Sentencia 1999-02510 de junio 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Exp.: 76001-23-31-000-1999-02510-01(31003)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: María Eugenia Azcárate Cruz y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías y departamento del Valle del Cauca

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el departamento demandado, contra la sentencia del 5 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $18’850.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $72’801.880(1), solicitada por concepto de perjuicios materiales a favor de cada uno de los demandantes, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Consideraciones previas.

Como atrás se mencionó, el tribunal de primera instancia declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y del INVÍAS, y la “carencia de acción” en contra de la llamada en garantía; de esta manera, la condena recayó solo sobre el departamento del Valle del Cauca, entidad que no alegó en su recurso que la responsabilidad debiera declararse respecto de alguna de las otras entidades públicas demandadas; por lo tanto, la Sala se pronunciará únicamente respecto de la participación de dicho departamento en la causación del daño alegado.

Esta Sala ha delimitado, en otros asuntos, el estudio del recurso de apelación a los motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente, basada en los siguientes argumentos:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(2).

Ahora bien, respecto de las fotografías que se allegaron con la demanda(3), que supuestamente contienen imágenes del lugar donde, el 13 de mayo de 1998, Juan Carlos Borja Suárez perdió la vida, debe precisarse que no tienen mérito probatorio, ya que no existe certeza de que correspondan al lugar donde sucedieron los hechos. Dichos elementos solo comprueban que se registraron unas imágenes, sin que de estas se acredite su origen, ni el lugar ni la época en que fueron tomadas, toda vez que no fueron reconocidas ni ratificadas por la persona que las capturó, ni fueron cotejadas con otros medios de prueba.

3. Traslado de la prueba.

Sobre los medios probatorios obrantes en el expediente, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquellos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hayan sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hayan sido practicados con audiencia de esta no pueden ser valorados en el sub lite(4).

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de pruebas haya sido solicitado por ambas partes, aquellas pueden ser tenidas en cuenta, aún cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que hagan parte del acervo probatorio y que luego, de resultar desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(5).

Ahora, en el expediente obra, en copia autenticada(6), el proceso penal adelantado por la Fiscalía Seccional 23, por el homicidio del señor Juan Carlos Borja Suárez(7), el cual fue solicitado por la parte demandante y por el departamento del Valle del Cauca; pero, conforme a lo dicho en el párrafo que antecede, los testimonios y declaraciones traídos de esa acción no pueden ser valorados, pues no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para el traslado de pruebas, ya que no fueron practicados a petición o con audiencia del Ministerio de Transporte ni del Invías y no fueron objeto de ratificación dentro del presente proceso contencioso administrativo.

No obstante lo anterior, los documentos públicos y los informes técnicos que se encuentren dentro de la investigación penal sí podrán ser valorados, en los términos de los artículos 254 y 243 del CPC, por cuanto, como ya se indicó, obran en copia autenticada y, además, estuvieron a disposición de las partes y ninguna formuló reparo respecto de ellos.

4. Valoración probatoria y caso concreto.

El daño sufrido por los demandantes está acreditado con el registro civil de defunción, con el acta de levantamiento del cadáver y con el protocolo de necropsia, documentos según los cuales el señor Juan Carlos Borja Suárez falleció el 13 de mayo de 1998, siendo las 7 p.m., sobre la vía La Victoria, como consecuencia de un “shock neurogenico (sic)” causado por los múltiples traumas que sufrió cuando “conducía una moto TS-125 color rojo-placa (sic) Nº ROF-35A y colisiono (sic) de frente contra la motococleta Suzuky (sic) (…) conducida por Ramiro Ledesma”, quien también murió en el lugar del accidente. Según los análisis de alcoholemia practicados por el Instituto de Medicina Legal, a ninguno de los occisos se les detectó alcohol etílico en su sangre (fl. 11, cdn. 1; fls. 13, 42, 47 y 48, cdn. 3).

Constatada la existencia del daño y comoquiera que este no es un elemento suficiente para construir la imputabilidad que se pretende, la Sala abordará el análisis de imputación, con miras a determinar si aquel es atribuible al departamento del Valle del Cauca o si, por el contrario, se configura una causal eximente de responsabilidad.

