Sentencia 1999-02812/31412 de mayo 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa 

Rad.: 68001-23-15-000-1999-02812-01 (31411)

Actor: Wilder Ferney Díaz Torralba y Otros

Demandado: Municipio de Vélez

Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia)

Bogotá D.C., dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

Temas. Valor probatorio de la copia simple - Valor probatorio de los recortes de prensa - Legitimación en la causa por activa cuando se trata de afirmar la calidad de propietarios de inmueble.

Decide la Sala de Sub-sección el recurso de apelación presentado por la parte actora [fls. 300 a 307 cdno. ppal], contra la Sentencia de 15 de diciembre de 2004 proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva [fl.295 cdno. ppal].

Antecedentes

1. La demanda.

La demanda fue presentada el 3 de diciembre de 1999 por Wilder Ferney Díaz Torralba y por Gloria Esperanza Pardo Torres, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 1º de 1984], contra el Municipio de Vélez, Santander, para que como pretensiones se declarara a este como responsable de los perjuicios materiales y morales derivados de la omisión y deficiente prestación del servicio respecto al incendio padecido en la madrugada del 23 de junio de 1999 por el inmueble de su propiedad.

Como consecuencia de lo anterior se solicitó condenar a la entidad municipal demandada a reconocer y pagar los perjuicios materiales y morales de la siguiente manera: (1) con relación al inmueble ubicado en la carrera 2ª número 2-08 la suma de cincuenta millones de pesos [$50.000.000.oo]; (2) en cuanto a los bienes muebles que hacían parte del ajuar de la casa enlistó sesenta y cinco elementos que ascendían a la suma de sesenta y tres millones trescientos veinticinco mil pesos [$63.325.000.oo]; y, (3) por perjuicios morales estimó la suma equivalente a tres mil [3000] gramos de oro.

Las anteriores pretensiones se fundaron en los siguientes hechos: (1) el 21 de octubre de 1997, aproximadamente, llegó al municipio de Vélez, Santander, una máquina de bomberos donado por Famsco Fondation y consignado a la Defensa Civil del municipio; (2) pese a que el manejo, administración y utilización de la máquina estaba por cuenta de la Defensa Civil del municipio, el alcalde “tomó posesión de éste y lo utilizó para exhibirlo por las calles para con esto ganar votos, ya que se aproximaban las elecciones donde el [sic] era uno de los candidatos, pero posteriormente lo llevó a la Escuela de Carabineros de Vélez y allí permaneció a la intemperie, al agua y al sol durante casi dos años, sin ser usado”; (3) el Presidente de la Defensa Civil del municipio elevó varias solicitudes al alcalde municipal obteniendo respuestas evasivas; (4) el 23 de junio de 1999, aproximadamente entre las 12:30 y 1:00 de la madrugada se incendió el inmueble de propiedad de los demandantes, “el cual quedó completamente en ruinas junto con los muebles y enceres, de propiedad de los mismos y que conformaban el ajuar de éste más los artículos de una miscelánea de ropas, artesanías biyutería [sic], fantasía, artículos de belleza etc., que funcionaba dentro del inmueble”; (5) los demandantes “en principio adquirieron el inmueble por medio de promesa de compraventa la que se quemó en el incendio y posteriormente a este se realizó la correspondiente Escritura Pública debidamente registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados”; (6) el día del incendio colaboraron en sofocarlo agentes de la Policía Nacional de Vélez, Santander, y ciudadanos del mismo municipio, ya que cuando se acercó al lugar el alcalde o su delegado y se requirió la presencia de la máquina de bomberos se manifestó que no estaba en condiciones de prestar el servicio por su abandono; (7) después de algunos meses el alcalde hizo entrega de la máquina de bomberos a la Junta de Defensa Civil, quienes lo mantuvieron en condiciones de servicio, lo que permitió que atendieran otro incendio en el barrio Santa Teresita del municipio; (8) los demandantes “se encuentran en condiciones lamentables ya que lo único que les quedó fue la ropa que los cubría, gracias a los padres y amigos han podido sostenersen [sic] en estos meses con su pequeño hijo”; y, (9) se produjeron perjuicios materiales y morales.

Determinadas las pretensiones y los hechos en la demanda se revisa la actuación procesal desplegada en la primera instancia.

2. Actuación procesal en primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda con el auto de 23 de mayo de 2000 [fl. 71 cdno. 1], produciéndose la notificación a la entidad municipal demandada [fls.88 y 91 cdno. 1].

Dentro del término de notificación del auto admisorio la apoderada de la parte actora presentó adición de la demanda en cuanto (1) al hecho noveno afirmándose que desde “que llegó la máquina extintora de incendios a Vélez, procedente de los Estados Unidos en la región se han presentado dos graves deflagraciones que han dejado pérdidas económicas superiores a los $500 millones, y el vehículo no prestó las más mínima colaboración en servicio”; (2) en tanto que se solicitó como pretensión condenar en costas a la parte demandada [fls. 72, 73 y 83 cdno. 1].

La entidad municipal demandada contestó la demanda planteando (1) que los hechos debían probarse; (2) sosteniendo que con relación al segundo hecho, que examinada la Ley 322 de 1996 se concluyó que la Defensa Civil del municipio de Vélez no tenía competencia para servir del cuerpo de bomberos; (3) así como que los demandantes debían probar que tomaron todas las medidas para prevenir el incendio; (4) no era obligación del alcalde municipal arreglar la máquina de bomberos, sino que la Ley 322 de 1996 le asignaba esas competencias a las instituciones de bomberos; (5) el alcalde no podía entregar la máquina de bomberos a una institución que como la Defensa Civil no tenía competencias para prestar el servicio de bomberos; y, (6) para la época de los hechos no existía en Vélez cuerpo de bomberos.

Como razones de defensa se argumentó que el municipio de Vélez, Santander, no estaba en capacidad económica de crear un Cuerpo de Bomberos Oficiales, y “no se había contratado con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, porque para ello requiere concepto técnico previo favorable de la Delegación Departamental o Distrital respectiva y no existe ni existía el cuerpo de bomberos voluntarios”.

Finalmente, la entidad pública demandada propuso como excepciones la (1) falta de legitimación en la causa por activa(1) y pasiva; (2) ausencia de responsabilidad por falta o falla del servicio; (3) falta de capacidad económica del municipio de Vélez para crear un Cuerpo de Bomberos Oficial; (4) la genérica de responsabilidad; (5) falta de estimación razonada de la cuantía; y (5) creación de su propio riesgo.

En cuanto a la adición a la demanda se contestó por la entidad municipal demandada que era cierto el hecho noveno “en cuanto a la cantidad de los incendios que se han presentado en el municipio, pero no a las perdidas [sic] económicas que manifiesta la apoderada de la parte actora, ya que no se ha llegados [sic] a consideraciones mayores”.

Así mismo, se manifestó que correspondía a la Defensa Civil del municipio de Vélez, Santander, haber acudido a sofocar el incendio.

Se sostuvo que “al momento del incendio de la casa de habitación situada en la Carrera [sic] 2 # 2-08 de esta ciudad, los demandantes habían supuestamente firmado una promesa de compraventa la cual desapareció en el momento del incendio, promesa que había firmado el señor Pedro Jose Ortiz Gonzalez, quien es el dueño de dicha casa, ya que en esos instantes jurídicamente aún la casa era en su totalidad del señor Ortiz Gonzalez, por el evento que los prometientes no realizaron la escritura correspondiente y mucho menos podían registrarla en la oficina respectiva”.

Finalmente, anotó que para el día del incendio el inmueble se encontraba hipotecado al Banco Popular, ya que el propietario en ese momento Pedro José Ortiz González “había realizado un préstamo a dicho [sic] entidad y por reglamento del Banco la propiedad hipotecada contaba para ese entonces con un seguro contra todo riesgo es decir incluye “incendios”, seguro que fue adquirido por el banco a la compañía Colseguros”. Así mismo, recalcó, que “la Compañía de Seguros Colseguros pago [sic] al señor Ortiz Gonzalez, la totalidad del inmueble que fue afectado por el incendio, por consiguiente los demandantes deben efectuar la acción de repetición contra el señor Pedro Jose Ortiz Gonzalez si llegado el caso de configurarse la acción contractual entre estos dos, y no contra el Municipio de Vélez, ya que el pago del seguro se hizo efectivo por parte de dicha compañía”.

El Ministerio Público mediante oficio 185, de 28 de junio de 2001, solicitó la práctica de pruebas [fl. 95 cdno. 1].

El proceso se abrió a pruebas cuando el Tribunal profirió el auto de 12 de septiembre de 2002 [fls.187 a 190 cdno.1].

El Tribunal el 10 de octubre de 2003 profirió auto con el que corrió traslado a las partes por el término común de diez [10] días para que presentaran sus alegatos de conclusión, y en caso de solicitarse surtirse el traslado especial al Ministerio Público [fl. 275 cdno. 1].

La parte actora presentó sus alegatos de conclusión [fls. 276 a 283 cdno. 1], reiterando lo planteado en la demanda, y agregando los siguientes argumentos: (1) la “administración tomó posesión de la Máquina [sic] extintora a sabiendas que el destino de ésta era para la Defensa Civil de Vélez”; (2) el daño era imputable al municipio “porque el incendio se produjo al parecer por un corto circuito, pero se hubiera podido apagar inmediatamente comenzó, por cuanto quienes se dieron cuenta del suceso, y comenzaron a luchar y batallar con las llamas, pero sus esfuerzos no alcanzaron su objetivo, lo que hubiera sido distinto si la máquina extintora de propiedad del Municipio”, hubiese operado; y, (3) los demandantes “adquirieron el inmueble por medio de una promesa de compraventa, pero como ellos tenían para con el vendedor un saldo del valor contratado, saldo que no se había cancelado, ya que al señor Pedro Ortiz, quien vendió el inmueble a mis mandantes, le había hipotecado el inmueble, y el día señalado para la celebración de la Escritura Pública, no se pudo llevar a cabo por tal razón, entonces no se canceló dicho saldo, quedando entonces la negociación con la promesa de compraventa y la posesión del inmueble, mientras el vendedor levantaba la hipoteca, pero desafortunadamente sucedió el incendió tantas veces narrados con las consecuencias ya conocidas, y como entre todo lo que se quemó estaba la promesa de compraventa, razón por la cual ellos no podían reclamar el seguro, por no contar con el título que los acreditaba como propietarios y fue el vendedor, quien aún figuraba como el titular, quien reclamó”, pero “luego el señor Pedro Ortiz se niega a realizar la correspondiente escritura hasta tanto mis poderdantes no cancelaran el saldo que era la suma de $8.000.000, y tuvieron que atenerse a lo que exigía para conseguir la Escritura y acreditar la calidad de demandantes en este proceso”.

Agotado el trámite procesal en la primera instancia el Tribunal profirió la sentencia correspondiente.

3. Sentencia de primera instancia.

La Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar el 15 de diciembre de 2004 profirió sentencia en la que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa [fls. 295 cdno. ppal], con base en los siguientes argumentos: “Obra en autos que el siniestro ocurrió el día 23 de junio de 1999, hecho que consta a folio 46 recorte de vanguardia, fecha en la cual el bien inmueble incinerado materia de la litis era de propiedad del señor Pedro Jose Ortiz Gonzalez, bien inmueble que fue vendido por este, a los actores dentro de esta causa, los señores Wilder Ferney Díaz Torralba Y [sic] Gloria Esperanza Pardo Torres, el día 12 de octubre de 1999, cuatro meses después de los hechos, circunstancia que consta a folio 50, “certificado de libertad y tradición del predio mencionado”. En el libelo demandatorio los actores aducen haber suscrito promesa de compraventa anteriormente al incendio con el entonces propietario, pero que esta se quemo [sic] el día del siniestro, siendo así que no allegaron al sumario ni siquiera la copia de la promesa de venta que debería poseer el vendedor del inmueble, ni acreditaron por medio de ningún medio [sic] idóneo ni la propiedad ni la posesión del inmueble” [fl. 294 cdno. ppal].

Contra dicha providencia la parte actora presentó y sustentó el recurso de apelación [fls. 300 a 307 cdno. ppal], en el que solicitó revocar la misma argumentando (1) que se desconocieron realidades de equidad y justicia recalcando que la promesa de compraventa se quemó en el incendio y “que el comprador no tenía o no quiso colaborar con la entrega de la copia de la misma, para hacer la reclamación”; y, (2) de acuerdo con la cláusula quinta de la escritura pública 624 se dejó constancia “que los demandantes habían adquirido el bien 3 años y dos meses antes de la deflagración y desde ese momento tomaron en forma interrumpida [sic] hasta el día del suceso la posesión real del inmueble desde el año de 1996, donde siempre ejercieron actos de Señores [sic] y dueños de dicho predio, constancia que el vendedor reconoció al implantar su firma en la Escritura sin ninguna objeción por [sic] era de conciencia y de buena fe que mis clientes habían adquirido su propiedad”, anexándose “lo que quedó de la Promesa [sic] de venta el día del incendio”, así como la “certificación de la matricula [sic] del servicio de agua y de luz las cuales están a nombre de los demandantes una vez adquirieron el bien”.

El Tribunal profirió el 17 de junio de 2005 auto con el que concedió el recurso de apelación presentado por la parte actora [fl. 321 cdno. ppal].

Una vez surtido el anterior trámite se procedió a enviar las actuaciones a esta Corporación.

4. Actuación procesal en segunda instancia.

Esta Corporación mediante auto de 9 de diciembre de 2005 admitió el recurso de apelación presentado [fl. 325 cdno. ppal].

Luego, se profirió auto de 13 de junio de 2006 con el que se negó la solicitud de pruebas presentada por la parte actora en el recurso de apelación [fls. 327 y 328 cdno. ppal].

El 1 de agosto de 2006 por auto se corrió traslado a las partes por el término común de diez [10] días para que alegaran de conclusión, y en caso de solicitarlo el Ministerio Público se tramitara el traslado especial [fl. 330 cdno. ppal].

Las partes y el Ministerio Público en esta instancia procesal guardaron silencio.

Agotada la actuación en primera y segunda instancia la Sala procede a proferir sentencia en el presente asunto sin observar ninguna causal de nulidad, con base en las siguientes consideraciones.

Consideraciones

Corresponde a la Sala de Sub-sección C decidir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 15 de diciembre de 2004 por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar.

1. Competencia.

1. La Corporación es competente para conocer del asunto(2), en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en proceso de doble instancia(3).

2. Por otra parte, la Sala considera que al ser la parte actora el único apelante, al decidirlo se centrará en los argumentos expuestos en el mismo, en desarrollo de lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el juez superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en la Sentencia de 9 de febrero de 2012 [exp. 21060], y por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la Sentencia de 7 de octubre de 2014(4). Luego, con fundamento en el objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora se abordará su estudio y decisión al cuestionar la sentencia de primera instancia.

3. Ahora bien, para un orden lógico de la decisión la Sala realizará la exposición de sus argumentos en el siguiente orden: (1) determinar el objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora; (2) dilucidar ciertos aspectos procesales; y (3) definir si procede la condena en costas.

