Sentencia 1999-1953 de abril 11 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., once de abril de dos mil doce.

Rad.: 73001-23-31-000-1999-1953-01

Exp.: 20.566

Demandante: Baltazar Gómez Gómez y otros.

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro.

Naturaleza: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. La competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 20 de marzo de 2001, como quiera que la cuantía del proceso, determinada por la pretensión de mayor valor(1), asciende a la suma de $70’277.625. Para la época de interposición de la demanda, eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera la suma de $18’850.000(2), monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

II. La legitimación en la causa por activa.

Advierte la Sala que, dentro del proceso, no existe elemento de juicio alguno del cual se pueda inferir que los demandantes Marina Roa Hernández, Carlos Andrés Gómez Roa, Wilmar Giovani Gómez Roa, Diana Patricia Gómez Roa y Sandra Milena Gómez Roa hayan sufrido perjuicios de orden material o inmaterial por las anotaciones erradas y las omisiones en el registro, en las que, según la demanda, incurrió la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, respecto de los folios de matrícula inmobiliaria 350-0001181 y 350-0121663; por consiguiente, las pretensiones por ellos formuladas serán negadas.

III. Análisis de la responsabilidad

Apreciado en su conjunto el material probatorio allegado al proceso y haciendo un análisis objetivo y comparativo del mismo (CPC, art. 187), encuentra la Sala que no están acreditados la totalidad de los elementos integradores de la responsabilidad extracontractual del Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dentro de la noción jurídica de falla en la prestación del servicio.

En efecto, mediante escritura pública 867 del 30 de abril de 1985, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Ibagué, los señores Ernesto, Albino y Luis Antonio Aponte Vargas se obligaron a transferir, a favor del señor Laurencio Rodríguez Corrales, el derecho de dominio de un lote de terreno de aproximadamente 30 hectáreas de superficie que denominaron “El Porvenir”. La venta fue autorizada por el Juez Cuarto Civil de Circuito de Ibagué, por cuanto sobre el bien se hallaba inscrita una medida de embargo decretada por ese despacho judicial (hay en el expediente copia auténtica de la escritura pública, fls. 48 a 58 cdno. 2 y del oficio suscrito por el Juez Cuarto Civil de Circuito de Ibagué, fl. 47 cdno. 2). A su turno, en el mismo instrumento público, el señor Laurencio Rodríguez Corrales constituyó, sobre el bien objeto de la compraventa, hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor del Banco Cafetero. Tanto el acto jurídico de la compraventa como el gravamen real fueron inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria 350-0001181, correspondiente a la finca “El Porvenir”.

Posteriormente, mediante escritura pública 3562 del 19 de octubre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Ibagué, el Banco Cafetero canceló, parcialmente, la hipoteca constituida a través de la escritura pública 867 del 30 de abril de 1985, en relación con una pequeña parte del lote denominado “El Porvenir”; específicamente, sobre una superficie de 3 hectáreas con 2.812m² que fue debidamente alinderada, de manera que la parte restante quedó sujeta al gravamen hipotecario. El instrumento público fue registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 350-0001181 (obran en el expediente copia auténtica de la certificación suscrita por el Notario Primero del Círculo de Ibagué, en la que da fe del otorgamiento del instrumento público, fls. 60 a 63 cdno. 2, del formulario de calificación que dio lugar a la inscripción en respectivo folio de matrícula inmobiliaria y de la constancia de registro, fls. 64 y 68 cdno. 2).

Años después, el señor Laurencio Rodríguez Corrales vendió al señor Luis Humberto Rodríguez Corrales la parte del terreno respecto de la cual fue levantado el gravamen hipotecario, es decir, el terreno de 3 hectáreas con 2.812m². La venta fue perfeccionada a través de la escritura pública 3730 del 10 de octubre de 1995; por consiguiente, la finca “El Porvenir” quedó fraccionada en dos lotes: uno de 26.00 hectáreas con 7.188m², aproximadamente y otro de 3 hectáreas con 2.812m² (ver copia auténtica de la escritura pública, fls. 72 a 77 cdno. 2)

