Sentencia 1999-00531 de enero 21 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Rad.: 19001-23-31-000-1999-00531-01(21508)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Ligia María García de Chilito y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, veintiuno de enero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en la ciudad de Cali el 20 de abril de 2001, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en la demanda en 9.000 gramos oro ($130.153.140) por concepto de perjuicio fisiológico, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000(21).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda(22)— a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra se origina en los daños sufridos por los demandantes con ocasión de las lesiones causadas a Francisco Eduardo Chilito García en hechos ocurridos el día 9 de enero de 1999 en el casco urbano del municipio de Bolívar - Cauca, y como la demanda se impetró el 28 de abril de 1999(23), resulta evidente que el ejercicio de la presente acción fue oportuno.

3. El régimen de responsabilidad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra.

Ahora bien, de conformidad con lo relatado en la demanda, el señor Chilito García sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar, por cuanto resultó herido en medio de un intercambio de disparos que se presentó el 9 de enero de 1999 en el casco urbano del municipio de Bolívar, Cauca, entre agentes de la Policía Nacional y dos personas que, al parecer, no permitieron que se les requisara, razón por la cual el régimen de responsabilidad que gobierna el caso corresponde al del daño especial(24), que además se ajusta al artículo 90 constitucional al tomar como punto de partida el daño antijurídico que sufrieron los demandantes y que implica la obligación jurídica del Estado de equilibrar nuevamente las cargas que debieron soportar en forma excesiva algunos de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad.

4. El caso concreto.

En consideración a que ambas partes apelaron la sentencia, la demandada para solicitar la revocatoria total de la decisión que le fue adversa a sus intereses y la demandante para impugnarla parcialmente, la Sala entrará a estudiar, en su orden, la existencia del daño antijurídico y su imputabilidad y, de ser procedente, el reconocimiento y proporción de los perjuicios solicitados por la parte demandante.

4.2. El daño antijurídico.

Según se desprende del texto de la demanda, el daño antijurídico que se pretende sea reparado consistió en las lesiones físicas causadas con arma de fuego al señor Francisco Eduardo Chilito García, en hechos ocurridos el 9 de enero de 1999 en el municipio de Bolívar, Cauca.

De conformidad con la historia clínica que obra a folios 61 a 91 del expediente, remitida por el director del Hospital Nivel I de Bolívar, Cauca, siendo aproximadamente las 10:30 p.m. del 9 de enero de 1999, el señor Francisco Eduardo Chilito García ingresó al centro médico con dos heridas causadas por arma de fuego en el muslo de la pierna derecha.

Al respecto, en la historia clínica se consignó la siguiente información:

“09-01-99 edad 59 años

Hora 10:30 p.m.

HA:

ME: Herida por PAF

EA: Hace pocos minutos en forma accidental recibio (sic) impactos por PAF en MID presentando inmediatamente incapacidad funcional para la marcha, por dolor, sangrado escaso”.

(…)

Extremidades: en muslo derecho presenta 2HPAF

1) O. de E. a nivel del 1/3 infero posterior lateral / muslo derecho

O de I. 1 cm con tatuaje

O de salida: de forma irregular a nivel de 1/3 infero lateral anterior / muslo derecho.

2) O. de E. En 1/3 medio postero interno de muslo derecho de (+) o (-) 1 ½ cm.

O. de salida 1/3 supero interno posterior del mismo muslo. Irregular de bordes evertidos con salida de tejido adiposo de (+) o (-) 3 cm de longitud”(25).

Adicionalmente, según dictamen médico laboral Nº 033-2000, proferido el 19 de mayo de 2000 por la Junta de Calificación de Invalidez, seccional Cauca, realizado con fundamento en la historia clínica del actor, este obtuvo un porcentaje de calificación de incapacidad permanente parcial equivalente a 16.1%.

Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los motivos de la impugnación presentada por la entidad demandada recae justamente sobre el valor probatorio que en primera instancia se otorgó al dictamen médico laboral en cita, resulta oportuno en este punto de la providencia entrar a analizar las razones en que la parte apelante sustentó su inconformidad con el referido documento, así:

A juicio de la entidad demandada, las afecciones por las cuales fue valorado el señor Chilito García por la junta de calificación de invalidez distan radicalmente de aquellas que hubiera podido presentar con ocasión de las lesiones que recibió en su pierna derecha el 9 de enero de 1999, toda vez que el diagnóstico que se tuvo en cuenta para asignar el porcentaje de invalidez fue una gastritis crónica difusa antral - hipertensión arterial controlada. Así mismo, señaló que los porcentajes de discapacidad y minusvalía asignados al actor, son producto de su avanzada edad y de las enfermedades que padece, afecciones todas estas que no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado y por las que, en consecuencia, no puede ser condenado.

