Sentencia 1999-03333/39211 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Exp.: 39211

Rad.: 050012331000199903333 01

Actor: Héctor Helio Rangel González y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., treinta de noviembre del dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

14. Por ser las entidades demandadas de índole estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, esta corporación es competente, en razón de los recursos de apelación interpuestos en un proceso con vocación de doble instancia, en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

15. La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por el daño particular y concreto que según los demandantes fue ocasionado con el decomiso de sus bienes, y su posterior deterioro.

De la caducidad de la acción

16. El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tiene la carga de promover el litigio. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

16.1. En ese orden de ideas, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

16.2. En el presente caso, el término de caducidad de la acción de reparación directa se debe contar a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que ordena la devolución de los bienes decomisados y le pone fin al proceso penal, ya que el carácter injusto de la medida cautelar se logra apreciar solo a partir del momento en que queda ejecutoriada la referida providencia.

16.3. En ese orden de ideas, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se encuentra acreditado que en sentencia del 5 de noviembre de 1997 el Juzgado Regional de Medellín ordenó la devolución de los bienes decomisados (fl. 77 - 87, cdno. 1), y que esta providencia fue confirmada por el Tribunal Nacional el 23 de junio de 1998 (fl. 192 - 200, cdno. 3), cuando surtió el grado jurisdiccional de consulta. Teniendo en cuenta que la demanda fue interpuesta el 29 de septiembre de 1999 (fl. 42, cdno. 1), se concluye que no operó el fenómeno de caducidad, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

De la legitimación en la causa

17. En el presente caso se encuentran legitimados en la causa por activa el señor Héctor Helio Rangel González por ser el propietario del predio La Gitana y del vehículo tipo campero, marca Toyota, de placas KEC 591. Igualmente, su compañera Ana Francisca Silva Quiroga(2) y sus hijos Sandra Mireya Rangel Silva, Adriana Rangel Silva, Julia Jiovanna Rangel Silva y Héctor Alexánder Rangel Silva, quienes tienen intereses patrimoniales sobre los bienes como familiares directos del propietario (registros civiles de nacimiento, fl. 57 a 60, cdno. 1).

18. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca proviene de las actuaciones de la Nación - Ministerio de Defensa, Nación - Fiscalía General de la Nación y Dirección Nacional de Estupefacientes, entidades encargadas de adelantar el allanamiento y decomiso de los bienes de los actores, así como de llevar a cabo el proceso penal, lo cual involucra de manera directa el daño alegado en la demanda, por lo que se concluye que poseen legitimación en la causa por pasiva, para acudir al presente proceso.

18.1. No ocurre lo mismo con la entidad demandada Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, y la posteriormente vinculada, en virtud de la denuncia de pleito invocada, Nación-Rama Judicial, por cuanto sus actuaciones no resultan involucradas en el daño alegado en la demanda, razón por la que no están llamadas a responder en el presente proceso.

Hechos probados

19. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

19.1. El señor Héctor Helio Rangel González es propietario del predio denominado La Gitana en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia, así como del vehículo tipo campero marca Toyota de placas KEC 591 (certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria, fl. 46 a 48, cdno. 1, y certificado de propiedad emitido por la Dirección de Transportes y Tránsito de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, fl. 80, cdno. 3).

19.2. Con base en el informe de inteligencia del 20 de abril de 1996, suministrado por el comandante del Batallón Nº 44 de Policía Militar de Medellín, se llevó a cabo, por parte de la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada de Medellín, diligencia de ocupación del inmueble “La Gitana” donde fueron hallados un laboratorio para el procesamiento de cocaína y 13 kilos de dicho alcaloide. En el acta de diligencia de ocupación del mencionado inmueble se registró:

[E]n el municipio de Caldas (…) a los veinte (20) días del mes de abril de 1996 siendo (…) las doce y cuarenta horas se hicieron presentes en el inmueble denominado “La Gitana” (…) el fiscal regional delegado ante la cuarta brigada, (…) el señor Oficial S-3 mayor Fonseca Becerra Alfredo y el Procurador Judicial (…) con el fin de llevar a cabo la diligencia de ocupación del referido inmueble, con fundamento en informe de inteligencia y registro de esta misma fecha y sin número, suministrado por (…) comandante del Bat. Nº 44 Policía Militar adscrito a la Cuarta Brigada. Encontrándonos en el mencionado paraje se pudo constatar y efectivamente se hallaron números (sic) elementos propios para la elaboración de alcaloides (laboratorio) (…) Según la información inicial la finca es propiedad del señor Héctor Rangel se deja constancia que en la casa principal se encuentran dos vehículos marca Dodge Dart y otro Ford Tunderver (sic) que según manifestación de la señorita Adriana Rangel son de propiedad de los señores Ana de Rangel y Héctor Rangel; igual se deja constancia que en la cocina hay una estufa eléctrica y una nevera en regular estado, igual que cinco caballos en una pesebrera, se deja constancia que los insumos para el procesamiento de alcaloides y elementos propios para el mismo menester fueron hallados en una pesebrera distante más o menos cien metros en línea recta y trescientos metros por un camino transitable de piedra que comunica la pesebrera (…)

La casa y objetos relacionados, quedan a cargo del trabajador de la finca de nombre Bernardo que fue invadido (sic) para el efecto por la señorita Adriana Rangel de Silva. En custodia del inmueble queda el segundo pelotón de Policía Militar (…)

La mencionada señora Rangel Silva acepta que los animales queden bajo la custodia, cuidado y mantenimiento del señor Jhon Fredy Pérez Montoya (…) quien es su empleado dependiente, corrigiéndose lo anterior cuando manifestó que todo quedaba bajo el cuidado de un señor Bernardo (…) (fl. 3-5, cdno. 3).

19.3. Mediante oficio de 23 de abril de 1996, la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada dejó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes el bien inmueble denominado “La Gitana” y el vehículo Toyota de placas KEC 591 e informó que durante la diligencia de ocupación fueron capturados Fabio de Jesús Quintero Hernández, Jorge Alberto Gutiérrez y Adriana Rangel Silva (oficio Nº 059, f. 2, cdno. 3).

19.4. La Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada dispuso la apertura de la instrucción por los referidos hechos, a la cual fueron vinculados los mencionados capturados, a quienes les resolvió situación jurídica el 7 de mayo de 1996 profiriendo medida de aseguramiento en su contra, como presuntos infractores de la Ley 30 de 1986 (sent. jun. 23/98, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional de Bogotá, fl. 194, cdno. 3).

19.5. El 19 de julio de 1996, la Dirección Nacional de Estupefacientes profirió la Resolución 0988, mediante la cual se destinó, de manera provisional, el inmueble denominado finca La Gitana, a la corporación Pro-ayuda Social al Marginado “El Hermano” y el vehículo Toyota de placas KEC 591, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales. En la resolución se dispuso que los destinatarios de los bienes debían designar un depositario a quien se le impondrían los deberes del cargo como secuestre judicial y que los actos de conservación y funcionamiento estarían a su cargo y tendrían el deber de devolverlo en el estado en que los hubieran recibido, salvo el deterioro por su uso normal (Res. 988 de 19 de julio de 1996, fl. 13 a 16, cdno. 3).

19.6. El actor repuso esa decisión y solicitó la entrega provisional de los bienes, sin embargo, el recurso fue rechazado y la decisión confirmada en su totalidad (fl. 28 -32, cdno. 3).

19.7. Mediante peticiones del 4 de noviembre de 1996, 7 y 23 de diciembre de 1998, el apoderado del actor insistió nuevamente en la solicitud de devolución de los bienes decomisados, las cuales fueron infructuosas (fl. 716, 267 - 270, cdno. 3).

19.8. El 2 de octubre de 1996, la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada adelantó la diligencia de entrega del inmueble denominado finca La Gitana (fl. 61 y 62, cdno. 3), en cumplimiento de la Resolución 0988 de 19 de julio de 1996. En el acta de entrega se anotaron las características del inmueble con una descripción detallada de los elementos que lo componen, y se registró la presencia de: i) dos vehículos, uno marca Dodge de placas EXH 875 y otro de marca Thunderbird de placas KFJ 356; y ii) diez caballos, nueve hembras y un reproductor, bienes muebles sobre los cuales la Fiscalía no adoptó ninguna decisión, toda vez que no se encontraban relacionados en la Resolución.

19.9. El 24 de octubre de 1996, la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada le informó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales no recibió el vehículo asignado de manera provisional mediante Resolución 0988 de 19 de julio de 1996, debido al regular estado del mismo, por lo que se dejó bajo vigilancia y cuidado de la Seccional Antioquia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y solicitó que se estudie la posibilidad de que le sea asignado, debido a que requiere un vehículo de tales características, para el desplazamiento de retenidos (fl. 69, cdno. 3).

19.10. Mediante Resolución 1435 de 24 de septiembre de 1997, la Dirección Nacional de Estupefacientes destinó de forma provisional el vehículo Toyota de placas KEC 591 a la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada (fl. 113, cdno. 3).

19.11. El 4 de noviembre de 1997, la apoderada judicial del señor Héctor Helio Rangel González le comunicó a la Dirección Nacional de Estupefacientes la preocupante situación en la que se encuentra la tenencia del inmueble La Gitana, pues la corporación Pro-ayuda “El Hermano” aloja en este drogadictos en rehabilitación que tienen el predio “casi destruido” y amenaza la seguridad de la comunidad aledaña (fl. 126, cdno. 3), ante lo cual, la Dirección Nacional de Estupefacientes requirió a la corporación Pro-ayuda “El Hermano” para que le dé un uso debido al bien que le fue destinado únicamente para alojar personal masculino en rehabilitación (fl. 129, cdno. 3).

19.12. La corporación Pro-ayuda “El Hermano” informó que en sus instalaciones solo se encuentra personal masculino en rehabilitación y allegó certificación del Departamento Administrativo de Planeación y Valorización del 12 de febrero de 1998, en la que se informó el mal estado en el que se encuentra el techo de la casa, debido a la antigüedad de la construcción, por lo que requiere mantenimiento. En el informe de uso y estado correspondiente a abril de 1998, se consignó que se realizaron mejoras locativas en el techo de la casa, por un valor aproximado de $2.000.000 (fl. 131, cdno. 3).

19.13. El 5 de noviembre de 1997, el Juzgado Regional de Medellín resolvió el trámite incidental propuesto por el señor Héctor Helio Rangel González para la restitución del inmueble denominado La Gitana y el vehículo campero marca Toyota de placas KEC 591. En la providencia se estableció que el lugar donde se encontró el laboratorio para la elaboración de cocaína era donde funcionaba la “marranera” y “pesebrera” de la finca, el cual se encontraba arrendado al señor Gildardo de Jesús Vergara y su ubicación es retirada de la casa principal. Esta última era alquilada para fiestas, razón por la cual Adriana Rangel Silva se encontraba en el lugar, al que arribó en el vehículo Toyota que también fue decomisado. Con base en las pruebas recaudadas durante el incidente, así como aquellas trasladadas del proceso penal, el juzgado concluyó que el propietario de la finca no tuvo participación criminal en los hechos punibles por lo que ordenó la devolución de sus bienes. En la referida providencia se anotó:

[D]urante el trámite del incidente, se practicaron las pruebas que a continuación se puntualizan a saber: declaraciones de los señores JULIO (sic) Jiovanna Rangel Silva, Sandra Mireya Rangel Silva, Ana Francisca Silva Quiroga, Mario Alberto Jaramillo Echeverry, Rubén Darío Herrera Osorio, quien (sic) son unánimes en expresar que la finca denominada La Gitana está dividida en dos partes, una principal, donde está la casa y un salón, que se alquilaba para fiestas y para puentes los fines de semana y otra parte que viene a ser la de abajo, llamada la marranera, que se le tenía alquilada al señor Gildardo Vergara, por la suma de cien mil pesos, según contrato que hizo la señora Ana Francisca Silva, en forma escrita autenticado en la notaría de Caldas (A); dicho señor, se dedicaba a la cría de marranos, gallinas, tenía vacas y vendía leche y nunca se metía con nosotros, ya que él entraba por una puerta muy diferente a la entrada principal de la finca. La finca hacía dos meses de la ocurrencia de los hechos delictivos, que se encontraba poseyéndola el señor Vergara, porque la señora Ana, sus hijos y nietos, se fueron a vivir al pueblo de Caldas (A), para facilitar el estudio y transporte de su familia.

