Sentencia 1999-02411 de junio 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Expediente: 76001-23-31-000-1999-02411-01 (31.527)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Gabriel Suaza Cano y otros

Demandado: municipio de Cali

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir los recursos de apelación oportunamente interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2004, por la Sala de Descongestión para los tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sede Cali.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 18’850.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 73’669.640(1), solicitada por concepto de perjuicios materiales (4.000 gramos oro) a favor de cada uno de los lesionados, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

De otro lado, es menester anotar que el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala que la apelación se entenderá interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que, en razón de la reforma, fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”; sin embargo, cuando ambas partes apelan la providencia, como ocurrió en el sub judice, o la que no apeló adhiere al recurso, el superior puede resolver sin limitaciones.

2. Cuestión previa.

Respecto de las fotografías que se aportaron con la demanda(2), que contienen imágenes de una calzada vehicular con dos huecos en el asfalto, debe precisarse que, si bien es cierto los testigos escuchados en el proceso confirmaron que se trata del lugar donde, el 19 de septiembre de 1999, doña María Victoria y don Julián Andrés sufrieron un accidente de tránsito, también es cierto que no corroboraron que los hundimientos en ellas registrados sean los mismos que, según la demanda, existían en el momento del siniestro; además, se desconoce la época en que fueron tomadas; por lo tanto, solo se les otorgará valor probatorio en lo que corresponde al sitio del accidente.

3. Valoración probatoria y caso concreto.

La Sala, con fundamento en el material probatorio válidamente recaudado, encuentra acreditado lo siguiente:

Según copia simple de parte de la historia clínica de María Victoria Pinzón Lozano(3), el 19 de septiembre de 1999 la paciente ingresó a la clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali con “contusión cerebral”(4), “TCE... herida frontal”(5), de manera que permaneció hospitalizada allí hasta el 26 de septiembre siguiente, día en que fue dada de alta con un diagnóstico de “1. Contusión cerebral con hemorragia intraparenquimatosa, 2. Hipoacusia severa por oído derecho. 3. Parálisis facial derecha, 4. Trastorno orgánico de la personalidad”, como consecuencia de un accidente de tránsito(6) que, según la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, le generó una pérdida de la capacidad laboral en el 35.17%(7).

Respecto de Julián Andrés Gómez Yepes se encontró que, también el 19 de septiembre de 1999, ingresó a la clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali con “laceración en región temporal derecha”(8) y que, si bien la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca certificó que no padeció pérdida de la capacidad laboral, sí le diagnosticó “Trauma craneano leve (laceración en región temporal derecha) secundaria a accidente de tránsito”(9).

Verificado el daño invocado por la parte actora, consistente en las lesiones que sufrieron María Victoria Pinzón Lozano y Julián Andrés Gómez Yepes en un accidente de tránsito ocurrido el 19 de septiembre de 1999, la Sala abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si aquel es atribuible o no a la entidad demandada, toda vez que a esta se le pretende imputar una falla en el servicio consistente en la falta de intervención, mantenimiento y señalización de una de las vías urbanas del municipio de Cali.

En casos como el que ahora ocupa a la Sala, la falla en la prestación del servicio se configura si se acredita que la entidad encargada del mantenimiento y conservación de la vía (escenario del accidente) omitió el cumplimiento de tales deberes, máxime si se prueba que fue enterada sobre la presencia anormal y peligrosa de obstáculos sobre esta, como árboles caídos, derrumbes o desprendimiento de rocas, hundimientos, etc., que pudieren ofrecer riesgo a los automotores o peatones que transitan por el sector y que, aun así, no tomó las medidas tendientes a reparar, señalizar o aislar la zona, o a remover el material estorboso, a fin de prevenir el peligro que este implicaba.

Al respecto, esta corporación ha sostenido que el Estado está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de manera que deberá responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito(10) y ii) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiere efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía(11); evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que esta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad.

Se tiene, entonces, que la demostración de la existencia de un obstáculo en una vía (en este caso dos huecos) no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño por ello, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

Al respecto, no debe olvidarse que, a la luz del inciso primero del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(12), constituye una carga procesal de la parte actora demostrar las imputaciones consignadas en la demanda, a partir de las cuales pretende que se declare responsable a la administración, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, en este caso por las lesiones padecidas por María Victoria Pinzón Lozano y Julián Andrés Gómez Yepes.

