Sentencia 1999-20550 de julio 8 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 760012331000199920550 01

Consejera Ponente:

Dr. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades municipales

Actor: Guillermo Molinares Senior y María Lucía Navia de Molinares

Bogotá, D.C., julio ocho de dos mil diez.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, por la apoderada de la Sociedad Galicia S.A. y por el municipio de Cali contra el fallo de primera instancia proferido por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, sede Cali, mediante la cual declaró la nulidad de las licencias de construcción 0025259 de 19 de septiembre de 1991 y 0029359 de 28 de agosto de 1992, por medio de las cuales el departamento administrativo de control físico de Cali autorizó la construcción de un edificio y se aprobaron los planos de división para propiedad horizontal del mismo, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Entra la Sala al estudio de los argumentos planteados en el recurso de apelación. Corresponde, entonces, determinar si a la luz de lo dispuesto en la Ley 9ª de 1989 y en el Decreto 659 de 1986, las licencias de construcción 025259 de 19 de septiembre de 1991 y 29359 de 28 de agosto de 1992 (que hace parte de la primera) son nulas.

5.1. El primer cargo que debe evacuarse es el relativo a la omisión en la comunicación a los vecinos de las solicitudes de licencias de construcción y de notificación personal del acto administrativo a través del cual fue resuelta tal solicitud. El artículo 65 de la Ley 9ª de 1989, dispone lo siguiente:

“ART. 65.—Las solicitudes de licencias y de patentes serán comunicadas a los vecinos, a quienes se citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos, en los términos previstos por los artículos 14 y 35 del Decreto-Ley 1 de 1984 (CCA). Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las solicitudes de licencias y de patentes serán notificados personalmente a los vecinos en la forma prevista por los artículos 44 y 45 del Decreto-Ley 1 de 1984 (CCA). La parte resolutiva de dichos actos también será publicada en un periódico de amplia circulación en el municipio donde se encuentren ubicados los inmuebles, o en cualquier otro medio de comunicación social, hablado o escrito, por cuenta del interesado. El término de ejecutoria para el interesado y para los terceros empezará a correr al día siguiente al de la publicación, y en el caso de los vecinos, a partir de su notificación.

Contra los actos que otorguen una licencia o patente cabrán los recursos de la vía gubernativa que señala el Decreto-Ley 1 de 1984 (CCA). Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contado a partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa y quedará en firme el acto recurrido. Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso interpuesto e incurrirá en causal de mala conducta el funcionario moroso”(5).

En su oportunidad, las entidades demandadas argumentaron que aunque los demandantes no fueron citados al momento de presentarse la solicitud de licencia de construcción y tampoco fueron notificados personalmente de la misma, conocieron el contenido del acto administrativo desde el 22 de noviembre de 1993, pues ese día otorgaron poder a su abogado para que presentara los recursos de reposición y apelación contra la licencia de construcción 025259 de 1991, correspondiente al edificio “Entrelomas”, configurándose la notificación por conducta concluyente a la que hace referencia el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo.

Asimismo, advirtieron que la citación y notificación de los vecinos no se llevaba a cabo en la época en la que fueron concedidas las licencias, en tanto la expresión “vecinos” no había sido reglamentada, siendo imposible determinar qué personas tenían tal condición.

Al respecto, la Sala reitera lo dicho en sentencia de 13 de septiembre de 2007(6), por medio de la cual rectificó la postura según la cual la omisión en la citación de los vecinos para que se hicieran parte del trámite dado a la solicitud de licencia de construcción, podía subsanarse con la conducta del interesado que diera pie a entender que, pese a la irregularidad, conocía la existencia y el contenido del acto, lo cual no es suficiente.

En aquella ocasión dijo la Sala:

“(...) la Sala rectifica la tesis expuesta en la precitada sentencia, habida cuenta de que es evidente que si la ley ha previsto que desde un comienzo, tratándose de materia urbanística, los vecinos de la obra a construir están enterados de la misma, es porque el legislador ha sido consciente de que la garantía de su derecho de defensa tiene como punto de partida el momento procesal de la comunicación de la solicitud de licencia de construcción, a fin de que los mismos preparen sus argumentos en torno de la viabilidad o inviabilidad de la obra a construir.

