Sentencia 1999-09916 de agosto 19 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 68001-23-15-000-1999-09916-01 (16363)

Consejera Ponente:

Dra. Myriam Guerrero de Escobar

Actores: Dennis Sánchez Cardozo y Otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 2 de diciembre de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

Con fundamento en las pruebas practicadas válidamente en el proceso, se tiene lo siguiente:

a. El 6 de mayo de 1992 fue asesinado Ismael Jaimes Cortés, en hechos ocurridos en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. Así lo acreditan el registro civil de defunción (fl. 11, cdno. 1), el acta de levantamiento (fls. 141, 142, cdno. 1), y la necropsia practicada al cadáver de la víctima, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, regional Santander, en la cual se estableció como causa de muerte: “Hemorragia aguda y anemia aguda por lesión cerebral”, producida por arma de fuego de corto alcance (fl. 118, cdno. 1).

De acuerdo con lo anterior, no hay duda que el hecho del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización se solicita, se encuentra debidamente acreditado.

b. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte de Ismael Jaimes Cortés, se pudo establecer en la diligencia de  levantamiento del cadáver, que el citado señor fue asesinado de varios impactos de bala, en hechos ocurridos en la carrera 19 con calle 53 del barrio Torcorama de Barrancabermeja, departamento de Santander (fls. 141, 142, cdno. 1).

Por los hechos anteriores, el Juzgado 21 de Instrucción Criminal de Barrancabermeja abrió la investigación preliminar Nº 392, sin embargo, no es posible establecer, de conformidad con las pruebas que obran en el plenario, en qué terminó dicha investigación, pues únicamente fueron allegados a este proceso 59 folios de la misma, entre los que se destacan, la diligencia de levantamiento y necropsia del cadáver de Ismael Jaimes Cortés (fls. 170, 177, cdno. 1), un álbum fotográfico que hace relación a lo anterior (fls. 146 a 155, cdno. 1), una denuncia formulada por la señora Dennis Sánchez Cardozo, compañera de la víctima, en la que puso en conocimiento de las autoridades el homicidio de su compañero, pero no aportó elemento de juicio alguno (fl. 121, cdno. 1), y una denuncia formulada el 22 de mayo de 1992 por varios periodistas del departamento Santander, dirigida a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, según la cual algunos de ellos habían sido amenazados de muerte por cubrir informaciones de orden público que afectan al puerto petrolífero de Barrancabermeja, aunque en la denuncia no se dijo nada respecto de donde provendrían tales amenazas de muerte (fls. 131, 132, cdno. 1).

En el proceso contencioso administrativo rindieron versión Mary Márquez de Sánchez, Carlos Arturo Piña Carreño, Lilia Calderón Toloza, José Ned  Yasno Cabrera, Jorge Enrique Yepes Atencio, pero lo dicho por ellos alude únicamente a situaciones relacionadas con la vida personal, profesional  y laboral de la víctima y de su familia (fls. 227 a 237, cdno. 1).

Por su parte, la señora Dulcelina Duarte Rueda manifestó: “no me consta nada de la muerte de Ismael porque yo vivo acá y los hechos sucedieron en Barranca, pero no sé en que trabajaba ni en qué empresa” (fl. 338, cdno. 1).

Según la demanda, Ismael Jaimes Cortés fue asesinado por sicarios al servicio de la Red de Inteligencia Nº 7 de la Armada Nacional, la cual estaba dirigida por el Coronel Rodrigo Quiñónez y el capitán Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, de la cual hacían parte, entre otros, los suboficiales Saulo Segura Palacios y Carlos David López Maquilón, quienes al ver que su vida corría peligro, decidieron denunciar los crímenes ordenados por la citada red de inteligencia, entre ellos el del citado periodista, quien habría sido asesinado debido a las graves denuncias que este habría formulado sobre la participación de miembros de las fuerzas armadas y grupos paramilitares en varias masacres perpetradas en el puerto petrolífero de Barrancabermeja.

De conformidad con las denuncias formuladas ante la Fiscalía General de la Nación por los señores Segura Palacios y López Maquilón, quienes dijeron pertenecer a la Red de Inteligencia Nº 7 de la Armada Nacional, dichas personas tuvieron conocimiento de que al interior de la Institución mencionada operaba un grupo de exterminio al mando del capitán Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, quien recibía órdenes directas del coronel Rodrigo Quiñónez Cárdenas, y de la cual hacían parte además, el mayor Alfredo Rafael Colón, el mayor Jairo Enrique Osorio Morales, el capitán Jorge Rojas Vargas, el teniente Fabián Fernando Varón Daza, el teniente Harry Rodolfo Ávila Pinilla, el sargento segundo Juan Carlos Donado Camaño, y el sargento Primero Jorge Enrique Uribe Cañaveral, grupo que habría planeado y ejecutado en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander,  el asesinato de personas vinculadas a la subversión, líderes sindicales, miembros de organizaciones de derechos humanos y periodistas, como es el caso de Ismael Jaimes Cortés, director del periódico La Opinión, asesinado el 6 de mayo de 1992.

La citada red de inteligencia habría montado toda una infraestructura del crimen, pues contaba con oficinas propias, armas de fuego, recursos económicos y asignación de tareas específicas para cada uno de sus miembros, destacándose el grupo de sicarios conformado, entre otros, por José Alirio Ulloa, alias Carlos Villa, quien se encontraba al mando, Carlos Alberto Vergara Amaya, los hermanos Rafael, Jerónimo y Eliécer Cataño, Gerardo Álvarez, alias el Costeño, y Ancízar Castaño Buitrago, alias cachetes (fls. 28 a 40, cdno. 7).

Como consecuencia de las denuncias citadas, la Fiscalía regional de Bogotá abrió un proceso penal contra los señores, Saulo Segura Palacios, Carlos David López Maquilón, Carlos Alberto Vergara Amaya, Felipe Gómez Lozano, Ancízar Castaño Buitrago, Miguel Antonio Durán Cáceres, Jimmy Alberto Arenas Robledo, Julio Ernesto Prada y Juan Carrasco de la Hoz, por los delitos de formación o ingreso de personas a grupos armados y homicidio con fines terroristas (cdno. 4).

En el curso de dicho proceso, la fiscalía profirió varias decisiones, entre ellas la que resolvió la situación jurídica de Carlos David López Maquilón y Saulo Segura Palacios con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por los delitos de formación o ingreso de personas a grupos armados, según resolución de 22 de julio de 1994 (fls. 92 a 112, cdno. 3); profirió resolución de acusación contra Carlos Alberto Vergara Amaya y Ancízar Castaño Buitrago, por el homicidio de varias personas, entre ellas el de Ismael Jaimes Cortés, según resolución de 1º de noviembre de 1996  (fls. 145 a 171, cdno. 3).

A pesar de lo anterior, no es posible establecer en este momento cuál fue la suerte que corrió el proceso penal y las personas investigadas por la Fiscalía General de la Nación, pues al plenario no se allegaron las decisiones definitivas sobre su responsabilidad.

Por su parte, el Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar de Bogotá, a través de resolución proferida el 25 de marzo de 1994, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra del coronel Rodrigo Quiñónez y sus subalternos, investigados a raíz de las denuncias formuladas por los suboficiales López Maquilón y Segura Palacios, por estimar que tales denuncias carecían de fundamento, ya que las personas citadas “no presentan ni esbozan un esfuerzo por indicar prueba fehaciente de sus afirmaciones, los crímenes solo los enuncian sin especificar en cada hecho la manera cómo se ejecutaron dentro de las circunstancias a que se circunscribe todo hecho punible, ni en cuanto a la autoría material específica y el móvil que llevase a determinar al servicio de inteligencia militar como interés para que en forma individual cada una de esas personas hubiesen sido asesinadas” (fl. 3994, cdno. 2). En la misma decisión se resolvió la situación jurídica de Carlos David López Maquilón con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por el delito de formación o ingreso de personas a grupos armados.

Mediante providencia de primera instancia, de  30 de septiembre de 1998, la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos decidió sancionar con represión severa a los miembros de la Armada Nacional denunciados por los señores López Maquilón y Segura Palacios, por estimar que las acusaciones formuladas por estos no solo gozaban de plena credibilidad, sino que además se encontraban respaldadas con otros medios de prueba (fls. 1 a 461, cdno. 6).

Mediante providencia de 17 de julio de 1997, el Comando de la Armada Nacional decidió, en primera instancia, que no existía mérito para dictar resolución de convocatoria a consejo verbal de guerra y cesó el procedimiento seguido contra los miembros de dicha Institución por los delitos imputados, por estimar que no existían pruebas que respaldaran tales acusaciones; además, porque las personas que formularon las denuncias en su contra se retractaron de ellas. En ese sentido, se dispuso que el señor Carlos David López Maquilón continuara vinculado al proceso, pero por el delito de falsa denuncia (fls. 479 a 556, cdno. 7).

Mediante sentencia de 30 de septiembre de 1998, el Tribunal Superior Militar decidió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia anterior, y dispuso, al igual que la anterior, la cesación del procedimiento en relación con los miembros de la Armada Nacional investigados y la continuación del proceso penal contra Carlos David López Maquilón, por el delito de falsa denuncia.  Sobre el particular anotó:

“(...) Resulta alentador para la administración de justicia encontrar el concepto imparcial, sin contaminación y ajustado a los dogmas y principios del derecho penal y de la prueba, que el distinguido representante del Ministerio Público ante la segunda Instancia profiere, señalando como los presuntos, únicos y verdaderos testigos de cargos a Saulo Segura Palacios, Carlos David López Maquilón y Carlos Alberto Vergara Amaya, los cuales se retractan y justifican el por qué de sus retractaciones, a más de que las grabaciones resultan ser dudosas en su autenticidad y certeza, por lo cual, concluye que las iniciales imputaciones han quedado sin fundamento al no poder soportar la incriminación a los procesados; es que no surgen siquiera indicios de probable responsabilidad de los cesados y que por ende debe confirmarse la providencia, “al no haber cometido los vinculados los hechos imputados”.

“Si quienes eran columna vertebral de los únicos indicios graves de cargos, y estos mismos se retractan voluntariamente de sus mendaces acusaciones, entonces toda sindicación respecto del personal de inteligencia de la armada, ha quedado sin piso jurídico.

“Es que no se puede construir una verdadera acusación como lo pretende el impugnante, sobre falsas imputaciones, de las cuales se han declarado confesos Saulo Segura Palacios, Carlos David López Maquilón y Carlos Alberto Vergara Amaya.

“Téngase en cuenta que las retractaciones de los en principio denunciantes y acusadores se han llevado a cabo en presencia de autoridad judicial competente y con la asistencia del agente especial del Ministerio Público.

(...)

“Ha de tenerse en cuenta, que cuando Segura, López y Vergara se retractaron en cada uno de los cargos que les hacían a los uniformados de la inteligencia naval, no solo lo hicieron en las ampliaciones de sus indagatorias, sino que también lo expresaron en declaraciones juramentadas, como consta en el cuaderno original Nº 12; retractaciones que se hicieron extensivas a los medios de comunicación —periódicos, televisión y revistas de amplia circulación—, es decir, que las acusaciones que los tres testigos de cargos habían hecho contra los implicados de la referencia, perdieron todo su vigor probatorio, bien para citar uno de los casos referidos, la revista Semana en su edición Nº 654 del mes de noviembre de 1994, en su sección judicial destacó el hecho con el título “Historia de una infamia. El reversazo de los suboficiales de la armada que habían acusado a sus superiores por supuestas violaciones a los derechos humanos le dio un vuelco total a la historia” (fl. 584, cdno. 7).

De conformidad con el material probatorio obrante en el plenario, puede concluirse que los hechos narrados en la demanda no se encuentran demostrados.

En primer lugar, porque las pruebas practicadas en este proceso no arrojaron resultado alguno sobre los autores intelectuales y materiales del homicidio de Ismael Jaimes Cortés, ni sobre los móviles del mismo. Tampoco el proceso penal que se adelantó por su muerte produjo resultados, pues las pruebas que allí se practicaron corresponden únicamente a diligencias preliminares, que en nada contribuyen a esclarecer los hechos. Por su parte, el proceso penal iniciado contra las personas sindicadas de la formación de grupos al margen de la ley no produjo decisiones definitivas, pues al plenario se allegaron únicamente algunas providencias que se profirieron en el curso del citado proceso penal. Debe anotarse que tales decisiones se profirieron con fundamento en las indagatorias rendidas por las personas implicadas en los hechos, así como por los testimonios de quienes rindieron versión en ese proceso, las cuales no pudieron valorarse en este caso, pues, como se dijo anteriormente, la indagatoria no puede tenerse como medio de prueba, y los testimonios no cumplieron los requisitos exigidos para su traslado al proceso contencioso administrativo.

En cuanto a la providencia de primera instancia proferida por la Procuraduría General de la Nación, si bien concluyó que debía sancionarse severamente a los oficiales y subalternos de la Armada Nacional denunciados por los señores López Maquilón y Segura Palacios, a quienes les dio plena credibilidad, no se conoce la decisión de segunda instancia, a más de que dicha decisión se fundamentó en pruebas que aquí no fueron objeto de valoración.

La única decisión definitiva que se profirió en torno a los hechos relacionados con las denuncias que involucran a la Red de Inteligencia Nº 7 de la Armada Nacional, con sede en Barrancabermeja, departamento de Santander, corresponde a la que se tomó en la justicia penal militar mediante sentencia de 30 de septiembre de 1998, que decidió cesar el procedimiento contra los oficiales y subalternos de dicha Institución procesados por la formación de grupos al margen de la ley, con fundamento en que las denuncias que sirvieron de base para iniciar las investigaciones penales no gozaban de respaldo probatorio alguno, a más de que los autores de las mismas se retractaron de ellas.

Es menester anotar, de todas formas, que ha sido tesis reiterada en la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, la posibilidad que tiene el juez administrativo de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, se agrega, en razón de las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción(5).

Se adoptó tal criterio, por considerar que si bien la decisión de carácter penal no puede ser modificada por la jurisdicción de lo  contencioso administrativo y que la misma hace tránsito a cosa juzgada, dicho efecto se predica de la situación jurídico penal del procesado y, en algunos eventos, en relación con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio, pero no con respecto a la decisión que deba tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado(6), pues a pesar de que se declare la responsabilidad personal del funcionario, la entidad a la cual este se encuentre vinculado puede no ser responsable del daño, por no haber actuado aquel en desarrollo de un acto propio de sus funciones o no haber tenido su actuación ningún nexo con el servicio(7) público, o por el contrario, el funcionario puede ser absuelto por no haberse demostrado la antijuridicidad de su conducta, de tal manera que no resulte comprometida su responsabilidad penal y, en cambio, el juez administrativo puede encontrar comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, con la demostración de la antijuridicidad del daño, elemento fundante de la responsabilidad estatal consagrada en el artículo 90 de la Carta Política.

En el sub judice se le atribuye a la Red de Inteligencia Nº 7 de la Armada Nacional, con sede en Barrancabermeja, la conformación de grupos de exterminio, la cual, según se dijo en la demanda, era dirigida por varios oficiales y suboficiales de dicha Institución, y que a través de ella se cometieron innumerables homicidios en el puerto petrolífero de Barrancabermeja, entre ellos el del periodista Ismael Jaimes Cortés, director del diario La Opinión, según denuncias formuladas por Carlos David López Maquilón y Saulo Segura Palacios, quienes posteriormente se retractaron de las mismas, lo cual implica que las investigaciones penales y disciplinarias que se apoyaron en ellas quedaron sin fundamento, a más de que no obra prueba alguna en el proceso que respalde lo afirmado por los demandantes.

Con fundamento en los mismos hechos y pruebas que son materia de estudio por la Sala, fueron formuladas varias demandas contra la Armada Nacional, por la presunta participación de la Red de Inteligencia Nº 7 en la muerte de varias personas en el municipio de Barrancabermeja, pero hasta la fecha ninguna de ellas ha prosperado, toda vez que no se logró demostrar la responsabilidad del Estado por los hechos que se le imputaron, pues ni siquiera fue posible establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon esos crímenes. Así, por ejemplo, en el proceso que se instauró por el homicidio de Pablo Guerra Herrera, perpetrado presuntamente por sicarios al servicio de la citada red de inteligencia, la Sala, mediante sentencia de 13 de febrero de 2006(8), revocó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró la responsabilidad del Estado, por estimar que esta no se encontraba acreditada.  Al respecto, sostuvo:

“Se debe resaltar que no existe prueba documental o testimonial en el expediente que respalde los argumentos de los denunciantes, ni que vinculen a Ancízar Castaño como un agente al servicio del Estado, o siquiera como un funcionario de hecho, ya que si bien, al parecer actuó como informante de la Armada Nacional, de esa situación no se puede derivar o inferir que se encontrara autorizado por ese cuerpo armado para cometer crímenes bajo la subordinación de esa institución, y menos aún, que se le hubieran entregado uniformes, armamentos o vehículos de uso privativo de las fuerzas militares para ejecutar los hechos punibles denunciados en la demanda.

“En concreto, no obra prueba de que el homicidio de Pablo Guerra Herrera hubiera sido cometido por orden expresa de la red de inteligencia que al parecer operaba en la ciudad de Barrancabermeja, ya que si bien, así lo indicó Carlos David López al presentar la denuncia, la Sala carece de otros elementos que permitan establecer  la certeza de esa afirmación, y además, se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte de Pablo Guerra y aunque el a quo encontró demostrado que los crímenes sucedieron en las circunstancias denunciadas por los quejosos, tal afirmación la realiza en forma general, sin explicar los fundamentos de su conclusión, ni indica las pruebas que así lo demuestran, las cuales, respecto de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que murió Pablo Guerra, se echan de menos por la Sala.

(...).

“De otra parte, se estima necesario precisar que aunque tanto en la demanda, como en la sentencia de primera instancia el estudio de las pruebas apuntó a establecer la existencia de una red de inteligencia y su relación con crímenes que según se dice en la demanda se cometían por órdenes de los miembros de aquella, no se tuvo en cuenta que dicho aspecto es secundario para el asunto que en esta oportunidad se debate, como lo es la responsabilidad del Estado, no por la existencia de esa red y los múltiples asesinatos que pudo cometer, sino por la muerte de Pablo Guerra.

“Ahora bien, aún cuando el hecho de que existiera la mencionada red, y esta ejecutara los reprochables actos que mencionan los agentes denunciantes, pudiera tomarse como un indicio en contra de la administración, no se arrimaron otras pruebas, tales como el acta de levantamiento del cadáver, el protocolo de necropsia, los testimonios de los residentes del lugar donde fue asesinado Pablo Guerra, ni de personas que pudieran dar fe del peligro que corría la víctima, ni elemento alguno del que se pueda inferir que aquel temía por su vida a causa de amenazas o problemas con miembros de la Armada Nacional, ni, se reitera, existe certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo su muerte, ni que las armas con que se llevó a cabo el hecho punible eran de propiedad del Estado, estaban bajo su guarda o afectas al servicio, ni que los asesinos se identificaron en ese momento como miembros de alguna institución militar”.

Asimismo, mediante sentencia de 14 de agosto de 2008(9), la Sala revocó una decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la responsabilidad del Estado por la muerte de tres personas, las cuales habrían sido asesinadas por sicarios al servicio de la Red de Inteligencia Nº 7 de la Armada Nacional. Sobre el particular dijo:

“Apreciado el material probatorio allegado en debida forma al proceso, lo único que la Sala encuentra plenamente acreditado es que los señores Evelio, Pablo Elías y Leonardo Córdoba Cabanzo fallecieron el día 11 de mayo de 1992 como consecuencia de las heridas mortales que les fueron propinadas con arma de fuego en el municipio de Barrancabermeja, sin embargo, no se acreditó dentro del proceso elemento alguno que permita imputar estos homicidios a la Nación”.

“En efecto, la documentación proveniente de la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación no aporta elemento de juicio alguno al respecto pues corresponde a providencias y diligencias de trámite y sustanciación propios de la investigación disciplinaria adelantada por dicha entidad y relacionadas con hechos distintos a los que constituyen el objeto y estudio en el presente proceso.

“Por su parte, la decisión contenida en la resolución de acusación proferida por la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Ancízar Castaño Buitrago como “probable coautor del delito de homicidio con fines terroristas, en concurso homogéneo en la modalidad de agravado” en las personas de Evelio y Pablo Elías Córdoba Cabanzo, providencia que aun cuando no tiene carácter definitivo en todo caso goza de la eficacia probatoria prevista en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil.

“De manera que aun cuando se estableció que la Armada Nacional tenía conformada una red de inteligencia que operaba en el municipio de Barrancabermeja, tal circunstancia en todo caso resulta por sí sola insuficiente para vincular a la demandada como partícipe de tales hechos, más aún si se tiene en cuenta que al respecto tan solo se cuenta con las declaraciones de los testigos, quienes manifestaron haber oído decir que en tales hechos estaban involucrados miembros de la Armada Nacional, sin que tales aseveraciones provengan de su propio y directo conocimiento acerca de lo ocurrido, sin que se identifiquen con precisión de quién o quiénes obtuvieron tales versiones y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que hubieren tenido conocimiento de esos relatos que no pasan de ser unos meros rumores, que, además, no encuentra respaldo o coincidencia alguna con otros medios de prueba allegados al proceso”.

Más recientemente la Sala se pronunció por los hechos relacionados con la Red de Inteligencia Nº 7, al decidir un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, por la muerte del señor Julio César Berrío Villegas, al señalar:

“Si bien las decisiones anteriores aluden al hecho de una posible participación de algunos miembros pertenecientes a la Red de Inteligencia Nº 7 de la Armada Nacional, con sede en Barrancabermeja, Santander, en la conformación de grupos al margen de la ley, quienes habrían asesinado a un sinnúmero de personas en esa zona del país, lo cierto es que no obra prueba alguna en el plenario que haga alusión directa al hecho relacionado con la muerte de Julio César Berrío Villegas, pues el material probatorio allegado al proceso hace referencia a la muerte de varias personas, las cuales habrían sido asesinadas supuestamente por sicarios al servicio de la red de inteligencia de la Armada Nacional, pero no es posible establecer del mismo cuáles habrían sido los móviles de su asesinato, mucho menos puede determinarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello ocurrió, lo único cierto son las afirmaciones formuladas por los actores en la demanda, las cuales no gozan de respaldo probatorio alguno.

“Ninguna de las declaraciones rendidas dentro del voluminoso proceso disciplinario que cursó en la Procuraduría General de la Nación fue ratificada en el proceso contencioso administrativo, pero aún en el evento de que tales testimonios hubiesen sido objeto de valoración en este proceso, tampoco sería posible establecer realmente cómo ocurrió el crimen de Julio César Berrío, pues como se dijo anteriormente, tales versiones corresponden a los crímenes de otras personas, pero nada se dice en relación con la muerte del citado señor.

“Lo único cierto es que la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra Carlos Alberto Vergara Amaya y Ancízar Castaño Buitrago, por haber sido los autores de los crímenes ocurridos en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, en los años 1992 y 1993, entre los que se encuentra el de Julio César Berrío, decisión que tuvo como fundamento la denuncia de Saulo Segura Palacios y Carlos David López Maquilón, quienes incriminaron a varios miembros de la Armada Nacional, a los cuales no se les pudo comprobar su participación en los hechos denunciados. En todo caso, en la decisión proferida por la Fiscalía General de la Nación tampoco se hace alusión a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte de Julio César Berrío.

“De otra parte, a pesar de que los actores afirmaron que la víctima fue amenazada de muerte públicamente en varias oportunidades por miembros pertenecientes a la Armada Nacional, y que el motivo de tales amenazas habría sido el hecho de que Julio César era el defensor de las personas menos favorecidas, lo cierto es que no existen pruebas que respalden tales imputaciones, como tampoco obra prueba alguna en el proceso que acredite que la muerte del citado señor fue ordenada por la Red de Inteligencia Nº 7, y que en esta se hubiesen utilizado armas de dotación oficial, como lo aseguraron los demandantes(10).

Puede concluirse, entonces, que no se encuentra acreditada la falla del servicio alegada por los demandantes, habida consideración que, al igual que lo acontecido en los casos traídos a colación por la Sala, no existen elementos de juicio que permitan afirmar que la muerte de Ismael Jaimes Cortés hubiere sido perpetrada por miembros pertenecientes a la Red de Inteligencia Nº 7 de la Armada Nacional, o al servicio de esta, o que su homicidio obedeciera a una orden impartida por la entidad aludida, como tampoco es posible establecer o afirmar que en dicho crimen se hubieren utilizado instrumentos, vehículos o armas de dotación oficial.

Lo único cierto es que el señor Ismael Jaimes Cortés fue asesinado por sicarios en el barrio Torcorma de Barrancabermeja, departamento de Santander, pero los móviles de su crimen aún no se han podido establecer, como tampoco los autores materiales e intelectuales del crimen, mucho menos la participación de agentes estatales en el mismo, lo cual descarta la posibilidad de que en el sub judice se hubiere presentado una falla en la prestación del servicio imputable a la demandada, como lo afirmaron los actores. En ese orden de ideas, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual se declaró la responsabilidad del Estado por la muerte del señor Ismael Jaimes Cortés.

Finalmente, la Sala se abstendrá de condenar en costas al demandante, por cuanto del material probatorio allegado al proceso no se observa la configuración de los supuestos establecidos por el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo(11), modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, para el efecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 2 de diciembre de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander; en su lugar,

2. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. ABSTIÉNESE de condenar en costas al demandante.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(5) En sentencia de la sección proferida el 17 de marzo de 1994, se dijo: “... entre una y otra acción, la penal y la administrativa se presentan radicales diferencias en su contenido, filosofía, sujetos afectados, regulación legal y procedimental, sin desconocer, desde luego, que en la mayoría de los casos las sentencias penales inciden de manera muy importante en los fallos que profiere la jurisdicción contencioso administrativa... Si bien es cierto que la condena penal genera para el procesado o para quienes patrimonialmente deban responder, la obligación civil de reparar los daños ocasionados con el delito, la responsabilidad extracontractual de la administración no se origina necesariamente en el hecho punible del agente público, que por lo demás puede no existir, sino que su origen se encuentra en la falla de la administración en la prestación de los servicios públicos (...) Pero además de lo anterior, observa la Sala que no siempre son la mismas partes las que intervienen en cada uno de los procesos y en este punto también difieren la acción penal de la administrativa... En las anteriores condiciones, dadas las diferencias rápidamente enunciadas entre una y otra acción, estima la Sala que no puede brindárseles un tratamiento idéntico respecto de sus efectos, hasta el punto de que la sentencia del juez penal en todos los casos condicione la decisión del juez administrativo. Esta, por lo demás, ha sido tesis sostenida en varias oportunidades por la Sala, entre otras, en providencia de 28 de junio de 1991... donde se dijo: “Aquí se repite que el juez administrativo, si tiene otras pruebas u otros elementos de juicio distintos a los que le suministre la sentencia penal podrá, sin desconocer la cosa juzgada, llegar en materia de responsabilidad administrativa a una solución en aparente contradicción con aquella. Se dice en “aparente” contradicción porque en el fondo se refieren a aspectos o realidades diferentes. Así podrá el juez administrativo declarar que hubo falla del servicio a pesar de la absolución penal del agente o absolver a la entidad pública pese a la condena de aquel. Y lo anterior no puede entenderse sino teniendo clara idea inicial expuesta en el numeral 1º de este fallo, que el hecho del agente puede dar lugar a la aplicación de dos normatividades diferentes: la penal para el delito y la administrativa para la responsabilidad del ente a que pertenece el agente que lo cometió”.

(6) Sentencia del 1º de noviembre de 1985, Expediente 4571, dijo la Sala: “Una es la responsabilidad que le puede tocar (sic) al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa” En el mismo sentido, sentencia de 24 de junio de 1992, Expediente 7.114; 17 de marzo de 1994, Expediente 8585; 5 de mayo de 1994, Expediente 8958; 18 de febrero de 1999, Expediente 10.517; 26 de octubre de 2000, Expediente 13.166 y de 25 de julio de 2002, expedientes 13.744 y 14.183, entre otras.

(7) Ver, por ejemplo, sentencias de 20 de febrero de 1992, Expediente 6514 y de 21 de septiembre de 2000, Expediente 11.766.

(8) Expediente 14009; M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(9) Expediente 15999; M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) Sentencia de 13 de mayo de 2009, Expediente 16.687.

(11) ART. 171.—Modificado. Ley 446 de 1998, artículo 55. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.