Sentencia 1999-2332 de mayo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-1999-2332-01 (26358)

Consejera Ponente:

Dr. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Demandado: Nación, Congreso de la República - Cámara de Representantes

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D. C., veintidós de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1. La competencia; 2. La caducidad; 3. Los hechos probados; 4. El daño antijurídico; 5. La imputación; 6. Liquidación de perjuicios; 7. Reglas para tasar los perjuicios materiales; y 8. La condena en costas.

1. La competencia.

El artículo del 129 Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia(2), dice que la corporación, en la Sala Contenciosa Administrativa, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales, en el mismo sentido del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 51 del Decreto 2304 de 1989. Así, la corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(3), en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado(4).

2. Caducidad de la acción.

Según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en su numeral 8, la acción de reparación directa debe presentarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquier otra causa.

En el sub lite la responsabilidad administrativa que se le atribuye a la entidad demandada se originó con el daño antijurídico, causado a la camioneta Cherokee de placas BIB-113, con ocasión del accidente de tránsito acaecido el 15 de octubre de 1997 (fl. 22 del cdn. de pruebas); en el acervo probatorio se tiene que el escrito de demanda fue presentado el 17 de septiembre de 1999, por lo que se deduce que lo hizo dentro de la oportunidad legal para ello.

3. Los hechos probados.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo, así:

Pruebas documentales

— Inventario individual de vehículos de la Dirección Administrativa - División Transportes - Sección Estadística de Bogotá, D. E. (sic), del DITRA Policía Nacional, del 21 de julio de 1997, mediante el cual se hace una relación detallada del vehículo: “(…) Placa BIB-113, Sigla 01-581, A cargo de: servicio Dr. Roberto Moya, Comisión: Cámara de Representantes, Clase de vehículo cmioneta (sic) cuatro puertas, Marca Cherokke (sic), Modelo 1996, Motor Serie 89425 (sic), Color radiante, Serial 8Y2FJ33VCTV089425 (…)” (fl. 1 del cdn. de pruebas).

— Copia simple de la licencia de tránsito 94-983064 del carro de placas BIB-113, marca Jeep, línea y cilindraje Cherokee, modelo 1996, clase de vehículo camioneta, carrocería o tipo cabinada, número de puertas 05, número de motor 89425, propietario Policía Nacional, fecha de expedición 23 de abril de 1997 (fl. 6 del cdn. de pruebas).

— Copia simple de la póliza de seguros de daños corporales, causados a las personas en accidentes de tránsito 241 85119565, del automotor de placas BIB-113 (fl. 6 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del oficio del 15 de octubre de 1997, suscrito por el representante Roberto Moya Ángel, donde relató los hechos que dieron lugar al accidente de tránsito que originó el daño a la camioneta Cherokee de siglas 01581, placas BIP-113.G al coronel de la División de Transportes (sic); “(…) El presente oficio tiene por objeto informarle el accidente que tuvo lugar el día de hoy a las 6:00 a.m. con el vehículo de la referencia, en la vía que conduce de Bogotá al municipio de Une, Cundinamarca, más exactamente en el sitio denominado Kilómetro 19 que lleva al casco urbano. La carretera es bastante pendiente y al coger una curva como el piso estaba algo húmedo, la camioneta coleó y al aplicar el freno se desastabilizó (sic) lo que me obligó a soltarlo nuevamente yendo a parar al lado de la carretera cogiendo un árbol y golpeándome con el parabrisas en la cabeza. En ese momento fui auxiliado por unos señores que se movilizaban en un automóvil, dejé recomendada la camioneta y solicité el servicio de una grua (sic) que llevó la camioneta a mi apto. Solo espero de usted la comprensión de este percance (…)” (fl. 22 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del concepto jurídico del 7 de julio de 1998, emitido por la oficina jurídica de la Cámara de Representantes, quienes con respecto al pago de los daños del vehículo camioneta Cherokee, de siglas 01-581, placas BIP113 [sic] de propiedad de la Policía Nacional, estimaron “La H. Cámara de Representantes debe asumir los daños relacionados al vehículo de su servicio, ocurridos con motivo del accidente”" (fls. 2 a 3 del cdn. de pruebas).

— Copia simple del oficio DS. 4.4.263/98, del 18 de agosto de 1993, suscrito por el jefe de división de la Cámara de Representantes y dirigido al Subdirector General de la Policía Nacional, a través del cual se le informó el contenido del concepto jurídico, emitido por la oficina jurídica de la H. Cámara de Representantes, relativa al vehículo camioneta Cherokee de siglas 01-531, de propiedad de la Policía Nacional (fl. 5 del cdn. de pruebas).

