Ediccson Alberto Ramírez Fonseca (hijos), veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia para cada uno de ello.

4. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional, a pagar por concepto de daño a la salud, la siguiente suma:

A Pedro Alberto Ramírez, lesionado, doscientos diez (210) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia.

5. Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto denegó las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

6. Sin costas.

7. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuado como apoderado.

9. En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

(2) Los hechos sucedieron el 6 de septiembre de 1997 y las demandas se presentaron el 30 de agosto de 1999,— expedientes 992238, 992238, 992239 y 6 de septiembre 1999, expediente 992282 respectivamente, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; Código Penal Enrique Gil Botero.

(4) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp. 10922.

(5) Ver Sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente 9.666; de 8 de febrero de 2001, expediente 13.254; de 17 de mayo de 2001, expediente 12.370; de 21 de febrero de 2002, expediente: 05001-23-31-000-1993-0621 (12.789).

(6) Sentencia C-836 que dictó la Corte Constitucional el 9 de agosto de 2001. Exp: D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.

(7) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. Rad. 1999-01250 Código Penal Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(8) Ver entre otras, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Rad. No. 1996-0142 y 1994-0845. Código Penal Enrique Gil Botero.

(9) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 29 de agosto de 2012. Código Penal Enrique Gil Botero.

(10) Consejo de Estado. Sala Plena Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Código Penal Enrique Gil Botero. Rad. No. 25.022.

(11) Mediante oficio No. 2937 del 28 de septiembre de 2000, el Juzgado 28 Penal del Circuito remitió fotocopia del proceso 11.503 seguido por los hechos donde resultó muerto el señor Jorge Enrique Cárdenas y herido el señor Pedro Alberto Ramírez. Cdnos. 3, 4 y 5.

(12) “ART. 185. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.”

(13) Sección Tercera, Sentencia de 21 de abril de 2004. Exp. 13607.

(14) Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2004. Exp. 14951.

(15) Sección Tercera, Sentencia de 22 de abril de 2004. Exp. 15088.

(16) Sección Tercera, Sentencia de 24 de noviembre de 1989. Exp. 5573.

(17) Sección Tercera, Sentencia de 24 de noviembre de 1989. Exp. 5573

(18) Sección Tercera, Sentencia de 20 de mayo de 2004. Exp. 15650. Las pruebas que acreditan la responsabilidad de la demanda que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados por la misma, pueden ser valoradas en el presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron por la parte contra que se aducen”. Las piezas procesales adelantadas ante la justicia disciplinaria y penal militar se allegaron por el demandante durante el periodo probatorio, y pueden volarse. Sección Tercera, Sentencia de 13 de noviembre de 2008. Exp. 16741.

(19) Sección Tercera, Sentencia de 16 de noviembre de 1993. Exp. 80549.

(20) Sección Tercera, Sentencias de 14 de abril de 2004. Exp. 15630; de 22 de abril de 2004. Exp. 14877, de 5 de diciembre de 2005. Exp. 15914. “…El artículo 229 del mismo código dispone:

“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

“Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

“Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con requisitos previstos en los artículo 229 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

“Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir, que el testigo lea su declaración anterior”.

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P.C. Si se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se resalta).

“En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio” (subrayado fuera de texto). Sección Tercera, Sentencia de 13 de abril de 2000. Exp. 11898.

(21) Sección Tercera, Sentencia de 21 de abril de 2004. Exp. 13607. Si la prueba testimonial trasladada no cumple las condiciones del artículo 185 del CPC está obligada a ser ratificada “salvo que la parte contra la cual se aducen la acepte o acuda a ella para analizar el problema jurídico debatido en las oportunidades de intervención procesal que la Ley le otorga (art. 229 num. 1º)”. Sección Tercera, Sentencia de 1 de marzo de 2006. Exp. 15284.

(22) Sección Tercera, Sentencia de 21 de abril de 2004. Exp. 13607. Además “se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 (…) por el cual se reitera, su apreciación es viable”. Sección Tercera, Sentencia de 26 de febrero de 2009. Exp. 16727. Puede verse también: Sección Tercera, Sentencia de 30 de mayo de 2002. Exp. 13476. “Se exceptúa respeto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del art. 254 Código de Procedimiento Civil y los informes y peritaciones de entidades oficiales (art. 243 CPC)”. Sección Tercera, Sub-sección B, Sentencia de 14 de abril de 2011. Exp. 20587.

(23) Sección Tercera, Sub-sección B, Sentencia de 27 de abril de 2011. Exp. 20374.

(24) Sección Tercera, Sentencia de 9 de diciembre de 2004. Exp. 14174.

(25) Sección Tercera, Sentencia de 24 de enero de 2007. Exp. 32216. Puede verse también: Sección Tercera, auto de 7 de febrero de 2002. Exp. 21645; Sentencia de 19 de noviembre de 1998. Exp. 12124.

