Sentencia 1999-02771 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 250002326000199902771 01 (26549)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Consorcio Obras Civiles

Demandada: Hospital Militar Central

Acción: Contractual

Bogotá, D. C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para efectos de exponer las razones que sustentan la decisión, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) competencia, 2) las pruebas que obran en el proceso y, 3) el caso concreto.

1. Competencia.

Previo a analizar y decidir sobre el asunto que ha sido propuesto, resulta necesario establecer la competencia de la Sala para conocer del mismo, pues sólo de esta manera podrá pronunciarse sobre el recurso de apelación impetrado por la parte demandante.

Sea lo primero decir que el contrato sobre el cual versa la presente controversia es un contrato de obra pública, celebrado por el Hospital Militar Central, cuya naturaleza jurídica es la de un “establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera”(15).

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se observa que su artículo 75(16) prescribe, expresamente, que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción contencioso administrativa, así entonces, teniendo en cuenta que el Hospital Militar Central tiene el carácter de entidad estatal, resulta del caso concluir que esta corporación es la competente para conocer del presente asunto.

Adicionalmente, la Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 17 de septiembre de 2003, en un proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en ciento diez millones seiscientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos (110’665.747,00)(17), mientras que el monto exigido al momento de su presentación(18) para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de controversias contractuales tuviera vocación de doble instancia era de dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos ($18’850.000) (D. 597/88).

2. Las pruebas que obran en el expediente.

2.1. Documentos.

Obran en el proceso, debidamente decretadas y aportados, los siguientes(19): 

— Resolución 0418 proferida el 17 de septiembre de 1996 por el director del Hospital Militar Central, por medio de la cual se decidió “Adjudicar la Licitación Pública Nº 11/96 al Consorcio Obras Civiles para la construcción de un aparcadero de 225 puestos en una estructura de dos plantas…”(20).

— Pliego de condiciones de la licitación pública Nº 11/96, cuyo objeto consistió en “contratar la construcción de un aparcadero de 225 puestos en una estructura de dos plantas”(21).

— Contrato de obra pública Nº 151 celebrado el 3 de octubre de 1996, entre el Hospital Militar Central y la firma “Consorcio Obras Civiles”, cuyo objeto consistió en “la construcción de un aparcadero de 225 puestos en una estructura de dos plantas de acuerdo con las especificaciones suministradas por la dirección del Hospital Militar Central y la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el hospital…”. Se estableció como valor del contrato la suma de seiscientos seis millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y ocho pesos ($606’751.878,00)(22).

— En la cláusula quinta del mencionado contrato se pactó un plazo de ejecución del contrato de ciento cuarenta y ocho (148) días calendario contados a partir de la entrega del anticipo y de la firma del acta de iniciación de la obra.

— Comunicaciones cruzadas entre el interventor del contrato de obra Nº 151/96 y el director de la obra del consorcio contratista(23).

— “Acta Nº 01 de iniciación de obra” que data del 21 de octubre de 1996, suscrita por el representante legal del consorcio contratista, en la cual se dejó constancia de que se le entregó al consorcio contratista —por concepto de anticipo— la suma de ciento cincuenta y un millones seiscientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y nueve pesos con cincuenta centavos ($151’687.969,50) y se señaló que ese mismo día —21 de octubre de 1996— se daría inició a las obras(24).

— Comunicaciones y oficios cruzados entre el subdirector administrativo del Hospital Central Militar y el consorcio contratista(25).

— “Contrato adicional Nº 01 al contrato estatal de obra publica Nº 151/96”, firmado el día 31 de diciembre de 1996, por el representante legal del consorcio contratista —Fernando Gómez Escobar— y por el director (E) del Hospital Militar Central, en virtud del cual se acordó extender el plazo de ejecución del contrato por el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 26 de marzo de 1997, así como también se pactó adicionar el valor del mismo en la suma de veintinueve millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos setenta y tres pesos ($29’492.573,00)(26).

