Sentencia 1999-02725 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-1999-02725-01(27866)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Gonzalo Herrera Rincón.

Demandado: Rama judicial y otro.

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 4 de mayo de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en la suma de $50.000.000, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $18.6850.000 (D. 597/88).

En vista de que se trata de una sentencia condenatoria apelada únicamente por una de las entidades estatales llamadas a responder, encuentra la Sala que la competencia al momento de resolver se limita a los aspectos por ella expuestos en el recurso de alzada, sin que pueda en forma alguna agravarse la condena a ella impuesta de conformidad con el principio de la no reformatio in pejus.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(13).

Así las cosas, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del tribunal a quo respecto de la Superintendencia de Notariado y Registro no fue objeto de ataque o cuestionamiento o impugnación por la entidad demandante apelante, Rama Judicial, ni tampoco por la parte actora, ninguna precisión efectuará la Sala en cuanto a las actuaciones realizadas por la Superintendencia mencionada, así como tampoco se analizará el monto de los perjuicios decretados en primera instancia.

En conclusión, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial, claro está, en lo circunscrito al objeto de éste, que para el caso concreto se circunscribe a la inexistencia de error judicial en las actuaciones realizadas por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En el sub examine, el término para iniciar el conteo de la caducidad debe tener como punto de partida, la providencia de 10 de noviembre de 1999 por medio de la cual el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá ordenó la cancelación de una medida cautelar —embargo de remanentes— que había sido solicitado por la parte actora en el presente proceso. Tal proveído obra en copia auténtica(14) y se encuentra debidamente ejecutoriado(15), razón por la que se considera que la demanda fue interpuesta en tiempo oportuno, toda vez que ello se hizo el 19 de noviembre de 1999.

3. Las pruebas allegadas al proceso.

Como pruebas relevantes, en original o copia auténtica, se allegaron al expediente las siguientes:

— Certificado de tradición y libertad con número de matrícula 50C-137756 correspondiente al bien inmueble ubicado en la Carrera 40 64ª-52 de la ciudad de Bogotá, documento en el cual aparece como última propietaria, la señora Aura Marina Hurtado de Castiblanco(16).

— Proceso ejecutivo con título hipotecario, radicación 288, adelantado ante el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá, por los señores Álvaro Rojas Saravia y Lyda Rojas de Orozco contra el señor Raúl Castiblanco Casallas, proceso que terminó por pago total de la obligación(17).

— Proceso ejecutivo singular, radicación 87, adelantado ante el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá, por el señor Gonzalo Herrera Rincón contra el señor Raúl Castiblanco Casallas, proceso en el que fue dictada sentencia el 19 de octubre de 1982, sin hasta la fecha en que fue aportado se hubiera obtenido el pago de la obligación(18).

4. Sobre la responsabilidad del Estado originada en error judicial.

Si bien antes de la expedición de la Constitución de 1991 existió debate acerca de la responsabilidad del Estado derivada del error judicial, lo cierto es que tal situación vino a ser esclarecida en su totalidad bajo la concepción del artículo 90 de la actual Carta Política, en el cual se estableció que el Estado se encontraba obligado a responder por los daños antijurídicos que le fueran imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, órbita dentro del cual no pueden verse sustraídos los funcionarios judiciales.

Lo anterior fue ratificado con la expedición de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la cual en sus artículos 67, 68 y 69, estableció, de forma expresa y autónoma, tres títulos de imputación derivados directamente de la actuación judicial como son: el error jurisdiccional, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En cuanto al primero de los anotados títulos, es del caso destacar que la jurisprudencia de la corporación ha considerado como requisitos para su configuración, la existencia de una decisión judicial en firme, pero contraria a la realidad procesal (error fáctico) o al ordenamiento jurídico (error normativo), que cause un daño antijurídico a los administrados, daño que deberá ser resarcido(19).

Igualmente, se ha estimado que no se hace necesaria la demostración de un error grosero, de bulto o abiertamente contrario a derecho dentro del cuerpo de la providencia, como tampoco la evaluación de la culpa respecto de la conducta del funcionario judicial que la profirió, pues tales aspectos vienen a ser relevantes únicamente en cuanto hace a la declaratoria de responsabilidad del agente estatal.

