Sentencia 1999-0300 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB SECCIÓN A

Expediente 85001233100019990300-01 (20849)

Consejera Ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Actor: Luz Betty Barinas y otro

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Departamento de Casanare, municipio de Yopal, Colegio Jorge Eliécer Gaitán.

Referencia: Apelación de sentencia - Reparación directa

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil once

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones

Pretenden las demandantes en el sub iudice que la Nación (Ministerio de Educación Nacional), el departamento de Casanare, el municipio de Yopal y el Colegio Jorge Eliécer Gaitán de Yopal, sean declarados patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la muerte de Herithyenjeider Barinas Aguirre, ocurrida el día 2 de marzo de 1999, luego de caer desde un muro que colindaba con las instalaciones del colegio Jorge Eliécer Gaitán.

V. Para acreditar los supuestos fácticos de la demanda y de la defensa, se allegaron los siguientes medios de prueba:

1. Certificado del registro civil de nacimiento correspondiente Herithyenjeider Barinas Aguirre, donde consta que es hijo de la señora Luz Betty Barinas Aguirre y que nació el día 9 de enero de 1986 (fl. 15 cdno. 1).

2. Certificado del registro civil de nacimiento correspondiente a la señora Luz Betty Barinas Aguirre, donde consta que es hija de la señora María Ana Tilcia Aguirre (fl. 61 cdno. prueba).

3. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción correspondiente al menor Herithyenjeider Barinas Aguirre, donde se observa que falleció el día 2 de marzo de 1999 (fol.16 C. 1).

4. Fotocopia auténtica del acta de la diligencia de inspección de cadáver 011 correspondiente al menor Herithyenjeider Barinas Aguirre (fl. 29 y 30 cdno. 1) donde se lee lo siguiente:

“...Patio de recreación de la concentración, costado oriental se encuentra el cadáver de un menor de edad cerca de un muro que encierra el patio, cerca a un árbol de este sitio los miembros de la Sijin levantarán el correspondiente plano. Evidencias halladas: Tres bloques compuestos de cemento moldeado muro (sic) dos en cuadrante y uno en forma angular, se encuentran a escasos centímetros del occiso...”.

5. Fotografías de un muro sin alteraciones estructurales sustanciales, allí se observan vestigios de ladrillos en el piso que al parecer correspondían a una forma de arco pequeño elaborado en la parte superior de este como elemento de ornato, colapsado, a folio 55 del cuaderno de pruebas obra acta de la diligencia del reconocimiento de documento realizado por el señor Alirio Cuevas donde manifiesta que las fotografías fueron tomadas el 14 de marzo de 1999 en horas de la mañana (fls. 19 y 20); debe aclararse que a pesar haber transcurrido algo más de 10 días entre la fecha del insuceso y la fecha en que fue retratado el muro, las entidades demandadas a través de sus apoderados admiten su contenido y parten de las imágenes allí contenidas para manifestar que efectivamente corresponden a las del muro que pertenece al cementerio central de Yopal, el mismo que escaló el menor fallecido para recuperar su balón, es decir, aceptan el medio de prueba y lo usan para estructurar incluso la defensa con base en ellas (fl.19 y 20 cdno.1).

6. Oficio de 24 de marzo de 2000, suscrito por el rector del Colegio Jorge Eliécer Gaitán donde se informa lo siguiente (fl. 12 y 13 cdno.1):

“Con motivo de la muerte del estudiante Herithyenjeider Barinas Aguirre, el colegio como Institución no hizo ninguna investigación debido a que no le corresponde ni por competencia ni por funciones.

“Del hecho se pasó un informe por parte del coordinador de la jornada el cual recibí y anexo con este oficio. Aclaro que el muro que cayó sobre el alumno no es del colegio sino del cementerio”.

“De los hechos como rector informe (sic) verbalmente a la dirección del núcleo educativo 002 de Yopal basado en el informe suscrito por el coordinador”.

“Se anexa el manual de convivencia vigente para el plantel. En cuanto estatutos, las instituciones educativas se rigen por las normas nacionales contenidas en la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios”.

“El pago de los docentes y empleados se hace con cargo a los recursos propios del departamento y el situado fiscal los cuales se giran a través del departamento del Casanare. En síntesis tanto los docentes como administrativos tienen el carácter de empelados del orden departamental”.

“(...)”.

