Sentencia 1999-05757/8028 de agosto 20 de 2004

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 1999-5757-01 (8028)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Actora: Caracol Televisión S.A.

Recurso de apelación contra la sentencia de 7 de marzo de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Bogotá, D.C., veinte de agosto de dos mil cuatro.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la actora contra la sentencia de 7 de marzo de 2002, proferida por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes.

I.1. Caracol Televisión S.A., por medio de apoderado y , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a que, mediante sentencia, se hicieran las siguientes declaraciones:

1) Que son nulos los actos administrativos contenidos en las comunicaciones u oficios con referencia UINFE- DITEL Nº 005 de 26 de enero de 1999; UINFE-DITEL Nº 0018 de 29 de marzo de 1999 y la Carta sin número de 8 abril de 1999, expedidos por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, por medio de los cuales se negó a la actora la certificación de que trata el parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 383 de 1997.

2) Que se declare que la demandante tiene derecho a obtener la certificación de que trata la norma citada, sobre proyectos públicos y privados de infraestructura física.

3) Que, en consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación Departamento Administrativo de Planeación Nacional- al pago de la totalidad de los perjuicios causados con la expedición de los actos acusados, en especial, como consecuencia del mayor valor de los contratos con el fin de poder pagar el precio neto de los servicios cobrados desde el exterior, de las mayores retenciones en la fuente, mayor impuesto de IVA, los impuestos asumidos de terceros, el costo financiero de estos pagos, etc. correspondientes a los años gravables de 1997, 1998 Y siguientes, hasta que quede en firme la sentencia, y, en general, todos los perjuicios que se prueben en el curso del proceso.

4) Que se condene en costas y agencias en derecho.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1) Considera que los actos acusados vulneran el parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 383 de 1997, por las siguientes razones:

a) Por la negativa del ente demandado de aceptar como inicio de la obra de infraestructura lo señalado como “etapa de preinversión”, esto es, el conjunto de estudios necesarios para la toma de la decisión de invertir, que para el empresario privado implica el punto de inicio de la inversión.

Agrega que esta negativa del ente demandado tiene su lógica en la contratación estatal mas no en la privada, puesto que en la primera casi siempre los estudios de prefactibilidad y de factibilidad se contratan como consultorías antes de decidir la inversión, y antes de ser aprobado el respectivo proyecto, además de que presupuestalmente los estudios previos afectan partidas diferentes de la de construcción o inversión propiamente dicha; mientras que en el campo privado estas diferencias no existen, por lo que para cualquier empresario la inversión arranca en el momento en que contrata el primer estudio, así sea de prefactibilidad, y como inversión recuperable por el negocio o proyecto incluye también los costos de estos estudios previos.

Afirma que los pagos que se hicieron implican erogación que se debe recuperar con la explotación del proyecto, por lo que en el presente caso, no es posible hacer la distinción entre la etapa de preinversión y de inversión, ya que si la ley no la hace no puede el intérprete hacerla.

b) Por no aceptar tomar como ejecución del contrato de concesión el pago del primer contado que realizó Canal Caracol S.A. a la Comisión Nacional de Televisión el día de la suscripción del contrato (22 de diciembre de 1997), puesto que si según los actos acusados la etapa de inversión se inicia con la prueba de la ejecución del contrato que le da origen, al ser este un contrato en el que no existe un acta de inicio del mismo, es obvio que la prueba del pago realizado es suficiente para demostrar que la inversión, esto es, la ejecución del contrato, comenzó el 22 de diciembre de 1997, es decir, dentro del término del parágrafo transitorio del artículo 30 de la citada ley.

c) Porque al cumplir el requisito legal del aporte de la prueba de que el proyecto de inversión de infraestructura se comenzó a ejecutar antes del 31 de diciembre de 1997, para lo cual se entregaron documentos que acreditaban la celebración de algunos contratos suscritos con proveedores antes de esa fecha, la administración cambió la interpretación legal de la norma, exigiendo entonces que las obligaciones de tales contratos debían empezar a ejecutarse antes del 31 de diciembre de 1997, rompiendo de esta forma la igualdad de trato de todas las personas y el principio del debido proceso.

2) Estima que los actos acusados vulneran el artículo 13 de la Constitución Política por quebrantar la igualdad de trato que deben emplear todos los órganos administrativos frente a la actora, pues mientras que para la Comisión Nacional de Televisión el contrato aludido debía empezar a ejecutarse el mismo día de su celebración, por estar desde ese momento perfeccionado, para el Departamento de Planeación Nacional el contrato no podía ejecutarse desde ese momento.