Tales planteamientos, además, deben tener en cuenta la autonomía e independencia que rige la actividad judicial, en la cual, pese a ser deseable, lo cierto es que no es posible determinar la existencia de una única respuesta jurídica adecuada a los problemas que se traigan a consideración del operador jurídico y, en consecuencia, ha sido criterio reiterado de la sección, el entender que la responsabilidad derivada del error judicial se configura únicamente en los casos en los cuales las providencias que se consideren como causantes del daño, no encuentren su justificación fáctica o jurídica al carecer de razonamientos válidos, aceptables y coherentes. Así se explicó por la sección en sentencia de 2 de mayo de 2007. Se dijo entonces sobre este particular:

“... toda vez que uno de los límites del razonamiento jurídico es la inaplicabilidad del principio de unidad de respuesta correcta como un imperativo a observar en todos los casos, debe admitirse que cuando el decisor judicial se enfrenta a problemas jurídicos que no pueden ser resueltos mediante el sólo recurso a la lógica deductiva razonamiento silogístico, diversos operadores jurídicos pueden llegar a soluciones disímiles, sí, pero igualmente razonables en tanto correctamente justificadas. Ello imposibilita predicar, en estos casos, la existencia de error jurisdiccional de hecho, la dificultad estribaría en identificar la (única) alternativa acertada o jurídicamente admisible y poder distinguirla de las demás pues, de no ser así, por vía de ejemplo, los simples cambios de posición jurídica por parte de la jurisprudencia de los altos tribunales entendiendo que las correspondientes mutaciones obedecen a criterios coherente, suficiente y razonablemente justificados, darían lugar a que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado.

“Por tanto, sólo las decisiones judiciales que sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional”(20).

Finalmente, la Sección ha precisado que el análisis de las proveídos a los cuales se endilgue error, no puede convertirse en una instancia adicional del proceso, de manera que el juez contencioso debe limitarse en estos casos a la verificación de existencia de motivación jurídica y probatoria que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial, so pena de trasgredir el principio de cosa juzgada(21).

5. Análisis de las actuaciones judiciales que motivan la presente acción.

Previo al análisis de fondo del asunto, la Sala encuentra que se hace necesario hacer una recapitulación de las actuaciones judiciales que conllevaron a la interposición de la presente acción.

En ese orden de ideas, se tiene que el día 12 de marzo de 1982, el señor Gonzalo Herrera Rincón entabló demanda ejecutiva singular en contra del señor Raúl Castiblanco Casallas —en adelante proceso ejecutivo 87— proceso cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá y en el cual, mediante sentencia de 19 de octubre de 1982, se ordenó: continuar con la acción ejecutiva, realizar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado(22).

Posteriormente, el día 3 de marzo de 1986, los señores Álvaro Rojas Saravia y Lyda Judith Rojas de Cañavera elevaron demanda ejecutiva(23), con base en título hipotecario, —en adelante proceso ejecutivo 288— en contra del señor Castiblanco Casallas, demanda que igualmente fue repartida al Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá, siendo que por auto de 10 de abril de 1986(24) se admitió el libelo y se ordenó el embargo del bien inmueble registrado con matrícula inmobiliaria 050-0137756 y nomenclatura “64ª-52 de la carrera 40”, medida cautelar que fue comunicada al señor registrador de instrumentos públicos y que dio lugar a la anotación 13 en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.

Mediante oficio de 24 de junio de 1986, el señor Gonzalo Herrera Rincón, en el proceso ejecutivo 87, solicitó el embargo de los bienes que se llegaren a desafectar dentro del proceso ejecutivo 288, así como el embargo del remanente, solicitud que fue atendida positivamente por el mismo Juzgado 10, mediante auto de 25 de junio de 1986 que fue comunicado al proceso ejecutivo hipotecario mediante oficio de 7 de julio de 1986 en los siguientes términos(25).

“Comedidamente nos permitimos comunicar a usted, que este juzgado mediante auto de fecha, junio veinticinco del año en curso, dictado dentro del proceso de la referencia, decretó el embargo y secuestro del remanente y/o de los bienes que por cualquier motivo se llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario instaurado por Álvaro Rojas Sarvia (sic) y otro contra Raúl Castiblanco Casallas que cursa en ese despacho, sírvase proceder de conformidad”.

Ante el anterior requerimiento, el Juzgado 10, en el proceso ejecutivo 288, expidió providencia calendada 10 de julio de 1986 mediante la cual ordenó tomar nota del embargo del remanente y envió oficio con destino al proceso ejecutivo 87 informándole lo decidido(26).