También se acreditó plenamente por los diversos testigos, que la finca permanencia (sic) sin habitar la parte de arriba, ya que solo subían a mostrarla, para alguna reunión o fiesta social o para temperar o veranear los fines de semana o puentes y que esto lo hacían con el fin de colaborarse (sic) la familia del incidentalista desde el punto de vista económico; lo mismo que el alquiler de la parte de abajo o marranera perteneciente a la misma finca, como de propiedad del señor Rangel González; también afirman los declarantes que desfilaron en el debate probatorio del incidente que el carro decomisado, a la hija de éste de nombre Adriana, que se transportaba en él el día de los hechos delictivos, cuando se dirigió a la heredad, en el momento que realizaban el allanamiento y registro de la misma, por parte del personal uniformado perteneciente a la Cuarta Brigada de esta Capital es de propiedad del señor Rangel González.

Por último, aseveran los deponentes, que en el sitio denominado la parte de abajo o la marranera, se encontró por los gendarmes que llevaron a efecto la diligencia de allanamiento y registro, un rústico laboratorio para el procesamiento de cocaína; que la persona que debe responder por la ilicitud es el señor Gildardo Vergara, quien era la persona que residía en esa parte de la finca, junto con su señora y sus dos hijos. Así mismo manifiestan, que le conocieron al señor Rangel González un carro campero, de marca Toyota de color blanco, que utilizaba la familia para el transporte de la finca “La Gitana” hacia el municipio de Caldas (A) y a las dependencias de la Universidad de Medellín, donde estudiaba la carrera de derecho la procesada Adriana Rangel Silva.

También reposan en el cuaderno incidental, sendos certificados de tradición y libertad de la propiedad inmueble denominada La Gitana, como el de propiedad del vehículo automotor decomisado el día del procedimiento policivo, en donde se especifica que el verdadero dueño de tales bienes, no es otro que el señor Rangel González Héctor Helio.

Como prueba trasladada del proceso penal, seguido en contra de Adriana Rangel y otros, se trasladó al cuaderno incidental (…) diligencia de inspección judicial realizada en las instalaciones de la finca denominada La Gitana, en donde se encontró un laboratorio para el procesamiento de sustancias sicotrópicas en una marranera de la citada finca, en el cual se incautaron varios kilos de cocaína y variedad de insumos (…).

Por último, se tiene como prueba trasladada, el contrato de arrendamiento suscrito por la señora Ana Silva De Rangel, en calidad de arrendadora y los señores Gildardo de Jesús Vergara, en calidad de arrendatario y Roberto Antonio Castaño Morales, en calidad de fiador; contrato debidamente autenticado.

La prueba tanto testimonial como la documental y la trasladada, en el presente incidente, nos lleva a concluir que el señor Rangel González, es un verdadero tercero incidental, que no tuvo participación criminal en los hechos punibles que motivaron el adelantamiento del proceso penal referenciado y que los bienes incautados, indicado en acápites anteriores deben devolverse a su propietario, que no es otro que le (sic) incidentalista Rangel González, ya que los mismos fue (sic) incautados en el momento mismo de resolver la situación jurídica, por parte de la Fiscalía Delegada Regional de la Ciudad (…) (fl. 180 a 190, cdno. 3).

19.14. El 20 de enero de 1998, el Juzgado Regional de Medellín profirió sentencia en la que condenó al señor Fabio de Jesús Quintero Hernández, debido a que este confesó su participación en el ilícito, y absolvió a Adriana Rangel Silva, por cuanto se comprobó que su presencia en la finca obedeció a que se encontraba mostrando la casa principal a personas interesadas en tomarla en arriendo. Al respecto en la providencia del 23 de junio de 1998, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional de Bogotá se anotó:

[S]e demostró por medios probatorios que el laboratorio fue hallado en las instalaciones donde funciona una “marranera” y que no era visible si no se levantaba una cortina, tal como lo señala uno de los miembros del ejército Nacional. Por consiguiente, el solo hecho de que Adriana Rangel Silva hubiera entrado a las instalaciones y permaneciera allí por espacio de cinco minutos no era suficientes para pregonar que conocía la existencia del mismo (fl. 200, cdno. 3).

19.15. Mediante sentencia del 23 de junio de 1998, el Tribunal Nacional resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Fabio de Jesús Quintero, quien fue condenado en primera instancia; y revisó en grado jurisdiccional de consulta la decisión absolutoria a favor de Adriana Rangel Silva, así como lo relacionado con la orden de entrega definitiva de la finca La Gitana y el campero Toyota de placas KEC 591.

19.15.1. Respecto de la condena en contra del señor Quintero Hernández el Tribunal consideró que el material probatorio es indicativo de su responsabilidad en el ilícito, así mismo, confirmó la absolución a favor de Adriana Rangel, por cuanto en su contra solo obra el indicio de presencia en el lugar de los hechos, lo cual se encontró suficientemente justificado en el proceso. Finalmente, respecto de la orden de entrega definitiva de los bienes incautados el Tribunal encontró probada tanto su procedencia legítima como la “ajenidad en los hechos delictivos que fueron objeto de investigación”, por lo que dispuso la confirmación de la decisión adoptada por el juzgado Regional de Medellín referente a su devolución definitiva. En la sentencia de 23 de junio de 1998 proferida por el Tribunal Nacional se consideró:

[A]l respecto y con referencia exclusiva al primero de los procesados se cuenta dentro de la investigación con el informe suscrito por el Mayor del Ejército Alfredo Fonseca, oficial S-3 del Batallón de Policía Militar N°. 44, quien indica que en desarrollo de patrullaje por la Vereda Primavera del Municipio de Caldas se localizó en la finca La Gitana de propiedad del señor Héctor Rangel un laboratorio para el procesamiento de cocaína, produciéndose la aprehensión de Fabio de Jesús Quintero Hernández quien manifestó ser trabajador de ese laboratorio y desempeñarse en oficios varios. Posteriormente llegaron en el vehículo Toyota blanco de placas KEC 591 Adriana Rangel Silva en compañía de Jorge Alberto Gutiérrez, a la vez que manifestó ser la hija del dueño de la finca y como tal había bajado a mirar qué sucedía al notar la presencia de un soldado en ese lugar, razón por la cual fueron detenidos, junto con el vehículo en que se transportaban.

Los uniformados que participaron en el operativo (…) no dudan en señalar a Quintero Hernández como aquel que fuera aprehendido cuando estaba llegando al lugar donde funcionaba el laboratorio de estupefacientes y quien al verse sorprendido por los militares quiso evadir su responsabilidad indicando inicialmente que iba a pedir trabajo, pero que tras luego de breve interrogatorio terminó “confesando” participación en las ilícitas actividades que allí se realizaban, manifestando que tan solo cumplía órdenes de la persona a quien llamaban por el alias de “Noño”, quien para ellos lo tenía amenazado de muerte.

Además de la anterior evidencia se tiene lo dicho por el procesado Quintero Hernández en su diligencia de indagatoria quien a toda costa pretende eludir su responsabilidad, manifestando que la labor por él desempeñada en esa finca era la de darle de comer a las bestias y ordeñar las vacas, aunque ocasionalmente llegaba un camión y a él le tocaba bajar canecas y bultos y entrarlos a la casa donde eran revueltos en unos tambores por las 10 personas que allí trabajaban, sin que él se enterara del nombre de ninguno de ellos pues todos se llamaban por apodos. Agrega que no avisó a las autoridades sobre las actividades que allí se desarrollaban, toda vez que fue amenazado de muerte en caso de que hablara. Indagado por el nombre de la persona que contrató sus servicios solo atina a responder que le decía “Noño” sin que se enterara de su verdadero nombre (…).

Ninguna credibilidad se le puede otorgar a la manifestación vertida en su injurada de que tres días después de haber ingresado a trabajar en el laboratorio se le mostraron los precursores químicos y elementos utilizados para el procesamiento de cocaína indicándole que su función consistiría en ayudar en lo que le fueren diciendo y que si no aceptaba las ordenes que se le daban se le ocasionaría la muerte, puesto que su comportamiento lo que demuestra es una cosa totalmente diferente, esto es, que se trataba de una persona que prestaba sus servicios de manera consiente, libre y voluntaria al laboratorio donde se producía el estupefaciente y como tal gozaba de gran confianza por parte de los dueños del mismo, siendo ellos justamente lo que le permitió salir, según su propio dicho, de tal lugar a disfrutar de permiso para regresar en horas de la noche, con tal mala suerte para él que no advirtió la presencia de los militares que se encontraban acantonados en el lugar a la espera de presenciar la llegada de otras personas al inmueble.

(…) por qué razón si tuvo la oportunidad no se dirigió hasta las autoridades de policía a poner en conocimiento los hechos delictivos que se estaban sucediendo y cuál la causa para regresar al lugar de trabajo en horas de la noche si en su contra existían amenazas de muerte.

La respuesta no se hace esperar, sencillamente por cuanto de manera libre y voluntaria se encontraba comprometido en el procesamiento de cocaína y como tal ningún interés tenía en denunciar los hechos a las autoridades y menos dejar de cumplir las labores que en compañía de otros miembros de la empresa criminal estaba desarrollando (…).

Lo relativo a la negativa del juez a conceder la condena de ejecución condicional será objeto de confirmación en tanto no encuentra demostración ni siquiera el primero de los varios requisitos contenido en el artículo 68 del C.P. que se refiere a que la pena impuesta no supere los tres años de prisión. También recibirá confirmación lo relativo a la pena accesoria de interdicción de derecho y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal (…).

Precisado lo anterior, en lo que respecta a la situación de Adriana Rangel Silva, se tiene que ciertamente en su contra solo obra el indicio de presencia en el lugar de los hechos el cual como se verá a continuación está suficientemente desvirtuado con medios de prueba oportuna, regular y legalmente aportados del proceso, a partir de los cuales cobra fuerza la explicación por ella presentada durante toda la investigación y avalada por la defensa de que la presencia de la acusada RANGEL SILVA en el inmueble en donde fue hallada la sustancia estupefaciente resultó puramente accidental y desligada de una eventual participación en la comisión del delito en especie alguna.

Por ello, se imponía la absolución de la acusada con aplicación favorable del artículo 445 del cdno. de P.P. conclusión a la que acertadamente arribó el a quo en la sentencia objeto de ilimitada revisión por vía de consulta, con la cual se ha mostrado totalmente de acuerdo el representante de la sociedad ante esta instancia.

Veamos, Adriana Rangel Silva ha sostenido desde su aprehensión que la Finca La Gitana es de propiedad de su padre Héctor Helio Rangel quien reside en Bucaramanga, razón por la cual la casa principal se destinó por su señora madre Ana Silva de Rangel para ser alquilada por días, semanas y meses para la realización de eventos sociales y como sitio de descanso. Otro tanto sucedió con el lugar donde funciona la “marranera” sitio que había sido alquilado desde hacía dos años al señor Gildardo Vergara conforme consta en el contrato de arrendamiento que aportó al proceso. Agrega que para la fecha de los hechos estuvo en la casa principal a eso de las cinco de la tarde y desde allá gritó a la vivienda de Gildardo Vergara con el propósito de que le subieran la leche pues era su costumbre comprarla a ellos, quienes a su vez siempre la subían hasta la casa. En vista de que no obtuvo ninguna respuesta bajó hasta el lugar observando que en el sitio se encontraba un soldado, hecho que le causó extrañeza, procediendo a preguntarle por Gildardo Vergara y como ninguna respuesta le dio se retiró del lugar. A eso de las 7:30 de la noche encontrándose en su residencia del Municipio de Caldas recibió una llamada de una familia interesada en alquilar la finca, por lo cual nuevamente se dirigió hasta el lugar, esta vez en compañía de su amigo Jorge Alberto Gutiérrez y luego de mostrarla le pidió a Jorge que la acompañara hasta la casa de Gildardo Vergara, puesto que en la tarde había visto un soldado situación que la había dejado intrigada, siendo esta la razón por la cual se dirigieron hasta tal lugar donde fueron aprehendidos por miembros del Ejército Nacional.

