Sentencia 1999-04421 de mayo 3 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

NOCIÓN DE CONSUMIDOR

PARA EFECTOS DE APLICAR LAS NORMAS QUE LO PROTEGEN

EXTRACTOS: «Los hechos que han originado el litigio no pueden encuadrarse dentro del ámbito de aplicación del mentado cuerpo normativo —estatuto del consumidor—, como pasa a explicar la Corte, no sin antes hacer algunas anotaciones en torno a lo que se conoce como derecho del consumidor.

a) El desarrollo y evolución de la industria, la producción en serie, la masificación de las relaciones jurídicas y económicas, el mercadeo y la distribución comercial, entre otros factores, han sido determinantes para el surgimiento de una disciplina de orientación tuitiva que se ha denominado derecho del consumidor o, para otros, del consumo, esencialmente caracterizada por regular lo que concierne a los consumidores y a las relaciones de consumo.

Se trata de una materia que traspasa las relaciones tradicionales propias del derecho privado, para extenderse a las que se ajustan entre el Estado y los diversos actores del mercado, en la medida en que tengan injerencia en los intereses de la colectividad; en efecto, reconocidos autores han sostenido que “el derecho del consumo comprende no solamente las reglas aplicables a los actos de consumo, sino también aquellas que tienden a proteger a los consumidores, aún si estas no se aplican directamente a ellos. Así, el derecho del consumidor puede situarse en relación con los derechos comercial, económico, de la competencia, de la distribución y ambiental” (Calais-Auloy, Jean. Droit de la consommation. París, Dalloz, pág. 19, 1986; citado por Pérez Bustamante, Laura. Derechos del consumidor. Buenos Aires, Astrea, pág. 4, 2004).

Por supuesto, uno de los aspectos complejos de esta temática ha sido, precisamente, el de establecer una definición de “consumidor”, materia en la que se han adoptado diversas nociones; por un lado, de manera abstracta o general, se habla del “ciudadano-consumidor”, concepto que, según estiman algunos expositores, presenta un enfoque que lo hace apto “no para atribuir derechos a cada consumidor, que pueda ejercerlos individualmente, sino más bien para expresar programas políticos de actuación o también para aludir a derechos tales como los que se otorgan a la educación o a la información” (Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, Ricardo Luis. Defensa del consumidor. Santafé, Rubinzal-Culzoni, pág. 58, 1993); por otro lado, se ha acudido a definiciones mucho más concretas, donde dicha calidad depende de criterios restringidos en mayor o menor grado, como se estudiará, según la política legislativa que se asuma sobre el particular.

Desde esta perspectiva, es fundamental fijar con exactitud este concepto, pues el también permitirá demarcar claramente el ámbito de acción de los preceptos llamados a tutelar los respectivos intereses.

b) En la experiencia colombiana, la máxima expresión en la materia se ha reflejado en el reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores, al disponer el artículo 78 que la “la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”, y que “serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.

Previamente a la promulgación de la Carta Fundamental de 1991, la ley de facultades extraordinarias 73 de 1981 autorizó la expedición del Decreto 3466 de 1982 o estatuto del consumidor, que vino a constituirse en un cuerpo normativo que, por primera vez, fue destinado al tratamiento de ciertos aspectos vinculados a la regulación y protección de los consumidores.

Dentro del estatuto se definió al consumidor como “toda persona, natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la satisfacción de una o más necesidades” (art. 1º, lit. c), noción que, a primera vista, abarca todos los tipos de personas —naturales o jurídicas— y de bienes —muebles o inmuebles—, sin distinción alguna, a la par que introduce un ingrediente asociado a la finalidad de la “adquisición, utilización o disfrute” del bien o servicio, esto es, que con ella se persiga, valga repetirlo, “la satisfacción de una o más necesidades”.

Aunque en la definición no se emplea ningún parámetro relacionado, por ejemplo, con el hecho de que la persona deba ser consumidor o destinatario final del bien o servicio, o con la circunstancia de que el uso o consumo se enmarque o no dentro de una actividad profesional o empresarial, como ocurre en otros países, ello no puede conducir, por la simple imprecisión terminológica, a pensar que todos los sujetos que interactúan en el tráfico de bienes y servicios conforman tal categoría —consumidores— y que, por ende, a ellos indistintamente les sean aplicables las normas especiales, pues con semejante entendimiento se desnaturalizaría, por vía de la generalización, un estatuto excepcional destinado a proteger a determinados sujetos de las relaciones de intercambio.

