Sentencia 1999-10250 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 500012331000199910250 01 (29.145)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: José Zapata Zapata y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Material probatorio susceptible de ser valorado.

— Documento denominado “Extracto de la hoja de vida”, expedido el 8 de julio de 2002, según el cual (fl. 192, cdno. 1):

“… Señor: Subteniente (R). Zapata Rodríguez Carlos Alberto.

Identificado con c.c. 79.660.957 de Bogotá.

Dado de alta como cadete y alférez desde 12-jul-93.

Mediante R.6536-93, retirado 04-oct-97 según R. 13567-97.

Total tiempo de servicio años 03 meses 05 días 04.

“(…).

Causal de retiro: Muerte en servicio activo…”.

— Copia auténtica del informe prestacional por muerte 089/97, del 7 de octubre de 1997, expedido por la Policía Nacional, Departamento de Policía del Meta, en el cual se consignó (fl. 201, cdno. 1):

“…El 041097 a las 12:40 horas aproximadamente, cuando la patrulla de la contraguerrilla se desplazaba en la camioneta Ford 350 de la Policía Nacional, fue emboscada por subversivos de las FARC, en el sitio denominado Palma Seca, jurisdicción del municipio de San Juan de Arama Meta, dejando un saldo trágico de dos oficiales, un suboficial, trece patrulleros y una agente muertos; además cuatro patrulleros heridos; los subversivos procedieron a ejecutarlos con tiros de gracia. Pese a la reacción fueron copados. Del personal que falleció se encuentran cinco cuerpos calcinados que aún no han sido identificados. Entre los muertos se encuentra el señor ST Carlos Alberto Zapata Rodríguez.

Los hechos fueron informados por el señor TE Rogelio Pineda Villamizar comandante del Cuarto Distrito de Policía Granada Meta (e), mediante Oficio 1210/051097…”.

— Copia auténtica del certificado individual de defunción de fecha 4 de octubre 1997 del señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez, en cuya virtud se estableció como causa de la defunción: “…Laceración cerebral debido a proyectil de arma de fuego…” (fl. 202, cdno. 1).

— Copia simple, aportada por la parte demandada, de un documento expedido el 5 de octubre de 1997 por el Departamento de Policía del Meta, Cuarto Distrito Granada, según el cual (fls. 357 a 350, cdno. ppal.):

“…Es de anotar que el comandante de la contraguerrilla no informó en ningún momento a los mandos superiores sobre el desplazamiento, motivo por el cual se desconocía totalmente su ubicación y la misión que cumplía. Solo hasta cuando el radio operador de segundo turno informó sobre el suceso.

Verificando el libro de minuta de guardia figura una anotación de salida del personal 2-1-18 al mando del ST. Aponte Fuentes Jimmy al municipio de Mesetas contraviniendo la orden del comando operativo y del señor comandante del Cuarto Distrito de permanecer en la Estación de Policía de San Juan de Arama…”.

— Copia simple, aportada por la parte demandada, de un documento expedido el 15 de noviembre de 1997 por el Departamento de Policía del Meta, comando operativo, en cuya virtud se estableció que (fls. 360 a 363, cdno. ppal.):

“…El grupo de la contraguerrilla al mando del señor ST. Aponte Fuentes Jimmy, estaba conformada por un cabo primero diecinueve patrulleros y un agente conductor. Como agregado el señor ST Zapata Rodríguez Carlos Alberto comandante de la Estación de Policía San Juan de Arama.

“(…).

El mando del grupo tenía una antigüedad de 4 años, 8 meses y 16 días…” (resaltado de la Sala).

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente se concluye:

— Que el día 4 de octubre de 1997, la patrulla de contraguerrilla de la Policía Nacional fue objeto de una emboscada por parte de un grupo subversivo.

— Que el ST Jimmy Aponte Fuentes estaba al mando de la patrulla de contraguerrilla de la Policía Nacional.

— Que la patrulla de contraguerrilla de la Policía Nacional estaba conformada, entre otros, por el también ST. Carlos Alberto Zapata Rodríguez.

— Que como consecuencia de dicha emboscada fallecieron trágicamente miembros de la Policía Nacional, entre ellos el ST Carlos Alberto Zapata Rodríguez.

— Que el ST Jimmy Aponte Fuentes era el oficial de mayor antigüedad en la línea de mando de la patrulla de contraguerrilla de la Policía Nacional.