“El alumno se encontraba matriculado para el año lectivo 1999 y cursaba grado sexto de educación básica”.

7. Acta de la necropsia practicada en el cadáver de Herithyenjeider Barinas Aguirre, donde se concluye: “...Adolecente de 14 años quien fallece por shock neurogénico debido a trauma craneoencefálico severo accidental por elemento contundente...” (fl. 76 cdno. pruebas).

8. Acta de la audiencia de testimonio vertido por los señores Rigoberto Barón Pineda, José Miguel Gómez Ojeda y Cediel Ríos Chaparro, quienes declararon, en síntesis, lo siguiente (fls. 44 a 52, cdno. pruebas):

“Rigoberto Barón Pineda: “...Hacía pocos segundos que había sonado el timbre para salir a descanso, cuando un niño se me acercó a la sala de profesores y me informó que un niño se había caído de un árbol y estaba echando sangre por la boca, cuando llegué al lugar donde estaba el mencionado niño, estaba allí parado frente a él el profesor Ignacio Salcedo quien me dijo el niño ya está muerto. Acto seguido llamé a la policía, lo mismo que a la madre del niño muerto...sobre el muro mencionado no puedo dar ningún concepto, le aclaro que ese muro no corresponde a la pared que pertenece al colegio sino al cementerio, porque la pared que pertenece al colegio Jorge Eliécer Gaitán es más o menos uno con cincuenta construido en ladrillo y sobre este una malla tejida de más o menos otro uno con cincuenta y pegado a este está la pared que delimita al cementerio...aparentemente ese muro que estaba sobre la pared del cementerio se veía bien, se veía correcto porque allí era un lugar donde poco se transita...no había ninguna señalización puesto que en ningún momento se notó que esas paredes corrieran peligro para los estudiantes (sic)...los niños compañeros valga la rebundancia (sic) Barinas (sic), al otro día de su muerte me comentaron que al sonar el timbre para recreo salieron corriendo hacia la pared y el niño Barinas le dio un puntapié al balón iendo (sic) a parar dentro del cementerio, el finado Barinas y otro niño que no me acuerdo el nombre, treparon por el pequeño muro del colegio, luego siguieron por la pared del cementerio saltaron hacia adentro y votaron (sic) el balón a predios del colegio de regreso cuando treparon nuevamente la pared del cementerio, quien lo acompañaba le dijo al niño Barinas, vamos por aquí, el niño Barinas redijo yo salto por este lado, dice el niño que Barinas se enredó un poco y al agarrase del arco que estaba sobre la pared del cementerio lo movió y cuando él giró para saltar a predios del colegio el murio (sic) le cayó en la cabeza y calleron (sic) ambos al predio del colegio, los niños me dijeron que ya el niño en el piso el muro le quedó sobre la cabeza y que ellos lo retiraron cuando vieron que hechó (sic) sangre por los oídos, la boca y la nariz y que no se movió y en ese momento corrieron a buscarme, otros consiguieron una bolsa de agua para darle de tomar pero que él ya no se movió...El día del accidente ningún profesor estaba fuera de los salones puesto que cuando sonó el timbre dicen los niños ellos estaban listos para ir a coger el sitio para jugar antes de que llegaran otros, por esa razón los demás cursos y profesores no salían a recreo, allí existe turno de vigilancia para los descansos de dos profesores, puesto que el lugar de descanso es pequeño...no existen lugares de peligro...”

José Miguel Gómez Ojeda: “...Hace unos años que nos conocimos, también por vecinos, la mamá abuela se llama Ana Tuilicia (sic) Barinas y la madre se llama Luz Betty Barinas, el menor vivía con ellas dos...la mamá, la abuela, las tías y los tíos. Las vi llorar porque tengo un local en la misma casa...el estado de ánimo depresivo, no están lo mismo que cuando estaba vivo y es más no tiene más hijos...”.

VI. Apreciado el material probatorio allegado al proceso y haciendo un análisis objetivo y comparativo de tales medios de convicción para llegar a una conclusión, dentro de lo razonable, sobre los elementos de hecho de la demanda y de la defensa (CPC., art. 187), encuentra acreditado la Sala que:

1. El joven Herithyenjeider Barinas Aguirre, era hijo de la señora Luz Betty Barinas Aguirre y a su vez nieto de la señora María Ana Tilcia Aguirre.