Considerar que con la posibilidad de interponer los recursos se sanea la irregularidad de la falta de comunicación de la solicitud, es cercenar el derecho de defensa, pues el término para ejercitar los medios de impugnación es muy limitado (5 días), en tanto que el legislador previó en estos casos uno mucho más amplio desde la comunicación de la solicitud hasta la notificación del acto administrativo de otorgamiento.

De tal manera que los actos acusados, en virtud de su expedición irregular que afecta el debido proceso, deben ser declarados nulos”(7).

En ese entendido, es evidente que en el asunto de la referencia los actos acusados deben declararse nulos, pues la irregularidad relativa a la falta de citación y notificación de los vecinos en la forma prevista en la ley, trajo como consecuencia la afectación de su derecho al debido proceso.

Ahora bien, la Sala no acoge el argumento relativo a que la falta de reglamentación de la expresión “vecino” contenida en el artículo 65 de la Ley 9ª de 1989 hacía imposible citar y notificar a los vecinos del proyecto de construcción para el cual se solicita licencia, pues la citada ley entró a regir el 11 de enero de 1989,(8) de donde se sigue que la administración no podía negarse a darle cumplimiento, máxime cuando de conformidad con el artículo 28 del Código Civil las palabras de la ley deben entenderse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

Así las cosas, se tiene que en realidad el Decreto 958 de 1992 no reglamentó la expresión “vecinos” contenida en el artículo 65 de la Ley 9ª de 1989, en tanto se limitó a precisar que la misma tendría la connotación obvia que dentro del contexto urbanístico y de construcción tiene esa palabra, esto es, los propietarios, poseedores y tenedores de los inmuebles colindantes a aquel que va a edificarse o remodelarse.

Por consiguiente, la entidad demandada no podía excusarse en que la ley no había definido explícitamente qué se entendía por “vecinos”, pues esta no es una palabra técnica que requiera definición especial, sino que se trata de una expresión de uso común. De esta forma, aunque en gracia de discusión se admitiera que la palabra “vecino” tiene más de una acepción en el diccionario de la Real Academia Española,(9) lo cierto es que correspondía al municipio aplicar aquella que tuviese más sentido dentro del contexto, es decir, la de proximidad o cercanía, ya que tratándose de la construcción de un inmueble son los vecinos colindantes los directamente interesados (beneficiados o perjudicados).

5.2. Ahora bien, en su escrito de apelación los demandantes solicitan a esta corporación que se pronuncie no solo sobre la nulidad derivada de los vicios en la expedición de los actos acusados, sino sobre el desconocimiento por parte del municipio de Cali de las normas sustantivas urbanísticas que regulan la materia. Con miras a emitir una decisión al respecto, a continuación se citan las normas del Decreto Extraordinario 659 de 1986 (Código Urbano del municipio de Cali), relacionadas con el asunto objeto de debate:

“ART. 160 —Determínense como zona de control paisajístico y ambiental las áreas residenciales localizadas en el piedemonte, que por la topografía del terreno y por su valor urbanístico a nivel de la ciudad, ameritan un tratamiento con características volumétricas especiales que mantengan sus calidades ambientales y paisajísticas y protejan visualmente los cerros bajos de la ciudad.

ART. 163 —Modificado por el Acuerdo 80 de 1986, artículo 17. Las alturas máximas permitidas en esta zona o en cualquier otra área de actividad para todos los predios ubicados en el piedemonte, serán de cuatro (4) pisos más altillo o piso retrocedido, tomados a partir de la cota más alta del lote y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Cuando el acceso a un predio se presente por la cota más alta, en terrenos con el 15% ó 20% ó 25% de pendiente, se permitirán 4 pisos (12.00 metros) más altillo, tomados a partir de dicha cota.

b) Cuando el acceso a un predio se presente por la parte más baja de la cota del lote en pendiente del 15% o menores, se permitirán 6 pisos máximos (18.00 metros), siempre que en la parte posterior (cota máxima) la altura no exceda de 4 pisos más altillo.

c) Cuando el acceso al predio se presente por la parte más baja de la cota del mismo en terrenos con pendientes entre el 20% y 25%, se permitirán 7 pisos máximo (21.00 metros), siempre que en la parte posterior la altura no exceda los 4 pisos más altillo sobre la cota más alta del mismo.

d) Cuando el acceso al predio se presente por la parte más baja de la cota del mismo en terrenos con pendientes entre el 25% y el 40% se permitirán 8 pisos máximo (24.00 metros), siempre que en la parte posterior la altura no exceda los 4 pisos más altillo sobre la cota más alta del mismo.

e) Los proyectos a desarrollar en terrenos pendientes que no se ajusten a los casos mencionados en los literales anteriores serán materia de concertación con el departamento administrativo de planeación municipal, siguiente (sic) los criterios contenidos en el presente artículo.

