Sentencia 1999-02606/31094 de mayo 13 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000199902606-01

Expediente: 31.094

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Empresa de Licores de Cundinamarca

Demandado: Almacenes Generales de Depósito S.A.

Referencia: Contractual - Apelación sentencia

Bogotá, D.C., trece de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala se abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) competencia; 2) caducidad de la acción; 3) las pruebas que obran en el proceso; 4) El caso concreto; 5) las costas del proceso.

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por ambas partes del proceso en contra de la sentencia del veintitrés (23) de febrero de 2005, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, en un proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 184.273.900), mientras que el monto exigido al momento de su presentación(20) para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción contractual tuviera vocación de doble instancia era de dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos ($ 18.850.000)(21).

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993(22), la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del presente proceso, debido a que se pretende la declaratoria de incumplimiento de los contratos de depósito 161 de 1997 y 23 de 1998, celebrados entre una entidad estatal —la Empresa de Licores de Cundinamarca— y un particular —Almacenes Generales de Depósito S.A.—, por lo cual, de conformidad con los dictados del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los mencionados contratos tienen el carácter de contratos estatales, en tanto fueron celebrados por una entidad estatal.

2. La caducidad de las acciones.

En este proceso fueron demandados dos contratos, el 161 de 1997, por parte de la Empresa de Licores de Cundinamarca y el 23 de 1998, en demanda de reconvención, por parte de la sociedad Almacenes Generales de Depósito S.A.

Para la época en la cual se presentaron, tanto la demanda principal como la de reconvención, se encontraba vigente la Ley 446 de 1998.

Si bien el artículo 44, que modificó el 136 del CCA, - dijo refiriéndose a la caducidad de la acción que “En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años, que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento” y a continuación expresó:

“En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

(...).

d. En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar; (...)”.

El alcance de la norma en mención ha sido precisado por la Sala desde tiempo atrás en los siguientes términos:

“(...) no pueden valorarse de manera separada los hechos que susciten controversia en el desarrollo del objeto contractual para contar el término de la caducidad, ya que el contrato conforma una unidad y como tal debe analizarse; porque de lo contrario se caería en el error de iniciar un pleito en contra de la entidad por el sinnúmero de diferencias que puedan sobrevenir en la ejecución del contrato, evento que iría en contra del principio de la economía procesal.

A partir de la liquidación del contrato, o al vencimiento del plazo para que las partes la realicen, comienza a computarse el término de caducidad de la acción, pues en aquel momento es posible determinar el estado de las obligaciones a cargo de cada una de las partes”(23).

La Sala ha destacado que tal forma de conteo del término de caducidad, previsto en el literal d) del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, deja ver que, por regla general, no es la conducta que se ataca —acto, hecho u omisión— la que marca en el tiempo el inicio del plazo de caducidad, salvo que se trate del acto administrativo de liquidación.

En este caso fueron demandados dos contratos de depósito, los cuales tienen el carácter de tracto sucesivo, dado que su ejecución se difiere al tiempo que dure el depósito, por lo que, si bien en los respectivos textos de los contratos nada se dijo, estos requerían de liquidación.

A estos contratos les resultaba aplicable la Ley 80 de 1993, cuyo artículo 60(24), vigente para la época de celebración de los mismos, consagraba que los contratos se debían liquidar dentro del término convenido o, de forma supletoria, dentro del término legal previsto para ello. En este caso, en los contratos celebrados no se acordó un plazo para liquidar el contrato, por lo cual le resultan aplicables los términos a los que alude el mencionado artículo 60.

Encuentra la Sala que en los contratos demandados se acordaron dos plazos: plazo de vigencia y plazo de ejecución, asunto que deberá precisarse, a efectos de determinar el término de caducidad para la presentación de las demandas. Se pactó en los siguientes términos:

i) Contrato 161 de 1997

El siguiente es el texto de su cláusula quinta:

“QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO. La vigencia del presente contrato será de seis (6) meses contados a partir de la firma del mismo y el plazo de ejecución es decir término durante el cual EL DEPOSITANTE hará uso y goce de la bodega será de cuatro (4) meses contabilizados a partir de la aprobación de la póliza de cumplimiento”.

ii) Contrato 23 de 1998

Se expresó en la cláusula quinta de este contrato:

“QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO. La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de la firma del mismo y el plazo de ejecución es decir término durante el cual EL DEPOSITANTE hará uso y goce de la bodega será de un (1) mes seis (6) días contabilizados a partir del 25 de marzo de 1998”.

Según se observa, en los contratos que ahora se examinan se pactaron dos términos: el primero referente al plazo que se convino para la ejecución efectiva y propiamente dicha: el uso y el goce de la bodega en la cual se depositó el producto; el segundo al que se denominó plazo de vigencia.

Según se analizó por esta misma Subsección en una situación similar, en este caso no se encuentra una justificación válida y razonable para incluir dos plazos y considera la Sala que el plazo relevante será aquel dentro del cual resulten exigibles las prestaciones. En efecto, la Sala expresó lo siguiente:

“Al respecto conviene señalar que la Sala no encuentra una justificación válida y razonable para incluir dos plazos distintos para un mismo propósito en el mismo texto contractual, pues resulta claro que el plazo jurídicamente relevante será aquel en el cual se ejecute efectivamente el contrato y dentro de cuyo devenir resultan exigibles las prestaciones contractuales y posible el ejercicio de los poderes exorbitantes. En consecuencia, una estipulación en virtud de la cual se pacte un plazo contractual distinto, diferente o ajeno al que se requiere para la propia ejecución del contrato, con el pretexto de extender su vigencia, no deja de ser una cláusula artificial que no está llamada a producir efecto alguno”.

Así las cosas, la Sala tomará como plazo del contrato aquel durante el cual el depositante habría disfrutado del “uso y goce de la bodega” en la que se almacenó el producto.

El contrato 161 fue celebrado el 14 de octubre de 1997, con un plazo de ejecución de cuatro meses contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía(25), lo que ocurrió el 16 de octubre de ese año y el plazo de ejecución venció el 16 de febrero de 1998, por lo que la entidad contaba con plazo para efectuar su liquidarlo de manera unilateral hasta el 16 de agosto de ese año. Así entonces, el tiempo para demandar corría hasta el 16 de agosto del año 2000 y dado que se demandó el 27 de octubre de 1999, no había caducado la acción.

El contrato 23 fue celebrado el 25 de marzo de 1998, con un plazo de ejecución de un mes y seis días, contado a partir de esa misma fecha, cuyo vencimiento ocurrió el 30 de abril de ese año, por lo cual la entidad contaba con plazo para liquidarlo de manera unilateral hasta el 30 de octubre de 1998, por lo que el tiempo para demandar en acción contractual corría hasta el 30 de octubre del año 2000. Toda vez que la demanda de reconvención se presentó el 17 de octubre de 2000, la actora se encontraba dentro del término para hacerlo.

3. Las pruebas que obran en el proceso.

3.1. En relación con las partes.

• Escritura Pública 1406 del 20 de junio de 1997, contentiva de la reforma de los estatutos de ALMABNC(26).

• Certificado de Existencia y Representación legal de la sociedad denominada ALMABNC (Almacenes Generales de Depósito S.A., en liquidación), expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Chapinero(27).

• Certificado de Existencia y Representación Legal de ALMABNC S.A. en liquidación, expedido por la Superintendencia Bancaria(28).

3.2. En relación con el contrato de depósito 161 de 1997.

• Contrato 161 del 14 de octubre de 1997, celebrado entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y la Sociedad ALMABNC —Almacenes Generales de Depósito S.A.—(29).

• Paz y salvo de la sociedad ALMABNC (Almacenes Generales de Depósito S.A.), expedido el 19 de diciembre de 1997(30).

• Recibo de pago del impuesto de timbre de la Empresa de Licores de Cundinamarca del 16 de septiembre de 1997(31).

• Orden de ingreso 956222 de la Empresa Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño, en virtud del contrato 161 de 1997(32).

• Documento 296 de 1997, mediante el cual se constituyó reserva presupuestal por un valor de DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 207.303.600) para dar cumplimento al contrato 161 de 1997(33).

3.3. En relación con el contrato de depósito No.023 de 1998.

• Contrato de depósito 23 del 25 de marzo de 1998, celebrado entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y la sociedad ALMABNC —Almacenes Generales de Depósito S.A.—(34).

