Sentencia 1999-02286 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad. 25000232600019990228601 (22773)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Oscar Javier Téllez Segura

Demandado: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP, ETB

Bogotá, D. C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2001, por la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes.

1. Pretensiones.

El 7 de septiembre de 1999, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el señor Oscar Javier Téllez Segura(1) propietario del establecimiento de comercio Profesión Video y Fotografía presentó demanda contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A.,ESP, con base en las siguientes pretensiones:

“PRIMERA- Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a La Nación-Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, S.A. -ESP-ETB de los perjuicios materiales y morales causados al demandante como consecuencia del corte en el servicio telefónico de la línea telefónica número 2769956.

SEGUNDO- Condenar a La Nación-Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, S.A.-ESP-ETB-a pagar al actor a título de perjuicios morales, causados a él y su familia, el equivalente en pesos de 1.000 (un mil) gramos de oro fino según precio internacional certificado por el Banco de la República, a la fecha de ejecutoria de la conciliación si la hubiere y/o sentencia de segundo grado.

TERCERA- Condenar a la nación-Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, S.A.-ESP-ETB a pagar a favor de Oscar Javier Tellez Segura los perjuicios materiales sufridos por él y su familia integrada por su esposa y sus menores hijos Julián Camilo y Diana Marcela, como consecuencia del corte unilateral y arbitrario del servicio de teléfono correspondiente a la línea telefónica número 2769956, los cuales podemos resumir de la siguiente forma:

A. La empresa profesión video y fotografía se dedica, desde su creación en el año 1985, aunque solo se registró en la Cámara de Comercio de Bogotá el 24 de febrero de 1993, a la producción y realización de trabajos en video y fotografía para empresas, como la Compañía Colmotores, y para eventos sociales en general, esta labor generaba hasta finales de 1998 un promedio mensual de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos mcte.), es importante anotar que todos los contratos que la empresa PVF consigue se logran vía telefónica y también los contratos de asesoría profesional de abogado, hasta el mes de diciembre de 1998 la empresa contaba solo con una línea telefónica que correspondía al número 2769956 de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, pero la Empresa de Teléfonos de Bogotá arbitrariamente en el mes de diciembre decidió cortar el servicio de teléfono en la línea 2769956 argumentando que la empresa profesión video y fotografía le debía a la empresa directorio telefónico de Bogotá la suma de $ 800.000 (ochocientos mil pesos mcte.) aproximadamente. Por razón de este corte en el servicio de la línea telefónica en mención, mi empresa PVF dejó de recibir desde el mes de diciembre de 1998 y hasta la fecha un valor aproximado de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) mensuales, de igual forma los contratos de abogado se redujeron al 30% de los que se venían recibiendo hasta el mes de noviembre, dejando de percibir aproximadamente $ 2.000.000 (dos millones de pesos) mensuales por esta labor profesional. Concluimos de esta manera que mí empresa profesión video y fotografía y yo Oscar Javier Tellez S. dejamos de recibir por falta del servicio de teléfono, desde el mes de diciembre de 1998 y hasta la fecha, cuando aún no ha sido reinstalado el servicio por parte de la Empresa de Teléfonos de Bogotá en la única línea telefónica con que contaba en el momento, es de $ 7.000.000 (siete millones de pesos) mensuales.

CUARTA Condenar a la Nación-Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, S.A.-ESP-ETB-a conectar inmediatamente el servicio en la línea telefónica número 2769956, (si en la fecha de la sentencia aún no lo ha hecho), y de esta manera no seguir perjudicando a una familia que en este momento está viviendo de las ayudas que provienen de familiares.

QUINTA- Condenar a La Nación-Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, S.A.-ESP-ETB- a pagar a Oscar Javier Tellez Segura la suma de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos) como indemnización por los clientes que perdió durante el periodo en que la empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá le cortó el servicio de teléfono en la línea telefónica 2769956 de esa empresa.

SEXTA- La Nación-Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, S.A.ESP-ETB-por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la conciliación y/o sentencia, dictará, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento y pagará intereses comerciales dentro de los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de dicho término (CCA., arts. 176, 177 y 178). (fls. 1 y 2 cdno. 1).

2. Fundamentos de hecho

2.1 Desde el año 1985 el señor Oscar Javier Téllez Segura, propietario del establecimiento del comercio Profesión Video y Fotografía, arrendó una casa ubicada en el barrio Tisquesusa en la diagonal 86 Nº 78 A-39 de Bogotá, D.C., con línea telefónica Nº 2769956 para el funcionamiento del negocio.

2.2. El señor Téllez Segura es abogado, por lo tanto, además de la explotación económica del establecimiento profesión video y fotografía ejercía su profesión y atendía sus clientes en el inmueble.

2.3 El medio a través del cual su clientes solicitaban sus servicios comerciales y profesionales era la línea telefónica Nº 2769956.

2.3 En el mes de octubre de 1998, el señor Oscar Javier como era lo habitual, recibió la factura del servicio telefónico, observando que se le estaba cobrando un valor adicional de $141.852 por concepto de directorio.

2.4 El señor Téllez Segura se dirigió a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP para conocer el motivo del cobro adicional y le informaron que correspondía a la primera cuota del anunció que había autorizado publicar en el directorio telefónico del año siguiente, es decir del año 1999.