Plantea que en el presente caso se evidencia una clara inequidad de trato por parte de la administración, pues cuando se trata de recibir dineros privados a favor del Tesoro, el contrato sí se podía ejecutar, pero cuando lo que se pide es la aplicación de una norma que rebaja los costos de operación a ese proyecto de infraestructura, el contrato ya no es entonces ejecutable.

3) Considera que las normas acusadas violan igualmente los artículos 3º, 11 y 34 del CCA, así como el 209 de la Constitución Política, por las siguientes razones:

a) Porque la Carta de 8 de junio de 1998 del director del Departamento de Planeación Nacional desconoce los principios de eficacia y economía que imponen a la administración optimizar los trámites y evitar decisiones inhibitorias, al establecer que los documentos aportados por el solicitante "no suministran elementos de juicio suficientes para determinar que el inicio de la obra se produjo antes del 31 de diciembre de 1997", es decir, que no se basa en el hecho del comienzo de ejecución del contrato, sino en una ausencia de prueba.

b) Porque si el problema era de ausencia de prueba, la administración debió solicitarle al peticionario que la complementara, o debió decretar en forma oficiosa las que considerara procedentes, tal y como lo establecen los artículos 11 y 34 del CCA.

4. Por último, alega la actora que las normas acusadas son nulas por adolecer de falsa motivación, que en el presente caso se evidencia en el hecho de que, por una parte, los actos acusados manifiestan que la prueba no es suficiente para acceder a la petición; por otra, expresan que los documentos aportados no demuestran que se comenzó a invertir antes de 1998 y, por último, guardan silencio sobre hechos que son fundamentales para el caso, corno es el pago realizado por Canal Caracol S.A., al que no le dio ningún efecto jurídico ni para negarlo corno “inversión” ni para , considerarlo corno tal.

I.3. El Departamento de Planeación Nacional, a través de apoderado, al contestar la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones aduciendo al efecto, en síntesis, lo siguiente:

En cuanto al cargo de violación del parágrafo del artículo 30 de la Ley 383 de 1997, considera que no procede, pues si lo planteado por la actor acerca de la imposibilidad de separar la etapa de preinversión de la de inversión en la empresa privada se ajustara a la realidad, tendría que llegarse a la conclusión de que todos los estudios de prefactibilidad privados serían viables, pues no se contempla la posibilidad de que alguno de estos arroje como conclusión la no viabilidad.

Estima que la realidad indica que habrá proyectos que no superaran la etapa previa, por lo que no alcanzarán a configurarse como proyectos de inversión.

Sostiene, además, que al viabilizarse un proyecto, es fácil deducir que ya se ha terminado la etapa previa o preparatoria del mismo, continuando entonces con la ejecución de los actos idóneos para materializar la idea, es decir, la etapa de inversión, que bajo estos supuestos sería idéntica en los campos público y privado. Concluye que se puede apreciar que no existe en la práctica diferencia alguna entre la inversión privada y la pública.

Afirma que la actora trata de plantear como problema jurídico a resolver, la remuneración de las erogaciones efectuadas con ocasión; de la etapa preparatoria, con cargo a los recursos obtenidos por la explotación del proyecto, justificando así su tesis de la imposibilidad de separar una etapa de preinversión y una de inversión en el campo privado; empero que ello no puede tenerse corno el problema jurídico a resolver, puesto que es claro que todo proyecto contempla en su estudio la recuperación de todos los costos que fueron necesarios para su implementación.

Añade que en este caso no es necesario contar con una definición legal que establezca la frontera entre la etapa de preinversión y la de inversión o ejecución, puesto que para la norma supuestamente violada tal diferencia no es relevante, ya que lo que hace efectiva la exención concedida por la leyes el inicio de las obras tendientes a materializar el proyecto, dentro de un lapso determinado, no la clasificación de unos estudios como preinversión o inversión, ni mucho menos su fuente de financiación.

Argumenta que la Ley 80 de 1993 establece en forma expresa que los contratos con entidades públicas, para su ejecución, requerirán “(...) de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes (...)”, por lo que desconocer dicho mandato legal trae como consecuencia responsabilidades disciplinarias y penales, entre otras circunstancias.

Agrega que como para el caso presente el estatuto contractual nada dispone acerca de los pagos que con ocasión de los convenios deban efectuar los contratistas, las partes pueden libremente llegar a un acuerdo respecto de la; fecha, oportunidad y modo de pago.