La anterior postura procesal mantenida a través de la investigación, antes que ser desvirtuada encontró plena corroboración con los diversos medios de prueba aportados al proceso como se verá a continuación.

El informe suscrito por el Mayor del Ejército Alfredo Becerra, refiere que a eso de las 6:30 de la tarde compareció Adriana Rangel Silva en compañía de Jorge Alberto Gutiérrez, siendo esta la misma persona que una hora antes había estado en el lugar, había dado una vuelta y se había ido. Las declaraciones del C.S. Óscar Molina Restrepo y los soldados (…) manifiestan que efectivamente la procesada estuvo en dos oportunidades en la casa donde se halló el laboratorio, la primera de ellas luego de que en varias oportunidades llamara a una persona desde la casa principal al lugar donde se encontró el laboratorio y la segunda cuando llegó hasta el sitio en compañía de otra persona.

Recepcionado el testimonio de la señora Ana Francisca Silva Quiroga, indica que le arrendó “la marranera” desde el 7 de febrero de 1994 al señor Gildardo Vergara, quien lo destinó para la crianza de cerdos vacas y caballos y además vendía leche y queso, sin que nunca notara nada raro en tal predio, persona a la que no volvió a ver desde el día en que se encontraron el laboratorio para el procesamiento de alcaloides en tal lugar. Que para la fecha de los hechos envió a su hija a que fuera a mostrar la finca a una familia interesada en alquilarla, habiendo sido aprehendida por el Ejército.

Jorge Alberto Gutiérrez quien fuera vinculado al proceso y al cual se le precluyó la investigación, en diligencia de indagatoria y posteriormente al ser escuchado en testimonio corrobora plenamente la afirmación suministrada por Adriana Rangel Silva en el sentido de que su presencia en la finca obedeció a que fue a mostrarla a una familia interesada en alquilarla y cumplido tal propósito bajaron hasta el lugar que estaba arrendado a Gildardo Vergara en donde fue hallado el laboratorio toda vez que ADRIANA RANGEL había visto en horas de la tarde a un soldado y había quedado intrigada de saber qué era los que sucedía allí.

Con las declaraciones a que se acaba de hacer referencia cobra fuerza la afirmación de la procesada Adriana Rangel Silva en el sentido de que su traslado hasta la residencia de Gildardo Vergara respondió ante los insistentes llamados que desde la casa principal les hizo inicialmente, lo que motivó que bajara hasta dicho lugar donde permaneció por espacio de cinco minutos, sin que por ello pueda pregonarse que estaba enterada de la destinación ilícita que al inmueble se le había dado, pues tal situación no logró acreditarse.

A los autos se aportó copia del contrato de arrendamiento suscrito el 7 de febrero de 1994 entre los señores Ana Silva de Rangel como arrendadora, Gildardo de Jesús Vergara y Roberto Antonio Castaño Morales como arrendatarios del terreno donde funciona la “marranera” con casa de habitación, documento que fue debidamente suscrito y sus firmas reconocidas ante la Notaría Única del Círculo de Caldas.

Con tal documento se prueba que si bien Adriana Rangel Silva era la encargada por su señora madre de mostrar la casa principal de la finca la Gaitana (sic) a las personas interesadas en alquilarla, su tránsito por todo el predio no se ejercía de manera libre sino que estaba limitado a cierta extensión de la propiedad justamente en razón del contrato por el cual se le otorgaba el uso y goce de la parte de la propiedad denominado “Las Marraneras”, al señor Gildardo Vergara y al cual según se hizo constar en la diligencia de inspección judicial contaba con entrada independiente.

En la finca se practicó inspección judicial que permitió establecer que desde el primero y segundo piso de la casa principal hasta el lugar donde funcionaba el laboratorio para el procesamiento de alcaloides lo único que se observa es “el techo de la construcción del establo o pesebrera y los movimientos que se realicen dentro de esta no se pueden observar”. Igualmente, que de la entrada a la casa principal hasta el portón del sitio denominado las “Marraneras” existe una distancia de 80 metros, lugar que se encuentra cubierto al lado y lado de la vía por matas de plátano, guaduas y otros árboles.

Jhon Fredy Pérez Montoya, encargado de cuidar las bestias de la finca La Gitana al ser interrogado respecto de la persona que habitaba la parte donde se halló el laboratorio contestó: “eso lo habitaba un señor de nombre Gildardo, yo veía ahí tres peladitos y a una niña y la una (sic) señora mona…PREGUNTADO: Diga si durante el tiempo que usted lleva trabajando en esa finca, en alguna ocasión notó algo raro o extraño en la casa donde fue incautado el laboratorio, si observó la entrada de carros, si descargaban o cargaban elementos. CONTESTO: Simplemente entraba un carro, un camioncito destartalado… y sacaba marranos y ganado”.

Bien difícil resulta entonces que las personas que por una y otra razón se encontraban en la casa principal de la finca y específicamente Adriana Rangel Silva pudieran notar la existencia del laboratorio para el para el procesamiento de cocaína o los olores que de allí emanaban, máxime si se tiene en cuenta que la distancia que existe entre uno y otro predio es de 80 metros, la topografía del terreno es irregular y existen diversidad de árboles que tan solo permitían observar “el techo de la construcción”.

Ahora, es un hecho probado que la Finca La Gaitana (sic) ubicada en el corregimiento La Primavera del municipio de Caldas (Antioquia) se encontraba destinada por su propietario (…) para alquilarla para fiestas y eventos sociales, al igual que como recreación por días, semanas y meses. Al respecto se cuenta con los avisos clasificados que en el Diario El Colombiano se publicaban anunciando el predio, alguno de los cuales se allegaron al proceso (…)

Así las cosas, a partir de los anteriores elementos de juicio, razonable es concluir que la presencia de la procesada Rangel Silva en el predio en donde funcionaba el rústico laboratorio para el procesamiento de estupefacientes fue ocasional y el modo alguno porque tuviera alguna relación con quienes allí se dedicaban a la referida actividad ilícita.

Al confirmar la absolución decretada en favor de Adriana Rangel Silva se impone como consecuencia la de materializar su libertad, esta vez definitiva e incondicional, razón por la cual se dispondrá la expedición de la correspondiente boleta de libertad (…)

En cuanto tiene que ver con la orden de entrega definitiva del bien inmueble denominado Finca La Gaitana (sic) (…) y el vehículo Toyota de placas KEC 591 tipo campero de color blanco a favor del incidentante señor Héctor Helio Rangel González dispuesta por el Juzgado Regional del Medellín en proveído de fecha noviembre 5 de 1997, debe precisarse que si bien tales bienes fueron objeto de limitación al ejercicio del derecho de dominio a su propietario por causa del hallazgo del laboratorio que para la elaboración de sustancia estupefacientes de halló en parte de la Finca la Gaitana (sic), la misma será objeto de confirmación pues de las pruebas aportada legalmente al trámite incidental se estableció de una parte, la procedencia legítima tanto del finca como del vehículo automotor (…) y de otra, su ajenidad en los hechos delictivos que fueron objeto de investigación.

Sobre este último aspecto se aportaron como pruebas el contrato de arrendamiento celebrado entre la señora Ana Silva de Rangel y los señores Gildardo de Jesús Vergara y Roberto Antonio Castaño Morales el 7 de febrero de 1994 donde claramente se hace constar que se arrienda una marranera y casa de habitación, y además con los testimonios de Julio Jiovana, Sandra Mireya Rangel Silva, Ana Francisca Silva, Mario Alberto Jaramillo Echeverry y Rubén Darío Herrera Osorio, quienes señalan el desconocimiento total del señor Rangel González de las actividades ilícitas que en el predio arrendado se realizaban, atendiendo a que este desde hace varios años se encontraba residenciado en la ciudad de Bucaramanga y su estado de salud le impedía estar constantemente en dicho lugar.

Luego entonces estando plenamente demostrada tanto la procedencia lícita de la Finca La Gitana y del campero Toyota de placas KEC 591 como la ajenidad de su propietario señor Héctor Helio Rangel González en los hechos objeto de investigación, preciso es concluir en el acierto de la decisión de primera instancia que por lo mismo será confirmada tal como lo ha solicitado el representante de la sociedad a través de su concepto de instancia (fl. 192 a 239, cdno. 3).

19.16. El 8 de septiembre de 1998, el Tribunal Nacional resolvió la solicitud elevada por el apoderado del señor Héctor Helio Rangel González y profirió un auto de cúmplase en los siguientes términos:

[C]uando esta corporación conoció del proceso dentro del cual se tramitó el referido incidente, por apelación de la sentencia condenatoria (…) y por consulta de la absolución proferida (…) igualmente se ocupó de la consulta de la providencia que le puso fin a aquel trámite que concluyó, como se sabe, ordenando la devolución de los bienes solicitados por el incidentante (…)

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, la conclusión que se impone sin dificultad es la de que el auto que ordenó la devolución de los bienes hoy se encuentra debidamente ejecutoriado, pues tal calidad adquirió desde el momento mismo en que se suscribió la providencia de fecha 23 de junio del año en curso (…)

En consecuencia, ncontrándose (sic) en firme la referida decisión, y con el fin de que se pueda proceder de inmediato a la materialización de lo decidido dentro del trámite incidental, que recibió confirmación de parte de esta corporación, se ORDENA la inmediata remisión del cuaderno que contiene el trámite incidental, junto con copia del fallo de segunda instancia y del presente auto, al Juzgado Regional de origen, para que sin pérdida de tiempo proceda a dar cumplimiento a sus ordenamiento contenidos en la providencia de fecha noviembre 5 de 1997, cumplida como está su revisión por vía de consulta y por ende debidamente ejecutoriada.

19.17. El 21 de diciembre de 1998, el apoderado del señor Héctor Helio Rangel González le comunicó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que luego de que ese despacho librara los oficios correspondientes a la entrega definitiva de los bienes, ha sido imposible localizar al funcionario encargado de la entrega del vehículo Toyota, en la Fiscalía Regional de Antioquia y dejó constancia del “deterioro en que se encuentra dicho vehículo, el cual presenta abolladuras, podrida la cabina, totalmente dañada su cojinería e incluso a las llantas casi se les puede observar el aire”. Y, en cuanto a la finca La Gitana, asignada a la corporación Pro-ayuda Social “El Hermano”, solicitó que se oficie a su director con el fin de que realice la entrega inmediata del inmueble, pues el plazo solicitado para el efecto resulta demasiado largo, lo cual se puede prestar para malas interpretaciones (fl. 267 a 269, cdno. 3).

19.18. En respuesta a lo anterior, la Dirección Nacional de Estupefacientes informó que recibió la solicitud el 23 de diciembre de 1998 y ofició a las entidades depositarias con el fin de que a la “mayor brevedad posible se sirvan hacer la entrega material y real de los bienes (…) so pena de hacersen (sic) acreedores de las sanciones impuestas a quienes desacaten el mandato de la autoridad judicial competente” (fl. 233, cdno. 3).

Problema jurídico

20. Previa acreditación de la existencia del daño que alegan los demandantes, le corresponde a la Sala establecer si, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, existe alguna acción u omisión imputable jurídicamente a las entidades demandadas, que pueda constituir la causa eficiente del daño irrogado a los demandantes.

20.1. Para el efecto, la Sala tendrá que dilucidar si el hecho dañoso alegado se deriva de un error jurisdiccional o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia producto de la retención de los bienes de los demandantes en el marco de una investigación penal por un tiempo injustificado, o si el daño deviene del deterioro sufrido por los bienes durante el tiempo que la Dirección Nacional de Estupefacientes los tuvo bajo su administración.

20.2. En consecuencia, por un lado, se analizará la responsabilidad de las entidades demandadas en punto al daño reclamado con ocasión de la privación del goce y uso de los bienes decomisados, y por el otro, se estudiará si la Dirección Nacional de Estupefacientes es responsable de los supuestos daños que estos sufrieron en manos de los depositarios.

20.3. Por último, en caso de que la Sala encuentre mérito probatorio para declarar la responsabilidad patrimonial de las demandadas por el daño irrogado a los demandantes, deberá establecer si el monto reconocido en primera instancia como indemnización de perjuicios se ajusta a la realidad procesal, de acuerdo con lo alegado por la parte actora en su escrito de apelación.

Elementos de la responsabilidad extracontractual

21. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(3), de manera que, solo una vez resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la imputación.

