Sentencia 1999-02597 de octubre 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 250002326000-1999-02597 01

Expediente: 29.820

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: María Fanny Saavedra Hernández y otros

Demandado: Departamento de Cundinamarca

Referencia: Apelación Sentencia, Reparación Directa

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil trece

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 26 de octubre de 1999 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 2.000 gramos de oro, equivalentes a $ 37’346.480, por concepto de perjuicios fisiológicos a favor de la señora María Ligia Saavedra, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 18’850.000(14).

2.1.2. Por otro lado, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la misma se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que los daños por cuya indemnización se demandó, esto es, la muerte de la menor Carolina Orduz Saavedra y las lesiones personales ocasionadas a la señora María Ligia Saavedra Hernández, se produjeron el día 27 de octubre de 1997, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 26 de octubre de 1999, se impone concluir que la misma se interpuso oportunamente.

2.2. Respecto de la excepción de cosa juzgada formulada por la demandada.

Respecto del fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del “non bis in idem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.

La cosa juzgada es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados, además de que dota de coherencia los fallos judiciales.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil, y 175 del Código Contencioso Administrativo, los cuales recogen los elementos formales y materiales para su configuración. El formal implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el cual las mismas partes debatan la misma causa petendi y los mismos fundamentos jurídicos, lo anterior para garantizar la estabilidad y la seguridad propias de la esencia del orden jurídico.

Por su parte, el concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa, debatida en la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio(15).

Ahora bien, en el presente asunto, observa la Sala que mediante contrato de transacción suscrito el 3 de diciembre de 1997 entre la señora María Ligia Saavedra Hernández y la Compañía de Seguros La Previsora S.A., se estipuló lo siguiente:

“En razón a la responsabilidad civil del señor William Bustos León, conductor de vehículo asegurado en esta compañía, hemos llegado a una transacción por la suma de $ 9’873.000, como indemnización por las lesiones ocasionadas a la señora María Ligia Saavedra Hernández.

Por lo anterior se declara a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, al señor William Bustos León y a la Previsora Compañía de Seguros a paz y salvo por todo concepto y la señora María Ligia Saavedra Hernández desiste de toda acción civil, penal o administrativa, judicial o extrajudicial que pudiera derivarse a consecuencia de este accidente”(16) (se ha resaltado).

Sobre el particular, debe precisarse que no existe identidad de partes entre los partícipes del referido acuerdo y las partes del presente litigio, comoquiera que el presente litigio está integrado por las citadas víctimas directas e indirectas y la entidad demandada (departamento de Cundinamarca), mientras que el mencionado acuerdo fue suscrito por la beneficiaria del seguro y la Compañía Aseguradora La Previsora, la cual no fue vinculada a este proceso.

De otra parte, en cuanto al objeto sobre el cual recayó el contrato de transacción, advierte la Sala que el pago de la aludida suma enunciada en dicha transacción se limitó al reconocimiento de una indemnización por las lesiones personales ocasionadas a la señora María Ligia Saavedra Hernández; no obstante, ello no es óbice para que la referida señora pueda acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a reclamar el pago de otro tipo de indemnizaciones a que crea tener derecho, tal y como lo depreca en el presente litigio.

Al respecto, el numeral 3º del artículo 194 del estatuto financiero (D.L. 633/93), establece que el pago efectuado por la entidad aseguradora no impide que la víctima acuda ante la jurisdicción para reclamar las indemnizaciones a que hubiere lugar y/o crea tener derecho; la referida norma es del siguiente tenor literal:

“3. Indemnizaciones adicionales. El pago efectuado por la entidad aseguradora que haya asumido los riesgos previstos en el presente capítulo, en relación con el automotor causante de daños corporales a las personas en accidentes de tránsito, no impedirá a la víctima o a sus derecho habientes acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar del responsable las indemnizaciones a que crean tener derecho conforme a las normas legales” (negrillas fuera del texto original).

De conformidad con la anterior disposición normativa se concluye que la cláusula contenida en el acuerdo de transacción, mediante la cual la señora María Ligia Saavedra Hernández desiste de toda acción judicial o extrajudicial que pudiere derivarse del accidente, resulta contraria a la ley y, en consecuencia, debe entenderse por no pactada, argumento adicional para confirmar la decisión adoptada por el a quo que declaró infundada la excepción de cosa juzgada.