— “Contrato adicional Nº 02 al contrato estatal de obra pública Nº 151/96”, suscrito el 14 de mayo de 1997 por el director (E) del Hospital Militar Central y por el representante legal del consorcio contratista —Fernando Gómez Escobar—, mediante el cual se amplió el término de duración del contrato en treinta (30) días “contados a partir del 10 de mayo de 1997”(27).

— Acta de obra de fecha 22 de mayo de 1997, suscrita por el representante legal del consorcio contratista y por el interventor, en la cual se dejó constancia de que el total de obras ejecutadas, incluidas las obras adicionales, equivalían a la suma de seiscientos treinta y cinco millones ochocientos dieciocho mil novecientos cincuenta pesos con noventa y tres centavos (635’818.950,93)(28).

— Acta de obra Nº 6 suscrita el 22 de mayo de 1997 por el representante legal del consorcio contratista y por el interventor(29).

— “Acta de entrega y recibo final de obra” suscrita el 11 de julio de 1997, por el jefe de área de ingeniería del Hospital Militar Central, por el ing. Hugo Alberto Duarte Sánchez en representación del consorcio contratista y por el interventor, en virtud de la cual se dejó constancia de que el 21 de octubre de 1996 se dio inicio a las obras y que el 11 de julio de 1997 se recibieron por parte del interventor las obras a entera satisfacción(30).

— Informe de aclaración del balance de obra del contrato Nº 151/96 de fecha 22 de agosto de 1997, suscrito por el interventor de la obra —Saúl Serna Medina—(31).

— Documento denominado “Acta aclaratoria de liquidacion final al contrato 151/96 y adicional” —sin fecha—, suscrita por el arquitecto de la división de ingeniería, por el interventor de la obra, por el jefe del área de ingeniería y por el representante legal del consorcio contratista, de cuyo texto se extrae(32):

“La presente acta hace aclaración de la manera como se ejecutaron las obras y su proceso de cancelación frente al contrato inicial y el adicional.

1. El valor total del contrato en el Consorcio Ediobras, es así:

Contrato básico por valor de $606’751.878,00

Contrato adicional por valor de $ 29’492.573,00

Valor total contratado $ 636’244.451,00

2. Valor de obras ejecutadas

Contrato básico $ 631’741.843,73

Contrato adicional $ 4’077.107,20

Total ejecutado $ 635’818.950,93

3. Valor a favor del Hospital Militar Central - 425.500,07 por obra no ejecutada

Total contrato y adicional - 636’244.451,00

4. Valor de mayores cantidades de obra (ver anexo de mayores y menores cantidades de obra).

5. Se deja constancia que no se ejecutaron totalmente las obras inicialmente planeadas en el contrato, debido al incremento en cantidad de obra ocasionado por modificaciones en la localización del proyecto”.

— Acta denominada de “Mayores y menores cantidades de obra” suscrita por el representante legal del consorcio contratista, por el interventor, por el arquitecto y por el jefe de la división de ingeniería y por el subdirector administrativo del Hospital Militar Central(33).

— “Acta de reunión del consorcio obras civiles” de fecha 18 de septiembre de 1997(34).

— Otras comunicaciones cruzadas entre el consorcio contratista y el Hospital Militar Central(35).

— Libro de obra del contrato Nº 151/96(36).

— Escrito contentivo de la solicitud de conciliación prejudicial que habría elevado el consorcio contratista al “Procurador Delegado Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca” con sello de recibido por el Hospital Militar Central de fecha 4 de febrero de 1998(37). Así mismo obra un documento que parece corresponder al “Acta de conciliación prejudicial” elaborada por la Procuraduría Cincuenta Judicial de fecha del 18 de marzo de 1998 —sin firmas— en la cual se habría dejado constancia de que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio(38).

— Constancia de las reuniones celebradas por el interventor, en las cuales se suscribieron las actas Nos. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 20(39).