Pese a lo anterior, al momento de calificar el título para efectuar el registro, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué dispuso abrir 2 folios de matrícula inmobiliaria por el fraccionamiento que se había producido en relación con la finca “El Porvenir”; fue así como surgieron los folios 350-0121662, para identificar el terreno de 3 hectáreas con 2.812m², vendido al señor Luis Humberto Rodríguez Corrales y el 350-0121663, para identificar el lote de 26.00 hectáreas con 7.188m², al cual denominaron “reserva” (hay en el expediente copia auténtica del formulario de calificación, en el cual consta la apertura de los dos folios de matrícula inmobiliaria, fl. 69 cdno. 2). Esta fue la primera irregularidad en la cual incurrió la entidad demandada, a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, constitutiva, por ende, de falla en la prestación del servicio registral, pues al abrir un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a la parte restante de la finca “El Porvenir” quedaron vigentes las matrículas inmobiliarias 350-0001181 y 350-0121663 para identificar el mismo inmueble. A lo anterior se agrega que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué omitió trasladar al nuevo folio de matrícula inmobiliaria, es decir, al 350-0121663, la anotación atinente a la hipoteca que afectaba el bien, constituida a favor del Banco Cafetero en el año 1985, de manera que, tal omisión, concretó la segunda falla en la prestación del servicio atribuible a la entidad demandada.

Pese a lo anterior, el señor Laurencio Rodríguez Corrales, propietario hasta ese momento del inmueble y quien sin duda debía conocer la real situación jurídica del bien, mediante escritura pública 3333, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué el 2 de octubre de 1996, se obligó a transferir el derecho de dominio de un terreno de aproximadamente 30 hectáreas, denominado “El Porvenir”, identificado con la matrícula inmobiliaria 350-0001181, a favor del señor Baltazar Gómez Gómez, es decir, el señor Laurencio Rodríguez Corrales se obligó a transferir el dominio de la totalidad del lote que previamente había fraccionado y cuya parte menor había vendido en el año 1995 al señor Luis Humberto Rodríguez Corrales. Es de anotar que el señor Baltazar Gómez Gómez en la escritura pública de compraventa dijo conocer el gravamen hipotecario que afectaba el bien y manifestó su intención de asumir la obligación crediticia.

Al momento de perfeccionar la tradición del bien a través de la inscripción del título en el folio de matrícula inmobiliaria 350-0001181, la Oficina de Registro devolvió, sin registrar, la escritura pública 3333 del 2 de octubre de 1996, a efectos de que los otorgantes aclararan el folio de matrícula inmobiliaria que identificaba el bien objeto del contrato y si la venta recaía sobre la totalidad de la “reserva”, es decir, sobre el lote de 26 hectáreas con 7.188m² (ver copia auténtica de la nota de devolución del 5 de marzo de 1998, a fl. 80 cdno. 2).

La escritura pública de compraventa 3333 del 2 de octubre de 1996 fue aclarada mediante escritura pública 1733 del 1º de junio de 1998, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué. Los comparecientes advirtieron la existencia de los errores consignados en el instrumento público aclarado, manifestando a tal efecto lo siguiente (ver copia auténtica de la escritura pública de aclaración 1733 del 1º de junio de 1998, a fls. 92 a 99 cdno. 2):

“Que la escritura 3.333 de fecha 2 de octubre de 1996 otorgada en esta misma Notaría, y que es materia de Aclaración adolece de errores ya que se dijo que el compareciente Laurencio Rodríguez Corrales, vendió el inmueble que tiene aproximadamente 30 hectáreas. Al igual que incurrio (sic) en el error de hacer figurar la matricula (sic) inmobiliaria número 350-0001181, que pertenece al globo...”.

Por lo anterior, la cláusula primera de la escritura pública 3333 del 2 de octubre de 1996, se aclaró así:

“...Laurencio Rodríguez Corrales, vende al señor Baltazar Gómez Gómez, la totalidad de la reserva o sea la última parte que le queda del lote de terreno denominado El Porvenir, lote de terreno y mejoras que fue materia de venta y que tiene un área de reserva de 26 hectáreas 7.188 metros cuadrados aproximadamente...”.

A lo anterior agregaron:

“...la matrícula inmobiliaria que corresponde al inmueble que fue materia de venta y que es la última parte que le queda, o sea la reserva es la número 350-121663 y no la 350-0001181 como equivocadamente se hizo figurar. Quinto: Que en todo lo demás ratifican y dan por válida la escritura 3.333 de fecha 2 de octubre de 1996, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué...”.

Las escrituras públicas de compraventa y de aclaración fueron inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria 350-0121663 el 4 de junio de 1998 (fl. 100 cdno. 2); entre tanto, el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Ibagué, mediante oficio 900 del 13 mayo de 1998, informó al Registrador de Instrumentos Públicos de esa misma ciudad que por auto del 30 de abril de 1998, proferido dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario del Banco Cafetero contra Laurencio Rodríguez Corrales, se había dispuesto inscribir en el respectivo folio la medida de embargo decretada respecto del bien identificado con la matrícula inmobiliaria 350-0001181 (fl. 101 cdno. 2); sin embargo, la medida cautelar en ese momento se tornó inocua, pues el folio de matrícula 350-0001181 identificaba un terreno jurídicamente inexistente y, como la hipoteca constituida a favor del Banco Cafetero no había sido trasladada al folio 350-0121663, que identificaba al terreno desmembrado de la finca denominada “El Porvenir”, la medida cautelar no fue inscrita en este último. Tal irregularidad permitió que se pudiera inscribir en el registro la escritura pública de compraventa 3333 del 2 de octubre de 1996 y la de aclaración 1733 del 1º de junio de 1998.

Posteriormente, la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Ibagué ordenó iniciar una actuación administrativa para determinar la verdadera situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 350-0001181 y 350-0121663, citando a los interesados y a los terceros con interés jurídico en los resultados de la actuación (fls. 115 y 116 cdno. 2).

La actuación culminó con la resolución 429 del 24 de octubre de 1999, “Por la cual se ordenan efectuar unas correcciones a (sic) los folios de matrículas inmobiliarias números 350.0121663 y 350.0001181”, en cuya parte resolutiva se dispuso (fls. 145 a 149 cdno. 2):

“ART. 1º—Trasladese (sic) la anotación 10 del folio de matrícula inmobiliaria 350.0001181 al folio de matrícula inmobiliaria No. 350.0121663 como anotación 01 acto de hipoteca suscrito por Laurencio Rodríguez Corrales a favor del Banco Cafetero, tal como consta en la Escritura Pública 867 del 30 de abril de 1985, de la Notaría Primera de Ibagué, ingresada para el correspondiente registro mediante Turno (sic) de radicación 5928 del 5 de julio de 1985, de conformidad con la parte considerativa de la presente resolución, reordenandose (sic) cronológicamente las anotaciones allí inscritas.

“ART. 2º—Reordenase (sic) como anotación 02 al folio de matrícula inmobiliaria 350.0121663, al (sic) acto de reserva contenido en la Escritura Pública 3730 del 10 de octubre de 1995, de la Notaría Primera de Ibagué, la cual fue ingresada para el correspondiente registro según turno de radicación No. 25169 del 19 de diciembre de 1995.

“ART. 3º—Trasladese (sic) como anotaciones 03 al folio de matrícula inmobiliaria 350.0121663, la orden de embargo hipotecario comunicada por Oficio 900 del 13 de mayo de 1998, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, la cual fue ingresada mediante Turno de Radicación 10528 del 19 de mayo de 1998, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 3530.0001181, como anotación 15.

“ART. 4º—Excluyase (sic) la anotación 04 del folio de matrícula inmobiliaria 350.0121663, acto de venta suscrita entre Laurencio Rodríguez Corrales A: Baltazar Gómez Gómez, tal como consta en la Escritura Pública 3333 del 2 de octubre de 1996, de la Notaría Segunda de Ibagué, la cual fue ingresada para el correspondiente registro según Turno de radiación 11872 del 4 de junio de 1998, de conformidad con los motivos expuestos en la presente resolución.

“ART. 5º—Excluyase (sic) la anotación 05 del folio de matrícula inmobiliaria 350.0121663, aclaración Escritura Pública 3333 del 2 de octubre de 1996, en cuanto (sic) citar (sic) matrícula inmobiliaria correcta de la parte reservada y en cuanto a la parte vendida es la totalidad de la reserva o sea la última parte de el porvenir, mediante Escritura Pública 1733 del 1 de Junio de 1998, de la Notaría Segunda de Ibagué, la cual fue ingresada para el correspondiente registro según Turno de radiación 11873 del 4 de Junio de 1998.

“ART. 6º—Excluyase (sic) la anotación 06 del folio de matrícula inmobiliaria 350.0121663, embargo con acción personal de Yezid Polanía Guevara contra Baltazar Gómez Gómez, comunicada mediante Oficio 0530 del 1º de julio de 1998, del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, ingresado para el correspondiente registro según turno de radicación 13816 del 6 de Julio de 1998.

“ART. 7º—Háganse las respectivas salvedades a los folios aquí comprometidos.

“ART. 8º—Comuníquese la presente decisión de conformidad con lo preceptuado por los artículos 44 y 45 del Decreto 1 de 1984, entregando copia de ella...”.

Con la expedición del acto administrativo el daño se hizo evidente. La anotación atinente a la compraventa del terreno de 26 hectáreas con 7.188 m², a través de la cual había adquirido el derecho de dominio el señor Baltazar Gómez Gómez fue excluida del folio de matrícula inmobiliaria 350-0121663, sencillamente porque se había enajenado un bien que se encontraba fuera del comercio, por virtud de la medida cautelar de embargo decretada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por el Banco Cafetero contra Laurencio Rodríguez Corrales, de manera que la tradición del bien, stricto sensu, no se cumplió.

Sin embargo, el daño alegado no tuvo origen en el acto administrativo; de hecho, la parte actora no cuestiona la legalidad de la actuación de la administración que culminó con la expedición del acto administrativo, sino las fallas en el servicio registral materializadas a través de acciones y omisiones que fueron, precisamente, detectadas y corregidas a través de la Resolución 429 del 24 de septiembre de 1999; por lo tanto, la Sala comparte los planteamientos expuestos por el a quo, en el sentido de que la acción de reparación directa es la procedente para analizar las pretensiones de la demanda.

Con todo, para que la obligación indemnizatoria en este tipo de eventos surja, no es suficiente acreditar las fallas en el servicio a cargo de la entidad demandada, sino que corresponde al demandante acreditar la diligencia, previsión y cuidado que ha debido observar con anterioridad a la celebración de los negocios jurídicos “mediante una prudente constatación del estado jurídico”(3) de los folios de matrícula inmobiliaria, de modo que exista certeza de que el daño surgió, precisamente, por la información errónea proporcionada al usuario a través de los certificados que sobre los bienes raíces expide la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En otros términos, “la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(4) y, “por tal motivo, el comportamiento omisivo o negligente del usuario del servicio público registral determinante del daño, aún en presencia de una falla del servicio, impide la declaratoria de responsabilidad de la administración”(5).

En este caso, las irregularidades en el registro y, a la postre, las fallas en la prestación del servicio registral estuvieron determinadas por la conducta de quienes intervinieron en las operaciones con relevancia jurídica que fueron inscritas en el registro de instrumentos públicos, y el daño alegado por la parte actora tuvo origen en la omisión, falta de previsión y diligencia del señor Baltazar Gómez Gómez al celebrar el negocio jurídico de compraventa del terreno de 26 hectáreas con 7.188 m².

En primer lugar, Laurencio Rodríguez Corrales trató de transferir al señor Baltazar Gómez Gómez el derecho de dominio de un lote de terreno de 30 hectáreas, que previamente había fraccionado; sin embargo, el señor Baltazar Gómez Gómez omitió el deber de consultar la verdadera situación jurídica del bien enajenado, porque, de haberlo hecho, se habría percatado de que el bien, cuyo derecho de dominio pretendía adquirir, había sido desmembrado en dos globos de terreno.

