Sentencia 1999-02664 de febrero 13 de 2013

 

Sentencia 1999-02664 de febrero 13 de 2013

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Exp.: 25000-23-26-000-1999-02664- 01 (26.022)

Actor: Gustavo Salinas Forero

Demandada: Nación – Rama Judicial

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 28 de agosto de 2003, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(13).

2.Cuestión previa: la valoración probatoria en el presente asunto.

Considera la Sala necesario hacer referencia a la valoración de los medios probatorios que servirán de soporte a la decisión, para lo que habrá de tenerse en cuento los ordenamientos contenidos sobre tal aspecto en el Código de Procedimiento Civil, que resulta aplicable a los juicios contenciosos administrativos en materia probatoria en virtud de lo contemplado en los artículos 168 y 267 del Código Contencioso Administrativo(14).

Es pertinente destacar que la codificación procesal civil, incorpora en su artículo 174 el principio de necesidad de la prueba, que impone al juzgador el deber de decidir exclusivamente con base en las pruebas que hayan sido allegadas al proceso de manera regular y oportuna, aspecto que tiene íntima relación con el derecho al debido proceso y sus garantías de publicidad y contradicción de la prueba, en consonancia con la carga probatoria que es consustancial a las partes en aras de sacar avante sus intereses en litigio(15).

Esta corporación ha insistido de tiempo atrás acerca de la capital importancia del citado principio de necesidad de la prueba(16), en punto a la observancia de las ritualidades que fija la ley para la valoración de los medios probatorios y así cumplir con su función de llevar al juez el grado de convicción suficiente para que pueda decidir sobre el asunto materia de la controversia(17).

Ahora bien, en relación con el presente asunto, debe señalar la Sala que se tendrán en cuenta las pruebas documentales traídas al expediente junto con la demanda(18), que, si bien lo fueron en copia simple, pueden ser valoradas en este proceso por las siguientes razones:

— Tanto la parte actora como la demandada solicitaron, oportunamente, que se allegara al expediente copia auténtica del proceso penal 12649, adelantado en contra del señor Gustavo Salinas Forero, por lo cual, en el auto que dio apertura a la etapa probatoria, se requirió al Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá para que remitiera copias de toda la actuación procesal de primera y segunda instancia surtida en el mencionado proceso.

— Con Oficio 1345 de 27 de julio de 2001(19), remitido por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá, atendiendo parcialmente lo ordenado por el tribunal a quo, únicamente se remitió copia auténtica de la Resolución de 8 de noviembre de 1996, proferida por la Fiscalía Seccional 101 Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico(20).

— La exigencia legal de los requisitos para que una copia simple tenga valor probatorio en un proceso fue declarada exequible por la Corte Constitucional(21) al resolver la demanda presentada en contra del numeral 2 del artículo 254 y el numeral 3 del artículo 268, por considerar que esas disposiciones no quebrantan los artículos 83 y 228 de la Constitución que, respectivamente, consagran la presunción de buena fe de los particulares en todas las gestiones que estos adelanten ante las autoridades públicas y el principio de la primacía del derecho sustancial.

— No obstante lo anterior, la Sección, aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tienen valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlas al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible. En este sentido señaló(22):

“Esta situación de inequidad procesal, impone a la Sala la búsqueda dentro del marco jurídico de una solución procesal justa para el caso y que equilibre la posición de las partes en la causa...

(...).

“En tal virtud, la Sala considera que cuando una de las partes no cumple con el deber de aportar la copia auténtica de un documento cuyo original se encuentra en su poder o legalmente bajo su guarda y archivo, corre con el riesgo y los efectos que con su conducta omisiva pretendió evitar, que, en el presente caso, se concreta en tener como susceptible de valoración la copia remitida por la parte que desplegó todas las gestiones que estuvieron dentro de su esfera material y jurídica para que la misma fuera remitida al proceso en las condiciones formales requeridas, y dado que el estudio de la misma interesa al proceso en su conjunto.

“Es decir que el incumplimiento o renuencia en aportar el documento en dichas condiciones legales pese a la orden judicial proferida por el a quo en tal sentido, acarrea como consecuencia en aplicación del principio de la comunidad de la prueba que deba otorgársele valor o mérito probatorio a las copias aportadas con la demanda, solución procesal que restablece el equilibrio de las partes en el proceso, y que se sustenta en los principios constitucionales de igualdad procesal (C.P. art. 13), del debido proceso y derecho de defensa (C.P. art. 29), y de presunción de buena fe respecto de ellas (C.P. art. 83), honrando con ella además los deberes de probidad, lealtad procesal y colaboración de las partes en el proceso (CPC art. 71).

“La equidad que debe gobernar la actuación judicial en estas circunstancias (C.P. art. 238), determina que se garantice el derecho a la obtención de la prueba que tiene la parte que, como en el sub lite, realizó todo lo que legalmente estuvo a su alcance para la producción en debida forma de aquel elemento de convicción con el que pretende hacer valer sus argumentos, toda vez que no resultan admisibles las conductas procesales en las que la contraparte gozando de una posición privilegiada se abstiene de aportar la prueba, pues ello perturba la investigación de la verdad real en el proceso y, por ende, el correcto y normal funcionamiento de la administración de Justicia, en contraposición al deber que le atañe a todos los colombianos de colaborar con esta (C.P. art. 95 num. 7)”.