ART. 164.—Toda nueva edificación, reforma mayor, adición o subdivisión de construcciones existentes deberá plantear un aislamiento posterior mínimo de 3.00 mts. Cuando la altura de la construcción sea de 2 a 4 pisos. Si la altura posterior oscila entre 5 y 6 pisos el asilamiento será de 4.5 mts. Para alturas posteriores entre 7 y 10 pisos el aislamiento será de 6.00 mts.

ART. 400.—Defínase como concertación el régimen, que se aplica a aquellas áreas de la ciudad donde la administración municipal permite la participación de entidades gubernamentales o privadas para definir su desarrollo.

ART. 402.—Los casos destinados a concertación en las áreas de actividad residencial R-1, mixta M1, mixta M2 y en los ejes principales, secundarios y colectores se acogerán a las siguientes compensaciones:

(…).

b) Las edificaciones con un frente mayor a un tercio (1/3) de la cuadra, que conformen plazoletas internas con accesos directos desde la vía pública, podrán superar en dos pisos la altura máxima permitida en la zona por cada 50 metros cuadrados de plazoleta.

(...).

Asimismo, dentro del expediente obra dictamen pericial,(10) adición y complementación de dicho dictamen(11) y, por último, ampliación del mismo(12). En tales documentos se concluye lo siguiente acerca del aislamiento posterior:

“Pregunta 11: Indiquen los peritos cuál es el objetivo que tienen los aislamientos posteriores que ordenaba el Código Urbano, desde el punto de vista arquitectónico.

Respuesta: El artículo 7º del Código Urbano de 1986 define: “Aislamiento posterior: es la distancia horizontal comprendida entre el paramento posterior de la construcción y el lindero posterior del predio”. Desde el punto de vista arquitectónico los aislamientos posteriores tienen como objetivo evitar las servidumbres y permitir unas buenas condiciones climáticas y de iluminación.

Pregunta 12: Señalen si parte del predio de Molinares, hace parte del lindero posterior del edificio. En caso afirmativo qué porcentaje y si sobre ese porcentaje se guardó el aislamiento posterior:

Respuesta: El predio de Guillermo Molinares hace parte del lindero posterior del edificio Entrelomas ya que colinda en 10 metros lineales, es decir en un 44.44% de longitud de su paramento que es de 22.50 mts. Sobre este porcentaje no se guardó el aislamiento posterior”.

Sobre las edificaciones construidas en zona de control paisajístico y ambiental y el régimen de concertación referido en los artículos 400 y 402, literal b) del Decreto 659 de 1986, los peritos señalaron lo siguiente:

“El artículo 163 del Código Urbano de 1986 expresa que la altura máxima permitida en esta zona o en cualquier otra área de actividad para todos los predios ubicados en el piedemonte, será de cuatro (4) pisos más altillo o piso retrocedido, tomados a partir de la cota más alta del lote y teniendo en cuenta las consideraciones que aparecen en los literales a, b, c y d de este artículo.

Los literales a, b, c y d del artículo 163 no caben en la situación específica del edificio Entrelomas por lo que hay que entrar a considerar el literal e) del mismo artículo que a la letra reza (...).

Los peritos por lo que pudimos observar in situ consideramos que el frente principal del edificio Entrelomas no es mayor a un tercio (1/3) de la cuadra donde está construido.

(...).

En vista de que el edificio Entrelomas no cumplió con la norma necesaria para acogerse al régimen de concertación ya que su frente principal o de acceso no era mayor a la tercera (1/3) parte de la longitud de la cuadra donde está construido, deseábamos los peritos que con nuestra solicitud, la secretaría de ordenamiento urbanístico, a través de planeación municipal o el otrora departamento administrativo de control físico municipal, nos hiciera conocer los conceptos técnicos inscritos en el Código Urbano de 1986 o en la Ley de Reforma Urbana que se consideraron al interior de la junta de planeación municipal para que el proyecto edificio Entrelomas pudiera en definitiva, acogerse al régimen de concertación, decisión que quedó consignada en la sesión Nº 644 de septiembre 20 de 1988, plasmada en el Oficio 12.627 de 14 de octubre de 1988.