No obstante lo anterior, según esa misma disposición legal “[l]as sumas pagadas por concepto de los amparos de carácter indemnizatorio de las pólizas que se emitan en desarrollo de este capítulo, se entienden prioritarias e imputables a la indemnización que por mayor valor pueda resultar a cargo del responsable del accidente”(17), razón por la cual la suma de $ 9’873.000, pagada por la Aseguradora La Previsora S.A., como indemnización por las lesiones ocasionadas a la señora María Ligia Saavedra Hernández, debe ser descontada del valor total de la indemnización que se llegare a reconocer en la presente sentencia frente a esa demandante, tal y como lo dispuso el juzgador de primera instancia en la sentencia apelada.

2.3. El material probatorio recaudado en el expediente.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica del registro civil de defunción de la menor Carolina Orduz Saavedra, el cual indica que su muerte se produjo el 27 de octubre de 1997, en la ciudad de Bogotá D.C., como consecuencia de “shock medular alto”(18).

— Copia auténtica del protocolo de necropsia realizado el 16 de abril de 1999 al cadáver de la referida menor por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá D.C., en el cual se concluyó lo siguiente:

“Escolar femenina que fallece por shock medular por sección medular alto por trauma raquimedular en accidente de tránsito”(19).

— Copia auténtica del dictamen pericial emitido por el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses de Bogotá respecto de las lesiones personales causadas a la señora María Ligia Saavedra Hernández; en dicho documento se consagró la siguiente información:

“Fecha: 28-10-2003.

“Examinada hoy lesionada de 35 años quien refiere que el día 27 de octubre de 1997 sufrió un accidente automotor como pasajera de camioneta. Fue atendida en la Clínica Shaio donde se le diagnosticó: 1- Politrauma, 2- Trauma facial, el TAC mostró fractura total de ambos maxilares y láminas papiráceas, fractura bilateral de malares, fractura de huesos nasales abierta, fractura de maxilar inferior, además presenta herida en región frontal derecha y en labio inferior. Hoy al examen presenta asimetría facial a expensas de aplanamiento de mejilla y área del arco zigomático izquierdo, presenta entropión en párpado inferior izquierdo, se aprecia ensanchamiento de zona órbitonasal izquierda, cicatriz de 1 cm que compromete el espesor del hemilabio inferior izquierdo, cicatrices en párpados superiores planas, no retráctiles, cicatriz eritomatosa de 1 cm en región cilar derecha, cicatriz de 10 cm en cuero cabelludo de región parietal derecha, se halla alterada la hidratación del globo ocular izquierdo como resultado del entropión, hay hiperemia conjuntival, por lo tanto se establecen como mecanismos causantes de la lesión: contundente y cortocontundente. Como secuelas médico-legales: 1.- Deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente. 2. Perturbación funcional del órgano de la visión expresado por el síndrome de ojo seco secundario al entropión que presenta”(20) (se ha destacado).

— Copia auténtica de la historia clínica de respecto de la atención médico hospitalaria brindada a la señora María Ligia Saavedra Hernández por la Fundación Clínica Abood Shaio, entre el 27 de octubre de 1997 y el 9 de noviembre de 1997, la cual resulta en su gran mayoría ilegible(21).

— Sobre la forma en que sucedió el accidente, obra copia auténtica del informe de tránsito 97 006049, elaborado por el Comando de Policía de Funza, Cundinamarca, el cual indica que el 27 de octubre de 1997, en la “vía La Vega - Bogotá, Km. 140, Glorieta Siberia”, aproximadamente a las 9:05 de la noche, se produjo un accidente automovilístico en el cual resultó una persona muerta —Carolina Orduz Saavedra— y dos más heridas —Fanny Saavedra y María Ligia Saavedra—; quienes eran ocupantes del vehículo. En relación con el automotor que resultó comprometido en dicho accidente se señaló que era un vehículo oficial, tipo camioneta, marca Nissan, de placas OIB 389, conducido por William Bustos León; se observa en el croquis elaborado que el accidente se produjo por el impacto frontal del vehículo con un poste de energía eléctrica.

En el mismo informe se precisó que el sitio del accidente era una vía plana, ubicada en una zona rural, de doble sentido con dos carriles, asfaltada, en buen estado, se encontraba seca, con tiempo normal, con buena iluminación, contaba con señal de velocidad y con demarcación de línea de borde y carril. Debe anotarse que se registró huella de frenada de cuatro metros aproximadamente.