2. Determinación del objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora.

4. La apelación presentada por la parte actora se centra en dos cuestiones: (1) una de carácter procesal encaminada a afirmar que los demandantes sí están legitimados en la causa por activa, en atención a lo contenido en la promesa de compraventa y lo estipulado en la cláusula quinta de la escritura pública 624; y, (2) otra sustancial con la que se afirmó que se había probado el daño antijurídico, que era imputable a la entidad municipal demandada y que exigía condenar por los perjuicios reclamados.

5. Como en la sentencia de primera instancia el a quo decidió declarar que había operado la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, la Sala examinará la cuestión procesal, de modo que si está acreditada se confirmará, no procediendo el pronunciamiento acerca del fondo del asunto, en caso contrario se entraría en su análisis.

6. Determinado lo anterior, la Sala procede a pronunciarse respecto a ciertas cuestiones procesales, entre las que se encuentra la falta de legitimación en la causa por activa como objeto de la apelación presentada por la parte actora.

3. Aspectos procesales previos.

7. La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo debe pronunciarse acerca de las cuestiones procesales siguientes: (1) el valor probatorio de los documentos aportados en copia simple; (2) valor probatorio de los recortes de prensa; y, (3) la legitimación en la causa por activa.

3.1. Valor probatorio del documento aportado en copia simple.

8. La parte actora aportó los siguientes documentos en copia simple: Oficio del embajador de los Estados Unidos de América dirigido al Director General de la Policía Nacional, con copia al concejal municipal Rodolfo Emilio Patiño de Vélez, para la época [fl. 2 cdno. 1]; Oficio del de los Estados Unidos de América dirigido al Director General de la Policía Nacional, de 27 de junio de 1995 [fl. 3 cdno. 1]; Oficio del de los Estados Unidos de América dirigido al concejal del municipio de Vélez Rodolfo Emilio Patiño Conde, de 27 de junio de 1995 [fl. 4 cdno. 1]; Oficio del de los Estados Unidos de América dirigido al concejal del municipio de Vélez Rodolfo Emilio Patiño Conde, de 21 de diciembre de 1995 [fl. 5 cdno. 1]; Oficio , de 1 de octubre de 1005, del alcalde y del concejal municipal de Vélez [Santander] Rodolfo Emilio Patiño Conde [fls. 6 a 8 cdno. 1]; Oficio, de 15 de octubre de 1996, de la Defensa Civil Colombiana en Vélez, Santander [fl. 9 cdno. 1]; invitación del Concejo Municipal de Vélez para una reunión relacionada con la donación de la máquina de bomberos [fls. 10 a 12 cdno. 1]; constancia número DCC-DG-SG.183, de 9 de diciembre de 1996, expedida por el Secretario General de la Defensa Civil Colombiana [fl. 13 cdno. 1]; certificación, de 7 de enero de 1997, expedida por la alcaldía municipal de Vélez, Santander [fl. 14 cdno. 1]; “Certificate Of Title To A Vehicle” [fl. 15 cdno. 1]; comunicación de la Agency for International Development, American Embassy en Bogotá, de 22 de abril de 1996 [fl. 18 cdno. 1]; tarjeta nacional de inscripción de vehículo número I.I. 2975 [fl. 17 cdno. 1]; traducción de una comunicación con relación al ofrecimiento de una máquina de bomberos [fls. 18 y 19 cdno. 1]; comunicación del Vice-presidente de Famsco Fondation, de 3 de diciembre de 1996 [fl. 20 cdno. 1]; traducción de una comunicación con relación al ofrecimiento de una máquina de bomberos [fl .21 cdno. 1]; “Certificate Of Donation” de la máquina de bomberos expedido por Famsco Fondation [fl. 22 cdno. 1]; Constancia, de 9 de diciembre de 1996, de la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana [fl. 23 cdno. 1]; documento de importación de la máquina de bomberos [fl. 24 cdno.1]; oficio de la Agency for International Development, de la American Embassy en Bogotá, dirigido el 13 de agosto de 1997 al concejal municipal de Vélez, Santander, Rodolfo Emilio Patiño Conde [fl. 25 cdno. 1]; comunicado de prensa con el que se informó de la donación de una máquina de bomberos por el gobierno de Estados Unidos al municipio de Vélez, Santander [fl. 26 cdno. 1]; certificación, de 14 de agosto de 1997, expedida por el Director Seccional de la Defensa Civil Colombiana [fl. 27 cdno. 1]; poder otorgado el 27 de agosto de 1997 al Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, por el representante legal de la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander [fl. 28 cdno. 1]; oficio correspondiente al depósito aduanero de la máquina de bomberos [fl. 29 cdno. 1]; pago realizado a Usaid, Colombia, por valor de dos millones de pesos [$2.000.000.oo] por el representante legal de la Junta de la Defensa Civil de Vélez, Santander, para el transporte de la máquina de bomberos donada [fl. 30 cdno. 1]; comunicación, de 9 de febrero de 1998, del representante legal de la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander, dirigido al Director General del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional [fl. 31 cdno. 1]; Oficio, de 19 de febrero de 1998, del Director General del Fondo Rotatorio de la Policía [fl. 32 cdno. 1]; comunicación, de 3 de abril de 1998, del Presidente de la Junta de la Defensa Civil de Vélez, Santander [fl. 33 cdno. 1]; Oficio A-1212, de 2 de junio de 1998, del alcalde municipal de Vélez, Santander [fl. 34 cdno. 1]; comunicación de 3 de junio de 1998de, Presidente de la Defensa Civil de Vélez, Santander [fl. 35 cdno. 1]; hoja de inventario individual de vehículo [fl. 36 cdno. 1]; Oficio PM-188, de 1 de julio de 1998, del Personero Municipal de Vélez, Santander, dirigido al Presidente de la Defensa Civil [fl. 37 cdno. 1]; Oficio PM-187, de 1 de julio de 1998, del Personero Municipal de Vélez, Santander, dirigido al alcalde municipal [fl. 38 cdno. 1]; comunicación de 6 de julio de 1998, del Presidente de la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander, dirigido a la Asistente de Proyectos de Usaid Colombia [fl. 39 cdno. 1]; respuesta de la Asistente de Proyectos de Usaid Colombia, de 8 de julio de 1998, a la comunicación del Presidente de la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander [fl. 40 cdno. 1]; Oficio, de 24 de agosto de 1998, del Personero Municipal de Vélez, Santander, dirigido al Director de la Escuela de la Policía Nacional [fl. 41 cdno. 1]; hoja de salida de vehículos [fls. 42 a 44 cdno. 1]; ficha de radicación para importaciones [fl. 45 cdno. 1].

9. A su vez, la entidad municipal demandada presentó los siguientes documentos en copia simple: tarjeta de propiedad de la máquina de bomberos [fl. 165 a 169 cdno. 1]; seguro obligatorio de la máquina de bomberos [fl. 171 cdno. 1]; formulario de traspaso nacional [fl. 172 cdno. 1]; Resolución 423 de 11 de agosto de 1976 por la que se reconoció personería jurídica a la Junta de Defensa Civil del municipio de Vélez, Santander [fls.173 y 174 cdno. 1]; Resolución 123 de 19 de marzo de 1998 por el que se reconoció al representante legal de la Junta de Defensa Civil del municipio de Vélez, Santander [fl.175 cdno. 1]; tarjeta nacional de inscripción [fl. 176 cdno. 1]; formulario de la Declaración de Importación [fl. 177 cdno. 1]; recibo oficial de la Contraloría Departamental de Santander [fl. 179 cdno. 1]; recibo oficial 5588 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Vélez, Santander [fl. 180 cdno. 1]; recibo de recaudo de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Vélez, Santander [fl. 181 cdno. 1]; documento de importación de la máquina de bomberos [fl. 182 cdno. 1]; Oficio TC-HC 009047, de 28 de abril de 1997, del Subdirector de Transporte de Carga del Ministerio de Transporte, que resuelve consulta sobre la homologación de una máquina de bomberos [fl. 183 cdno. 1]; documento de importación de la máquina de bomberos [fl. 184 cdno. 1]; y, auto y acta de inspección número 0084005 de la Dian [fl. 185 cdno. 1].

10. Si bien la Sección Tercera(5) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil(6). No obstante, la Sala para el presente caso debe tener en cuenta la regulación vigente a tenor de lo consagrado en el Código General del Proceso [L. 1564/2012] en su inciso 2º del artículo 244 según el cual los “documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso”; así como en el inciso 1º del artículo 246 que establece que las “copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”(7). Se trata de preceptos normativos cuya aplicación opera por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [L. 1437/2011], y en los que el legislador consolida como tendencia la presunción de autenticidad tanto de los documentos aportados en original, como en copias(8). Se trata de un tendencia que cuenta con el refuerzo dado tanto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que admite la valoración de los documentos presentados por las partes “que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, en la medida en que sean pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas”(9), como por la jurisprudencia constitucional en la sentencia de unificación [que representó un cambio a la línea jurisprudencia sostenida en la Sentencia SU-226 de 2013] SU-774 de 2014, en la que se argumenta que en el caso de aportarse documentos públicos en copia simple [v.gr., registros civiles], el juez contencioso administrativo “debe decretar las pruebas de oficio con el fin de llegar a la certeza de los hechos y la búsqueda de la verdad procesal”(10).

10.1 La mencionada tendencia de la “presunción de autenticidad tanto de los documentos en original como en copia” fijada por el legislador y apoyada por la jurisprudencia constitucional, como se señaló en el anterior apartado, encuentra total respaldo en la jurisprudencia contencioso administrativa de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, que en la Sentencia de 28 de agosto de 2013 [exp. 25022](11), consolidó que “[…] el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—“(12).

10.2. Luego la Sala con fundamento en una comprensión, convencional, constitucional, sistemática, garantística y contencioso administrativa, en la que se inspira la aplicación de los artículos 244 y 246 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo [D. 1º/1984], y como afirmación a tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 1.1, 2º, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 29 y 229 de la Carta Política y 11 del Código General del Proceso, y en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, como premisa básica debe proceder a valorar [lo que no implica su constatación que será sometida al contraste bajo las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente para determinar la certeza, verosimilitud y credibilidad del contenido de cada documento] los documentos aportados en copia simple en este proceso.

10.3. Con base en los anteriores fundamentos convencionales, constitucionales y legales, la Sala tiene en cuenta como criterios para examinar el caso en concreto [que ha empleado de manera continuada la jurisprudencia de esta Sala y en correspondencia con la Sentencia de unificación de la Sección Tercera] para determinar la procedencia de la valoración del documento aportado con la demanda en copia simple citado en el primer apartado de este título, los siguientes: (1) que las entidades demandadas en la contestación de la demanda y en sus alegaciones en primera instancia no se opusieron a tener como prueba el documento aportado por la parte actora; (2) las partes de manera conjunta en ninguna de las oportunidades procesales desconocieron tal documento, ni lo tacharon de falso, sino que conscientemente aceptaron su intención de que el mismo fuese valorados dentro del proceso; (3) las partes no ha discutido durante el proceso la autenticidad de este documento; y, (4) ambas partes aceptaron que el documento fuese apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca, no sólo al momento de su aportación, sino durante el trascurso del debate procesal, por lo tanto será valorado por la Subsección para decidir el fondo del asunto(13).

10.4. Luego, la Sala como juez de convencionalidad y contencioso administrativo procederá a valorar aquellos documentos considerado por el a quo y aportados por las partes, enunciados al comienzo de este título, de manera conjunta, contrastada y en aplicación de las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente en debida forma.

3.2. Valor probatorio de los recortes de prensa.

11. La Sala en el expediente encuentra que la parte actora aportó cinco [5] recortes de prensa comprensivos de informaciones relacionadas con los hechos de la demanda [fls. 46 a 49 cdno.1].

12. En la jurisprudencia de la Sección Tercera son variadas las posiciones respecto a dotar o negar el valor probatorio a los recortes e informaciones de prensa, como se pasa a examinar.

12.1. En una primera línea jurisprudencial la Sección Tercera en la Sentencia de 15 de junio de 2000, expediente 13338, consideró que las “informaciones publicadas en diarios no pueden ser considerada [sic] requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho (art. 228 C.P.C.), pues por el contrario, éste tiene el derecho a reservarse sus fuentes. Los artículos de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido”(14).

La anterior línea jurisprudencial tuvo continuidad con la sentencia de la Sección Tercera de 17 de junio de 2004, expediente 15450, según la cual las “noticias recogidas en periódicos, no pueden ser tenidas en cuenta como plena prueba porque, son documentos declarativos respecto de los cuales se desconoce su autor directo y la fuente del conocimiento de la noticia”. Con otras palabras, la jurisprudencia comprendía que las noticias e informaciones de prensa considerados como documentos declarativos no cumplían con dos exigencias procesales: (i) conocimiento del autor de la misma; y (ii) la fuente de la noticia.

12.2. La segunda línea jurisprudencial, que da continuidad a varias de las premisas de la anterior, se inicia con la Sentencia de la Sección Tercera de 10 de junio de 2009, expediente 18108, donde se argumentó que respecto a lo publicado por los periódicos “El Tiempo” y “El Nuevo Día”, relacionado con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que ocurrió un accidente cuya responsabilidad se endilgaba al Estado se consideró que “esos documentos carecen por completo de valor probatorio, porque se desconoce su autor y su contenido ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fueron suministradas ante un funcionario judicial, no fueron rendidas bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (art. 227 C.P.C.), y por el contrario, éste tenía el derecho a reservarse sus fuentes. Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones(15), pero no de la veracidad de su contenido”(16).

12.3. La tercera línea jurisprudencial tiene como referente a la Sentencia de la Sección Tercera de 9 de junio de 2010, expediente 19283, en la que se reiteró lo señalado en la anterior jurisprudencia, pero señalando que contrastados con otros medios probatorios estos pueden permitir establecer la ocurrencia del daño antijurídico y la imputación a las entidades públicas a las que se demanden(17).

Siendo esta tercera línea jurisprudencial la más reciente, encuentra diferentes desarrollos:

(1) La Sub-Sección C en la Sentencia de 22 de junio de 2011, expediente 19980 señaló que “si bien no puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su inconducencia, o su inutilidad(18)”, concluyéndose por la Sala “que la información de prensa puede constituirse en un indicio contingente”, para lo que se sustenta en la Sentencia de 20 de mayo de 2002, expediente 1251-00, según la cual en “otras providencias ha señalado que la información periodística solo en el evento de que existan otras pruebas puede tomarse como un indicio simplemente contingente y no necesario”.

Lo anterior llevó a la Sala a considerar que “era necesario dilucidar qué valor probatorio le otorgó la Sala a las informaciones de prensa allegadas al proceso, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la veracidad que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a las reglas procesales excesivamente rígidas. Tanto es así, que la Sala valorará tales informaciones allegadas en calidad de indicio contingente que [sic], para que así sea valorado racional, ponderada y conjuntamente dentro del acervo probatorio”(19).