El daño

22. En el presente asunto, la Sala encuentra demostrada la ocurrencia del daño alegado en la demanda, dado que el actor Héctor Helio Rangel González fue privado del uso y goce de su derecho como propietario de la finca La Gitana y del vehículo Toyota de placas KEC 591, desde el 20 de abril de 1996, cuando fueron decomisados durante el allanamiento ordenado por la Fiscalía General de la Nación, con ocasión del operativo adelantado por miembros del Ejército Nacional, en el que se encontró un laboratorio para la fabricación de cocaína, bienes que, a pesar de no estar relacionados con la comisión de los hechos punibles que se investigaban, se dilató su devolución al propietario por más de 2 años y 8 meses.

23. En cuanto al presunto deterioro de los bienes decomisados durante el tiempo que permanecieron bajo la custodia de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de entrada no se encuentra demostrado el daño alegado, consistente en la afectación al derecho a la propiedad del señor Héctor Helio Rangel González, pues no se demostraron los supuestos deterioros que sufrieron en poder de los depositarios, pues por un lado, en cuanto al vehículo, no se probó el estado inicial en el que se encontraba al momento de ser retenido, y en punto a la finca La Gitana, no se aportó acta de entrega que permita verificar las condiciones en que fue devuelto a su propietario.

24. En el plenario no obra ninguna prueba tendiente a demostrar el estado inicial del vehículo, es decir, al momento de su decomiso, pues este no se encuentra relacionado en el acta de la diligencia de ocupación levantada por la Fiscalía, y en la resolución de designación provisional no se anotó nada al respecto. Tampoco se conoce cuál fue el estado en el que fue devuelto, pues no obra en el expediente documento alguno indicativo de las características del bien al momento de su devolución.

25. La única mención en el expediente sobre las condiciones del vehículo durante su decomiso es la afirmación del abogado del demandante, quien dirigió escrito a la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el que indicó que este se encontraba visiblemente deteriorado (supra 3.15). Sin embargo, dicha afirmación no tiene el sustento probatorio necesario para demostrar lo afirmado por la parte interesada en el presente proceso.

26. Adicionalmente, en gracia de discusión, si se aceptara como cierto que el vehículo presentaba “abolladuras”, “cabina podrida” y “cojinería dañada”, para la Sala resulta imposible determinar si esta condición es atribuible al uso del vehículo por parte de la entidad depositaria, pues como se anotó, no se conoce cuál era el estado de este al momento del decomiso.

27. Lo anterior encuentra sustento en lo anotado en el dictamen pericial respecto del vehículo decomisado:

[C]on respecto al presente interrogante, manifestamos que en ningún momento pudimos constatar el estado actual del vehículo al momento de la inspección judicial ni posteriormente, la razón dada por las partes, era que el vehículo había sido vendido, y que su actual dueño también lo había entregado en venta., luego no podemos estimar el valor de los perjuicios pedidos; adicionalmente en el expediente, no existe una reseña fotográfica del estado en que fue devuelto el vehículo (…) (dictamen pericial, f. 397, cdno. 2).

28. Por tanto, la Sala no encuentra demostrado el daño derivado del supuesto deterioro del vehículo Toyota decomisado.

29. Respecto del bien inmueble denominado finca La Gitana, la Sala comprueba que la Dirección Nacional de Estupefacientes designó su tenencia provisional a la corporación Pro-ayuda Social al Marginado “El Hermano”, institución que tenía la obligación de devolver el bien en el mismo estado en el que lo recibió.

30. En el acta de entrega del bien inmueble mencionado suscrita por la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada se anotaron las características del bien inmueble sin que se evidencie ninguna particularidad respecto de su estado general, con excepción de “las instalaciones acondicionadas para las marraneras y un pequeño galpón para aves” de los cuales se indicó que estaban “en regular estado de conservación” (fl. 62, cdno. 3).

31. Si bien reposa en el plenario la comunicación que elevó la apoderada del señor Héctor Helio Rangel González a la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la que le manifestó su preocupación por las condiciones del bien inmueble, el cual presuntamente estaba siendo destruido por la comunidad en rehabilitación que se encontraba habitándolo, lo cierto es que como respuesta a lo anterior, la DNE requirió a la institución depositaria, con el fin de que se le dé un uso debido al bien inmueble.

32. Además, se tiene que la corporación Pro-ayuda “El Hermano” le envió a la Dirección Nacional de Estupefacientes certificación del Departamento Administrativo de Planeación en la que se informa que el techo requiere mantenimiento, y en el formato de informe mensual de uso y estado del bien, la institución depositaria diligenció que se estaban haciendo reparaciones locativas en el techo por un valor de $2.000.000.

33. En suma, se colige que no obra en el expediente prueba alguna del estado en el que fuera recibido el inmueble luego de la orden de su devolución, pues no se allegó acta de entrega de este a su propietario, y además la depositaria realizó reparaciones locativas en el inmueble sin que se halle demostrado que en su poder se causaron deterioros adicionales, anormales y considerables que deban resarcirse. Por lo anterior, no se encuentra probado el daño alegado en tanto no se advierte afectación al derecho a la propiedad del actor producto de la falta de conservación y cuidado de los bienes a manos de los depositarios.

34. Ahora bien, en el proceso reposa un dictamen pericial en el que se afirmó que sí se evidenció un deterioro de la finca La Gitana y se establecieron algunos montos relacionados con reparaciones locativas realizadas en el mismo. Se anotó la reparación de linderos, para lo cual se relaciona la cantidad en metros de alambrado utilizado, así como el valor del día de trabajo de dos trabajadores encargados de dicha labor; la reparación de la zona húmeda de la finca, a saber: sauna (techo, puerta, parte eléctrica de la piscina, el sauna y el baño turco); baño turco (puerta de aluminio, estuco y pintura, juego de duchas completas; mano de obra); piscina (cambio del piso; la reparación de la casa de huéspedes (cielo raso, sanitario, lavamanos, espejo, puerta, piso); la reparación de la casa principal (pintura, pasamanos, puertas, closets, vidrios, cocina, techos, etc.).

35. Sin embargo, conviene resaltar que lo consignado en el dictamen pericial tuvo como fundamento las afirmaciones del señor Héctor Helio Rangel González, quien tiene interés en el presente proceso, por lo que lo allí establecido carece de credibilidad por falta de imparcialidad de la fuente. Además, si bien en el mismo se anotó que se tuvo en cuenta el registro fotográfico obrante en el expediente para comparar el estado actual del predio(4), esto no constituye prueba fehaciente del deterioro anormal del bien en manos del depositario, pues la comparación debía realizarse con el estado del inmueble al momento de la entrega en depósito a la institución social y no como se dijo en el estudio con las fotografías tomadas al momento de la entrega al propietario en 1999, pues ello no permite conocer si el deterioro era preexistente.

36. Si bien en las declaraciones rendidas en el proceso se mencionó el deterioro del predio una vez entregado por las autoridades a su propietario, la Sala evidencia que en las imágenes fotográficas allegadas al proceso junto con la demanda, las cuales, de acuerdo con lo afirmado por el perito en el dictamen pericial corresponden al inmueble en la época de su devolución, se observa que: i) el deterioro en las paredes y techos obedece a la desintegración de la pintura por el paso del tiempo, más que a la acción humana; ii) los vidrios de dos ventanas se encuentran desportillados; iii) los muebles del baño y la cocina se encuentran en regular estado. Pero no se evidencia, como lo afirmaron los declarantes, que se hubiera despojado a los baños de sus elementos propios o que se hubiera “tumbado el techo” y “arrancado la baldosa”, como se afirmó en una de las declaraciones.

37. Así las cosas, la Sala concluye que en el presente proceso no se demostró que el menoscabo del bien obedeciera al uso anormal del mismo, por parte de los ocupantes provisionales, por lo que los gastos de reparación en los que hubiere incurrido el demandante no se pueden endilgar de manera exclusiva a la ocupación del inmueble. Por lo anterior, no se encuentra probado el daño alegado en la demanda por una presunta afectación al derecho a la propiedad debido al deterioro anormal del inmueble durante su decomiso, a falta de la prueba idónea que determine el estado real en que fue devuelto a sus propietarios.

38. Finalmente, respecto del hecho dañoso alegado en la demanda, consistente en la pérdida de 5 caballos que se encontraban en el inmueble al momento de su decomiso, la Sala advierte que de acuerdo con el acta de entrega que suscribió la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada sobre el decomiso de los bienes con ocasión del hallazgo del laboratorio de cocaína en la finca La Gitana, se encontraron diez caballos en la pesebrera, sin embargo, el ente investigador no tomó ninguna determinación de decomiso frente a estos semovientes, por cuanto no se encontraban relacionados en la resolución de destinación provisional del bien inmueble.

39. De lo anterior, se concluye que los semovientes por los cuales se reclama indemnización en la demanda no hicieron parte del decomiso realizado por las autoridades, por lo que no le es endilgable al Estado la responsabilidad por los perjuicios que se hubieran generado con ocasión de su pérdida o muerte, máxime cuando en el acta de entrega quedó anotado que la señora Rangel Silva aceptó que los animales quedaran en custodia de un trabajador de la finca (supra 3.2), escapándose esto de la responsabilidad estatal, por cuanto no se demostró que las autoridades hubieran dispuesto de los semovientes por los cuales se reclama en la demanda.

40. En síntesis, el único daño que se encuentra acreditado es la afectación al uso y goce del derecho de propiedad del actor derivado de la injustificada y prolongada medida de decomiso de la finca La Gitana y del vehículo Toyota de placas KEC 591.

La imputación

41. Establecida la existencia del daño, procede la Sala a analizar si este se deriva de una acción u omisión por parte de las entidades demandadas que permita atribuirles la responsabilidad patrimonial por los perjuicios generados.

42. En cuanto a posibilidad de imputar ese daño a la Administración, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha aceptado que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(5).

43. En ese orden, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

44. Sin embargo, en casos en los que se discute la injustificada demora en la devolución de bienes decomisados por las autoridades competentes, esta corporación ha privilegiado el estudio de imputación en el marco de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues lo que se debate es el retardo en la entrega de los bienes. Así, bajo ese entendimiento, se declaró la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas, o por la pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados por el depositario, o que no eran de propiedad del demandado(6).

45. Así las cosas, la Sala, a fin de establecer si el daño es imputable a la parte demandada, debe precisar las circunstancias que rodearon la retención de los bienes del demandante.

46. La parte actora adujo en la demanda que existió un error jurisdiccional en tanto el decomiso de sus bienes fue arbitrario, injustificado y prolongado, en la medida que no estaban relacionados con la comisión del delito que se investigaba. Sin embargo, en la demanda no se esgrimieron argumentos que sustenten dicha imputación, pues no se advierte en el escrito ningún reproche sobre la adopción de la decisión de decomiso por parte de la autoridad investida de funciones jurisdiccionales.

47. Si bien en el libelo se argumentó indistintamente que las entidades demandas incurrieron en error judicial, producto de la “larga, penosa y dispendiosa investigación penal que le privó injustamente de sus bienes los cuales fueron sacados del comercio por más de tres años(7)”, lo cierto es que de las entidades demandadas la única con funciones jurisdiccionales a la que puede atribuírsele ese error en el caso concreto es a la Fiscalía General de la Nación, pues para que se configure la responsabilidad estatal bajo este título el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 indica que el yerro debe ser cometido por una autoridad investida de facultades jurisdiccionales, en su carácter de tal, durante el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

48. Además, el artículo 67 establece como presupuestos del error jurisdiccional que el afectado haya interpuesto los recursos legales (excepto en los casos de privación de la libertad) y que la providencia contentiva del error se encuentre en firme, es decir, que sea definitiva.

49. En el caso concreto, se reitera, la parte actora no endilgó el error jurisdiccional a una providencia judicial, sino que se limitó a señalar que el mismo se configuró producto de la dilación injustificada y excesivamente prolongada en la devolución de sus bienes previamente decomisados. En esa razón, la Sala no encuentra demostrado el presunto yerro alegado, pues el mismo no se materializó en una providencia, como lo requiere el artículo 66 ejusdem.