— Nueve fotografías de la obra(40).

2.2. Testimoniales.

Rindió testimonio el señor Saúl Antonio Serna Medina, quien para la época de los hechos ostentaba la calidad de interventor del contrato Nº 151/96(41).

2.3. Dictamen pericial.

Obra dictamen pericial solicitado por la parte demandante con el fin de determinar, entre otras cosas, el perjuicio sufrido por el consorcio contratista por el mayor tiempo de permanencia en las obras, así como el valor de las obras adicionales ejecutadas por el consorcio y no reconocidas por la entidad contratante(42).

3. Caso concreto.

En el presente asunto la parte actora pretende que se revoque la sentencia de primera instancia, por considerar equivocada la conclusión a la que llegó el tribunal a quo, consistente en que —en este caso— la acción contractual se encontraba caducada.

En ese contexto, la Sala procederá a examinar si en efecto la acción se encuentra, o no, caducada, para lo cual es necesario, en primer lugar, determinar si el contrato fue liquidado, tal como lo consideró el tribunal de primera instancia, pues de ser eso cierto, el conteo de la caducidad de la acción deberá hacerse a partir de la fecha de liquidación del contrato Nº 151/.

Observa la Sala que en este caso el tribunal consideró que el documento denominado “Acta aclaratoria de liquidación final al contrato 151/96 y adicional”, que —según el a quo— se habría suscrito el 22 de mayo de 1997, contiene la liquidación del contrato de obra pública Nº 151/96.

Antes que nada debe precisarse que la liquidación constituye un balance final o ajuste de cuentas definitivo entre la administración contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar la relación jurídica obligacional; es el procedimiento a través del cual las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del contrato, con el fin de saldar las respectivas cuentas, todo lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente proceda con posterioridad a la terminación del contrato.

En ese sentido, es claro entonces que la liquidación contendrá las cuentas, los ajustes y los reconocimientos que se encuentren directamente relacionadas con el contrato que se pretende liquidar, de ahí que únicamente las actuaciones del contratista que se lleven a cabo dentro del marco de la ejecución del contrato estatal debidamente perfeccionado se podrán entender como parte de la ejecución del objeto contractual y por ende el acta de liquidación del mismo sólo podrá consignar las pretensiones que emanen directamente del contrato.

En este caso, encuentra la Sala, luego de revisar con detenimiento el documento denominado “Acta aclaratoria de liquidación final al contrato 151/96 y adicional”, que aquel, en principio, contendría un balance final de cuentas de la relación contractual, en la medida en que permite conocer con claridad el nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada uno de los contratantes, el ajuste de cuentas efectuado y el balance final de éstas, no obstante lo cual, observa la Sala que dicho documento no se encuentra suscrito por el director del Hospital Central Militar, esto es por el representante legal de la entidad, único que podría comprometer la responsabilidad de la entidad y suscribir el acta de liquidación del contrato, puesto que tal como en repetidas ocasiones lo ha expresado esta corporación, el acta de liquidación final de contrato constituye un título ejecutivo y en consecuencia será requisito necesario que se encuentre suscrita por quien se está facultado para comprometer la responsabilidad de la entidad contratante, en este caso por el director del Hospital Militar Central.

Al respecto, nótese que el documento al que se hizo mención se encuentra firmado por el representante del consorcio contratista —Ing. Fernando Gómez Escobar—, por la arquitecta de la división de ingeniería —Marina Medina Chamorro—, por el interventor —Saúl Serna Medina— y por el jefe de área de ingeniería —Rafael E. Motta Pinilla—, y se echa de menos la firma del director de la entidad contratante o de la persona en quien éste hubiere delegado dicha facultad.