Resulta importante advertir que según el croquis, el impacto frontal del vehículo se produjo en el costado derecho de la glorieta, es decir no giró a su izquierda y se salió de la carretera; así mismo se puede observar que el automotor alcanzó a subirse al costado de la vía en donde se encontraba ubicado el poste de energía.

Respecto de la causa probable del accidente no se realizó indicación alguna en el croquis, así como tampoco se recibieron declaraciones de los ocupantes de los vehículos comprometidos en el accidente(22).

Mediante Oficio 64302 del 23 de mayo de 2002 (fl. 136, cdno. 2), la Fiscalía Sesenta y Cuatro Delegada antes los jueces del Circuito de Bogotá remitió copia auténtica del proceso penal radicado con el Nº 338802, adelantado contra el señor William Bustos León, por la muerte de la menor Carolina Orduz Saavedra y las lesiones de la señora María Ligia Saavedra Hernández, en el cual se recaudaron, entre otros, los siguientes elementos probatorios(23):

— Copia auténtica del informe de fecha 28 de octubre de 1997, suscrito por el agente de Policía Álvaro Amaya Amorocho, respecto del referido accidente de tránsito ocurrido el 27 de esos mismos mes y año; en dicho documento se suministró la siguiente información:

“Me permito dar a conocer a ese Despacho el accidente de tránsito ocurrido el día 27/10/97 a las 21:05 horas en el sitio conocido La Glorieta de Siberia Km. 140, La Vega - Bogotá, en donde fue colisionado contra un poste de madera que se encontraba al lado de la vía la camioneta marca Nissan de servicio oficial, modelo 96, placas OIB 389, de propiedad de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, que era conducida por el señor William Bustos León, con CC. (...), viajaban como acompañantes Carolina Orduz Saavedra (...), quien falleció cuando la llevaban al hospital La Granja, también viajaba la señora Fanny Saavedra, Ligia Saavedra, hospitalizada en la Clínica Shaio de Bogotá, Luis Darío Rocha Pérez, Adán Ordóñez Muñoz, Víctor Hugo Useche y Álvaro Díaz Garavito. Estos cuatro pacientes fueron atendidos en la Clínica Paternón de Bogotá, la señora Fanny Saavedra fue atendida en el Hospital La Granja de Bogotá. El vehículo fue inmovilizado en el km. 1 de la autopista Medellín, parqueadero Lubricantes del Camino”(24).

— Copia auténtica de la tarjeta de propiedad del vehículo camioneta, marca Nissan, de placas OIB 389, documento este que acredita que la propiedad para el momento de los hechos, se encontraba radicada en la Asamblea Departamental de Cundinamarca(25).

— Certificación original expedida el 6 de septiembre de 1999 por el Secretario General de la Asamblea de Cundinamarca, en la cual hizo constar que el señor William Bustos León presta sus servicios a esa corporación desde el 1º de septiembre de 1996, en el cargo de asistente grado 15, código 5500(26).

— Copia auténtica de la providencia calendada el 26 de enero de 1998, a través de la cual la Fiscalía Delegada Sesenta y Cuatro de la Unidad de Vida de Bogotá decidió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de William Bustos León, por ser presunto responsable del delito de homicidio culposo. Los argumentos que sirvieron de apoyo a la instancia en comento para adoptar dicha decisión fueron, en lo sustancial, los siguientes:

“Para el día 22 de enero de 1998 esta oficina practicó diligencia de inspección judicial al rodante interesado en esta investigación, diligencia que se llevó a cabo con el asesoramiento de técnicos automotores del CTI. En dicha diligencia se constató los daños sufridos por el vehículo y además sus sistemas de frenos, que dicho sea de paso y previo concepto técnico, no presenta fuga de líquido de frenos por ninguna de sus cuatro llantas y al parecer el estado de funcionamiento antes de la colisión era perfecto.

A partir de esta diligencia (inspección judicial), encuentra la Fiscalía que las exculpaciones dadas en su injurada por parte del señor William Bustos León, faltan a la verdad, ya que el impacto recibido por el rodante al momento de la colisión, no deja pensar que la velocidad que llevaba en el instante mismo de los hechos es superior a 100 km por hora y no como manifestó el procesado, que su velocidad era entre 40 a 50 km por hora”(27) (destacados adicionales).