— Oficio original 002367, del 17 de diciembre de 1998, con destino al presidente de la Honorable Cámara de Representantes y proveniente del asesor de tránsito de la Policía Nacional, donde solicitó que ordenara el arreglo del automotor de siglas 01-581, con fundamento en la asignación al servicio del Dr. Moya Ángel y el concepto jurídico emitido por la entidad demandada (fl. 5 del cdn. de pruebas).

— Copia simple del Oficio 00897/ARMAN-ASDIS, del 29 de marzo de 1999 de la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera - Área de Mantenimiento, donde se envía a la División Jurídica de la Cámara de Representantes, copia del valor del arreglo de la camioneta así “Valor repuestos $29.159.891= Valor mano de obra $5.751.558=, Total $34.214.449=; Anexo cotización 8 folios” (fl. 7 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 1819/SUDIR-ASJUR, del 13 de mayo de 1998, del Subdirector General de la Policía Nacional, con destino a la Cámara de Representantes, por el cual se adjuntó el proceso administrativo 133 R-188-133/98 del accidente y daños ocasionados a la camioneta Cherokee de siglas 01-581, de propiedad de la Policía Nacional, para que se llevara a cabo los procedimientos legales pertinentes, para reparar el daño al vehículo antes señalado (fl. 21 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 1913 DITRA.J.C. 744, del 27 de octubre de 1997, de la Dirección Administrativa y Financiera - División de Transportes de la Policía Nacional, donde se ordenó la apertura de la investigación administrativa contra el conductor que tenía asignado el vehículo 01-581, con el objeto de que se estableciera la posible responsabilidad por el mal uso del mismo (fl. 23 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 2282 DISTRA.ASDIS, del 22 de octubre de 1997, de la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera - División Transportes, donde se ordenó al teniente - jefe sección mantenimiento Ditra, se practicara el peritazgo “del vehículo camioneta cheroque (sic) de siglas 01-581 con relación al accidente ocurrido el 15 de octubre de 1997 en la vía que conduce de Bogotá al municipio de Une, Cundinamarca, informando que (sic) elementos se hacen necesarios para el respectivo arreglo al igual que el valor de la mano de obra” (fl. 24 del cdn. de pruebas 6).

— Copla simple del Oficio 1061 DISTRA.SEMAN, del 21 de noviembre de 1997, donde se envía a la oficina de asuntos disciplinarios de la Policía Nacional, el peritazgo realizado al vehículo camioneta Cherokee de siglas 01-581, por los jefes de sala de motores, sala de electricidad, hangar # 3, sala de direcciones y división de mantenimiento, por un valor total de $3.990.000 (fls. 25 a 26 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio GPV253/97, del 27 de octubre de 1997, donde se remite “cotización vehículo placas BIB 113”, a la Policía Nacional, realizada por Crump América S. A., distribuidor Chrysler para Colombia, por un valor de $5.730.400 (fls. 27 a 28 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio GPV253/97, del 27 de octubre de 1997, donde se remite “cotización vehículo placas BIB 113”, a la Policía Nacional, realizada por Crump América S. A., distribuidor Chrysler para Colombia, por un valor de $1.125.200 (fl. 29 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple de la cotización 97, del 4 de noviembre de 1997, con destino a la Policía Nacional, realizada por Crump América S. A., distribuidor Chrysler para Colombia, por un valor de $7.636.749 (fl. 30 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple de la cotización 100, del 5 de noviembre de 1997, con destino a la Policía Nacional, realizada por Crump América S. A., distribuidor Chrysler para Colombia, por un valor de $6.810.993 (fl. 31 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 2585 DISTRA.ASDI, del 24 de noviembre de 1997, de la Policía Nacional - Asuntos disciplinarios, donde se envía a la oficina de división de logística de la misma entidad, el informe suscrito por el doctor Roberto Moya Ángel sobre el accidente y el listado de elementos y cotización (fl. 32 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 394 DITRA-ASDIS, del funcionario instructor, donde solicitó a la oficina de la división de transportes la Policía Nacional, el nombre del agente que tenía asignada la camioneta Cherokee de siglas 01-581 para el día 15 de octubre de 1997 (fl. 38 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 285 DITRA-SEAVE C., del jefe de sección apoyo vehicular - Policía Nacional, donde se informó a la oficina de asuntos disciplinarios, el nombre del agente señor AC. Pablo Salazar Piñeros (sic); quien tenía asignada la camioneta Cherokee de siglas 01-581 desde el 21 de julio de 1997 y no había sido entregada (fl. 39 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del auto de 12 de marzo de 1998, donde se decretó la práctica de la inspección ocular y peritaje al vehículo de siglas 01-581 (fl. 40 del cdn. de pruebas 6).

