Sentencia 1999-03143 de septiembre 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Radicación número: 05001-23-31-000-1999-03143-01(44712)

Actor: Fabio Loaiza Gaviria y otros.

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Acción de reparación directa.

Temas: Apelante único-Límites de la apelación. Privación de la libertad en preclusión porque el hecho era atípico-Daño especial. Perjuicio moral-Aplicación de criterios de sentencias de unificación. Detención domiciliaria-La afectación a la libertad es menor que la retención en centro penitenciario. Perjuicios morales-La afectación a la libertad es menor en detención domiciliaria. Medidas de justicia restaurativa- Improcedencia. Lucro cesante-Se liquida con el salario mínimo cuando no se acredita el monto devengado.

Bogotá D.C., veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 CN y art. 86 CCA).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(3).

La demanda se interpuso en tiempo -16 de septiembre de 1999- porque los demandantes tuvieron conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 19 de diciembre de 1997, fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución de preclusión de la investigación a favor de Fabio Loaiza Gaviria(4).

Legitimación en la causa

4. Fabio Loaiza Gaviria, Grecia Franchezca Loaiza Sánchez, Paula Andrea Loaiza Serna y Juan Carlos Loaiza Marulanda son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero fue el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

La Nación–Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación del demandante en el proceso penal que se le siguió.

El llamado en garantía Jaime León Gómez Duque está legitimado en la causa, en su calidad de Fiscal 88 Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín pues tuvo a cargo la investigación.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la preclusión de la investigación porque la conducta era atípica, torna en injusta la privación de la libertad.

  1. Análisis de la Sala
 

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC. No se entrará a estudiar la absolución del llamado en garantía porque no fue objeto del recurso.

Hechos probados

6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1 El 12 de julio de 1996, la Fiscalía 88 Seccional Unidad de Delitos contra la Administración y Financieros profirió orden de captura en contra de Fabio Loaiza Gaviria por el delito de peculado, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esta fecha (f. 128, c. 2).

6.2 El 25 de julio de 1996, el CTI de la Policía capturó a Fabio Loaiza Gaviria, según da cuenta copia auténtica del informe de captura y el acta de derechos del capturado (f. 45 a 49, c. 2).

6.3 El 30 de julio de 1996, la Fiscalía 88 Seccional Unidad de Delitos contra la Administración y Financieros profirió medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra de Fabio Loaiza Gaviria por el delito de peculado, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (f. 179 a 187, c. 2).

6.4 El 26 de noviembre de 1996, la Fiscalía 88 Seccional Unidad de Delitos contra la Administración y Financieros ordenó la libertad provisional de Fabio Loaiza Gaviria, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esta fecha (f. 333, c. 3).

6.5 El 5 de diciembre de 1997, la Fiscalía 88 Seccional Unidad de Delitos contra la Administración y Financieros precluyó la investigación a favor de Fabio Loaiza Gaviria por el delito de peculado, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esta fecha (f. 502 a 518, c. 3).Esta providencia quedó ejecutoria el 19 de diciembre de 1997, según da cuenta la constancia de ejecutoria (f. 522, c. 3).

6.6 Fabio Loaiza Gaviria es padre de Juan Carlos Loaiza Marulanda, Grecia Franchezca Loaiza Sánchez y Paula Andrea Loaiza Serna, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento allegados con la demanda (f. 3 a 5, c. 2).

La privación de la libertad fue injusta porque la conducta era atípica.

7. El daño antijurídico está demostrado porque Fabio Loaiza Gaviria estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal intramural desde el 25 de julio de 1996 hasta el 30 del mismo mes y del 31 de julio de 1996 hasta el 26 de noviembre del mismo año fue privado con medida de detención domiciliaria [hechos probados 6.2, 6.3 y 6.4]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

8. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(5) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) “porque el hecho no existió”, (ii) “el sindicado no lo cometió”, o (iii) “la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,(6) con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN(7).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(8).

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

9. Ahora bien, el fundamento de la preclusión de la investigación que se siguió en contra de Fabio Loaiza Gaviria fue que la conducta era atípica.