(...) los peritos expresamos que en efecto, la construcción del edificio Entrelomas se llevó a cabo sin el cumplimiento de algunas normas porque (...) se aceptó que el proyecto edificio Entrelomas se acogiera al régimen de concertación sin que dicho edificio cumpliera el requisito de que su frente principal fuera mayor a 1/3 de la cuadra donde está construido”.

Así pues, a partir del dictamen pericial citado y de su respectiva aclaración y complementación, la Sala concluye que efectivamente el edificio “Entrelomas” desconoció lo dispuesto en el artículo 164 del Decreto 659 de 1986,(13) habida cuenta de que el muro posterior del edificio fue adosado a la pared posterior del inmueble propiedad de los demandantes sin plantear el aislamiento posterior al que se refiere la norma.

Adicionalmente, la altura máxima para edificaciones permitida en la zona fue excedida, pues si bien en ese tipo de zonas es posible sobrepasar la altura mínima de 4 pisos ello sólo puede ocurrir cuando se cumple el supuesto referido en el artículo 402 del Decreto 659 de 1986 (Código Urbano del municipio de Cali(14)), lo que no sucedió en el asunto objeto de estudio, en tanto el frente del edificio no corresponde a un tercio de la cuadra en la que está ubicado.

5.3. Dicho lo anterior, entra la Sala a estudiar lo concerniente a la condena y liquidación de perjuicios, dado que las partes se mostraron inconformes con lo decidido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En efecto, los demandantes alegan que al momento de liquidar los perjuicios no se tuvo en cuenta el lucro cesante derivado del menor valor futuro del inmueble, mientras que el municipio de Cali y la Sociedad Galicia S.A. sostienen que el a quo no resolvió la objeción por error grave presentada por el municipio y que, en cualquier caso los perjuicios se derivaron de la falta de iluminación y ventilación del inmueble de los demandantes, mientras que la liquidación se realizó con base en pérdida de valor del inmueble en razón de la construcción del edificio.

Por su parte, Galicia S.A. argumenta que no existe razón jurídica válida para condenarla solidariamente al pago de la perjuicios ocasionados con la construcción del edificio, en tanto se limitó a tramitar la expedición de la licencia de construcción, mas no fue la directa beneficiada con la misma ni participó en la construcción del edificio.

La Sala no accederá al aumento de los perjuicios en razón del lucro cesante derivado del menor valor futuro del inmueble, comoquiera que para acceder a dicha pretensión tendría que determinarse la fecha cierta o probable en la cual los demandantes pondrán en venta el inmueble, hecho que no se conoce, de modo que no es posible establecer en qué momento cesarán para los demandantes las pérdidas por la construcción del edificio “Entrelomas”.

Acerca de la objeción por error grave realizada por el municipio de Cali a la ampliación del dictamen pericial (junto con su aclaración y complementación), se encuentra que mediante auto de 10 de julio de 1998 y estando el proceso para fallo, el tribunal consideró necesario ampliar el dictamen en lo concerniente a los perjuicios ocasionados con la construcción del edificio y a la devaluación económica verificada por el inmueble desde que se construyó el edificio “Entrelomas” hasta la fecha del experticio.

Al dar respuesta a la solicitud del tribunal, los peritos informaron que los perjuicios cualitativos ocasionados a la casa (disminución de la ventilación, pérdida de luminosidad natural, aumento de la temperatura ambiente al interior de la casa y deterioro ambiental por menoscabo visual) ocasionaron una devaluación económica del inmueble, cuyo valor comercial en junio de 1993 ascendía a $ 307.845.040.

Asimismo y para determinar la devaluación económica sufrida por el inmueble, los peritos tuvieron en cuenta que un gran número de casas circunvecinas a la vivienda de los demandantes habían sido vendidas a particulares para desarrollar proyectos de construcción de vivienda estrato 6 a través del sistema de propiedad horizontal, situación que conllevó la valorización de la tierra en dicho sector.