Afirma también que al interior de los contratos estatales existen obligaciones contractuales de la partes, previas al inicio de la ejecución del mismo, sin que por ello se consideren como inicio de obras; y que es fiel ejemplo de ello la exigencia de presentar garantías para el cumplimiento de sus compromisos; situación expresamente contemplada dentro del contrato de concesión del presente negocio, que en su cláusula 39 establece que: “La aprobación de la garantía por parte de La comisión será requisito para la ejecución del contrato”.

Manifiesta que no es válido que la actora quiera hacer valer el pago inicial como comienzo de la ejecución del contrato, puesto que al suscribir el mismo aceptó en forma expresa el inicio de las obras en un momento diferente al que ha alegado.

Que aceptando, en gracia de discusión, que él pago se hubiese efectuado a la fecha de perfeccionamiento del contrato, tal circunstancia no es relevante para el tratamiento tributario previsto por la Ley 383 de 1997, pues el mencionado texto legal exige de manera expresa, que se hayan iniciado las obras antes del 31 de diciembre de 1997, y como bien lo menciona en su escrito el demandante, el pago se configura corno una inversión tendiente a cumplir parte del compromiso adquirido, mas no se presenta corno inicio de un acto material, físico tendiente a poner en funcionamiento la estructura necesaria para la emisión de la señal, o para adelantar las obras de infraestructura necesarias para que la sociedad atienda su nuevo compromiso, en los términos exigidos por la norma supuestamente violada.

Explica que como dicha norma se dirige a estimular una realidad material, demostrada más allá de compromisos pendientes, y constatada a través de actos idóneos que prueben la efectividad de la inversión privada en infraestructura para el beneficio del país, no puede tenerse como satisfecha la exigencia de la norma por la simple adquisición de compromisos con anterioridad a la fecha de la suscripción del contrato de concesión, puesto que de no haber tenido la concesión un feliz término, tales contratos no se hubieran desarrollado, y las obras de infraestructura hacia las cuales se dirige la exención, obviamente, no se hubieran materializado.

Por último, manifiesta que la motivación de los actos demandados siempre correspondió a la exigencia del parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 80 de 1993; que la causal de falsa motivación invocada no está llamada a prosperar, puesto que, además de no corresponder a los supuestos de hecho exigidos por el Código Contencioso Administrativo Y la Jurisprudencia, el Departamento de Planeación Nacional ha logrado demostrar con todos los argumentos expuestos, que la parte motiva de sus pronunciamientos ha correspondido de manera fiel a la decisión de fondo adoptada, lo que descarta de plano, la falsa motivación.

II. Fundamentos de la sentencia recurrida

El a quo denegó las pretensiones de la demanda, en esencia, por lo siguiente:

Considera que para efectos de definir qué se entiende por “iniciación de la obra” de los contratos de concesión, que es el problema jurídico a resolver, no es admisible la apreciación de la actora según la cual el punto de iniciación del contrato de concesión es el pago de la suma referida al primer contado del valor del contrato a que se contrae la cláusula 8 del mismo, por lo que es ese el momento en que tuvo inicio su ejecución, pues de aceptarse tal interpretación tendría también que admitirse que el contrato se empezó a ejecutar cuando, a pesar de estar perfeccionado, estaba pendiente la aprobación de la garantía para el amparo de riesgos atinentes a las obligaciones surgidas del contrato, lo cual ocurrió solamente hasta el día 6 de enero de 1998.

Al respecto advierte que es la misma Ley 80 de 1993 la que en su artículo 41 dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la garantía,

Sostiene, además, que la administración puede pactar dentro de los contratos de concesión, cláusulas como la 8ª del presente contrato, sin que por esto pueda hablarse de violación del derecho a la igualdad de las cargas públicas, ya que por medio del mecanismo de la concesión se desprende de facultades o prerrogativas inherentes a su actividad, transfiriendo su ejercicio a la actividad privada, pero manteniendo el control y vigilancia de la actividad del concesionario.

Agrega que siendo el contrato de concesión un contrato estatal, no se puede acoger el argumento de la actora relativo a la inclusión de la llamada “etapa de preinversión” como inicio del proyecto u obra, toda vez que los contratos estatales son eminentemente reglados.

Manifiesta que tal y como lo demuestra el documento que obra a folio 191, la demandante suscribió una póliza de seguros con la Aseguradora Col seguros S.A., el 6 de enero de 1998, aprobada por la Comisión Nacional de Televisión el 13 de enero del mismo año, fecha que rebasó los límites fijados en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 383 de 1997 para hacerse acreedor a la certificación de que trata la referida norma.