Al respecto, encuentra la Sala que, en efecto como lo señala la parte impugnante, el documento refiere que el diagnóstico motivo de la calificación corresponde a “gastritis crónica difusa antral - hipertensión arterial controlada”. Igualmente, se observa que el acápite denominado “descripción del dictamen”, numeral primero “descripción de deficiencias”, se refiere a “criterios para la evaluación de la deficiencia global del estómago” y a “enfermedad hipertensión”, conceptos por los cuales se otorgó al actor una deficiencia correspondiente a un 12% dentro de un puntaje máximo de 50%.

Resulta claro que en lo concerniente a esta parte de la descripción del dictamen médico laboral le asiste razón al apelante, toda vez que las afecciones a las que en él se hace referencia en nada comprometen la lesión por la que se demanda.

No obstante lo dicho, encuentra también la Sala que en el citado dictamen se describieron discapacidades y minusvalías que comprometen la locomoción y el desplazamiento, descripciones estas que dadas sus características permiten inferir razonadamente que no corresponden a afecciones de tipo gástrico o a hipertensión arterial, sino más bien a la lesión por la cual se pretende reparación, más aún si se tiene en cuenta que el dictamen se rindió como consecuencia de la prueba que se decretó en el proceso para efectos de determinar la disminución de la capacidad laboral del actor como consecuencia de la lesión que sufrió en su pierna derecha.

En efecto, según lo consignado en el numeral segundo “descripción de discapacidades” del acápite “descripcion del dictamen” del formulario de dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez, el actor presenta discapacidad de la conducta y la locomoción en un porcentaje acumulado por los dos conceptos de 0.6% y, según lo señalado en el numeral tercero “descripción de minusvalías” del mismo acápite, una disminución de la capacidad de desplazamiento del 0.5%, más un porcentaje igual por autosuficiencia económica, minusvalía incrementada en un 2.5% en razón a la edad del actor, para un total de 3.5% de discapacidad por este concepto.

Preciso resulta además aclarar que no le asiste razón al apelante al señalar que los porcentajes de discapacidad y minusvalía asignados al actor son producto de su avanzada edad y de las enfermedades que aquel padece, sino que, por el contrario, según se desprende del dictamen médico legal, tales consecuencias físicas de la lesión que padeció se ven incrementadas en razón de su edad.

Así las cosas, razonable viene a ser concluir que de la totalidad de la calificación de incapacidad permanente parcial obtenida por el actor, esto es 16.1%, sólo el 4.1% corresponde a la lesión que sufrió en el muslo de su pierna derecha, por el 14% restante corresponde a “gastritis crónica difusa antral - hipertensión arterial controlada”.

3.3. La imputabilidad.

La imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y que, por tanto, en principio, estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de responsabilidad; esto del régimen subjetivo (falla en el servicio) o del régimen objetivo (riesgo excepcional y daño especial).

Así entonces, como quiera que el régimen de responsabilidad que gobierna el caso de autos ya se encuentra determinado y teniendo en cuenta que dentro del proceso está probado el daño causado al demandante, la Sala pasará a analizar si aquel es imputable jurídicamente a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

En relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que resultó lesionado el señor Chilito García, se tiene que de lo dicho por las partes y lo demostrado a partir del material probatorio obrante en el proceso, la lesión por arma de fuego se produjo en medio de un operativo en el que se enfrentaron miembros de la Policía Nacional y algunas personas que no permitieron ser requisadas, enfrentamiento que tuvo lugar el 9 de enero de 1999 en la cabecera municipal de Bolívar, Cauca, cuando el actor se desplazaba por el mismo sitio en donde se presentó el intercambio de disparos.

