Sentencia 1999-02512 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.

Rad.: 25000-23-26-000-1999-02512-01(22811)

Actor: Álvaro Santiago Suárez y Otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Apelación Sentencia - Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

Extractos: «II. Consideraciones.

1. Presupuestos procesales de la acción.

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por las partes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996- Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como lo definió la jurisprudencia de esta Corporación.

Efectivamente, sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta Corporación.

Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(12).

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar —en función de los hechos probados— si la Nación-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación-Fiscalía General son patrimonialmente responsables por la privación de la libertad que padecieron los señores Álvaro Santiago Suárez y Édgar Eduardo Bernal Garay, tildada de injusta, a la luz de los artículos 90 y 29 de la Carta Política, desarrollados por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(13) y los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia.

Así mismo, se analizará la conducta de los implicados, con el objeto de considerar los argumentos planteados por la Fiscalía, en su defensa.

3. Antijuridicidad del daño. Presupuesto de la responsabilidad por privación de la libertad.

En el estado actual de la jurisprudencia no se discute el daño antijurídico cuando, sin perjuicio de que la presunción de inocencia no pudo desvirtuarse, se impusieron restricciones a la libertad personal que no se tendrían que soportar; con absoluta claridad, en los casos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es, cuando (i) el hecho no existió, (ii) el encartado no lo cometió y/o (iii) la conducta no es típica.

Al punto que en la jurisprudencia no se discute la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, en aplicación del artículo 90 constitucional, sin perjuicio de las previsiones del artículo 95 de la misma normatividad, en cuanto la Constitución Política impone a los asociados deberes de convivencia y colaboración.

Así las cosas, siguiendo un reciente precedente(14), la Sala entiende que así no se haya logrado desvirtuar la presunción de inocencia, no en todos los casos procede la indemnización, sin que ello menoscabe el derecho constitucional fundamental a la libertad, comoquiera que la antijuridicidad del daño, como elemento que da derecho a la reparación, no puede confundirse con la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, en cuanto presupuestos que probados conjuntamente y con certeza judicial, a toda prueba, convergen para desvirtuar la presunción de inocencia.

Es que la cláusula general de responsabilidad de la administración en todos los aspectos y en materia de privación injusta de la libertad igualmente, reclama de la víctima una conducta ajena a las consecuencias adversas sufridas por ella misma, pues sabido es que a la par de los derechos, los asociados tienen deberes entre los que se debe destacar no incurrir en acciones u omisiones que pongan en entre dicho su cumplimiento, entre los que se tiene el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, relacionados uno y otro con el de colaborar con la administración de justicia.

Es de anotar que, dado que se trata de preservar el derecho fundamental a la libertad, las tradicionalmente denominadas causales de fuerza mayor y hecho exclusivo y determinante de un tercero no tendrían que exonerar a la administración, pues, no se entiende que alguien pueda ser privado de la libertad por fuerza mayor o por obra de un tercero(15) y que si lo fue, que deba soportarlo; no obstante tratándose del hecho determinante de la víctima, la Sección Tercera ha sostenido que el Estado no resulta obligado a responder extracontractual y patrimonialmente cuandoquiera que quien soporta el daño incurrió en acciones u omisiones que si bien no dieron lugar a acusación, tampoco a la condena, si fueron determinantes para que se concretara la privación de la libertad; ello comporta un análisis estricto de cara a los deberes constitucionales referidos. Esta Sala ha señalado(16):

… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. (…) —se destaca—(17).

En ese orden, la regla general de aplicación de los eximentes de responsabilidad de la administración, cuenta con una subregla de carácter especial, cuando la responsabilidad deviene de la privación de la libertad. En efecto, el artículo 414 del Código Procedimiento Penal estipula, en su parte final, que los supuestos en él señalados y que dan lugar a la indemnización por la privación injusta de la libertad, proceden a favor del actor “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Así lo consideró la Sala en decisión reciente, en la que afirmó que la conducta del imputado, es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad(18). Subregla que además goza de plena compatibilidad con lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en el numeral 6º de su artículo 14:

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido —se destaca—.

Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 dijo la Sala(19):

Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [Art. 63 del C.C.] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo —se destaca—.