Dicha jurisprudencia se reiteró y amplió por la Sub-Sección C en la Sentencia de 15 de febrero de 2012, expediente 20880, argumentándose que si “bien las informaciones de prensa relacionadas anteriormente no pueden ser apreciadas como documento o testimonio(20), si pueden ser valorados como indicio contingente y no necesario, por lo tanto teniendo en cuenta los demás medios de prueba obrantes dentro del proceso, se puede decir que la información vertida en los aludidos medios de comunicación, es indicativa de una realidad que a la postre resultó insoslayable”,

(2) La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la Sentencia de 29 de mayo de 2012, expediente 2011-01378 (PI), fijó los criterios para valorar los recortes e informaciones de prensa: (i) se parte de considerarla como prueba documental; (ii) que representa un valor secundario para la acreditación de los hechos; (iii) por sí sola lleva a demostrar un registro mediático; (iv) carece de entidad suficiente para probar en sí misma existencia y veracidad de la situación narrada; (v) no puede constituir el único sustento de la decisión del juez; (vi) comprenden la percepción del hecho de la persona que escribe la noticia; (vii) pueden apreciarse como medio probatorio siempre que estén en medio representativo; y, (viii) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen. Tales criterios no representan un “numerus clausus”, ni esto se desprende la misma sentencia.

(3) Un desdoblamiento se encuentra en la Sentencia de la Sub-Sección C de 13 de junio de 2012, expediente 2011-00031 AP, en la que se argumentó que la “publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. En principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez […] Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho reportajes, noticias, crónicas, etc., en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(21), que pueden o dar certeza, o no aportar a lo ya ofrecido con otros medios probatorios(22) sin desecharlas de plano.

Precisamente en una de las sentencias de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de 28 de agosto de 2014, expediente 28832, se argumenta que los recortes de prensa “pueden ser considerados no solamente para probar el registro mediático de los hechos, sino para acreditar la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos”(23).

(4) En reciente Sentencia de la Sub-sección C de 7 de septiembre de 2015, expediente 52892, se agregó por la Sala que “actuando como juez de convencionalidad y contencioso-administrativo la valoración de los recortes e informaciones de prensa tiene en cuenta de forma consolidada la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos en los casos que conoce de vulneraciones de los derechos humanos tiene como criterios definidos que aquellos pueden apreciarse en cuanto recojan <<hecho públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corrobore aspectos relacionados con el caso>>, agregándose que serán admisibles para su valoración <<los documentos que se encuentren completos o que, por lo menso, permitan constatar su fuente y fecha de publicación>>”.

12.4. Sin duda, es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a los recortes e informaciones de prensa aportadas al proceso, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la veracidad que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas [debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional da prevalencia a lo sustancial por sobre el excesivo rigorismo procesal]. Tanto es así, que la Sala valorará los recortes e informaciones de prensa, inicialmente, en calidad de indicio contingente que, para que así sea valorado racional, ponderada y conjuntamente dentro del acervo probatorio(24), o con otras palabras que los recortes como material probatorio se someten a su contrastación con los demás medios de prueba que obran en el proceso.

13. Desde la perspectiva convencional, y haciendo la salvedad que las reglas y principios probatorios que operan en las jurisdicciones internacionales no son asimilables a aquellos de los ordenamientos internos(25), cabe agregar que cuando los recortes de periódicos, documentos de prensa, artículos y noticias(26) pueden aportar elementos de juicio para determinar, dilucidar y establecer vulneraciones a los derechos humanos, violaciones al derecho internacional humanitario o infracciones a reglas y principios de ius cogens el juez administrativo interno, como juez de convencionalidad, por virtud de los artículos 1.1, 2º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 2º, 29, 93 y 229 de la Constitución Nacional, está obligado a considerar su valoración siguiendo los estándares convencionales que se señalan [no son taxativos] a continuación y que proceden de la construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: (i) el primer estándar es que si bien los recortes de prensa “no puede dárseles el carácter de prueba documental propiamente dicha”(27), si “constituyen la manifestación de hechos públicos y notorios que, como tales, no requieren en sí mismos de prueba”(28); (ii) el segundo estándar consisten en que los recortes de prensa se reconocen “en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas”(29), o son de conocimiento público y útiles para resolver el caso(30); (iii) el tercer estándar consiste en que puedan corroborar lo establecido con otros medios probatorios como medios pertinentes para la veracidad de los hechos(31); (iv) el cuarto estándar consiste en que no sean rectificadas(32); (v) el quinto estándar consiste es que su valoración debe tener en cuenta el derecho de todo ciudadano a recibir información e ideas relacionadas con asuntos de interés público(33); (vi) el sexto estándar consiste en que sean aceptados o no sean controvertidos por el Estado(34); y, (vii) el séptimo estándar lleva a concebirlos como documentos que pueden valorarse siempre que estén completos, o por lo menos permitir la constatación de su fuente y fecha de publicación(35), y excepcionalmente se aceptan cuando ninguna de las partes lo objeta o cuestiona su autenticidad(36).

14. Así las cosas, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas, si se compadece con los estándares convencionales y constitucionales y permite que no se niegue el derecho de acceso a la administración de justicia. Con otras palabras, la Sala valora los recortes de prensa aportados por la parte actora, y la información contenida en el mismo. Además de lo anterior, la Sala procederá a apreciarlo en conjunto y contrastado con los demás medios probatorios y en aplicación de las reglas de la sana crítica(37).

15. Una vez analizado el valor probatorio de los recortes de prensa aportados con la demanda, la Sala examina la legitimación en la causa por activa.

3.3. Legitimación en la causa por activa.

16. Los demandantes en la demanda afirmaron su calidad de propietarios del inmueble ubicado en la carrera 2ª número 2-08 del municipio de Vélez, Santander, y que resultó afectado en el incendio ocurrido entre el 23 y 24 de junio de 1999. En tanto que en la apelación el apoderado de los demandantes pretendió afirmar de manera confusa tanto su calidad de propietarios, como de poseedores del mismo inmueble.

17. El Tribunal en la sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa por activa fundado en que de su análisis probatorio nunca se probó la calidad de propietarios de los demandantes para la fecha de los hechos, sin haber aportado la copia de la promesa de compraventa que podía tener el vendedor, ni demostraron su calidad de poseedores.

18. La Sala tiene en cuenta que en el curso de la segunda instancia esta Corporación por auto de 13 de junio de 2006 negó la procedencia y valoración de los medios probatorios allegados por la parte actora con la presentación y sustentación del recurso de apelación, al no cumplirse las exigencias del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 1º de 1984], por lo que la Sala siendo congruente no valorará los mismos para el análisis de esta cuestión procesal.

19. Es a partir de las anteriores condiciones que la Sala procede a examinar este aspecto, tanto en su dimensión de hecho o procesal, y material.

3.3.1. Fundamentos para la consideración de la legitimación en la causa.

20. En la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, compete a la Sala, antes de considerar las pretensiones planteadas en el libelo introductorio, analiza la legitimidad para obrar dentro del proceso de la parte actora o de quien acude como demandado y su interés jurídico en la pretensión procesal, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o a las demandadas(38).

20.1. En primer lugar, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(39), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas(40).

20.2. Dentro del concepto de legitimación en la causa, se vislumbra la legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio(41). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimadode hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

La legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad de damnificado para así obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda(42). Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(43). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo(44).

20.3. En la jurisprudencia de la Sección Tercera se ha establecido que “se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda […] la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño […]”(45).

20.4. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la legitimación en la causa, en su sentido más general, se entiende como el interés que presenta una persona frente a una situación jurídica específica, que le permite asistir a un proceso en calidad de parte con fin de defender sus intereses respecto de la creación, modificación o extinción de obligaciones que surja como efecto de la decisión tomada en el mismo(46).

20.5. En consecuencia previo al análisis de fondo de las pretensiones reclamadas por los mencionados demandantes, la Sala verificará que se encuentre plenamente acreditado la calidad de propietarios aducido en la demanda, pues conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar los presupuestos de hecho o la calidad en que fundamenta sus pretensiones, sin perjuicio que el juez contencioso administrativo de oficio o a petición de parte, según las particularidades de cada caso pueda “distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorables para aportar evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares” [art. 167 inc. 2º C.G.P.].

20.6. En contraposición a lo anterior, la ausencia de legitimación en la causa se presenta cuando el sujeto no presenta ni siquiera un interés mediato respecto de lo debatido en el proceso, por lo cual su asistencia a éste se hace innecesaria e impertinente(47).

20.7. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha construido una postura “consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(48).

20.8. Así las cosas, clarificada la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en el entendido que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(49).

20.9. Así pues, la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa —y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción. Por su parte, la legitimación material supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

20.10. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(50).

20.11. En suma, un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente está legitimado materialmente, ya que ésta solamente es predicable se reitera, de quienes tienen un derecho cierto que habilita el ejercicio de la acción a los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación realde la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra parte(51).

20.12. Determinados los fundamentos en los que se sustenta la Sala para verificar la legitimación en la causa por activa, procede a examinarla en el caso en concreto.

3.3.2. Legitimación en la causa por activa en el caso en concreto. La calidad de propietario del bien inmueble objeto del daño.

21. Debe tenerse en cuenta que en la Sentencia de unificación de 13 de mayo de 2014, expediente 23128, la Sección Tercera definió que la propiedad de un bien inmueble objeto de la litis, con el fin de establecer la legitimación en la causa por activa, puede demostrarse con la inscripción o registro del título en la Oficina de Instrumentos Públicos, teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 43 del Decreto Ley 1250 de 1970 [lo que en la actualidad es regulado por el artículo 46 de la L.1579/2012], estableciéndose “que un título sujeto a registro sólo tiene mérito probatorio cuando efectivamente ha sido inscrito en la correspondiente oficina de instrumentos públicos”.

22. Pese a esta unificación, debe tenerse en cuenta que para acreditar la propiedad de los bienes inmuebles en los procesos contencioso administrativos [y en general en los procesos judiciales], la dilatada jurisprudencia sostiene que los interesados deben aportar la prueba del título y del modo, de manera que al faltar alguno de ellos no se entendía acreditada la calidad de propietario en los términos de los artículos 756 del Código Civil, y 2 del Decreto 1250 de 1970, careciendo de legitimación en la causa por activa.

23. Para el caso en concreto es necesaria la acreditación de la calidad en que se presentaron Wilder Ferney Díaz Torralba y Gloria Esperanza Pardo Torres como demandantes en el momento de la demanda, esto es, como propietarios del inmueble ubicado en la carrera 2ª número 2-08 del municipio de Vélez, Santander, y para la fecha de ocurrencia de los hechos, 23 y 24 de junio de 1999, o incluso como poseedores.

24. Para acreditar esta calidad de los mencionados demandantes en la prueba aportada y recaudada se encuentra los siguientes medios probatorios que serán objeto de valoración:

24.1. Copia auténtica de la escritura pública número 0624, de 12 de octubre de 1999, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Vélez, Santander [fls. 55 a 57 cdno. 1].

“[…] 1. ---- Que por esta pública escritura transfieren a título de venta a favor de los señores: ------------------ Wilder Ferney Diz Torralba y ---------------------------------------------------------- Gloria Esperanza Pardo Torres, […] El Derecho De Dominio y Posesión, Y [sic] todos los demás derechos reales, que junto con sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres el exponente vendedor tiene y posee sobre Una Casa de Habitacion, junto con el terreno donde se encuentra edificada, construida en adobe, teja barro, hoy zinc, con servicios de agua, luz eléctrica y alcantarillado, inmueble que se toma de otro de Mayor extensión, ubicada en el Perímetro Urbano de la ciudad de Vélez Calle 10 # 2-04-08, Carrera 2 # 10-05-09, Departamento de Santander, inscrito en el catastro con el número de orden 010000330043000, con una superficie total de Cuatrocientos Veinticinco Metros Cuadrados (425 Mts2), en la cual el vendedor enajena Ciento Diecisiete Metros Cuadrados (117 Mts2) […]

5. ------------------ Se deja constancia que La [sic] Casa objeto de la venta su techo era de teja de barro, pero por circunstancia de un incendio sucedido sobre el inmueble el día 22 de Junio [sic] de 1999, se cambió por teja de zinc. El Negocio [sic] se realizó por medio de una promesa de venta efectuada hace 3 años 2 meses, fecha en que los compradores tomaron posesión del inmueble objeto de la venta, promesa que feneció en el incendio. La Escritura [sic] no se había solemnizado por circunstancias ajenas a la voluntad de los compradores, ya que sobre dicho inmueble pesaba una hipoteca a favor del Banco Popular Sucursal Velez, la que fue cancelada y levantada con posterioridad al incendio” [fls. 55 y 56 cdno. 1; negrillas fuera de texto].

24.2. Constancia de inscripción dentro del formulario de calificación correspondiente a la matrícula número 37828, expedido el 13 de octubre de 1999, de la escritura pública 0624 [fl. 58 cdno. 1].

24.3. Solamente en el testimonio de Luz Stella Camacho Barrera [fls. 262 a 265 cdno. 1] se manifestó que los demandantes había comprado parte del inmueble sin determinar con claridad cuándo y en qué condiciones.

24.4. Copia del comprobante del pago total número 471841, de 10 de agosto de 1999, que la aseguradora canceló por la indemnización del siniestro identificado con el número 219900033 [fl. 271 cdno. 1], “como consecuencia de las perdidas [sic] causadas en el inmueble del señor Pedro José Ortiz González”, ubicado en el municipio de Vélez, siendo el asegurado el Banco Popular, por valor de veintinueve millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos [$29.842.000.oo].

24.5. Copia de la certificación, de 2 de abril de 2003, expedida por el Director de Indemnizaciones General de Colseguros [fl. 273 cdno. 1], según la cual “como consecuencia del incendio ocurrido en el Municipio de Vélez (Santander) el 23 de Junio de 1999, en el inmueble del señor Pedro Jose Ortiz Gonzalez, se afectó la póliza 2522229 y se canceló al Asegurado [sic] la suma de Veintinueve Millones Ochocientos Cuarenta y Dos mil Pesos M/C ($29.842.000)”.

25. Del análisis conjunto, crítico y contrastado de los medios probatorios la Sala considera que los demandantes si bien noacreditaron su calidad de propietarios o de poseedores, tal como lo invocaron, por lo que habrá lugar a revocar la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: (1) para la fecha de los hechos, 23 y 24 de junio de 1999 se conoce que Wilder Ferney Díaz Torralba y Gloria Esperanza Pardo Torres estaban viviendo y desarrollando ciertas actividades económicas en el predio ubicado en la calle 10 # 2-04-08, Carrera 2 # 10-05-09, inmueble que adquirieron hasta el 12 de octubre de 1999, según lo contenido en la escritura pública 0624, otorgada por la Notaría Segunda del Círculo de Vélez, Santander, y en la constancia de inscripción dentro del formulario de calificación correspondiente a la matrícula número 37828, expedido el 13 de octubre de 1999; (2) debe tenerse en cuenta que en la cláusula quinta de la mencionada escritura se afirmó que los propietarios tomaron posesión del inmueble hacía tres [3] años y dos [2] meses, este hecho como tal tiene respaldo en la prueba testimonial al analizarla en conjunto; (3) sin perjuicio de lo anterior, de los documentos allegados durante la etapa probatoria por la compañía aseguradora Colseguros S.A., se constata que para la fecha de los hechos el propietario era el señor Pedro José Ortiz González, quien fue el reclamante y beneficiario de la indemnización comprendida en la cobertura de la póliza 2522229; luego, (4) le asiste razón a los actores cuando afirmaron en la apelación que el a quo desconoció realidades de equidad y justicia, ya que de acuerdo con la argumentación planteada por la Sala acerca de la naturaleza jurídica de la legitimación en la causa, el juzgador debe verificar que las partes demandante y demandada estén llamadas a incoar la acción, constituyendo un presupuesto procesal previo al análisis de fondo, lo que significa que ante su ausencia habrá lugar a denegar las súplicas de la demanda o las excepciones incoadas por la parte demandada(52), o como en este caso encontrar legitimados en la causa a los demandantes para el presente asunto.