En efecto, así lo reportó el jefe de sección de Policía Judicial de Bolívar, Cauca, en oficio sin número de 10 de enero de 1999, dirigido al jefe de criminalística Sijin Decau, en el que se consignó:

“Por medio del presente me permito informar al señor jefe de criminalística la novedad ocurrida el día 09-01-99 a las 22:45 horas, en perímetro urbano, vía pública, barrio Obrero de Bolívar Cauca, cuando nos disponíamos a realizar una requisa, a dos sujetos que al parecer portaban armas, según información telefónica recibida, en momentos en que fueron interceptados por la patrulla y solicitamos se detuvieran, uno se metió en una casa y el otro emprendió la huída, sacando dos revólveres y disparando contra la patrulla, en dicha acción resultó herido el AS. Marín López Leonardo Fabio,…, el agresor fue Alias Arbey reconocido subversivo comandante del frente Manuel Vásquez Castaño del ELN que opera en esta región, quien fue dado de baja al enfrentarse con la patrulla policial compuesta por 1-2-12, quien portaba dos armas de fuego; revólveres calibre 38 largo, uno marca RUBI, Nº Externo 611549 Nº Interno 419, con tres vainillas percutadas (sic) y tres cartuchos en buen estado, otro revólver Smith-Wesson Nº Externo 9370 Nº Interno 5121X…

En dicha acción también salió herido el señor Francisco Chilito García, 59 años, casado, profesor, C.C. Nº 1’438.140 de Bolívar, natural y residente en Bolívar C. quien presenta dos heridas de bala en la pierna derecha a la altura del muslo ocasionadas en el intercambio de disparos”(26) (destaca la Sala).

En similares términos fueron informados los acontecimientos por el comandante del Quinto Distrito de Policía acantonado en Bolívar, Cauca, al comandante del departamento de policía de ese departamento, mediante oficio Nº 010 de enero 10 de 1999, en el que se relató:

“… En mismos hechos al igual resultó herido el señor Francisco Chilito García, 59 años, casado, profesor, CC Nº 1’438.140 de Bolívar, natural y residente de Bolívar, Cauca, quien presentaba dos heridas en la pierna derecha a la altura del muslo, ocasionadas en el intercambio de disparos, por cuanto en esos momentos se desplazaba por el lugar de los hechos; fué (sic) atendido en hospital local, no registra gravedad”(27).

Así las cosas, encuentra la Sala plenamente acreditado que las lesiones que padeció el señor Francisco Eduardo Chilito García en su pierna derecha fueron producidas con arma de fuego en un cruce de disparos ocurrido entre miembros de la Policía Nacional y dos personas que no permitieron que se les requisara, circunstancia que obliga a concluir que el actor no estaba en el deber de soportar el daño que le fue infringido en su integridad física como consecuencia del actuar lícito de las autoridades que pretendían repeler un ataque en su contra.

Ahora bien, considera la parte demandada que en el artículo 90 de la Constitución Nacional no se consagró un régimen de responsabilidad objetivo, en razón de lo cual no pueden indemnizarse todos los daños ocasionados por el rompimiento de las cargas públicas, sin que exista un título de imputación que permita atribuírselos a determinada autoridad estatal.

Al respecto, se permite la Sala precisar que de conformidad con la redacción del artículo constitucional en mención, para condenar patrimonialmente al Estado es indispensable que exista un daño y que el mismo le sea imputable, sin embargo, en lo que respecta al último elemento la norma no restringió simplemente al régimen subjetivo, sino que, por el contrario, permite que tanto éste como el régimen objetivo subsistan dentro de nuestra legislación.

En consecuencia, probada como está la responsabilidad de la entidad accionada con fundamento en el régimen objetivo por daño especial, la Sala confirmará en este aspecto la providencia apelada.

4. Perjuicios.

4.1. Perjuicios morales.

La entidad demandada solicitó que se niegue el reconocimiento de los perjuicios morales a favor de todos los actores, por considerar que las lesiones sufridas por el señor Chilito García no revistieron ninguna gravedad y porque, además, en relación con sus hermanos, no se probó la existencia de un vínculo emocional que hubiere sido afectado y, en consecuencia, que deba ser reparado.

La providencia apelada reconoció por este concepto el equivalente a trescientos (300) gramos de oro a favor del señor Francisco Eduardo Chilito García, a la señora Ligia María García Chilito, en calidad de madre del lesionado(28), el equivalente a ciento cincuenta (150) gramos de oro, a la señora Fabiola Elia Cabezas Velasco, en calidad de esposa del lesionado(29), el equivalente a doscientos (200) gramos de oro y a Yamil del Socorro, Hernán Eduardo, Francisco Javier, Jesús Orlando y Luis Alberto Chilito Cabezas, en calidad de hijos del lesionado, el equivalente a cien (100) gramos de oro, para cada uno de ellos(30).

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria(31) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(32).