(26) Sección Tercera, Sentencia de 5 de junio de 2008. Exp. 16398.

(27) Sección Tercera, Sub-sección C, Sentencia de 18 de enero de 2012. Exp. 19920.

(28) Sección Tercera, Sub-sección C, Sentencia de 9 de mayo de 2012. Exp. 20334. Reiterada en Sentencia del 30 de enero de 2013. Exp. 25576. Código Penal Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(29) Fls. 11-12. Cdno. 4.

(30) Fl. 14. Cdno. 4.

(31) Sentencia del 9 de marzo de 2000 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 16019.

(32) Sentencia del 16 de febrero de 2001 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 12703.

(33) Sentencia del 10 de agosto de 2005 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 16205.

(34) GORPHE, Francois. La apreciación judicial de las pruebas. Editorial La Ley, Buenos Aires, 1967, páginas 373 y 374.

(35) Sentencia del 7 de octubre de 2009. Expediente 17.629.

(36) “La prueba testimonial es generalmente la principal… es posible prescindir de la confesión o de los escritos, pero es más difícil prescindir de testigos cuando se quiere saber cómo se desarrollaron los hechos. ‘Los testigos, decía Bentham, son los ojos y os oídos de la justicia’: instrumentos preciosos, pero a menudo engañadores, deben ser utilizados con un gran sentido crítico. Es una prueba relativamente simple y fácil de recibir, pero a menudo muy delicada de apreciar…” Gophe, Francis, la apreciación judicial de las pruebas Editorial La Ley. Buenos Aires 1967. Pág. 367.

(37) “…es difícil interpretar los indicios sin ayuda de los testigos; es casi imposible apreciar los testimonios sin emplear ciertos indicios de credibilidad. También la práctica hace marchar a la par a estos dos medios de prueba, a pesar de su aparente oposición. Hasta hemos visto que ‘prueba directa’ y ‘prueba indirecta’ entra bajo la misma forma lógica de inferencias, ya deductiva, ya, lo más frecuentemente, inductiva o empírica. En ambos casos, la fuerza de la inferencia depende de ciertas condiciones que deben ser determinadas y que varían…” Ibídem.

(38) “El peligro de esta clase de testimonio se hace sentir menos ante los jueces experimentados… también es cierto que, en la vida corriente y en la historia general, resulta obligado atender a lo que se dice de esta forma; pero es a falta de mejor información y bajo reservas, mientras la cuestión que constituye su objeto no se halle sometida a discusión” Ibídem. Pág. 375.

(39) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 7 de julio de 2011. Exp. 21156.

(40) Folios 30-31 cuaderno 4.

(41) Folios 30-31 cuaderno 4.

(42) Folios 32-34 cuaderno de pruebas 2.

(43) Folios 240 cuaderno 4.

(44) Folios 501-502 Nº. 12.

(45) Folios 400 Nº. 12.

(46) Folios 157 y 158 anexo Nº. 1.

(47) Ibídem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de julio 12 de 1993; Exp. 7622.

(49) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de julio del 2010; Rad. 1998-0569.

(50) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 14 de junio de 2001; expediente 13.303.

(51) Mediante oficios Nrs. 0064 y 465 del 3 de enero de 2003 y 27 de enero de 2002, respectivamente, la Policía Nacional remitió los extractos de las hojas de vida de los policiales que participaron en el operativo del 6 de septiembre de 1997, informando que por tales hechos no fue seguida investigación disciplinaria (fl. 82. cdno. 2).

(52) Consta en el libro de población del CAI de la las circunstancias como se desarrolló el operativo realizado por unidades de la SIJIN al mando del CT Juan Carlos Páez, el 6 de septiembre de 1997, donde se señala: “06-09-97 12:30 anotación: a la hora se hace presente del caso o asunto en la carrera 112 B Calle 129 a las 7:00 horas en donde unidades de la Sijin al mando del señor CT Montero Páez Juan Carlos y TE Martín Gómez Javier realizaron operativo en donde capturaron a cuatro armas de fuego. Herido Pedro Alberto Ramírez… quedo recluido en el hospital a órdenes de la SIJIN. Fallecido Jorge Enrique Cárdenas Méndez”. Folio 82. Cuaderno 2.

(53) Sentencia del 26 de septiembre de 2012, Exp. 24.729, Código Penal Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(54) Sentencia del 25 de julio de 2013, Exp. 29.304, Código Penal Olga Mélida de De la Hoz, sobre el particular expresó: “… la Sala debe anotar que no obstante haber arrojado la anterior prueba un resultado positivo, dicha prueba no es concluyente para demostrar que Julio Nelson Suárez Rodríguez participó activamente en el motín y que de igual manera, accionó armas de fuego para causar daño a otros reclusos incumplimiento su deber de acatar el reglamento penitenciario que prohíbe el uso de armas, pues, el mismo experticio deja abierta la posibilidad que la misma víctima quede impregnada de residuos de plomo y antimonio en un acto reflejo de defensa, lo cual, exige la constatación a través de otros medios probatorios que confirmen la prueba de absorción atómica y con ello concluir efectivamente que la víctima participó del motín”.