2.5 A partir del 12 de noviembre de 1998, el actor inició una serie de reclamos ante la empresa de telecomunicaciones, en los que inicialmente solicitó la exclusión del cobro de la publicación de la factura y posteriormente la autorización para la cancelación por separado del servicio telefónico, que para ese momento ya estaba suspendido. Las peticiones fueron remitidas a la empresa Publicar S.A. por competencia (fls.4 y 8, cdno. 2).

2.6 El 25 de mayo de 1999, Publicar S.A. reconoció ante el señor Oscar Javier Tellez Segura haber incurrido en un error, pues los valores por concepto de publicación en el directorio no fueron ordenados por él. Adicionalmente, le informó que después del 10 de junio de ese año, podía cancelar el valor de la tarifa de servicio telefónico para su reinstalación (fls. 3 a 5, cdno. 1)(2).

4. Alegatos de conclusión.

La parte demandante presentó alegatos de conclusión (fls. 79 a 82., cdno. 1), oportunidad en la que encontró estructurados los elementos para declarar responsable patrimonialmente a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A.,E.S.P. Sostuvo que a lo largo del proceso se logró probar que la empresa cortó el servicio de telefonía sin corroborar el error en el cobro del aviso publicitario, situación que le generó perjuicios, por cuanto, de esta línea telefónica dependían su labor como profesional del derecho y la actividad comercial que ejercía.

5. Sentencia recurrida.

En sentencia del 15 de noviembre de 2001, la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

Luego de precisar los presupuestos procesales de la acción y abordar el análisis de la responsabilidad de la entidad demandada, el a quo consideró demostrada una falla en la prestación del servicio telefónico a cargo de la demandada, habida cuenta que esta cobró facturas por un servicio no autorizado, sin embargo, concluyó que el daño alegado no se probó, pues, no existía medio de convicción alguno en el expediente del cual se pudiera derivar que el corte del servicio de telefonía hubiera generado detrimento alguno al actor (fls. 100 a 106, cdno. ppal.).

6. Recurso de apelación.

El 8 de julio de 2002, el actor impugnó la decisión. Para el efecto sostuvo que los supuestos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la empresa de servicios públicos se configuraron plenamente.

Sobre el particular señaló que i) tal como lo determinó el tribunal, existió una falla en la prestación del servicio, porque se incluyeron conceptos no autorizados en la factura de teléfono y ii) se encuentra demostrado el daño, por cuanto, además de que el servicio de la línea telefónica Nº 2769956 fue cortado, debió incurrir en gastos como el pago de la sanción de retiro por falta de pago por valor de $ 161.614, la elaboración de cada uno de los 21 documentos que se anexaron con la demanda por valor de $ 168.000, el valor de honorarios de abogado que corresponde a $ 11.000.000. Aunado a lo expuesto, asegura que la existencia de un daño patrimonial permite inferir uno de carácter moral, dada la relación entre aquel y la conducta de la empresa (fls. 126 a 128, cdno. ppal.).

7. Pruebas en segunda instancia.

La parte demandante solicitó la práctica de una prueba pericial con el fin de que un experto determine la cuantía real de los daños causados, solicitud que fue negada, por cuanto, no se ajustaba a los presupuestos establecidos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (fls. 160 y 160 vto.).

8. Alegatos de conclusión.

La parte demandante presentó alegados de conclusión. Luego de hacer un resumen sobre los hechos que fundamentan sus pretensiones y hacer referencia al marco jurídico que regula la responsabilidad del Estado, concluyó que en el sub judice los daños que se le causaron se encuentran acreditados y son imputables a la entidad demandada, por tanto es dable proceder a declarar su responsabilidad (fls. 163 a 166, cdno. ppal.).

9. Concepto del Ministerio Público.

En la oportunidad para el efecto, el señor agente del Ministerio Público presentó concepto en el que manifestó que, si bien está acreditado que la empresa de telecomunicaciones incurrió en una falla del servicio, el actor omitió demostrar el daño que la misma reportó, con excepción del pago por reinstalación. De este modo precisó que ese sería el único concepto que podría ser objeto de indemnización (fls. 167 a 173, cdno. 2).

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Como lo ha puesto de presente esta corporación en reiteradas ocasiones la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de procesos en los que intervenga una empresa de servicios públicos mixta —entidad cuya naturaleza jurídica, según definió la Corte Constitucional en Sentencia C-736 de 2007 es pública— comoquiera que, de conformidad con la Ley 1107 de 2006 que modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, esta Jurisdicción conoce de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de acciones de reparación directa provenientes de la actividad de las entidades públicas(3).

Adicionalmente, la Sala se encuentra habilitada para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(4), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

2. Procedencia de la acción de reparación directa.

Respecto de las acciones contenciosas, se ha precisado que su interposición pende de la causa que origine el daño, en cada caso, así será la de nulidad y restablecimiento del derecho cuanto la causa sea un acto administrativo, la relativa a controversias contractuales cuando lo sea un contrato estatal y la de reparación directa, cuando tenga origen en un hecho, una omisión, una operación administrativa o en la ocupación temporal o definitiva de un inmueble con ocasión de trabajos públicos o de cualquier otra causa.