Así las cosas, constituye requisito indispensable para que pueda ser considerado el documento denominado “Acta aclaratoria de liquidación final al contrato 151/96 y adicional” como contentivo de la liquidación del contrato Nº 151/96, el que se encuentre suscrito por el director del Hospital Militar Central —en su condición de representante legal de la entidad— y dado que, en este caso, el documento en mención no fue firmado por el mencionado director o por quien éste hubiese delegado dicha facultad, no será posible para la Sala tener por cierto el hecho de que ese documento contiene la liquidación final del contrato.

Así pues, no le asiste razón al tribunal al señalar que en el presente asunto el contrato de obra pública Nº 151/96 fue liquidado de común acuerdo por las partes, puesto que, tal como se dejó visto, el documento que según el a quo contendría la liquidación final del contrato no se encuentra firmado por el representante legal de la entidad contratante; valga precisar que hay dos formas para liquidar un contrato estatal, esto es i) de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, ii) unilateralmente por la administración, de ahí que en cualquiera de los dos eventos previstos resulta necesario que el acta o documento contentivo de la liquidación del contrato se encuentre suscrito por el representante legal de la entidad.

Ahora, precisado lo anterior, procederá la Sala a determinar, a partir de las pruebas aportadas al proceso, la fecha de terminación del contrato de obra Nº 151/96, ello con el fin de realizar el conteo de la caducidad de la acción.

Al respecto, observa la Sala que el plazo para la ejecución del contrato Nº 151 del 3 de octubre de 1996, a diferencia de lo dicho por el hoy demandante, feneció el 10 de mayo de 1997, tal como a continuación pasa a explicarse:

Según las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditado que el 3 de octubre de 1996 se suscribió el contrato de obra pública Nº 151, cuyo objeto consistió en “la construcción de un aparcadero de 225 puestos en una estructura de dos plantas de acuerdo con las especificaciones suministradas por la dirección del Hospital Militar Central y la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el hospital…”. En la cláusula quinta del mencionado contrato se pactó un plazo de ejecución del contrato de ciento cuarenta y ocho (148) días calendario.

Ahora, en cuanto a la fecha de inicio de las obras, encuentra la Sala que en el expediente reposa un documento denominado “Acta Nº 01 de iniciación de obra” que data del 21 de octubre de 1996, suscrito por el representante legal del Consorcio Obras Civiles, en el cual se dejó constancia de que se le había hecho entrega —por concepto de anticipo— de la suma de ciento cincuenta y un millones seiscientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y nueve pesos con cincuenta centavos ($151’687.969,50) y que ese mismo día —21 de octubre de 1996— se iniciaron las obras.

Al respecto, encuentra la Sala que la fecha en la cual —según la mencionada acta— el consorcio contratista habría iniciado la ejecución de la obra coincide plenamente no sólo con lo dicho por el actor en la demanda, sino también con lo consignado en el acta de entrega y recibo final de obra de fecha 11 de julio de 1997 y en el acta de mayores y menores cantidades de obra, en las cuales se dejó constancia de manera expresa de que el 21 de octubre de 1996 se iniciaron las obras; así mismo, ha de precisarse que lo dicho anteriormente también se corrobora con los datos que arroja el libro de obra del contrato Nº 151/96.

Así las cosas, la Sala tomará como fecha de iniciación de la obra el día 21 de octubre de 1996.

Ahora bien, se encuentra probado en el expediente que el 31 de diciembre de 1996, las partes suscribieron el contrato adicional Nº 01 al contrato estatal de obra pública Nº 151/96”, en virtud del cual se acordó incrementar el valor del contrato y extender el plazo de ejecución por el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 26 de marzo de 1997, de ahí que resulte acertado concluir que el plazo del contrato venció el 10 de mayo de 1997.

Se encuentra acreditado también que el 14 de mayo de 1997, esto es, 4 días después de que había fenecido el plazo contractual, las partes suscribieron el “Contrato adicional Nº 02 al contrato estatal de obra pública Nº 151/96”, mediante el cual se amplió su término de duración en treinta (30) días “contados a partir del 10 de mayo de 1997”.