En efecto, la Fiscalía 88 Seccional Unidad de Delitos contra la Administración y Financieros dictó orden de captura y medida de aseguramiento contra Fabio Loaiza Gaviria con fundamento en la denuncia que presentó el Director del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid [hechos probados 6.1 a 6.3].

Sin embargo, la resolución que precluyó la investigación determinó que la conducta de Fabio Loaiza Gaviria era atípica [hecho probado 6.5]. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

Como primera medida hemos de anotar que el contrato de obra nº01 de 1994 celebrado entre el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la compañía Multiobras Ltda se rigió pro el Decreto-Ley 222/83, el que no hacía punible las actuaciones de los contratistas en lo referente al incumplimiento del contrato y demás circunstancias vinculadas a él, como ahora sí lo estipula el art. 56 de la Ley 80/93 […]. De acuerdo con los planteamientos que anteceden […] procederá a proferir resolución de preclusión de la instrucción a favor del Dr. Fabio A. Loaiza Gaviria y al considerar la atipicidad de la conducta investigada […] (f. 508 a 518, c. 3).

Así las cosas, como la absolución se fundamentó en la atipicidad de la conducta, el título de imputación aplicable es el objetivo de daño especial, lo que torna en injusta la privación de la libertad.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación y por ello se confirmará la sentencia apelada en ese aspecto.

Indemnización de perjuicios

10. La demanda solicitó el reconocimiento del equivalente a 1000 gramos oro para cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales. La sentencia de primera instancia reconoció 60 SMLMV para la víctima directa y 50 SMLMV para cada uno de sus hijos. En el recurso de apelación, la parte demandada alegó que los perjuicios morales debían ser ajustados porque el Tribunal no consideró para su tasación que Fabio Loaiza Gaviria fue objeto de detención domiciliaria.

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(9).

En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

SUPERIOR
 

Además de este parámetro, la providencia de unificación dejó claro que el juez debe valorar las circunstancias propias del caso concreto, con el objeto de determinar la gravedad de esta afectación(10).

De igual forma la Sala Plena de la Sección Tercera en otra providencia de unificación sobre la materia, también determinó que deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos, “las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria”(11), para efectos de tasar el perjuicio moral.

La Sala reitera(12) que la afectación al derecho a la libertad en los casos de detención domiciliaria es menor en comparación con los eventos en los que la restricción a ese derecho se impone en un centro penitenciario, en tanto que las condiciones de esa restricción no conllevan para el sindicado el alejamiento de sus seres queridos, ni la separación del hogar del cual hace parte, circunstancia que reduce la intensidad de dolor moral.

No obstante, ello no quiere decir que en los casos en los que se demuestre que, por las condiciones especiales de la privación de la libertad de una persona, incluso en su domicilio, el derecho a la libertad resultó afectado en mayor grado, tal circunstancia no deba ser objeto de reconocimiento en el trámite del proceso.

Fabio Loaiza Gaviria fue privado de la libertad con orden de captura para rendir indagatoria entre el 25 de julio de 1996 y el 30 de julio de 1996, esto es, por 6 días y estuvo privado de su libertad con medida de aseguramiento de detención domiciliaria entre el 31 de julio y el 26 de noviembre de 1996, esto es por 3.8 meses, para un total de 4.03 meses [Hechos probados 6.1 a 6.5]. La Sala modificará la condena pues Fabio Loaiza Gaviria recuperó su libertad el 26 de noviembre de 1996, esto es antes de la decisión de preclusión de la investigación que ocurrió el 5 de diciembre de 1997 [Hecho probado 6.5].

También está acreditado que Fabio Loaiza Gaviria es el padre de Juan Carlos Loaiza Marulanda, Grecia Franchezca Loaiza Sánchez y Paula Andrea Loaiza Serna [hecho probado 6.6].

La Sala ha sostenido(13) que en los eventos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima el perjuicio moral se infiere del vínculo parental o marital.