26. Determinados los aspectos procesales previos anteriores, debe procederse a la presentación de los medios probatorios.

4. Los medios probatorios allegados al proceso.

27. Al proceso se allegaron con la demanda, con la contestación de la demanda y se practicaron y aportaron durante el período probatorio los siguientes medios probatorios.

4.1. Pruebas aportadas con la demanda.

1. Copia simple del Oficio del embajador de los Estados Unidos de América dirigido al Director General de la Policía Nacional, con copia al concejal municipal Rodolfo Emilio Patiño de Velez, para la época [fl. 2 cdno. 1].

“[…] Me refiero a su carta de fecha junio 7, 1995, en la cual usted solicita nuestra colaboración para la donación de una máquina de bomberos para el Municipio de Vélez, Santander y a mi carta de fecha junio, 27, 1995 dando respuesta a la misma.

Tal como allí mencionaba, el Sr. Lars Klassen, Representante de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia, realizó algunos contactos en los Estados Unidos y obtuvo respuesta de una firma en el Estado de Iowa quienes, en el pasado, han donado equipos usados para uso humanitario a través de un programa llamado “Denton Amendment Program”.

La Alcaldía Mayor de la ciudad de Vélez debe dirigir su solicitud directamente a el [sic] Sr. Pete Peterson, Gerente de la firma “Fire and Medical Supply Company (Famsco)” […] Cabe anotar que si se logra la donación de este equipo para el Municipio de Vélez, el destinatario debe hacerse cargo de los gastos de transporte y de los trámites de aduana para entrar al país”.

2. Copia simple del Oficio del de los Estados Unidos de América dirigido al Director General de la Policía Nacional, de 27 de junio de 1995 [fl. 3 cdno. 1].

3. Copia simple del Oficio del de los Estados Unidos de América dirigido al concejal del municipio de Vélez Rodolfo Emilio Patiño Conde, de 27 de junio de 1995 [fl. 4 cdno. 1].

4. Copia simple del Oficio del de los Estados Unidos de América dirigido al concejal del municipio de Vélez Rodolfo Emilio Patiño Conde, de 21 de diciembre de 1995 [fl. 5 cdno. 1].

5. Copia simple del Oficio , de 1 de octubre de 1005, del alcalde y del concejal municipal de Vélez [Santander] Rodolfo Emilio Patiño Conde, con el que se solicitó al Gerente General de Fire and Medical Supply Company la colaboración para contar con una máquina de bomberos y de una ambulancia, y del certificado de donación correspondiente para adelantar los trámites respectivos, sosteniendo además en la misma que “que en el momento nos encontramos conformando el cuerpo de bomberos voluntarios en este Municipio” [fls. 6 a 8 cdno. 1].

6. Copia simple del Oficio, de 15 de octubre de 1996, de la Defensa Civil Colombiana en Vélez, Santander [fl. 9 cdno. 1], dirigida a la Oficina Jurídica de la Gobernación de Santander solicitándose “la elaboración del convenio que entraria [sic] a firmarse entre el señor Gobernador y el representante legal de la Defensa Civil del municipio de Vélez Santander [sic]”, agregándose que la donación de la máquina de bomberos sería de responsabilidad de la Defensa Civil.

7. Copia simple de la invitación del Concejo Municipal de Vélez para una reunión relacionada con la donación de la máquina de bomberos [fls. 10 a 12 cdno. 1].

8. Copia simple de la constancia número DCC-DG-SG.183, de 9 de diciembre de 1996, expedida por el Secretario General de la Defensa Civil Colombiana [fl. 13 cdno. 1], de la personería jurídica y representación legal de la Junta de Defensa Civil del municipio de Vélez, Santander.

9. Copia simple de la certificación, de 7 de enero de 1997, expedida por la alcaldía municipal de Vélez, Santander [fl. 14 cdno. 1], según la cual en el mencionado municipio viene funcionando una sede de la Defensa Civil.

10. Copia simple del “Certificate Of Title To A Vehicle” [fl. 15 cdno. 1].

11. Copia simple del Oficio, de 19 de marzo de 1997, del Comité de Importaciones del Incomex, dentro de la radicación 3743 para importación de la máquina de bomberos [fl. 16 cdno. 1].

12. Copia simple de la comunicación de la Agency for International Development, American Embassy en Bogotá, de 22 de abril de 1996, dirigida al concejal municipal de Vélez Santander, Rodolfo Emilio Patiño Conde [fl. 18 cdno. 1], en la que se informa de la existencia de una máquina de bomberos que no podía ser donada y que tenía un costo de dos mil quinientos dólares [U$ 2.500.oo].

13. Copia simple de la tarjeta nacional de inscripción de vehículo número I.I. 2975 [fl. 17 cdno. 1].

14. Copia simple de la traducción de una comunicación con relación al ofrecimiento de una máquina de bomberos [fls. 18 y 19 cdno. 1].

15. Copia simple de la comunicación del Vice-presidente de Famsco Fondation, de 3 de diciembre de 1996 [fl. 20 cdno. 1].

16. Copia simple de la traducción de una comunicación con relación al ofrecimiento de una máquina de bomberos [fl. 21 cdno. 1].

17. Copia simple del “Certificate Of Donation” de la máquina de bomberos expedido por Famsco Fondation [fl. 22 cdno. 1].

18. Copia simple de la Constancia, de 9 de diciembre de 1996, de la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana [fl. 23 cdno. 1], con la que se solicitó la exoneración del pago del Iva a la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander en el proceso de nacionalización de una máquina de bomberos.

19. Copia simple del documento de importación de la máquina de bomberos [fl. 24 cdno. 1].

20. Copia simple del oficio de la Agency for International Development, de la American Embassy en Bogotá, dirigido el 13 de agosto de 1997 al concejal municipal de Vélez, Santander, Rodolfo Emilio Patiño Conde [fl. 25 cdno. 1].

21. Copia simple de comunicado de prensa con el que se informó de la donación de una máquina de bomberos por el gobierno de Estados Unidos al municipio de Vélez, Santander [fl. 26 cdno. 1].

23. Copia simple de la certificación, de 14 de agosto de 1997, expedida por el Director Seccional de la Defensa Civil Colombiana [fl. 27 cdno. 1], de la personería jurídica y representación legal de la Junta de Defensa Civil del municipio de Vélez, Santander.

24. Copia simple del poder otorgado el 27 de agosto de 1997 al Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, por el representante legal de la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander, para que adelantara los trámites de nacionalización y retiro ante la Dian de la máquina de bomberos [fl. 28 cdno. 1].

25. Copia simple del oficio correspondiente al depósito aduanero de la máquina de bomberos [fl. 29 cdno. 1].

26. Copia simple del pago realizado a Usaid, Colombia, por valor de dos millones de pesos [$2.000.000.oo] por el representante legal de la Junta de la Defensa Civil de Vélez, Santander, para el transporte de la máquina de bomberos donada [fl. 30 cdno. 1].

27. Copia simple de la comunicación, de 9 de febrero de 1998, del representante legal de la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander, dirigido al Director General del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional [fl. 31 cdno. 1].

28. Copia simple del Oficio, de 19 de febrero de 1998, del Director General del Fondo Rotatorio de la Policía [fl. 32 cdno. 1].

29. Copia simple de la comunicación, de 3 de abril de 1998, del Presidente de la Junta de la Defensa Civil de Vélez, Santander [fl. 33 cdno. 1].

30. Copia simple del Oficio A-1212, de 2 de junio de 1998, del alcalde municipal de Vélez, Santander [fl. 34 cdno. 1].

31. Copia simple de la comunicación de 3 de junio de 1998de, Presidente de la Defensa Civil de Vélez, Santander, dirigido al personero municipal, solicitando su intervención para que se clarificara la destinación de la máquina de bomberos ya que fue sacada de la escuela de carabineros y desconoce su paradero, teniendo en cuenta que dicho vehículo fue asignado su entidad [fl. 35 cdno. 1].

32. Copia simple de la hoja de inventario individual de vehículo [fl. 36 cdno. 1].

33. Copia simple del Oficio PM-188, de 1 de julio de 1998, del Personero Municipal de Vélez, Santander, dirigido al Presidente de la Defensa Civil, indicándole que se anexaba la copia de la comunicación dirigida al alcalde municipal solicitando claridad respecto a la entrega y asignación del rubro presupuestal para el funcionamiento y mantenimiento del vehículo [fl. 37 cdno. 1].

34. Copia simple del Oficio PM-187, de 1 de julio de 1998, del Personero Municipal de Vélez, Santander, dirigido al alcalde municipal [fl. 38 cdno. 1].

35. Copia simple de la comunicación de 6 de julio de 1998, del Presidente de la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander, dirigido a la Asistente de Proyectos de Usaid Colombia [fl. 39 cdno. 1].

36. Copia simple de la respuesta de la Asistente de Proyectos de Usaid Colombia, de 8 de julio de 1998, a la comunicación del Presidente de la Junta de Defensa Civil de Vélez, Santander [fl. 40 cdno. 1].

37. Copia simple del Oficio, de 24 de agosto de 1998, del Personero Municipal de Vélez, Santander, dirigido al Director de la Escuela de la Policía Nacional [fl. 41 cdno. 1].

38. Copia simple de la hoja de salida de vehículos [fls. 42 a 44 cdno. 1].

39. Copia simple de la ficha de radicación para importaciones [fl. 45 cdno. 1].

40. Recortes de prensa [fls. 46 a 49 cdno. 1].

41. Copia auténtica de la escritura pública número 0624, de 12 de octubre de 1999, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Vélez, Santander [fls. 55 a 57 cdno. 1].

“[…] 1º: ---- Que por esta pública escritura transfieren a título de venta a favor de los señores: ------- Wilder Ferney Diz Torralba y ------------------------------------------------------------------- Gloria Esperanza Pardo Torres, […] El Derecho de Dominio y Posesión, y [sic] todos los demás derechos reales, que junto con sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres el exponente vendedor tiene y posee sobre Una Casa de Habitación, junto con el terreno donde se encuentra edificada, construida en adobe, teja barro, hoy zinc, con servicios de agua, luz eléctrica y alcantarillado, inmueble que se toma de otro de Mayor extensión, ubicada en el Perímetro Urbano de la ciudad de Vélez Calle 10 # 2-04-08, Carrera 2 # 10-05-09, Departamento de Santander, inscrito en el catastro con el número de orden 010000330043000, con una superficie total de Cuatrocientos Veinticinco Metros Cuadrados (425 Mts2), en la cual el vendedor enajena Ciento Diecisiete Metros Cuadrados (117 Mts2) […] 

5. ------------ Se deja constancia que La [sic] Casa objeto de la venta su techo era de teja de barro, pero por circunstancia de un incendio sucedido sobre el inmueble el día 22 de Junio [sic] de 1999, se cambió por teja de zinc. El Negocio [sic] se realizó por medio de una promesa de venta efectuada hace 3 años 2 meses, fecha en que los compradores tomaron posesión del inmueble objeto de la venta, promesa que feneció en el incendio. La Escritura [sic] no se había solemnizado por circunstancias ajenas a la voluntad de los compradores, ya que sobre dicho inmueble pesaba una hipoteca a favor del Banco Popular Sucursal Velez, la que fue cancelada y levantada con posterioridad al incendio” [fls. 55 y 56 cdno.1; negrillas fuera de texto].

42. Comprobantes de pago con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos [fls. 51 y 53 cdno. 1].

43. Impuestos de registro [fl. 52 y 54 cdno. 1].

44. Constancia de inscripción dentro del formulario de calificación correspondiente a la matrícula número 37828, expedido el 13 de octubre de 1999, de la escritura pública 0624 [fl. 58 cdno. 1].

4.2. Aportadas con la contestación a la adición de la demanda.

45. Copia auténtica de la escritura pública número 624, de 12 de octubre de 1999, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Vélez, Santander [fls. 178 a 181 cdno. 1].

46. Copia simple de la tarjeta de propiedad de la máquina de bomberos [fls. 165 a 169 cdno. 1].

47. Copia simple del seguro obligatorio de la máquina de bomberos [fl. 171 cdno. 1].

48. Copia simple del formulario de traspaso nacional [fl. 172 cdno. 1].

49. Copia simple de la Resolución 423 de 11 de agosto de 1976 por la que se reconoció personería jurídica a la Junta de Defensa Civil del municipio de Vélez, Santander [fls. 173 y 174 cdno. 1].

50. Copia simple de la Resolución 123 de 19 de marzo de 1998 por el que se reconoció al representante legal de la Junta de Defensa Civil del municipio de Vélez, Santander [fl. 175 cdno. 1].

51. Copia simple de la tarjeta nacional de inscripción [fl. 176 cdno. 1].

52. Copia simple del formulario de la Declaración de Importación [fl. 177 cdno. 1].

53. Copia simple del recibo oficial de la Contraloría Departamental de Santander [fl. 179 cdno. 1].

54. Copia simple del recibo oficial 5588 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Vélez, Santander [fl. 180 cdno. 1].

55. Copia simple de recibo de recaudo de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Vélez, Santander [fl. 181 cdno. 1].

56. Copia simple del documento de importación de la máquina de bomberos [fl. 182 cdno. 1].

57. Copia simple del Oficio TC-HC 009047, de 28 de abril de 1997, del Subdirector de Transporte de Carga del Ministerio de Transporte, que resuelve consulta sobre la homologación de una máquina de bomberos [fl. 183 cdno. 1].