En cuanto a las circunstancias en las que se presentó el accidente, se tienen las versiones de los testigos en las que se relató lo siguiente (se trascribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

— “Yo estaba presente porque andaba con un amigo en un taxi que arrimó a visitar una amiga que trabajaba en Colbeeper, estábamos más o menos donde fue el accidente, eso fue entre las doce y media y una de la mañana, yo me quedé en el carro cuando al momento oí algo y vi que era una moto que se había accidentado, en el momento no me bajé si no que le dije a mi amigo, él después me dijo que fuéramos a mirar, bajamos y llegamos al punto del accidente... Había un muchacho en el suelo estaba como inconsciente y una muchacha estaba como ayudándolo, ella tenía una herida como al lado de la ceja derecha... la moto quedó hacia el lado izquierdo y uno de los señores la acabó de arrimar bien al antejardín y en el lado donde fue el accidente habían dos huecos de un diámetro de cuarenta de ancho por unos sesenta centímetro de largo y más adelante había uno más pequeño de treinta por treinta, profundidad de unos quince centímetros... Preguntado. Sírvase manifestar como eran las características de la vía donde ocurrió el accidente. Contestó. No estaba muy iluminada porque hay muchos árboles que tapaban la iluminación, estaba seca la vía, la vía se ve bastante deteriorada. Preguntado. Sírvase manifestar al despacho cual fue la causa del accidente. Contestó. Se ve que se fueron al hueco, como no había tanta visibilidad no se notaba, por eso perdió estabilidad la moto... Eso fue en la calle 52 con Avenida 5A, eso fue en la calle” (se resalta, testimonio de Martín Orlando Hurtado Tenorio, fls. 5 y 6, cdno. 2).

— “Preguntado. Sírvase manifestar al despacho si conoce a los señores Julián Andrés Gómez Yepes y María Victoria Pinzón Lozano... Contestó. Sí los conozco, desde la vez del accidente que tuvieron en la calle 52 con 5 en Cali ... Yo ese día estaba en un taxi con un amigo que se llama Nelson Llanos, salíamos de la sexta de tomarnos unas cervezas, Nelson y otro señor que no recuerdo el nombre porque me lo presentaron de casualidad, creo que se llama Martín, nos fuimos de la sexta para Colbeeper, fuimos en el mismo taxi de Nelson... yo me quedé hablando con Martín cuando vimos a unos sesenta metros cuando oímos un estruendo, esperamos y nos fuimos a asomar y vimos que había un accidente de tránsito, llegamos y vimos una pareja que se había caído en un hueco, iban en una moto negra... se cayeron al pasar por el hueco... Preguntado. Sírvase manifestar como eran las características de la vía donde ocurrió el accidente. Contestó. Estaba cuarteada y oscura, por esos lados es muy oscura porque los árboles tapan mucho la luz, estaba seca la calle, es de dos carriles, es normal... fue en la calle 52 con Avenida 5A, los huecos estaban en todo el centro... Preguntado. Manifieste al despacho si existían señales de prevención que advirtieran el peligro en la vía, o sea que existía antes del hueco mecheros, cintas o cualquier otra señal que lo advirtiera... Contestó. No había. Preguntado. Manifieste al despacho cuales son las características del hueco en el cual se accidentaron Julián Andrés y María Victoria. Contestó. De unos cincuenta centímetros, de ancho igual, de profundidad una cuarta, adelante había uno pequeño” (se resalta, testimonio de Arbey López, fls. 8 a 10, cdno. 2).

El informe del accidente no contiene croquis “Debido a que el caso fue conocido en la clínica de los remedios. Se verificó en el sitio de ocurrencia y se encontraron huecos en la vía y una huella neumática”(13); además, con el mismo informe se constató que la vía correspondía al área urbana de Cali, que estaba en asfalto y que este se encontraba seco, que tenía huecos y que no contaba con señalización, control o demarcación alguna(14).

Para la Sala no existe duda de que el accidente de tránsito que sufrieron María Victoria y Julián Andrés acaeció en uno de los corredores viales del municipio de Cali, el cual se encontraba en mal estado, presentaba dos huecos de grandes dimensiones (esto según los testigos), no contaba con demarcación ni señalización y ofrecía poca visibilidad. De esta forma y atendiendo a las versiones testimoniales recién transcritas, se tiene probado que el mal estado de la vía representaba un riesgo inminente para quienes transitaran por allí, riesgo que, de hecho, se concretó con la caída de los mencionados motociclistas.

Ahora bien, le asiste razón a la parte demandada en lo que atañe a que los testigos no observaron el preciso momento del accidente; sin embargo, ello no es razón suficiente para que la Sala desestime su dicho, pues lo cierto es que ellos sí conocieron directamente de las condiciones en que se encontraba el corredor vial el día del suceso y, además, al acercarse al sitio del accidente, constataron que la moto había caído en uno de los huecos de los que dan cuenta ellos mismos (los testigos) y el informe de accidente atrás mencionado.