Diez años después, mediante oficio de 14 de junio de 1996, el señor Herrera Rincón solicitó al juez que le informara si en el proceso ejecutivo 288 se habían desembargado o rematado los bienes afectados de medida cautelar, de manera que pusiera a disposición del proceso ejecutivo 87, ya fueran los bienes desembargados o los remanentes. Esta petición fue aceptada por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá que remitió el oficio 2400, con fecha 15 de julio de 1996, al proceso ejecutivo 288, en los siguientes términos(27):

“Con el presente comunico que por auto de fecha veintisiete (27) de junio del corriente año dictado en el proceso de la referencia se dispuso oficiarle a fin de que se sirva certificar si en el proceso ejecutivo con título hipotecario 288 de Álvaro Rojas Sarabia y otro Contra Raúl Castiblanco Casallas que cursa en este despacho judicial, con el fin de que certifique si en dicho proceso se desembargaron los bienes trabados allí o si se remataron y en caso afirmativo, en cualquiera de los dos casos, sírvase ordenar que los remanentes o los bienes desembargados sean remitidos al asunto referenciado, teniendo en cuenta que el remanente se encuentra embargado”.

Ante tal requerimiento, el Juzgado 10 Civil del Circuito dio contestación mediante oficio 3182 de 4 de septiembre de 1996 mediante el cual se informó que el embargo seguía vigente.

“Para los efectos de que trata su oficio 2400, y conforme lo dispuesto en auto calendado doce de agosto de 1996(28), me permito informarle que los bienes embargados dentro del proceso de la referencia no se han rematado y su embargo sigue vigente” (negrillas fuera de texto).

Posteriormente se allegó, al proceso ejecutivo 288, documento de cesión del crédito a favor de la señora Aura Marina Hurtado de Castiblanco(29), cesión que no fue aceptada por el juzgado y, por tanto, fue objeto de apelación siendo finalmente revocada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá quien ordenó tener como cesionaria a la señora Hurtado de Castiblanco(30).

En el proceso ejecutivo 288 se dictó sentencia el 21 de agosto de 1997 en la cual se decretó la venta en pública subasta del “Inmueble de la carrera 40 Nº 64ª-52 de esta ciudad con folio de matricula inmobiliaria 050-0137756 de la oficina de instrumentos públicos de esta ciudad” de manera que con el producto de la venta se pagara al acreedor el valor del crédito y las costas correspondientes(31).

Mediante oficio radicado el 18 de julio de 1998, la cesionaria del crédito, Aura Marina Hurtado de Castiblanco(32), solicitó el desembargo del bien gravado en el proceso, por cuanto manifestó que ese inmueble le había sido adjudicado en sentencia de 2 de abril de 1986, —liquidación de sociedad conyugal— y que dicha providencia ya había sido registrada en la oficina de instrumentos públicos el día 20 de noviembre de 1997.

Ante tal manifestación, la parte ejecutada, en oficio radicado el 13 de agosto de 1998(33), solicitó al Juzgado que diera aplicación al artículo 543 del Código de Procedimiento Civil y enviara copias de las diligencias de embargo y secuestro al proceso 87, “para que surtan los efectos legales en ese proceso” y, además, pidió que se informara al señor registrador de instrumentos públicos que el embargo sobre el inmueble debía continuar vigente en el proceso ejecutivo 87, entablado por el señor Gonzalo Herrera Rincón, de conformidad con el embargo de remanentes que había sido adoptado en dicho trámite.

Mediante providencia de 26 de agosto de 1998(34), el juez declaró terminado el proceso ejecutivo 288 por “pago total de la obligación” y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y del gravamen hipotecario que recaía sobre el inmueble atrás referenciado y, en auto del mismo día, no accedió a lo solicitado por la parte ejecutada “por cuanto el inmueble objeto del proceso ya no pertenece al demandado, de conformidad con la Escritura 9118 visible a folio 171 y certificado de libertad visible a folio 187, anotación no 14(35)”.