50. Adicionalmente, si lo que se reprocha es el decomiso de los bienes del actor, se advierte que contra esa providencia, que dicho sea de paso no fue aportada al plenario, procedía el recurso de apelación por tratarse de un auto interlocutorio proferido por el fiscal delegado que dirigía la investigación, de conformidad con los artículos 179(8) y 122(9) Decreto 2700 de 1991, sin que se advierta la interposición oportuna de los recursos por parte del interesado.

51. Así las cosas y sin mayores elucubraciones que las expuestas, para la Sala resulta diáfano que no se demostró el presunto error jurisdiccional mencionado en la demanda, dado que no se probaron los presupuestos contemplados en el artículo 67 ibídem.

52. Aclarado lo anterior, en virtud del principio iura novit curia y con el fin de preservar el derecho sustancial y el debido acceso a la administración de justicia, como quiera que si bien el actor no lo señala expresamente, del texto de la demanda se infiere que sus reparos se dirigen a cuestionar más bien un presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sala verificará si este se configuró y si es imputable a las entidades demandas por el injustificado retardo en la devolución de los bienes decomisados. Así pues, se procederá a la adecuación de la situación fáctica del caso concreto con el correspondiente título.

53. En lo referente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debido a la mora injustificada en la toma de decisiones judiciales, la Carta Política prevé el derecho a una oportuna y cumplida justicia en su artículo 29, como garantía inherente al debido proceso que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas.

54. En igual sentido, el artículo 228 constitucional dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “su incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a rango constitucional los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial.

55. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y en un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.

56. A su vez, en el ordenamiento interno la Ley 270 de 1996 desarrolla la responsabilidad de la administración por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. La Ley Estatutaria estableció esta modalidad de responsabilidad como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una decisión judicial. Sobre esta distinción, la corporación ha dicho:

El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. (...)

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán deincluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”.

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (Art. 69 ley 270 de 1996)(10).

57. En el marco de la Constitución Política, la Sala ha reconocido el derecho a una indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular, por la demora injustificada en la adopción de decisiones, cuando este retardo causa daños a las partes o a terceros(11). En relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión judicial está justificada o no, ha dicho que se debe observar: i) la complejidad del asunto, ii) la conducta de las partes, iii) el volumen de trabajo del despacho, iv) los estándares de funcionamiento, entre otros factores relevantes:

Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(12).

58. Estos lineamientos guardan armonía con los fijados en el derecho internacional para determinar la razonabilidad del plazo en la actuación judicial. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido los siguientes estándares sobre plazo razonable(13):

El concepto de plazo razonable contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana está íntimamente ligado con el recurso efectivo, sencillo y rápido contemplado en su artículo 25(14). Este Tribunal ha señalado que la razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse(15).

Igualmente, la jurisprudencia reiterada ha considerado cuatro aspectos para determinar en cada caso concreto el cumplimiento de esta regla: la complejidad del asunto; la conducta de las autoridades; la actividad procesal del interesado(16), y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso(17).

Respecto de la complejidad del caso, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios, entre los cuales se encuentran la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación(18). Asimismo, el Tribunal Europeo ha indicado que la complejidad debe determinarse por la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados y la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de la ocurrencia de los hechos(19).

59. En esa medida, en punto al caso concreto debe determinarse si la actuación de la Fiscalía General de la Nación en abstenerse de devolver sin dilaciones los bienes decomisados al actor fue injustificada, o si por el contrario se adoptó en un plazo razonable, de conformidad con los parámetros anotados en precedencia.

60. Asimismo, es preciso analizar si la actuación de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional quien actuó con funciones de policía judicial al allanar el bien inmueble fue ilegal o arbitraria.

61. Al respecto, se tiene que en casos de incautación de bienes relacionados con el narcotráfico el artículo 47 de la Ley 30 de 1986 dispone:

Ley 30 de 1986, artículo 47. Los bienes, muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por Resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o deposito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier otro título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho. Los beneficios obtenidos se aplicarán a la prevención y represión del tráfico de tales drogas y a la rehabilitación de los farmacodependientes, bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Excepcionalmente podrá ordenarse por el funcionario del conocimiento la devolución de los bienes o el valor de su remate, si fuera el caso, a terceras personas, si se prueba plenamente dentro del proceso que no tuvieran participación alguna ellos, en el destino ilícito dado a esos bienes (…).

62. De otra parte, tratándose de situaciones de flagrancia, de conformidad con el artículo 344 del Decreto 2700 de 1991, “En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un delito en lugar no abierto al público, la policía judicial podrá ingresar sin orden escrita del fiscal, con la finalidad de impedir que se siga ejecutando el hecho. Salvo casos de flagrancia el fiscal o un delegado suyo debe estar presente en los allanamientos”.

63. De lo anterior se concluye que la acción del Ejército Nacional al registrar el inmueble no constituyó un hecho arbitrario, ilegal o abusivo, puesto que encuentra justificación en la perpetración de un delito en su interior, es decir se encuentra que la medida estaba plenamente justificada, era necesaria, proporcional y se fundamentó en una situación de flagrancia que ameritaba el allanamiento del inmueble sin orden escrita del fiscal, en tanto existían indicios suficientes para inferir que en su interior se estaban realizando actividades delictivas, como en efecto se comprobó posteriormente.

64. De otra parte, en cuanto a la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación, es del caso recordar que al presente proceso no fue allegado el expediente penal correspondiente a la investigación adelantada por la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada, por el hallazgo de un laboratorio de cocaína en la finca La Gitana, por lo que la Sala no cuenta con el informe de inteligencia realizado por el Ejército Nacional que dio origen al allanamiento, como tampoco con la providencia mediante la cual la Fiscalía ordenó la diligencia de ocupación del bien inmueble.

65. No obstante, obra en el expediente copia de las providencias proferidas en el referido proceso penal, en primera instancia, por el Juzgado Regional de Medellín, y en segunda, por el Tribunal Nacional, en las cuales se relata de manera detallada el trámite procesal de la investigación, del cual se advierte que el origen de la misma se fundó en el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de cocaína, por parte de miembros del Batallón de Policía Militar Nº 44, mientras se encontraban en labores de patrullaje por la vereda La Primavera del municipio de Caldas, Antioquia (párrafo 18.13.1).

66. De esta forma puede la Sala conocer que la motivación legal para que la autoridad judicial ordenara el decomiso de los bienes radica en el hallazgo, por parte de los miembros del Ejército Nacional, de la comisión de un delito en flagrancia, al interior del inmueble del actor.

67. Asimismo, reposan en el plenario las diferentes solicitudes elevadas por la parte actora dirigidas a que se le devolvieran los bienes decomisados, las cuales fueron infructuosas.

68. De conformidad con los hechos probados, se encuentra acreditado que desde el 20 de abril de 1996 (ver párr. 19.2) la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada de Medellín realizó diligencia de ocupación de la finca La Gitana y el Vehículo Toyota de placas KEC 591, con base en el informe de inteligencia del Batallón Nº 44 de Policía Militar de Medellín, según el cual se halló en dicho inmueble un laboratorio para el procesamiento de cocaína.

69. También se encuentra probado que el 23 de abril de 1996, la Fiscalía dejó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes los bienes decomisados e informó que durante la diligencia fueron capturados los señores Fabio de Jesús Quintero Hernández, Jorge Alberto Gutiérrez y Adriana Rangel Silva, esta última quien se identificó como hija del propietario de la finca y adujo que se encontraba en el lugar ofreciendo el inmueble a unos interesados en arrendarlo por unos días, pues la destinación de una parte de la finca era para alquilarla para vacacionar o celebrar eventos sociales.

70. De las piezas procesales se advierte que mediante Resolución n.º 0988 del 19 de julio de 1996, se destinó en forma provisional la finca La Gitana a la corporación Pro Ayuda Social al Marginado El Hermano y el vehículo Toyota de placas KEC 591, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales (ver párr. 19.5).

71. Sin embargo, se tiene que desde el 09 de septiembre de 1996, el señor Héctor Helio Rangel, en su calidad de propietario de los bienes, repuso la decisión anterior y solicitó que se los dejen en forma provisional en su poder, previa explicación que el inmueble se encuentra materialmente dividido en dos partes, la de arriba, donde se encuentra la casa de habitación, y la de abajo, donde se encontró el laboratorio de estupefacientes, conocida como “la marranera”, que no es visible desde la parte superior pues se encuentra completamente separada, fracción que se encontraba alquilada al señor Gildardo Vergara desde hacía dos años. Además, aclaró que la presencia de su hija, Adriana Rangel, al momento del allanamiento se debió a que horas antes había visto soldados en el inmueble por lo que regresó en la tarde a indagar las razones, momento en que fue capturada junto con la persona que la acompaña a mostrar la finca (fl. 28 -32, cdno. 3).

72. No obstante, el recurso fue rechazado y la decisión confirmada en su totalidad.

73. Igualmente, se tiene que la misma Dirección Nacional de Estupefacientes también solicitó en varias oportunidades información sobre el proceso a fin de poder adoptar una determinación referente a los bienes decomisados (fl. 70, 76 cdno. 3).

74. Empero, el 26 de agosto de 1996, la Fiscalía General de la Nación - Dirección Regional de Medellín contestó las peticiones antedichas y aceptó expresamente que no se había dictado ninguna providencia de fondo respecto a los bienes.

75. A su turno, el 4 de noviembre de 1996, la apoderada de la parte actora presentó nuevamente escrito en el que denunciaba presuntas anomalías por parte del depositario de la finca La Gitana, corporación El Hermano, pues manifestó que la destinación que se le estaba dando al inmueble no era la apropiada, en tanto en él se estaban albergando personas que supuestamente lo estaban destruyendo, razón por la que solicitó la entrega o cambio del depositario.

76. Se demostró igualmente que, a través de auto del 5 de noviembre de 1997, el Juzgado Regional de Medellín ordenó hacerle entrega al señor Héctor Helio Rangel del automotor y la finca decomisados (fl. 180 -190, cdno. 3). En esa providencia se estableció que los propietarios no tuvieron participación en el ilícito, que los bienes no estaban relacionados con las conductas que se investigaban y que la presencia de la señora Adriana Rangel Silva en el lugar, al que arribó en el vehículo Toyota que también fue decomisado, fue circunstancial (ver párr. 19.11).

77. Asimismo, el 20 de enero de 1998 el Juzgado Regional de Medellín profirió sentencia absolutoria en cuanto a la responsabilidad de la señora Adriana Rangel Silva se refiere, en la que encontró probado que su presencia en la finca se debió a que estaba ofreciendo la casa principal, la cual se encontraba separada de la parte inferior denominada “la marranera” a personas interesadas en tomarla en arriendo.

78. En sentencia del 23 de junio de 1998, el Tribunal Nacional revisó en grado jurisdiccional de consulta la decisión absolutoria a favor de Adriana Rangel Silva, al igual que la orden de entrega definitiva de la finca La Gitana y el campero Toyota de placas KEC 591. En esa providencia confirmó la orden de devolución de los bienes, por considerarlos ajenos a los hechos, y ratificó la absolución de la señora Adriana Rangel.

79. La anterior orden fue reiterada mediante auto de cúmplase del 08 de septiembre de 1998 por el Tribunal Nacional y nuevamente por el Juzgado Regional a través del Oficio n.º 053 del 04 de noviembre de 1998 (f3 137-138, cdno. 3).

80. El 7 de diciembre de 1998, una vez más el apoderado del señor Héctor Helio Rangel solicitó la entrega de los bienes, para lo cual anexó coipa de las providencias que así lo dispusieron (fl. 176, cdno. 3).

81. Esa petición fue reiterada el 23 de diciembre de la misma anualidad por el apoderado del actor, quien manifestó en esa ocasión que pese a las reiteradas ocasiones en las que ha procurado la entrega de los bienes decomisados, ello no ha sido posible.

82. Sin embargo, se encuentra demostrado que solo hasta el 18 de enero de 1999 fue que se devolvieron los bienes decomisados al actor, sin que se advierta que sobre los mismos se haya practicado diligencia alguna, peritazgo o inspección alguna.

83. Sobre el particular, la Sala advierte que el artículo 47(20) de la Ley 30 de 1986 permitía el decomiso de vehículos utilizados para la comisión de delitos relacionados con narcotráfico.