• Factura cambiaria de compraventa ALM 32226, calendada el 27 de abril de 1998 y dirigida a la ELC, por valor de $ 60.463.550(35).

• Formulario de declaración de IVA 98703 1916028, correspondiente a los meses de marzo y abril de 1998, en el cual se registraron unos ingresos brutos por valor de $ 1.212.913.000 y un total de impuestos a pagar de $ 157.435.000(36).

• Certificación expedida por la ELC, el 7 de mayo de 1998, en la que consta que se cumplió el objeto del contrato de depósito e hizo referencia a la factura remitida por ALMABNC(37).

• Oficio 981826 del 19 de junio de 1998, suscrito por Almacenes Generales de Depósito y dirigido a la Empresa de Licores de Cundinamarca, en el cual, entre otras cosas, solicitó el pago de la factura 32266 del 27 de abril por la suma de $ 60.463.550(38).

• Oficio fechado el 14 de julio de 1998, mediante el cual el Vicepresidente Comercial de ALMABNC solicitó a la ELC, el pago de la factura 32266(39).

• Oficio calendado el 21 de julio de 1998, dirigido por el Gerente de la ELC a la sociedad ALMABNC, en el cual, en respuesta al oficio de julio 14 de 1998, le expresó que su valor sería compensado con los perjuicios que esta sociedad debía pagarle por concepto de la pérdida y deterioro de la mercancía depositada.

• Resolución 1117 del 17 de septiembre de 1998, por la cual la DIAN resolvió compensar el valor de ciento ochenta y dos millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y cinco pesos ($ 182.647.185) con el valor de las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente o responsables, correspondientes a retenciones en la fuente e IVA del segundo bimestre, por valor de $ 157.435.000, así como la retención en la fuente correspondiente a los meses de junio y julio del mismo año(40).

3.4. En relación con la inundación.

• Informe emitido por la firma UMINCO, el 29 de septiembre de 1997, en el cual se sintetizan las circunstancias que dieron lugar a la anegación, así como las medidas tomadas(41).

• Comunicación suscrita por ALMABNC el 17 de octubre de 1997, enviada por fax al Subgerente Comercial de la Empresa de Licores de Cundinamarca, mediante la cual se solicitó autorización para retirar de las cajas húmedas las botellas y colocarlas en cajas en buen estado(42).

• Comunicación DNI-190-98 del 22 de octubre de 1998, de la Compañía de Seguro Atlas, en la que certifica que el valor de los costos de reetiquetado y lavado de 70.123 botellas ascendían a la suma de $ 4.720.127(43).

• Oficio DLABA-0402-406, 013442, del 15 de diciembre de 1997, dirigido al Gerente de la sociedad Ajustadores Técnicos de Ingeniería Ltda. —en adelante ATI— y suscrito por el Jefe de la División Laboratorio de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA, junto con anexos, sobre las muestras tomadas a las botellas afectadas(44).

• Fotocopia autenticada del oficio DLABA-0402-060 del 19 de marzo de 1998, dirigido al Gerente de ATI y suscrito por el Jefe de la División Laboratorio y Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA, mediante el cual se dan a conocer los análisis microbiológicos sobre muestras de botellas afectadas en la bodega de ALMABNC(45):

“Teniendo en cuenta los análisis fisicoquímicos practicados, para los cuales las muestras salieron satisfactorias con respecto a la NTC correspondientes, alternativamente se les realizó la prueba de hermeticidad siendo igualmente satisfactoria y las pruebas microbiológicas anexas el producto (aguardiente) se encuentra microbiológica y fisicoquímicamente aceptable.

En caso de reenvasar el producto, el aguardiente no se alteraría, ya que como lo recalqué arriba, estos microrganismos no son capaces de crecer ni desarrollarse en este tipo de producto.

Teniendo en cuenta estas reflexiones, mal haríamos en asegurar que existe una contaminación microbiológica debida al accidente ocurrido por inundación de la bodega con aguas lluvia, o que por el contrario, los mohos ya estaban presentes en la tapa y/o el pico de la botella, en forma normal (ambiente) desde la fabricación del producto.

Desde el punto de vista salud, el producto (aguardiente) no ofrece riesgo para los consumidores”.

• Oficio ATI-0303-98 del 3 de abril de 1998, emanado de Ajustadores Técnicos de Ingenieros Ltda., y dirigido a ALMABNC, en los siguientes términos(46):

“Teniendo en cuenta que el producto (líquido) se encuentra microbiológica y fisicoquímicamente aceptable según los últimos análisis de laboratorio efectuados por el INVIMA a las últimas muestras tomadas y en donde se aclara que en caso de reembasar (sic) el producto aguardiente para que no se alterara nos permitimos solicitarles se sirvan enviarnos información sobre los costos que ocasionaría dicho proceso es decir, la botella, dosificador, tapa, banda de seguridad, etiqueta y mano de obra; siempre y cuando la Empresa de Licores de Cundinamarca no acepte el proceso de lavado técnico y reetiquetado del producto”.

• Oficio 981826 del 19 de junio de 1998, suscrito por Almacenes Generales de Depósito y dirigido a la Empresa de Licores de Cundinamarca, en el que le solicitó la información de las cifras correspondientes a los procesos de lavado, reetiquetado y empaque del producto afectado para efectuar el pago correspondiente(47).

• Oficio G-257-99 del 13 de julio de 1998, suscrito por el gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca y dirigido al presidente de ALMABNC, en el que le manifestó la intención de entablar “las acciones judiciales pertinentes para que el patrimonio público del Departamento de Cundinamarca no sea desconocido por su Compañía”(48).

• Oficio del 7 de septiembre de 1998, emanado del Vicepresidente Comercial de Almacenes Generales de Depósito, en el que le informó a la ELC que la Compañía de Seguros solo cancelaría los valores correspondientes a los conceptos imputables al siniestro, tales como lavado, reetiquetado, empaque y gastos de preservación de los bienes(49).

• Oficio LM-071 del 12 de noviembre de 1998, proveniente de la Empresa de Licores de Cundinamarca y dirigido a ALMABNC, en el que le expresó la necesidad de analizar botella por botella para descartar cualquier posible contaminación del producto(50).

• Oficio DCC-210/386 del 17 de noviembre de 1998, del Profesional Coordinador del Control de Calidad de la ELC, a través del cual le recomendó “no reenvasar este licor ya que dadas las buenas prácticas de Manufactura y por haberse expuesto a condiciones desfavorables del almacenamiento, sería absolutamente necesario analizar botella por botella para descartar cualquier posible contaminación”(51).

• Oficio LM-016 del 16 de febrero de 1999, suscrito por el laboratorio Microbiológico de la ELC, en el que le expresó que: “se encontró que en la tapa y etiqueta hay crecimiento de hongos procedentes de la humedad, afectando el olor de la botella y por ende al manipular parece que el contenido toma un olor no característico del aguardiente Néctar, que daría como resultado la no competitividad del producto en el mercado aunque las características químicas no han variado”(52).

• Comunicación DCAJ-062-99 del 23 de febrero de 1999, en el cual la Empresa de Licores de Cundinamarca concluyó que la suma a reclamar por concepto del siniestro del asunto en mención es de $ 183.534.337.11(53).

• Oficio 990115 del 11 de marzo de 1999, enviado por ALMABNC al Gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca, a través del cual le solicitó la remisión, con destino a Seguros Atlas S.A., de los soportes relacionados con los costos de lavado, reetiquetado y empaque del producto(54).

• Certificación C-076-11-130-SME2000, expedida por el Secretario General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales —IDEAM— que contiene los índices de precipitación presentada el 23 de septiembre de 1997 en la ciudad de Bogotá(55).

• Norma Técnica NTC 1853 referente a envases de vidrio para bebidas alcohólicas(56).

3.5. Sobre el llamado en garantía.

• Certificado de existencia y representación legal de la Compañía de Seguros Atlas S.A., hoy en liquidación, expedido por la Cámara de Comercio de Manizales(57).

• Certificado de existencia y representación legal de ALMABNC S.A., expedido por la Superintendencia Bancaria(58).

• Fotocopia del certificado 67 del 17 de septiembre de 1997, por medio del cual se modificó la póliza 1057 de Seguros Atlas, para incluir el riesgo localizado en la calle 21 Nº 65 B-80 de Santafé de Bogotá(59).