58. Copia simple del documento de importación de la máquina de bomberos [fl. 184 cdno. 1].

59. Copia simple del auto y del acta de inspección número 0084005 de la Dian [fl. 185 cdno. 1].

4.3. Pruebas practicadas y allegadas durante el período probatorio.

60. Testimonio rendido por Fredy Galeano González [fls. 239 a 243 cdno. 1].

“[…] Del incendio personalmente ese día no se notificó al voluntariado de la defensa Civil [sic] y por ello no estuve presente en el [sic]; quien asistió y controló la situación fue el señor presidente de la Junta Cristóbal Sotelo, desafortunadamente la Institución no pudo prestar el mejor de los servicios porque aunque meses atrás se le había adjudicado un carro de bomberos este vehículo no llegó en condiciones para prestar dicho servicio, a pesar que al administración municipal se le insistió no se recibió el apoyo suficiente para colocar el vehículo en óptimas condiciones. Nosotros a pesar de que somos una institución de socorro cuando recibimos elementos de esta clase como el carro de bomberos quienes se apersonas [sic] de su mantenimiento y de implementos para que funcione son las administraciones municipales, porque nosotros no tenemos los recursos para el sostenimiento y mantenimiento de un vehículo de estas condiciones. No recuerdo el día exacto, yo estaba presente en el municipio, pero la mayoría de los voluntarios nos enteramos al otro día, no se reportó la emergencia a tiempo, además de que no había nada que hacer, a baldados de agua era imposible controlar esa emergencia. Nosotros somos una institución sin ánimo [sic] de lucro adscrita la Ministerio de Defensa, las personas que la conforman son personas que se capacitan y prestan un servicio voluntario, no tenemos remuneración alguna, por consiguiente es responsabilidad de las administraciones municipales la colaboración en recursos y material para atender las diferentes emergencias que se presenten. Desde que el carro de bomberos llegó a Vélez presentaba deficiencias, mecánicamente la bomba no servía, no tenía boquillas ni mangueras que sirvieran para prestar el servicio, las mangueras estaban deterioradas, los extinguidores ninguno servía, aún a hoy ninguno sirve. Nosotros habíamos tenido varias emergencias y una vez que vino el General Rosso se le solicitó y fue así que por intermedio de la Embajada de los Estados Unidos se consiguió, es un carro bastante viejo, aquí se le hicieron prácticamente adaptaciones, algunos repuestos toca traerlos de Alemania, las adaptaciones se hicieron meses después de ocurrido el incendio, el carro reposaba en la escuela de carabineros, a la intemperie, arrumado allá. Nosotros asumimos la responsabilidad de hacer la diligencia para que ese carro se le adjudicara al municipio de Vélez, el carro en las condiciones en que llego [sic] no servía para nada, como lo digo, las personas que trabajamos en la defensa civil, prestamos los servicios hasta donde alcancemos, pero en si [sic] la administración municipal es la que debe preocuparse por que [sic] los recursos que llegan por prevención y atención de desastres y que se asignan a ese rubro realmente se ejecuten para eso, ya después del accidente, cada municipio debía crear su propio cuerpo de bomberos, de ahí fue que se entró a conformar dicho grupo, ya existiendo se le adjudicó el carro a ellos. La Administración municipal se ha limitado a colaborarnos en los momentos de emergencia, en ese entonces para mantener la sede abierta se prestaba el servicio de radio teléfono […] para el momento del incendio solo contábamos con la voluntad de prestar el servicio ya que al carro de bomberos no le funcionaba la bomba que expulsa el agua, los extinguidores no servían […] después que ocurrió el incendio se entró a colocar los llamados hidrantes, no recuerdo si frente al inmueble existe hidrante […] No tuve conocimiento del motivo del incendio, los daños causados fue que la estructura del edificio con paredes de adobe, cana [sic] y madera, quedó destruido, necesariamente tocaba demolerse. El vehículo de bomberos se encontraba en la Escuela de Carabineros, arrumado allá a la intemperie. En ese momento si hubiesen 200 o 300 voluntarios era imposible controlarlo, por falta de medios para ello, en toda la provincia no hay máquina para bomberos, sólo acá en Vélez pero no sirve. Esa vez se trató de controlarlo evitando que se extendiera a otras casas […] En la edificación vivía el señor Wilder y la señorita con que [sic] convive, ellos vivían allí, según me acuerdo tenían un negocio, no recuerdo bien, esa edificación era de dos pisos, en el primero, para ese tiempo tenían como una miscelánea, lo que estoy seguro es que habitaban en esa casa, creo que vivían el segundo piso […] Desafortunadamente en estas casonas, tan viejas, el cableado no se ha cambiado o entubado y al unirse es que se presenta el corto. También el recargo de elementos eléctricos a una sola toma, todo esto se debe también a descuidos del dueño de la casa, se deben realizar revisiones periódicas, más en estas casas viejas que por su composición son fáciles de conflagración” [fls. 239 a 243 cdno. 1].

61. Testimonio rendido por Jhonatan Andrés Mejía Pardo [fls. 244 a 246 cdno. 1].

“[…] de ese incendio no recuerdo exactamente la fecha, eso hace como 3 años, hasta donde yo se fue un corto que ocasionó el incendio, desafortunadamente no había nadie en la casa; el carro de bomberos cuando estaba en campaña el señor Patiño lo mostraba, luego cuando fue alcalde ya fue y lo dejó en la escuela de carabineros y no se volvió a ver el carro, allá estaba tirado el carro, el día del incendio llegaron fue los carros de Tunja y Socorro y el de acá no se vio […] tengo entendido que la poco tiempo también hubo un incendio en el barrio Santa Teresita y tampoco sirvió el carro. En la casa tenían un juego de alcoba, sala, comedor, dos televisores, equipo de sonido, tenían bastante música, CD, en el segundo piso había un almacén de ropas, calzado, joyas, porcelana, estaban las vitrinas del almacén, la señora trabajaba con productos yambal [sic], ella tenía lociones, también un computador, dos estufas, cocina integral, tenían atari, cuadros, en el primer piso funcionaba una tienda de una señora que no recuerdo ahora el nombre. Yo se de las cosas que tenían porque soy amigo de Wilder y entraba constante allá, entraba a escuchar música, a tomar, a hablar un rato. Preguntado: Cuánto tiempo hace que usted conoce a Wilder Ferney Díaz Torralba, dónde y por qué motivos lo conoció? Contesto: Hace como 8 años que lo conozco, lo conocí acá en Vélez, lo conocí porque es amigo de un primo y el [sic] me lo presentó. A Gloria Esperanza Pardo Torres también hace por el mismo tiempo, la conocí porque ella es la esposa de él […] Preguntado: Cual [sic] cree usted que haya sido el motivo que dio origen al incendio presentado en la casa de habitación de Wilder Ferney Díaz y Gloria Esperanza Pardo?. Contesto: tengo entendido que fue un corto circuito, sinceramente no puedo decir sobre el sistema eléctrico, yo entraba allá pero no veía nada raro del cableado, eso era normal, los tomas estaban bien, se enchufaba el equipo y trabajaba bien. Preguntado: Sabe usted qué personas y entidades colaboraron con la extinción del fuego en el incendio provocado en la casa Wilder y Gloria Esperanza? Contesto: Que yo sepa estaba en ese momento Yessid [sic] Barbosa y los vecinos por ahí, estaban echando agua, yo no estuve ahí, yo me di cuenta al día siguiente en la mañana. No se si la alcaldía colaboraría, se que fueron los vecinos del lugar y los carros de Bomberos [sic] de Socorro y de Tunja […] El carro de bomberos del municipio si sé que no estuvo porque no estaba en funcionamiento, el carro estaba tirado en la escuela de carabineros y que no servía pero no se la razón de ello” [fls. 244 a 246 cdno. 1].

62. Testimonio rendido por Fernando Mauricio Camacho Pico [fls. 247 a 253 cdno. 1].

“[…] Para la época de los, [sic] hechos, los cuales no puedo precisar exactamente me desempeñaba como Personero de Vélez, recuerdo que fue entre semana, no se si fue miércoles o jueves, hechos de los cuales me enteré al día siguiente, pues pese a residir aquí en el municipio no fui en su debido momento enterado o llamado por persona alguna, yo residía como a dos cuadras y media del sector donde ocurrió el incidente, por lo que pude averiguar el hecho se suscito aproximadamente a la media noche y tengo entendido que el mismo se trató de controlar por parte de la comunidad que acudió a colaborar en ese sentido, igualmente me fue comentado de que el mismo había tomado las dimensiones que finalmente tomó debido a que la máquina de bomberos del municipio no había funcionado, es decir, no la habían podido encender para traerla desde el lugar donde se encontraba que eran las instalaciones del Sena y como consecuencia no pudo ser utilizada para sofocar el incendio […] si los conozco, a Wilder desde hace aproximadamente 5 o 6 años, desde que retomé las personería aquí en Vélez y al encontrarse éste vinculado con pastoral social, además de ser éste el esposo de Esperanza Pardo a quien conozco desde hace más de 20 años, por ser natural de este municipio […] La casa de ellos quedaba ubicada en la calle 10 con carrera 2 esquina, actualmente se encuentra el solo lote sin construir, la casa de habitación correspondía al segundo piso de dicho inmueble, esto lo se por conocimiento directo […] sí me consta es que ella estaba dedicada a la venta de productos de belleza y cosméticos, los cuales mantenía en su residencia, ello me consta porque respecto de dichos productos, en lo relacionado con la línea de hombre adquirí en varias oportunidades lociones […] como organismos de socorro para la época de los hechos en el municipio existía la defensa civil y la cruz roja, igualmente se había constituido de manera provisional el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio en atención la máquina de bomberos que poseía el mismo, en virtud de una donación que había hecho el gobierno de Estados Unidos a través de la gestión hecha por el General Rosso José Serrano y el Alcalde de ese entonces Rodolfo Emilio Patiño Conde, vehículo que había llegado al Municipio a finales del año 1997, en octubre aproximadamente y que para efectos de su legalización por hechos que conocí después y documentación que tuve en mis manos se había utilizado la razón social de la Defensa Civil […] debido a esa situación y con posterioridad al incendio ocurrido se generó una pugna entre el municipio y la defensa civil en lo relacionado con la propiedad del mismo. Preguntado: La máquina de bomberos a que usted hace referencia se encontraba con su conocimiento en condiciones de prestar el servicio en caso de un accidente como el ocurrido? Contesto: conforme a mi conocimiento sí, por cuanto que el municipio había invertido dineros del presupuesto destinados para ello en la reparación y adecuación del mismo a efectos que cumpliera con sus funciones por decirlo de alguna manera, en el evento de presentarse una eventualidad y así se le hizo saber a la comunidad, recuerdo que a través de manifestaciones hechas por la Emisora [sic] en el sentido de que la máquina era idónea para atender cualquier emergencia, igualmente sobre la misma se habían realizado pruebas para corregir errores y fallas que tuviera, al punto que tengo entendido que la dificultad presentada el día del accidente obedeció fue a su sistema de arranque, impidiendo que pudiera haber sido desplazada al lugar de los hechos, pese a los esfuerzos que se hicieron en tal sentido para solucionar ese problema […] Tengo conocimiento directo que la empresa de servicios del Municipio, es decir, Emprevel, para la época de los hechos y previendo este tipo de situaciones y viendo que el municipio carecía de ellos, instaló en ciertos sitios estratégicos del municipio varios hidrantes, sino estoy mal, en la esquina de la Iglesia, cerca al sector donde sucedieron los hechos fue ubicado uno de ellos, en lo que si quiero hacer claridad es que desconozco si los mismos debido a la problemática de la permanencia del agua que señala el Despacho, pudieran cumplir a cabalidad con la misión para la cual fueron instalados […] en las pocas reuniones que este tipo de comité tuvo, se hicieron las sugerencias respectivas, no solo por parte de la personería a mi cargo en ese entonces, si no también por alguno de los asistentes a la misma, pero como ya lo indiqué, se quedaban solamente en eso, en sugerencias siendo muy pocas de ellas llevadas a la realidad, como fue el hecho de la instalación de los hidrantes y el mantenimiento que habría de hacerse al vehículo especialmente en su parte de funcionamiento […] siempre se aducía circunstancias de apropiación presupuestal que impedían cumplir con ello. De otro lado, la parte cultural con relación a los propietarios de estas viviendas con altos riesgos, dada su infraestructura, impidió también o fue un obstáculo para que dichas circunstancias se llevaran a la realidad, toda vez que al propietario de dichos inmuebles cuando se les habla de tener que realizar cualquier erogación se oponen a ello, muy a pesar de que va en su beneficio propio” [fls. 247 a 253 cdno. 1].

63. Testimonio rendido por Cristóbal Sotelo Mosquera [fls. 254 a 261 cdno. 1].

“[…] La verdad es que del incendio supe al otro día, eso hace como en junio o julio del año 2000, la fecha no la recuerdo exactamente, nosotros subíamos y vimos que la panadería de Alberto había sacado todo porque la casa se había quemado, yo mas [sic] o menos tenía conocimiento sobre la negligencia de la administración respecto de la máquina de bomberos del municipio, la máquina llegó a Vélez ocho días antes de las elecciones para alcalde, rodolfo [sic] Emilio Patiño la trajo de Bogotá para esa época, la pasió [sic] en el pueblo, posteriormente la trasladó a la escuela de carabineros, en ese tiempo yo era presidente de la defensa civil en Vélez, inicié a hacer los trámites correspondientes para saber de quién era el uso y manejo de esa máquina porque se habían gestionado los trámites a través de la defensa Civil pero como llegó por esas manos de don Rodolfo [sic] acá a Vélez iniciamos el proceso con la personería para que se aclarara y muchas veces hice la petición tanto a la escuela de carabineros como al señor Alcalde para darle un uso a esa máquina y prestarle el servicio a la comunidad, en cuanto a esos oficios empezaron para allá y para acá, pero nunca me dieron una respuesta verdadera a eso, sino que hasta los diez días después de ocurrido el incendio me llamaron dentro del comité local de emergencia y me dijeron que había que poner en uso esa máquina, la documentación que se le pasó a la escuela de carabineros, al señor Alcalde de esa época creo que en este momento reposa en los archivos de la personería porque todo eso era copia para esa oficina […] a Wilder como hace 8 años, lo conocí en Vélez […] A Gloria hace como 14 años […] en esa fecha pues especialmente la defensa civil las funciones son de búsqueda y rescate y como dentro del municipio no había un grupo para controlar incendios, nosotros también prestábamos el servicio a la comunidad en esos eventos […] pero en esa época como no había cuerpo de bomberos constituido en Vélez entonces nosotros como institución por eso le solicitábamos la máquina al municipio ya que se habían hecho las gestiones por medio de la defensa civil […] Si no estoy mal vino bomberos de Tunja o de Chiquinquirá o Socorro, ellos deben de tener el dato sobre lo que causó el incendio, ellos deben reportar eso, es probable que hubiera sido por el sistema eléctrico, y es que por la infraestructura de las casas antiguas de Vélez pueda pasar eso […] Respecto de Gloria Esperanza, ella en el sitio del incendio tenía un almacén y vendía cerámicas y también vendía y vende productos de yambal [sic] o evel [sic] […] el carro no lo entregaron sino estoy mal el incendio fue el 23 o 24 de junio y no la entregaron ocho días después del incendio […] que las mangueras no eran la [sic] adecuadas es mentira, porque vuelvo a lo anterior, yo en el aeropuerto Catam vi las mangueras en buenas condiciones sino que el carro aquí en Vélez duro [sic] con esas mangueras un tiempo, creo que un año o dos años al sol y al agua, como esas mangueras llevan una lona se pudrieron […] actualmente creo que hay como unos 6 hidrantes pero para esa época no había problema porque aquí frente al palacio había uno y estaba en servicio, de ahí sacaron agua para llevar allá. Para la media noche en que se presentó el incendió había agua y podía haberse dado el servicio porque en el acueducto existe un empleado de diario, así sea de noche […] la Ley 322 de 1996 dice que cada municipio debe conformar su cuerpo de bomberos o contratar con el cuerpo de bomberos más cercano, simplemente hubo negligencia de la administración municipal […] y es que en Vélez todas las casas viejas tiene [sic] ese problema de las instalaciones antiguas y por esa forma se presentan muchos cortos” [fls. 254 a 260 cdno. 1].