—- Copra simple del Oficio 157 DITRA.SEMAN, del 17 de marzo de 1998, por medio del cual se envió el peritazgo elaborado por los peritos nombrados dentro de la investigación administrativa, al vehículo camioneta Cherokee de siglas 01-581; por un valor de $7.740.000 (fls. 65 a 66 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 653 REHUM-POVIJ, del 17 de marzo de 1998, por medio del cual se le comunicó al funcionario instructor que el agente Salazar Piñeros Pablo no se encontraba vinculado a ninguno de los sistemas de seguridad de la Policía Nacional (fl. 45 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 421 DITRA-ASDIS, del 18 de marzo de 1998, donde el funcionario instructor solicitó al jefe de almacén técnico DITRA, el valor de los elementos de los repuestos para reparar el vehículo camioneta Cheroke (sic) siglas 01-581 (fls. 46 a 47 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 425 DITRA.ASDIS, del 18 de marzo de 1998, donde se requirió al director de servicios especializados de la Policía Nacional para que ordenara a quien correspondiera la presentación del agente conductor Salazar Piñeros Pablo a la oficina de asuntos disciplinarios de la División de Transportes de Policía Nacional (fl. 48 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 42 DITRA.ALTECG, del 27 de marzo de 1998, por el cual se dio respuesta al Oficio 421, al jefe de asuntos disciplinarios de la Policía Nacional, y se envió el valor de los elementos necesarios para subsanar las novedades que presenta el vehículo camioneta Cherokee de siglas 01581, por un total de $5.938.041 (fl. 49 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 476 DITRA.ASDIS, del 30 de marzo de 1998, por el cual se da respuesta al Oficio 421, donde se reiteró al director de servicios especializados, la presentación del agente conductor Salazar Piñeros Pablo, a la oficina de asuntos disciplinarios (fl. 50 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 537 DITRA.ASDIS, del 2 de abril de 1998, donde se requirió al jefe de la sección estadística y apoyo vehicular de la Policía Nacional, para que informara si el conductor que tenía asignada la camioneta Cherokee de siglas 01-581 pertenecía a la Policía Nacional, o en su defecto a qué institución (fl. 51 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 791 REHUM-DIRSE, del 2 de abril de 1998, por el cual se da respuesta al Oficio 425, donde se le comunicó al funcionario instructor que el señor AC. Salazar Piñeros Pablo no se encontraba registrado en la dirección de servicios especializados de la Policía Nacional y que era un particular que laboraba directamente con el Congreso de la República (fl. 52 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 653 REHUM-POVIJ, del 17 de marzo de 1998, por el cual se da respuesta al Oficio 425; donde se le informó al funcionario instructor que revisados los sistemas y kárdex el señor agente Salazar Piñeros Pablo no se encontraba vinculado a ninguno de los sistemas de la entidad (fl. 53 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 536 DITRA.ASDIS, del 2 de abril de 1998, a través del cual el funcionario instructor le solicitó al representante de (sic) la Cámara Roberto Moya Ángel, que dispusiera lo pertinente para que el señor A.I. (sic) Pablo Salazar Piñeros, se presentara a la oficina de asuntos disciplinarios de la división de transportes de la Policía Nacional (fl. 54 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple del Oficio 355 del 2 de abril de 1998, a través del cual se le informó al jefe de asuntos disciplinarios que el conductor al cual se le tenía asignado el vehículo de siglas 01-581 es el señor CP. (sic) Pablo Salazar Piñeros, quien era miembro activo de la institución, así mismo comunicó que en el inventario aparece como A1 (sic) (fl. 55 del cdn. de pruebas 6).