• Comunicación T.A.R. 266 del 10 de marzo de 1999 de Seguros Atlas, dirigida a ALMABNC, en la que le manifestó que no accedía al pago de la suma pretendida por la Industria de Licores de Cundinamarca y le ratificó la posición de cancelar la pérdida relacionada con el lavado, reetiquetado y empaque, así como los gastos incurridos por la preservación de los bienes(60).

• Comunicación T.A.R. 350 del 19 de marzo de 1999 de Seguros Atlas, dirigida a ALMABNC, solicitándole que efectuara los cálculos correspondientes al valor de la pérdida y la liquidación del siniestro(61).

• Comunicación T.A.R. 437 del 30 de marzo de 1999 de Seguros Atlas, dirigida a ALMABNC, mediante la cual le pidió que le informara una vez fuera notificada la demanda instaurada en contra de la ELC(62).

• Comunicación de 26 de agosto de 1999, dirigida a ALMABNC por DELIMA Corredores de Seguros S.A., en la que le anunció la remisión de la fotocopia de la Renovación 1996-1997 de la Póliza de Seguro 1057(63).

3.6. Dictamen pericial.

El perito, a pesar de no poder verificar el estado del producto para la época en la cual se produjo la inundación, determinó que después de seis años de almacenamiento un producto presentaba un deterioro externo progresivo.

Dictaminó que el producto, después de haberse fabricado, acondicionado y empacado, fue sometido a condiciones no controladas, tanto físicas como microbiológicas, contrarias a las condiciones que este tuvo durante su manufactura. Agregó que el producto estuvo en contacto con microorganismos patógenos, propios del hábitat de una alcantarilla y en razón a que existió un deterioro significativo del mismo, este debía ser rechazado(64).

4. El caso concreto.

4.1. Lo demandado por la Empresa de Licores de Cundinamarca.

La Empresa de Licores de Cundinamarca solicitó: i) que se declare la existencia de un contrato de arrendamiento de una bodega ubicada en la calle 21 Nº 65B-80 de la ciudad de Bogotá, para el depósito de producto terminado; ii) que se declare la validez del contrato de depósito de mercancía 161 de 1997; iii) que se declare el incumplimiento del contrato 161 de 1997, en especial por “la pérdida o deterioro del producto terminado, que se afecto (sic) con la anegación acaecida el veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997); iv) que se condene al pago de perjuicios derivados del incumplimiento.

i) La existencia de un contrato de arrendamiento.

Solicitó la ELC la declaratoria de existencia de un contrato de arrendamiento entre las partes de esta controversia, pretensión que será resuelta negativamente por la Sala, toda vez que en el expediente no obra escrito alguno que acredite la celebración de un contrato de este tipo.

Si bien se observa que entre las partes existía desde antes de la celebración del contrato 161 una relación comercial, la jurisprudencia de la Sala(65) ha determinado, en relación con la prueba de la existencia de los contratos celebrados por el Estado, que, en la generalidad de los casos, su existencia pende y se acredita mediante el documento escrito, razón por la cual se reputan solemnes, tal como lo han dispuesto las distintas regulaciones contractuales, así: artículo 18 del Decreto 150 de 1976, artículo 26 del Decreto-Ley 222 de 1983 y artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.

Igualmente ha señalado la Sala que constituye presupuesto para el perfeccionamiento de todo contrato celebrado por el Estado y regido por el Estatuto de Contratación Estatal, la formalidad del escrito, exigencia consagrada igualmente en los estatutos contractuales que antecedieron al actualmente vigente, normas en las cuales se exigía el cumplimiento de varios requisitos que solo podían satisfacerse si el contrato constaba por escrito. Esta formalidad de la instrumentación escrita para que el contrato alcance su perfeccionamiento —conviene reiterarlo— la exigen la Ley 80 de 1993, normatividad que en la actualidad rige de manera general la actividad contractual de la gran mayoría de las entidades públicas.

También ha sostenido esta Corporación que en principio no existe ni ha existido en los distintos estatutos contractuales una regulación sobre la forma específica de probar los contratos, toda vez que tanto el artículo 43 de la Ley 150 de 1976, como el artículo 55 del Decreto-Ley 222 de 1983, disponían que la existencia de los contratos podía demostrarse “por cualquiera de los medios probatorios admitidos por las leyes”, salvo que estuvieran sujetos a la formalidad de la escritura pública, texto a partir del cual resulta claro que los contratos de Derecho Público no podían probarse mediante cualquier medio válido, puesto que ello dejaría sin efecto las prescripciones normativas que establecen los requisitos de forma y perfeccionamiento del contrato.

Sin embargo, a juicio de la Sala las normas contractuales no pueden interpretarse aisladamente sino, en armonía con las normas procesales correspondientes —concretamente en este caso con los artículos 175 del CPC, disposición en la cual se establecen los medios de prueba que pueden hacerse valer ante el juez y 187 ibídem, a cuyo tenor “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”—; pues bien, a la luz del principio de hermenéutica referido al efecto útil de la interpretación de la norma, el cual obliga al juez a preferir aquella interpretación que confiere efectos a una norma frente a la opción en la cual dichos efectos se desconocen o se disminuyen significativamente, hay lugar a concluir que en aquellos casos en los cuales la solemnidad se encuentra expresamente establecida en la ley sustancial para la existencia de los contratos en cuya celebración participa la Administración Pública, por regla general se tendrá la imposibilidad de probarlos a través de medios de acreditación distintos a la propia formalidad legalmente exigida.

Al respecto, la Sala se ha pronunciado en los términos que se transcriben a continuación:

“Por lo tanto, una interpretación sistemática de las disposiciones contractuales antes transcritas y las de orden procesal contenidas en los artículos 175 y 187 del CPC, conduce a concluir lo siguiente:

“1) La regla general es que las relaciones contractuales del Estado deben constar por escrito, pues, este constituye requisito ad substantiam actus y ad solemnitatem, en la forma y condiciones señaladas en los artículos 18 del Decreto-Ley 150 de 1976, 26 del Decreto-Ley 222 de 1983, 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.

“Es más, en los casos en que se celebren contratos que recaigan sobre derechos reales con respecto a inmuebles, ese escrito o documento, además, debe tener la forma específica de escritura pública.

“2) Inclusive, el instrumento de carácter documental, es también requerido por la ley, en aquellos eventos en los que, por la cuantía o por la situación de urgencia manifiesta, si bien no se exige el escrito para la celebración del contrato, el legislador impone la necesidad de resolución motivada para el reconocimiento de las obligaciones a cargo de la Nación, de acuerdo con las previsiones de los incisos segundos de los artículos 18 del Decreto 150 de 1976 y 26 del Decreto 222 de 1983 y, autorización escrita de la entidad contratante para las situaciones de urgencia manifiesta, de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley 80 de 1993.

“3) Ahora bien, a partir de la aplicación del principio de efecto útil en la interpretación normativa, la Sala entiende que el contenido de las disposiciones que consagran al escrito como requisito ad substantiam actus de formación y perfeccionamiento del contrato y, aquellas que consagran la posibilidad de probar el contrato por cualquiera de los medios de convicción permitidos por la ley, se adecuan en forma armónica a la previsión del artículo 187 del CPC, bajo la siguiente interpretación:

“a) Esa disposición probatoria autoriza la utilización de cualquiera de los medios de convicción relacionados en el artículo 175 ibídem, a saber: testimonios, indicios, etc., pero, con la siguiente advertencia expresa: “sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.

“b) Por su parte, las disposiciones contractuales de naturaleza sustancial contenidas en los artículos 18 y 39 del Decreto-Ley 150 de 1976, 26 y 51 del Decreto-Ley 222 de 1983 y 41 de la Ley 80 de 1993 —según el caso—, imponen, perentoriamente y por regla general, la solemnidad del escrito para instrumentar la relación jurídico contractual, constituyéndose así en requisito ad substantiam actus y ad probationem, que, imposibilita probar el contrato con cualquier otro medio probatorio previsto en la ley procesal, dado el carácter especial que revisten aquellas normas.

“c) Esa situación probatoria ad solemnitatem también se predica, en forma estricta y con mayor razón, cuando se trata de instrumentar esa relación mediante escritura pública, en los casos que así lo exige expresamente la ley.