De ahí que se imponga la adopción de un criterio interpretativo de la noción de consumidor, que consulte racionalmente las finalidades específicas del estatuto en el que se encuentra incorporada, y, en esa misma medida, delimite el marco de las disposiciones, tarea que seguidamente emprenderá la corporación.

Es de verse, primeramente, cómo en la exposición de motivos de la Ley 73 de 1981 se hizo alusión a la necesidad de orientar las políticas de la administración “hacia la contención del fenómeno inflacionario, para evitar el encarecimiento del costo de la vida y garantizar a las masas trabajadoras un ingreso real, que permita el mejoramiento de sus condiciones de existencia”, así como se resaltó que su aprobación representaría “un instrumento de indudable trascendencia para organizar y actualizar ese campo central de la intervención económica del Estado, que hace relación directa con las metas de justicia social y de mejoramiento de las clases trabajadoras que deben presidir el desarrollo económico”.

Y, en las ponencias presentadas ante las cámaras, también se manifestó, entre otras cosas:

“... Hay un vasto clamor ciudadano, de muchos años atrás, pidiendo al Estado una legislación fuerte que proteja a los consumidores de la indolente y creciente sed de riquezas de los dueños de bienes y servicios ... Es evidente que el Estado no debe estar ausente en la regulación de los precios del mercado, en su control y especialmente, en la defensa del consumidor, que es el extremo más débil de la relación, aunque sea el más numeroso ... No hay duda, como se ha anotado, que la sociedad actual básicamente se divide entre expendedores y proveedores, por un lado y, por el otro, los consumidores que constituyen la inmensa mayoría de la Nación. El control de los primeros y la defensa de los segundos, debe ser uno de los objetivos fundamentales del Estado actual, si se quiere sinceramente conseguir una sociedad menos injusta, menos subyugante, en donde los abismos de desigualdad que la invaden comiencen a hallar frenos y remedios con una legislación efectiva y vigorosa...” (Historia de las leyes. Tomo IV, Legislatura de 1981, págs. 228-251).

Así, con independencia de que las motivaciones entonces expuestas sean plenamente compartidas por esta corporación o de que ellas conserven vigencia, emerge innegablemente de los antecedentes legislativos que una de las principales pretensiones del estatuto fue la de amparar los intereses de un sector de la comunidad que, por lo menos en términos generales, se encuentra en condiciones de debilidad frente a los operadores comerciales profesionales —proveedores, expendedores, productores, etc.—. Por tanto, la amplitud y vaguedad del concepto legal de consumidor no puede llevar a un entendimiento indiscriminado, pues con ello perdería toda razón la existencia de un régimen especial, como tampoco puede concebirse la asimilación de dicha definición con otras, como las de “productor” y “proveedor o expendedor”, que el mismo estatuto explica en términos bien diversos, al señalar que el primero será “toda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o servicios destinados al consumo público...”, y que por el segundo se entenderá “toda persona, natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al público en general, o a una parte de él, a cambio de un precio, uno o más bienes o servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la satisfacción de una o más necesidades de ese público” (art. 1º, lits. a y b).

En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto —persona natural o jurídica— persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor solo en aquellos eventos en que, contextualmente, aspire a la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial —en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún modo, a su objeto social—, que es lo que constituye el rasgo característico de una verdadera relación de consumo. Este punto de vista, cabe resaltar, es el que puede identificarse en numerosos ordenamientos jurídicos que, como adelante se examinará, catalogan únicamente como consumidor a quien sea destinatario final del bien o servicio, o, por otro lado, exigen que la adquisición o utilización esté ubicada por fuera de la esfera de actividad profesional o empresarial de quien se dice consumidor; adicionalmente, no está de más anotar que una postura similar es la adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando, dentro de su competencia, ha conceptuado sobre el alcance del término que se viene estudiando (conceptos 96027242 de 2 de septiembre de 1996, 96060904 de 28 de noviembre de 1996, 97023655 de 15 de julio de 1997, 99067274 de 4 de febrero de 2000, 02108233 de 17 de enero de 2003 y 03025237 de 9 de mayo de 2003; Cfr. Compendio de doctrina sobre protección del consumidor 1992-1999. Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, 2000, págs. 152-160, y www.sic.gov.co).

c) En el derecho comparado puede verse, como se anticipó, que aunque el tratamiento del tema no es uniforme, sí muestra algunos lineamientos peculiares.