— Copia simple de la diligencia de declaración rendida por el asistente uno (A1) Pablo Salazar Piñeros, el 6 de abril de 1998, ante la Policía Nacional - dirección administrativa y financiera división transportes, oficina de asuntos disciplinarios (fl. 57 del cdn. de pruebas 6), donde arguyó:

“(...) Pri (sic) que todo quiero aclarar que yo no trabajo con la Policía Nacional, ni soy Ag (sic) conductor como aparece en algunos oficios emanados de esta Dependencia, yo desempeño o trabajo en el Congreso de la República de Colombia y más exactam (sic) pertenesco (sic) a la Cámara de Representantes mi cargo es asistente uno; me desem (sic) como conductor del doctor Roberto Moya y por orden de él vine a recibir la cami (sic) con inventario de que yo era el que venía a Transportes a hacerle el respectivo mantenimiento al vehículo y a reclamar la valera que mensualmente expiden aca (sic) para suministro de combustible y a presentarla para hacerle servicio general que pres (sic) ra (sic) el vehículo, es de anotar que en ocasiones el que manejaba el vehículo es dire (sic) mente el doctor Roberto Moya Angel (sic) y como consta en el oficio que él envío (sic) a división el doctor iba manejando el día que sucedió el accidente. Pregunt (sic) Diga al despacho si usted tiene permiso para conducir vehículos oficiales en caso vehículos de la Policía Nacional. Contestó: Como dije anteriormente me dese (sic) como asistente del doctor Roberto Moya y por orden de él recibí el vehículo en transportes ya que los mandos superiores le habían asignado ese vehículo el (sic) servicio de él (…)”.

— Copia simple del Oficio 587 DITRA. ASDIS, a través del cual el funcionario instructor le informó al Subdirector General de la Policía Nacional que no era competente para adelantar la investigación administrativa por los daños que presentó la camioneta Cherokee de siglas 01-581 de propiedad de esa entidad (fl. 57 del cdn. de pruebas 6).

Descendiendo al caso concreto, en primer lugar, la Sala pone de presente que la mayoría del material probatorio allegado al expediente obra en copia simple, sin embargo lo valorará conforme a su reiterada jurisprudencia al respecto, que permite hacerlo si los documentos han obrado a lo largo del proceso, no han sido tachados de falsos por la parte contra quien se aduce y se ha sometido a los principios de contradicción y de defensa, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

En este caso, las pruebas documentales fueron decretadas por el tribunal y aportadas por la parte actora y la entidad demandada Nación, Congreso de la República - Cámara de Representantes, en el trascurso del proceso no las tachó de falsas.

Sobre la valoración de las copias simples, la Subsección ha establecido:

“La entidad demandada allegó en copra simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor XXXXXXXX XXXX XXXXXXX, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran el poder del ICBF —concretamente en sus archivos—, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes”(5).

Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así:

“Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de, convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”(6).

4. El daño antijurídico.

De acuerdo con lo que ha establecido esta Sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable estudiar en primer lugar, lo inherente a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(7).

En el caso en concreto, se acreditó el daño antijurídico, consistente en las averías a la estructura y funcionamiento de la camioneta Cherokee de placas BIB-113.

5. La imputación.

Ahora bien, con relación a la imputación, es necesario determinar, si las averías causadas a la estructura y funcionamiento de la camioneta Cherokee de placas BIB-113, puede ser atribuida a la entidad demandada.

Esta corporación ha sostenido de manera reiterativa que la conducción de vehículos automotores conlleva para quien la despliega una actividad peligrosa que ocasiona un riesgo de naturaleza anormal, de manera que la imputación en estos casos debe ser de naturaleza objetiva en aplicación de la teoría del riesgo excepcional, ya que el elemento de imputación es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone a los administrados, y en estos casos, debe probarse la existencia del daño y la actividad del Estado, y la Administración, para excluir su responsabilidad deberá acreditar la presencia de una causa extraña como: el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

Cabe resaltar que para determinar, cuál es el título de imputación aplicable, no siempre será necesaria la demostración del derecho real de dominio(8), sino definir quién lo tenía bajo su custodia, quién ejercía la dirección del mismo, es decir, la guarda material del automotor al momento de producción del accidente puesto que este es entonces quien quedará obligado a responder por el riesgo creado.

Al respecto ha dicho esta Sala:

“En esa perspectiva, al margen de que la propiedad de los vehículos solo pueda ser acreditada mediante la inscripción del título traslaticio en el registro nacional automotor —tal y como lo reiteró in extenso la Sala en reciente oportunidad—, en el caso concreto, no resulta relevante la demostración de la titularidad o propiedad del campero Toyota, sino la identificación de quién ejercía el poder intelectual de uso, mando y dirección de la cosa, esto es, la guarda material del automotor al momento de producción del accidente, circunstancia que quedó probada en suficiencia con la certificación suscrita por la Secretaria General de EPSA, así como con el informe del accidente.