84. Los artículos 60(21), 64 (numeral 4)(22) y 65 (numeral 1)(23) del Decreto 2700 de 1991 establecían que un bien aprehendido en el marco de una investigación penal, pero que no interesara a esta, debía ser devuelto de plano, esto es sin lugar a iniciar trámite incidental, a quien acreditara ser el dueño, poseedor o tenedor legítimo. De lo contrario, si el bien interesaba al proceso penal, su devolución se hacía a través de trámite incidental, en los términos del artículo 64(24). En ambos casos, según el artículo 339(25), el vehículo quedaba fuera del comercio.

84.1. En atención a que el 24 de julio de 2001 entró en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, se advierte que en su artículo 64(26) se ordenaba la entrega de plano de los elementos que no se requirieran para la investigación a quien acreditara ser el dueño, poseedor o tenedor legítimo.

84.2. Como se señaló en precedencia, para establecer si el retardo en la devolución está justificado o no, se debe observar la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo del despacho y los estándares de funcionamiento, entre otros factores relevantes(27):

Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla.

84.3. Extrapolando esos criterios al caso que nos ocupa y una vez analizadas las pruebas allegadas al expediente, la Sala no advierte que los bienes del señor Héctor Helio Rangel estuvieran destinados a actividades relacionadas con narcotráfico y, por ende, tampoco justificación para mantenerlos retenidos. La única relación que tenían con los hechos materia de la investigación, en el caso del automóvil, era que una de las hijas del propietario se movilizaba en él en el momento en que se encontraba mostrando la parte superior de la finca, la cual normalmente se alquilaba para eventos sociales, fiestas o vacaciones, como se demostró en el proceso penal, es decir, su presencia en el lugar fue circunstancial y ajena a los hechos materia de investigación. Y en cuanto al inmueble, el único vínculo con los hechos era que en la parte inferior, que se encontraba arrendada desde hacía más de dos años a un tercero -a quien capturaron, confesó su participación en los hechos y aclaró que ni la señora Adriana Rangel Silva ni los propietarios tenían relación o conocimiento con las conductas punibles que se investigaban- se encontró el laboratorio de estupefacientes.

84.4. Es decir en la actuación penal no existía ningún otro vínculo, ni siquiera indiciariamente, del que pueda inferirse que los bienes estaban relacionados con narcotráfico. Además, sobre estos no se adelantó alguna inspección, peritaje o labores de inteligencia para verificar alguna relación con actividades de narcotráfico, lo que de haberse comprobado eventualmente permitiría justificar la demora para aclarar la situación de los bienes.

85. En ese horizonte de comprensión, para la Sala es claro que no existía ninguna circunstancia que ameritara retener los bienes de manera prolongada y no devolverlos de plano como correspondía, máxime, se insiste, si la intención no era la comprobación de su posible uso en actividades relacionadas con narcotráfico, por cuanto nada de esto se comprobó y, por el contrario, la Fiscalía General de la Nación ante las solicitudes tanto del actor como de la Dirección Nacional de Estupefacientes para que se agilizara o entregaran los bienes aceptó expresamente que sobre los mismos no se había adoptado ninguna determinación o proferido ninguna providencia de fondo (supra 73).

86. No obstante encontrarse acreditado desde el principio: i) que la presencia en el lugar de los hechos de la señora Adriana Rangel Silva fue accidental; ii) que el automóvil en el que ella se movilizaba era ajeno a los hechos materia de investigación; y iii) que la parte de la finca la Gitana en la que se encontró el laboratorio de cocaína había sido arrendada desde hacía más de dos años a un tercero, como lo confesó uno de los capturados, quien ratificó la falta de relación de los propietarios con las actividades de narcotráfico, la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de entregar de plano y sin más dilaciones los bienes decomisados a su propietario y solo hasta casi 3 años después procedió a devolverlos.

87. En esa medida, conforme a las disposiciones en cita, la demora en la devolución de los bienes es un daño imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación que debió efectuar la devolución tan pronto el actor acreditó ser el legítimo dueño de estos, pues los bienes no interesaban al proceso penal, no existía siquiera un indicio que permitiera razonablemente sostener que estaban relacionados con narcotráfico, ni era necesaria su retención para diligencias probatorias pendientes.

88. En gracia de discusión, cuando menos debía entregarlos provisionalmente al actor, ora una vez acreditó ser el propietario, o bien cuando el Juzgado Regional lo ordenó por primera ocasión, pero no lo hizo, incluso a pesar de la solicitud que el propietario elevó en ese sentido.

89. En ese contexto y conforme a las normas que regían dicho procedimiento, las autoridades que conocieron de las peticiones de devolución debieron tomar de plano la decisión, en vez de iniciar un trámite incidental, pues no era necesario decretar pruebas adicionales para resolver la solicitud de devolución, ya que eran suficientes las que reposaban en el expediente desde el inicio, pues no se encuentra acreditado que hayan realizado inspecciones, experticios o ningún tipo de diligencia sobre ellos.

90. A más de lo anterior debe agregarse el hecho de que la Fiscalía General de la Nación, en ningún momento de la investigación puso en entredicho la versión de la demandante del porqué se encontraba en el lugar de los hechos, y la ajenidad de los bienes con las actividades de narcotráfico, como se indicó en las providencias proferidas en el proceso penal. Tampoco se esgrimió ningún motivo adicional por el cual debían retenerse por tanto tiempo, como por ejemplo que debiera adelantarse sobre ellos diligencia adicional. En contraste, el artículo 64 del Decreto 2700 de 1991 preveía que de llegar a necesitarse el bien para algún aspecto que interesare a la investigación, el propietario estaba en el deber de presentarlo(28).

91. Todo lo anterior permite a la Sala concluir que no existía un solo argumento al interior de la investigación que justificara el retardo en la entrega —la que debió ordenarse de plano—; sino lo contrario, que el daño es imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, ya que el bien en nada se relacionaba con narcotráfico, o bien, con alguna otra circunstancia que ameritara su retención, de modo que la actuación de la entidad es a todas luces injustificada.

92. Al analizar los criterios de razonabilidad en el plazo, no se observa que el asunto fuera de una complejidad considerable —desde el inicio de la investigación se tenía certeza sobre la identidad del legítimo propietario y de lo ajenos que eran al delito—, que hiciera imposible su resolución dentro de los límites que ha fijado la ley —de plano— y que justifique la demora —33 meses— pues lo cierto es que solamente fueron 3 personas las capturadas y únicamente se decomisaron esos dos bienes.

93. Además, tampoco se advierte que los insumos o sustancias incautadas para la elaboración de alcaloides hayan demorado la investigación, pues en la misma acta de ocupación se dejó constancia que previo registro del pesaje y muestreo fueron destruidas.

94. De igual modo, la entidad tampoco demostró tener a cargo un alto volumen de trabajo, que la dilación sea atribuible al comportamiento del actor, que el recaudo de las pruebas haya revestido de un tiempo considerable, la existencia de pluralidad de sujetos procesales y/o víctimas o que la duración de los trámites de devolución en el caso concreto respondan a la media que normalmente conllevan estos asuntos, máxime cuando se reitera, lo propio era que se devolvieran los bienes de plano, o por lo menos desde el 05 de noviembre de 1997, fecha desde la cual quedó dilucidada la falta de relación de estos con los delitos investigados.

95. En ese sentido, se infiere que los daños derivados de la prolongada demora en la devolución de los bienes son responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por ser la entidad responsable de gravarlos y de quien se predica la injustificada y prolongada retención a pesar de que no había lugar a ello.

96. Sumado a lo expuesto conviene destacar que no obra en el expediente evidencia de que el decomiso del bien inmueble denominado finca La Gitana y del vehículo campero marca Toyota hubiere obedecido a la culpa exclusiva y determinante de la parte afectada, toda vez que no se advierte una conducta dolosa o gravemente culposa del actor que diera lugar al decomiso de sus bienes.

97. La jurisprudencia constante de la Sección ha sostenido que para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad es menester determinar si el proceder de aquella fue doloso o gravemente culposo, de modo que su comportamiento tuvo eficacia directa en la producción del daño que se intenta reclamar. Si bien al tenor del artículo 1516 del Código Civil el dolo civil debe ser demostrado por quien lo alega, también puede ser estudiado aún de oficio.

98. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que en el presente proceso se encuentra demostrado que el propietario del inmueble decomisado no residía en este y, además, que la actividad ilícita se realizaba en una zona de la finca que se encontraba arrendada a un tercero y apartada de la casa principal.

99. Así las cosas, no se encuentra una conducta por parte del propietario de los bienes que pueda calificarse como dolosa o culposa, puesto que, de acuerdo con las normas civiles que rigen en materia de arrendamiento (C.C. art. 1982) dentro de los deberes del arrendatario se encuentra entregar el bien arrendado para su uso exclusivo y con la garantía de no perturbar su goce. De lo anterior se desprende la imposibilidad que tenía el demandante, como arrendatario, de conocer la actividad ilícita que se realizaba en el inmueble, teniendo en cuenta que se demostró que las condiciones físicas del mismo impedían observar a la distancia el desarrollo de dicha actividad si se considera que desde la casa principal hasta el área denominada “la marranera” existía una distancia de aproximadamente 80 metros, la cual estaba cubierta a lado y lado por “matas de plátano, guaduas y otros árboles” (ver párr. 18.13.1).

100. Igualmente, para el caso del campero decomisado, la Sala advierte que no existe ninguna evidencia que indique cuál fue la conexión de tal vehículo con la actividad ilícita investigada, máxime cuando en el proceso penal se estableció que la persona que lo conducía, Adriana Rangel Silva, no tuvo ninguna participación en el ilícito, sino que su presencia en el momento fue accidental, pues era la encargada de mostrar la finca para eventos y fines de semana, razón por la que no puede predicarse que su conducta hubiera determinado la concreción del daño, mucho menos que el automotor tuviera incidencia en la comisión del hecho punible, como a la postre se declaró.

101. De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso se dan todos los presupuestos para que pueda predicarse responsabilidad del Estado por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en cuanto que la privación del derecho de propiedad sobre los bienes del demandante de manera injustificada y prolongada fue una carga que no estaba llamado a soportar, en la medida que se demostró que estos no tenían relación con los delitos investigados.

102. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala procederá a realizar la tasación de los perjuicios derivados del decomiso de los bienes de propiedad del señor Héctor Helio Rangel González, de acuerdo con lo que se encuentra probado en el proceso.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

103. Respecto de los perjuicios morales, ante la imposibilidad de que estos sean cuantificados, corresponde al juez su tasación: i) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, -pues “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”(29) -, más no de restitución, ni de reparación; ii) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y por el iv) deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(30).

104. En la demanda se solicitó la indemnización de los daños causados al buen nombre de los demandantes bajo la modalidad de “perjuicios morales”, sin embargo, lo cierto es que este tipo de afectación se enmarca en la clasificación del daño inmaterial por la vulneración a un bien o derecho convencional y constitucionalmente amparado, como en este caso es el buen nombre, el honor o la honra, el cual deberá ser resarcido como daño autónomo, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y 16 de la Ley 446 de 1998 y en aplicación de los criterios de reparación adoptados en Sentencia de Unificación del 28 de agosto del 2014(31), en donde, respecto de este tipo de reparación se estableció:

[E]l daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

vi) Es un daño frente al cual se confirma el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que, en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado.

105. De conformidad con lo anterior, la Sala ordenará la adopción de medidas para la reparación integral del daño producido por la afectación al buen nombre y la honra de los demandantes, en la medida que, además, los testimonios rendidos en el proceso dan cuenta que tuvieron que padecer el estigma de ser tachados y vinculados con actividades de narcotráfico en virtud de la investigación.

106. Como prueba de lo anterior se advierte que el señor Elkin Emilio Álvarez Parra, criador de caballos y amigo del señor Héctor Helio Rangel manifestó:

[P]REGUNTADO. En qué afectó a la familia RANGEL SILVA el hecho de que le confiscaron la finca y el carro. CONTESTO. Pues ellos tuvieron como un rechazo por todo el pueblo, ya el pueblo los consideraba como narcotraficantes, fue un rechazo total, y también en cuanto a los negocios del señor Rangel porque la gente le sacaba el cuerpo porque decían que era narcotraficante, sufrieron mucho moral y materialmente (…) (fl. 347, cdno. 2).