En este contexto, la actuación de la Rama judicial, frente a quien se adujeron las copias en el presente caso, debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal que debe gobernar el comportamiento de los sujetos procesales en toda la litis, principio que la Sala ha aplicado en otros casos para flexibilizar las exigencias legales en relación con la contradicción de la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales tal traslado es solicitado por ambas partes, aquéllas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(23).

Como se dijo, en el caso concreto, la parte demandante trajo al expediente las copias simples que, aseguró, correspondían a las providencias proferidas por la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso adelantado en contra del señor Gustavo Salinas Forero, proveídos que, en su criterio, sustentan la responsabilidad patrimonial que se discute en esta instancia y que son susceptibles de valoración, habida cuenta de que, la Rama Judicial, por intermedio del Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá —quien tiene los originales en su poder—, cumplió de manera parcial con el requerimiento probatorio del tribunal a quo, toda vez que, en lugar de copia auténtica de todo el proceso penal en sus dos instancias, se limitó a remitir la providencia en la que se decretó la preclusión de la investigación en contra del hoy accionante.

3. La caducidad de la acción en el caso concreto.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(24), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—. Al respecto, ha manifestado la Sala:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”(25) (destacado fuera del texto)

Con fundamento en lo anterior es dable insistir en que la caducidad de la acción de reparación directa, en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado(26).

Ahora bien, para determinar el momento a partir del cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso que hoy corresponde a esta colegiatura decidir, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al de la fecha de ejecutoria de la providencia de 27 de octubre de 1997, a través de la cual la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santafé Bogotá y Cundinamarca resolvió confirmar la Resolución de 8 de noviembre de 1996, mediante la cual se dispuso, entre otros ordenamientos, precluir la investigación seguida contra el señor Gustavo Salinas Forero.

Ahora bien, respecto a la ejecutoria de las providencias en el marco del proceso penal, el Decreto-Ley 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha en que la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santafé Bogotá y Cundinamarca profirió la citada Resolución de 27 de octubre de 1997, señalaba:

“ART. 197.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas. La que decide el recurso de casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, la que lo declara desierto, y las que deciden la acción de revisión, los recursos de hecho, ode apelación contra las providencias interlocutorios, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.(...) (se destaca).

De conformidad con el anterior precepto legal, el hecho de que la Fiscalía Seccional 101 Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico hubiera dictado el 5 de noviembre de 1997 resolución de obedecimiento a lo resuelto por el superior(27), no tiene ninguna incidencia respecto de lo que ha de entenderse constituye la firmeza de la decisión de segunda instancia(28), por lo que esta providencia, de conformidad con la ley, cobró ejecutoria el 27 de octubre de 1997, y ello significa que el hoy actor tenía hasta el día 28 de octubre de 1999 para presentar oportunamente su demanda y, como tal cosa ocurrió tan solo el 5 de noviembre de 1999, resulta evidente que la acción se ejercitó por fuera del término previsto para ello en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y para cuando se encontraba ya caducada la acción.

La caducidad de la acción es un fenómeno que tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas que, de lo contrario, permanecerían indeterminadas en el tiempo, creando con ello inseguridad jurídica, ya que, una vez configurada impide acudir ante la jurisdicción para que sea definida por ella determinada controversia. Al respecto la doctrina ha manifestado que dicha institución se ha creado:

“... por la necesidad que tiene el Estado de estabilizar las situaciones jurídicas, la caducidad que juega a ese respecto un decisivo papel, cierra toda posibilidad al debate jurisdiccional y acaba así con la incertidumbre que representa para la administración la eventualidad de la revocación o anulación de sus actos en cualquier tiempo posterior a su expedición. De allí que para evitar esa incertidumbre se haya señalado por el legislador un plazo perentorio, más allá del cual el derecho no podrá ejercerse, dándole aplicación al principio de que el interés general de la colectividad debe prevalecer sobre el individual de la persona afectada...”(29).

En la caducidad deben concurrir dos supuestos: el transcurso del tiempo y la falta del ejercicio de la acción. Dicho término está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no. Es por lo anterior que no puede ser materia de convención antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.

La facultad potestativa de accionar comienza con el plazo prefijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, improrrogable. El fenómeno de la caducidad de las acciones judiciales opera de pleno derecho, contiene plazos fatales no susceptibles de interrupción ni de suspensión(30), por lo que el juez está facultado para declarar de oficio su ocurrencia cuando quiera que, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, encuentre probados los supuestos que la configuran. Al respecto la Sala ha señalado:

“La caducidad de la acción puede entenderse como la institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador, en consideración a la seguridad jurídica y el interés general, establece límites temporales para el ejercicio de las acciones que materializan el derecho de acceso a la administración de justicia. Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción "de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el sólo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga(31).