De acuerdo con lo manifestado en la demanda la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP incluyó en la factura del mes de octubre de 1998 y en las facturas subsiguientes noviembre, diciembre y enero y febrero de 1999 las cuotas de un supuesto aviso que solicitó a Publicar S.A en la edición del directorio telefónico correspondiente al año de 1999. El valor de las cuotas mensuales era de $ 141.852, los cuales se sumaron al consumo telefónico.

Esta Sección ha señalado que las facturas de servicios públicos son actos administrativos que imponen al usuario la obligación de cancelarlos en el término y las condiciones en ellas establecidos; de no hacerlo se configura una causal de suspensión del servicio (L. 142/93, art. 140). En ese sentido cuando está en discusión el monto de la facturación es menester demandar la ilegalidad del acto administrativo y solicitar la indemnización de los perjuicios que se pudieron ocasionar(5).

Siendo así, por tratarse de un daño generado por voluntad de la administración, el señor Téllez Segura, en principio, podría haber impugnado las facturas ante esta jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo en este caso, de acuerdo con lo manifestado en la demanda y establecido a partir de las pruebas que se allegaron(6), que dan razón de que los actos fueron revocados de manera directa una vez aclarada la situación por Publicar, S.A ante el reclamo formulado por el usuario, no resultaba dable exigir que se demanden.

En casos como el presente, la Sala ha considerado procedente la acción de reparación directa “para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal revocado en sede administrativa, cuando la parte afectada ha solicitado su desaparecimiento por la vía gubernativa o mediante la revocatoria directa como mecanismo de control de la actuación administrativa”(7).

En la providencia en cita se manifestó:

“Ante todo la corporación considera que el criterio sostenido por el tribunal de instancia para considerar inepta la demanda por equivocada escogencia de la acción por parte del actor, no es de recibo, frente a la filosofía consagrada constitucionalmente en materia de prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal o procedimental, pues si bien es cierto que, cada una de las acciones, más técnicamente pretensiones, contenidas y disciplinadas en el Código Contencioso Administrativo, responden a un supuesto de hecho debidamente delimitado en dicho código de procedimiento, diferenciándose claramente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la acción de reparación directa, fundamentalmente por la circunstancia de que la primera es procedente cuando al restablecimiento del derecho se ha de llegar previa declaratoria de ilegalidad del acto cuya nulidad se demanda en tanto que la órbita de acción de la de reparación directa, no reclama declaratoria de ilegalidad de acto administrativo alguno como condición para su prosperidad, no lo es menos que, en un caso como el presente, la circunstancia de que se hayan proferido actos administrativos y posteriormente se hayan revocado, ha de ser necesariamente considerada, en orden a la determinación de la vía procesal idónea y adecuada para el reconocimiento de los perjuicios que se demandan”(8).

3. Caducidad.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa:

(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(...).

Bajo la lógica precedente y teniendo en cuenta que por regla general el término inicial para la contabilización de la caducidad, inicia cuando el afectado tiene conocimiento del daño, la acción de reparación directa en el subjudice debe entenderse presentada en tiempo, habida cuenta que la reclamación del usuario que produjo la corrección del cobro no autorizado a instancias de Publicar S.A. fue resuelta positivamente el 25 de mayo de 1999, el débito de la obligación por parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A, ESP se realizó el 12 de agosto de 1999 y la demanda fue instaurada el 7 de septiembre siguiente.

4. Problema jurídico.

Corresponde a esta Sala determinar, a la luz de los medios de convicción que obran en el proceso, si hay lugar a declarar la responsabilidad estatal y de ser así, proceder a la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados al actor, con ocasión de la suspensión de la línea telefónica 2769956 con la cual atendía sus negocios comerciales y profesionales.

3. Las pruebas recaudadas en el proceso.

Dentro de las oportunidades legales para el efecto, se incorporaron los siguientes medios de prueba(9):

3.1 Factura de venta 1 de octubre de 1998 correspondiente a la línea telefónica 2769956 por valor de $ 190.710.00, fecha de pago oportuno el 20 de noviembre de 1998, por los siguientes conceptos:

“Conceptos

Descripción Valor
Abonos3.72
Fondo del depte.283.00
Imporventas 16%5.580.50
Llamadas al 113236.00
Cargo fijo2.525.00
Directorio 141.852.00
Serv LLDA Espera800.00
Marcaciones36.994.72
Larga distancia902.50
Servi celumovil1.540.00...” (negrillas adicionales - fl. 16, cdno. 2).

 

3.2 Solicitud de 12 de noviembre de 1998 dirigida a Publicar, S.A. por el señor Oscar Javier Téllez Segura en la que se pone de presente no haber contraído obligaciones por concepto de publicación en el directorio telefónico, por tanto solicita la aclaración de la situación ante la empresa de telecomunicaciones como la suspensión de la respectiva orden de servicios (fls. 1 y 2, cdno. 2).

3.3. Respuesta calendada el 25 de noviembre de 1998 suscrita por el gerente de Publicar, S.A. y dirigida al señor Oscar Javier Telléz Segura como propietario del establecimiento de comercio Profesión Video y Fotografía para informarle que la publicación fue autorizada por la señorita Silvia Mora una de sus empleadas y que el 15 de octubre anterior, límite para realizar modificaciones o cancelaciones, había transcurrido, sin manifestación alguna al respecto (fl. 3, cdno. 2.).