2. El menor Herithyenjeider Barinas Aguirre, falleció el día 2 de marzo de 1999 durante el tiempo de descanso previsto para la jornada escolar del grado 6º del colegio Jorge Eliécer Gaitán ubicado en el municipio de Yopal de donde era alumno.

3. La causa de su muerte fue un “...shock neurogénico debido a trauma craneoencefálico severo accidental por elemento contundente...” luego de haber trepado por sus propios medios un muro cercano a las instalaciones del colegio donde estudiaba con la finalidad de recuperar un balón con el que jugaba e hizo que colapsara un arco elaborado en ladrillo y concreto que servía de ornato en la parte superior de la pared, el mismo que lo impactó en la cabeza en el momento de la caída.

4. Las demandantes han sufrido un perjuicio moral por la muerte del menor.

Previo a decidir sobre el fondo del asunto se resolverá lo correspondiente a los medios exceptivos propuestos por las entidades demandadas Nación, Ministerio de Educación Nacional, departamento de Casanare y Colegio Jorge Eliécer Gaitán.

Indebida representación: El apoderado de la Nación, Ministerio de Educación Nacional propuso la referida excepción bajo el argumento según el cual, la entidad no puede ser objeto de imputación a raíz del proceso de descentralización de la educación que ha previsto autonomía presupuestal y financiera, en este caso, al departamento de Casanare, razón por la que la prestación del servicio educativo se encuentra a cargo y es responsabilidad el ente territorial.

La Sala encuentra que le asiste razón al apoderado básicamente porque el Ministerio de Educación Nacional no ejerce ninguna actividad de custodia sobre los alumnos del plantel, ni de control o vigilancia sobre el personal administrativo, docente o sobre la infraestructura y las condiciones de esta para prestar el servicio educativo, la referidas labores han sido encomendadas a los municipios y departamentos de las zonas a donde pertenezca la institución educativa de conformidad con las disposiciones de la Ley 29 de 1989 y que básicamente descentralizó las funciones no sólo educativas sino también las de control.

Prospera la excepción.

Falta de legitimación en la causa por activa e Inexistencia de la falla en el servicio: El apoderado del departamento de Casanare y del colegio Jorge Eliécer Gaitán propone la primera excepción en relación con la señora María Ana Tilcia Aguirre, señalando que dentro de las pruebas allegadas con la demanda no existe ningún documento que acredite su parentesco con la víctima.

La Sala, del análisis de las pruebas allegadas al expediente encontró a acreditada la condición en la que concurrió la señora María Ana Tilcia Aguirre al proceso, y su parentesco con la víctima. En efecto se encuentra probado que la referida señora era la abuela del menor fallecido.

No prospera la excepción.

En relación con la excepción de inexistencia de la falla en el servicio debe señalarse que esta carece de tal connotación, pues su formulación o planteamiento no está dirigido a enervar las pretensiones procesales a través de elementos que las extingan, modifiquen o dilaten, sino que se encuentra encaminada a reargüir los supuestos fácticos que erigen la acción en ejercicio del genérico derecho de defensa que le asiste.

VII. La sentencia apelada se confirmará en cuanto a la declaratoria de responsabilidad teniendo en cuenta que en el presente proceso se hallan acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, sin embargo, será modificada para absolver a una de las entidades demandadas en contra de la cual se profirió sentencia condenatoria en primera instancia, y para declarar la excepción anteriormente probada.

De una correcta interpretación de la demanda y de las pruebas allegadas al expediente, se infiere que se presentó una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas, por omisión en el deber de cuidado de los miembros del cuerpo directivo y docente de la Institución que tenía a su cargo el cuidado y la custodia del menor, responsabilidad que se encontraba deferida en ellos desde el instante en que el menor ingresaba a las institución educativa y hasta cuando finalizara la jornada escolar, evento en el que se supone, retornaría a su hogar.

En efecto, el menor Herithyenjeider Barinas Aguirre, estudiante del colegio Jorge Eliécer Gaitán desplegó básicamente una conducta imprudente que a la postre provocó su propia muerte, sin embrago, resulta lógico que las actuaciones de los menores resultan imprudentes por la poca capacidad y experiencia con la que cuentan para dimensionar los peligros que puede representar una maniobra, como en el caso analizado, escalar un muro.