107. En el mismo sentido declaró el señor Fernando Alberto Ochoa Restrepo criador de caballos y amigo del demandante:

[P]REGUNTADO. 7. Que informe qué repercusiones a nivel social, es decir, qué consecuencias a nivel de amistades de la familia Rangel Silva, tuvo la confiscación de la finca. CONTESTO. Toda la gente le sacaba el cuerpo porque lo catalogaban como una (sic) narcotraficante y todas las amistades lo dejaron porque no querían tener amistades con el fueron poquitos los que quedamos con él, y lo mismo para toda la familia, ya que la gente le sacaba el cuerpo (fl. 335, cdno. 2).

108. La anterior afirmación fue reiterada en las declaraciones de Darío de Jesús Restrepo Escobar, vecino de la finca La Gitana (fl. 338, cdno. 2) y Julio César Duran Franco, quien afirmó tener negocios relacionados con los animales del señor Rangel González (fl. 343, cdno. 2).

109. De lo afirmado en las declaraciones mencionadas, se puede inferir que los demandantes padecieron un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales con ocasión de la investigación, pues fueron rechazados por todo el pueblo, se puso en entredicho su buen nombre y fueron catalogados como narcotraficantes, daño que debe ser reparado plenamente con la finalidad de que los afectados puedan gozar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que se encontraban antes de que ocurrieran los hechos con el fin de que se restablezca su imagen, buen nombre, honor y honra.

110. Para ello, la Sala ordenará como medida de reparación integral y garantía de satisfacción que la Fiscalía General de la Nación ofrezca una disculpa pública a los demandantes en un medio de comunicación con amplia difusión local. Por consiguiente, se ordenará a la entidad que allegue copia de dicha publicación a esta corporación con la mención del número del expediente, número de radicación y nombre del demandante dentro los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia.

111. Asimismo, si bien por regla general estos eventos han sido objeto de reparación a través de medidas no pecuniarias(32); no obstante, lo cierto es que, en el caso concreto, es necesario aplicar la regla de excepción, esto es, reconocer una indemnización de carácter pecuniaria a los demandantes, dado que las medidas de satisfacción anteriormente anotadas no son suficientes para reparar el daño irrogado y la reparación así ordenada tampoco está comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales reconocidos. De acuerdo con lo anterior y atendiendo al tiempo de duración del proceso, las condiciones en que se adelantó y la gravedad de la afectación, se reconocerán 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los demandantes, como compensación por la afectación al buen nombre y la honra.

112. Cabe señalar que el perjuicio moral sufrido por los demandantes derivado de la imposibilidad de disfrutar de los bienes decomisados no se encuentra probado en el proceso, por lo que será negado, teniendo en cuenta que tratándose de objetos no se presume la aflicción por su pérdida(33) y que en el expediente no obra prueba del padecimiento presuntamente causado por esa circunstancia.

Perjuicios materiales

Perjuicio material derivado del decomiso del vehículo automotor

113. En la demanda se solicita indemnización de perjuicios por la imposibilidad de usar el vehículo decomisado, así como por su deterioro durante el decomiso. Sin embargo, como se vio, solo se estudiará el reconocimiento de indemnización de los perjuicios que se hubieren causado con la privación del uso y goce del bien por parte de su propietario, pues en el expediente no existe sustento probatorio del deterioro alegado en la demanda.

114. Se encuentra demostrado en el proceso que el vehículo en mención fue decomisado desde el 20 de abril de 1996 hasta el 23 de diciembre de 1998. En la demanda se pretende el pago de $10.000.000 como indemnización del daño emergente por la privación del uso y goce del bien mueble, no obstante, no se justificó el origen de esta suma como daño emergente. Igualmente se solicitó el pago de $2.000.000 por los gastos de transporte en los que tuvo que incurrir el demandante durante el tiempo en que el vehículo campero marca Toyota de placas KEC 591 estuvo decomisado.

115. El daño emergente corresponde a los gastos en los que se hubiere tenido que incurrir con ocasión del hecho dañoso que, en este caso, es la privación del derecho de propiedad sobre el vehículo automotor. La Sala advierte que no se encuentra demostrado en el proceso que el demandante hubiere incurrido en el gasto de $10.000.000 con ocasión del decomiso de su vehículo, como tampoco se allegó prueba de cualquiera otro gasto en el que hubiera incurrido por este motivo, por lo que no habrá lugar al reconocimiento de indemnización a título de daño emergente.

116. Respecto del lucro cesante, en la demanda se afirmó que corresponde a los gastos de transporte en los que el demandante tuvo que incurrir por la imposibilidad de usar su vehículo. La Sala precisa que, en primer lugar, el gasto de $2.000.000 en transporte no se encuentra acreditado en el proceso y, en segundo lugar, se evidenció que el demandante poseía dos vehículos más, los cuales fueron encontrados en la finca La Gitana y que no fueron afectados con la medida de decomiso, por lo que se infiere, en principio, debido a que no existe prueba en contrario, que no tendría que realizar gastos adicionales de transporte.

117. Ahora bien, la Sala no encuentra que el vehículo decomisado fuera utilizado con fines lucrativos, pues, tal como se evidenció en las declaraciones rendidas en el proceso(34), este era usado para el transporte personal de la familia, por lo que no se infiere que la cesación de su uso conlleve la pérdida económica de los rendimientos que este pudiera generar.

118. Por lo anterior, la Sala negará el reconocimiento de indemnización de perjuicios por el decomiso del vehículo tipo campero marca Toyota de placas KEC 591, debido a que no se demostró que este hecho hubiere generado un daño emergente o lucro cesante en detrimento del patrimonio de los demandantes.

Perjuicio material derivado del decomiso del predio La Gitana

119. Con ocasión de la medida de restricción del derecho de propiedad sobre el inmueble La Gitana, impuesta por la Fiscalía, en la demanda se solicita el pago de los perjuicios materiales ocasionados por la imposibilidad de explotación del bien, el cual, como se vio se encontraba parcialmente arrendado, y la casa principal se alquilaba para fiestas y reuniones vacacionales, además, se encuentra demostrado que el propietario de la finca alquilaba las caballerizas.

120. Respecto de la explotación económica que se le daba al bien inmueble decomisado, la Sala encuentra en el expediente como elemento probatorio el dictamen pericial, que se rindió con el propósito de establecer los montos devengados por cada una de las actividades económicas a las que estaba destinado el predio.

121. En el mencionado dictamen se estableció:

[L]a actividad productiva principal de la finca LA GITANA, según lo observado en la diligencia de inspección judicial y en las instalaciones físicas, corresponde a una finca para la producción, cría y levante de caballos de paso fino colombiano, adicionalmente, presa el servicio de alquiler de las pesebreras, del rejón y de la casa principal para eventos sociales.

[S]egún la información obrante dentro del proceso, lo observado en la inspección judicial, la información recopilada con las personas consultadas el mismo día de la inspección y en las demás visitas realizadas posteriormente; de la infraestructura física con la que contaba le inmueble para la actividad ganadera, el número de ganado caballar que pudiera ser levantado, mantenido y comercializado con la infraestructura instalada sería de 10 animales.

[A] continuación se relacionan los diferentes valores que se hubiesen causado para el periodo abril de 1996 a enero de 1999.

Pesebrera:

Para el año 1996, el valor mensual por celda es de $80.000 por concepto de alquiler.

10 celdas x $80.000 = $800.000/mensuales

Abril a diciembre de 1996.

9 meses x $800.000 = $7.200.000

Enero a diciembre de 1997.

12 meses x $800.000 = $9.600.000

Enero a diciembre de 1998.

12 meses x $800.000 = $9.600.000

Enero 1999

1 meses x $800.000 = $800.000

Total: $27.200.000

Rejón:

Para el año 1996, el valor mensual por celda es de $50.000 por concepto de alquiler.

6 celdas x $50.000 = $300.000 / mensuales

Abril a diciembre de 1996.

9 meses x $300.000 = $2.700.000

Enero a diciembre de 1997.

12 meses x $300.000 = $3.600.000

Enero a diciembre de 1998.

12 meses x $300.000 = $3.600.000

Enero 1999

1 meses x $300.000 = $300.000

Total: $10.200.000

Con respecto a los caballos de paso fino que haya (sic) referencia dentro del expediente, e información suministrada por Héctor Helio Rangel González y que tenga soporte, corresponde a los siguientes ejemplares.

Preludio de la gitana, potro reproductor; para el año 1996 su valor estimado es de $15.000.000.

El promedio de salto por mes es de 4 veces con un valor por salto de $500.000.

4 x $500.000= $2.000.000 /mensual

Para un total por mes de $2.000.000

Desde abril de 1996 a enero de 1999, 34 meses

34 x $2.000.000 = 68.000.000

Con respecto a las Yeguas que haya referencia dentro del expediente e información suministrada por Héctor Helio Rangel González y que tenga soporte corresponde a los siguientes ejemplares.

Una potranca de competencia, hija de monarca, que para el año 1996 presentaba un valor de $10.000.000, para el periodo de abril de 1996 a enero de 1999 se considera que como el periodo de gestación es de 11 meses, esta solo podría tener una cría en este lapso, para un costo de $2.000.000 para una edad aproximada de un año.

Con respecto al potro, hijo de pinta y cambalache para el año 1996 tenía un valor de $5.000.000.

Ahora, con respecto a las otras bestias que se encontraban en el mes de abril de 1996, y de las cuales no existe un registro de que fueran de paso fino colombiano, se considera un promedio de $700.000 por cada uno; luego los siete restantes tendrían un valor de $4.900.000.

En conclusión, lo anteriormente expuesto es de información constatable según la actividad ganadera y el espacio en la infraestructura física. Todo lo demás fue imposible de valorarse al momento de la inspección judicial y posteriores visitas (…).

Según lo observado en el expediente s folios 89 a 98(35) el inmueble finca la Gitana, permanecía en promedio alquilada en el año por un periodo no continuo (4 meses) que representarían:

Valor día $50.000 x 4 meses = $6.000.000

Periodo comprendido entre abril de 1996 a enero de 1999.

2,8 años x $6.000.000 = $16.800.000 (…)

122. Sobre la valoración del dictamen pericial, la jurisprudencia ha establecido:

[D]e conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos -y no cuestiones de derecho- que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de la partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal(36) y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad (num. 2 del art. 237 del cdno. de P.Civil.).

Para su eficacia probatoria debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte de perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen(37). El dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado, en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones (num. 6 del art. 237 ejusdem).

A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “…aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores (…)”(38).

En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma(39).

123. De conformidad con lo anterior, la Sala le otorgará valor probatorio a la suma arrojada en el dictamen como lucro cesante por el alquiler de las pesebreras de la finca, teniendo en cuenta que lo consignado en este sobre la existencia de 10 celdas para los caballos coincide con lo evidenciado en el acta de entrega suscrita por la Fiscalía Regional Delegada ante la Cuarta Brigada, donde se anotó la existencia de diez caballos en la finca (supra 3.6.1). Si bien lo anterior no constituye una evidencia directa del alquiler de las pesebreras, esta coincidencia permite otorgar credibilidad a lo consignado en el dictamen.

124. Cabe aclarar que solo se reconocerá el monto arrojado como lucro cesante por el alquiler de las 10 celdas de la pesebrera, pues el alquiler de un área con 6 celdas denominada en el dictamen como “rejón” no tiene sustento probatorio en el expediente.

125. Igualmente, respecto de los caballos de paso fino, aunque en el dictamen pericial se anotó su valor, en el presente proceso quedó establecido que la responsabilidad por la pérdida o muerte de estos no son endigables al Estado, en tanto no hicieron parte de la medida de restricción de la propiedad impuesta por la autoridad judicial, y además se evidenció que estos quedaron a cargo de un trabajador de la finca, por lo que se negará el pago por el valor de los caballos.

126. Así las cosas, se actualizará el monto arrojado en el dictamen como lucro cesante por la imposibilidad de continuar con el alquiler de las pesebreras, actividad que realizaba el propietario de la finca antes de que esta fuera decomisada.

Actualización de la renta:

S1999-03333 D
 

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $27.200.000
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 138.07 que es el correspondiente a octubre del 2017.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 71,20 que es el que correspondió al mes de noviembre del 2002, mes en el cual se elaboró el dictamen pericial.