3.4. Petición presentada ante la Empresa de Teléfonos de Bogotá, S.A. el 26 de noviembre de 1998 por el señor Téllez Segura en la que pone de manifiesto la reclamación que adelanta ante Publicar S.A. y las razones de inconformidad que la soportan, en especial el hecho de que la persona que se acercó a las oficinas de Publicar, S.A., la señora Silvia Mora -quien labora ocasionalmente con él- lo hizo con el fin de pedir información, sin poder para contraer obligación alguna a nombre de Profesión Video y Fotografía. Con esta petición se solicitó excluir de la factura de la línea Nº 2769956 el valor que se cobraba por el aviso publicitario (fl. 4 y 5, cdno. 2).

3.5 Factura de venta Nº 2 de noviembre 1998 correspondiente a la línea telefónica Nº 2769956 por valor de $ 358.230 con fecha de pago oportuno el 18 de diciembre de 1998, en la que se cobra el valor de la factura anterior, los cargos fijos y consumos del mes y una cuota por directorio de $ 141.851. Aparece en la parte inferior la siguiente nota si este recibo no es cancelado oportunamente se suspenderá el servicio (fl. 23, cdno. 2).

3.6 Factura de venta Nº 3 de diciembre de 1998, correspondiente a la línea telefónica Nº 2769956 por valor de $ 524.230 con fecha de pago oportuno el 20 de enero de 1999, en la que se cobra el valor de la factura anterior, los cargos fijos y consumos del mes y una cuota por directorio de $ 141.851. Aparece una nota en la parte inferior que da cuenta servicio suspendido, pague inmediatamente (fl. 17, cdno. 2).

3.7 Escrito presentado por el señor Téllez Segura ante la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP el 7 de enero de 1999, en el que solicita se informe por qué no se ha dado contestación a su derecho de petición del 26 de noviembre de 1999 (fl. 6, cdno. 2).

3.8 Contestación de 4 de enero de 1999 de Publicar, S.A. a la petición presentada por el señor Téllez Segura ante la empresa de telecomunicaciones el 26 de noviembre de 1998, en la que se reitera lo señalado el 25 de noviembre de 1998 (fl. 11, cdno. 2).

3.9 Factura de venta 4 de enero de 1999, correspondiente a la línea telefónica 2769956 por valor de $ 703.090 con fecha de pago oportuno 19 de febrero de 1999, en la que se cobra un saldo de tres meses de $ 524.230, cargo fijo, recargos, impuestos y una cuota de directorio por $ 141.851. Según nota en la parte inferior el servicio continuó suspendido (fl. 22, cdno. 2).

3.10 Factura de venta 5 de febrero de 1999, correspondiente a la línea telefónica 2769956 por valor de $ 853.260 con fecha de pago 19 de marzo de 1999, en la que se cobra un saldo de cuatro meses de $ 703.090.00, recargos, impuestos y una cuota de directorio por $ 141.851. Se repite la nota sobre suspensión (fl. 21, cdno. 2).

3.11 Reclamación del 16 de abril de 1999, suscrita por el señor Oscar Javier Téllez Segura en la que, con base en los hechos que ya había expuesto ante la empresa con anterioridad, solicita la separación de cuentas de la línea telefónica respecto de lo que se estaba cobrando por concepto de aviso publicado en el directorio y que se inste a Publicar, S.A. para que proceda al cobro de dichos dineros a través de las vías legales (fls. 7 a 9, cdno. 2).

3.12. Oficio del 3 de mayo de 1999, en el que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A informa al señor Téllez Segura que se dio traslado de su petición a Publicar, S.A. para que atienda su reclamo por el cobro indebido de publicación en el directorio (fl. 10, cdno. 2).

3.13 Comunicación de 25 de mayo de 1999 dirigida por Publicar, S.A. al señor Oscar Javier Téllez Segura, en respuesta a su comunicación del 7 de enero de 1999, para informarle: “que el valor de setecientos nueve mil doscientos cincuenta y seis pesos ($ 709.256.00) moneda corriente, correspondientes al valor total de la orden de publicación en referencia, facturado al teléfono 276956 por publicación en la edición 1999 del directorio telefónico de Santa Fe de Bogotá de la empresa profesión video y fotografía, se descargó con nota crédito enviada a la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá...” (Fl. 14. cdno. 2).

3.14 Recibo de caja de la ETB 272812 de 9 de agosto de 1999, en el que aparece el pago de $ 161.614 efectuado en el Banco del Estado. En el documento se observa la impresión de un sello con la palabra reinstalación (fl. 15, cdno. 2).

3.15 Comunicación dirigida por el gerente de Publicar, S.A. al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, calendada el 8 de agosto de 2000, en el que absuelve las preguntas que fueron formuladas con la demanda, así:

“a. Si efectivamente su empresa recibió las diferentes comunicaciones y dio las correspondientes respuestas que obran en esta demanda.

No estamos en capacidad de responder la pregunta antes transcrita por cuanto desconocemos a que comunicaciones y respuestas se están refiriendo, por cuanto no tenemos el texto de la demanda ni de sus anexos.

“b. Informe a ese despacho el nombre de la persona que atendía al público en la ventanilla de la empresa Publicar en el sótano de la carrera 8 # 20 - 56 de las dependencia de la empresa de Telecomunicaciones, el día 9 de agosto de 1999, con el fin de que esta persona reconozca el contenido y la firma en el documento descrito en esta demanda como el anexo # 15.