64. Testimonio rendido por Luz Stella Camacho Barrera [fls. 262 a 265 cdno. 1].

“[…] primero que todo soy más [sic] amiga de esperanza [sic] que de Wilder, yo la conocí porque cuando eso ella estaba afiliada a Evel, trabajábamos las dos, y yo iba constantemente a la casa de ella, a Esperanza la conocí hace como 12 años aproximadamente, la conocí acá en Vélez […] yo recuerdo que allí primero funcionaba comfenalco [sic], luego me enteré que ellos habían comprado una parte, y también que ellos independizaron los servicios, inicialmente Esperanza tuvo el almacén en el primer piso, luego pasaron para el segundo piso, eso era una casa vieja pero ellos la adecuaron cuando se pasaron, el piso era de baldosa abajo y en madera el segundo, allí mismo vivían, eso tenía una sala amplia […] No recuerdo la fecha del incendio, me acuerdo que el alcalde era Patiño, ya existía el carro de bomberos, yo estaba aquí en Vélez cuando sucedió el incendio pero me enteré al día siguiente […] todo estaba quemado, ella dice que posiblemente fue un corto circuito […] ellos no estaban esa noche, Wilder creo que estaba viajando […] el carro del municipio nunca llegó esa noche, según comentarios creo que llegó de otro lado para apagarlo […] ella tenía muchas cosas allí, incluso una chimenea, yo creo que con la casa y los bienes por ahí más de cien millones de pesos en mercancía, sobre la casa no se el valor, ella vendía mucha mercancía de evel, vendía muchos perfumes y son carísimos […] Ellos después del incendio se fueron a vivir a donde los papás de esperanza y en la actualidad viven allá todavía” [fls. 262 a 265 cdno. 1].

65. Testimonio rendido por Carlos Darío Pérez Castro [fls. 266 a 269 cdno. 1].

“[…] El día que se presentó este incendio, la verdad no recuerdo la fecha exacta, pero el día en que se presentó yo estuve en ese sitio donde se presentó y observé que la habitación de los señores Díaz Pardo, en la vivienda ubicada en la calle 10 con carrera segunda se estaba incendiando, cuando yo llegué las llamas habían avanzado bastante, no recuerdo a qué hora fue que se presentó, eso fue en horas de la noche, los vecinos colaboraban y las personas que se hacían presentes estaban tratando de controlar las llamas, la gente pedía auxilio y la presencia de los bomberos, situación que no se dio en razón a que el vehículo del municipio de Vélez se encontraba parqueado en la escuela de carabineros […] a Gloria Esperanza la conozco hace como 15 años, creo que más […] Durante el tiempo que yo estuve presente en el sitio de los hechos no llegó la máquina del municipio, las razones del por que [sic] no llegó la máquina las desconozco […] por tratarse de un vivienda antigua se prevé la fácil iniciación del fuego en un descuido por una veladora o en un momento dado un corto circuito o un recalentamiento de los cables de la energía, pues nunca escuché hablar sobre fuga de gas” [fls. 266 a 268 cdno. 1].

66. Comunicación, de 8 de abril de 2003, de la Directora Jurídica y de Indemnizaciones de la aseguradora Colseguros, Regional Santanderes [fl. 270 cdno. 1], con la que se informó que la póliza relacionada con el incendio era la número 2522229, anexándose los siguientes documentos:

66.1. Copia del comprobante del pago total número 471841, de 10 de agosto de 1999, que la aseguradora canceló por la indemnización del siniestro identificado con el número 219900033 [fl. 271 cdno. 1], “como consecuencia de las perdidas [sic] causadas en el inmueble del señor Pedro José Ortiz González”, ubicado en el municipio de Vélez, siendo el asegurado el Banco Popular, por valor de veintinueve millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos [$29.842.000.oo].

66.2. Copia de la orden de pago número 523597, de 27 de setiembre de 1999, realizado a Hudson Ltda por los servicios prestados [fl. 272 cdno. 1].

66.3. Copia de la certificación, de 2 de abril de 2003, expedida por el Director de Indemnizaciones General de Colseguros [fl. 273 cdno. 1], según la cual “como consecuencia del incendio ocurrido en el Municipio de Vélez (Santander) el 23 de Junio de 1999, en el inmueble del señor Pedro Jose Ortiz Gonzalez, se afectó la póliza # 2522229 y se canceló al Asegurado [sic] la suma de Veintinueve Millones Ochocientos Cuarenta y Dos mil Pesos M/C ($29.842.000)”.

28 Delimitados los medios probatorios que obran en el proceso, y los cuales se valoraran tanto en copia simple, como en copia auténtica según lo sustentado ya por la Sala en el título de aspectos procesales previos, se debe establecer al alcance de la impugnación presentada por la parte actora.

5. Alcance de la impugnación presentada por la parte actora.

29. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos por la parte actora en su escrito de apelación, específicamente porque se afirmó que se produjo un daño antijurídico imputable a la entidad municipal demandada, y en caso de superar estos dos escenario definir la procedencia del reconocimiento y liquidación de los perjuicios alegados y demostrados.

30. Con base en la anterior delimitación de la impugnación la Sala formula el siguiente problema jurídico.

6. Problema jurídico.

31. Del análisis material y sustancial de las pruebas anteriores se puede formular como problema jurídico el de determinar si está probado el daño antijurídico, para así establecer si cabe imputar a la entidad municipal demandada, habida cuenta que se trató de un incendio que afectó un inmueble y los bienes de un establecimiento de comercio de los demandantes, respecto de los cuales presuntamente no se prestó el servicio público de prevención y control de incendios por parte de la autoridad encargada para la época de los hechos en el municipio de Vélez, Santander.

32. El sustento fáctico de las pretensiones de la demanda se encamina a sostener que entre el 23 y 24 de junio de 1999 se presentó un incendio que afectó un inmueble y los bienes de un establecimiento de comercio que presuntamente tenían los demandantes, el cual no fue atendido por las autoridades municipales de Vélez, Santander.

33. De lo dicho anteriormente se exige valorar si se encuentra acreditado el daño antijurídico como elemento que hace parte del objeto de apelación de la parte actora.

7. Presupuestos del daño antijurídico.

7.1. La noción de daño en su sentido general.

34. Daño ha de entenderse como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño sólo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:

“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde no hay interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente protegido» […]”(53). 

35. Ahora bien, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual(54). En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto(55)-(56), esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:  

“[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia(57)”. 

36. La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si la existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización(58). De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual(59). 

7.2. La noción de daño antijurídico.

37. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal [carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural], a la esfera de actividad de una persona jurídica [carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], o a la esfera patrimonial [bienes e intereses], que no es soportable por quien lo padece bien porque es irrazonable, o porque no se compadece con la afirmación de interés general alguno.

37.1. Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.

37.2. El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(60) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(61); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(62); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(63), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(64); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(65), o de la cooperación social(66).

37.3. En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(67). Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(68). 

37.4. De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(69). 

37.5. Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(70). 

37.6. Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(71). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(72), anormal(73) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(74).

38 Con base en la motivación y justificación anterior, y ateniéndose estrictamente a las pruebas obrantes en el proceso, la Sala de Sub-sección analizará el daño antijurídico en el caso concreto.

7.3. El daño antijurídico en el caso concreto.

39. En cuanto a la ocurrencia del incendio quedó demostrado que entre el 23 y 24 de junio de 1999, aproximadamente a las 12:30 de la medianoche este se produjo afectando, entre otros, el inmueble ubicado en la calle 10 # 2- 04- 08, carrera 2 # 10-05-09, en donde Wilder Ferney Díaz Torralba y Gloria Esperanza Pardo Torres vivían y la segunda desarrollaba una actividad comercial, en la ciudad de Vélez, Santander.

40. No obstante, en la demanda se afirmó el detrimento por la pérdida del inmueble y de los bienes que se encontraban en su interior y se destinaban a actividades comerciales. Y si bien se aportó la pública número 0624, de 12 de octubre de 1999, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Vélez, Santander [fls. 55 a 57 cdno. 1], con la que se protocolizó la transferencia del dominio del mencionado inmueble, así como la constancia de inscripción dentro del formulario de calificación correspondiente a la matrícula número 37828, expedido el 13 de octubre de 1999, de la escritura pública 0624 [fl. 58 cdno. 1], siendo necesario para la Sala en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia determinar si se demostró el daño antijurídico en cabeza de los demandantes y por la pérdida del inmueble.

41. Sin embargo, en cuanto a las bienes y mercancías que se reclamaron como parte de los perjuicios no se aportaron los formularios de registro y de renovación de la matrícula mercantil, siendo necesario para la Sala, en garantía plena del derecho de acceso a la administración de justicia indagar si se logró demostrar, como legalmente se exige para aquel que desarrolla actividades comerciales, el daño antijurídico causado como consecuencia del incendio acaecido entre el 23 y 24 de junio de 1999 en el inmueble ubicado en el municipio de Vélez, Santander.

42. En cuanto al primer supuesto, examinados todos medios probatorios integral, conjunta y críticamente, la Sala encuentra: (1) que si bien se afirmó la existencia de una promesa de compraventa, pero que se quemó en el incendio, no haya prueba de este hecho, y no fue aportada la misma dentro del plenario; (2) no obstante, en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, y pese a haberse negado como prueba por providencia dentro de la segunda instancia, un documento aportado con la apelación que encontrándose incinerado comprendía la promesa de compraventa, debe tenerse en cuenta esta misma, siguiendo la legislación y jurisprudencia, produce fundamentalmente una obligación de hacer consistente en celebrar el negocio prometido(75) [en el caso en concreto la compraventa del inmueble identificado], que en caso de ser solemne exige el otorgamiento de una escritura pública, tal como ocurre con la compraventa de inmuebles(76) [con base en lo exigido en el numeral 4 del artículo 1611 del Código Civil]; (3) debe tenerse en cuenta que el contrato de promesa de venta implica una obligación de hacer lo dispuesto dentro del clausulado del contrato y es el contrato de venta de un inmueble el título mediante el cual se adquiere el mismo, siendo el folio de matrícula con el que se registró la escritura pública respectiva, siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera(77), el documento con el que se debía acreditar que los demandantes para el 23 y 24 de junio de 1999 eran los propietarios del inmueble afectado por el incendio, lo que no ocurrió o se acreditó dentro del proceso; (3) así mismo, la promesa tampoco confiere la posesión sobre un inmueble, si no se puede constatar en la misma que se haya establecido lo contrario, ya que en ese evento sólo otorga la mera tenencia, ya que como se sostiene en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por “regla general, quien obrando como propietario [para el caso en concreto Pedro José Ortiz González] pleno celebra promesa de contrato en esas condiciones, sigue conservando el derecho de dominio; apenas contrae obligación de hacer, esto es, la de celebrar el contrato prometido, pero no ejecuta la tradición, tampoco la promesa envuelve la ejecución de una obligación de dar el derecho de dominio, simplemente apareja la de celebrar el contrato; apenas entrega la tenencia mas no la posesión de quien es dueño. Ni aun señalando que transfiere la posesión material al promitente comprador y asentando que desde ese momento lo torna poseedor”(78); luego, (4) con fundamento en los anteriores argumentos la Sala no encuentra demostrado que se haya producido un daño antijurídico por la pérdida del inmueble en cabeza de Wilder Ferney Díaz Torralba y Gloria Esperanza Pardo Torres, quienes simplemente tenían la tenencia de un inmueble sobre el que no tenían la propiedad o la posesión, y que de la promesa no hacía desprender derecho alguno sobre el que podía reclamar la ocurrencia con carácter personal de un daño, ya que no ostentaba calidad alguna para exigirlo en los argumentos ya planteados. 

43. Ahora bien, con relación a los bienes y mercancías que se encontraban al interior del inmueble ubicado calle 10 # 2-04- 08, carrera 2 # 10-05-09, que se perdieron para los demandantes, con ocasión del incendio ocurrido entre el 23 y 24 de junio de 1999 en el municipio de Vélez, Santander.

44. En ese sentido, cabe aplicar lo consagrado en el Código de Comercio tanto a las demandantes en su calidad de comerciantes, como a las actividades que desplegaban en los establecimientos de comercio afectados. De dicha aplicación surgen una serie de deberes: i) las demandantes como comerciantes estaban en la obligación de inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija dicha formalidad (art. 19 num. 2º del C. de Co); ii) inscribir la apertura del establecimiento de comercio (art. 28 num. 6º del C de Co); iii) conformar la contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones del Código de Comercio (art. 48 del C. de Co); iv) al iniciar actividades y cada año debían tener un inventario y balance general con el que se podría conocer, para los procesos acumulados en curso, de la cantidad de mercancía que tenían almacenada, nivel de ventas o producción económica con cada uno de los establecimientos de comercio, con lo que se permitiera revelar la situación del patrimonio de cada uno de las demandantes comerciantes, lo que habría llevado al expediente los respectivos “comprobantes de contabilidad” que respaldaran dicha valoración económica (art. 53 del C. de Co)(79). 

44.1. Con otras palabras, si las demandantes hubieran llevado, exhibido adecuadamente y ceñido a la ley sus libros y documentos de comercio, estos se habrían constituido en prueba suficiente de las cuestiones mercantiles (art. 68 del C. de Co)(80) que se reclaman como objeto del perjuicio a reconocer en los procesos. Sin embargo, las demandantes sólo aportaron copia simple de dos inventarios de sus mercancías que no cumplen los requisitos legales, que habrían permitido establecer tipo, cantidad y valor de la mercancía que se encontraba en los establecimientos de comercio previo al incendio que se produjo(81). 

44.2. Correspondiente con lo anterior, todo comerciante (como los demandantes) está en la obligación legal de elaborar periódicamente un inventario y un balance general, por lo menos anualmente, lo que debe consignarse en los libros y papeles de comercio, que pueden obrar en los procesos ante cualquier jurisdicción con la validez, ya que se encuentran refrendados por contador público o revisor fiscal (siguiendo la interpretación sistemática de lo consagrado en los arts. 19.2 y 3, 52 y 68 del C. de Co)(82). 

44.3. Así mismo, no demostraron como se exige legalmente cuál era el beneficio económico que percibían por sus actividades comerciales previo al incendio, ni se pudo estimar a cuánto podía ascender el menoscabo que se desprendía de la necesidad de cerrar los establecimientos de comercio, y del nivel de ventas y el beneficio económico que se dejaba de percibir posteriormente al siniestro(83). En cuanto a esto, el precedente de la Sala indica: 

“Es extraño además que si para los Juicios Contencioso Administrativos la Ley exige la presentación de la declaración de renta ella no se haya aportado se considera así porque en la unidad de las cosas, que busca el ordenamiento jurídico no deben quedar disociados los puntos relativos a la afirmación concurrente de lucro cesante y de menoscabo en una actividad económica en diferentes épocas y para un asunto judicial con verdadera realidad histórica, la cual se presumiría con lo dicho en la declaración de renta”(84). 