Atendiendo a las condiciones concretas en las que se haya producido el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial, cuando el daño se produce como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; el de falla probada, cuando la irregularidad administrativa produce el daño; y el de riesgo, cuando este proviene de la realización de actividades peligrosas. Pero, en todo caso, el daño no será imputable al Estado si se evidencia que fue producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, toda vez que con ello no se configura el nexo causal entre el hecho que se imputa a aquel y el daño(8).

En casos como el que ahora ocupa a la Sala, en los que el análisis de responsabilidad se realiza a la luz del régimen de la falla en la prestación del servicio, se advierte que aquella se configura si se acredita que la entidad encargada del mantenimiento y conservación de la vía (escenario del accidente) omitió el cumplimiento de tales deberes, máxime si se prueba que fue enterada sobre la presencia anormal y peligrosa de obstáculos sobre esta, como árboles caídos, derrumbes o desprendimiento de rocas, hundimientos, etc., que pudieren ofrecer riesgo a los automotores o peatones que transitan por el sector y que, aún así, no tomó las medidas tendientes a reparar, señalizar o aislar la zona, o a remover el material estorboso, a fin de prevenir el peligro que este implicaba.

Al respecto, esta corporación ha sostenido que el Estado está obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de manera que deberá responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito(9) y ii) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiere efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía(10), evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que esta omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad.

Se tiene, entonces, que la demostración de la existencia de un obstáculo en una vía (en este caso dos huecos) no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño por ello, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

Al respecto, no debe olvidarse que, a la luz del inciso primero del artículo 177 del CPC(11), constituye una carga procesal de la parte actora demostrar las imputaciones consignadas en la demanda, a partir de las cuales pretende que se declare responsable a la administración, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, en este caso, por la muerte del señor Juan Carlos Borja Suárez.

En cuanto a las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la víctima, el teniente de la estación de Policía de La Unión informó a la Fiscalía Seccional 23, lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“(…) el día 13 de mayo del presente año, a las 20:30 horas aproximadamente en la vía que de el (sic) municipio de La Unión conduce al municipio de La Victoria diagonal al Centro Frutícola Andino se presentó un accidente de tránsito donde al parecer colisionaron las motocicletas, Suzuki TS-125, color rojo placa ROF-35A (…) la cual era conducida por el señor Juan Carlos Borja Suarez (…), y la moto, Suzuki AX-100 (…) placa ROT-58A (…) la cual era conducida por el señor Ramiro Ledesma Hernandez (…).

“En dicho accidente fueron victimas los dos conductores en mención, no se ha podido establecer las verdaderas causas del accidente ya que fuimos informados por línea telefónica cuando llegamos al lugar de los hechos de la motocicleta TS-125 al parecer había sido movida del lugar de los hechos ya que la dirección de la motocicleta TS-125 quedo sobre el pavimento de la vía y al moverla se observó que tenía hierva y tierra incrustados en la dirección” (se resalta, Oficio 075/ESUNI del 14 de mayo de 1998. Fl. 7, cdn. 3).

Lo anterior coincide con el informe del suceso y con el croquis del mismo, según los cuales, el 13 de mayo de 1998, siendo las 8:30 p.m., en la vía La Unión – La Victoria, se presentó un accidente de tránsito en el que resultaron involucrados dos automotores, así: (i) moto TS de placas ROF 25A (sic), en la que se movilizaba Juan Carlos Borja Suárez y (ii) moto de placas ROT 58A, manejada por Ramiro Ledesma; sin embargo, “no se pudo (sic) establecer las verdaderas causas, devido (sic) a lo confuso de los hechos”; además, se desconoce el sentido en el que transitaban cada uno de los motociclistas. Las mismas pruebas indican que el tramo donde tuvo lugar el siniestro era una calzada recta de dos carriles, en doble sentido, en asfalto, seca, con mala iluminación y con dos huecos, uno de “27 x 70 diametro (sic)” y el otro de “130 x 70 diametro (sic)” (copia autenticada del informe de accidente Nº 98-28361, fls. 8 y 9, cdn. 3).

Dicho esto, pasa la Sala a determinar si le asiste razón a la parte demandante, en tanto señaló como causas determinantes del accidente el mal estado de la vía (presencia de huecos) y la ausencia de elementos de señalización que advirtieran sobre el peligro que dicho deterioro representaba.