— Que el ST Jimmy Aponte Fuentes no informó a los mandos superiores sobre el desplazamiento contraviniendo de esta forma la orden del comando operativo y del comandante del Cuarto Distrito de permanecer en la Estación de Policía de San Juan de Arama, lo cual constituye una evidente falla del servicio en la organización, planeación y ejecución del desplazamiento que dio lugar a la emboscada y el resultado fatal consistente en la pérdida de vidas valiosas de varios integrantes de la fuerza pública, entre ellos el oficial Zapata Rodríguez, sin que por causa de esa falta de conducta la patrulla hubiere contado con las medidas de seguridad mínimas requeridas para esa clase de desplazamientos y sin que los superiores de la Policía Nacional hubieren podido disponer de apoyos o refuerzos a una patrulla cuya ubicación desconocían por las omisiones de información en que incurrió el comandante que impartió la orden de efectuar el mencionado desplazamiento.

Ahora bien la Sala revocará la sentencia de primera instancia ante la configuración, en el sub judice, de la institución de la cosa juzgada, por cuanto la responsabilidad patrimonial y administrativa por la lamentable muerte de los miembros de la Policía Nacional en hechos ocurridos el día 4 de octubre de 1997, en un ataque perpetrado por un grupo subversivo, fue asumida por la propia entidad demandada mediante un acuerdo conciliatorio celebrado en otro proceso el día 25 de enero de 2007, ante esta corporación.

En efecto, mediante auto de 26 de marzo de 2007, con ponencia del señor consejero Ramiro Saavedra Becerra —expediente 30.211—, la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó la conciliación total celebrada entre la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional y los familiares de los agentes del Estado Carlos Alberto Parrado, Carlos Mario Mena Higuita, Wilson Adelmo Rodríguez León y Luis Eduardo Duarte Chona, todos ellos lastimosamente masacrados por la guerrilla junto con el aquí víctima directa del daño en los hechos ocurridos el 4 de octubre de 1997, en el municipio de San Juan de Arama-Meta, en donde fueron objeto de una emboscada por parte de un grupo subversivo y lastimosamente fallecieron.

En esa oportunidad, la Sala consideró:

“(…) 2.4. La responsabilidad de la demanda se puede deducir porque están acreditados los hechos que dieron lugar a la conciliación; así se aportó prueba de los siguientes hechos:

— De la muerte en actos de servicio de Carlos Mario Mena Higuita, Luis Eduardo Duarte Chona, Carlos Alberto Parrado y Wilson Adelmo Rodríguez León, causada con arma de fuego durante una emboscada (actas de levantamiento de cadáveres, fls. 96 a 108, 322 a 332, 100 a 103, cdno. 1, 138 a 140, cdno. 6).

“(…).

— De su participación en el operativo en que fueron emboscados (informe de novedad del comandante Cuarto de Distrito de Policía de Granada, fls. 115 a 117, cdno. 1).

— De la ocurrencia de los hechos cuando la patrulla de contraguerrilla fue emboscada cuando se desplazaba en vehículo oficial, que fue incinerado. El número de policías que se desplazaba en la camioneta era inferior al número de subversivos, razón por la cual no pudieron reaccionar al ataque y fueron ejecutados con tiros en la cabeza (informativo 1210, fls. 115 a 117, cdno. 1).

En el informativo del comandante de Policía se advierte que el comandante de contraguerrilla no informó a sus superiores sobre el desplazamiento de la patrulla, motivo por el cual desconocía totalmente su ubicación y la misión en que se encontraban, circunstancia que refleja el incumplimiento de la orden impartida por el comando operativo en días anteriores, de permanecer en la estación hasta que se levantaran los muros destruidos en ataques anteriores (fls. 115 a 117, cdno. 1).

Al momento de la “misión”, el superior de las víctimas directas decidió ordenar a 21 policías desplazarse en un sólo vehículo que estaba cargado con canecas de combustible, sin informar a sus superiores, sin anotar los respectivos datos en el libro de minuta y sin tomar las medias de prevención necesarias (testimonios, fls. 17, cdno. 4, 28 y 29, cdno. 3).

El teniente coronel Manuel Guillermo Borda Sepúlveda reconoció el error de la Policía al afirmar sobre la supuesta misión a la que salieron los uniformados lo siguientes:

“…esa instrucción nunca se les dio, ellos debían hacer presencia y patrullajes en el municipio…ellos no tenían por qué haber hecho ese desplazamiento…ellos no pidieron ninguna autorización ni al comando de distrito, ni al operativo, ni al comando del departamento, nosotros supimos del hecho y que estaban fuera del casco urbano cuando la misma estación nos informó que escuchaban explosiones y que presumiblemente estaban siendo asaltados, en el “alto de la bodega”… el hecho indudablemente ocurrió porque el personal violó las normas capitales de la seguridad; es decir, se movieron en un solo vehículo 21 hombres, tenían una rutina, indisciplina, circunstancia que la subversión aprovechó dado que los sorprendió a todos dentro del mismo vehículo, no dándoles oportunidad de reaccionar. Si hubiesen ido en varios vehículos y observando medidas de seguridad esto no habría ocurrido, desacataron todas las instrucciones, inclusive pienso que les falló hasta el instinto de conservación…”.

— Del estado de alcoholemia en que se encontraban las víctimas directas al momento de los hechos: Luis Eduardo Duarte Chona 44% mgrs.; Carlos Mario Mena Higuita quedó incinerado y no fue posible practicar el examen (protocolos de necropsia, fls. 151 a 152, 159 a 160, 189 a 190, cdno. 8 y 104, cdno. 1).

Del material probatorio relacionado se infiere que aunque algunos de los uniformados estaban en estado de alcoholemia, lo cierto es que el riesgo al que fueron obligados fue excesivo, teniendo en cuenta las fallas en que incurrió la entidad demandada al momento del operativo.

3.5. El acuerdo que lograron las partes no está viciado de nulidad y no se lesiona el patrimonio público porque lo conciliado no excede el derecho máximo de indemnización ni las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, la Sala advierte que se cumplen todos los requisitos exigidos por la ley para aprobar el acuerdo conciliatorio total…” (resaltado de la Sala).

Pues bien, al celebrar el acuerdo conciliatorio la entidad demandada asumió su responsabilidad administrativa y patrimonial, al punto que decidió conciliar por los hechos acaecidos el día 4 de octubre de 1997 en el municipio de San Juan de Arama, Meta, en los cuales miembros de la Policía Nacional, entre los cuales también se encontraba el ST Carlos Alberto Zapata Rodríguez, fueron emboscados por un grupo subversivo ocasionando la muerte de los miembros de la Policía Nacional, razón por la cual la Sala se abstendrá de analizar el tema relacionado con la responsabilidad de la Nación, pues —se reitera— la misma fue asumida por la propia entidad demandada y esa determinación hizo tránsito a cosa juzgada, tal como lo ha sostenido esta Subsección en un caso similar en el cual la entidad demandada concilió en otro proceso diferente al que en esa ocasión se examinó; al respecto se consideró(1):

“…Ahora bien, aun cuando la parte demandada impugnó la responsabilidad que frente al hecho dañoso le atribuyó el Tribunal Administrativo a quo, la Sala se abstendrá de analizar tal aspecto de la litis puesto que la propia entidad demandada concilió judicialmente por los mismos hechos en otros procesos, aceptando su responsabilidad patrimonial por el daño que aquí se le imputó.

Así ha discurrido esta Subsección en diversas oportunidades frente a casos similares, tal como lo reflejan los siguientes pronunciamientos:

— Sentencia de 12 de mayo de 2011, expediente 20.960, según la cual:

“Nótese cómo la Sección Tercera del Consejo de Estado, frente aquellos casos en los cuales las partes concilian el litigio en sede de primera instancia, se ha abstenido —por elemental sustracción de materia— de analizar la responsabilidad que le habría asistido a la entidad pública demandada, por considerar que tal aspecto de la litis fue culminado, según lo refleja el siguiente pronunciamiento:

‘Es necesario precisar que la competencia de la Sala se limita a decidir sobre la relación entre la entidad demandada y los llamados en garantía, comoquiera que el proceso terminó respecto de las imputaciones formuladas por los inicialmente demandantes en contra de la administración, de manera que no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno acerca de la responsabilidad de la entidad pública demandada ni sobre el acuerdo conciliatorio logrado entre ésta y la parte actora’(2).

Aunque la anterior consideración ha sido predicada frente a los terceros llamados en garantía que no concurren a la conciliación judicial y, por ende, el proceso continúa respecto de aquéllos, nada obsta para que esa misma situación resulte aplicable al presente caso, puesto que mutatis mutandi ello fue lo que sucedió en este proceso, en el cual las partes decidieron concluir el litigio frente a algunos de los actores pero mantenerlo respecto de otros a través de una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada como lo fue el auto que aprobó la aludida conciliación judicial.

Por consiguiente, resultaría abiertamente contradictorio realizar en esta oportunidad un análisis de responsabilidad patrimonial del ente accionado, cuando, se reitera, existe una decisión judicial en firme y que hizo tránsito a cosa juzgada como lo es el proveído de junio 7 de 2000, por medio del cual el a quo impartió aprobación al arreglo económico al cual llegaron las partes en primera instancia (…)”.

— Sentencia de 8 de junio de 2011, expediente 18.676, dentro de la cual, acogiendo el anterior criterio, se expuso:

‘2.1. Declaración oficiosa de la excepción de cosa juzgada y límite de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia frente al presente asunto.

A la cosa juzgada o “res judicata” se le ha asimilado al principio del “non bis in idem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, es por ello que la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.

La cosa juzgada constituye un mecanismo que brinda seguridad jurídica al otorgarle “intangibilidad” e “inimpugnabilidad” a las decisiones judiciales. La cosa juzgada es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados. En cuanto el objeto del proceso judicial lo constituye la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y su prevalencia aún frente al mismo, es importante tener presente la distinción entre cosa juzgada en sentido material y cosa juzgada en sentido formal para precisar sus efectos respecto de un proceso judicial.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y 175 del Código Contencioso Administrativo, en los cuales se contienen los elementos formales y materiales para su configuración. El formal implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso, o en otro en el que se debata la misma causa petendi y los mismos fundamentos jurídicos, lo anterior para garantizar la estabilidad y la seguridad propia de la esencia del orden jurídico. Por su parte, el concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio(3).

Para efectos del presente proceso, advierte la Sala que mediante auto del 15 de abril de 1996, el tribunal a quo aprobó el acuerdo conciliatorio al cual llegaron las partes en el trámite de primera instancia respecto del reconocimiento de los perjuicios morales deprecados para los demandantes; en ese mismo proveído se manifestó que el proceso debía seguir únicamente respecto “[d]el llamado en garantía y por los perjuicios materiales”.

Así pues, el tribunal de primera instancia al efectuar un análisis de responsabilidad patrimonial de la demandada en la sentencia impugnada no tuvo en cuenta que ya había operado la cosa juzgada respecto del aludido arreglo conciliatorio (L. 446/98, art. 66(4))’.

— Finalmente, la Subsección A, en sentencia de 23 de junio 2011 —expediente 19.097— retomó las anteriores providencias y frente a un caso similar, sostuvo:

‘De acuerdo con el panorama fáctico que se ha dejado expuesto, la Sala advierte que debe abstenerse de analizar la responsabilidad de la parte demandada frente al daño alegado por los actores, pues, por un lado, ese aspecto fue definido mediante la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes de manera prejudicial y, por consiguiente, hizo tránsito a cosa juzgada, tal como de manera reciente lo precisó esta Subsección al resolver un caso similar al que ahora se define(5)’(…)”(6)(sic) (resaltado de la Sala).

Finalmente, la Sala no puede pasar por inadvertido el hecho de que en la contestación de la demanda se afirmó que la responsabilidad de la operación recaía directamente en el ST Zapata Rodríguez, por cuanto él era el comandante del grupo de contraguerrilla, oficial de mayor antigüedad en la línea de mando del grupo afectado, así como que los hechos se habrían presentado por causa directa del desacatamiento de una orden superior y violando los reglamentos de procedimiento de operaciones, por parte del referido oficial.

Al respecto, resulta importante precisar que de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente se acreditó que el oficial que estaba al mando de la patrulla contraguerrilla de la Policía Nacional era el ST Jimmy Aponte Fuentes; que este era el oficial de mayor antigüedad en la línea de mando del grupo que fue atacado y fue él quien dejó de informar a los mandos superiores sobre el desplazamiento de la patrulla, razón por la cual los argumentos esbozados en la contestación de la demanda carecen de soporte probatorio, por cuanto —se reitera— quien estaba al mando de la patrulla de contraguerrilla de la Policía Nacional era el ST Jimmy Aponte Fuentes, y quien incumplió las órdenes del comando operativo y del comandante del cuarto distrito y no el ST Carlos Alberto Zapata Rodríguez, por cuyo lamentable fallecimiento se promovió la demanda que dio inicio al presente proceso.

Así las cosas, la Subsección revocará la sentencia apelada por las razones anteriormente expuestas.

2. Indemnización de perjuicios.

2.1. Perjuicios morales.

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada se produjo por la muerte del señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez en los hechos ocurridos el día 4 de octubre de 1997, en el municipio de San Juan de Arama-Meta, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Debe resaltarse que en relación con los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de la víctima directa del daño han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por los padres y hermanos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(7) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

La tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona.

Ahora bien, respecto del grupo familiar que demandó por la muerte del señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez, integrado por José Zapata Zapata, Flor Rocío Zapata Rodríguez, Manuela Rodríguez de Zapata, Ángela María Zapata Rodríguez, Luz Adriana Zapata Rodríguez, Rafael Jesús Zapata Rodríguez, Paulo César Zapata Rodríguez y Mónica Zapata Rodríguez, la Sala encuentra acreditado su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la muerte de la cual fue víctima su hijo y hermano.

Ciertamente, al proceso se aportaron, en copia auténtica, los registros civiles de nacimiento de: i) la víctima directa del daño, señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez, el cual demuestra que es hijo de los también demandantes José Zapata Zapata y Manuela Rodríguez de Zapata y ii) de los actores Ángela María Zapata Rodríguez (hermana), Luz Adriana Zapata Rodríguez (hermana), Rafael Jesús Zapata Rodríguez (hermano), Paulo César Zapata Rodríguez (hermano), Mónica Zapata Rodríguez (hermano) y Flor Rocío Zapata Rodríguez (hermana) - (fls. 18, 21 a 26, cdno. 1, respectivamente).

Por consiguiente, se encuentra acreditado el parentesco de los actores para con la víctima directa del daño, en sus condiciones de padres y hermanos, razón por la cual cuentan con legitimación en la causa por activa y además son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por la muerte del señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez.

Por lo tanto, se reconocerá a los actores José Zapata Zapata y Manuela Rodríguez de Zapata un monto equivalente a 100 SMLMV, para cada uno de ellos y a favor de los señores Ángela María Zapata Rodríguez (hermana), Luz Adriana Zapata Rodríguez (hermana), Rafael Jesús Zapata Rodríguez (hermano), Paulo César Zapata Rodríguez (hermano), Mónica Zapata Rodríguez (hermano) y Flor Rocío Zapata Rodríguez (hermana), un monto equivalente a 50 SMLMV, para cada uno de ellos.

2.2. Perjuicios materiales.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de la indemnización correspondiente por los perjuicios materiales ocasionados como consecuencia de la muerte del señor Carlos Alberto Zapata ocurrida el día 4 de octubre de 1997 en el municipio de San Juan de Arama, de la siguiente manera:

“… 1. Por daño emergente y lucro cesante presente, equivalente a:

La suma de veintidós millones de pesos, m/cte., ($ 22.000.000), estimativo razonado que a la presentación de esta demanda, corresponde a 23 salarios incluyendo los demás emolumentos, tales como vacaciones, primas semestral y anual, cesantías e intereses causados dentro de este lapso.

2. Por lucro cesante y daño emergente futuros:

En razón a los perjuicios ocasionados hacia el futuro, como consecuencia de su muerte frustrándose con ella su perspectiva como agentes de la Policía Nacional, que bien pudo haber ostentado hasta la edad de los 65 años, la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional, deberá cancelar la suma de trescientos cincuenta y siete millones seiscientos ocho mil ciento sesenta pesos ($ 357.608.160), resultante de multiplicar el ingreso base mensual de $ 709.540 pesos por el número de meses que abarcan los 42 años futuros…”.

Pues bien, observa la Sala que si bien en el escrito contentivo de la demanda se solicitó reconocer la indemnización correspondiente por el lucro cesante presente y futuro, así como el daño emergente presente y futuro, lo cierto es que la petición se dirigió al reconocimiento del lucro cesante únicamente teniendo en cuenta los salarios que debió percibir el señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez como miembro de la Policía Nacional y la frustración de su perspectiva como oficial de la misma institución, condición que pudo haber ostentado hasta la edad de los 65 años, petición que lleva a la Sala a concluir que está encaminada sólo al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por lo cual la Sala se ocupará exclusivamente de analizar, de acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, el reconocimiento y monto de la indemnización de perjuicios correspondientes a dicho rubro.