44.4. Por lo tanto, y en esto se entrará a modificar la sentencia del a quo, para la Sala no se demostró el daño, ni económico, ni moral (respecto al que nos pronunciamos a continuación)(85), y como bien lo señala el precedente de la Sala: 

“Y como no recayó sobre situaciones de las cuales puede inferirse, era necesario demostrar los fundamentos fácticos que estructurarían la expresión objetiva de la conducta nociva; así lo dijo la Sala en anterior oportunidad, en sentencia proferida el día 10 de abril de 1997(86). El estudio anterior de la Sala conduce a concluir, al igual que el A quo, que las pretensiones de la demanda no deben prosperar, pero bajo el análisis concreto de cada una de las pruebas, con sustento de decisión”(87).  

44.5. Advierte la Sala, que el precedente, que ha tenido continuidad en el tiempo, establece que el daño para ser indemnizable “debe revestir las características de cierto, particular y que lesione un derecho protegido jurídicamente o sobre el cual el Estado ha creado confianza legítima”(88). 

44.6. Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir, diferente al análisis realizado por el a quo, que declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa, sin haberse establecido la misma, y ante la ausencia de prueba del daño las pretensiones de la demanda no deben prosperar(89). 

44.7. Así como no se acreditó el daño y los perjuicios suficientemente respecto a la afectación al patrimonio de los demandantes, no puede la Sala tampoco reconocer los daños morales pretendidos. Si bien la Sala ha admitido la posibilidad de reconocer el perjuicio moral ocasionado por el daño o pérdida de bienes, este debe ser plenamente demostrado, no operando presunción alguna, requisito que no se encuentra reunido en el plenario. En concreto, sólo obra en el expediente la manifestación realizada en la demanda, sin que haya sido aportada o pedida prueba alguna que se encaminara hacia su plena demostración(90). 

45. Definido lo anterior, resta por abordar a la Sala la determinación de la procedencia de la condena en costas o no a alguna de las partes en el proceso.

8. Costas.

46. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR el numeral primero de la Sentencia de 15 de diciembre de 2004 proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, con base en la parte motiva de esta providencia.

2. MODIFICAR el segundo numeral de la Sentencia de 15 de diciembre de 2004 proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, para en su lugar NEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda.

3. ABSTENERSE de condenar en costas a las partes en el proceso.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

Magistrados: Guillermo Sánchez LuqueJaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala.

1. “[…] El supuesto incendio dicen los demandantes ocurrió [sic] el 23 de junio de 1999, y según se desprende de la escritura 0624 de octubre de 1999, es decir 4 meses después [sic] del incendio, el inmueble que la parecer fue objeto de supuesto incendio fue vendido por el señor Pedro Jose Ortiz Gonzalez a los señores Wilder Ferney Díaz Torralba y Gloria Esperanza Pardo Torres […] al momento del supuesto incendio, es decir el 23 de junio de 1999, aun no le había [sic] sido trasferida [sic] la propiedad del inmueble”.

2. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 1º de 1984], subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado.

3. La mayor pretensión de la demanda ascendía a la suma de ciento trece millones trescientos veinticinco mil pesos [$113.325.000.oo], por concepto de perjuicios materiales, lo que implica que se supera la cuantía exigida para el 3 de diciembre de 1999, fecha en la que se presentó la demanda, la que correspondía, según el Decreto 587 de 1997, al valor de dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos [$18.850.000.oo].

4. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 7 de octubre de 2014, expediente 11001-03-15-000-2010-01284 (Rev).

5. Sección Tercera, Sentencias de 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; de 31 de agosto de 2006, expediente 28448; de 21 de mayo de 2008, expediente 2675; de 13 de agosto de 2008, expediente: 35062, entre otras.

6. Según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

7. Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. Según esta Sentencia: “[…] En principio, se estableció la presunción de autenticidad de los documentos públicos mediante el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la tendencia legislativa ha estado encaminada a afirmar la presunción de autenticidad tanto de los públicos como de los privados. La Ley 1395 de 2010, modificó el inciso cuarto de la citada norma procesal, señalando que se presumen auténticos los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 244 del Código General del Proceso (L. 1564 de 2012)”.

8. Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[…] La distinción entre el valor probatorio de los documentos originales y las copias se ha ido disolviendo en el desarrollo legislativo. El citado artículo 11 de la Ley 1395 de 2010 señaló que con independencia de si el documento es allegado en original o en copia éstos se presumen auténticos, hecho que como se explicó, permite que sean valorados”.

9. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Argüelles y otros vs. Argentina, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párrafo 60. Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 140; caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, Sentencia de 27 de agosto de 2014, párrafo 34; caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, Sentencia de 29 de mayo de 2014, párrafo 54.

10. Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[…] Exigir esta actuación en nada afecta la autonomía judicial para la valoración probatoria toda vez que el hecho de que solicite pruebas de oficio, en particular originales de documentos públicos, no implica necesariamente que se le otorgue pleno valor probatorio a estos. Lo que se pretende es que el juez cuente con los mayores elementos posibles para que dentro de las reglas de la sana crítica valore en su conjunto la totalidad de las pruebas y pueda llegar a un fallo de fondo con la máxima sustentación jurídica y fáctica posible. Evitar el exceso de ritualismo y garantizar la efectividad del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, fueron dos objetivos reafirmados por el legislador al expedir el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 11 del CGP expresamente señaló que “al interpretar la ley procesal el juez procesal deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (…) El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidad innecesarias”. Así mismo ambas normas señaladas al igual que los antiguos Código de Procedimiento Civil y Código de lo Contencioso Administrativo, reconocen el deber del juez de acudir a sus potestades oficiosas para verificar las alegaciones de las partes y el esclarecimiento de la verdad”.

11. La cual, para estos efectos, y por la importancia las consideraciones y razonamientos efectuados en ella, se cita in extenso: “Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil., resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos. No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 –nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo– se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente: “ART. 215.—Valor Probatorio de Las Copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. “La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley.” De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011. Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—. En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento. Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquéllas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción. En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las Leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia […] No obstante, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 –nuevo código general del proceso– corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […] Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso Código General Proceso, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que sólo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada […] Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias. Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales. Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia— […] Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas […] En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.) […] Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.) […]”.

12. Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[…] La jurisprudencia debe estar a tono con los cambios normativos y decisiones legislativas que se han planteado. No resulta acorde mantener una tesis jurisprudencial en la cual se pueda interpretar una ponderación mayor hacia las formas procesales en relación con el valor probatorio de las pruebas documentales. Así mismo es indispensable tener en cuenta la reciente jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo en tanto es el órgano encargado de establecer las reglas jurisprudenciales que se deben seguir en dicha jurisdicción”.

13. Posición reiterada en: Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

14. Sección Tercera, Sentencia de 15 de junio de 2000, expediente 13338. Para el caso en concreto de un accidente de tránsito se consideró: “[…] Tampoco se tiene certeza de la idoneidad científica o técnica de quienes realizaron las informaciones, lo cual se requiere en todo testimonio técnico para valorar sus apreciaciones. Estas publicaciones pueden ser consideradas como pruebas documentales, que demuestran el interés de los redactores de los diarios por el tema de la seguridad vial y que dan cuenta de un hecho notorio: los riesgos de la vía por causas que en algunos eventos podían atribuirse a fallas de las autoridades públicas y en otras a los particulares que transitan por éstas e inclusive se formularon cuestionamientos de orden técnico en relación con su diseño y mantenimiento, que en este proceso no fueron demostrados. Ahora bien, en el caso concreto estos artículos periodísticos no acreditan ni el hecho de que el señor Fernando Peraza Vengoechea haya fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida de circunvalación de esta ciudad, ni mucho menos las causas del accidente, pues en ninguna de las publicaciones se relata siquiera el siniestro”.

15. Puede verse: Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 29 de marzo de 2011, expediente 21380. “[…] En relación con originales de los recortes de prensa aportados al proceso por la parte actora, se tendrán como prueba de los términos en que fue publicada en los periódicos El Pilón y El Heraldo la noticia sobre la muerte de dos presuntos guerrilleros durante un enfrentamiento armado con tropas del Ejército Nacional. Se reitera así lo dicho por esta Corporación en anteriores oportunidades, en el sentido de que las noticias difundidas en medios escritos, verbales o televisivos no dan fe de la ocurrencia de los hechos que allí se reseñan sino, simplemente, de la existencia de la información”.

16. Agrega la Sentencia: “Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial”. En la misma línea se tiene: Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 20835: “[…] se hace necesario reiterar que las noticias difundidas en medios escrito, verbales, o televisivos, en términos probatorios, en principio no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en tanto que partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados”. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 21 de febrero de 2011, expediente 19245. “[…] En relación con los recortes de periódicos que la parte actora allegó con la demanda y que pretenden demostrar la ocurrencia del hecho, se debe insistir en que, no se hará valoración alguna al respecto, y se reitera que las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, en principio, no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en cuanto se relacionan con la configuración del daño antijurídico y su imputación a la entidad demandada, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados”. Puede verse también: Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 29 de marzo de 2001, expediente 21380; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 9 de mayo de 2011, expediente 19829; Sección Tercera, Sub-Sección A, Sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 20477; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 20727; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 20835; Sección Tercera, Sub-Sección A, Sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 20758; Sección Tercera, Sub-Sección A, Sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 20325; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 15 de febrero de 2012, expediente 21277; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 7 de junio de 2012, expediente 20700; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 26 de septiembre de 2012, expediente 24677. Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022. “[…] Sin que ello suponga, prima facie, desconocer la fuerza probatoria que revisten los recortes de prensa”; Sección Tercera, Sub-Sección A, Sentencia de 30 de abril de 2014, expediente 25085; Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 29 de mayo de 2014, expediente 32424; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 10 de diciembre de 2015, expediente 36291.

17. Sección Tercera, Sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 19283. “[…] conviene precisar que en el caso concreto, el conjunto de documentos resultan apreciables en cuanto se relacionan con la vulneración al bien jurídico constitucional relacionado con el buen nombre, honra y honor del demandante […], como quiera que a partir de los recortes de periódicos aportados, se evidencia la publicación de una noticia en su contra que lo expuso a un escarnio público, situación que indudablemente genera una grave afectación a sus derechos fundamentales”.

18. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 20 de mayo de 2003, expediente PI-059. “[…] Le asiste razón al actor en argumentar que los ejemplares del diario 'El Tiempo” y de la revista “Cambio” no resultan inconducentes, ya que por regla general la ley admite la prueba documental, y no la prohíbe respecto de los hechos que se alegan en este caso. Asunto distinto será el mentó o eficacia que el juez reconozca o niegue a dichos impresos. Así, se revocara la denegación de la prueba a que alude el actor respecto de los artículos del Diario y Revista indicados, por encuadrar como pruebas conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y en su lugar se decretará la misma para que sea aportada por el solicitante de ella, dada la celeridad de este proceso”.

19. Jurisprudencia que tiene continuidad en las siguientes Sentencias: Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 20861; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 21196.

20. Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 3 de mayo de 2013, expediente 19246. El que no cumpla con los requisitos de la prueba testimonial “no significa que estos documentos carezcan por completo de valor probatorio”.

21. En similar sentido puede verse: Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 25087. “[…] Los recortes de prensa anexados con la demanda, y el documental televisado del que dan cuenta los vídeo-casetes que fueron aportados con la corrección de la demanda, habrán de ser analizados en conjunto con las demás pruebas que obran en el expediente, con el fin de verificar la información que en ellos consta”. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 24530A. “[…] Respecto a los recortes de periódico [sic] obrantes a folios 49 a 50 del cuaderno 5, que no serán abstraídos para su apreciación, ya que por sí solos no revisten valor de plena prueba y la noticia de la que dan cuenta es objeto de análisis ampliado en conjunto, conexidad y consecuencia, con los demás medios probatorios”. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 24631. “[…] Con el libelo introductorio se aportó un recorte de prensa del Diario El Colombiano, en el que se advierte de la muerte de tres agentes de policía, entre ellos, el agente Holguín […] Deberá valorarse el citado documento con otros elementos probatorios, a fin de establecer el hecho correspondiente a la muerte del agente Holguín”. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 27 de febrero de 2013, expediente 26436. “[…] Su valoración dependerá de la conexidad y coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente, pero no puede constituir el único sustento de la decisión del juez”. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 20 de marzo de 2013, expediente 24550. “[…] Los recortes de prensa anexados con la demanda, habrán de ser analizados en conjunto con las demás pruebas que obran en el expediente, con el fin de verificar la información que en ellos consta”. Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 5 de abril de 2013, expediente 27281. “[…] la Sala dará valor probatorio a los recortes de prensa, en el sentido de considerar que está demostrada la divulgación de ciertos hechos en medios de comunicación de amplia circulación […] En caso de que exista correspondencia entre los sucesos narrados por los reportes periodísticos y los hechos señalados por las demás pruebas del proceso, se tendrán por ciertos los hechos narrados en tales medios de convicción”. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 24 de abril de 2013, expediente 25947; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 8 de mayo de 2013, expediente 23016; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 24 de julio de 2013, expediente 27289; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 6 de diciembre de 2013, expediente 30814; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 12 de febrero de 2014, expediente 28489; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 26 de febrero de 2014, expediente 28869; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 26 de febrero de 2014, expediente 29172; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 14 de mayo de 2014, expediente 28905; Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 29 de mayo de 2014, expediente 24078. “[…] La Sala procederá a valorar probatoriamente los recortes de prensa y dilucidará si existe un nexo o vínculo de la divulgación del hecho con los demás medios de prueba obrantes en el proceso, de modo que se puedan tener por ciertos los hechos narrados en los respectivos medios de comunicación”; Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014, expediente 28373; Sección Tercera, Sub-Sección A, Sentencia de 10 de septiembre de 2014, expediente 30875ª; Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 13 de noviembre de 2014, expediente 34247; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 13 de febrero de 2015, expediente 25565; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 26 de febrero de 2015, expediente 38149; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 26 de febrero de 2015, expediente 30579; Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 16 de marzo de 2015, expediente 34932.

22. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 6 de marzo de 2013, expediente 26694. “[…] En este caso, a pesar de que el contenido de las notas periodísticas coinciden con los informes investigativos de la Policía, ellos no aportan elementos nuevos que contribuyan a esclarecer los hechos, de manera que no resultan relevantes para la adopción de la decisión”. Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 27709; Sección Tercera, Sub-Sección B, Sentencia de 13 de noviembre de 2014, expediente 34491. “[…] Así por el diario La Patria se conoció, aunado a los demás medios probatorios a los que se hará referencia posteriormente, que el padre, hijo y hermano de los actores perdió la vida por haber llamado la atención a un subalterno, por haber faltado a sus deberes e incurrido en conductas contrarias a la disciplina, poniendo en peligro a la comunidad”; Sección Tercera, Sub-Sección A, Sentencia de 28 de enero de 2015, expediente 34170. “[…] A folios 121 a 128 del cuaderno 1 A obran varios informes de prensa según los cuales, el 10 de marzo de 2001, las Farc incursionaron en el predio Tokio y atacaron a los miembros de la Armada Nacional que se encontraban vigilando unas torres de comunicaciones, hecho que dejó un saldo elevado de personas fallecidas e incalculables daños materiales. Tales informes pueden valorarse por la Sala, toda vez que están respaldados con otros medios de prueba que militan en el plenario, como los testimonios acabados de citar […]”.