En la República Argentina, por ejemplo, la Ley 24.240 de 1993 de “Defensa del consumidor” tiene como consumidores o usuarios a “las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: a) la adquisición o locación de cosas muebles, b) la prestación de servicios, c) la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas” (art. 1º); así mismo, se excluye de esta categoría a “quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros” (art. 2º, se destaca).

Este concepto, circunscrito al llamado consumidor final, ha sido relacionado por la doctrina con el término destinatario final, tomado del ámbito del transporte, que “trata de manifestar gráficamente una idea básica para la noción, esto es, que adquiere los bienes o servicios para utilizarlos o consumirlos él mismo, y que, en consecuencia, esos bienes o servicios quedan detenidos dentro de su ámbito personal, familiar o doméstico, sin que vuelvan a salir al mercado” (Mosset Iturraspe J. y Lorenzetti R., ob. cit., págs. 59 y 60); por tanto, siguiendo a los mismos autores, lo anterior quiere decir que por fuera de la protección normativa quedan los “consumidores-empresarios”, es decir, aquellos cuyos actos se dirigen a ser incorporados en procesos productivos o de naturaleza similar; empero, ha de precisarse, esto no significa que las personas jurídicas no puedan ser consumidores finales, pues aunque normalmente no desempeñan tal rol, en la medida en que “no adquieren, al menos en lo general o común, bienes para sí, para su consumo final o beneficio, y menos aún —por su propia índole— para el grupo familiar o social ... ello no quita que, por excepción, frente a supuestos muy especiales —y no genéricos— se considere a las personas jurídicas como consumidoras de tales o cuales bienes o servicios ... Tengamos en cuenta que la ley, más adelante, en el artículo 2º, excluye de la condición de consumidores a quienes adquieran bienes o servicios para ‘integrarlos en procesos de producción...’; habrá que demostrar que la adquisición por la persona jurídica no tuvo esa finalidad” (ob. cit., págs. 59 y 60).

De otro lado, definición semejante se utiliza, verbigracia, en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil —L. 8078/90, modificada por la 9298/96— que establece que “consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza un producto o servicio como destinatario final” (art. 2º), posición que, según algunos comentaristas, supone que “cualquiera sea la naturaleza jurídica del consumidor económico (persona natural o jurídica), este no alcanzará la cualidad jurídica de consumidor si la adquisición o propensión a la adquisición no se hubiere realizado en calidad de destinatario final” (Antonio Herman V. Benjamín. El código brasileño de protección del consumidor. Publicado en Política y Derecho del Consumo. Biblioteca Millennio, El Navegante Editores, Bogotá, pág. 500, 1998). Adicionalmente, nótase que lo propio ocurre con la Ley chilena 19.496 de 1997, modificada por la 19.659 de 1999, que tiene por consumidores a “las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarios finales, bienes o servicios”.

Ahora, en el marco de la Unión Europea, la Directiva 93/13 CEE adoptada el 5 de abril de 1993 sobre “cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”, uno de los aspectos a los que se orienta la protección de estos, dispuso que como tal se tendría cualquier persona física que, en los contratos regulados por la directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional (art. 2º, lit. b, destacamos).

Para implementar esta directiva, en Italia, por ejemplo, se expidió la Ley 52 de 6 de febrero de 1996 que, entre otras cosas, adicionó el Código Civil de 1942 con el artículo 1469 bis, que, en lo pertinente, reza:

“En el contrato concluido entre el consumidor y el profesional se consideran vejatorias las cláusulas que, a pesar de la buena fe, determinan a cargo del consumidor un significativo desequilibrio de los derechos y las obligaciones derivadas del contrato. En relación con los contratos a que se refiere el inciso primero, el consumidor es la persona física que actúa por motivos extraños a la actividad empresarial o profesional eventualmente desarrollada. El profesional es la persona física o jurídica, pública o privada, que, en el marco de su actividad empresarial o profesional, utiliza el contrato a que se refiere el inciso anterior” (se destaca).

Sobre este precepto, autorizados expositores han manifestado que, para los efectos de la reglamentación, consumidor será únicamente la persona física no profesional y no empresario, o eventualmente, la persona física empresario o profesional que contrate con fines ajenos a su actividad, noción esta que, puntualizan, no necesariamente equivaldrá a la de adherente o contratante débil, pues es mucho más restringida, habida cuenta que puede presentarse un adherente o una parte débil que no sea consumidor, así como un consumidor que no puede ser catalogado como tales (Astone, Francesco. Ambito di applicazione soggettiva. La nozione di consumatore e professionista. En: “Il Codice Civile, comentario, Clausole vessatorie nei contratti del consumatore”. A cura di Guido Alpa e Salvatore Patti, Giuffré editore, pág. 168, 2003).