Sobre el particular, esto es, sobre las condiciones de la vía, específicamente del tramo en el que ocurrió el accidente del 13 de mayo de 1998, obra en el expediente el acta de la diligencia de inspección judicial realizada el 10 de abril de 2002 en el lugar de los hechos, en la que se consignó lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“(…) se dispone el traslado de los suscritos funcionarios, el apoderado de la parte demandante y los peritos posesionados al sitio donde se va a relaizar la diligencia de Inspección Judicial, más concretamente en el Sector de la Compuerta, cerca de la finca El Vergel, vía que de la Unión conduce a la Victoria Valle.- Una vez allí se pudo constatar con la ayuda de los peritos, que desde el sitio donde ocurrió el accidente y donde perdió la vida el señor Juan Carlos Borja Suarez, tomándose como referencia una cruz de cemento donde está estampado su nombre.- De este sitio a la finca El Vergel, hay una distancia de 72.70 metros, trayecto este que se encuentra en mal estado, dado el gran número de huecos que allí existen., es decir, del puente de la compuerta al sitio del accidente y de aquí hacia la Victoria, puente sobre el Río Cauca, la vía esta en muy malas condiciones (…) hay un trayecto en muy mal estado de 73.70 metro. Dicho accidente se presentó al lado derecho de la vía La Unión – La Victoria, en este sitio hay buena visibilidad, al momento de la diligencia por cuanto se trata de una recta, no hay señales que adviertan el peligro a los transeúntes, los huecos que allí existen en este acto están tapados con balastro y tierra … La vía por su deterioro ya no demarca una recta, sino que se ha extendido en curvas por la entrada de la maleza, lo que ocasiona igualmente que sea imposible diferenciar la calzada de la berma.- Entre hueco y hueco se puede apreciar una distancia de 2 metros (…)” (fl. 246 a 264, cdn. pbas.).

Atendiendo a lo observado en dicha diligencia, los peritos presentaron el siguiente concepto acompañado de 6 fotografías(12) (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“1. De acuerdo a lo observado en la inspección judicial que digan si cumplen las exigencias legales para transitar por ellas.

“R/.Después de haber observado lo acontecido en la diligencia de inspección Judicial consideramos que la vía en este sector no cumple con las exigencias mínimas para transportarse por ella teniendo en cuenta lo estipulado en el titulo tercero capitulo tercero del Código Nacional de Transito.

“2. De acuerdo a lo observado si esta carretera puede catalogarse como de alto riesgo de acidentalidad.

“R/ De acuerdo a lo observado por los suscritos consideramos que esta carretera y en especial en este sector tiene un alto riesgo de acidentalidad ya que presenta un gran deterioro en su formación superficiaria y por consiguiente fácilmente puede causar daños en los vehículos y a las personas que lo transitan.

“(…)

“3. Si los conductores que transitan por esta vía deben esforzarsen al transitar por ella y a que velocidad lo puede hacer.

“R/ Nuestro concepto es que debido a la deformidad de la vía en este sector tal como se aprecia en las fotografía mencionadas (…) estimamos que al transitar por este sector la velocidad máxima no puede ser mayo a los veinte kilómetros por hora.

“4. Si existen señalización de prevención para transitar por esta vía

“R/ Según lo observado en la diligencia de inspección judicial practicada en esta vía no existe ningún tipo de señalización de prevención que pueda advertir a quienes transitan por ella sobre el estado de la misma en este sector.

“5. Que diga si o no si los huecos que hay sobre la calzada han sido tapados con tierra o si por el contrario hay reparcheo con asfalto.

“R/ De acuerdo a lo observado en la diligencia de inspección judicial constatamos como también lo pudo constatar el despacho que los huecos existente en el sector referenciado han sido tapados en una forma muy rudimentaria con piedra y tierra y allí no existen huellas de que halla habido reparcheo con asfalto pues en las fotografías adjuntas se puede apreciar el estado de este.

“6. Si un motorista por esquivar un hueco puede caer al zanjón que hay al lado y lado de la vía y si debido a la maniobra que deben hacer pueden ocasionar un accidente a fin de evitar el daño a el vehículo.