De igual modo, la jurisprudencia de esta Corporación(20) ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(21) y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77(22) y 78(23) del Código Contencioso Administrativo, y de la Ley 678 de 2001(24). Así, señaló que:

(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política(25) y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.

Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, dieron lugar de manera clara e injustificada al hecho dañoso y asimismo a la configuración de la causal de exoneración, en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima(26).

4. Hechos probados. Juicio de responsabilidad.

Para una mejor comprensión de los hechos que rodean la litis, conviene referir el material probatorio allegado al trámite, del que se extractan los siguientes hechos:

4.1. El señor Álvaro Santiago Suárez, esposo de la señora Gloria Inés Gallo Bernal (fl. 42 cdno. 2 —registro civil de matrimonio), es el padre de Diana Carolina y Lyda Margarita Suárez Gallo (fls. 39-40 cdno. 2 —registros civiles de nacimiento—) y hermano de la señora Edilia Suárez de Ortiz (fl. 38 y 41 cdno. 2 -registros civiles de nacimiento).

Por su parte, el señor Édgar Eduardo Bernal Garay, hijo de Ana Clotilde Garay Montero e Isaías Bernal(27) (fls. 43 y 48 cdno. 2 —registros civiles de nacimiento de madre e hijo—), es el padre de los señores Édgar Yulián, Jefferson Steven y Macgiver Hesnayder Bernal Jiménez y Darlin Wilfor Bernal Tarache (fls. 44-47 cdno. 2 —registros civiles de nacimiento—); hermano de Héctor Hernán y José Iván Bernal Garay (fls. 49-50 cdno. 2 —registros civiles de nacimiento—); sobrino de Ana Beatriz, Carlos Arturo, Juan Bautista y Manuel Alfredo Garay Montero (fls. 51-54 cdno. 2 —registros civiles de nacimiento—)(28).

4.2. El 11 de julio de 1995, el Comando del Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional señaló ante la Fiscalía General, al sargento viceprimero Édgar Eduardo Bernal Garay(29), quien se encontraba adscrito al grupo mecanizado Rincón Quiñonez, comprometido en tráfico de armamento largo y corto de diferentes calibres y de municiones.

Al respecto informó sobre un trabajo de inteligencia encubierto, que involucró la negociación de material de guerra por varios millones de pesos, el 10 de julio de 1995, entre el mencionado, Álvaro Santiago Suárez(30) y los miembros de inteligencia. Último que laboraba en el batallón de mantenimiento.

El operativo de captura se llevó a cabo en esa misma calenda, a las 20:00 horas, frente a los números 7-66 y 7-68 de la calle 20 sur de esta ciudad. Fueron incautados una escopeta, 24 cartuchos 12-70, un revólver Smith and Wesson con salvoconducto, cinco cartuchos 38 largo y 150 proveedores para pistola de diferentes calibres.

La Fiscalía General de la Nación abrió la investigación el 12 de julio de 1995, por los punibles de venta de armas de defensa personal y rebelión. Última precluída posteriormente(31).

4.3 Mediante Sentencia del 5 de marzo de 1997, el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá absolvió a los señores Suárez y Bernal Garay, comoquiera que “…enfáticamente se ha venido sosteniendo que los señores Édgar Eduardo Bernal Garay Y Álvaro Santiago Suárez, negociaron con los agentes de inteligencia encubiertos pertenecientes al Ejército Nacional (…) la compraventa de ciento cincuenta (150) proveedores de diferentes calibres, situación determinante para que en contra de los imputados Bernal y Suárez, se les profiriera pliego de cargos al considerar la Fiscalía que dicha conducta encuadraba directa e inmediatamente en el tipo penal descrito en el artículo 201 del Código Penal (…) ‘El que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión…’ (…) en la calificación sumarial se presentaba un escollo de carácter técnico, entre lo legal y convencionalmente se define como armas de fuego, es decir aquellas ‘…que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de gases producidos por la combustión de una sustancia química…” y los proveedores incautados, es decir que estos últimos no pueden considerarse independientemente como armas de fuego al no emplear ningún agente impulsor para expulsar el proyectil, sino simplemente sirven para almacenar, aprovisionar, suministrar, distribuir, alimentar o abastecer las balas que ocuparán la recámara de la pistola para que eventualmente la misma pueda ser accionada, proveedores que por su naturaleza hacen parte de la misma (…) es decir que los proveedores decomisados no encuentran adecuación típica… en razón a que la norma únicamente hace referencia a las (partes o piezas) de pistolas consideradas como de uso privativo o de guerra, o armas de fuego de cualquier calibre que hayan sido modificadas sustancialmente en sus características de fabricación que aumenten su letalidad, o constituyan armas hechizas, pero respecto a la tenencia y el porte de partes o piezas de Armas de Fuego de Defensa Personal la norma utilizada en este caso para endilgar una conducta contraria a derecho a los procesados, no se encuentra descrita en forma clara, imperativa e inequívoca, es decir no sanciona el comportamiento de un sujeto que tenga o porte partes o piezas de armas de fuego de defensa personal…” (fls. 1-13 cdno. 2).