1999-03333 B
 

127. En el dictamen pericial se estableció la existencia de un lucro cesante por la imposibilidad de alquilar el predio para eventos sociales, con base en las certificaciones allegadas al expediente correspondientes a varias personas que indicaron haber alquilado la finca en alguna ocasión especial por el valor de $100.000. Sin embargo, la Sala desestimará la conclusión en este arrojada respecto de un promedio de ocupación en alquileres de 4 meses, por carecer esta afirmación de sustento probatorio, máxime cuando de las certificaciones allegadas (fl. 89 a 95, cdno. 1) se infiere que el alquiler de la finca se daba en ocasiones especiales (día de la madre, navidad, fin de año, matrimonios) y no de manera periódica y constante como se afirmó en el dictamen.

128. Así las cosas, la Sala reconocerá el valor certificado por alquiler de la casa principal de la finca La Gitana, es decir, $100.000, una vez al mes, que como mínimo se presentaría una ocasión especial. Lo anterior, con base en que en el proceso se encuentra probado que se desarrollaba esta actividad de alquiler para el sustento económico de la familia y en las certificaciones allegadas con la demanda donde indican que el valor de un día de alquiler era $100.000.

129. Como el bien inmueble estuvo decomisado desde el 20 de abril de 1996 hasta el 23 de diciembre de 1998, durante 32 meses, se reconocerá la suma de $100.000 por alquiler, cada mes, para un total de $3.200.000. La suma será actualizada.

Actualización de la renta:

S1999-03333 C
 

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $3.200.000
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 138.07 que es el correspondiente a octubre del 2017.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 71,20 que es el que correspondió al mes de noviembre del 2002, mes en el cual se elaboró el dictamen pericial.

S1999-03333 A
 

130. Así, el total del lucro cesante corresponde a $58.951.236, suma que deberá ser pagada por la Nación - Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que el perjuicio material por lucro cesante se causó con ocasión del decomiso del bien denominado finca La Gitana desde el 20 de abril de 1996 hasta el 23 de diciembre de 1998, hecho que es endigable a su actuación en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el 17 de marzo del 2010, en los siguientes términos:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, y de la Nación-Rama Judicial.

2. ABSOLVER de responsabilidad patrimonial a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

3. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Nación-Fiscalía General de la Nación por el decomiso y la dilación en la devolución de los bienes de propiedad del señor Héctor Helio Rangel González, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

4. Como consecuencia de la anterior declaración CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas:

Perjuicio moral:

— Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Héctor Helio Rangel González.

Perjuicio material:

— Cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y un mil doscientos treinta y seis pesos m/cte. ($58.951.236) por el lucro cesante derivado de la imposibilidad de explotación del predio denominado La Gitana, con ocasión de su decomiso.

Afectación a bienes convencional y constitucionalmente protegidos

— Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los demandantes.

5. A TÍTULO DE GARANTÍA DE SATISFACCIÓN la Fiscalía General de la Nación deberá:

i) REALIZAR una declaración oficial a través de un periódico de amplia circulación local en el departamento de Antioquia, en la que ofrezca una disculpa pública a los demandantes.

ii) ALLEGAR copia de dicha publicación a esta corporación con la mención del número del expediente, número de radicación y nombre del demandante dentro los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia.

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. La sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA

Por Secretaría se expedirán copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

8. En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase».

1 La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Héctor Helio Rangel Gonzáles, fue estimada en $250.000.000, suma que resulta superior a la exigida para que un proceso iniciado en el año 1999 tuviera vocación de doble instancia, esto es, $118.230.000 (500 salarios mínimos legales mensuales de la época).

2 El señor Fernando Alberto Ochoa Restrepo en la declaración que rindió ante el Juzgado Civil Municipal de Caldas afirmó: “Sí conozco al señor Héctor Helio Rangel Gonzáles, y lo conozco aproximadamente hace unos 25 años, y lo conozco porque es amigo y como criador de bestias y no es de mi familia (…) y es casado con la señora Ana Silva a la cual conozco, y la conozco más o menos lo mismo que conozco al señor Héctor (…)” (fl. 333, cdno. 2). Por su parte, la señora María Elvira Mesa Restrepo declaró: “[S]í conozco al señor Héctor Helio, lo conozco hace unos veinte años, ya que desde el 83 estoy trabajando con ellos, y trabajo en la cocina, y el señor Héctor Helio es casado con la señora doña Anita Ana Francisca Silva, a la cual conozco hace unos veinte años (…)” (fl. 336, cdno. 2). En el mismo sentido declaró el señor Darío de Jesús Restrepo Escobar, vecino de la finca (fl. 338, c.2).

3 Cfr. Henao, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.

4 En el dictamen se consignó lo siguiente:
[Nosotros realizamos una reseña fotográfica del estado del inmueble al momento de realizar la inspección judicial y visitas posteriores, y lo confrontamos con la reseña fotográfica obrante en el expediente, que corresponde a la fecha de la devolución del inmueble, con el fin de establecer las posibles mejoras realizadas después de la entrega del mismo (se destaca).

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia del 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón. En esa oportunidad se precisó: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos ‘títulos de imputación’ como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 09 de mayo de 2014, exp. (33685) y (24078); C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 28 de mayo de 2015, exp. 30607, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón.

7 Folio 26, cdno. 1.

8 “ART. 179.—Clasificación. Las providencias que se dicten en la actuación se denominarán resoluciones, autos y sentencias y se clasifican así:
(…)
2. Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial”.

9 “ART. 122.—Funcionarios judiciales encargados de tramitar los recursos de apelación. Dentro de la Fiscalía General habrá funcionarios judiciales con la función exclusiva de tramitar los recursos de apelación y de hecho contra las providencias interlocutorias proferidas por el fiscal delegado o la unidad de fiscalía que dirija la investigación”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 17507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

11 Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se entregó al secuestre sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la intemperie por un período prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, exp. 7859, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; o por el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado en un proceso ejecutivo, que permaneció años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, exp. 12791, C.P. German Rodríguez Villamizar.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Argüelles y otros vs. Argentina, sentencia de 20 de noviembre de 2014, Serie C n.° 288, párr. 188-190.

14 [188] “Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 155, y Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, párr. 188”.

15 [189] “Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 71, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 188”.

16 [190] “Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, párr. 72, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 189”.

17 [191] “Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros, párr. 155, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 189”.

18 [192] “Cfr. inter alia, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21, párr. 78, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 189”.

19 [193] “Cfr. TEDH, Caso Milasi v. ltaly. Sentencia de 25 de junio de 1987, párr. 16. Esto también fue citado en Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 189”.

20 “Los bienes muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por Resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o depósito. Quien tuviere un derecho licito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho. Los beneficios obtenidos se aplicarán a la prevención y represión del tráfico de tales drogas y a la rehabilitación de los farmacodependientes, bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de Estupefacientes. // Excepcionalmente, podrá ordenarse por el funcionario del conocimiento la devolución de los bienes o el valor de su remate, si fuere el caso, a terceras personas, si se prueba plenamente dentro del proceso que no tuvieron participación alguna ellos, en el destino ilícito dado a esos bienes”.

21 “De la restitución del objeto material e instrumentos del delito. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 339 de este código, el funcionario que esté conociendo de la actuación, de plano ordenará la devolución a quien sumariamente acredite ser dueño, poseedor o tenedor legítimo del objeto material o instrumentos del delito que sean de libre comercio” (negrillas fuera de texto).

22 “[P]ero si se tratare de devolución de cosas, armas, instrumentos y efectos aprehendidos durante el proceso, y que no interesen a éste, se determinará de plano la entrega con la obligación de presentarlos en el momento en que el funcionario judicial lo solicite” (negrillas fuera de texto).

23 “Incidentes procesales. Se tramitan como incidentes procesales: 1. La solicitud de restitución de bienes muebles o inmuebles, o de cauciones, cuando es formulada por persona distinta de los sujetos procesales y la decisión no deba ser tomada de plano por el funcionario competente” (negrillas fuera de texto).

24 “Proposición, trámite y decisión. Salvo disposición legal en contrario, los incidentes se propondrán y tramitarán en cuaderno separado, de la siguiente manera: // 1. El escrito deberá contener lo que se solicite, los hechos en que se funde y las pruebas con las cuales se pretende demostrar. // 2. Del escrito y las pruebas se dará traslado en secretaría por el término común de cinco días. // Dentro de este término deberá contestarse aportando las pruebas o solicitando aquellas en que se funde la oposición; si no se aceptare la petición, deberá manifestarse expresamente. // La no contestación se entenderá como aceptación de lo pedido. // 3. Cuando las partes soliciten pruebas, el funcionario que conoce del proceso fijará el término para su práctica, que será de diez días. // 4. Vencido el traslado de que trata el numeral 2, se fijará el término probatorio, si los sujetos procesales han solicitado pruebas o estas se decretan de oficio. Concluido el término probatorio, se decidirá de acuerdo con lo alegado y probado”.

25 “Caso especial de comiso. Los (…) automóviles (…) vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento se atribuye a los jueces regionales, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación hasta que quede ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva. [La Ley 504 de 1999, artículo 35 sustituyó la expresión ‘Juez Regional’ por la de de ‘Juez Penal de Circuito Especializado’]”.

26 De la restitución de los objetos. Los objetos puestos a disposición del funcionario, que no se requieran para la investigación o que no sean objeto material o instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución o que no se requieran a efectos de extinción de dominio, serán devueltos a quien le fueran incautados. Si se desconoce al dueño, poseedor o tenedor de los mismos y los objetos no son reclamados, serán puestos a disposición de la autoridad competente encargada de adelantar los trámites respecto de los bienes vacantes o mostrencos. // El funcionario que esté conociendo de la actuación, de plano ordenará la devolución a quien sumariamente acredite ser dueño, poseedor o tenedor legítimo del objeto material o instrumentos del delito que sean de libre comercio, o demuestre tener un mejor derecho sobre los mismos (se destaca).

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de noviembre de 2004, exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón.

28 ART. 64.—Proposición, trámite y decisión. Salvo disposición legal en contrario, los incidentes se propondrán y tramitarán en cuaderno separado, de la siguiente manera:
(…).
4. Vencido el traslado de que trata el numeral 2, se fijará el término probatorio, si los sujetos procesales han solicitado pruebas o estas se decretan de oficio. Concluído el término probatorio, se decidirá de acuerdo con lo alegado y probado. Pero si se tratare de devolución de cosas, armas, instrumentos y efectos aprehendidos durante el proceso, y que no interesen a éste, se determinará de plano la entrega con la obligación de presentarlos en el momento en que el funcionario judicial lo solicite – Se destaca-.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de julio de 2010, exp. 19.312, C.P. Enrique Gil Botero.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.° 15459.

31 Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28 de agosto del 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

32 Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28 de agosto del 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero:

“En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado”.

33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, exp. 11892, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En esa ocasión se precisó la necesidad de probar el padecimiento derivado de la pérdida de bienes, así: “el desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume”. Posición reiterada en: Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2016, exp. 35264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

34 Declaración Rendida por María Elvira Mesa Restrepo ante el Juzgado Municipal de Caldas, Antioquia: “PREGUNTADO: Para qué destinaba el señor Rangel o su familia dicho vehículo. CONTESTO: Para viajar las niñas a estudiar y para cargas cuido y de todo” (fl. 337, cdno. 2).

35 “Señor, Nelson Castaño Zapata. (…) Alquilo en 1995 la finca La Gitana (…) a la señora Ana de Rangel por el precio de cien mil pesos ($100.000) de un día para otro y para un total de trescientos mil pesos ($300.000) para realizar las siguientes fiestas:
En mayo para celebrar el día de las madres, en agosto para celebrar el día del peluqiero y en diciembre para la fiesta de navidad” (fl. 91, cdno. 1).
“Yo Martha Margarita Álvarez Gutiérrez mujer mayor de edad con CC 32479366 de Medellín, doy fe que para el día 3 de noviembre de 1995 alquilé la finca la GITANA (…) para celebrar un matrimonio (…) y por esta pagué la suma de $100.000. a la señora Ana de Rangel dueña de esta finca (…)” (fl. 93, c.1).

36 [66] Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.

37 [67] Devis Echandía, Hernando, Ob. Cit., págs. 346 a 350 y ss.

38 [68] Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, rad. 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio