Sentencia 1999-07559 de noviembre 28 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Ref.: Expediente 11001 31 03 013 1999 07559 01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

De acuerdo a las previsiones de la causal primera de casación que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se formularon en la demanda dos cargos, los cuales entran a describirse a continuación.

Cargo primero

Con fundamento en la señalada causal se acusa la sentencia de vulnerar indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 2512, 2518, 2522, 2531, 2532, 2533 y 2504 del Código Civil, así como el artículo 1º de la Ley 50 de 1936 y 407, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil como consecuencia de los patentes errores probatorios de hecho.

En efecto, manifestó esencialmente que el yerro cometido por el tribunal, consistió en no haber dado por probada, estándola, la posesión que sí ejerció María Inés Guerrero sobre los bienes respecto de los cuales se despacharon negativamente sus pretensiones, cuando sus actos como poseedora, se prolongaron por no menos de veinte años de antelación a la presentación de la demanda.

Para demostrar el error, señaló el censor que el tribunal ni siquiera mencionó, y mucho menos apreció la copia de la escritura pública 7578 de 20 de noviembre de 1967 (fls. 10 a 16 del cdno. 2), mediante la cual se protocolizó el proceso de sucesión de Santiago Guerrero Garzón, que culminó con sentencia aprobatoria de la partición de 20 de noviembre de 1967, en el que se le adjudicó el inmueble denominado entonces “Jordan 2” a Bertha Guerrero Niño, predio sobre el que versan las pretensiones de la declaración de pertenencia de María Inés Guerrero.

De haber apreciado esa documental, el ad quem habría entendido que la posesión de la señora Guerrero sobre los predios reclamados en pertenencia, que forman parte de Jordan 2, comenzó por lo menos, desde 1978, esto es, antes del 1º de enero de 1979 “como ya lo había dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia de la Sala de Casación Civil de 24 de junio de 1997”, que también obra en autos, y a la cual aluden de manera unánime la demandante inicial y el demandado Mario Rodríguez, por lo que no era necesario “demostrar la interversión del título de heredera para mutarlo en otro distinto”. Es que, continuó, no estaba dando el paso de heredera a poseedora común sobre cosa singular, sino como poseedora sobre un bien que le había sido adjudicado en una sucesión a otra persona.

Ello significa que María Inés, como legataria de Santiago Guerrero, durante el trámite de sucesión de aquel, ejerció actos de posesión con sus demás herederas, “situación a la que se puso fin con la aprobación de la partición protocolizada el 20 de noviembre de 1967”.

Explica también que el tribunal, al analizar las testificales de Ana Elvira Gómez Pineda, Gloria Cecilia Molina De Bulla, Carlos Julio Cera Bulla, Ana Mercedes Bulla Caviativa, Gloria Marlene Guerrero Niño, Luís Gonzalo Bulla y Anatilde Bulla, encontró que los actos de señor y dueño que recayeron sobre el terreno en el cual fue construido el Colegio Globerth, no son actos posesorios que, “puedan extenderse a los otros bienes aludidos”. No era eso lo discutido, sino sí María Inés Guerrero Niño con veinte años a lo menos de antelación a la presentación de la demanda fungió o no como poseedora de Jordan.

Reparó que el mismo sentenciador plural, “luego de citar apartes entresacados de los testimonios anteriores”, procedió a enumerar uno tras uno los nombres de otros deponentes, “para afirmar que todas las declaraciones de estos de los cuales no hace ninguna siquiera pequeña transcripción”, se encaminan a demostrar que sobre los predios objeto de prescripción se ejerció posesión conjuntamente por María Inés Guerrero y Bertha Guerrero, concluyendo el tribunal que la actora principal no demostró la posesión, lo que resulta contraevidente. Dijo igualmente que la apreciación de la sentencia combatida tuvo “deleznable fundamentación cuando al primer grupo de testigos se le descalifica con la aseveración que surge de un momento a otro en la que se afirma que el segundo grupo está constituido” por versiones más desprevenidas.

Expresa, que no es entonces la posesión jure hereditario la que se alega, “pues esa posesión común a los herederos se respeta. Lo que se asevera es que después de aprobada la partición de los bienes del padre común Santiago Guerrero y por lo menos desde 1979, era posible el ejercicio de la posesión singular sobre un bien determinado”, y en este asunto la convocante principal ejerció posesión sobre el predio Jordan 2 de jure proprio, según lo dejan ver las diferentes declaraciones, las cuales todas “dan ciencia de su dicho” y precisan aspectos de tiempo, conocimiento de la actora, del predio, su cercamiento, entre otras.

De acuerdo con el censor, el tribunal amalgamó y confundió para hacer nugatorio el derecho de propiedad que surge de la posesión sobre un bien singular, dos posesiones distintas que ni se invocaron ni podían invocarse como fundamento de las pretensiones “y que por lo mismo no podían ser refundidas en una sola en la sentencia a partir de un protuberante error en la apreciación de las pruebas”, comenzando por la ignorancia absoluta del instrumento público 7578 de 20 de noviembre de 1967 de la Notaría Sexta de Bogotá, agrandando su equivocación al desconocer parcialmente unos testimonios, lo que redundó en una “suposición de prueba por cercenamiento de su contenido”.

En cuanto al grupo de testigos compuesto por Roberto Duque Gaitán, Luis Eduardo Daza Abril, Francisco Daza Venegas, Julio Roberto Galvis Bulla Caviativa y Luis Mora Suesca, que se mencionan pero no se analizan, se incurrió en una suposición de prueba por adición, y de manera absoluta, dado que aquellos jamás afirmaron lo que les hace decir el tribunal en el sentido que María Inés Guerrero no hubiere ejercido posesión sobre el bien pretendido en usucapión después de 1979.

Añadió por último, que los defectos denunciados a más de ostensibles y manifiestos, resultan trascendentes, pues de no haberse incurrido en ellos la declaración de prescripción sobre los inmuebles con los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20239948 y 50N 20239947 habría prosperado.

Consideraciones

1. Dado que la causal invocada para quebrar el fallo que se acusa se relaciona con la violación indirecta de la ley sustancial por yerro de facto, pues como lo esgrimiera el censor se produjeron “patentes errores probatorios de hecho”, se impone recordar que esta clase de desatino “(...) acaece cuando el tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, razón por la que se ha explicado que su estructuración solo puede tener como causa determinante una cualquiera de estas hipótesis: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento” (sent. de jun. 20/2011, Exp. 2000-00177-01).

Ahora bien, no puede olvidarse que, las sentencias objeto del recurso de casación arriban a la corporación amparadas de la presunción de acierto y apego a la normatividad tanto en su fundamentación jurídica como en la apreciación de los hechos y la ponderación de las probanzas que al respecto haya efectuado el juzgador de instancia. Empero, dicha presunción puede ser desvirtuada solamente sí, como lo ha expresado la Sala “se demuestra que la decisión es contraevidente o raya con lo absurdo, bien porque se aparta groseramente y de manera trascendente de las normas que regulan la materia sometida a composición del Estado por intermedio de sus jueces, ora en la consideración fáctica, ya en la estimación de los elementos de convicción”. (Cas. Civ. dic. 1º/2011 Exp. 54405-3103-001-2008-00199-01).

2. En virtud de que el recurrente extraordinario le enrostra al tribunal haber incurrido en error de hecho en la valoración probatoria, por preterición y suposición, que lo llevó a negar la usucapión reclamada en el libelo principal del litigio respecto a los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20239948 y 50N-20239947, la Corte advierte conveniente memorar los presupuestos estructurales que en tratándose de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio deben hallarse colmados para su feliz desenlace, los cuales son: (i) que se trate de un bien prescriptible, (ii) que el interesado en la adquisición demuestre que lo ha poseído de manera inequívoca, pacífica, pública e ininterrumpida, y (iii) que ese comportamiento lo haya sido por todo el tiempo legalmente exigido, el cual, hasta cuando entró en vigencia la Ley 791 de 2002 era de veinte años, reducido por esta, a la mitad.

3. Fundamental era realizar esa precisión, relativa a la identificación de los requisitos de la acción, debido a que a ello se contrajo el debate de instancias, mas aquí la controversia girará en relación con la usucapión negada en torno a los especificados inmuebles, pues no todas las pretensiones del libelo genitor se despacharon negativamente a los intereses de la convocante principal María Inés Guerrero. Téngase en cuenta, al efecto, que de acuerdo a lo resuelto por el fallador de segundo nivel, se accedió a las súplicas de prescripción adquisitiva extraordinaria de los predios identificados con los certificados de libertad 50N-20266508, 50N-20284548 y 50N-20270456 de propiedad de José Fajardo, el segundo de Víctor Gil y Ruth Gil y el tercero cuyo dominio lo detentaba Eduardo Pacifico Casas respectivamente.

Y como la demanda de casación se dirige a cuestionar principalmente lo primero, solo dentro del marco de esa crítica, discurrirá el debate en esta colegiado, correspondiendo al recurrente demostrar el desatino cometido por el fallador en la estimación probativa.

4. Examinado el libelo con que se sustentó el recurso extraordinario, el primer ataque plantea básicamente, por un lado, la preterición de una prueba documental, y por otro, un inadecuado estudio de las declaraciones vertidas en el informativo, al igual que una suposición por adición respecto a un grupo de testigos.

Se acometerá enseguida lo concerniente a la prueba testimonial y posteriormente, se abordará lo atinente al documento que, según el censor, se ignoró absolutamente por la corporación de segunda instancia.

4.1 En efecto, repara el casacionista la valoración que realizó el tribunal sobre las versiones de Ana Elvia Gómez Pineda, Gloria Cecilia Molano de Bulla, Carlos Julio Cera Bulla, Ana Mercedes Bulla Caviativa, Gloria Marlene Guerrero Niño, Luis Gonzalo Bulla y María Anatilde Bulla, y señaló apartes de lo que ellos dijeron en su respectiva diligencia, resaltando, que acorde con esas declaraciones, la accionante si cumplió el tiempo para usucapir por el cauce de la prescripción extraordinaria de dominio.

Sobre las anteriores manifestaciones observa la Sala lo siguiente: en el caso de la señora Gómez Pineda —testimonio tachado de sospechoso debido a la subordinación laboral habida entre ella y la señora María Inés Guerrero—, esta ciertamente advirtió conocer a la demandante hace veintiún años, tiempo mismo que viene trabajando con ella en el colegio del que es propietaria, pero igualmente dijo, que en el predio se han realizado varias diligencias judiciales y/o extra judiciales discutiendo sobre la heredad algunos derechos, narró además, que el señor Mario Rodríguez irrumpió en el terreno y estuvo ahí por un tiempo de ocho años aproximadamente. La tacha de sospecha no fue aceptada (fls. 161-165).

Gloria Cecilia Molano de Bulla (fls. 167-170, cdno. ppal.), narró que conoce el predio y que la posesión la detenta “Inés Guerrero, toda la vida con alguna excepción, hace unos años más o menos diez, once años el señor Mario Rodríguez por la calle ciento veinte tumbó la pared de cerramiento”, posesionándose ahí. Recalcó que la interrupción de la posesión únicamente se produjo por razón de la ocupación de aquel. La señalada declarante también fue tachada en la diligencia por su condición de prima de la demandante y por la dependencia laboral que con ella tenía, toda vez que fungía como directora del centro de enseñanza de su propiedad, no obstante la tacha no prosperó.

Los otros versionistas nombrados por el impugnante, señores Carlos Julio Cera Bulla, Ana Mercedes Bulla Caviativa, Gloria Marlene Guerrero Niño, Luis Gonzalo Bulla y María Anatilde Bulla, si bien expresan lo trasuntado por el recurrente en su libelo, no se observa como irrazonable la conclusión a la que llegó el tribunal sobre las testificales, como pasa a verse, a más que, otras declaraciones no analizadas por el censor, afianzan lo resuelto por el sentenciador colegiado en el sentido que no existe certeza, así lo digan otros testimonios, como algunos de los señalados por el casacionista, de la posesión única y excluyente de María Inés Niño, entre otras porque, según el dicho de algunos, los actos de señor y dueño los realizaron conjuntamente Gloria Marlén Guerrero, María Octavia Niño de Guerrero y Mario Rodríguez incluso.

Sobre esto, también se dolió el censor al reclamar que en el proveído combatido se concluyera, prima facie, que respecto los predios objeto de usucapión, la posesión fue ejercida de manera conjunta por María Inés Guerrero y Bertha Cecilia Guerrero, “y aún en algunos casos aseguran que al mismo tiempo que aquellas, los actos posesorios eran efectuados por Gloria Marlén Guerrero, María Octavia Niño de Guerrero e, inclusive, Mario Rodríguez”.

Vale decir sobre los actos posesorios privativos de la convocante, que declaraciones como la de José Hernando García Reyes (fls. 222-224) los dejan en entredicho, pues revelan que la actividad comercial sobre la heredad, la desarrollaban Bertha Cecilia Guerrero, Marlén Guerrero y Mario Rodríguez. Y cuando se le inquirió sobre la posesión exclusiva de María Inés Guerrero contestó “es una gran mentira que doña Inés haya hecho todas las actividades del colegio Globerth porque como le contaba anteriormente yo soy un gran testigo de lo que se hizo, se vio y se transportó al lugar antes mencionado”, circunstancia que coincide en su mayoría con el dicho del declarante Roberto Duque Gaitán (fls. 225-228), quien también expresó cuando se le preguntó si la posesión la detentaba exclusivamente la demandante que: “en tiempo atrás la que explotó ese terreno fue Inés Guerrero, y después que sepa yo estaba repartido en el predio de Bertha e Inés, yo como les iba a comprar allá muchas veces le pagaba a Inés u otras a Bertha”.

Igualmente coincidente fue la aseveración del señor Luis Eduardo Daza Abril (fls. 229 a 231). En efecto, a la pregunta que se le hizo para que aclarara si fue verdad que la explotación del predio Jordan 2 lo realizaron conjuntamente varias personas señaló: “Que yo sepa eran todas, una hornada para una y otra hornada para otra, era conjuntamente, le decían a mi papá esto es para una y esto para otra, del Colegio que yo sepa y me conste era doña Bertha y Mario, de ahí para adelante no sé, no era únicamente de doña María Inés, era de todas las hermanas”.

En la manifestación que realizó Francisco Daza Venegas, se extrae idéntica referencia en cuanto a que la explotación del predio fue mancomunada y no exclusiva y excluyente de la actora principal del litigio (fls. 232-235).

Así, huérfana de demostración está la apreciación de la censura por cuanto, se reitera, con base en los apartados de los mismos testimonios trasuntados en líneas anteriores, resulta diamantina y fortalecida la solución impartida por el juzgador ad quem, al exponer que, a más de las divergencias entre la totalidad de la testifical recaudada, no se acreditó con precisión el momento en que la señora Guerrero Niño inició la posesión, y mucho menos su exclusividad. Expresado de otra forma, la exactitud del instante en que entró en posesión de los bienes, se echa de menos.

De todas maneras y aunque, en definitiva, el opugnador pretende que se privilegien unas deponencias en desmedro de otras, recuérdese que ya la Sala, en este tipo de situaciones tiene por establecido que “en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles corresponde al juzgador, dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión y desechando otro, lo que quedará en firme si se armoniza con su contenido y resulta razonable y lógica, pues solo sería atacable en casación por error de hecho evidente cuando la conclusión sea contraevidente o absurda (...)”. (CCIV, p. 20 y CCXLIX, p. 1360)”. (Cas. Civ. oct. 27/2000; Exp. 5395). Y en este específico caso tuvo en cuenta el tribunal, que los declarantes por los que se inclinó dieron cuenta de circunstancias de tiempo, modo y lugar, debido a que eran compañeros de labores o amigos de las personas involucradas en el pleito, además que iban con frecuencia al fundo.

En cuanto a la crítica relativa a la suposición de prueba por adición, cuando refirió que los testigos “jamás afirmaron como se lo hace decir el tribunal que María Inés Guerrero no hubiere ejercido posesión sobre el predio cuya usucapión se pretende después de 1979”; debe manifestarse que, es esa una atestación que no se compadece con lo resuelto y consignado por el juez plural. Esa “suposición” parece haberla imaginado más el libelista, debido a que lo dicho por el tribunal en el aspecto debatido, giró en torno a la falta de prueba de la posesión con abstracción de referentes cronológicos, aludiendo principalmente el estudio a que (i) no se demostró el momento en que los actos posesorios iniciaron; y (ii) que aquellos no fueron exclusivos, validándose esa conclusión cuando se sostuvo que bastaba ver “la contradicción evidente de los diferentes testimonios”, situación que incluso, reforzó con lo expuesto con las declaraciones rendidas en el proceso también de pertenencia promovido por la misma actora tiempo atrás.

Sobre esto último —y así lo revela incluso el análisis que se hizo en la sentencia proferida por esta Sala el 24 de junio de 1997, Expediente 4843— expuso el ad quem, refiriéndose a las diligencias provenientes de ese proceso: “testimonios que al igual que los hasta aquí descritos no demuestran en forma certera la posesión alegada por la ciudadana María Inés Guerrero, por el contrario, enarbolan la duda que se presenta frente a la misma”. De esta manera, pues, resulta infundada la suposición de prueba por adición enrostrada al tribunal.

4.2. Acusó también el recurrente que el ad quem ignoró de forma absoluta, el contenido de la escritura pública 7578 de 20 de noviembre de 1967 (fls. 10 a 16), mediante la cual se protocolizó la sucesión de Santiago Guerrero Garzón, que culminó con sentencia aprobatoria de la partición de 20 de noviembre de 1967, en el que se le adjudicó el inmueble denominado entonces “Jordan 2” a Bertha Guerrero Niño, por manera que, de haberse apreciado ese instrumento, se habría encontrado que la posesión de la convocante, inició al menos, desde 1978, así que no era necesario demostrar la interversión del título de heredera para mutarlo en otro distinto, ya que ella actuó como poseedora sobre un bien que le había sido adjudicado en una sucesión a otra persona diferente.

La interversión del título sobre los bienes identificados con las matrículas inmobiliarias antes detalladas, expresó el tribunal, no fue debidamente probada y como, las diferentes versiones entremezclan la posesión de la señora Guerrero Niño y su padre, el señor Santiago Guerrero Garzón, quien falleció en 1964, a más que, iterase, se habló siempre de actos posesorios compartidos, refirió el juzgador de segundo grado que no hay certidumbre acerca del momento en que mutó su título herencial para convertirse en poseedora.

Pues bien, tratándose del heredero que alega haber ganado el dominio por prescripción de un bien que corresponde a la masa sucesoral, debe probar que lo posee, en forma inequívoca, pública y pacíficamente, no como sucesor del difunto, sino que lo ha poseído para sí, como dueño único, sin reconocer dominio ajeno, ejerciendo como señor exclusivo y con ánimo de propietario de la cosa.

Ha sido esa la posición de la Sala, al enseñar, incluso en el también proceso de pertenencia promovido antes por la aquí actora principal María Inés Guerrero, que: “Pero como además del desconocimiento del derecho ajeno al poseer la cosa como dueño, vale decir, con exclusividad, es necesario que concurra otro elemento para usucapir, cual es el que se complete el mínimo de tiempo exigido, (...). Por lo tanto, en este evento debe entonces el heredero que alegue la prescripción extraordinaria, acreditar primeramente el momento preciso en que pasó la interversión del título de heredero, esto es, el momento en que hubo el cambio de la posesión material que ostenta como sucesor o heredero, por la posesión material del propietario del bien; (...), hay que concluir que mientras se posea legal y materialmente un bien como heredero, el tiempo de esta posesión herencial no resulta apto para usucapir esa cosa singular del causante, pues en tal evento si bien se tiene el ánimo de heredero, se carece del ánimo de señor y dueño” (resaltado fuera de texto) (Cas. Civ. sent. de jun. 24/97, Exp. 4843).

En verdad, podría señalarse en principio que asiste razón a la censura en cuanto que no era necesaria la interversión del título de jure hereditario a la de poseedora común de la convocante, con base en la documental echada de menos por cuanto, adjudicados los bienes, luego de concluido el proceso de partición de su padre Santiago Guerrero, ya los fundos dejaron de hacer parte de la masa herencial, y podían entonces ser objeto de posesión para más adelante reclamar la usucacpión (sic).

Sin embargo, de la acusación formulada por el censor a la sentencia de segunda instancia, lo primero por decir es que no es cierto que el ad quem “ni siquiera mencionó, y mucho menos apreció” la copia del referido instrumento, bastando ver para controvertir objetivamente la manifestación del casacionista que en las páginas 7, 12 y 27 del proveído controvertido, se aludió a la pieza presuntamente inadvertida, por manera que, estaríamos en presencia de una incorrecta valoración del documento, pero no, de una preterición, misma que implica un olvido en la estimación de la prueba, dicho en palabras de la Corte “se omite apreciar la que en verdad sí existe en los autos” (Cas. Civ. de jun. 2/2010, Exp. 1995-09578-01).

Pero, aún de ignorarse el verdadero alcance de la copia de la escritura 7578 del 20 de noviembre de 1967 otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, ha de decirse que dicho documento, de ser inadvertido, no tiene la repercusión pretendida por el recurrente. Del instrumento únicamente se desprende, que materialmente fue adjudicada la herencia a una asignataria, en este caso Bertha Cecilia Guerrero Niño.

Por tanto, no puede concluirse, como lo esgrime el memorialista, que de la referida escritura pública, automáticamente quien dice ser la poseedora de la masa herencial ya adjudicada a persona distinta, emerja que ella se repute poseedora, máxime cuando, de conformidad con las testificales ya analizadas, las tres hermanas mencionadas fueron quienes mancomunadamente y sin exclusividad de ningún tipo, adelantaron la explotación económica de los respectivos predios.

En este orden de ideas, no obstante que se acepte bien la preterición, ora la indebida apreciación del documento, de todas maneras, no podría resultar lo suficientemente trascendente el embate como para derruir la decisión combatida por cuanto, los mismos deponentes no son coincidentes en dejar expuesta la posesión exclusiva de la accionante que inició el litigio, señora María Inés Guerrero Niño, como ya se dijo en el punto anterior, a más que —se insiste— no fue posible establecer, el momento preciso en que la promotora del proceso de pertenencia entró en posesión de los bienes. Llámese la atención de lo dicho porque, cualquier desatino que se atribuya al tribunal ya por error de facto o de iuris debe ser trascendente, esto es que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin ese forzoso efecto en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad de la impugnación extraordinaria, como ocurre en el presente asunto.

Como lo hubiere dicho la Sala en una especie de similares contornos, “es indiscutida por los demandantes, para quienes aquella ingresó al predio solicitado en reivindicación en el año 1982, la supuesta falta de apreciación del referido documento correspondería a un error intrascendente, pues su apreciación no conduciría a variar la decisión desestimatoria emitida por los juzgadores de instancia” (Cas. Civ. sent. de nov. 9/201 (Sic), Exp. 1992-05900-01).

Tan cierto es lo manifestado en líneas atrás, que en la misma sentencia invocada por el recurrente de 24 de junio de 1967 proferida por esta corporación dentro del juicio de pertenencia iniciado por ella contra Octavia Niño de Guerrero y personas indeterminadas —en la que la Corte no casó la decisión del ad quem que a su vez impartió ratificación a la del a quo que denegó las súplicas— la misma Sala echó de menos la ausencia de exclusividad en los actos de señorío.

Así, destacó la Corte en esa oportunidad, entre otras, que: “los actos que pregona como constitutivos de la posesión alegada no lo son, además de que (...) no es exclusiva la pluricitada posesión que invoca, toda vez que los testigos señalan la existencia de otra poseedora y concretamente la hermana de la accionante”. Más adelante, y después de valorar uno de los testimonios recabados expresó: “Ahora, respecto a la segunda respuesta del testigo que destaca el recurrente como indicativa de la posesión que pregona, se tiene que esta por si sola desvirtúa el ánimo de dueña de Inés, pues dice que le compró ladrillo a “ellos” (en plural). Luego, con tal declaración hubo una referencia plural, que, por si sola elimina cualquier tipo de exclusividad en favor de la demandante, lo que, a juicio de la Sala, es suficiente para la conclusión del tribunal de que no había ánimo exclusivo de poseedor o propietario”.

De acuerdo a las razones esgrimidas, el cargo no prospera.

Cargo segundo

Con soporte igualmente en la causal primera de casación, por infracción indirecta, se denuncia la sentencia enjuiciada, por incurrir en error de derecho al omitirse la apreciación de las pruebas, de acuerdo con la norma contenida en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, debido la infracción indirecta, por falta de aplicación, de los preceptos 2512, 2518, 2522, 2531, 2532, 2533 y 2504 del Código Civil, así como del artículo 1º de la Ley 50 de 1936 y 407, numeral 1º del Estatuto Ritual Civil.

Luego de hacer unas acotaciones relacionadas con el mandato comprendido en el canon 187 procesal civil, advirtió que el acervo probatorio no puede fragmentarse arbitrariamente por el fallador, imponiéndose su apreciación en conjunto, cual lo reclama el citado mandato. Ello significa que su desconocimiento, vulnera una seria regla que no puede soslayarse en aras de la presunción de legalidad y acierto de las sentencias.

Para fundamentar su acusación expuso, que en la decisión desfavorable a la demandante inicial, el “tribunal analizó someramente con trascripciones breves y fragmentadas las declaraciones de Ana Elvia Gómez Pineda, Gloria Cecilia Molina de Bulla, Carlos Julio Cera Bulla, Ana Mercedes Bulla Caviativa, Gloria Marlene Guerrero Niño, Luis Gonzalo Bulla y María Anatilde Bulla, y luego, apenas mencionándolos por sus nombres y sin ningún análisis de contenido de sus declaraciones, citó que obraron como testigos Roberto Duque Gaitán, Luis Eduardo Daza Abril, Francisco Daza Venegas, Julio Roberto Galvis Bulla, Alfonso Bulla Caviativa y Luís Mora Suesca, testigos estos últimos de quienes consideró que eran un poco más desprevenidos que los primeros (...) para concluir que con tales pruebas no puede establecerse la posesión que la demandante alega sobre los inmuebles a los cuales se refiere el proceso para impetrar la declaración de usucapión”.

De lo que salta a la vista, dice, se infringió sin ambages lo dispuesto por el artículo 187 procesal civil, garantía esencial de la motivación de los fallos judiciales. Y continúa: “es decir, en este caso, se realizó una apariencia de apreciación en conjunto, sin pasar primero por el análisis individual y concreto de cada uno de los medios de prueba, única manera de explicar desde el punto de vista jurídico-racional el mérito de convicción que se deduce del acervo probatorio en su totalidad”.

Y si ello sucedió con la prueba testimonial, igualmente ocurrió con los demás medios de convicción. De otro lado, respecto al proceso policivo tramitado en la Inspección Once C Distrital de Policía, “por haber derribado un muro de encerramiento Mario Rodríguez para permanecer en el predio desde el 1º de junio de 1991 hasta el mes de mayo de 1997, es decir siete años y medio, no se relacionó para nada en la sentencia con las pruebas que allí se mencionaron, algunas sin interrelacionarlas entre sí y todas sin interrelacionarlas con las demás”, dicho de otra forma, sin su apreciación integral.

Consideraciones

1. El recurrente fincó su segundo ataque, en la violación de una regla de disciplina probatoria, que en este caso se trata del artículo 187 de la ley de enjuiciamiento civil.

A más de ello, y con abstracción de lo referido en líneas precedentes, la acusación que se estudia quedó huérfana en el trabajo de certificación, pues como lo ha precisado la Sala, ‘....en procura de que ese error aparezca debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Este y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata” (Cas. Civ. mar. 4/91. Reiterada en Cas. Civ. jun, 24/2008. Exp. 2000 01141).

Y ese laborío brilla por su ausencia en este asunto, bastando ver que el imperativo, por lo arriba indicado, consiste en una exposición de tal magnitud que deje en evidencia la falta de apreciación global, empresa que supone, la determinación o singularización (CPC, arts. 368, num. 1º, y 374, num. 3º) de todas y cada una de las probanzas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciación conjunta; siendo esta una argumentación que “debe ser completa en el sentido que abarque la apreciación en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompañada de su comprobación con la indicación de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integración y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunción de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo” (sent. de mayo 16/91. G. J. CCLVIII, p. 603, confirmada en Cas. Civ. nov. 25/2005, Exp. 082-01).