4.4. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Nacional, el 8 de octubre siguiente, con base en los mismos argumentos esbozados por el a quo y precisó que al “…legislador penal no le interesa esa clase de comportamientos y de consiguiente el juzgador debe interpretar el precepto según su tenor y aplicarlo tal, no puede llegar a ensancharlo valiéndose de ley que estime complementaria y necesaria su imposición…” (fls. 14-26 cdno. 2).

4.5. Con ocasión del trámite penal, los procesados fueron separados de sus cargos dentro de la milicia. A pesar de las solicitudes de reintegro, el Ejército Nacional negó tal posibilidad, por inviable, dadas las circunstancias de retiro (fls. 31-36 cdno. 2).

Vistos los anteriores hechos que se encuentran debidamente acreditados, se concluye que, en efecto, los señores Suárez y Bernal Garay comercializaban material de guerra, conducta que, si bien el Juzgado Regional consideró que no reunía los elementos de tipicidad exigidos para condenar, en cuanto no se trata de armas de fuego de defensa personal, de ello no se sigue que los demandantes padecieran un daño que no tenían que soportar, si se considera que fue establecido y no desvirtuado que comercializaban proveedores, esto es, partes o piezas de armas de fuego, conducta exclusiva y determinante que dio lugar a la investigación y privación de su libertad, esto es así, puesto que, aun cuando no se desestima el análisis hecho por la justicia ordinaria sobre las características de los proveedores, esto es, que se constituyen como parte del arma de fuego y no la configuran por sí mismos, lo cierto es que lo acontecido dejaba entrever que la Fiscalía tenía que responder a la conducta demostrada, así el hecho a la postre no haya cumplido el requisito de la tipicidad. Al respecto se hace necesario tener presente que se trataba de personal adscrito al Ejército Nacional, conocedor de que los proveedores incautados, si bien no se precisan como armas de fuego aisladamente considerados, por su potencialidad bélica no podían ser comercializados de manera ilegal y sospechosa, pues, se recuerda que dada su calidad de integrantes de la fuerza pública, le estaban vedadas cualquier tipo de operaciones mercantiles, máxime con material de guerra.

Se deduce entonces que, aun cuando los señores Álvaro Santiago Suárez y Édgar Eduardo Bernal Garay fueron absueltos por la justicia ordinaria, sus acciones comprobadas por un operativo realizado por los miembros de inteligencia militar, que no ha sido controvertido, les impone soportar las consecuencias de sus actos. Cabe recordar, además de los deberes constitucionales ya señalados, la sujeción de las autoridades, para el efecto de los miembros de la fuerza pública, al principio de legalidad, el que claramente demuestra que a los señores Suárez y Garay no les estaba permitido comercializar proveedores de diferentes calibres, al margen de que su conducta no responda a la típica que distingue la comercialización de armas de defensa personal. Acciones estas que muestran como los demandantes incumplieron sus deberes constitucionales, de donde no pueden invocar el artículo 90 constitucional reclamando a su favor una indemnización.

Siendo así, la Sala no accederá a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, de conformidad con el artículo 90 de la Carta Política, el 414 del Decreto 2700 de 1991 y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto el daño por el que los demandantes reclaman, no responde al requisito de antijuridicidad que lo haría indemnizable. Es de anotar que el pacto supone la conducta activa por parte de los inculpados, en aras a despejar los puntos oscuros y desconocidos por los que se les vincula a la investigación penal y por los que pudieran salir exonerados.