23. Puede verse también: Sección Tercera, Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, expediente 32988.

24. Aclaración de voto del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa a la Sentencia de 31 de enero de 2011, expediente 17842, C.P. Dr. Enrique Gil Botero.

25. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 15 de marzo de 1989, párrafo 130. “[…] Ni la Convención ni el Estatuto de la Corte o su Reglamento tratan esta materia. Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo (cfr. Corfu Channel, Merits, Judgment, 1.J. Reports 1949; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports, 1986, párrs. 29-30 y 59-60). 131. Para un tribunal internacional, los criterios de valoración de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos. En cuanto al requerimiento de prueba, esos mismos sistemas reconocen gradaciones diferentes que dependen de la naturaleza, carácter y gravedad del litigio”.

26. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 79.

27. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 15 de marzo de 1989, párrafo 145.

28. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Godínez Cruz vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 152; caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 15 de marzo de 1989, párrafo 145. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Páez vs. Perú, Sentencia de 3 de noviembre de 1997 párrafo 42. “[…] Fundada en la prueba documental y testimonial, en particular el dictamen del experto presentado por la Comisión, la Corte estima como demostrado que durante la época a que se hace referencia, existía en el Perú, divulgado como un hecho notorio por la prensa, una práctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistía en la desaparición forzada de personas consideradas como miembros de grupos subversivos”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 8 de marzo de 1998, párrafo 75. “En relación con los documentos de prensa, si bien no tienen el carácter de prueba documental, tienen importancia en cuanto sean la manifestación de hechos públicos y notorios, y en la medida en que corroboren los testimonios recibidos en el proceso respecto de las circunstancias de las detenciones y muertes de las víctimas”. Puede verse también: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 107; caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 78; caso Cantos vs. Argentina, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 39; caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, párrafo 56; caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 131. “[…] En lo que se refiere a los documentos de prensa presentados por la Comisión (supra párrs. 18 y 122), si bien no tienen el carácter de prueba documental, tienen importancia en cuanto sean la manifestación de hechos públicos y notorios que corroboren aspectos relacionados con el presente caso”; caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, párrafo 51; caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párrafo 81; caso De la Cruz Flores vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, párrafo 70; caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 80; caso de las Hermanas Serrano Cruz, vs. El Salvador, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 43; caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 46; caso Fermín Ramírez, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 20 de junio de 2005, párrafo 51; caso Yatama vs Nicaragua, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de junio de 2005, párrafo 119; caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, párrafo 96; caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 79; caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 60; caso Gómez Palomino vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 53; caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafo 93; caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela, Sentencia de 28 de noviembre de 2005, párrafo 48; caso de la Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 74; caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 49; caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 7 de febrero de 2006, párrafo 199; caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párrafo 45; caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 70; caso de las Masacres de Ituango, Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 122; caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006, párrafo 55; caso Servellón García y otros vs. Honduras, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 50; caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 81; caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párrafo 86; caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 65; caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafo 59; caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 27 de enero de 2009, párrafo 28; caso Escher y otros vs. Brasil, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 6 de julio de 2009, párrafo 76; caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 19 de noviembre de 2015, párrafo 32.

29. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Godínez Cruz vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 152; caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 15 de marzo de 1989, párrafo 145. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 107. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 78. “[…] o declaraciones de funcionarios del Estado”. Puede verse también: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantos vs. Argentina, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 39; caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, párrafo 56; caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, párrafo 51; caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 80; caso de las Hermanas Serrano Cruz, vs. El Salvador, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 43; caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 46; caso Fermín Ramírez, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 20 de junio de 2005, párrafo 51; caso Yatama vs Nicaragua, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de junio de 2005, párrafo 119; caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, párrafo 96; caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 79; caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 60; caso Gómez Palomino vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 53; caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafo 93; caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela, Sentencia de 28 de noviembre de 2005, párrafo 48; caso de la Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 74; caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 49; caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 7 de febrero de 2006, párrafo 199; caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párrafo 45; caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 70; caso de las Masacres de Ituango, Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 122; caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006, párrafo 55; caso Servellón García y otros vs. Honduras, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 50; caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 81; caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párrafo 86; caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 65; caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafo 59; caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 27 de enero de 2009, párrafo 28; caso Escher y otros vs. Brasil, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 6 de julio de 2009, párrafo 76

30. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Manuel Cepeda vs. Colombia, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 26 de mayo de 2010, parágrafo 58. “[…] declaraciones de funcionarios públicos recogidas en notas de prensa, por ser de conocimiento público y útiles para la resolución del presente caso, el Tribunal las incorpora”.

31. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 107. “[…] Así, la Corte los agrega al acervo probatorio como un medio idóneo para verificar, junto con los demás medios probatorios aportados, en la medida de su pertinencia para la veracidad de los hechos del caso”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 78. “[…]
o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”. Puede verse también: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantos vs. Argentina, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 39; caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, párrafo 56; caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, párrafo 51; caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 80; caso de las Hermanas Serrano Cruz, vs. El Salvador, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 43; caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 46; caso Fermín Ramírez, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 20 de junio de 2005, párrafo 51; caso Yatama vs Nicaragua, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de junio de 2005, párrafo 119; caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, párrafo 96; caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 79; caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 60; caso Gómez Palomino vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 53; caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafo 93; caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela, Sentencia de 28 de noviembre de 2005, párrafo 48; caso de la Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 74; caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 49; caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 7 de febrero de 2006, párrafo 199; caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párrafo 45; caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 70; caso de las Masacres de Ituango, Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 122; caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006, párrafo 55; caso Servellón García y otros vs. Honduras, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 50; caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 81; caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párrafo 86; caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 65; caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafo 59; caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 27 de enero de 2009, párrafo 28; caso Escher y otros vs. Brasil, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 6 de julio de 2009, párrafo 76

32. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Kawas Fernández vs. Honduras, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, párrafo 43.

33. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Reparaciones y costas, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 153; caso Kimel, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 2 de mayo de 2008, párrafo 88. “[…] En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas”.

34. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Yvon Neptune vs. Haití, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, párrafo 30. “Es oportuno destacar que el fundamento probatorio de una parte importante de los hechos contenidos en la demanda de la Comisión se basan en documentos de prensa y en información contenida [sic] en sitios de internet. En su jurisprudencia este Tribunal ha apreciado el valor probatorio de los documentos de prensa únicamente cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios. Este habría sido el valor probatorio de la información ofrecida por la Comisión para sustentar determinados hechos. No obstante, en este caso la Corte tendrá por acreditados esos hechos en la medida en que han sido aceptados o no han sido controvertidos por el Estado”.

35. Corte Interamericana De Derechos Humanos, caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 56. “[…] El Tribunal decide admitir los documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones del Estado y las reglas de la sana crítica”. Puede verse también: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Abrill Alosilla y otros vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 4 de marzo de 2011, párrafo 40; caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 24 de febrero de 2012, párrafo 20; caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 27 de febrero de 2012, párrafo 67; caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 27 de abril de 2012, párrafo 12; caso Díaz Peña vs. Venezuela, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 26 de junio de 2012, párrafo 17; caso del Pueblo indígena Kichwa de Sarayacu, vs. Ecuador, Fondo y reparaciones, Sentencia de 27 de junio de 2012, párrafo 36; caso Suárez Peralta vs. Ecuador, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 21 de mayo de 2013, párrafo 33; caso García Lucero y otras vs. Chile, Excepción preliminar, fondo y reparaciones, Sentencia de 28 de agosto de 2013, párrafo 48; caso Luna López vs. Honduras, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 10 de octubre de 2013, párrafo 14; caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2013, párrafo 46; caso Norín Catrimán y otros, (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile, Sentencia de 29 de mayo de 2014, párrafo 58; caso Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 27 de agosto de 2014, párrafo 35; caso Granier y otros, (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 22 de junio de 2015, párrafo 34; caso Canales Huapaya y otros vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 24 de junio de 2015, párrafo 52; caso Comunidad Campesina Santa Bárbara vs. Perú, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2015, párrafo 75.

36. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Contreras y otros vs. El Salvador, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 31 de agosto de 2011, párrafo 33. “[…] La Corte constató que en algunos de esos documentos no puede leerse la fecha de publicación. No obstante, ninguna de las partes objetó tales documentos por este hecho ni cuestionó su autenticidad. En consecuencia, El Tribunal decide admitir los documentos que se encuentren completos o que por lo menos permitan constatar su fuente y fecha de publicación, los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica”.

37. Sección Tercera, Sub-Sección C, aclaración de voto del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa a la Sentencia de 31 de enero de 2011, expediente 17842; Sub-Sección C, Sentencia de 20 de junio de 2013, expediente 23603.

38. Sección Tercera, Sentencias del 22 de noviembre de 2001, expediente 13356; Sub-Sección C, de 1 de febrero de 2012, expediente 20560. Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar Sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.

39. Corte Constitucional, Sentencia C- 965 de 2003.

40. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 25 de julio de 2011, expediente 20146.

41. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 19 de agosto de 2011, expediente 19237.

42. Sección Tercera, Sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 13444.

43. Sección Tercera, Sentencia de 31 de octubre 2007, expediente 13503.

44. Pues, como lo ha precisado la Sala, “[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevoy probado modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidadtotal o parcial de la pretensión, como ya se dijo. La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar Sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado” [negrillas fuera de texto].

45. Sección Tercera, Sentencias de 11 de noviembre de 2009, expediente: 18163; de 4 de febrero de 2010, expediente 17720.

46. Sección Tercera, Sentencia de 31 de octubre de 2007, expediente, 13503. En este sentido, la Sección se ha pronunciado en los siguientes términos: “En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que ésta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir Sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar Sentencia de mérito favorable a una o a otra”. En auto del 8 de marzo de 2001 la Corte Constitucional reiteró: “Acorde con los principios básicos del derecho procesal, especialmente con el denominado “legitimidad en la causa por pasiva”, las obligaciones jurídicas son exigibles respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la ley o el contrato a responder por ellas. Así las cosas, para que la acción judicial se abra camino en términos de favorabilidad, es necesario que —además de que se cumplan otros requisitos— exista una coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta se reclama. La incongruencia o falta de identidad entre dichos sujetos, conduce usualmente al proferimiento (sic) de Sentencias desestimatorias, las cuales, como es obvio, resultan altamente perjudiciales para el demandante”. De todo lo anterior se concluye, de un lado, que la legitimación en la causa no es una excepción de fondo en los procesos ordinarios (…)” [negrillas fuera de texto].

47. Por ejemplo, cuando el interés al que se ha hecho referencia no se radica en la persona o personas que han sido vinculadas al proceso en calidad de demandados, se presenta el fenómeno conocido como ausencia de legitimación en la causa por pasiva [artículo 2343 del Código Civil], que impide que válidamente se puedan derivar efectos del proceso respecto de aquellas personas, por cuanto no existe identidad entre la persona demandada y aquella que por ley está llamada a responder por el daño causado.

48. Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13356.

49. Ver, por ejemplo, Sección Tercera Sentencia de 15 de junio de 2000, expediente 10171; Sentencia de 28 de abril de 2005, expediente 14178.

50. A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “[…] si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”.Sección Tercera, Sentencia de 20 de septiembre de 2001, expediente 10973.

51. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar Sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).

52. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 26 de marzo de 2014, expediente 24489.

53. Mazeaud. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p.510.

54. Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.507.

55. Sección Tercera, Sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.

56. Sección Tercera, Sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333.

57. Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021.

58. Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.403. En el mismo sentido el profesor Chapus ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.

59. Henao, Juan Carlos, El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.131

60. Pantaleon, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Anuario de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 4, 2000, p.185. “[…] el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Martin Rebollo, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en Badell Madrid, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al Prof. Luis H. Farias Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp.278 y 279. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”.

61. Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

62. Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

63. Pantaleon, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”. ob., cit., p.186. “[…] que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”.

64. Mill, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp.152 y 153. “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? […] el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”.

65. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013.

66. Rawls, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p.279. Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado […] El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”.

67. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”.

68. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p.297. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”.

69. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.298.

70. Henao, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp.194, 196 y 203. “[…] el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo […] Se parte, en acuerdo con C. Thibierge cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” […] La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido […] La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”.

71. Sección Tercera, Sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”.

72. Sección Tercera, Sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

73. Sección Tercera, Sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166. “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”.

74. Sección Tercera, Sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

75. Sección Tercera Sub-Sección C, Sentencia de 3 de diciembre de 2015, expediente 49352. El artículo 861 del Código de Comercio dispone “que la promesa de celebrar un contrato o negocio jurídico genera una obligación de hacer consistente en la celebración del contrato prometido, luego si la celebración de una promesa de compraventa genera la obligación de celebrar el contrato prometido, no puede decirse que su cumplimiento produzca o genere una obligación de liquidarlo”.

76. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 29 de febrero de 2012, expediente 21314.

77. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 12 de noviembre de 2014, expediente 29828.

78. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 11 de septiembre de 2015, expediente 410001-31-03-004-2010-00011-01.

79. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 22065, relacionada con la pérdida de mercancías en un establecimiento de comercio ocurrido el 8 de diciembre de 1997 en Pereira.

80. Sección Tercera, Sentencia del 16 de marzo de 2000, expediente 11515.

81. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 22065, relacionada con la pérdida de mercancías en un establecimiento de comercio ocurrido el 8 de diciembre de 1997 en Pereira.

82. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 22065, relacionada con la pérdida de mercancías en un establecimiento de comercio ocurrido el 8 de diciembre de 1997 en Pereira.

83. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 22065, relacionada con la pérdida de mercancías en un establecimiento de comercio ocurrido el 8 de diciembre de 1997 en Pereira.

84. Sección Tercera, Sentencia de 27 de noviembre de 2002, expediente 13654.

85. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 22065, relacionada con la pérdida de mercancías en un establecimiento de comercio ocurrido el 8 de diciembre de 1997 en Pereira.

86. Sección Tercera, Sentencia de 10 de abril de 1997, expediente 10492.

87. Sección Tercera, Sentencia de 27 de noviembre de 2002, expediente 13654.

88. Sección Tercera, Sentencia de 18 de abril de 2002, expediente 13830.

89. Sección Tercera, Sub-Sección C, Sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 22065, relacionada con la pérdida de mercancías en un establecimiento de comercio ocurrido el 8 de diciembre de 1997 en Pereira.

90. Sección Tercera, Sentencia de 21 de febrero de 2007, expediente 2001-01531 AG.