Tal y como lo develan los testimonios recaudados, el joven Barinas Aguirre tuvo suficiente tiempo para evadirse del perímetro de la concentración escolar y trepar el muro del cementerio municipal en busca de su balón, sin que ninguna de las personas del cuerpo directivo o docente advirtieran esa situación, de hecho, solamente hasta cuando el menor se desplomó desde la parte alta del muro cayendo inconsciente al piso, algunos de sus compañeros acudieron al recinto donde se encontraba el profesor que dictaba la clase antecedente a la hora de receso y ese instante se advirtió la ocurrencia del infortunio a una persona que hacía parte del cuerpo docente.

Frente a lo anterior es claro que el descuido hacia los estudiantes por parte de quienes deberían vigilar sus actos, determinó la ocurrencia de la tragedia, pues el fallecido joven escapó del colegio y escaló el muro sin que existiera el más mínimo reproche o la más remota advertencia sobre la imprudencia que constituía subir a un muro y el peligro que ello implicaba eventualmente para su vida, como sucedió.

Si bien es cierto, el joven desafió el peligro que representa trepar un muro que no está precisamente concebido para tal actividad, y de manera accidental ejerció presión sobre una estructura que no estaba construida precisamente para soportar ese tipo de abusos porque como se ha señalado, su elaboración o diseño tiene una finalidad estrictamente decorativa y por esa misma razón su construcción no fue prevista para soportar el peso o la presión que una persona ejerciera sobre ella, una advertencia en ese sentido era lo mínimo que podían hacer las personas que en esa oportunidad velaban por la integridad del menor y de sus compañeros aún cuando lo ideal hubiese sido impedir tal conducta; se trataba de un joven aún intrépido e imprudente como cualquiera puede serlo en esa edad, en esas condiciones igualmente pudo ocurrir que no fuera él la víctima sino cualquier otro menor.

Indiscutiblemente, las circunstancias anteriormente indicadas contribuyeron a la producción del hecho dañoso y determinaron su ocurrencia en forma total; las autoridades institucionales incumplieron su deber de cuidado y no pueden excusarse en que la víctima no acató las normas de convivencia del colegio, razón por la que no es dable alegar la culpa exclusiva de la víctima con miras a enervar la responsabilidad que se depreca en relación con las entidades demandadas.

El artículo 2347 del Código Civil señala al respecto:

“...Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado...”

“(...)”.

“...Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, o dependientes, en el mismo caso...”.

“(...)”.

En relación con el tema de responsabilidad de los menores a cargo de instituciones educativas, la Sala ha precisado(1) que la custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no sólo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por este, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

En sentencia de 7 de septiembre de 2004, la Sala hizo consideraciones sobre la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, debido a la posición de garantía que ostenta el primero en razón de su autoridad, lo cual le crea no sólo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente(2). Consideró la Sala en esta oportunidad, que los establecimientos educativos deben adoptar una serie de medidas de seguridad que garanticen la integridad física de los alumnos, no solo respecto de los daños que puedan causarse a sí mismos sino de aquellos que puedan ocasionar a los demás:

“...si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.

“Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no sólo respecto de los daños que este pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás.

“El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

“Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: ‘Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho’.

“Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables.

No obstante, sin consideración a la edad de los alumnos, las entidades educativas responderán por los daños que se generen como consecuencia de los riesgos que ellas mismas creen en el ejercicio de las actividades académicas, sin que le sea exigible a los alumnos y padres asumir una actitud prevenida frente a esas eventualidades, en razón de la confianza que debe animar las relaciones entre educandos, directores y docentes. Así por ejemplo, los establecimientos educativos y los docentes responderán por los daños que se cause en ejercicio de una práctica de laboratorio, cuando el profesor encargado de la clase confunda sustancias químicas y ocasione una explosión en la que muere o resulta lesionado el alumno que las manipulaba. En este caso, es evidente la responsabilidad de la institución educativa y del docente, pues es este quien posee la instrucción académica necesaria para hacer seguras dichas prácticas, sin que sea exigible a los alumnos y padres cerciorarse previamente de la corrección de tales prácticas”(3).

De igual forma ha reiterado la Sala que el centro educativo asume una posición de garante en relación con sus alumnos y por ende la obligación de responder por los daños que estos sufran o causen a terceros, siendo posible su exoneración demostrando su diligencia o la existencia de una causa extraña, en virtud de lo consagrado en el artículo 2347 del Código Civil(4), situación que en presente caso no se evidencia por parte alguna.