En segundo lugar, Baltazar Gómez Gómez tenía conocimiento del gravamen real de hipoteca que pesaba sobre el inmueble enajenado, al punto que en la misma escritura pública de compraventa se obligó a asumir el crédito hipotecario; empero, al inscribir en la oficina de registro de instrumentos públicos la escritura pública de aclaración, omitió advertir el hecho de que la garantía real de hipoteca no se hallaba inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 350-0121663, convencido de que la omisión en tal sentido implicaba que el derecho real accesorio había desaparecido o que, por lo menos, no afectaba al bien desmembrado.

Pero, olvida el demandante que, a términos de lo dispuesto por el artículo 2433 del Código Civil “la hipoteca es indivisible”, lo cual supone que el derecho real subsiste respecto de la totalidad del inmueble hipotecado y cada una de sus partes, mientras no se extinga la obligación totalmente o se levante la afectación en relación con alguna de sus partes, de manera que, cuando el inmueble gravado con la hipoteca se fracciona, cada una de ellas queda afectada al cumplimiento total de la obligación crediticia y el acreedor hipotecario está facultado para perseguir todas las partes del bien o algunas de ellas para obtener la satisfacción de su crédito. De esta manera se materializa el atributo de persecución respecto de la cosa, que caracteriza los derechos reales, como el de hipoteca.

Lo anterior significa que la parte o la fracción del bien hipotecado que fue identificada con el folio de matrícula inmobiliaria 350-0121663 permaneció afectada con el gravamen real y no podía argüir válidamente el señor Gómez Gómez que, al no figurar la hipoteca en el folio de matrícula inmobiliaria, obró con la convicción de que el gravamen había desaparecido, sencillamente porque la cancelación de la hipoteca por la extinción de la obligación crediticia debe constar en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria y lo cierto es que no constaba ninguna anotación al respecto. Además, el globo de terreno fue fraccionado antes del otorgamiento de la escritura pública 3333 del 2 de octubre de 1996 y no con posterioridad, como lo afirma el demandante para justificar que obró creyendo que la porción del terreno había sido enajenada por Laurencio Rodríguez Corrales para pagar el crédito hipotecario.

En las anteriores condiciones, resulta evidente que el señor Baltazar Gómez Gómez pretendió valerse de la omisión en el registro, para sacar provecho de la situación, alegando que, en su entender, la obligación hipotecaria se hallaba extinguida, a sabiendas de que se trataba de una omisión en el registro que, en cualquier momento, debía ser subsanada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué.

Por último, Baltazar Gómez Gómez debió prever que el incumplimiento de la obligación hipotecaria por parte de Laurencio Rodríguez Corrales podía generar el embargo del bien gravado con la garantía real; no obstante, obró convencido de que el incumplimiento no lo afectaba, porque la anotación de la hipoteca no constaba en el folio, desconociendo, una vez más, los efectos de la indivisibilidad de la hipoteca. Ese error generó que, al momento de corregir las anotaciones, el título adquisitivo del derecho del dominio del bien quedara excluido del respectivo folio de matrícula inmobiliaria, porque el inmueble se hallaba fuera del comercio, como consecuencia de la medida de embargo decretada dentro del proceso ejecutivo promovido por el acreedor hipotecario para obtener la satisfacción de su crédito.

En conclusión, la conducta de las partes intervinientes en el contrato de compraventa del bien inmueble fue la determinante en la causación del daño por cuya indemnización se reclama; en consecuencia, las pretensiones de la demanda están condenadas al fracaso.

IV. No se impondrá condena en costas, porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral 3, de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 20 de marzo de 2001.

2. CONFÍRMASE los numerales 1 y 2, de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 20 de marzo de 2001

3. Sin condena en costas.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(1) Pretensión consecuencial de condena por indemnización de perjuicios materiales que se divide entre la totalidad de los demandantes.

(2) Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de agosto de 2006, Exp. 15704.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de octubre 2 de 1997, Exp. 11720, de noviembre 30 de 2000, Exp. 11895, de abril 18 de 2002, Exp. 13932, de diciembre 7 de 2005, Exp. 14518 y de agosto 3 de 2006, Exp. 14435.

(5) Ibídem.