Agrégase a lo anterior que, si bien es cierto se desconoce el tiempo que llevaban los huecos en el pavimento, también es cierto que el municipio demandado nada manifestó al respecto, ni mucho menos alegó su inexistencia; al contrario, la defensa de esa entidad consistió en endilgar la responsabilidad a las víctimas por cuanto, a su juicio, era deber de los usuarios transitar con precaución y a una velocidad prudente, con el fin de evitar un imprevisto; no obstante, no allegó prueba alguna que demostrara el exceso de velocidad o la maniobra imprudente que pretendió imputar a los motociclistas.

En otras palabras, el municipio de Cali no desvirtuó la falla en el servicio, ni demostró haber cumplido con sus deberes de vigilancia, mantenimiento, rehabilitación, conservación y señalización del espacio público, escenario del accidente. Por su parte, los demandantes demostraron que el hecho dañoso ocurrió por la conducta omisiva de la administración municipal, toda vez que, pese a tener a su cargo el deber de tomar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de esta clase de accidentes a través de la reparación de los daños que se presenten en la malla vial, la remoción de los obstáculos o, por lo menos, la instalación de avisos preventivos sobre la existencia de un factor riesgo sobre la vía, nada hizo al respecto.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto declaró la responsabilidad del municipio de Cali por las lesiones sufridas por María Victoria Pinzón Lozano y Julián Andrés Gómez Yepes.

Liquidación de perjuicios

a. Perjuicios morales

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001(15), esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio.

— Grupo familiar de María Victoria Pinzón Lozano

Se demostró, a través de la Junta de Calificación de Invalidez del departamento del Valle del Cauca, que María Victoria Pinzón Lozano sufrió una pérdida de la capacidad laboral del 35.17%(16), como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 19 de septiembre de 1999.

De igual forma, se acreditó el parentesco entre María Victoria Pinzón Lozano (víctima) y los afectados Jairo Pinzón Contreras (padre), Cruz Enelia Lozano de Pinzón (madre) y Amalia del Pilar Pinzón Lozano (hermana), ya que obra en el expediente copia simple de los respectivos registros civiles de nacimiento(17). En este sentido, la Sala da por probado el perjuicio moral sufrido por los demandantes, con ocasión de la lesión de su hija y hermana, por cuanto, a partir de las reglas de la experiencia, se presume que el daño sufrido por un pariente cercano causa aflicción y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto dentro de la familia, como núcleo básico de la sociedad.

Así las cosas, para la Sala, en atención al porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de María Victoria Pinzón Lozano (31.17%) como consecuencia de la contusión cerebral, la hipoacusia severa en el oído derecho, la parálisis facial derecha y el trastorno orgánico de la personalidad, se impone modificar la cuantía de la condena proferida por el a quo y, por tanto, se dispone indemnizar estos perjuicios, así: por una parte, la suma de dinero equivalente a 62 salarios mínimos legales mensuales vigentes (al momento del pago) a favor de la víctima y otro tanto para cada uno de sus padres, señores Jairo Pinzón Contreras y Cruz Enelia Lozano de Pinzón; y, por otra parte, la suma equivalente en pesos a 31 salarios mínimos legales mensuales vigentes (también al momento del pago) para su hermana Amalia del Pilar Pinzón Lozano.

— Grupo familiar de Julián Andrés Gómez Yepes

Según la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, Julián Andrés Gómez Yepes no padeció pérdida de la capacidad laboral; sin embargo, ello no es óbice para imponer una indemnización por este perjuicio, pues está demostrado que, con ocasión del accidente, sufrió un trauma craneano leve por “Laceración en región temporal derecha”; además, según los testigos, padece de “dolores de cabeza y espalda, insomnio”(18), “es un poco retraido (sic)... le teme a los accidentes en moto, él algunas veces sufre dolores de cabeza... y la decisión de no volver a manejar una moto”(19), “tenía traumas y problemas de sicologo (sic), problemas de nervios, cualquier cosa lo desesperaba”(20). De conformidad con lo anterior, Julián Andrés Gómez Yepes tendrá derecho a recibir una indemnización por perjuicios morales por la suma equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del pago.

Ahora bien, está acreditado el parentesco entre Julián Andrés Gómez Yepes (víctima) y las afectadas María del Carmen Yepes Hernández (madre) y Luisa Fernanda Suaza Yepes (hermana), ya que obra en el expediente copia simple de los respectivos registros civiles de nacimiento(21). En este sentido, la Sala da por probado el perjuicio moral de las demandantes, con ocasión de la lesión de su hijo y hermano, por cuanto, a partir de las reglas de la experiencia, se presume que el daño sufrido por un pariente cercano causa aflicción y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto dentro de la familia, como núcleo básico de la sociedad; por lo tanto, a la madre del lesionado se le reconocerán 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del pago y a la hermana 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, también al momento del pago.