En ese contexto, observa la Sala que el plazo con el que contaba el contratista para ejecutar las obras corrió desde el 21 de octubre de 1996 hasta el 10 de mayo de 1997, no obstante lo cual, el día 14 de las mismas calendas, cuando ya había terminado el contrato, las partes suscribieron una segunda adición en el sentido de ampliar nuevamente su plazo en treinta (30) días más.

Dada la anterior circunstancia, es necesario precisar que para que proceda la prórroga de un contrato resulta imprescindible que el negocio jurídico sobre el cual ésta ha de recaer, a la fecha en que se celebre el acuerdo de voluntades en ese sentido, aun se encuentre vigente, toda vez que es fáctica y jurídicamente imposible revivir, por vía de un acuerdo, aquello que ya ha terminado.

En razón de lo anterior, a pesar de que las partes en el acuerdo que celebraron el 14 de mayo de 1997 con el propósito de prorrogar el Contrato Nº 151/96, expresaron que la ampliación del plazo tendría efectos retroactivos a partir del 10 de mayo de esa anualidad, dicha manifestación de voluntad, al haberse convenido después del fenecimiento del negocio jurídico, no tuvo la virtualidad de revivirlo y, por tanto, tampoco de prorrogarlo.

Así entonces, comoquiera que las partes sujetaron la terminación del contrato al vencimiento de su plazo de duración lo que ocurrió el 10 de mayo de 1997, la prórroga que se desarrolló con posterioridad a su culminación no puede entenderse sujeta a él, en tanto que no encuentra sustento en el contrato que la parte demandante supone como su fuente, cosa distinta hubiese ocurrido en el evento de que se hubiere suscrito el “contrato adicional Nº 2” dentro del término de ejecución del contrato, puesto que en ese caso es claro que la prórroga sí le hubiese dado continuidad al contrato Nº 0151/96 y, en consecuencia, hubiese hecho parte del contrato.

En ese orden de ideas, comoquiera que la prórroga se suscribió por fuera del plazo de ejecución del contrato Nº 151/96, no podrá ser tenida en cuenta como parte del mencionado contrato, de ahí que tampoco incidirán en el plazo y en la fecha de terminación del contrato, el cual, según se dejó visto, venció el 10 de mayo de 1997.

Cabe anotar que en este caso las pretensiones de la demanda se encuentran dirigidas a que se liquide el contrato Nº 151/96 y a que se le reconozcan al contratista el valor de unas obras adicionales y los perjuicios derivados por la no ejecución de las cantidades de obra previstas en el contrato y por una mayor permanencia en la obra por causas —según dijo el actor— imputables al Hospital Militar Central.

Así pues, en el caso que ahora se examina, encuentra la Sala que la pretensiones económicas formuladas en la demanda se encuentran relacionadas directamente con el desarrollo y ejecución del contrato Nº 151/96, de ahí que las prórrogas y hechos que se desarrollaron con posterioridad a su culminación, tal como se señaló, no pueden entenderse sujetos a él y, por tanto, los plazos previstos en la prórroga señalada que habría en principio ampliado el término de ejecución del contrato, no será tenida en cuenta a la hora de contar el término de duración del contrato Nº 151 y determinar la fecha de finalización del mismo.

En ese orden de ideas, para efectos de establecer el término de caducidad de la acción contractual la Sala tendrá como primer elemento de juicio que el plazo del contrato de obra Nº 151/96 inició el 21 de octubre de 1996 y finalizó el 10 de mayo de 1997.

En cuanto al término de caducidad de las acciones de controversias contractuales, el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, norma que resulta aplicable al presente asunto(43), prevé que la acción contractual caduca en dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento; para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación y ésta es efectuada unilateralmente por la administración, el plazo para accionar judicialmente comenzará a contarse a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe, si la administración no lo liquida dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, o del que establece la ley, se podrá acudir a la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar(44).