“d) En ese contexto, habrá de interpretarse que el artículo 43 del Decreto-Ley 150 de 1976 y el artículo 55 del Decreto-Ley 222 de 1983, que daban vía libre a la posibilidad de probar la existencia del contrato con cualquier medio de convicción de los previstos en el artículo 175 del CPC, serían aplicables, como por ejemplo: frente a aquellos negocios jurídicos en los que la ley no exigió que el contrato constara por escrito o, cuando el contrato se destruye materialmente, entre otros eventos.

“En efecto, a título de mención, se hace referencia a los contratos cuya cuantía fuera menor a: $ 50.000,oo, en vigencia del Decreto-Ley 150 de 1976 (art. 18) y, $ 300.000,oo, en aplicación del Decreto-Ley 222 de 1983 (art. 26). Actualmente, en la Ley 80 de 1993, el legislador exceptuó la solemnidad escrita para los negocios jurídicos que pueden celebrarse sin formalidades plenas, pero, exige la orden previa y escrita de las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del contrato expedida por el jefe o representante legal de la entidad o por el funcionario en quien hubiese delegado la ordenación del gasto (art. 39).

“Todo lo anterior hace parte del entendimiento integral de las normas relacionadas con la forma, perfeccionamiento y prueba del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte contractual solicite al juez, por vía de la acción de controversias contractuales, la declaratoria de existencia del contrato cuando el negocio no se ha perfeccionado o no se ha legalizado, de conformidad con el artículo 87 del CCA.

“En tal sentido, la jurisprudencia de la Sala, en sentencia de 30 de noviembre de 2000(66), se pronunció sobre la posibilidad de demandar en acción de controversias contractuales, con pretensión de declaratoria de existencia del contrato, pues, el suministro de víveres se solicitaba a través de documentos como vales y formatos escritos, pero, sin perfeccionamiento ni legalización, dijo:

“Dado que, en algunos eventos —especialmente cuando el daño causado proviene de la prestación de un servicio o el suministro de unos bienes, entre otros casos, sin que exista un contrato perfeccionado y legalizado de conformidad con las normas legales vigentes–, puede solicitarse la declaración de existencia del respectivo negocio jurídico, en ejercicio de la acción contractual, ha expresado la Sala, adicionalmente, que para efectos de establecer si procede dicha acción o la de reparación directa, debe establecerse si las partes, en la práctica, han recorrido o no la definición del tipo negocial, esto es, si la conducta realizada por ellas da lugar al surgimiento del contrato que aspiraron a celebrar. Si la respuesta es afirmativa, deberá concluirse que se cumplieron los requisitos previstos en la norma para declarar la existencia y eficacia del negocio, por lo cual la acción procedente será la acción contractual; si es negativa, dicha acción no podrá prosperar. En efecto, la ausencia de la totalidad de los trámites necesarios para la formalización escrita del contrato y su posterior perfeccionamiento permite concluir que el negocio jurídico es inexistente”(67) (negrillas adicionales).

En sentencia de 6 de abril de 2000(68), cuyo supuesto fáctico consistió en la suscripción de un contrato de interventoría que no se perfeccionó, consideró:

“En la sentencia de 10 de marzo de 1997, expediente 10.038, en la que se controvertía el pago de unos perjuicios derivados de un contrato que se firmó y cuya ejecución se inició pero luego no se perfeccionó por circunstancias atribuibles a la entidad contratante (falta de la reserva presupuestal y suspensión de los trámites de legalización), la sala declaró la existencia del contrato tal como era la pretensión del demandante en ejercicio de la acción contractual, ya que consideró que “el incumplimiento de los deberes que tiene la administración para la culminación de todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de un contrato ya celebrado, frente a la diligencia del particular cocontratante en cumplirlos, da lugar a que la entidad pública negligente responda patrimonialmente por los daños y perjuicios irrogados teniendo como título jurídico de imputación lo que se conoce en la doctrina como responsabilidad precontractual de la administración pública”. Y al respecto resaltó lo dicho por la Sala en la sentencia del 4 de marzo de 1991, expediente 5825:

‘Si se acepta la posición ortodoxa, habría que concluir que como el contrato no se perfeccionó la acción no podría ser sino de reparación directa. Pero interpretando la voluntad de las partes, lo que querían y buscaban con la celebración del contrato, puede sostenerse válidamente que el litigio encaja en las propiamente contractuales y no en las acciones de responsabilidad por hechos y omisiones de la administración’.

“En el caso de un contrato de mantenimiento que el contratista continuó ejecutando pese a su vencimiento y ante la prórroga de hecho, la Sala encontró que se daban los elementos de la figura del enriquecimiento sin causa y por consiguiente, acreditados los presupuestos para la procedencia de la actio in rem verso como fundamento jurídico de las pretensiones del demandante, ante la alteración patrimonial por los servicios prestados sin el pago correspondiente, ya que “los contratos que hubieran podido llegar a constituirse en dicha causa no surgieron a la vida jurídica” de lo cual se derivaba la imposibilidad del demandante para ejercitar otro tipo de acción (Sentencia de 6 de septiembre de 1991, expediente 6306).

“En la sentencia de 29 de enero de 1998, expediente 11.099, pese a que el demandante solicitó a través de la acción contractual que se declarara la existencia de un contrato que tuvo como objeto la transmisión de unas pautas publicitarias y el cumplimiento cabal del mismo, así como el incumplimiento del ente público por el no pago del precio de los servicios y por consiguiente se condenara al pago de dicho precio, la sala desechó las tres primeras pretensiones de la demanda ‘por cuanto el negocio jurídico no alcanzó existencia jurídica y por ende imposible resulta predicar cumplimiento o incumplimiento del demandante o acceder a la pretensión cuarta a título del valor del contrato tal cual fue solicitado’. Sin embargo, accedió a la pretensión quinta del demandante, cual era el pago de los perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados, toda vez que en uso de las facultades interpretativas de la demanda, encontró probados los hechos que tipificaban el derecho a la indemnización de perjuicios por enriquecimiento injusto ‘ocasionado y suscitado por la conducta observada por la parte demandada, la que además se considera contraria al postulado de la buena fe’, ya que esta había entrado en tratos preliminares con miras a la celebración del negocio jurídico y auspició que el servicio se prestara efectivamente, no obstante que el acuerdo de voluntades no cumplió con la formalización escrita del convenio y su posterior perfeccionamiento, lo cual configuraba la ausencia del contrato ‘o en otros términos inexistencia del negocio jurídico’.

“Se observa también que en la sentencia de 4 de marzo de 1991 (Exp. 5825) se dio paso a la acción contractual, por cuanto la entidad pública tampoco había cumplido con todos los requisitos para el perfeccionamiento de un contrato ya celebrado. En dicha sentencia adicionalmente se señaló que de acuerdo a la versión del artículo 87 del CCA ‘no es posible sostener que las controversias de naturaleza contractual no puedan tener origen sino en contratos ya perfeccionados”, pues no de otra manera podría pedirse la declaratoria de la existencia o no de un contrato administrativo’. Se señalan en ese fallo aspectos tan lógicos como que ‘si se suscribe el convenio administrativo por las partes y no llega a perfeccionarse el contrato por culpa de una de ellas, no podrá hablarse propiamente de la existencia de este, pero no es posible desconocer que en dicha hipótesis se da algo más que un simple hecho, que constituye una relación jurídico-bilateral, un auténtico convenio creador de obligaciones’, toda vez que la responsabilidad de la administración no podría deslindarse de ese convenio que celebró.

De los anteriores fallos puede deducirse que la acción que se invocó en cada uno de los casos expuestos dependía de las pretensiones de la demanda, ya fuera para que el juez administrativo declarara el enriquecimiento sin causa de la entidad pública a costa de los servicios prestados por el particular, encaminada por la acción prevista en el artículo 86 del CCA, o bien declarara la existencia o validez del contrato por la del artículo 87 ibídem, o como en el caso debatido en el expediente 11.099 donde se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en uso de las facultades interpretativas que el juez tiene de la misma.

En este orden de ideas, el criterio que ha orientado la calificación de la acción es la existencia de un contrato, así se haya frustrado su perfeccionamiento para ejecutarlo válidamente. De tal manera que aquellas actividades que realizan los particulares para la administración pública y que debieron enmarcarse en una relación contractual pero que no se hicieron, pueden orientarse por la vía de la reparación directa siempre y cuando se den los presupuestos de la teoría del enriquecimiento sin causa: un enriquecimiento de la parte beneficiada; un correlativo empobrecimiento de la parte afectada; una relación de causalidad y la ausencia de causa jurídica.