De otro lado, está probado que el señor Gabriel Suaza Cano hace parte del núcleo familiar de Julián Andrés Gómez Yepes, ya que, según las pruebas testimoniales, aquel es el padre de crianza de este; al respecto, los declarantes manifestaron cómo está conformada la familia del lesionado y cómo son sus relaciones, así: “Los padres, que se llaman Gabriel Suaza, padrastro, la mamá María del Carmen Yepes, la hermana Luisa Fernanda... siempre estuvieron con él en momentos difíciles, el padrastro es el papá y para la hermana también, él es papá de Luisa Fernanda y padrastro de Julián... como lo dije siempre ha sido el papá de él no (sic) lo ha visto como el padrastro”(22); “Tiene un padrastro que se llama Gabriel Suaza... ha sido una relación muy cordial hay (sic) se refleja que lo trata como un hijo”(23); “Gabriel que es el padrastro ha estado pendiente de él, Gabriel pedía permisos en la empresa para llevarlo a la empresa (sic)... Gabriel lo trata como si fuera su hijo”(24). Así, entonces, se le reconocerá la suma de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales(25).

b. Perjuicios materiales

Daño emergente

Los demandantes no acreditaron la pérdida económica o el empobrecimiento que supuestamente sufrieron con ocasión de las lesiones de María Victoria Pinzón Lozano y de Julián Andrés Gómez Yepes; en consecuencia, la Sala no accederá a su reconocimiento.

Lucro cesante

— Para Julián Andrés Gómez Yepes

La Sala no accederá a reconocer perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Julián Andrés Gómez Yepes, pues, si bien es cierto sufrió, según la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, algunas contusiones secundarias al accidente de tránsito, también es cierto que, de conformidad con la misma prueba, no padeció una merma en su capacidad laboral; además, pese a encontrarse, en esa época, en una edad productiva(26), no se acreditó que desarrollaba alguna actividad económica ni que esta se haya interrumpido como consecuencia de alguna incapacidad médica.

— Para María Victoria Pinzón Lozano

Está acreditado que María Victoria Pinzón Lozano era, en la fecha del accidente, una estudiante universitaria que no desarrollaba alguna actividad económica(27); sin embargo, para ese mismo momento, se encontraba en edad productiva y con capacidad para ejercer una actividad laboral o comercial que le permitiera recibir, por lo menos, un salario mínimo.

En este orden de ideas, la Sala liquidará el mencionado perjuicio teniendo en cuenta el valor del salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de la presente sentencia, es decir, la suma de $ 616.000(28), pues esta resulta, en términos de equidad, más beneficiosa que la que arroja la actualización del salario mínimo vigente para la época en que se produjo el accidente ($ 491.170), la cual se deriva de aplicar al salario mínimo de esa época ($ 236.460) la fórmula utilizada para actualizar la renta, así:

 

1999-02411 ecu1
 

 

El valor del salario mínimo legal vigente será incrementado en un 25% ($ 154.000), por concepto de prestaciones sociales —$ 770.000— y de este resultado se tomará, finalmente, el 35.17% que corresponde al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de María Victoria Pinzón Lozano, es decir, que la base para la liquidación es la suma de $ 270.809.

Indemnización debida o consolidada

Para el lucro cesante consolidado, el período indemnizable es el comprendido entre la fecha en que resultó lesionada, esto es, el 19 de septiembre de 1999 y la fecha de la presente sentencia. Para calcularlo, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada al efecto por la jurisprudencia, que se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante (0.004867) y “n” corresponde al número de meses transcurridos desde los hechos, hasta ahora (176.7):

 

1999-02411 ecu2
 

 

1999-02411 ecu3
 

 

S= 75.574.661

Indemnización futura

Para el lucro cesante futuro, el período indemnizable es el comprendido entre la fecha de esta sentencia y la fecha de vida probable de la lesionada (que resulta de calcular la expectativa de vida al momento de la ocurrencia del daño —59.36 años(29)—, es decir, 712,32 meses), tiempo al que se le restarán los 176.7 meses del período consolidado, para un total a indemnizar, por lucro cesante futuro, de 535.62 meses. Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada al efecto por la jurisprudencia, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 535.62 meses, así:

 

1999-02411 ecu4
 

 

1999-02411 ecu5
 

 

S = $ 51.511.380

En este orden de ideas, el valor total de la indemnización por lucro cesante a favor de María Victoria Pinzón Lozano es de ciento veintisiete millones ochenta y seis mil cuarenta y un pesos ($ 127’086.041).

c. Daño a la salud

Si bien la Sala, hasta hace poco, reconocía bajo el concepto de “alteración a las condiciones de existencia” los perjuicios inmateriales diferentes al perjuicio moral, en el sub lite se reconocerá dicho perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño provenga de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita sicofísica del sujeto y está encaminado a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas(30).