Ahora bien, en el sub lite se acreditó que para el momento de su fallecimiento, el ST Carlos Alberto Zapata Rodríguez tenía 23 años de edad(8) y que para el mes de octubre de 1997 devengó la suma de $ 838.350, de conformidad con la certificación expedida por la Policía Nacional, Dirección Administrativa y Financiera, grupo tesorería general según la cual (fl. 249, cdno. 1):

“…Los haberes devengados para el mes de octubre de 1997 del señor (A) ST Zapata Rodríguez Carlos Alberto cédula 79’660.957.

Sueldo básico 0030 días472.036.00   
Prima actividad155.771.88   
Prima orden PU118.009.00   
Bonif. Compensa24.902.38   
Bart (sic) diaria al 64.480.00  
Seguro vida 3.151.00  
* Descuentos *    
Casur-Sosteni  37.762.88 
7/100 VIVMIL  33.043.00 
Comsegprevi  3.151.00 
Clubofsosten  4.720.36 
Clubmilofsos  7.000.00 
Servsanidad  18.881.44 
Pagadibiepau  1.020.00 
Revegralsant  7.600.00 
Clubmillextra  5.250.00 
Colseguros   50.000.00
 Totales $ 838.350.26 168.428.68 
 Neto a pagar $ 669.921.58…”.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio a favor de los demandantes en condición de padres del oficial fallecido. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $ 838.350.

Período consolidado: desde la fecha en que el señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez falleció, hasta la fecha en que este hubiese cumplido 25 años(9) esto es 19.16 meses, dado que dicha persona nació el día 20 de mayo de 1974.

Índice final: febrero de 2014 (último conocido): 115.26

Índice inicial: octubre de 1997: 44.08

Actualización de la base:

nnn70
 

RA = $ 2’192.110

La renta actualizada arrojó una suma de ($ 2’192.110), a la cual se deberá incrementar el 25% por concepto del correspondiente factor prestacional ($ 548.027), lo cual determina un ingreso base de liquidación de $ 2’740.137; no obstante, a dicho monto se le descontará el 25%, que corresponde al porcentaje que, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Sala, el occiso destinaría para atender sus gastos personales ($ 685.034), por lo cual se tomará como salario base de liquidación la suma de $ 2’055.103

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez (oct./97), hasta la fecha en que este hubiese cumplido 25 años, esto es 19.16 meses, aplicando la siguiente fórmula:

nnn71
 

S = $ 41’165.292

Por lo tanto, se reconocerá de manera conjunta a título de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma única de $ 41’165.292, a favor de los señores José Zapata Zapata y Manuela Rodríguez de Zapata “padres de la víctima directa del daño—.

2.2.3. Perjuicios por la alteración en las condiciones de existencia.

La Subsección los denegará, por cuanto no obra prueba alguna en el expediente que acredite su existencia.

3. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 22 de julio de 2004; en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativa responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte del agente de la Policía Nacional señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez.

2. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los ciudadanos José Zapata Zapata y Manuela Rodríguez de Zapata un monto equivalente a 100 SMLMV para cada uno de ellos, a título de perjuicios morales.

3. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los ciudadanos Ángela María Zapata Rodríguez (hermana), Luz Adriana Zapata Rodríguez (hermana), Rafael Jesús Zapata Rodríguez (hermano), Paulo César Zapata Rodríguez (hermano), Mónica Zapata Rodríguez (hermano) y Flor Rocío Zapata Rodríguez (hermana), un monto equivalente a 50 SMLMV, para cada uno de ellos, a título de perjuicios morales.

4. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los señores José Zapata Zapata y Manuela Rodríguez de Zapata de manera conjunta, la suma única de 41’165.292, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

5. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Sentencia del 16 de septiembre de 2013, expediente 30.806.

(2) Sentencia de mayo 26 de 2010, expediente 17.120, entre muchas otras.

(3) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, expediente 34.239.

(4) A cuyo tenor: “El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”.

(5) Sentencia de junio 8 de 2011, expediente 18.676.

(6) (sic).

(7) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(8) Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Carlos Alberto Zapata Rodríguez, del cual se extrae que él nació el 20 de mayo de 1974 (fl. 18, cdno. 1).

(9) Vale destacar que en relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, se ha señalado en varias oportunidades por jurisprudencia de esta corporación que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años. Sobre el particular ver por ejemplo: Sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 16530; sentencia de 18 de marzo de 2010, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de quince de octubre de 2008, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.