III. Fundamentos del recurso

La actora, además de reiterar lo expresado en el escrito contentivo de la demanda, manifestó como motivo de inconformidad, principalmente, lo siguiente:

Considera que la fecha que debe tenerse como "inicio de la obra" de los contratos de concesión, debe ser la de la propuesta misma, pues es en ese momento en el cual se termina la etapa de "preinversión" o de evaluación y comienza, para el particular, la de inversión, dado que es este el momento en el cual se adopta la decisión de contratar por su parte.

Estima que se equivoca el a quo al negarle efecto jurídico al pago del primer contado que hizo Canal Caracol a la Comisión Nacional de Televisión el 22 de diciembre de 1997 como ejecución del contrato, por haber suscrito la póliza de garantía que exige el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato solo el 6 de enero de 1998, por cuanto una cosa es el perfeccionamiento del contrato y otra el orden en que han de ejecutarse las obligaciones, de suerte que, si perfeccionado el contrato una de las partes cumple una obligación antes de cumplir otra que en el tiempo le precede, y dicho cumplimiento o pago es aceptado por la otra parte, mal puede decirse que este carece de todo efecto jurídico por haberse saltado el cumplimiento de la primera obligación.

Agrega que aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Departamento de Planeación Nacional aceptan el hecho de que el contrato ya estaba perfeccionado para el 22 de diciembre de 1997, siguen discutiendo el orden de ejecución de las obligaciones derivadas del contrato, lo cual en este caso resulta irrelevante por haber acuerdo de las partes en la alteración del orden de ejecución de las obligaciones derivadas del mismo, debiendo entonces atenerse a esta realidad más que al tenor literal de las cláusulas de dicho contrato.

IV. Alegato del Ministerio Público

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

El parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 383 de 1997, prevé:

“No se consideran renta de fuente nacional, ni forman parte de la base para la determinación de impuesto sobre las ventas, los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior, necesarios para la ejecución de proyectos públicos y privados de infraestructura física, que hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997, según certificación que respecto del cumplimiento de estos requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación”.

La norma transcrita consagra una exención tributaria frente a los pagos o abonos por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior, necesarios para la ejecución de proyectos públicos y privados de infraestructura física, que hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997, según certificación que respecto del cumplimiento de estos requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación.

A través de los actos acusados el Departamento Administrativo Nacional de Planeación consideró que la actora no se encontraba en el supuesto fáctico descrito en la norma en cita porque el contrato de concesión por ella celebrado con la Comisión Nacional de Televisión tuvo inicio con posterioridad al 31 de diciembre de 1997, fecha límite para tener derecho a la exención.

De manera que la controversia aquí planteada gira en torno de establecer qué se entiende por “inicio de obra”, en orden a determinar si las conductas realizadas por la actora antes del 31 de diciembre de 1997 constituyen o no el supuesto fáctico contenido en el parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 383 de 1997, al que pretende acogerse para hacerse acreedora a la exención.

Para dilucidar dicha controversia, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Según obra a folios 32 a 50 la actora y la Comisión Nacional de Televisión celebraron el contrato de concesión Nº 136 cuyo objeto fue el “otorgamiento de la concesión para la operación y explotación del canal nacional de operación privada N2”.

El artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es del siguiente tenor: 

De los contratos estatales. Son contratos estatales (...) los que, a título enunciativo, se definen a continuación: “4º. Contrato de Concesión (...)”. 

El artículo 41, ibídem, consagra los requisitos que deben cumplir los contratos estatales para su perfeccionamiento y ejecución. 

En efecto, el citado: artículo establece que el perfeccionamiento del contrato estatal se logra cuando se produce el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación del mismo, y se eleve por escrito; y para la ejecución, exige, además del presupuesto del perfeccionamiento del contrato a ejecutar, la aprobación de la garantía y la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo para algunas formas de contratación específicas dentro de las que no se encuentra el contrato de concesión celebrado por la actora. 

En este orden de ideas se tiene que si para la ejecución del contrato de que aquí se trata se exige como requisito sine qua non que se hubiera verificado la aprobación de la garantía y la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, la iniciación de la obra supone, necesariamente, el agotamiento de la mencionada etapa. 

En desarrollo de estas exigencias legales se estableció en el contrato de concesión 136 la cláusula 39, que reza:

Perfeccionamiento y Legalización del Contrato: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 2.11 del pliego de condiciones. Para su legalización se requiere la constitución de las garantías estipuladas, el pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación pública, y la cancelación del impuesto de timbre, gastos que corren por cuenta del concesionario. El concesionario cumplirá con dichos requisitos de legalización dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato. La aprobación de la garantía por parte de la comisión será requisito para la ejecución del contrato (negrilla fuera de texto).