En tanto que cuando el contrato existió así no se haya perfeccionado, ese acuerdo de voluntades como convenio jurídico celebrado, puede derivar responsabilidad de la administración por la vía de la acción de controversias contractuales, la cual como se sabe puede dirigirse a que se declare la existencia, nulidad o incumplimiento de un contrato, las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, su revisión y al pago de perjuicios y condenas de todo orden derivadas de la ejecución de un contrato estatal (art. 87 CCA)...” (Negrillas adicionales)”.

ii) La validez del contrato 161 de 1997.

Se encuentra acreditado que el 14 de septiembre de octubre de 1997 entre la ELC y ALMABNC se celebró un contrato en cuyo objeto se estipuló que “EL DEPOSITANTE entrega en depósito a EL DEPOSITARIO producto terminado para que los guarde y custodie en la bodega de EL DEPOSITARIO, ubicada en la calle 21 Nº 65B-80 de esta ciudad, en un área de 3.885 metros cuadrados. EL DEPOSITANTE en el momento del depósito y para efectos de responsabilidad efectuará una relación detallada del producto terminado”.

En la cláusula segunda del contrato se acordaron las siguientes obligaciones del depositario:

“1. Entregar a EL DEPOSITANTE a la firma del presente documento la bodega en perfecto estado, con servicios sanitarios y de seguridad para almacenar bienes del DEPOSITANTE.

2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato.

3. Efectuar las reparaciones que sean necesarias para mantener la seguridad de los elementos almacenados por EL DEPOSITANTE.

4. El deterioro que sufran los bienes almacenados por EL DEPOSITANTE como consecuencia de reparaciones no efectuadas por EL DEPOSITARIO serán pagadas por este, para lo cual se efectuarán los avalúos correspondientes que determinen la indemnización a favor de EL DEPOSITANTE, prestando el presente contrato mérito ejecutivo para obtener la indemnización de perjuicios.

5. Responder hasta de culpa leve en la custodia y la conservación del producto que se le entrega.

6. No podrá servirse ni utilizar los bienes depositados.

7. Responder por la pérdida o deterioro del producto terminado.

8. El depositario no deberá arrumar más de tres estibas”.

En la cláusula tercera se consagraron las siguientes obligaciones del depositante:

“1. Pagar a EL DEPOSITARIO en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C. Carrera 36 Nº 10-95 del valor del servicio de almacenaje.

2. Informar a EL DEPOSITARIO con quince (15) días de anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución el deseo de renovar el contrato; de no hacerlo, este se prorrogará automáticamente por un plazo igual al inicial.

3. Dar uso adecuado a la Bodega y entregarla en las condiciones recibidas”.

En la cláusula tercera se acordó el valor y la forma de pago; en la cláusula quinta se convino un plazo de ejecución de cuatro meses; la cláusula sexta hizo referencia a la garantía única de cumplimiento; la cláusula séptima se ocupó de la cláusula penal pecuniaria; la cláusula octava mencionó la imputación presupuestal; la cláusula novena aludió a la designación del supervisor; la décima al perfeccionamiento y la undécima a los anexos: cotización del depositario, paz y salvo del depositario expedido por la ELC y certificado de existencia y representación legal del depositario, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el texto del contrato se expresó que se trató de un contrato de depósito, a cuyas características se ha referido la Sala, en los siguientes términos:

“En materia CIVIL generalmente el depósito está entendido como un contrato en el que una de las partes confía a la otra una cosa corporal para que la guarde y luego la restituya en especie. El depósito puede ser propiamente dicho dentro del cual están el ‘necesario’ y el ‘secuestro’ (arts. 2.236 y 2.239 C.C.).

“En el ‘depósito propiamente dicho’ el depositante entrega a otra persona llamada depositario la cosa para que se la restituya a voluntad del primero.

“Este tipo de depósito será necesario ‘cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante’; este último caso el depositario responderá hasta por la culpa leve, mientras que en el propiamente dicho, por regla general, responderá por la culpa grave (arts. 2.260 y 2.247 C.C.).

“En materia Comercial, el depósito es remunerado y el depositario responderá hasta por culpa leve y se ‘presumirá que la pérdida o deterioro se debe a culpa del depositario, el cual deberá probar causa extraña para liberarse’ (art. 1.170 y 1.171 C. Co.)(69).

En este caso, según lo estipulado por las partes, encuentra la Sala que se trató de un contrato estatal de depósito, dado que una de las partes fue una entidad estatal.

Ahora bien, por fuera de las prescripciones aplicables a la generalidad de los contratos estatales, el Estatuto Contractual ninguna característica particular atribuyó al de depósito, razón por la cual, de acuerdo con los dictados de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80, en lo no previsto en este Estatuto, le serán aplicables, en primer lugar, las normas del Código de Comercio, dado que se trató de un contrato celebrado con una sociedad comercial que recibió en depósito una mercancía, a cambio de una remuneración, respondiendo hasta por la culpa leve y, en los aspectos no contemplados en la Ley 80 y en el Código de Comercio aplica el Código Civil.

Encuentra la Sala que se trató de un contrato válidamente celebrado, cuyo único reparo tiene que ver con un aparte de la cláusula tercera, relativo a la prórroga automática, la que, en tratándose de contratos estatales sometidos a la solemnidad del escrito, carece de efecto, por lo que para la Sala queda claro que la vigencia fue únicamente de cuatro meses.

iii) El incumplimiento del contrato 161 de 1997.

De acuerdo con lo expuesto, la ELC solicitó la declaratoria de incumplimiento derivada de “la pérdida o deterioro del producto terminado, que se afecto (sic) con la anegación acaecida el veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.

Se observa con claridad que la demandante, como causa del alegado incumplimiento, mencionó la pérdida o deterioro del producto, sufrido con ocasión de una anegación ocurrida el 23 de septiembre de 1997 y que según se corroboró con el material probatorio arrimado al proceso ocurrió antes de la celebración del contrato 161 de 1997, razón por la cual el eventual daño cuya indemnización reclama la ELC no podría haberse derivado de este contrato.

Así entonces, la Sala denegará esta pretensión.

4.2. Lo demandado por Almacenes Generales de Depósito S.A., en la demanda de reconvención.

La demandante en reconvención solicitó: i) que se declare la existencia y validez del contrato 23 celebrado el 25 de marzo de 1998; ii) la declaratoria de incumplimiento en el pago acordado en el mismo contrato; iii) la indemnización de perjuicios.

i) Existencia y validez del contrato 23 de 1998.

El 25 de marzo de 1998 se celebró entre las partes de esta controversia el contrato de depósito 23, en cuyo objeto se acordó que “EL DEPOSITANTE entrega en depósito a EL DEPOSITARIO producto terminado para que los guarde y custodie en la bodega de EL DEPOSITARIO, ubicada en la calle 21 Nº 65B-88 módulo 2 de esta ciudad, en un área de 3.885 metros cuadrados. EL DEPOSITANTE en el momento del depósito y para efectos de responsabilidad efectuará una relación detallada del producto terminado, según cotización del CONTRATISTA de fecha 9 de marzo de 1998 la cual forma parte integral del presente contrato”.

En el contrato se acordaron las siguientes obligaciones de las partes:

“SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO.

1. Entregar a EL DEPOSITANTE a la firma del presente documento la bodega en perfecto estado, con servicios sanitarios y de seguridad para almacenar bienes del DEPOSITANTE.

2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los servicios conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato.

3. Efectuar las reparaciones que sean necesarias para mantener la seguridad de los elementos almacenados por EL DEPOSITANTE.

4. El deterioro que sufran los bienes almacenados por EL DEPOSITANTE como consecuencia de las reparaciones no efectuadas por EL DEPOSITARIO serán pagados por este, para lo cual se efectuarán los avalúos correspondiente que determinen la indemnización a favor de EL DEPOSITANTE, prestando el presente contrato mérito ejecutivo para obtener la indemnización de perjuicios.