En efecto, la Sala siguiendo el pensamiento formulado por la doctrina de los hermanos Mazeaud, ha sostenido que en tratándose de los daños derivados del ejercicio de una actividad peligrosa, el criterio imperante es el de guarda material, y que, de manera subsidiaria habrá lugar a acudir a los conceptos de guarda jurídica o guarda provecho, esta última asociada al concepto de riesgo beneficio. El daño antijurídico quedó establecido en el proceso, ya que las lesiones físicas del señor Marco Tulio Cifuentes constituyen una alteración negativa de diversos intereses patrimoniales y no patrimoniales de los demandantes, que estos no se encuentran en el deber de soportar. De otro lado, a efectos de establecer el responsable de los daños derivados de una actividad riesgosa, es preciso identificar quién ejerce la guarda material sobre la actividad o la cosa peligrosa, respectivamente. En esa línea de pensamiento, para la Corte Suprema de Justicia el artículo 2356 del Código Civil no contemple una presunción de responsabilidad, a diferencia del entendimiento tradicional que de tiempo atrás esa alta corporación le había dado a la norma, sino que, por el contrario, descansa sobre la noción de riesgo y, por lo tanto, es a partir de ese régimen de responsabilidad —riesgo— que se debe definir la imputación en los supuestos en los que el daño tiene su origen en el desarrollo de una actividad peligrosa. Así las cosas, como la actividad de conducción de vehículos es riesgosa o peligrosa, resulta oportuno analizar la controversia desde el título objetivo del riesgo excepcional, en los términos señalados, con la salvedad de que, en el asunto sub examine se presentó una colisión de actividades peligrosas, como quiera que tanto Marco Tulio Cifuentes como EPSA ejecutaban, al momento del accidente, la conducción de automotores sin que esta específica circunstancia suponga que se cambie o traslade el título de imputación a la falla del servicio. En efecto, si bien esta corporación en una época prohijó la llamada ‘neutralización o compensación de riesgos’, lo cierto es que en esta oportunidad la Sala reitera su jurisprudencia [sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 18039], ya que, al margen de que dos actividades peligrosas concurran o entren en una colisión al momento de materializarse el daño, ello no muta el título de imputación en uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que, por el contrario, se mantiene en la dimensión objetiva”(9).

En el sub lite, se constata que el día de los hechos, además de que la guarda material del vehículo se encontraba en cabeza de la Nación - Congreso de la República - Cámara de Representantes, a través del doctor Roberto Moya Ángel, quien lo recibió mediante inventario individual de Vehículos de la Dirección Administrativa - División Transportes - Sección Estadística de Bogotá, del DITRA Policía Nacional(10), en razón de su investidura como congresista miembro de la Comisión de Investigación y Acusación(11) de dicha corporación, este era conducido por el mismo representante a la Cámara. Así pues, de lo dicho ad supra, se tiene que la responsabilidad por los daños ocasionados al automotor accidentado es imputable a la entidad demandada.

6. Liquidación de perjuicios.

Afirma el actor que para la tasación de los perjuicios se debe tener en cuenta los siguientes documentos:

• Peritazgo elaborado el 17 de marzo de 1998, por los peritos nombrados dentro de la investigación administrativa al vehículo camioneta Cherokee de siglas 01-581, por un valor de $7.740.000 (fls. 65 a 66 del cdn. de pruebas 6).

• Oficio 42 DITRA.ALTECG del 27 de marzo de 1998, por el cual se dio respuesta al Oficio 421, al jefe de asuntos disciplinarios del precio de los elementos necesarios para subsanar las novedades que presenta el vehículo camioneta Cherokee de siglas 01581, por un valor total de $5.938.041 (fl. 49 del cdn. de pruebas 6).

• Oficio 897/ARMAN-ASDIS, del 29 de marzo (sic) de la Policía Nacional – Dirección de (sic) Administrativa y Financiera – Área de mantenimiento, donde se envía a la división jurídica de la Cámara de Representantes, copia del valor del arreglo de la camioneta así: “Valor repuestos $29.159.891=, valor mano de obra $5.761.558=, Total $34.214.449=” (fl. 7 del cdn. de pruebas 6).

La Sala comparte la apelación del a-quo con respecto a la ausencia del valor probatorio de la cotización, por cuanto la misma no es el elemento probatorio conducente e idóneo para tasar el perjuicio causado.