En el presente asunto, observa la Sala que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993(45), vigente para la época de celebración del contrato, a la terminación del mismo procedía el trámite de liquidación; en cuanto corresponde a la oportunidad o el plazo establecido para la realización o adopción de la liquidación de común acuerdo del contrato por cuya causa —ahora— se demanda, las partes establecieron —en la cláusula vigésimo novena del contrato de obra Nº 151/96— un término para liquidar el contrato de común acuerdo de treinta (30) días siguientes a la firma del acta de recibo final de obra o, en su defecto, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato.

En ese sentido, comoquiera que lo primero no ocurrió, es decir que las partes no liquidaron el contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del acta de recibo final de obra, la Sala acudirá —para efectos de contar la caducidad— a la segunda opción acordada por la partes, en virtud de la cual se estableció un término para liquidar de común acuerdo el contrato de cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato.

En ese contexto, las partes tenían cuatro (4) meses para realizar la liquidación de manera bilateral y en el evento en que ésta no se efectuara dentro del término dispuesto por la ley, la administración contaba con dos (2) meses siguientes al vencimiento de dicho plazo para efectuarla unilateralmente —para un total de seis (6) meses— y si esto tampoco se realizaba a partir de allí se empezaban a contar los dos años para ejercer la acción contractual.

En ese orden de ideas, comoquiera que el plazo del contrato de obra Nº 151 venció el 10 de mayo de 1997, el término de caducidad para impetrar la acción contractual empezó a correr el 10 de noviembre de 1997, es decir, seis (6) meses después de la fecha de terminación del plazo contractual, de ahí que resulte razonable concluir que la caducidad de la acción judicial tuvo lugar el 10 de noviembre de 1999.

Bajo ese escenario, dado que la demanda se presentó el 24 de noviembre de 1999 y el término de caducidad venció el 10 de noviembre de 1999, se concluye —al igual que lo hizo el tribunal— que para el momento de la presentación de la demanda, la acción contractual se encontraba caducada.

Valga precisar que en los hechos narrados en la demanda y en la sentencia de primera instancia, se dijo que en el presente asunto el conteo de la caducidad de la acción se había interrumpido desde el 4 de febrero de 1998 —fecha en la cual el consorcio contratista habría radicado la solicitud de conciliación prejudicial en la Procuraduría— hasta el 18 de marzo de ese mismo año —fecha en la cual se habría llevado a cabo la fallida audiencia de conciliación prejudicial—, esto es por un lapso de cuarenta y tres (43) días.

Al respecto, encuentra la Sala que para efecto de acreditar lo anterior, se aportó al proceso un escrito contentivo de la solicitud de conciliación prejudicial proveniente del consorcio contratista y dirigido al “Procurador Delegado Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca” con sello de recibido el 4 de febrero de 1998 por parte Hospital Militar Central. Así mismo, obra a folio 63 del cuaderno de pruebas Nº 1, un documento aparentemente proveniente de la “Procuraduría Cincuenta en lo Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca” de fecha 18 de marzo de 1998 —sin firmas— en el que se habría dejado constancia de que ese día se celebró la audiencia de conciliación prejudicial sin que las partes llegaran a ningún acuerdo.

En ese sentido, observa la Sala que con los documentos relacionados anteriormente no es posible tener por acreditado lo que se pretendía demostrar, esto es que el 4 de febrero de 1998 el consorcio contratista habría solicitado ante el “Procurador Delegado Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca” la celebración de una audiencia de conciliación prejudicial, así como que la audiencia de conciliación se hubiese celebrado el 18 de marzo de ese mismo año.

Lo anterior, habida cuenta de que no hay forma de saber si en efecto esa solicitud de conciliación fue radicada en la Procuraduría, dado que en dicho documento únicamente obra el sello de recibido por parte del Hospital Militar Central, echando de menos la Sala prueba que conduzca a demostrar que la mencionada petición fue radicada en la Procuraduría, así como la fecha en que ello habría ocurrido.