“R/ Teniendo en cuenta el estado de la vía en este sector y la carencia de señales de prevención de tránsito, consideramos que un motorista por esquivar los huecos que presenta la vía puede caer al zanjón que se encuentra al lado y lado de la misma y por consiguiente causar un accidente en la maniobra para evitar o esquivar los huecos con el fin de no ocasionar daños en el vehículo que conduce. Dejamos constancia señor Juez que en el recorrido efectuado por la carretera que conduce de la Unión hacia la Victoria como usted bien lo pudo constatar en ningún punto de dicho sector se puede observar señales de transito que indique precauciones que se deben tener en cuenta al transitar por esta carretera, pues a parte de la cantidad de baches existentes la maleza a cubierto la berma hasta el punto de afectar la calzada” (fls. 85 a 87, cdn. 3).

Dentro del término del traslado, la parte demandada objetó el dictamen pericial por error grave, para lo cual adujo que los peritos se limitaron a resolver un cuestionario formulado por la parte demandante, sin señalar los soportes o fundamentos técnicos utilizados ni la reglamentación que se debe tener en cuenta para la circulación de automotores en la mencionada carretera, teniendo en cuenta sus características. Agregó que dicho dictamen “adolece de firmeza y calidad de sus fundamentos, y no solamente ello sino que desconocemos la competencia de los peritos” (fls. 91 a 93, cdn. 3).

Comoquiera que el tribunal de primera instancia omitió resolver la objeción propuesta por la entidad demandada contra el dictamen pericial atrás reseñado, y teniendo en cuenta que en el recurso de apelación se reiteraron los argumentos de dicha censura, se impone para la Sala, de manera inexorable, la obligación de resolverla en esta instancia, toda vez que se trata de un aspecto íntimamente ligado con la decisión objeto de la apelación.

Para que la objeción por error grave se estructure se requiere que exista una equivocación de los peritos en el desarrollo de la experticia, bien sea en cuanto al objeto materia de análisis, en los estudios o razonamientos hechos o en los experimentos o ensayos efectuados por los expertos; pero, esas equivocaciones deben ser de una magnitud tal que incida en las conclusiones del dictamen, que son, en últimas, las que mayor fuerza de convicción deben tener, pues son las que el juez tiene en cuenta para decidir el debate sustancial; así las cosas, al encontrar que las conclusiones a las que llegaron los peritos corresponden a una simple narración de lo que observaron en la inspección judicial, y que para llegar a ellas no acudieron a un análisis riguroso de las condiciones del lugar ni utilizaron estudios o razonamientos técnicos aceptados que, de haber sido consultados, hubieren arrojado un resultado más preciso y concluyente, considera la Sala que el dictamen no cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 6 del artículo 237 del CPC, en virtud del cual aquel debía ser claro, preciso y detallado y debía explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, así como los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.

En consecuencia, la Sala considera que el dictamen pericial rendido en este caso no es útil ni idóneo para probar los hechos en el que se soportaron las pretensiones de la demanda; por lo tanto, la objeción propuesta por la entidad demandada está llamada a prosperar. Agrégase a lo anterior que el concepto pericial se fundó en la inspección judicial realizada el 10 de abril de 2002, esto es, transcurridos 4 años aproximadamente desde cuando ocurrió la muerte del señor Borja Suárez, término durante el cual las condiciones de la vía pudieron variar ostensiblemente, aspecto del cual para nada se ocuparon los peritos.

Así las cosas, para la Sala está probado que la muerte de Juan Carlos Borja Suárez se produjo en un accidente de tránsito que tuvo lugar en la vía que de La Unión conduce a La Victoria, mientras conducía una motocicleta y que, en el mismo suceso, resultó involucrada otra motocicleta. Está acreditado también que, en el tramo de la vía que fue escenario del siniestro, no había buena visibilidad y que sobre el pavimento se habían formado dos huecos, uno de “27 x 70 diametro (sic)”(13) y el otro de “130 x 70 diametro (sic)”(14).

De conformidad con lo anterior, para la Sala no existe duda de que el corredor vial donde se produjo el accidente de tránsito se encontraba en mal estado, pues presentaba dos huecos de grandes dimensiones y no contaba con buena visibilidad (recuérdese que, si bien se trató de un tramo recto de la carretera, el incidente acaeció en horas de la noche). Esto, a todas luces, constituye una falla en el servicio por incumplimiento de los deberes de vigilancia, mantenimiento, rehabilitación y conservación de la malla vial a cargo del departamento del Valle del Cauca.