— Copia auténtica de la providencia calendada el 25 de junio de 1998, a través de la cual la Fiscalía Delegada Sesenta y Cuatro de la Unidad de Vida de Bogotá decidió decretar la preclusión de la investigación seguida en contra de William Bustos León “por haber indemnizado integralmente los perjuicios ocasionados con la infracción”. Lo anterior en virtud de que entre la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y la señora María Fanny Saavedra madre de la menor fallecida Carolina Orduz Saavedra, se suscribió un contrato de transacción por la suma de $ 10’000.000 a título de “resarcimiento de los perjuicios de orden moral y económicos devenidos con la muerte de su hija Carolina”(28).

— Testimonio rendido ante el tribunal a quo por el señor William Bustos León, quien conducía el vehículo para el momento del accidente objeto del presente asunto y respecto de las circunstancias en las cuales se produjo el accidente manifestó:

“Veníamos de Útica hacia Bogotá en una Nissan Pahtfinder, de placas OIB 389 de propiedad de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca en el cual nos transportábamos siete personas María Ligia Saavedra, María Fanny Saavedra, Carolina Orduz Saavedra, Adán Ordóñez, Darío Rocha, Víctor Hugo Useche y Álvaro Díaz Garavito, yo venía conduciendo luego pasando el peaje en el romboy de Siberia el cual se encontraba en construcción en esa época al coger la curva fallaron los frenos, por lo cual fui a parar contra un poste de madera que estaba encerrado hacia el lado de la vía y allí fue donde ocurrió el accidente donde falleció la niña Carolina Orduz Saavedra y lesionada María Ligia Saavedra y Álvaro Díaz Garavito. (...) Yo venía conduciendo, todos estábamos cumpliendo una misión y era oficial porque trabajaba con la Asamblea del Departamento de Cundinamarca”.

2.4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el exiguo material de convicción allegado al proceso se encuentran plenamente acreditados los daños antijurídicos que fundamentaron la presente acción indemnizatoria, en tanto la muerte de la menor Carolina Orduz Saavedra y las lesiones con secuelas permanentes en el rostro padecidas por la señora María Ligia Saavedra Hernández(29), suponen, por sí mismas, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, establecida la existencia de los aludidos daños antijurídicos, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dichos daños le puede ser atribuidos a la Administración Pública demandada y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a cargo de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada o revocada.

Pues bien, de conformidad con los elementos de convicción antes relacionados, se encuentran debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

i) Que el día 27 de octubre de 1997 a las 9:05 p.m., en la vía que de La Vega conduce a Bogotá D.C., en el sitio denominado “Glorieta Siberia” se produjo un accidente automovilístico en el cual resultó muerta la menor Carolina Orduz Saavedra y lesionada la señora María Ligia Saavedra Hernández, quienes eran ocupantes del vehículo accidentado.

ii) Que el referido vehículo pertenecía a la Asamblea Departamental de Cundinamarca y era conducido por el señor William Bustos León, quien trabajaba para esa entidad pública;

iii) Que el accidente se produjo cuando el vehículo automotor se salió de la vía y fue a impactar de frente con un poste de energía eléctrica; asimismo, que luego de la correspondiente investigación penal se estableció que antes del desafortunado accidente, el vehículo se encontraba en óptimas condiciones mecánicas y no tenía problema alguno con el sistema de frenos y;

iv) Que la Fiscalía de conocimiento decretó precluída la investigación en favor del señor William Bustos León, por cuanto la Compañía Aseguradora la Previsora S.A., suscribió un contrato de transacción con la señora Fanny Saavedra —madre de la menor fallecida—, en el cual se acordó el pago de la suma de $ 10’000.000 a título de “resarcimiento de los perjuicios de orden moral y económicos devenidos con la muerte de su hija Carolina”.

2.5. Régimen de responsabilidad patrimonial del Estado derivado de la producción de daños ocasionados por la utilización de vehículos automotores.

Tiene ya bastante bien averiguado la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado que como corolario del principio general de responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responde por las acciones u omisiones contrarias a derecho que le sean atribuibles e incluso por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos, así como también ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se precisa del acaecimiento de falta o falla alguna en el funcionamiento del servicio para que resulte posible deducir responsabilidad a la entidad normativamente encargada de prestarlo; se trata de los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta”, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de este o la conducta —activa u omisiva— de sus agentes, se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico; son los referidos eventos, aquellos en los cuales esta Corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, entre los cuales se encuentra aquel que se fundamenta en el riesgo excepcional(30).