Ahora bien analizado el contenido de los dictámenes que reposan en el plenario, se encuentra que los mismos adolecen de fundamento por cuanto las respuestas que ofrecen se sustentan en cifras y no en el análisis técnico requerido para dilucidar los aspectos en debate. Los peritos de la Policía Nacional rindieron su dictamen con base en la enunciación de repuestos y precios. En consecuencia, por carecer de claridad, precisión y detalle, la Sala no les asigna mérito probatorio.

En efecto, es preciso recordar que la prueba pericial ha de consistir en la expresión de conceptos especializados en materias técnicas relevantes al proceso, que ilustren al juez sobre aspectos ajenos al jurídico. Al momento de rendirlo, los técnicos deben motivar sus respuestas de modo claro, preciso y detallado, de manera tal que le pueda ser atribuida eficacia probatoria suficiente para dilucidar algún aspecto en litigio, de forma firme y suficiente.

En cuanto a los documentos restantes se encuentra que las cifras relacionadas contienen diferencias abismales entre una y otras, por lo tanto no se puede tener un valor exacto para tasar el perjuicio. Así las cosas, dada la falta de prueba del quantum del perjuicio sufrido por la entidad demandante, se condenará en abstracto en lo que se refiere a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

7. Reglas para tazar los perjuicios materiales.

Ahora bien, para la, liquidación incidental de los perjuicios aquí reconocidos, en el marco de lo estipulado en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998, se ordenará acudir a todos los elementos de juicio que permitan determinar por un lado, los repuestos del vehículo detallando su cantidad y precio, y por el otro, el valor de la mano de obra de la restauración de la camioneta.

Cabe resaltar que si para la fecha del presente fallo, la entidad demandante ya efectuó la reparación del automotor, se podrán aportar las facturas, con las cuales cancelaron dicho gasto.

El resultado de dicho ejercicio permitirá identificar el valor de los repuestos y la mano de obra necesarios para la reparación del vehículo, el cual deberá ser actualizado de acuerdo con la fórmula matemático actuarial, utilizada al efecto por el Consejo de Estado(12). Lo que arroje dicha operación matemática será el valor que se deberá reconocer y pagar a la entidad actora.

8. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revocar la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, el 13 de noviembre de 2003, y en su lugar disponer:

Primero: Declarar administrativamente responsable a la Nación - Congreso de la República - Cámara de Representantes, de los daños ocasionados al vehículo camioneta marca Cherokee, de placas BIB 113, de propiedad de la Policía Nacional.

Segundo: Condenar en abstracto a la Nación - Congreso de la República - Cámara de Representantes, y ordenar establecer el quantum de la obligación a través de un incidente de liquidación de perjuicios que se realizará en cumplimiento de las reglas señaladas en esta providencia, una vez se determinen las bases probatorias para la liquidación.

Tercero: Sin condena en costas.

Cuarto: En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Es preciso advertir que el artículo 308 de la ley 1437 de 2011 dice que el nuevo Código “solo aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(3) “La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance del respectivo recurso de alzada (…) [Es así como], si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por si misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia de Unificación del 9 de febrero de 2012; Exp. 21060.

(4) De acuerdo con lo consignado en el Decreto 597 de 1988, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia —cuando la demanda fuera interpuesta en el año 1999—, era de $18.850.000. En el sub lite; la mayor pretensión superaba los $34.000.00 suma mínima alegada por los daños ocasionados al patrimonios de la institución demandante.

(5) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 24 de abril de 2013; Exp. 28221.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011; Exp. 20171, M. P. Enrique Gil Botero.

(7) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 18 de febrero de 2010; Exp. 17885.

(8) Derecho real de dominio o propiedad: Art. 669 C.C. “El dominio es un derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno”. Es un poder de hecho sobre las cosas, son derechos ejercidos con el ánimo de señor y dueño. Atributos de la propiedad: Uso, goce y disposición (Luis Guillermo Velásquez Jaramillo, Bienes Editorial Temis, 2010, Pág. 199).

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, rad. 18967, C. P. Enrique Gil Botero.

(10) El 21 de julio de 1997, se entregó la camioneta Cherokee de placas BIB-113, folio 1 del cuaderno de pruebas.

(11) “La Comisión Legal de Investigación y Acusación, está conformada por quince (15) miembros, elegidos por sistema del cociente electoral. Por otro lado y por mandato constitucional, el art. 178 (C.P.), y Ley 5ª de 1992, art. 229 y ss., le corresponde conocer a esta célula congresual sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado” www.camara.gov.co.

(12) Valor presente = valor histórico * IPC final / IPC inicial