La anterior decisión fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, apelación por la parte ejecutada, quien consideró que no debía procederse al levantamiento de la medida cautelar sino que ésta debía continuar en el proceso ejecutivo adelantado por el señor Herrera Rincón y cuestionó la conducta seguida por la cesionaria del crédito, Aura Marina Hurtado de Castiblanco quien había procedido a registrar la sentencia de adjudicación del bien, pese a que éste se encontraba embargado y, posteriormente, a solicitar la medida de desembargo, a sabiendas que dicha conducta dejaría sin garantías a los acreedores del señor Castiblanco, “haciendo ilusorios los embargos decretados”.

Adicional a lo anterior, en el recurso de alzada, la parte ejecutada advirtió al Juez que la norma procesal sólo autorizaba a ordenar el levantamiento del embargo en aquellos casos que no existieran remanentes, norma que estimó expresamente aplicable a la situación estudiada y, finalmente realizó algunas afirmaciones en contra de los funcionarios de la oficina de instrumentos públicos toda vez que accedieron a realizar una anotación de adjudicación del bien —la Nº 14—sin tener en cuenta que la anotación 13 —embargo del bien— no lo permitía(36).

Frente al anterior recurso, el Juzgado 10 expidió providencia de 27 de mayo de 1999 mediante la cual repuso la decisión de ordenar el levantamiento de la medida cautelar, toda vez que “le asiste razón al recurrente, por cuanto allí se encuentra embargado el remanente y/o bienes perseguidos en este proceso, el cual continua vigente(37)”.

En cumplimiento de dicha orden, se remitió al registrador de instrumentos públicos, el oficio 4617 en los siguientes términos(38):

“Comunico a usted, que este despacho mediante providencias de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho y veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve dictada dentro del proceso de la referencia, decretó el levantamiento de la medida de embargo del (los) bien (es) inmueble (s) con las siguientes especificaciones ubicado en la carrera 40 no 64 a -52 de esta ciudad y registrado en el folio de matrícula inmobiliaria no 0500137756 de la oficina de registro de instrumentos públicos de esta ciudad. esta medida le fue comunicada mediante oficio 0625 de fecha 23 de abril de 1986. bien que queda a disposición del juzgado 10 civil del circuito de esta ciudad dentro del proceso ejecutivo de Gonzalo Herrera Rincón contra Raúl Castiblanco Casallas por embargo de remanentes comunicado mediante oficio no 1171 de fecha 7 de julio de 1986”.

Sin embargo, dicha decisión no fue acatada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá que la devolvió “Sin registrar” al considerar que el bien no se encontraba en cabeza del demandado(39):

“No procede el registro del remanente ordenado mediante el oficio a registrar, se informa que el inmueble no figura a nombre del demandado, según sentencia del Juzgado 26 c cto Santafe de Bogotá D.C. del 02-04-86, anotación 14 del folio de la referencia (tampoco se inscribe la cancelación ordenada en el oficio a inscribir)”.

Ante lo manifestado por la oficina de registro, el señor Gonzalo Herrera Rincón compareció al proceso ejecutivo 288, en calidad de “interesado”, con el fin de solicitar la cancelación de la anotación 14 en el folio de matrícula inmobiliaria. 50C-137756, al considerar que desde el día 29 de abril de 1986, el bien inmueble se había puesto a disposición del juzgado en el proceso ejecutivo 87 —del cual él es la parte ejecutante—.

La anterior petición fue desestimada por el Juzgado 10 que, mediante decisión de 10 de noviembre de 1999, ordenó oficiar a la oficina de instrumentos públicos en el sentido de indicar que la medida cautelar de embargo del inmueble se encontraba cancelada. Así lo explicó el juez(40):

“Revisada la actuación se observa que el inmueble que estuviera embargado por cuenta de este proceso, que se encuentra terminado por pago total de la obligación, no aparece como de propiedad del ejecutado Raúl Castiblanco Casallas, situación que hace que no pueda ser puesto a disposición del proceso ejecutivo singular de Gonzalo Herrera Rincón contra Raúl Castiblanco Casallas, tal como se desprende de la documentación que obra en autos.

“En consecuencia, se ordena oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad, comunicando que la medida cautelar decretada dentro de este proceso fue cancelada y que el inmueble no pertenece al ejecutado Castiblanco Casallas, ni en todo, ni en parte, razón por la cual no puede quedar a disposición del proceso 87 de este mismo juzgado”.