En otros pronunciamientos hechos en casos similares relacionados con accidentes ocurridos en actividades escolares, la Sala ha deducido la responsabilidad de los centros educativos por la falta de vigilancia sobre los alumnos, aún en la realización de actividades recreativas, cuando no se extreman las medidas de seguridad para evitar el peligro que estos puedan sufrir. No obstante, en esas decisiones se ha reconocido que, inclusive en relación con alumnos menores de edad hay lugar a analizar si su conducta contribuyó igualmente a la realización del daño, para disminuir el valor de la indemnización(5).

Debe advertirse, en relación con la responsabilidad que se depreca respecto del municipio, que no se estructura en forma alguna, pues lo probado en el proceso indica que, en muro como tal no se desplomó, lo que colapsó fue un elemento de ornato elaborado en la parte alta de este y que tenía forma de arco, por consiguiente el muro no amenazaba ruina como se pretendió presentar en la demanda, de manera que el hecho dañoso por cuya indemnización se reclama no resulta imputable a la administración del ente municipal demandado.

Teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia condena a la entidad demandada a pagar a la madre y a la abuela del menor la suma equivalente a 1000 y 500 gramos de oro, respectivamente, y que actualmente la jurisprudencia de esta corporación(6) ha ordenado que las tasaciones para las indemnizaciones de perjuicios se realicen tomando como base el salario mínimo mensual legal vigente, se ordenará pagar a las sumas equivalentes a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv) para la señora Luz Betty Barinas Aguirre y cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) para la señora María Ana Tilcia Aguirre.

No habrá lugar a condena en costas teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, de conformidad con las previsiones relativas al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE probada la excepción de indebida representación propuesta por el apoderado de la Nación, Ministerio de Educación Nacional.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda en relación con el municipio de Yopal (Casanare).

3. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Departamento de Casanare y al Colegio Jorge Eliécer Gaitán de forma solidaria, por la muerte del menor Herithyenjeider Barinas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

4. CONDÉNASE al departamento de Casanare y al Colegio Jorge Eliécer Gaitán, de forma solidaria, a pagar las siguientes cantidades de dinero a título de indemnización por perjuicios morales:

• La suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv) para la señora Luz Betty Barinas Aguirre, en su calidad de madre de la víctima.

• La suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) para la señora María Ana Tilcia Aguirre, en condición de abuela del menor fallecido.

4. Ejecutoriado el presente fallo devuélvase al tribunal del origen.

5. Sin costas

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado.

(1) Al respecto puede consultarse la sentencia de 7 de septiembre de 2004. Exp.14.869, actor: Roberto Vargas.

(2) Sostiene la doctrina que “Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquel soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño...La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”. (Mazeaud tunc. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545).

(3) Sentencia de 7 se septiembre de 2004, ya citada.

(4) Ver sentencias de 18 de febrero de 2010, Exp. 17533, de 23 de agosto de 2010, Exp. 18657 y de de 24 de marzo de 2011, Exp. 19032.

(5) Así, en sentencia del 21 de febrero de 2002, Exp. 14.081, se condenó a la entidad demandada por la muerte de un alumno que se ahogó durante la realización de un paseo programado por el colegio, por considerar que no se tomaron las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos y que a pesar de que los profesores les habían prohibido nadar en el río, no había lugar a reducir la responsabilidad de la entidad porque el daño no se produjo como consecuencia de la desatención de la orden, sino porque “La administración al desarrollar su labor educativa, olvidó que simultáneamente debía garantizar la seguridad en la salida pedagógica, ya que no incluyó el apoyo en la vigilancia del grupo para evitar que se pusiera en peligro la vida de los alumnos”, como tampoco había previsto los riesgos a los cuales se exponía a los alumnos al llevarlos al lugar donde ocurrieron los hechos, “evento que por ser organizado y autorizado por las autoridades educativas debía presumirse brindaba las mínimas condiciones o garantías para una estadía libre de riesgos”. En igual sentido, sentencias de 13 de febrero de 1997, Exp. 11.412 y de 20 de febrero de 2003, Exp. 14.144.

(6) Consejo de Estado, sentencias de 6 de septiembre de 2001 Exp.13232 y 15646.