Ciertamente, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que, tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando se utilizan vehículos automotores, es aquel a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad el que quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado(31).

Al respecto, bueno es recordar el criterio jurisprudencial que ha venido orientando la cuestión de la guarda como elemento de imputación de daños y respecto del cual la Sala(32) ha acogido los criterios expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes.

Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario.

De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario— pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario.

O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de que guardián de ellas presúmase tener.

Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada”(33) (Destacados de la Sala).

De allí que, como lo ha precisado la Sala(34), “si con un vehículo oficial —o uno particular, respecto del cual una entidad pública tenga la guarda—, se producen lesiones o la muerte de una persona, dicha entidad debe responder e indemnizar los perjuicios que ocasionó”(35); no obstante, el demandado podrá exonerarse de responsabilidad patrimonial, únicamente, mediante la demostración de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima(36).

De otra parte, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el asunto objeto de controversia tenga origen en la utilización de una actividad peligrosa, se ha advertido, en forma reiterada, que

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(37).

Así las cosas, dado que el Estado se encontraba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, como es la utilización de vehículos automotores, la Sala encuentra que la responsabilidad predicable respecto del ente demandado lo es a título del régimen objetivo, identificado como riesgo excepcional, toda vez que —según se estableció—, la muerte de la menor Carolina Orduz Saavedra y las lesiones de carácter permanentes padecidas por la señora María Ligia Saavedra Hernández se produjeron como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido el 27 de octubre de 1999, cuando se transportaban como ocupantes en un vehículo oficial, propiedad de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca.

Adicionalmente, debe precisarse que en casos como el presente, es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, como fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima, y ocurre que ninguna de estas causales eximentes de responsabilidad ha sido acreditada en el plenario.

Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 21 de octubre de 2004, en cuanto declaró la responsabilidad del Departamento de Cundinamarca por los hechos materia de este asunto, así como la condena por concepto de perjuicios morales y por daño a la vida de relación —ahora denominado daño a la salud—(38), dado que el objeto del recurso de apelación estuvo orientado exclusivamente a que se absolviera a la entidad demandada respecto de los hechos materia del presente asunto.

Lo anterior por cuanto, según ya se explicó, el examen del recurso de apelación, cuyo objeto se encaminó a cuestionar la declaratoria de responsabilidad en contra de la entidad demandada, ha llevado a la Sala a concluir que dicha declaratoria judicial, efectuada por el tribunal a quo, debe confirmarse, cuestión que a su vez, en el presente caso, impone la necesidad de confirmar también la condena impuesta en materia de perjuicios morales y daño a la salud, puesto que en relación con este último aspecto específico —consecuencial de la declaratoria de responsabilidad—, la parte apelante nada señaló y, menos, argumentó como motivo de su inconformidad, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos para realizar dicho análisis.

2.6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión el 24 de octubre de 2004.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Decreto 597 de 1988.

(15) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, Expediente 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 18.676, todas con ponencia del Magistrado, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(16) Fl. 230 C. 2.

(17) Parágrafo del artículo 194, Decreto-Ley 633 de 1993.

(18) Fl. 2 C. 2.

(19) Fls. 255 a 256 C. 2.

(20) Fls. 2 a 4 C. 3.

(21) Fls. 17 a 121 C. 3.

(22) Fls. 7 a 8 C. 2.

(23) Las pruebas allegadas con el mencionado oficio son susceptibles de valoración, dado que fueron solicitadas de forma conjunta por las partes. Al respecto, resulta pertinente hacer referencia a las consideraciones expuestas por esta Sala en sentencias del 29 de enero de 2009 (Exp. 16.975) y 24 de mayo de 2012 (Exp. 23.417):

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente. (...)

“Debe anotarse, adicionalmente, que en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión”.

Las indagatorias rendidas en el proceso penal no serán valoradas en esta instancia, pues las mismas no se practican bajo la gravedad de juramento. Al respecto, la Sala ha sostenido:

“En relación con la indagatoria ... practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración ..., dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio”. Ver sentencias del 18 de septiembre de 1997, Expediente 9666 y del 8 de febrero de 2001, Expediente 13.254, entre muchas otras.