Dicha cláusula consagró como prerrequisito de ejecución del contrato, el cumplimiento de ciertas actuaciones, que en este caso solo se realizaron hasta el mes de enero de 1998, fecha en la que se aprobó la garantía única de que trata el contrato y la Ley 80 de 1993, por lo que el mismo solo estuvo en posibilidad jurídica de comenzar a ejecutarse hasta el año mencionado.

La cláusula 8ª del contrato dice “forma de pago de la concesión. El concesionario pagará el valor estipulado en la cláusula anterior en forma diferida en un plazo de dos (2) años, así: a) Un primer pago, correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total de la concesión, a la firma del contrato”.

En virtud de lo anterior, la actora pagó a la Comisión Nacional de Televisión el 22 de diciembre de 1997, fecha en que se firmó el contrato, el porcentaje que le correspondía. De tal manera que debe precisarse qué incidencia tiene dicho pago frente a la ejecución del mismo o al inicio de obra, así como los estudios realizados para tomar la decisión de invertir, lo que la actora denomina etapa de preinversión.

Al respecto, advierte la Sala que dicho pago si bien implica el cumplimiento de una obligación pactada dentro del contrato no puede tenerse como ejecución del mismo.

En efecto, del análisis integral de las cláusulas 8ª y 39 del contrato en mención se colige que la fecha que se estipuló para realizar el pago del primer contado por parte de Caracol S.A. es anterior a la que se previó para dar cumplimiento a los requisitos necesarios para la ejecución del contrato. Es así como la cláusula 8ª establece que el primer pago debía realizarse a la firma del contrato, mientras que la cláusula 39 prevé que la constitución de la garantía así como el cumplimiento de los demás requisitos de legalización debía realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento; sin olvidar que dicho artículo consagra que la aprobación de la garantía es requisito para la ejecución del contrato, aprobación que lógicamente es posterior a los 10 días hábiles siguientes al perfeccionamiento y naturalmente, a la firma del contrato.

Como quiera que solo en enero de 1998 se dio la aprobación de la garantía, es claro que la demandante no logró cumplir el presupuesto temporal establecido por el parágrafo del artículo 30 de la Ley 383 de 1997, puesto que dicho artículo supeditó los efectos de la exención al “inicio de obra”, que no es sinónimo de la realización de estudios de prefactibilidad o preinversión, ni del cumplimiento de obligaciones previas como el pago del primer contado, sino que corresponde a la ejecución material de las obras. 

Considera la Sala que no es posible tener como inicio de obra las inversiones realizadas en estudios, investigaciones o asesorías necesarias para determinar la viabilidad del proyecto, ya que estas inversiones no constituyen obras materiales para la realización de la infraestructura física. 

Asimismo, la simple celebración de contratos con proveedores en fecha anterior al 31 de diciembre de 1998 no puede aceptarse como inicio de obra, ya que el simple acuerdo de voluntades no significa poner en funcionamiento la estructura necesaria para cumplir la prestación pactada en este contrato. 

Tan cierto es que, de acuerdo con el contrato de concesión celebrado, el inicio de la obra está relacionado directamente con la ejecución y esta a su vez, con el perfeccionamiento, que, además de la claridad de la cláusula 39, en las cláusulas 5ª y 6ª, se previó:

Cláusula 5. Plazo de ejecución del contrato. El plazo de ejecución del presente contrato será de diez años contados a partir del inicio de la Operación del Canal Nacional de Operación Privada”. (Negrilla fuera de texto- folio 36).

Cláusula 6. Vigencia del contrato. El presente contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento, hasta su liquidación”. (Negrilla fuera de texto).

Para la Sala la violación del artículo 13 de la Carta Política está condicionada a que el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, sin justificación alguna, hubiera dado un tratamiento diferente a una situación de hecho y de derecho similar o idéntica a la que se plantea en este caso, lo que no aparece acreditado.

Ahora, no es cierto, como lo alega la actora, que para la Comisión Nacional de Televisión el contrato debía ejecutarse el mismo día de su celebración pues, como ya se vio, de las cláusulas 39, 5 y 6, se desprende lo contrario.

Por todo lo anterior, concluye la Sala que en el caso sub examine no se presenta violación alguna de las normas invocadas por la recurrente.

En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2004.

Magistrados: Camilo Arciniegas AndradeRafael E. Ostau de la FonthGabriel Eduardo Mendoza—Olga Inés Navarrete.