Así mismo, observa la Sala que el documento en el que se habría dejado constancia de que la audiencia de conciliación prejudicial se celebró el 18 de marzo de 1998, sin que las partes llegaran a ningún acuerdo, se encuentra sin firmas, razón por la cual, comoquiera que no es posible conocer su autoría, su contenido no puede ser tenido en cuenta para poder establecer la veracidad de la información que consigna.

Así pues, a partir de los documentos señalados anteriormente no será posible para la Sala tener por acreditado que en este caso se interrumpió el conteo de la caducidad de la acción por fuerza de la conciliación prejudicial.

Por último y por cumplir con los requisitos previstos en los artículos 65, 67 y 68 del Código de Procedimiento Civil, se le reconocerá personería jurídica al doctor Fernei William Ruiz Alvarado, titular de la tarjeta profesional Nº 158.007 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado de la parte demandada.

4. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la cual quedará así:

— DECLARAR la caducidad de la acción de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Se le reconoce personería jurídica al doctor Fernei William Ruiz Alvarado, titular de la tarjeta profesional Nº 158.007 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado de la parte demandada.

3. Sin condena en costas.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) Decreto 1795 de 2000.

(16) Artículo 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

(17) Suma de dinero que según el actor correspondería a las obras adicionales ejecutadas por el consorcio contratista.

(18) 24 de noviembre de 1999.

(19) En cuanto al valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, la corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 zanjó el tema y expuso lo que se transcribe a continuación(19):

“En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas…

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229)”.

De conformidad con la cita jurisprudencial que viene de verse y en aplicación de los principios de lealtad procesal y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, es claro entonces que la prueba documental aportada en copia simple que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad tiene plena eficacia demostrativa.

(20) Folios 27 al 29 del cuaderno de pruebas 2.

(21) Folios 119 al 216 del cuaderno de pruebas 2.

(22) Folios 8 al 9 del cuaderno de pruebas 2.

(23) Folios 19 al 20, 23 al 24, 28, 43 al 46, 53, 64 al 70, 241 al 242, 247 del cuaderno de pruebas 2.

(24) Folios 10 y 11 del cuaderno de pruebas 2.

(25) Folio 29 al 33, 41 al 42, 243 al 245 del cuaderno de pruebas 2.

(26) Folios 12 al 14 del cuaderno de pruebas 2.

(27) Folio 15 del cuaderno de pruebas 2.

(28) Folios 74 al 76 del cuaderno de pruebas 2.

(29) Folios 77 al 81 del cuaderno de pruebas 2.

(30) Folios 51 y 52 del cuaderno de pruebas 2.

(31) Folios 227 y 228 del cuaderno de pruebas 2.

(32) Folios 229 al 234 del cuaderno de pruebas 2.

(33) Folios 231 al 234 del cuaderno de pruebas 2.

(34) Folio 54 del cuaderno de pruebas 2.

(35) Folio 21, 22, 25 al 27, 34 al 40, 47 al 50, 238 al 240, 246, 265 al 270 del cuaderno de pruebas 2.

(36) Folios 82 al 116 del cuaderno de pruebas 2.

(37) Folios 55 al 62 del cuaderno de pruebas 2.

(38) Folio 63 del cuaderno de pruebas 2.

(39) Folios 248 al 258 del cuaderno de pruebas 2.

(40) Folios 38 al 42 del cuaderno 1 y 271 del cuaderno de pruebas 2.

(41) Folios 219 al 226 del cuaderno de pruebas 2.

(42) Cuaderno 3.

(43) La demanda se presentó el día 24 de noviembre de 1999, esto es luego de que entrara a regir la Ley 446 de 1998.

(44) Ver la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, siete (7) de noviembre de 2012. Expediente 2012. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(45) “Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

(…)”.