Ahora bien, se encuentra debidamente acreditado el vínculo familiar existente entre el lesionado y quienes manifestaron actuar en calidad de madre, esposa e hijos, lo cual, unido a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que estos sufrieron con ocasión de las lesiones del señor Chilito García(33), independientemente de que hubieren sido calificadas de graves o leves.

En efecto, es clara la actual posición adoptada por la Sección, en punto a señalar que en materia de lesiones se presume la aflicción moral tanto para la víctima directa, como frente a sus parientes cercanos, presunción que no distingue si la lesión se considera grave o leve(34).

Es así como en sentencia de 15 de octubre de 2008, en el expediente con Radicación 050012326000199400723-01 (17.486), con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio, la Sección Tercera recogió la tesis jurisprudencial que diferenciaba entre lesiones graves y leves, a efecto de establecer la presunción de dolor moral para el lesionado y las víctimas indirectas.

Así entonces, en cuanto a este perjuicio se refiere, teniendo en cuenta las lesiones padecidas por el señor Chilito García, la Sala considera acertado el reconocimiento hecho a favor de los demandantes en primera instancia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que esta Sección, en sentencia del 6 de septiembre de 2001[1], abandonó el criterio de tasar el monto de los perjuicios morales en gramos de oro y estableció que tal reconocimiento debería hacerse con base en el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha en que se profiera la sentencia, se convertirá la condena impuesta de gramos de oro a salarios mínimos, así:

A título de perjuicios morales a favor de Francisco Eduardo Chilito García, la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por el mismo concepto, a favor de Ligia María García Chilito, en calidad de madre del lesionado(35), el equivalente a quince (15) SMLMV, a favor de Fabiola Elia Cabezas Velasco, en calidad de esposa del lesionado(36), el equivalente a veinte (20) SMLMV, y a favor de Yamil del Socorro, Hernán Eduardo, Francisco Javier, Jesús Orlando y Luis Alberto Chilito Cabezas, en calidad de hijos del lesionado, el equivalente a diez (10) SMLMV, para cada uno de ellos(37).

5. Perjuicios materiales.

5.1. Lucro cesante.

Por considerar que no se configuró, el tribunal negó el reconocimiento de este perjuicio. Como sustento de decisión, expuso que al momento en que el demandante sufrió las heridas se encontraba vinculado laboralmente con el magisterio y que aquellas, aunque pudieron haberle ocasionado una incapacidad, no ocasionaron la separación definitiva del cargo.

Al respecto, resulta oportuno hacer mención a lo dicho por la Sección en sentencia proferida el 10 de septiembre de 1998 dentro del proceso radicado bajo el número 10537 con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque, en la que se abordó el tema del reconocimiento del lucro cesante cuando una persona que ha sufrido una lesión de carácter permanente parcial continúa laborando en su oficio habitual, como ocurrió en el caso de autos. En la citada oportunidad la corporación manifestó:

“En relación con la persona que no obstante sufrir una incapacidad permanente parcial sigue laborando en su oficio habitual, la Sala ha sostenido dos posiciones opuestas con respecto al reconocimiento del lucro cesante. Según la primera, no hay lugar a conceder la indemnización porque el perjuicio en este caso no es real. Al respecto expresó la Sala: “… el mero hecho de que la sección de Medicina Legal determine la existencia de la incapacidad, no es suficiente para que se ordene el pago de la indemnización, dado que existe prueba en contra de tal certificación, prueba que demuestra que ese perjuicio no es cierto, porque la lesionada siguió laborando normalmente en el mismo oficio que desempeñaba. La indemnización por pérdida de la capacidad laboral debe corresponder a que se haya perdido total o parcialmente tal capacidad, si así no sucede no hay lugar a indemnización porque tal perjuicio no es real”. La otra posición considera, por el contrario que debe indemnizarse a la persona aunque continúe laborando en su profesión u oficio habitual porque la incapacidad reduce sus opciones de vida. Dijo la Sala: “… toda persona tiene derecho a disfrutar de la integridad personal que le permita tener la libertad real de escoger entre trabajar y no hacerlo y, decidiéndose por la afirmativa, poder optar entre una y otra profesión. Si estas facultades de trabajo se ven disminuidas el responsable deberá indemnizar, ya que si la víctima recibe oferta de trabajo deberá rechazarla a causa de su incapacidad, y, justamente, ello constituye un daño que debe ser reparado. Al sentir de la Sala, esta última posición es la más acertada en tanto consulta los principios de equidad y de reparación integral del daño consagrados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, pues lo que se repara en estos eventos es la pérdida de la posibilidad de desempeñar la labor u oficio lucrativo que la víctima aspire a realizar ya que el daño es real cuando se produce una disminución de las posibilidades de la persona de obtener una retribución con el desempeño de una actividad para la cual estaba habilitado física o síquicamente antes de sufrir la lesión y no pierde esa connotación porque al momento de proferir el fallo se verifique que a pesar de sus limitaciones la persona continúa laborando, pues las opciones de vida de la persona se ven afectadas con su invalidez así ella sea parcial y es esto lo que debe repararse. Esta es la razón por la cual también hay lugar a condenar al demandado cuando el que se ve afectado en su capacidad laboral no tenía empleo o este no era remunerado al momento de sufrir el daño” (destaca la Sala).