De otra parte, en cuanto a la consecuencia jurídica que se deriva de la declaratoria de caducidad, la Sala ha reiterado que corresponde a la denegatoria de las pretensiones formuladas(32). En apoyo de esta visión se expuso:

“El Código Contencioso Administrativo indica que en la sentencia se deberán decidir, entre otros, las excepciones propuestas (art. 170).

Por lo tanto si se encontró que tuvo ocurrencia real el hecho jurídico de caducidad de la acción debió no sólo mencionarse en la parte motiva, sino también declararse en la resolutiva, que implica que el fallo no es inhibitorio. Tanto es así que el demandante no puede volver a proponer nueva demanda entre las mismas partes, los mismos hechos e idéntico objeto.

Lo anteriormente dicho tiene fundamento en otra previsión de ley, según la cual la caducidad de la acción es excepción de fondo (CPC, art. 97 último inc.).

El artículo antecitado es claro en indicar que ese hecho constituye por su naturaleza una excepción de fondo, aunque en el proceso civil se pueda proponer como excepción previa al decir “También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción”(33).

Así las cosas, se impone la modificación de la providencia apelada, para en su lugar declarar probada oficiosamente la caducidad de la acción y en consecuencia, denegar las pretensiones incoadas.

4. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 28 de agosto de 2003, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar se dispone:

DECLARAR probada de oficio la caducidad de la acción y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sincondena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(13) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(14) Las normas en cita disponen:

“ART. 168.—Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.

ART. 267.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo”.

(15) Al respecto el Código de Procedimiento Civil establece:

“ART. 174.—Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

“ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

“ART. 183.—Oportunidades probatorias (antes de la modificación realizada por el artículo 18 de la Ley 794 de 2003). Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código”.

(16) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 25001-23-26-000-1999-00641-01 (21.803), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia 17 de noviembre de 2011, Expediente: 25000-23-26-000-1991-07254-01 (20.373), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 30 de marzo de 2000, rad. 16116, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 30 de junio de 2005, rad. 25000-23-25-000-2000-05514-01(2909-04), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(17) En igual sentido pueden consultarse las siguientes providencias: Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de marzo de 1998, expediente: 4.943, C.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Corte Constitucional. Sentencia SU-132 de 26 de febrero de 2002, C.P. Álvaro Tafur Galvis.

(18) Copia simple de la resolución de 9 de noviembre de 1992, mediante la cual se impuso medida de aseguramiento, entre otros, al señor Gustavo Salinas Forero, consistente en detención preventiva —Folios 1 a 13 del cdno. ppal. 1—; Resolución de 8 de noviembre de 1996, con la cual se calificó el mérito del sumario y se dispuso la preclusión de la investigación a favor del señor Gustavo Salinas Forero, la extinción de la acción penal en su contra, la revocatoria de la medida de aseguramiento y la cancelación de la orden de captura que pesaba en su contra —Folios del cuaderno principal 1—; Resolución de 27 de octubre de 1997, mediante la cual la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca confirma la decisión de precluir la investigación. —Folios 46 a 53 del cdno. ppal. 1—.

(19) Folio 55 del cuaderno de pruebas.

(20) Folios 57 a 85 del cuaderno de pruebas.

(21) Sentencia C-023 de 1998.

(22) Sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, posición reiterada en sentencia de 27 de octubre de 2011, expediente 05001232500019950154-01 (20.450), con ponencia de la misma consejera.

(23) En este sentido, ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente 9.666; de 21 de febrero 21 de 2002, expediente 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y de 26 de mayo de 2010, exp. 18.078, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(24) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(25) Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(26) Criterio reiterado por la SubSección en sentencia de 11 de agosto de 2011, exp. 21801, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón, así como por la Sección enauto de 19 de julio de 2010, rad. 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

(27) Folio 53 del cuaderno de pruebas.

(28) Igualmente debe tenerse en cuenta que el artículo 203 del Decreto-Ley 2700 de 1991 señalaba que la providencia que calificaba la investigación era apelable en el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del inferior se suspendía desde la concesión del recurso y hasta cuando regresara el cuaderno al despacho de origen.

(29) Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Ed. Señal Editora, quinta Edición, 1ª reimpresión. Medellín, Colombia. 2000, pág. 151.

(30) En este sentido pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 2 de septiembre de 2009, rad. 70001-23-31-000-1995-05275-01(17928), C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 24 de abril de 2008, rad. 73001-23-31-000-1999-01554-01(16699), C.P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 17 de febrero de 2005, rad. 68001-23-15-000-2004-01086-01(28360), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(31) Sentencia de 30 de agosto de 2006, expediente 15.323.

(32) Sentencia de 10 de marzo de 2011, rad. 13001233100019970266701 (21200), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(33) Sentencia de 11 de mayo de 2000, exp. 12.200. En el mismo sentido, sentencia de 14 de octubre de 1999, exp. 7.861.