No desconoce esta decisión la Sentencia proferida por la Subsección el 29 de agosto de 2013(32), en la que se concedieron las pretensiones a favor de los señores Germán Alberto Blanco Arroyave y Nohora Lilia Benavides, quienes se encontraban en el lugar de los hechos cuando se comercializaban los proveedores, en sus calidades de visitador médico contactado por Édgar Eduardo Bernal y hermana de la dueña del apartamento, respectivamente, en cuanto se trataba de civiles que nada tuvieron que ver con la posesión de partes de armas de fuego y la comercialización del material bélico denunciado y no tenían por qué conocer del mismo. Contrario a los señores Álvaro Santiago Suárez y Édgar Eduardo Bernal Garay, quienes además de que conocían de armas en razón de su posición dentro del Ejército Nacional, no justificaron, ni explicaron la posesión de los elementos incautados, como tampoco desvirtuaron mediante información veraz y eficiente, los hechos imputados.

En consecuencia de todo lo dicho, la sentencia de primera instancia será revocada.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, toda vez que de las actuaciones del proceso no se colige la existencia de temeridad o mala fe en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR la Sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 30 de noviembre de 2001.

2. Negar las pretensiones de la demanda, en consideración a lo anteriormente expuesto.

3. Sin condena en costas.

En firme esta providencia, REMITIR la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

12. En el precedente jurisprudencial es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el art. 136 del Código Contencioso Administrativo, debe computarse desde “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”. Para el caso concreto, la sentencia que absolvió a los señores Álvaro Santiago Suárez y Édgar Eduardo Bernal Garay fue proferida el 8 de octubre de 1997 por el Tribunal Nacional, mediante la que se confirmó la proferida por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá —5 de marzo de 1997—, quedó ejecutoriada el 14 de octubre siguiente (constancia de ejecutoria fl. 37 cdno. 2) y la demanda en el caso sub examine fue presentada el día 8 de octubre de 1999, por lo cual no se había cumplido el término de dos años de caducidad de la acción consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

13. En el caso concreto, se aplicarán las normas relacionadas con la indemnización por privación injusta de la libertad consagradas en el Decreto 2700 de 1991, habida cuenta que el procedimiento se inició y adelantó de conformidad con dicha norma.

14. Sentencias de ésta misma Subsección, proferidas el 6 de abril de 2011 dentro del expediente 19.225, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo, del 28 de mayo de 2015 dentro del expediente 33.907, Código Penal: Stella Conto Díaz del Castillo, y del 30 de abril de 2014 dentro del expediente 27.414, Código Penal: Danilo Rojas Betancourth.

15. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, Sentencia de 24 de Marzo de 2011, Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 20 de abril de 2005; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Exp.15784.

17. [38] Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744.

18. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414, C.P.: Danilo Rojas Betancourth.

19. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

21. [20] Al respecto pueden consultarse las Sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, Exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, Exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, Exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, Exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, Exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

22. [21] Sentencia C-100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

23. [22] Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

24. Corte Constitucional, Sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis

25. [24] El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

26. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 2 de mayo de 2007; Exp.15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia de 13 de abril de 2011, Exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 26 de febrero de 2014, Exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 11 de julio de 2013, Exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero.

27. En este punto se tiene en cuenta que el mencionado no otorgó poder dentro de este asunto, ni figura dentro de los demandantes en el libelo.

28. No se halló prueba alguna sobre el estatus de compañera permanente de la señora Flor María Castillo Alarcón o de su condición de damnificada.

29. Certificación expedida por el Ejército Nacional respecto del señor Édgar Eduardo Bernal Garay obrante a folio 29 cdno. 2.

30. Certificación expedida por el Ejército Nacional respecto del señor Álvaro Santiago Suárez obrante a folio 30 cdno. 2.

31. Hechos referidos dentro de la Sentencia dictada el 5 de marzo de 1997 por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá.

32. C.P. Danilo Rojas Betancourth, rad. 25000232600020020078201 (28.815).