Por su parte, la Ley española 26 de 1984, modificada por la 22 de 1994, “general para la defensa de los consumidores y usuarios”, considera consumidores o usuarios a “las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan, como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden” (art. 1º). Del mismo modo, con un texto similar al que posteriormente se adoptó en Argentina, indica que “no tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a otros” (destaca la Sala).

En compendio, este muestreo legislativo, que coincide con la constante que se observa en otros ordenamientos, permite identificar dos directrices básicas para la calificación de consumidor: a) la posición de destinatario o consumidor final del bien o servicio; y b) la adquisición o utilización de bienes o servicios con una finalidad ubicada por fuera del ámbito profesional o empresarial.

5. Así las cosas, considerando los elementos de juicio que se han dejado reseñados, es inevitable afirmar que la calidad de consumidor —y la consecuente aplicación del estatuto— solo puede determinarse a partir del examen detallado de las circunstancias subjetivas y objetivas que rodean una relación específica.

Por ahí mismo, de cara a la situación fáctica sometida al estudio de la Corte, resulta forzoso arribar a las siguientes conclusiones: a) Servicio Aéreo del Vaupés, Selva Ltda., se constituyó como una sociedad mercantil, cuyo objeto es “la explotación del transporte aéreo de carga” (cdno. 1, fl. 3); b) el contrato de arrendamiento de aeronave suscrito entre la mentada sociedad y Meruc Aviation Leasing Corporation tiene naturaleza mercantil y, por estipulación de las partes, se sometió a las leyes de la República de Colombia (cdno. 1, fls. 11-26); c) la finalidad que la aerolínea perseguía con la celebración del contrato de arrendamiento era procurarse un elemento operacional para el desarrollo directo de su objeto social, sin que pueda afirmarse que aspiraba a la satisfacción de una necesidad personal, pues, contrariamente, dicho vehículo era empleado por la empresa demandante para ofrecer a terceros sus servicios profesionales de transporte, constituyéndose, como tal, en un proveedor o expendedor, conforme lo menciona el literal b del artículo 1º del estatuto del consumidor, enantes trascrito; d) la aerolínea no obraba como destinatario final del bien utilizado, por cuanto el mismo era integrado o incorporado al giro ordinario de sus negocios; por este aspecto, no cabe duda que la sociedad se comportaba dentro de la esfera propia de su actividad profesional o empresarial típica o propiamente dicha; e) la relación jurídica y económica tendida entre la sociedad demandante y la arrendadora —Meruc Aviation Leasing Corporation—, que no se revisa en este proceso, o entre aquella y la propietaria-fabricante del avión, sociedad demandada en este proceso, —Fábrica Estatal de Aviación de Kiev—, no puede ser considerada como una “relación de consumo”, al no ajustarse a las pautas previstas por la legislación vigente; f) el hecho de que la relación entre las empresas demandante y demandada se haya presentado en el marco de su actividad profesional o empresarial, determina, en principio, que no haya lugar a presumir o entender que la sociedad actora se encontraba en una posición de debilidad económica, informativa, técnica o de cualquier otro orden; en todo caso, aun si se presentara cualquier asimetría o desequilibrio en una relación entre profesionales —que suele ocurrir—, ello no convertiría per se a la parte débil en consumidor, ni habilitaría la aplicación del régimen propio de ellos, toda vez que cualquier situación abusiva que pudiera darse o cualquier responsabilidad en la que pudiera incurrirse, como la derivada de productos defectuosos que aquí se ha invocado, no quedaría desamparada, sino que simplemente estaría sometida a las normas generales, que no a aquellas destinadas a los consumidores.

En suma, por los diversos aspectos examinados, es claro que, en el caso concreto, Servicio Aéreo del Vaupés, Selva Ltda., no actuó como consumidor, sin que se descarte la posibilidad de que una persona jurídica pueda serlo, como tampoco entabló “relación de consumo” alguna, lo que equivale a decir que al no poder acogerse a las normas propias de dicha categoría, ellas definitivamente no resultan aplicables a la situación litigiosa, y, por ende, mal podría señalarse su falta de aplicación, toda vez que el estatuto del consumidor no estaba llamado a regir el asunto».

(Sentencia de casación, 3 de mayo de 2005. Expediente 1999-04421-01. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete).

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