Ante lo anterior, se tiene que en el proceso ejecutivo 87 el señor Herrera Rincón presentó escrito de desistimiento de la acción ejecutiva con base en los siguientes argumentos(41):

“Que en razón de que el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá dentro del hipotecario 288, de Álvaro Rojas Saravia contra Raúl Castiblanco Casallas no dio cumplimiento al artículo 543 del Código de Procedimiento Civil al desconocer el embargo del Remanente y/o de los bienes desembargados, con destino al proceso de la referencia (Expediente 87 Ejecutivo de Gonzalo Herrera Rincón Contra Raúl Castiblanco Casallas) y no teniendo conocimiento alguno de que el ejecutado Raúl Castibalnco Casallas tenga a su nombre más bienes que embargar, me veo obligado a desistir de toda clase de acción dentro del proceso que nos ocupa, en virtud de que todo será vacuo e ineficaz, continuar con el proceso que nos ocupa”.

Esta petición fue negada por el Juzgado 10, por cuanto en el proceso ejecutivo 87 ya se había dictado sentencia y, por tanto, existía expresa disposición legal que prohibía el desistimiento. Así lo explicó el Juez en auto de 19 de noviembre de 2000:

No se acepta el desistimiento que ha presentado el apoderado de la parte actora, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, este se puede presentar hasta antes de la sentencia, y en el presente caso ya se profirió el correspondiente fallo, el cual se encuentra debidamente ejecutoriado.

De las probanzas anteriormente transcritas, en síntesis, considera la Sala que puede concluirse lo siguiente:

  1. Que el señor Gonzalo Herrera Rincón inició proceso ejecutivo singular 87 contra el señor Raúl Castiblanco Casallas, trámite durante el cual solicitó el embargo de remanentes del bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria 50C-137756, medida cautelar que fue decretada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, en fecha 10 de julio de 1986.

  1. Que contra el señor Castiblanco Casallas se inició otro proceso ejecutivo - hipotecario 288- que terminó ante la solicitud de desembargo del bien inmueble realizada por la parte ejecutante, cesionaria Aura Marina Hurtado de Castiblanco, quien esgrimió ser la propietaria del bien inmueble embargado, argumento que el Juez encontró procedente y ordenó el levantamiento de la medida cautelar decretada en el proceso.
 

  1. Que la anterior decisión fue recurrida por la parte ejecutada, al considerar que el bien inmueble debía ponerse a disposición del proceso ejecutivo, Nº 87, de conformidad con el embargo de remanentes dispuesto por el Juzgado 10 Civil del Circuito en auto de 1986
 

  1. Que el Juzgado Décimo Civil del Circuito, en primera medida, otorgó la razón a la parte recurrente, por cuanto consideró que el embargo del remanente se encontraba vigente. Sin embargo, posteriormente, reconsideró su posición, en vista de la existencia de una nueva anotación en el folio de matrícula inmobiliaria que señalaba que el propietario del bien ya no era el señor Castiblanco Casallas sino la señora Hurtado de Castiblanco, razón que conllevó a ordenar la cancelación de la medida de embargo sobre el bien inmueble que garantizaba la obligación del actor Herrera Rincón.
 

6. Existió error judicial por parte del Juez 10 del Circuito de Bogotá al ordenar el levantamiento de una medida cautelar sobre un bien inmueble que se encontraba afectado con otra medida de embargo a favor de Gonzalo Herrera Rincón.

Con base en lo visto, la Sala comparte las argumentaciones expuestas por el a quo, referidas a que el funcionario judicial incurrió en error al ordenar tener cancelada la anotación correspondiente al embargo que pesaba sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-137756 anotación no 13 aspecto que pasa a explicarse enseguida.

Se observa en el plenario que el Juez consideró que ante la solicitud hecha por la parte ejecutante, señora Aura Marina Hurtado de Castiblanco, había lugar a dar por terminado el proceso ejecutivo 288 y, en consecuencia, consideró que según las prescripciones del artículo 537 del Código de Procedimiento Civil, debía ordenarse el retiro de la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble que garantizaba dicha obligación. Sin embargo no tuvo en cuenta el juez que dicha disposición solo autorizaba a realizar dicho levantamiento en aquellos casos en los cuales “no estuviere embargado el remanente”(42).

Por tanto, en este caso, no podía el fallador ordenar el levantamiento del embargo que pesaba sobre el bien, toda vez que existía una medida de embargo de remanentes que había sido decretada por el mismo despacho judicial mediante providencia de 10 de julio de 1986 que atrás fue debidamente referenciada(43), embargo este que se ciñó a las previsiones del artículo 543 del Código de procedimiento civil, vigente al momento del hecho que prescribía:

“Quien pretenda perseguir ejecutivamente en un proceso civil bienes embargados en otro proceso y no quiera o no pueda promover la acumulación de ellos, podrá pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del remanente del producto de los embargados.

“Cuando estuviere vigente alguna de las medidas contempladas en el inciso primero, la solicitud para suspender el proceso deberá estar suscrita también por los acreedores que pidieron aquéllas. Los mismos acreedores podrán presentar la solicitud de que trata el penúltimo inciso del artículo 346, cuando se reúnan los requisitos allí exigidos, si el ejecutado no lo hiciere, y para solicitar la orden de remate y hacer las publicaciones para el mismo.

“La orden de embargo se comunicará por oficio al juez que conoce del primer proceso, cuyo secretario dejará testimonio del día y la hora en que la reciba, momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista otro anterior, y así lo hará saber el juez que libró el oficio.

“Practicado el remate de todos los bienes y cancelado el crédito y las costas, el juez remitirá el remanente al funcionario que decretó el embargo de éste.

“Cuando el proceso termine por desistimiento o transacción, o si después de hecho el pago a los acreedores hubiere bienes sobrantes, éstos o todos los perseguidos, según fuere el caso, se considerarán embargados por el juez que decretó el embargo del remanente o de los bienes que se desembarguen, a quien se remitirá copia de las diligencias de embargo y secuestro para que surtan efectos en el segundo proceso. Si se trata de bienes sujetos a registro, se comunicará al registrador de instrumentos públicos que el embargo continúa vigente en el otro proceso.

“También se remitirá al mencionado juez copia del avalúo, que tendrá eficacia en el proceso de que conoce, dándole traslado al ejecutante por el término y para los fines consagrados en el artículo 238. La objeción se decidirá en tal caso por auto apelable en el efecto diferido (negrillas fuera de texto).

Así las cosas, se tiene que el embargo de remanentes realizado en el proceso ejecutivo 87, de conformidad con la norma anotada, surtió efectos desde el 7 de julio de 1986, fecha en la cual se radicó la solicitud pertinente y, por tanto, una vez hubo terminado el proceso ejecutivo no 288, el bien inmueble, debió ser puesto a disposición del proceso ejecutivo en el cual fue embargado el remanente –proceso Nº 87, actuación que, además, debía informarse a la oficina de instrumentos públicos.

No obstante el error inicialmente cometido por el fallador, se tiene que corrigió su decisión mediante providencia de 27 de mayo de 1999, al momento de resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada.

Sin embargo la anterior providencia no fue registrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, quien fundamentó su negativa en el hecho que el bien no se encontraba en cabeza del demandante, toda vez que existía una nueva anotación de fecha 11 de noviembre de 1997 en los siguientes términos:

“Anotación 14. Fecha 20-11-97. Radicación 97-104247

Documento. Sentencia SN del 02-04-86 Juzgado 26 Civil Cto de Santafe de Bogotá.

Especificación: 108, adjudicación en liquidación de comunidad, liquidación sociedad conyugal, continua embargo vigente.

Personas que intervienten en el acto (La X indica la persona que figura como propietaria)

De: Hurtado de Castiblanco Aura Marina

De: Castiblanco Casallas Raúl

A: Hurtado de Castiblanco Aura Marina” (negrillas fuera de texto).

En este punto se hace importante recalcar que la terminación del proceso ejecutivo hipotecario se dio a petición de la parte ejecutante —cesionaria Aura Marina Hurtado de Castiblanco— quien finalmente también apareció como propietaria del bien inmueble afectado con la medida cautelar. Sobre esta particular situación cabe señalar que, las circunstancias que rodearon la obtención de la anotación 14 no fueron esclarecidas totalmente en este proceso, pero se permite entrever que su interés al lograr el levantamiento de la medida cautelar no era otro que el de obtener que el cambio de propietario dispuesto en la anotación 14 se impusiera sobre el embargo de la anotación 13, con lo cual, el inmueble se vería libre de cualquier otro gravamen impuesto en contra del señor Raúl Castiblanco Casallas.