5. Responder hasta de culpa leve en la custodia y la conservación del producto, que se le entrega.

6. No podrá servirse ni utilizar los bienes depositados.

7. Responder por la pérdida o deterioro del producto terminado.

8. El depositario no deberá arrumar más de tres estibas.

9. Las demás que sean exigibles por el DEPOSITANTE y que sean acordes con la naturaleza del contrato”.

“TERCERA: OBLIGACIONES DEL DEPOSITANTE.

1. Pagar a EL DEPOSITARIO en la Ciudad de Santafé de Bogotá D.C. Carrera 36 Nº 10-95 el valor del servicio de almacenaje.

2. Informar a EL DEPOSITARIO con quince (15) días de anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución el deseo de renovar el contrato.

3. Dar el uso adecuado a la Bodega y entregarla en las condiciones recibidas”.

En la cláusula cuarta se acordó el valor y la forma de pago; en la cláusula quinta se convino un plazo de ejecución de un mes y seis días; la cláusula sexta hizo referencia a la garantía única de cumplimiento; la cláusula séptima se ocupó de la cláusula penal pecuniaria; la cláusula octava mencionó la imputación presupuestal; la cláusula novena aludió a la designación del supervisor; la décima al perfeccionamiento y la undécima a los anexos: cotización del depositario, paz y salvo del depositario expedido por la ELC y certificado de existencia y representación legal del depositario, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

De conformidad con las características a las cuales se hizo alusión en párrafos precedentes, encuentra la Sala que se trató de un contrato estatal de depósito, al cual le resultan aplicables, además de las prescripciones de la Ley 80, las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil.

Se trató de un contrato surgido de un acuerdo de voluntad de las partes elevado a escrito, como requisito de perfeccionamiento, según los dictados del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, cuyo único reparo tiene que ver con un aparte de la cláusula tercera, relativo a la prórroga automática, lo que, en tratándose de contratos estatales sometidos a la celebración por escrito carece de efecto, por lo cual para la Sala queda claro que la vigencia del contrato 23 de 1998 fue únicamente de un (1) mes y seis días.

ii) El incumplimiento en el pago del contrato 23 de 1998.

Solicitó la reconviniente que se condenara a la ELC al pago del depósito, correspondiente al período comprendido entre marzo 25 y abril 30 de 1998.

En este punto se encuentra probado lo siguiente:

i) Que entre la Empresa de Licores de Cundinamarca —ELC— y la sociedad ALMABNC —Almacenes Generales de Depósito S.A.— se celebró el contrato de depósito 23 del 25 de marzo de 1998, en cuya cláusula cuarta se acordó el valor y la forma de pago, en los siguientes términos:

CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para todos los efectos legales el valor del presente contrato se fija en la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS ($ 62.191.080) Mcte., incluido IVA, en este valor está incluido seguros, vigilancia, bodegaje, servicio de Montacarga y medidas de seguridad industrial”.

ii) ALMABNC remitió a la entidad la factura cambiaria de compraventa ALM 32226, calendada el 27 de abril de 1998 y dirigida a la ELC, por valor de $ 60.463.550, discriminados así: a) ALMACENAJE: $ 52.123.750 y b) VALOR IVA: $ 8.339.800.

iii) ALMABNC elaboró y presentó ante la DIAN la declaración de IVA 98703 1916028, correspondiente a los meses de marzo y abril de 1998, en la cual se registraron unos ingresos brutos por valor de $ 1.212.913.000 y un total de impuestos a pagar de $ 157.435.000. Mediante Resolución 1117, del 17 de septiembre de 1998, la DIAN resolvió compensar, entre otras obligaciones de la reconviniente, aquellas correspondientes a retenciones en la fuente e IVA del segundo bimestre de 1998, por valor de $ 157.435.000.

iv) El 7 de mayo de 1998 el Subgerente Administrativo de la ELC, Juan Bautista Montaño Rico, certificó que la bodega ubicada en la calle 21 Nº 65B-88 fue utilizada para el almacenamiento de producto terminado, en los siguientes términos:

“Que la bodega, contratada con ALMABNC, ubicada en la Calle 21 Nº 65B-88, fue utilizada para el Almacenamiento de Producto Terminado ocupando 3,885 M2, durante el periodo comprendido del 25 de marzo al 30 de abril de 1998, de conformidad con el Contrato 23 de 1998.

“Esta certificación se expide, para trámite de cuenta soportada en la Factura Cambiaria de Compraventa ALM32266, por valor de $ 60.463.550.00.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de mayo de 1998, soportada en la certificación expedida el 4 de mayo de 1998 por el Subgerente Comercial (e), anexa a la presente”.

v) A través de oficio fechado el 14 de julio de 1998, el Vicepresidente Comercial de ALMABNC solicitó a la ELC, el pago de la factura 32266, en los siguientes términos:

“A pesar de reiteradas conversaciones telefónicas, hasta la fecha no hemos recibido la cancelación de la factura 32266 a cargo de esa entidad cuyo capital asciende a la suma de $ 60.463.550.00, más los intereses de mora que se han venido generando.

Con el fin de subsanar esta situación a la mayor brevedad posible, le agradecería proceder a la cancelación a más tardar el 15 del presente mes, en caso contrario daremos poder a nuestro abogado para iniciar el cobro judicial correspondiente”.

vi) Mediante oficio calendado el 21 de julio de 1998 el Gerente de la ELC respondió a la sociedad ALMABNC la comunicación del 14 de julio de 1998, en los siguientes términos:

“He recibido copia de su comunicación de fecha 14 de julio de 1998, en la que reclaman el pago de las sumas por concepto de almacenamiento contratado con Ustedes.

Sobre el particular me permito recordarles que se encuentra pendiente de pago por parte de ALMABNC, la indemnización por la pérdida de producto terminado de la ELC en las instalaciones de ALMABNC.

A diferencia de lo indicado por ustedes en la comunicación a la que nos referimos y en otras anteriores, la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA no está reteniendo el pago de las sumas adeudadas; la razón por la cual no se produjo el pago es que operó compensación entre lo adeudado a ustedes y el valor de los perjuicios causados a la ELC con ocasión del siniestro en que se perdió parte del producto almacenado en sus almacenes.

En este orden de ideas, es ALMABNC quien adeuda a la ELC la diferencia que resulte al compensar las partidas mencionadas”.

Según se expuso, la ELC contestó extemporáneamente la demanda de reconvención, lo cual equivale a no haberla presentado, por lo cual, la pretendida compensación no fue alegada como excepción y si bien el juzgador tiene la obligación de reconocer oficiosamente las excepciones de fondo que encontrare demostradas, ello no aplica para las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deben siempre alegarse en la contestación de la demanda, tal como lo preceptuaba el artículo 306 del CPC y hoy el artículo 282 del Código General del Proceso.

Ahora bien, bueno es precisar que al margen de que se haya alegado, o no, la compensación, en este caso tampoco se encuentra probada, por cuanto no se dan los presupuestos a los cuales alude el artículo 1715 C.C., norma que exige la liquidez y la exigibilidad de ambas deudas, lo cual evidentemente no se presenta en este caso en relación con la pretendida obligación resarcitoria a cargo de ALMABNC, asunto que precisamente se debate en este proceso.

Así las cosas, encuentra la Sala que el pago de la mencionada factura no se ha satisfecho por parte de la ELC y, por ello, condenará al pago actualizado del correspondiente valor, más los intereses moratorios consagrados en la Ley 80 de 1993, dado que en el contrato nada se estipuló al respecto. De conformidad con los siguientes cálculos:

El valor histórico a reconocer al contratista es la cifra de $ 60.463.550, suma que deberá será actualizada (valor presente) con base en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula(70):

S 1999-02606F1A
 

Vp: Corresponde al valor presente

Vh: Es el valor histórico o inicial ($ 60.463.550)

Índice final: Es el IPC vigente a la fecha de este fallo, abril de 2015, es de 121,63.

Índice inicial: Es el IPC vigente utilizado para calcular los valores previstos en la factura 32266, abril de 1998, es de 49,64.

S 1999-02606F2
 

Vp = $ 148.150.313,99

El valor del depósito no cancelado al contratista, actualizado con el IPC al mes de marzo de 2015, es de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 148.150.313,99).

Tasas de interés aplicables a los contratos celebrados en vigencia de la Ley 80, expedida en 1993.

El ordenamiento jurídico colombiano, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 80, proferida en el año de 1993 —comoquiera que con antelación a dicho momento nada se había previsto de forma expresa en el Estatuto Contractual de la Administración Pública— tras superar la tesis de la improcedibilidad del reconocimiento de intereses moratorios en este tipo de relaciones negociales, previó diversas disposiciones con la finalidad de asegurar la reparación integral del daño antijurídico o perjuicio causado por la Administración Pública.

Pues bien, los artículos 4.8 y 5.1 de la citada Ley 80 consagraron el derecho, para el contratista, consistente en que la Administración le mantenga el valor intrínseco de la remuneración pactada, al tiempo que establecieron el correlativo deber, a cargo de la Administración, consistente en adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones económicas y financieras que se tuvieron en cuenta al momento de la contratación o de la licitación o concurso, según fuere el caso.

Entre tales medidas, la ley previó la posibilidad de que las partes incluyesen, dentro de las estipulaciones contractuales, el correspondiente pacto de intereses moratorios y a falta de determinación convencional en relación con los mismos dispuso que estos serían equivalentes “[a]l doble del interés legal civil” calculado “sobre el valor histórico actualizado”, esto es, el 12% anual —teniendo en cuenta que el interés civil moratorio ha sido previsto por el artículo 1617 del C.C., en el 6% anual— sobre el referido valor histórico actualizado.

Por su parte, el Decreto Reglamentario 679 de 1994, en su artículo 1º, vigente para la época de celebración del contrato, señaló la forma en la cual debe determinarse el valor histórico actualizado al cual hace alusión el citado numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:

“ART. 1º—De la determinación de los intereses moratorios. Para determinar el valor histórico actualizado a que se refiere el artículo 4º, numeral 8º de la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento del índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días transcurridos” (Subrayas por fuera del original).

Igualmente la Sección Tercera, en reiterada jurisprudencia(71), ha determinado la viabilidad del pago de intereses moratorios civiles calculados sobre el valor histórico actualizado de la suma impagada, en todos aquellos contratos que se encuentran gobernados por la Ley 80, en los eventos en los cuales las partes no hubieren pactado un interés moratorio convencional, como resarcimiento de los perjuicios causados por el incumplimiento en el pago de las obligaciones dinerarias. En la anotada dirección, ha sostenido la Sala:

“Sobre el asunto referido al reconocimiento y pago de intereses, por razón del incumplimiento de los pagos a que se encuentra obligada la administración por razón de los contratos estatales, la Sala, en sentencia del 17 de mayo de 2001 (exp. 13635), precisó:

‘En este orden de ideas, es perfectamente posible que las partes de un contrato estatal pacten un interés moratorio superior o inferior al 12% anual, como nada impide que pacten una tasa igual o inferior al interés bancario corriente y como interés de mora el doble de este, mientras se ajusten a las previsiones comerciales y penales, esto es, sin incurrir en el interés de usura (art. 111 L. 510/99). Pero ante la ausencia de ese pacto, no será el artículo 884 del C. Co. el aplicable sino el artículo 4º ordinal 8º de la Ley 80 de 1993, es decir, el 12% anual sobre el valor histórico actualizado.

‘La jurisprudencia ha sido prolija en señalar que no concurren la liquidación de intereses comerciales simples o de mora con la corrección monetaria o indexación, ya que la tasa de interés comercial lleva en su seno la corrección monetaria; pero sí puede concurrir la actualización cuando se condena al pago del interés legal civil (6% anual artículo 1617 C.C)(72). Lo anterior se explica en razón a la tasa: en Colombia la tasa del interés corriente bancario es más alta que la tasa legal (normalmente oscila en el 36% anual) porque en ella se incluye la devaluación’ (subrayas en el texto original)(73).

Ahora bien, respecto de la forma de liquidar tal tasa de interés moratorio la Sala ha entendido que según las normas vigentes para determinar el valor histórico actualizado al cual alude el inciso segundo del artículo 4.8 de la Ley 80, dicha actualización debe llevarse a cabo cada vez que se complete un período de un año o fracción, contado a partir de la fecha en la cual haya incurrido en mora la parte incumplida. Así pues, solo después de efectuarse la correspondiente actualización del valor histórico adeudado, tras completarse cada período de mora —de acuerdo con lo establecido por el citado artículo 1º del Decreto 679 de 1994— se aplicará, a la suma que resulte de dicha actualización, la tasa de interés moratorio que corresponda —legal o convencional—, según se ha pronunciado esta Corporación(74):

“Para el cálculo de los intereses de mora se actualizará el capital de $ 188.483.818 durante cada año o fracción de mora, de acuerdo con el incremento en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE(75), para obtener así el valor histórico actualizado, valor sobre el cual se calculará una tasa de interés del doce por ciento (12%) anual”.

En el presente caso encuentra la Sala que las partes del contrato 23 de 1998 no determinaron un plazo para el pago.

En cuanto al momento a partir del cual deben empezar a causarse intereses moratorios la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado(76) ha sostenido reiteradamente que en los supuestos de ausencia de determinación de un plazo convencional para el pago de las cuentas de cobro derivadas de la ejecución del contrato, la Administración estaba obligada a cancelarlas dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación, en aplicación de lo prescrito por el artículo 885 del Código de Comercio y, en caso de no hacerlo, incurriría en mora.

En consecuencia, una vez cumplido el objeto contractual por parte del contratista, tratándose de obligaciones puras y simples, es decir, aquellas en las cuales la obligación de pagar a cargo de la Administración no ha quedado sometida a plazo, la constitución en mora se producirá al vencimiento del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente cuenta de cobro por el referido contratista.

Ahora bien, en cuanto en ese contrato estatal no se estableció un plazo dentro del cual la Administración debería pagar la correspondiente factura para cubrir el valor del depósito, según lo antes expuesto, debería concluirse entonces que la entidad contratante contaba con el plazo de treinta (30) días a partir del día 30 de abril de 1998, esto es, hasta el día 29 de mayo de ese mismo año, para realizar el pago de la suma señalada, como quiera que en según la certificación expedida por la entidad hasta el día 30 de abril de 1998 la ELC disfrutó del “uso y el goce” de la bodega mencionada.

Se efectuará entonces el cálculo de los correspondientes intereses moratorios(77):

FECHAVALOR% VAR IPCVHCTASA INTERÉSTOTAL INTERESES
      
Mayo 98 a mayo 9960.463.5509,98 $ 66.497.812,29 12% $ 7.979.737,47
Mayo 99 a mayo 00 $ 66.497.812,29 10 $ 73.147.593,52 12% $ 8.777.711,22
Mayo 00 a mayo 01 $ 73.147.593,52 7,87 $ 78.904.309,13 12% $ 9.468.517,10
Mayo 01 a mayo 02 $ 78.904.309,13 5,84 $ 83.512.320,78 12% $ 10.021.478,49
Mayo 02 a mayo 03 $ 83.512.320,78 7,73 $ 89.967.823,18 12% $ 10.796.138,78
Mayo 03 a mayo 04 $ 89.967.823,18 5,37 $ 94.799.095,28 12% $ 11.375.891,43
Mayo 04 a mayo 05 $ 94.799.095,28 5,04 $ 99.576.969,69 12% $ 11.949.236,36
Mayo 05 a mayo 06 $ 99.576.969,69 4,04 $ 103.599.879,26 12% $ 12.431.985,51
Mayo 06 a mayo 07 $ 103.599.879,26 6,23 $ 110.054.151,74 12% $ 13.206.498,21
Mayo 07 a mayo 08 $ 110.054.151,74 6,39 $ 117.086.612,03 12% $ 14.050.393,44
Mayo 08 a mayo 09 $ 117.086.612,03 4,77 $ 122.671.643,43 12% $ 14.720.597,21
Mayo 09 a mayo 10 $ 122.671.643,43 2,07 $ 125.210.946,45 12% $ 15.025.313,57
Mayo 10 a mayo 11 $ 125.210.946,45 3,02 $ 128.992.317,03 12% $ 15.479.078,04
Mayo 11 a mayo 12 $ 128.992.317,03 3,44 $ 133.429.652,74 12% $ 16.011.558,33
Mayo 12 a mayo 13 $ 133.429.652,74 2 $ 136.098.245,79 12% $ 16.331.789,49
Mayo 13 a mayo 14 $ 136.098.245,79 2,93 $ 140.085.924,39 12% $ 16.810.310,93
Mayo a junio 14 $ 140.085.924,39 0,09 $ 140.212.001,72 1% $ 1.402.120,02
Junio a julio 14 $ 140.212.001,72 0,15 $ 140.422.319,73 1% $ 1.404.223,20
Julio a agosto 14 $ 140.422.319,73 0,2 $ 140.703.164,37 1% $ 1.407.031,64
Agosto a sept. 14 $ 140.703.164,37 0,14 $ 140.900.148,80 1% $ 1.409.001,49
Sept. a oct. 14 $ 140.900.148,80 0,16 $ 141.125.589,04 1% $ 1.411.255,89
Oct. a nov. 14 $ 141.125.589,04 0,13 $ 141.309.052,30 1% $ 1.413.090,52
Nov. a dic. 14 $ 141.309.052,30 0,27 $ 141.690.586,74 1% $ 1.416.905,87
Dic 14 a enero 15 $ 141.690.586,74 0,64 $ 142.597.406,50 1% $ 1.425.974,06
Enero a feb. 15 $ 142.597.406,50 1,15 $ 144.237.276,67 1% $ 1.442.372,77
Febrero a marzo 15 $ 144.237.276,67 0,59 $ 145.088.276,60 1% $ 1.450.882,77
Marzo a abril 15 $ 145.088.276,60 0,54 $ 145.871.753,30 1% $ 1.458.717,53
      $ 220.077.811,37