Considera la Sala que las razones expuestas en la providencia que vienen de verse son suficientes para acoger, como en aquella oportunidad, la última de las posiciones jurisprudenciales esbozadas, ya que cuando se determina la existencia de una merma permanente en la capacidad normal para laborar, se configura, sin lugar a dudas, un perjuicio que seguramente, aunque no lo imposibilite, dificultará el desarrollo cotidiano de la actividad que el lesionado acostumbre realizar y, además, lo limitará para escoger cualquier otro oficio que implique un mayor esfuerzo.

En tal sentido, la corporación, en providencia del 24 de febrero de 2005 con ponencia del Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, señaló:

“… No puede aceptarse, sin embargo, lo expresado allí mismo en el sentido de que, por esa razón, debe concluirse que el accidente no contribuyó a la disminución de sus ingresos y, por lo tanto, que no existe el lucro cesante reclamado. En efecto, como se ha indicado, se acreditó, mediante un concepto rendido por el Ministerio del Trabajo, a partir del análisis de la historia clínica de la señora Pedroza de Garcés y del examen clínico practicado, que la misma perdió, de manera permanente, como consecuencia de la lesión padecida, el 16.2% de su capacidad laboral (…), por lo cual puede inferirse válidamente que, si aquella continuó desempeñando la misma labor que realizaba antes del accidente y devengando el mismo salario, esta situación constituye un beneficio derivado de su propio esfuerzo o de la benevolencia de su empleador, mas no de la inexistencia del perjuicio, que está objetivamente establecido” (destaca la Sala).

En consecuencia, la Sala revocará también en este aspecto la providencia apelada y, en su lugar, reconocerá indemnización por el perjuicio reclamado, así:

Se encuentra demostrado que como consecuencia de las lesiones que sufrió el señor Chilito García con ocasión de la herida de fuego que recibió el día 9 de enero de 1999, cuando miembros de la Policía Nacional se enfrentaban con dos personas que al parecer no permitieron que se les requisara, este padeció una pérdida de capacidad laboral, sin embargo, aunque tal disminución fue calificada en un 16.1%, el valor a indemnizar por la entidad demandada corresponde únicamente al 4.1%, de conformidad con las consideraciones expuestas en el acápite denominado “El daño antijurídico” de la presente providencia.

A folio 217 del expediente obra certificación suscrita por el director y el pagador de la Concentración de Desarrollo Rural de San José del Morro de Bolívar, Cauca, en la que consta que el señor Francisco Eduardo Chilito García se desempeñaba como docente en las áreas de religión, estética y organización de la comunidad, actividad por la que percibía una asignación mensual de $755.724. Información corroborada por la prueba testimonial que indica que el señor Chilito García laboraba en dicho centro educativo al momento de los hechos.

En consecuencia, la Sala procede a liquidar el perjuicio ocasionado, así:

Asignación mensual = $755.724

Sumando 25% prestaciones

755.724 + 188.931 (25%) = 944.655

Multiplicando por el porcentaje de incapacidad laboral.

669.500 * 13.85% = 38.730,85

Actualizando

Ra = R Ind final (dic. 2011) 38730.85 x 109,1

Ind Inicial (enero 1999) 53,34

= 79262,45

Hechas las anteriores precisiones tenemos la siguiente liquidación:

— Indemnización debida o consolidada

Ra: Renta: 79.262,45

n: Número meses entre hechos y la sentencia: = 144

Fórmula:

S = Ra. __(1 + i )n –

i

S = $ 79.262,45 X _(1 + 0.004867)144 -1

0.004867

S = $ 16.481.731,92

Indemnización futura o anticipada.