El nombre de la persona es Carmen Cecilia Hueso Torres, pero no puede reconocer el contenido y firma por cuanto como ya lo expuse antes desconocemos el texto de la demanda, así como sus anexos.

c. Si su empresa Publicar S.A. envió la nota crédito 3127 a la empresa de telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá para que le descontara el valor de $ 709.256 a la factura de cobro correspondiente a la línea telefónica 2769956.

Es cierto que enviamos la nota crédito mencionada, en la cual descarga el valor correspondiente a la factura telefónica de la línea en mención.

d. Informe a este despacho si su empresa Publicar, S.A. recibió algún tipo de pago por parte de los señores de Presión Video y Fotografía y si lo recibió, de parte de quien vino ese pago.

Para su información y en concordancia con nuestra respuesta anterior no hubo ningún pago por parte de los señores de profesión video y fotografía con relación al aviso publicado en las páginas amarillas de la edición 1999 del directorio telefónico de esta ciudad” (fls. 34 a 37, cdno. 2).

3.16 Oficio suscrito por el jefe de la oficina jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP calendado el 9 de agosto de 2000, en la que sobre el débito de los valores cobrados al actor en la factura de servicios por concepto de publicación y la reinstalación del servicio, se informó:

“Para dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, a continuación señalamos lo que al respecto informó la dirección de facturación, cartera y cobranzas, en memorando recibido el 3 de agosto de 2000;

“De acuerdo con la nota crédito 3127 de Publicar S.A., se aplicó la suma de $ 709.256, a la facturación del teléfono 276956 mediante nota contable Nº 1688 del 12 de agosto /99, para lo cual anexo fotocopias(10).

Por otra parte, según verificación con el distribuidor general, la línea telefónica en mención fue reinstalada el 30 de septiembre / 99, con orden de servicio 7601793, a nombre de Rodríguez D. Luis G para la diagonal 86 Nº 73 A 39 y así se encuentra facturado” (fls. 38 a 41, cdno. 2)

3.17. Reclamos efectuados por el señor Oscar Javier Téllez Segura a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP en la que se pone de presente que el cobro de los conceptos de publicación con Publicar, S.A. ya fue aclarada y que el servicio no había sido reinstalado (fls. 17 y 27, cdno. 2).

3.18. Comunicaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP al señor Oscar Javier Téllez en las que se le informa que su petición será traslada al área correspondiente y que será resuelta en el menor tiempo posible (fls. 19 a 23, cdno. 2).

3.19. Certificado de matrícula de establecimiento de comercio profesión video y fotografía en el que figura como propietario el señor Oscar Javier Téllez Segura, ubicado en la diagonal 86 Nº 78ª-39 de la ciudad de Bogotá (fl. 1, cdno.1).

3.20. Consulta de histórico de pagos, en la que, además aparece el siguiente detalle de cuenta:

SECDetalleCargos
1Fondo Popular del Dep2.165.00
2Cargos por Retiro Falta de Pago104.717.10
3Directorio Telefónico709.256.00
4Recargo por Mora Telecom2.722.00
5Llamada en Espera 16%5.600.00
6Impuesto al Valor Agregado 16%18.718.20
7Llamada al 113 16%944.00
8Recargo Mora Información 11395.55
9Larga Distancia Aut/Nacional22.367.75
10Recargo Mora Celumovil355.74 (fl 18 y 19, c.2).

4. Juicio de responsabilidad.

4.1 El daño.

4.1.1 La parte demandante señaló que la suspensión de la línea telefónica 2769956 por parte de la Empresa Telefónica de Bogotá, S.A., ESP le produjo una serie de perjuicios de índole material e inmaterial por tratarse de un elemento que lo mantenía en permanente contacto con los clientes del establecimiento de comercio de su propiedad denominado profesión video y fotografía y con quienes demandaban sus servicios profesionales de abogado.

4.1.2 Esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(11)”.

4.1.3 En el proceso, como lo manifestó el apelante se encuentra probado que la línea telefónica 2769956 estuvo suspendida entre el mes de diciembre de 1998 y el mes de septiembre de 1999, cuando fue reconectada. De esto dan cuenta las facturas 3, 4 y 5 y la comunicación emitida por el jefe de la oficina jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., E.S.P en la que expresamente se señala la fecha de la reconexión del servicio.

Así, a diferencia de lo considerado por el a quo el daño en lo que respecta a este aspecto se encuentra acreditado.

4.1.4 Sobre la afectación al patrimonio del demandante, como sobre los perjuicios inmateriales que se le causaron, se aportaron las pruebas documentales que se relacionaron de manera precedente y sobre las que se volverá de resultar imputable el daño a la entidad demandada.

4.2 La imputación.

4.2.1 El régimen de los servicios públicos domiciliarios a nivel legal y reglamentario regula lo relativo a la posibilidad de las empresas de realizar cobros por conceptos adicionales en las facturas en las siguientes preceptivas:

El artículo 128 de la Ley 142 de 1993 que regula el contrato de servicios públicos además de definirlo y establecer sus características, en el inciso tercero abre la puerta para que las empresas suscriban acuerdos especiales con los usuarios al prescribir “Existe contrato de servicios públicos aún cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios”.