2. Aunque los senderos son diferentes, similares razones a las que se estudiaron en el ataque liminar, servirían para denegar la prosperidad de este segundo cargo al amparo de la violación, por error de jure, de la disposición vertida en el precepto 187 del Código de los Ritos Civiles.

En efecto, el tribunal en la sentencia combatida no desdeñó de la carga de obrar con sujeción al referido mandato y para ello, a más de enlistar las pruebas que tuvo en cuenta, incursionó en el análisis de algunas de ellas de manera particular. Nótese, que el fallo cuestionado categóricamente explicó, para arribar al corolario que se cuestiona: “Conclusión a la que se llega al apreciar las pruebas en conjunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Estatuto Procesal Civil, no encontrando la Sala en ellas la certeza requerida para dar por probada la posesión por el término de 20 años sobre los predios con folio de matrícula inmobiliaria 50N-20239948 y 50N-20239947, exigencia de la cual dependía el éxito de la acción, precisando que la carga de la prueba correspondía a la parte actora, lo que implica que las súplicas de la demanda inicial respecto de los inmuebles aludidos no podían ser acogidas, al no acreditarse uno de los requisitos que para su prosperidad, y de manera sine quanon, demandaba la acción de prescripción adquisitiva interpuesta” (negrilla fuera de texto).

El reproche del censor dentro del marco del error de derecho imputado al pronunciamiento controvertido, lo hizo consistir fundamentalmente, en que se analizaron someramente unas transcripciones de unos declarantes, y escaso fue el estudio realizado de otro grupo de testimonios, más allá de enlistarlos y considerarlos “un poco más desprevenidos”.

Pues bien, este aspecto, ya revisado en la primera acusación, revela que, parece inadvertir el casacionista que la estimación probativa del fallador enderezada a darle mayor vigencia y, por contera, credibilidad a unas testimoniales respecto de otras, no constituye, en sí mismo considerado, un dislate de apreciación probatoria, sino que es corolario del ejercicio responsable y prudente de la genuina libertad de valoración de las pruebas, conferida a él por la ley, en virtud de lo señalado por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, asunto que igualmente se abordó al estudiar la existencia de testigos con declaraciones divergentes que permitirían llegar a conclusiones opuestas.

Ciertamente no es condición inexpugnable que se mencione, luego de una pormenorizada singularización prueba por prueba, descendiendo por todos y cada uno de los distintos medios de convicción; bien puede desprenderse, como aquí ocurrió, que en su totalidad fueron objeto de estudio y de una auténtica valoración. Así lo atestó el contenido del fallo impugnado, al hacer amplio análisis a las distintas probanzas, extractando de ellas luego de su examen, la conclusión según la cual, respecto de unos inmuebles —porque no fue de todos— no era posible obtener la prescripción adquisitiva de dominio.

Finalmente, y por cuanto el censor se duele de que “no se relacionó para nada en la sentencia” el proceso policivo tramitado en la Inspección Once C Distrital de Policía, adviértase, en primer lugar, que lo dicho por el recurrente en cuanto a que no se tuvo en cuenta ese medio de convicción es una preterición, defecto que debió perfilar dentro del marco del error de hecho, no de derecho. Empero, y aun sin parar mientes en el defecto de técnica aludido, que revela una imprecisión constitutiva de mixtura en la formulación del cargo, se trata la manifestación del casacionista de una apreciación que no consulta la realidad de las motivaciones en que se fundó la sentencia opugnada, bastando por recordar que el tribunal, en relación con esa prueba, explicó que a pesar de que María Inés Guerrero salió avante al interior de esa actuación administrativa, de ello no se predica, per se, la realización de actos posesorios sobre los predios pretendidos, en razón a que es la autoridad jurisdiccional, la llamada a declarar la pertenencia previa comprobación de la posesión.

Colofón de lo esbozado, habrá que determinar que el cargo, por estar dirigido a proponer una decisión disímil bajo el abrigo de un inadecuado estudio integral de las pruebas, con fundamento en un esforzado raciocinio, no puede abrirse paso, como en efecto así se dispondrá.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. NO CASA la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2010, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario identificado en el encabezamiento de esta providencia.

2. Condenar en costas del recurso de casación a la recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte., dado que la demanda fue objeto de réplica.

Notifíquese»