En estas condiciones, al tratarse de una detención domiciliaria y como no obran pruebas de un sufrimiento moral distinto al derivado de esa restricción de la libertad, se reducirá a la mitad el monto que se reconoce por estos perjuicios en los casos de detención por un tiempo igual en centro carcelario por lo que la Sala modificará la condena en el sentido de ordenar el pago de 25 SMLMV para la víctima directa y para cada uno de sus hijos.

11. La demanda solicitó el reconocimiento del lucro cesante, a favor de Fabio Loaiza Gaviria, por los dineros dejados de percibir durante el tiempo de reclusión. La sentencia de primera instancia reconoció $9´256.100 por este perjuicio. El Tribunal lo liquidó con base en el salario mínimo legal vigente para la fecha de la sentencia, desde la fecha de captura hasta la preclusión.

La demanda sólo afirmó que Fabio Loaiza Gaviria además de ser propietario de la empresa Multiobras de Colombia Ltda se dedicaba a labores de ingeniería, pero no allegó prueba que acreditara la actividad económica ni sus ingresos.

Como Fabio Loaiza Gaviria, al momento de la privación de su libertad, se encontraba en edad productiva pues tenía 60 años(14), se tomará el salario mínimo mensual legal vigente como ingreso base de liquidación, pues según la jurisprudencia se presume que toda persona en edad productiva y laboralmente activa devenga por lo menos un salario mínimo mensual legal vigente(15).

Por lo anterior, al no estar demostrado el ingreso mensual de Fabio Loaiza Gaviria, la Sala tomará el salario mínimo mensual como el ingreso base de liquidación.

El período de indemnización será el comprendido entre el 25 de julio de 1996 [hecho probado 6.2] y el 26 de noviembre de 1996 [hecho probado 6.4], 4.03 meses y la liquidación se realizará de conformidad con la siguiente fórmula:

SRA
 

Donde:

Ra= ingreso base de liquidación

i= interés legal

n= periodo de indemnización

PESOS
 

12. La sentencia de primera instancia condenó a la Nación-Fiscalía General de la Nación a ejecutar “medidas de justicia restaurativa para revertir el statu quo y la confianza legítima de los demandantes en las instituciones públicas”.

Como los hechos analizados en el sub lite no revisten una relevancia o gravedad que amerite imponer las medidas ordenadas por la sentencia de primera instancia, serán revocadas.

13. Finalmente, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, en la medida en que no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe, por lo cual la sentencia se confirmará en ese sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: MODIFÍCANSE los numerales segundo y tercero la sentencia del 18 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia, los cuales quedarán así:

Segundo: DECLÁRASE que la Nación-Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad de Fabio Loaiza Gaviria, ocurrida entre el 25 de julio y el 26 de noviembre de 1996.

Tercero: CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar: a) por concepto de perjuicios morales a Fabio Loaiza Gaviria, Grecia Franchezca Loaiza Sánchez, Paula Andrea Loaiza Serna y Juan Carlos Loaiza Marulanda la suma equivalente en pesos a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno; b) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a Fabio Loaiza Gaviria, la suma de dos millones setecientos noventa y nueve mil cincuenta y ocho pesos moneda corriente ($2´799.058).

Segundo: REVOCASE el numeral cuarto de la sentencia del 18 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia.

Tercero: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia del 18 de enero de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Según el Acta nº. 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no comparte, sigue el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996, esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425. Criterio reiterado en sentencias del 13 de septiembre de 2001, Rad. 13.392. y del 14 de febrero de 2002, Rad. 13.622.

4 [Hecho probado 6.5]

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354.

7 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de julio de 2016, Rad. 41.875

13 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera las sentencias del 17 de julio de 1992, Rad. 6.750; del 16 de julio de 1998, Rad. 10.916 y del 27 de julio de 2000, Rad. 12.788 y Rad. 12.641.

14 De conformidad con la copia simple del acta de la diligencia de indagatoria en la que Fabio Loaiza Gaviria indicó haber nacido en octubre de 1935 (f. 16, c. 1).

15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2001. Rad. 13.086; Sentencia del 15 de octubre de 2008. Rad. 18.586. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 14 de marzo de 2016, Rad. 40.286.