(55) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de julio de 1992, Exp. 6750.

(56) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “la presunción como regla de experiencia. – La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” (Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970 pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Estractos. Editorial jurídica bolivariana. Reimpresión 2002) (negrilla de la Sala).

(57) Sentencia del 24 de agosto de 2011, M.P. Dr. Enrique Gil Botero, expediente 20437.

(58) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 32012, rad. 22708; Código Penal Olga Valle de De la Hoz.

(59) Sección Tercera. Sentencia del 9 junio de 2010, Rad. 18677, Consejero: Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el mismo tema se pueden ver, entre otras, la sentencia del 18 de mayo de 2000, Rad. 12053 y sentencia del 15 de junio de 2000, Rad. 11688.

(60) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(61) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 23 de 2012, rad. 24.392; C.P. Hernán Andrade Rincón.

(62) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646. M.P. Alier Hernández Enríquez.

(63) Se encuentra acreditada la condición de compañera permanente mediante los testimonios rendidos ante el a quo por Blanca Mercedes Cuellar, María Eugenia Cardozo, María Aurora Ávila y Luz Yolanda Cuellar, visibles a folios 37 a 39, 40, 72 a 73 y 76 a 77, del cuaderno 9.

(64) Reposan poder debidamente otorgado a folios 2 y 3 del cuaderno 8; y registros civiles de nacimiento a folios 2, 5, 7 y 9 del cuaderno 11.

(65) Reposan poder debidamente otorgado a folios 1 cuaderno 8 y 1 del cuaderno 8C; y registros civiles de nacimiento a folios 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del cuaderno 11.

(66) Reposan poder debidamente otorgado a folio 1 del cuaderno 10; y registros civiles de nacimiento a folios 3, 4, 5 y 6 del cuaderno 2.

(67) fl. 193 cuaderno ppal.

(68) fl. 7 cuaderno 2.

(69) fl. 8 cuaderno 2.

(70) fl. 10 cuaderno 2.

(71) sobre los ingresos percibidos por éste el Tribunal de primera instancia consideró: “…no obra prueba conducente, pertinente y útil que señale con precisión los ingresos reales que percibía la víctima para el momento de su muerte y los testimonios no son suficientes para determinar tal aspecto…”. Folio 184, cuaderno ppal.

(72) Folio 2, cuaderno. 2 de pruebas. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(73) Folio 7, cuaderno 2 de pruebas. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(74) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de enero 24 de 2007, rad. 28.755; Código Penal. Ruth Stella Correa.

(75) Folio 192, cuaderno ppal.

(76) Sobre los ingresos percibidos obra el testimonio de María Matilde Casteblanco quien manifestó: “…lo conocí en las plazas vendiendo frutas, él tenía una camioneta negra y trabajaba en ella, luego tuvo un taxi que le daban para que manejara…”; el señor José Tulio Gil, en su declaración sobre el particular manifestó: “a don Alberto cuando lo distinguí tenía una camioneta, con la que trabajaba vendiendo plátano en distintos sitios, posteriormente él fue conductor de un taxi, luego de tener un taxi tuvo un carro de su propiedad en el que trabajaba vendiendo plátanos…”. Folios 7, 8 cuaderno de pruebas 2.

(77) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(78) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquél cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y ss.

(79) Vicente Domingo, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, Pág. 139.

(80) “Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana No. 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no residual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización, de su personalidad en el mundo exterior”. KOTEICH Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e América Latina”, Universidad Externado de Colombia, Pág. 259.

(81) Ver: Corte de Casación Italiana, Sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre de 2008, 26972.

(82) Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las Sentencias: 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 conde 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.

(83) “Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos.” Cortés, Edgar Ob. Cit. Pág. 57.

(84) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro , debe ser suficiente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado.” ROZO Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidades Externado de Colombia, Bogotá, pág. 209 y 210.

(85) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituirá el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico.” GIL Botero, Enrique “Daño Corporal –Daño Biológico– Daño a la vida de relación”, pág. 10.

(86) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 14 de septiembre de 2011, Rads 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

(87) M. Koteich, “La dispersión del daño extrapatrimonial en Italia. Daño biológico vs “daño existencial””, en Revista de Derecho Privado, 15, 2008, Bogotá, Universidad Externado, 145-168.

(88) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente: 19031.

(89) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 11 de julio de 2013, Rad. 36.295, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Criterio reiterado en Sentencia del 9 de septiembre de 2013. Rad. 27.452, M.P. Olga Mélida de De la Hoz.

(90) Folio 94 Cuaderno 2 de pruebas.