Empero, la misma ley en el artículo 148 señala que en las facturas por servicios públicos domiciliarios no se pueden cobrar servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario.

Bajo esta lógica, el Decreto Reglamentario 2223 de 1996(12), vigente para el momento de ocurrencia de los hechos en el artículo 8º señalaba:

“Las entidades que presten servicios públicos domiciliarios, exclusivamente podrán cobrar tarifas por concepto de prestación de estos servicios y de los otros servicios públicos domiciliarios de que trata la Ley 142 de 1994.

“En este último evento, previa celebración de convenios con este propósito. En consecuencia las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios, no podrán efectuar cobros distintos de los originados por la prestación efectiva de los mencionados servicios, aunque existan derechos u conceptos cuyo cobro este fundamentado en otras normas de carácter legal”.

4.2.2 La Sección Quinta(13) en el marco de un proceso tramitado en ejercicio de la acción de cumplimiento tuvo la oportunidad de referirse a la cuestión de la que se ocupa la Sala. Sostuvo al respecto:

“...tanto la ley como el contrato de condiciones uniformes permiten a la empresa demandada incluir en la factura el cobro de valores distintos al servicio de energía, como lo son las cuotas de financiación por adquisición de otros bienes ofrecidos a los clientes usuarios del servicio de energía, siempre que:

a) los clientes así lo autoricen;

b) el valor ajeno al servicio público se totalice por separado; y,

c) la empresa no suspenda o corte el servicio de energía por el no pago de tales conceptos. (...)”.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es claro que al usuarios de un servicio público domiciliario no se le podrá cobrar aquellos cobros diferentes al servicio público a menos que lo haya autorizado, en caso la compra de un seguro.

De todas maneras el incumplimiento en los pagos diferentes al servicio público no es suficiente para que la empresa le corte el servicio ya que no tiene relación directa con el mismo”.

4.2.3 Como se puede observar la citada normatividad, tal como lo destaca el precedente transcrito, estableció unos límites que las empresas no pueden traspasar cuando ejercen la facultad de incluir conceptos adicionales en las facturas, aspecto que en criterio de la Sala tiene gran relevancia si se tiene en cuenta la teleología con la cual estas deben actuar, que no puede ser otra que la efectiva prestación de los servicios públicos, la cual debe ser privilegiada por encima de cualquier otro tipo de actividades, así estén legamente autorizadas, pues con ello se evita el riesgo de que los intereses de los usuarios se puedan ver afectados.

4.2.4 En el proceso se encuentra acreditado que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., E.S.P. incluyó en la factura del mes de octubre de 1998 de la línea telefónica 2769956 el valor de $141.852 por concepto de directorio, sucesivamente cargó este mismo valor en las facturas de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. De acuerdo con los valores totales a pagar que aparecen en dichos documentos, los citados conceptos se englobaron junto con los correspondientes al servicio telefónico en una sola cifra.

Se encuentra acreditado también que el señor Oscar Javier Téllez Segura no autorizó a la Empresa el cobro del anunció, que supuestamente ordenó a Publicar, S.A., junto con las facturas del servicio público, por el contrario, una vez tuvo conocimiento de este hecho inició una serie de reclamaciones para que se cancele la orden de publicación y para que se excluya del recibo dicha obligación.

Nótese que, inclusive en reclamación posterior, solicitó la separación de los mencionados conceptos para así proceder al pago de los valores relacionados con el servicio telefónico por separado y lograr la reconexión del servicio. Reclamo este que la empresa demandada no atendió como era su deber, en cuanto resolvió remitir el asunto a Publicar S.A.

Como se puede observar la empresa, en orden a garantizar el pago del anunció que el usuario supuestamente solicitó con Publicar, S.A., se distanció de los fines de la prestación del servicio y de sus obligaciones respecto del usuario por varias razones: i) incluyó sin autorización un concepto diferente al de la prestación del servicio telefónico, ii) pasó por alto el derecho de defensa del usuario pues, en lugar de considerar sus reclamaciones como debía, tratándose de un tema relacionado con la facturación, remitió todas sus peticiones a Publicar, S.A.; iii) no le permitió al señor Téllez el pago por separado de los valores cobrados en la factura y iv) cortó el servicio, olvidando la trascendencia de la prestación de los servicios públicos domiciliaros en el normal desenvolvimiento de los derecho fundamentales, lo que comporta el deber de su eficiente prestación (C.N., art. 365).

4.2.5 Todas estas conductas, además, quedaron evidenciadas cuando Publicar, S.A. con motivo de una de las reclamaciones del actor realizó la rectificación de la orden de publicación, lo que condujo a que, finalmente, la empresa ordenara el débito de los valores cobrados de las facturas y la reinstalación del servicio.

Dadas las anteriores circunstancias es dable concluir que en el presente caso los daños ocasionados son imputables(14) a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP, por lo cual, la Sala, con apoyo de los medios de prueba, pasará a determinar el monto de la liquidación de perjuicios.

5. Liquidación de perjuicios

5.1 Perjuicios materiales

En la demanda se solicitó a título de perjuicios materiales el pago de los dineros que se dejaron de percibir por las actividades comerciales y la reducción de los ingresos de la actividad profesional de abogado(15). Adicionalmente, el señor Téllez Segura solicitó la reconexión de la línea telefónica, de donde se infiere el cobro de los costos que este concepto generó.