El valor de los intereses moratorios legales causados sobre la suma adeudada al contratista desde el día 30 de mayo de 1998, hasta el día 30 de abril de 2015, asciende a la suma de $ 220.077.811,37 moneda corriente, cantidad esta que deberá ser reconocida y pagada a ALMABNC.

A modo de resumen se tiene que la ELC deberá pagar a ALMABNC, la suma de dinero correspondiente a los siguientes valores:

Suma adeudada actualizada:$ 148.150.313,99
Intereses moratorios:$ 220.077.811,37
Total a pagar:$ 368.228.125,36

5. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR el fallo proferido el 23 de febrero de 2005, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se decide:

1. DECLARAR la existencia y validez del contrato de depósito 161 de 1997, celebrado entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y la sociedad Almacenes Generales de Depósito S.A. —ALMABNC—.

2. DENEGAR las demás pretensiones formuladas por la Empresa de Licores de Cundinamarca.

3. DECLARAR la existencia y validez del contrato de depósito 23 de 1998, celebrado entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y la sociedad Almacenes Generales de Depósito S.A. —ALMABNC—.

4. DECLARAR el incumplimiento en la obligación de pago del contrato 23 de 1998 por parte de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

5. CONDENAR a la Empresa de Licores de Cundinamarca a pagar a la sociedad Almacenes Generales de Depósito S.A. —ALMABNC— a pagar la suma de trescientos sesenta y ocho millones doscientos veintiocho mil ciento veinticinco pesos con treinta y seis centavos ($ 368.228.125,36), por concepto del valor actualizado de la suma adeudada, más los intereses de mora, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

6. Sin condena en costas.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

20 27 de octubre de 1999 (fls. 19-25 del cuaderno 1 de primera instancia).

21 Decreto 597 de 1988.

22 “ARTÍCULO 75. DEL JUEZ COMPETENTE. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

23 Sentencia del 1º de agosto de 2000, expediente 11.816. Actor: **. En el mismo sentido puede consultarse el auto proferido el día ***, expediente19868. Actor: ***

24 “ARTÍCULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato”.

25 Folio 324 del cuaderno 2.

26 Folio 52 al 54 del cuaderno 1 de primera instancia.

27 Folio 48 y 49 del cuaderno 1 de primera instancia.

28 Folio 46 y 47 del cuaderno 1 de primera instancia.

29 Folio 1 a 3 del cuaderno 2 de pruebas.

30 Folio 4 del cuaderno 2 de pruebas.

31 Folio 6 del cuaderno 2 de pruebas.

32 Folio 7 del cuaderno 2 de pruebas.

33 Folio 8 del cuaderno 2 de pruebas.

34 Folio 100 del cuaderno 1 de primera instancia.

35 Folio 13 del cuaderno 4.

36 Folio 15 del cuaderno 4.

37 Folio 14 del cuaderno 4.

38 Folio 21 a 24 del cuaderno 2 de pruebas.

39 Folio 295 del cuaderno 2.

40 Folio 19 del cuaderno 4.

41 Folio 50 y 51 del cuaderno 1 de primera instancia.

42 Folio 71 del cuaderno 1 de primera instancia.

43 Folio 52 a 54 del cuaderno 1 de primera instancia.

44 Folio 55 a 62 del cuaderno 1 de primera instancia.

45 Folio 64 a 70 del cuaderno 1 de primera instancia.

46 Folio 25 del cuaderno 2 de pruebas.

47 Folio 21 a 24 del cuaderno 2 de pruebas.

48 Folio 37 del cuaderno 2 de pruebas.

49 Folio 39 del cuaderno 2 de pruebas.

50 Folio 31 a 33 del cuaderno 2 de pruebas.

51 Folio 27 del cuaderno 2 de pruebas.

52 Folio 26 del cuaderno 2 de pruebas.

53 Folio 28 a 30 del cuaderno 2 de pruebas.

54 Folio 34 del cuaderno 2 de pruebas.

55 Folio 73 y 74 del cuaderno 1 de primera instancia.

56 Folio 41 al 51 del cuaderno 2 de pruebas.

57 Folio 7 al 14 del cuaderno 2 de pruebas.

58 Folio 15 al 16 del cuaderno 2 de pruebas.

59 Folio 36 del cuaderno 2 de pruebas.

60 Folio 37-38 del cuaderno 2 de pruebas.

61 Folio 39 del cuaderno 2 de pruebas.

62 Folio 40 del cuaderno 2 de pruebas.

63 Folio 17 del cuaderno 2 de pruebas.

64 Cuaderno número 5.

65 Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Exp. 16855, M.P. Fredy Ibarra Martínez.

66 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Expediente 11895, actor: Eulises Barón, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

67 Sentencia del 29 de enero de 1998, Expediente 11.099, actor: Sociedad OTI de Colombia Ltda. Sobre el mismo tema, sentencias del 4 de marzo de 1991, Expediente 5825, actora: Sociedad Alberto Corredor y Cía. Ltda.; 10 de marzo de 1997, Expediente 10.038, actor: Oscar Gómez España.

68 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Expediente 12775, actor: Jaime D. Bateman Durán, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

69 Sección Tercera, Consejo de Estado, 27 de noviembre de 2002, Exp: 13632, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

70 Para efecto de los cálculos, las cifras del IPC se obtuvieron en la página www.banrep.gov.co, consulta realizada el 5 de mayo de 2015 a las 11:00 a.m.

71 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: de 7 de octubre de 2004, Exp. 23989, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 22 de abril de 2004, Exp.14292, M.P. María Helena Giraldo Gómez; de 9 de octubre de 2003, Exp. 13412, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 26 de abril de 2002, Exp. 12721, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

72 Nota original de la sentencia citada: “En la sentencia del 7 de marzo de 1980, Exp. 5322 la Sala consideró que “si a un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de interés incluye un “plus” destinado a recomponer el capital.
“No se excluyen entre sí los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: Los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo revaluar y cobrar esta clase de intereses (…)”. En igual sentido la sentencia del 6 de agosto de 1987, Exp. 3886”.

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del once (11) de octubre de dos mil uno (2001); C.P. Germán Rodríguez Villamizar; Radicación: 25000-23-26-000-1994-9760-01(12391).

74 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de mayo 20 de 2009. Radicado 16853.

75 Véase www.dane.gov.co. Consulta realizada en mayo 8 de 2009, a las 4:30 P.M.

76 Al respecto ver los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencias de 5 de diciembre de 2006, Exp. 22920, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de enero de 2004, Exp. 10.779, M.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez; de 19 de agosto de 2004, M.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 31 de marzo de 2003, Exp. 12431, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros y el M.P. Ricardo Hoyos Duque las sentencias de 11 de diciembre de 2003, Exp. 1334; de 22 de febrero de 2001, Exp. 13682 y de 13 de abril de 1999, Exp. 10.131.

77 Para efecto de los cálculos, las cifras de la variación del IPC se obtuvieron en la página www.banrep.gov.co, consulta realizada el 5 de mayo de 2015.