Término probable de vida a la fecha de los hechos, 24,6 años = 295,2 meses menos 144 meses del periodo debido o consolidado = 151,2 meses.

Ra = 79.262,45

Fórmula:

S = Ra. _(1+ i)n - 1__
i ( 1+i)n

Reemplazando tenemos:

S = 79.262,45 X ___(1+ 0.004867)151,2 –1

0.004867 ( 1+0.004867) 151,2

= 79.262,45 X 1,08361715478578949894962739659

0,01014096469234243749138783653924

S = 8.469.623,27

Total indemnización lucro cesante debido y futuro: 16.481.731,92

+ 8.469.623,27= 24.951.355,19

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Modificar la sentencia de 20 de abril de 2001, proferida por el tribunal administrativo sala de descongestión sede Cali, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional de las lesiones físicas sufridas por el señor Francisco Eduardo Chilito García en hechos ocurridos el día 9 de enero de 1999 en el casco urbano del municipio de Bolívar - Cauca

2. En consecuencia de lo anterior y a título de reparación CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional, a pagar indemnización por los siguientes conceptos:

Por perjuicios morales:

— A favor de Francisco Eduardo Chilito García, víctima, treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

— A favor de Ligia María García Chilito, en calidad de madre del lesionado, quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

— A favor de Fabiola Elia Cabezas Velasco, en calidad de esposa del lesionado, veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

— A favor de Yamil del Socorro, Hernán Eduardo, Francisco Javier, Jesús Orlando y Luis Alberto Chilito Cabezas, en calidad de hijos del lesionado, diez (10), salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos.

Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a pagar a favor de Francisco Eduardo Chilito García, la suma de veinticuatro millones novecientos cincuenta y un mil trescientos diecinueve pesos ($24.951.355,19), de conformidad con las pautas señaladas en la parte motiva de esta providencia.

3. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. No hay lugar a condena en costas.

6. Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(21) Decreto 597 de 1988.

(22) Decreto 2304 de 7 de octubre de 1989, artículo 23.

(23) Folio 48 C. 1.

(24) Al despecto puede consultarse el criterio expuesto por la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia de 3 de mayo de 2007, Radicación 50001-23-26-000-1991-06081-01(16696), Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero, reiterado en sentencia de 18 de marzo de 2010, Radicación 05001-23-24-000-1994-02606-01(15591). Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.

(25) Folio 69 del C. de pruebas.

(26) Folios 21 a 23 C. de pruebas.

(27) Folios 33 y 34 C. de pruebas.

(28) Folio 24 del expediente.

(29) Folio 31 del expediente.

(30) Folios 32 a 36 del expediente.

(31) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(32) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, Expediente 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad”.

(33) La Sección en auto de 1º de abril de 2009, Expediente 36.264, expresó: “En relación con la condición de tercero damnificado, conforme a la jurisprudencia de la Sala, en los procesos de responsabilidad se indemniza a los damnificados con la muerte de una persona, no en su carácter de herederos sino por el perjuicio que les hubiera causado su muerte o porque el hecho afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral (ver, entre otras, sentencias del 1º de noviembre de 1991, Exp. 6469 y del 18 de feb./99, Exp. 10.517). Y en los eventos en los cuales se demuestre que el demandante era el padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima, ese perjuicio se infiere del vínculo paternal o marital (a título de ejemplo se relacionan las sentencias de 17 de julio de 1992, Exp. 6750; de 16 de julio de 1998, Exp. 10.916, de 27 de julio de 2000, Exp. 12.788 y de 26 de abril de 2006, Exp. 14.908); en cambio, cuando no se acreditan esas calidades, el perjuicio moral o patrimonial debe acreditarse a través de cualquier medio de prueba”.

(34) En tal sentido pueden consultarse las siguientes providencias: Sentencia de 4 de octubre de 2007. Radicación 05001-23-31-000-1991-00789-01 (15567). Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia de 18 de marzo de 2010. Radicación 05001-23-31-000-1996-00145-01 (18569). Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero; y, sentencia 25 de febrero de 2009. Radicación 18001-23-31-000-1995-05743-01(15793). Consejera Ponente: Dra. Myriam Guerrero de Escobar.

[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 6600123310001996316001 (13232-15646) Belén González y otros - William Alberto González y otra Vs. Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(35) Folio 24 del expediente.

(36) Folio 31 del expediente.

(37) Folios 32 a 36 del expediente.