5.1.1 Resulta importante resaltar que el actor, dirigió sus esfuerzos probatorios principalmente a demostrar que la empresa de servicios públicos cortó injustificadamente el servicio de teléfono, no obstante, obvio presentar o solicitar las pruebas con las cuales se pudieran establecer los ingresos que regularmente devengaba por sus actividades profesionales y comerciales con anterioridad al corte del servicio telefónico y su afectación posterior.

No se desconoce que para la época de ocurrencia de los hechos, el teléfono fijo constituía una herramienta importante en las actividades personales, profesionales y comerciales, empero ese hecho no es suficiente para hacer un reconocimiento por los perjuicios materiales seguramente causados, pues solo se indemnizan los daños ciertos para lo cual era menester aportar documentos contables o solicitar una prueba pericial para establecer la pérdida real de sus ingresos. En este sentido, no se podrá hacer reconocimiento alguno por este concepto.

En este punto es importante recordar, que la carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”(16). Sobre este punto se ha referido la Sala Plena en los siguientes términos(17):

“La noción de carga ha sido definida como “una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto”. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir —incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente— con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta —la aludida carga—, a aquel en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

“Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de que la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto está exento de prueba —verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida—”.

5.1.2 Así, el único perjuicio material que encuentra respaldo en el proceso, tal como lo puso de relieve el agente del ministerio público, es el costo de reinstalación cuyo pago aparece acreditado en el proceso, con el respectivo recibo de caja allegado con la demanda por valor de $ 161.614.

Coste este último que incluye varios conceptos de acuerdo con la consulta de valores que se encuentra en el expediente y en la que se registra que el cargo de retiro por falta de pago tiene un valor de $ 104.717 deduciéndose que los restantes conceptos que aparecen en el mencionado recibo corresponden a cargos básicos, impuestos y consumos que están a cargo del usuario, por lo tanto, no se podría tener en cuenta como parte de la suma a actualizar por concepto de daño emergente.

Precisado lo anterior, la Sala procede a actualizar la cifra anterior con utilización de la fórmula que reiteradamente se adoptado para el efecto:

1999-02286 1

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor indemnización

Ipc (f): Último índice de precios conocido (feb. 2014)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha de realización del pago (ago. 1999)

1999-02286 2
 

Ra = $ 215.304,68

5.2 Perjuicios morales.

El demandante solicitó el pago de 1000 gramos de oro fino por concepto de los perjuicios morales que sufrió junto a su familia como consecuencia del corte arbitrario de la línea telefónica 2769956.

5.2.1. Lo anterior implica entrar a determinar bajo los supuestos demostrados en este caso, si el corte de un servicio público puede derivar afectación de carácter moral, entendida esta como la aflicción o congoja provocada por dicho evento.

5.2.2. Los servicios públicos domiciliarios son instrumentos a través de los cuales se hace efectivo el Estado social de derecho que exige en nuestros días del ente estatal no solo el respeto de los derechos fundamentales sino su participación en la generación de los espacios y las condiciones mínimas para su uso y disfrute, pues solo así se puede rescatar el papel fundamental que tiene el individuo y su desarrollo en condiciones de dignidad exigidas por la Carta de 1991.

Los servicios públicos domiciliarios al decir de la Corte Constitucional son “uno de los mecanismos por los que el Estado ha optado para salvaguardar de manera efectiva los derechos fundamentales. Esto por cuanto, “a través de la prestación de estos, se busca garantizar derechos como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, etc(18).

De lo anterior resulta, que el Estado o los particulares a quienes se ha confiado esta tarea deben tener presente, cuando prestan el servicio de telefonía, energía, agua, etc y especialmente en sus relaciones con los suscriptores y usuarios que en medio de la dinámica propia de este tipo de actividades se pueden terminar afectando garantías fundamentales si no se tiene cuidado con el marco contractual y de derecho público que regula las actuaciones de las empresas y los derechos de los consumidores.

Así, un evento como la suspensión injustificada del servicio implica naturalmente una afectación para el suscriptor o usuario, de orden moral de mayor o menor intensidad según la duración del cese del suministro, el tipo de actividades que dependen de su normal y continua prestación, como también de la adecuada y oportuna intervención de las empresas para corregir la situación.

5.2.3 En el presente caso, se puede concluir la afectación de orden moral del señor Téllez Segura por cuando, la suspensión de la línea telefónica se prolongó por casi 9 meses, término considerable para afectar su tranquilidad emocional. Igualmente, porque la actuación de la empresa puso al demandante en una situación de incertidumbre y angustia ya que, a más de incluir una deuda en su factura que no había contraído, inicialmente contestó sus reclamaciones con evasivas y le impidió el pago separado del consumo telefónico haciéndolo sentir impotente frente a la displicencia institucional.

Es que, la impotencia de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en la reivindicación de sus derechos es una situación que no se puede pasar por alto y más cuando es el propio Estado quien deja sus intereses a la deriva.

5.2.4 En este orden de ideas, de acuerdo con el principio de equidad fundamentado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y el arbitrio juris se fija como compensación de los perjuicios morales del señor Téllez Segura la suma de 5 smlmv.

5. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

I. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 15 de noviembre de 2001, proferida por la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., E.S.P. de los daños ocasionados al señor Oscar Javier Téllez Segura con motivo de la suspensión de la línea telefónica 2769956.

3. CONDENAR a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP al pago de doscientos quince mil trescientos cuatro pesos $ 215.304 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Oscar Javier Téllez Segura.

4. CONDENAR a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP al pago de 5 smlmv por concepto de perjuicios morales, a favor del señor Oscar Javier Téllez Segura.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. (Sic) La demandada dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth(19)Ramiro Pazos Guerrero—Stella Conto Díaz Del Castillo

(1) El señor Oscar Javier Téllez Segura presentó la demanda en su calidad de afectado y abogado titulado e inscrito (fl. 8, cdno. 1).

(2) En auto del 30 de septiembre de 1999, la Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la notificación de la demanda incoada a la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, D.C. (fl. 11, cdno. 1). La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., ESP presentó escrito de contestación de la demanda por fuera del término legal para el efecto (fls. 15 a 24, cdno. 1).

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AG 25000-23-24-000-2000-00016-01, demandante Tomas Darío Saldarriaga y otros, demandado Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A. ETB.

(4) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1999 fuera conocida por esta Corporación, debía superar la suma de $ 18.850.000-artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el decreto 597/88- y en la demanda se estimó la mayor de las pretensiones en $ 60.000.000 por concepto de perjuicios materiales.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11039, sentencia de 21 de febrero de 2002, M.P. Alier Eduardo Hernández.

(6) Folios 14 y 38 a 41 del cuaderno 2. Ver numerales 3.14 y 3.17.

(7) Auto de agosto 24 de 1998, Expediente 13.685. M.P. Daniel Suárez Hernández. Este criterio fue acogido recientemente en la sentencia del 22 de junio de 2011, Expediente 18798, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(8) Ibídem.

(9) No se tendrán en cuenta las pruebas documentales que allegó la parte demandante con los alegatos de conclusión, toda vez que aquella no es una oportunidad para el efecto. Tratándose del demandante la regla general es que la incorporación o petición de pruebas se haga en la demanda, en su adición o en la contestación a las excepciones, con el fin de que la parte contra la que se aduzcan puede tener oportunidad de controvertirlas.

(10) En el expediente a folios 42 y 43 del cuaderno 2 se encuentran las correspondientes nota crédito y nota contable realizadas por Publicar, S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., E.S.P. por valor de $ 709.256.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(12) Modificado por el Decreto 828 de 2007. “De los cobros no autorizados. Las empresas que presten servicios públicos domiciliarios, únicamente podrán cobrar tarifas por concepto de la prestación de dichos servicios y de aquellos de que trata la Ley 142 de 1994. En este último evento, previa celebración de convenios con este propósito. En consecuencia, las empresas que presten los servicios públicos domiciliarios, no podrán incluir en la factura correspondiente cobros distintos de los originados en la prestación efectiva de los mencionados servicios, aunque existan derechos o conceptos cuyo cobro esté fundamentado en otras normas de carácter legal, salvo que cuenten con la autorización expresa del usuario. Cuando el usuario lo requiera, podrá cancelar únicamente los valores correspondientes al servicio público domiciliario, para lo cual deberá dirigirse a las oficinas de la respectiva empresa o entidad o a los puntos donde aquellas realizan sus operaciones comerciales, con el fin de que se facilite la factura requerida para pago de dichos valores. Las entidades y empresas que pretendan incluir en las facturas de servicios públicos cuotas derivadas de créditos otorgados a los usuarios, deberán garantizar las facilidades que permitan al usuario en todo caso cancelar la tarifa correspondiente al servicio público sin que en ningún caso se generen cobros adicionales por dicha gestión. La empresa no podrá suspender el servicio público por el no pago de conceptos diferentes al directamente derivado del mismo. El valor de las cuotas derivadas de tales créditos deberá totalizarse por separado del servicio público respectivo de modo que quede claramente expresado cada concepto. Las deudas originadas de obligaciones diferentes al pago de servicios públicos no generarán solidaridad respecto del propietario de inmueble, salvo que este así lo haya aceptado en forma expresa".

(13) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2005, expediente 25000-23-26-000-2004-01868-01(ACU), M.P. María Nohemí Hernández Pinzón. La sentencia fue proferida con ocasión a la solicitud de un usuario que exigía que Codensa, S.A. E.S.P. de cumplimiento a los artículos 146 y 148 de la Ley 142 de 1994 y 8º del Decreto 2223 de 1996, en el sentido de excluir de las facturas el cobro por concepto de electrodomésticos, celulares y otros productos cuya adquisición ofrece la empresa a sus clientes en forma financiada.

(14) De acuerdo con el artículo 90 de la Carta, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

(15) No se hará pronunciamiento sobre los perjuicios materiales solicitados con la impugnación, en tanto, esa no es la oportunidad para adicionar o modificar las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 208 del Código Contencioso Administrativo.

(16) Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 249. De manera más detallada el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1º) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2º) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables.” Ídem. Pág. 406.

(17) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 11 de 2007. Radicado 110010315000200601308 00.

(18) Corte Constitucional, Sentencia C – 060 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(19) Mediante providencia calendada el 14 de junio de 2013 se aceptó impedimento al magistrado Danilo Rojas Betancourth (fls. 154 y 155, cdno. ppal.).