No obstante, nada en el expediente indica, de manera indefectible, que esa falla acreditada por la parte demandante haya sido la causa exclusiva y determinante del accidente, o, lo que es lo mismo, que la muerte del señor Borja Suárez haya ocurrido por la existencia de los mencionados huecos, ni mucho menos que aquel haya caído en uno de estos antes de colisionar con la moto de Ramiro Ledesma, tal como se relató en la demanda. Al respecto, la Sala advierte que desconoce las circunstancias de modo en que ocurrió el siniestro y que no tiene certeza del lugar preciso del impacto (carril derecho o izquierdo de la carretera), pues, según el teniente de la estación de Policía de La Unión, la motocicleta conducida por don Juan Carlos fue movida, al parecer, del sitio final de su trayectoria y fue dejada sobre el asfalto; además, en el informe del accidente y en el informe elaborado por el mencionado teniente de la Policía, se dejó constancia de la imposibilidad de establecer las causas del suceso.

Agrégase a lo dicho que la presencia de otra motocicleta en el lugar de los hechos y su vinculación al accidente constituye otro factor, distinto a la presencia de huecos en la carretera, que pudo tener incidencia directa y eficiente en el suceso, pues, nada descarta una posible impericia de alguno de los conductores o de ambos, o la invasión de la calzada paralela por parte de uno de ellos, entendiendo que los motociclistas se desplazaban en dirección contraria, lo cual, por lo demás, tampoco está probado.

Así las cosas, si bien es cierto que se demostró tanto el daño como la falla en el servicio alegados, también es cierto que esta última no siempre resulta —per se— determinante de la producción del aquel. Surge, entonces, la necesidad ineludible de probar la conexidad entre dichos factores, con el fin de atribuirle responsabilidad a la entidad pública demandada; por lo tanto, teniendo en cuenta que, en este caso, este tercer elemento (nexo causal) no se logró evidenciar en tanto no se aportó prueba alguna que diera cuenta de la incidencia de la falla en la causación efectiva del daño, se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación de responsabilidad al departamento del Valle del Cauca por la muerte del señor Juan Carlos Borja Suárez.

Ahora bien, en relación con los demás regímenes de responsabilidad del Estado a los que se hizo referencia (página 9), la Sala descarta, en este caso, que el daño sea imputable al departamento del Valle del Cauca a título de daño especial, toda vez que no se puede afirmar que este, en el desarrollo de una actuación legítima y legal, le impuso a Juan Carlos Borja Suárez una carga pública superior, respecto de los demás administrados, que le haya generado una situación de desventaja y desigualdad. Igual sucede con el régimen objetivo del riesgo excepcional, pues si bien es cierto que el daño se produjo por la concreción del riesgo proveniente de una actividad peligrosa (conducción de motocicleta), también es cierto que esta no fue ejercida por la administración; por lo tanto, mal se haría en aseverar que fue la entidad demandada la que creó una situación particularmente peligrosa o riesgosa para el señor Borja Suárez.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y negará las pretensiones de la demanda.

5. Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 5 de noviembre de 2004. En su lugar:

Primero: DECLÁRASE probada la objeción por error grave del dictamen pericial formulada por el departamento del Valle del Cauca.

Segundo: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Tercero: ABSTIÉNESE de condenar en costas.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Suma que resulta de multiplicar el valor del gramo oro en el momento en que se presentó la demanda ($18.200,47) por 4.000.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de abril de 2009, expediente 32800, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Fls. 37 a 40, cdn. 1.

(4) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20300.

(5) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12789.

(6) Fl. 3, cdn. 3.

(7) Fls. 132 a 146, cdn. 3.

(8) Al respecto, ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, noviembre 11 de 2009, expediente 17393, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; abril 28 de 2005, expediente 15445. C. P. María Elena Giraldo Gómez.

(9) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de febrero de 2005, expediente 14335, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de marzo de 2000, expediente 11877, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(11) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

(12) Fls. 82 a 84, cdn. 3

(13) Fl. 9, cdn. 3.

(14) Ibídem.