Ahora bien, como se dijo inicialmente, dado el alcance del recurso de alzada, la Sala no se referirá a la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro derivada de la anotación 14 en las circunstancias anotadas, pero pese a la existencia de tal anotación, considera la Sala que no se ajustó a derecho la decisión finalmente proferida por el Juez Décimo como fue la de cancelar el embargo sobre el inmueble identificado con matricula inmobiliaria 50C-137756, toda vez que dicha medida cautelar según la propia oficina de registro, se encontraba vigente y por tanto, al desaparecer, se desconocía el embargo de los remanentes proferido por el mismo juzgado en el año 1986, con lo cual se dejó al señor Gonzalo Herrera Rincón sin garantía para obtener el pago de su crédito, como finalmente ocurrió, pese a que el actor, tal como se vio, actuó todo el tiempo con estricta obediencia a las prescripciones legales referidas al embargo de remanentes.

No desconoce la Sala que la decisión tomada por el fallador se vio motivada por circunstancias externas de problemática resolución pero tales dificultades no lo autorizaban para desconocer la norma procesal aplicable máxime cuando la medida que finalmente adoptó, lesionó directa e injustificadamente los intereses del señor Herrera Rincón, quien se insiste, mantuvo a lo largo del proceso ejecutivo, durante más de 17 años, una conducta ajustada al ordenamiento jurídico.

Por tanto, es claro que el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá si incurrió en error judicial y, por ende, no le asiste razón a la parte apelante que consideró que la responsabilidad en el presente asunto era exclusiva de la Superintendencia de Notariado y Registro. Por lo anterior, la sentencia apelada amerita ser confirmada siendo tan solo procedente realizar la actualización de la condena proferida por el a quo para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

Ra = Rh x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ra:Valor actualizado a obtener.

Rh:Valor reconocido por la sentencia.

Ipc (f):Último índice de precios conocido (enero de 2012).

Ipc (i):Índice de precios a la fecha de la sentencia de primera instancia (mayo de 2004).

Fecha de la sentencia de primera instancia: Febrero de 2004.

Ra = $49.815.123.92 x 112,15

79,04

Ra= 70.682.770,08 

7. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida el día 10 de febrero de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, la cual quedará de la siguiente manera:

“Primero. Declárase administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Rama Judicial y la Superintendencia de Notariado y Registro por los perjuicios causados al señor Gonzalo Herrera Rincón de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Condénese a la Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Superintendencia de Notariado y Registro a pagar solidariamente a favor de Gonzalo Herrera Rincón, la suma de setenta millones seiscientos ochenta y dos mil setecientos setenta pesos con ocho centavos. M/cte. ($70.682.770,08).

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. No hay lugar a condena en costas.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase».

(13) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.” (Negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(14) Fl. 161-166 cdno. de pruebas.

(15) Fls. xxxx.

(16) Fls. 4-5 cdno. de pruebas.

(17) Fls. 22-282 cdno. de pruebas.

(18) Fls. 22-282 cdno. de pruebas.

(19) Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez Sentencia de 14 de agosto de 2008. Exp. 16594

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Expediente 15.576.

(21) Idem.

(22) Fl. 292 cdno. de pruebas.

(23) Fls. 55-61 cdno. de pruebas.

(24) Fl. 88 cdno. de pruebas.

(25) Fl. 93 cdno. de pruebas.

(26) Fls. 94 cdno. de pruebas.

(27) Fl. 318 cdno. de pruebas.

(28) La providencia relacionada no aparece en las copias del proceso que obran en el expediente.

(29) Fls. 102 y ss cdno. de pruebas.

(30) Fl. 132 cdno. de pruebas.

(31) Fls. 135-136 cdno. de pruebas.

(32) Fls. 193-194 cdno. de pruebas.

(33) Fl. 204 cdno. de pruebas

(34) Fl. 203 cdno. de pruebas.

(35) Fl. 205 cdno. de pruebas.

(36) Fl. 209-220 cdno. de pruebas.

(37) Fl. 235 cdno. de pruebas.

(38) Fl. 249 cdno. de pruebas.

(39) Fl. 242 cdno. de pruebas.

(40) Fl. 265 cdno. de pruebas.

(41) Fl. 349 cdno. de pruebas.

(42) ART. 537.—Terminación del proceso por pago. Si antes de rematarse el bien, se presentare escrito auténtico proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente...

(43) Reverso folio 48.