Bajo esta perspectiva y en consideración a que el daño reclamado por María Victoria Pinzón Lozano provino de una lesión física (contusión cerebral, la hipoacusia severa en el oído derecho, la parálisis facial derecha y el trastorno orgánico de la personalidad) que le implicó una pérdida de la capacidad laboral del 35.17%, la Sala le reconocerá, por concepto de daño a la salud, 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.

En cuanto a Julián Andrés Gómez Yepes, la indemnización por daño a la salud será de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, toda vez que la lesión, consistente en la laceración en región temporal derecha, fue considerada por la junta de calificación de invalidez(31) como un trauma craneano leve.

4. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 30 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sede Cali y, en su lugar:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al municipio de Cali, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con las lesiones padecidas por María Victoria Pinzón Lozano y Julián Andrés Gómez Yepes.

2. En consecuencia, CONDÉNASE al municipio de Cali a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, las siguientes sumas:

— El equivalente a sesenta y dos (62) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada una de las siguientes personas: María Victoria Pinzón Lozano, Jairo Pinzón Contreras y Cruz Enelia Lozano de Pinzón.

— El equivalente a treinta y un (31) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Amalia del Pilar Pinzón Lozano.

— El equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada una de las siguientes personas: Julián Andrés Gómez Yepes, María del Carmen Yepes Hernández y Gabriel Suaza Cano.

— El equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Luisa Fernanda Suaza Yepes.

3. CONDÉNASE al municipio de Cali a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de veintisiete millones ochenta y seis mil cuarenta y un pesos ($ 127’086.041), a favor de María Victoria Pinzón Lozano.

4. CONDÉNASE al municipio de Cali a pagar, por daño a la salud, las siguientes sumas:

— El equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de María Victoria Pinzón Lozano.

— El equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Julián Andrés Gómez Yepes.

5. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

7. Una vez en firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

8. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Suma que resulta de multiplicar el valor del gramo oro en el momento en que se presentó la demanda ($ 18.417,41) por 4.000.

(2) Folios 19 a 21, cuaderno 1.

(3) Allegada al proceso con oficio IPS.CRUU.DIR.292 del 31 de julio de 2001 (fls. 5 a 14, cdno. 2).

(4) Folio 40, cuaderno 1.

(5) Folio 36, cuaderno de pruebas.

(6) Folio 57, cuaderno de pruebas.

(7) Folios 56 a 58, cuaderno de pruebas.

(8) Folio 31, cuaderno de pruebas.

(9) Folios 60 a 62, cuaderno de pruebas.

(10) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de febrero de 2005, Expediente 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de marzo de 2000, Expediente 11877, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(12) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

(13) Folio 16, cuaderno 1.

(14) Ibídem.

(15) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 13232-15646 (1996-3160-01), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(16) Folios 56 a 58, cuaderno de pruebas.

(17) Folios 28 y 29, cuaderno 1.

(18) Testimonio del señor Diego Fernando Góngora Quintero, folios 18 a 21, cuaderno 2.

(19) Testimonio de la señora Amira Armendáriz Medina, folios 22 a 24, cuaderno 2.

(20) Testimonio del señor Jeovanny Montes Vallejo, folios 26 a 28, cuaderno 2.

(21) Folio 13 y 14, cuaderno 1.

(22) Testimonio del señor Diego Fernando Góngora Quintero, folios 18 a 21, cuaderno 2.

(23) Testimonio de la señora Amira Armendáriz Medina, folios 22 a 24, cuaderno 2.

(24) Testimonio del señor Jeovanny Montes Vallejo, folios 26 a 28, cuaderno 2.

(25) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de enero de 2009, Expediente 18073, C.P. Enrique Gil Botero.

(26) Para el momento del accidente (sep. 19/99), Julián Andrés tenía 18 años, pues, según el registro civil (fl. 14, cdno. 1) su nacimiento acaeció el 4 de mayo de 1981.

(27) Folio 57, cuaderno 2.

(28) Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2014.

(29) Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 19031, C.P. Enrique Gil Botero.

(31) Folio 61, cuaderno 2.