(24) Fl. 171 C. 2.

(25) Fl. 18 C. 2.

(26) Fls. 5 C. 2.

(27) Fls. 241 a 243 C. 2.

(28) Fls. 260 a 264 C. 2.

(29) Así lo certificó el respectivo registro civil de defunción de la menor y el dictamen médico legal practicado a la citada víctima directa (fls. 15 C. 2 y 4 C. 3).

(30) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero de 2009, Exp. 17.145 y de 24 de mayo de 2012, Exp. 23.417, entre muchas otras.

(31) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez, Exp. 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2.007, Exp. 16.827.

(32) Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp. 18.376. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(33) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de mayo 18 de 1972. En el mismo sentido la sentencia de julio 4 de 1977.

(34) Ver entre otras las sentencias de 19 de julio de 2000, Exp. 11.842 y del 10 de noviembre de 2005, Exp. 17.920. M.P. Alier E. Hernández Enríquez; 11 de mayo de 2006, Exp. 14.694. M.P. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de marzo de 2008, Exp. 14.780. M.P. Ruth Stella Correa.

(35) Sentencia del 3 de mayo de 2007, Exp. 16.180. M.P. Ramiro Saavedra Becerra y la proferida el 23 de junio de 2010, Exp. 18.376, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(36) La Sala ha precisado conceptualmente el ámbito de las llamadas causales eximentes o exonerativas de responsabilidad bajo el siguiente razonamiento:

“De la dicotomía causalidad-imputación que se ha dejado planteada y explicada, se desprende, ineluctablemente, la siguiente conclusión: frente a todo caso concreto que el juez de lo contencioso administrativo someta a examen habida consideración de que se aduce y se acredita la producción de un daño antijurídico, el nexo o la relación de causalidad entre la acción o la omisión de la autoridad pública demandada existe o no existe, pero no resulta jurídica ni lógicamente admisible sostener que el mismo se rompe o se interrumpe; si ello fuese así, si tal ruptura o interrupción del proceso causal de producción del daño sufriese una interrupción o ruptura, teniendo en cuenta que la causalidad constituye un fenómeno eminente y exclusivamente naturalístico, empírico, no cabría posibilidad distinta a concluir y verificar, sin ambages, que el daño no se habría producido, esto es, al no presentarse o concurrir alguna de las condiciones necesarias para su ocurrencia, la misma no llegaría a tener entidad en la realidad de los acontecimientos.

“Así pues, aunque constituye prácticamente una cláusula de estilo en la jurisprudencia contencioso administrativa el sostener que la configuración, en un caso concreto, de alguna de las denominadas “causales eximentes de responsabilidad” —fuerza mayor, caso fortuito y hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— conduciría a la ruptura o a la interrupción del nexo o de la relación de causalidad entre el hecho dañoso y el resultado dañino, en estricto rigor y en consonancia con todo cuanto se ha explicado, lo que realmente sucede cuando se evidencia la concurrencia y acreditación de una de tales circunstancias es la interrupción o, más exactamente, la exclusión de la posibilidad de atribuir jurídicamente la responsabilidad de reparar el daño a la entidad demandada; es decir, la operatividad en un supuesto concreto de alguna de las referidas “eximentes de responsabilidad” no destruye la tantas veces mencionada relación de causalidad, sino la imputación.

“Por tanto, quede claro que el análisis que ha de llevarse a cabo por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo cuando se le aduzca la configuración de una de las que han dado en denominarse “eximentes de responsabilidad” —como ocurre en el sub judice—, no constituye un examen de tipo naturalístico, fenomenológico, sino eminentemente valorativo-normativo, orientado a seleccionar, más allá del proceso causal de producción del daño, a cuál de los intervinientes en su causación debe imputarse o atribuirse jurídicamente la responsabilidad de repararlo, de conformidad con la concepción de justicia imperante en la sociedad, la cual se refleja en la pluralidad de títulos jurídicos de imputación disponibles dentro del sistema jurídico”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 17145. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(37) Sentencia de 14 de junio de 2001, Exp. 12.696; Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez; sentencia de abril 27 de 2006, Exp. 27.520; Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez.

(38) Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, Expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros. M.P. Enrique Gil Botero.