Dado que el edificio “Entrelomas” fue construido sin aislamiento posterior, los peritos consideraron que al momento de vender la propiedad de los demandantes se perdería un 44% del área neta del lote disponible y, en cuanto a la devaluación del precio del inmueble, un 25% del valor neto de la construcción y un 25% del factor de comercialización ocasionándose un perjuicio que a junio de 1993 equivalía a la suma de $ 90.364.121.

A juicio del municipio de Cali, existe error grave en dicho dictamen, habida cuenta de que la tasación de perjuicios no se fundó en las situaciones que se habían detectado inicialmente, sino en hechos futuros e inciertos (la posibilidad de construir un proyecto de propiedad horizontal en ese predio).

La Sala no comparte tal argumento, pues si bien no se conoce con certeza si los demandantes van a vender su inmueble, es innegable que la forma en la cual fue construido el edificio “Entrelomas” ocasionó la pérdida de valor comercial de su inmueble, tanto por los daños estéticos y ambientales, como por la pérdida de atractivo para posibles compradores.

Así las cosas, la Sala acoge la evaluación de perjuicios llevada a cabo por los peritos, suma que actualizada en función del IPC a la fecha en que se profiere esta sentencia asciende a:

Valor a junio de 1993:             $ 90.364.121 x I1 / l2 = $ 474'286.571,7

Donde I1 es el IPC actual, e l2 del 31 de junio de 1993.

5.4. Ahora bien, asiste razón a la Sociedad Galicia S.A. cuando alega que no es cierto que hubiese constituido fianza para garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes para esa fecha.

En efecto, al observar el material probatorio obrante en el expediente aparece que mediante Resolución OF-378 de 1991 (4 de junio), el contralor de Cali exigió a la Sociedad Inversiones Holguín Ramos & Cía. Ltda. constituir fianza para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Decreto Extraordinario 659 de 1986 y en las demás normas concordantes relativas a la construcción, correcta ejecución y entrega de las obras urbanísticas correspondientes al edificio “Entrelomas”.

La fianza fue expedida por la compañía de seguros Alfa S.A. y a través de ella la sociedad Edificio Entrelomas Ltda. (a quien la sociedad Inversiones Holguín Ramos & Cía. Ltda. transfirió el derecho dominio(15)), garantizó la construcción, correcta ejecución y entrega de las obras urbanísticas correspondientes a la adecuación de zona verde y/o arborización perimetral de la zona verde pública en su parte baja hasta la carrera 2ª oeste, fianza que fue aceptada en esos términos por el departamento administrativo de control físico municipal de Cali.

Así pues, la garantía que sirvió de fundamento al a quo para condenar a Galicia S.A. al pago solidario de los perjuicios generados a los demandantes, no fue tomada por dicha sociedad sino por el edificio “Entrelomas” Ltda., y no lo fue para garantizar el cumplimiento de la construcción de dicho edificio con sujeción a las normas urbanísticas, sino para garantizar aquellas obras relacionadas con la arborización perimetral de la zona verde del edificio.

No obstante, está igualmente probado dentro del expediente que para la fecha en que ocurrieron los hechos el señor Julián Vicente Holguín, actuando como gestor de Inversiones Holguín Ramos & Cía. Ltda. (hoy Galicia S.A.), fue el encargado de tramitar la solicitud de licencia de construcción del edificio “Entrelomas” conforme con las líneas de demarcación y los planos que infringían normas urbanísticas, de donde surge de manifiesto que fue la responsable de tramitar la licencia con base en documentos y diseños que no estaban ajustados a la ley vigente.

Así se desprende de la solicitud de licencia de construcción que obra a folio 105 (cdno. 4), a la cual se adjuntó copia heliográfica de los planos arquitectónicos que incluían la localización de la construcción y sus respectivos aislamientos, los cuales, como se sabe, no incluyeron aislamiento respecto de la vivienda de los demandantes y en la que consta que desde el momento de la solicitud, la altura planeada del edificio era de 10 pisos y 2 sótanos.

En tal sentido, Galicia S.A. sí es responsable de la violación de las normas urbanísticas, pues solicitó al municipio de Cali el otorgamiento de licencia para la construcción de un inmueble que excedía la altura mínima permitida en el sector y no contaba con aislamiento posterior.

Observa la Sala que igual responsabilidad cabe a la constructora encargada de llevar a buen término la edificación. Sobre este asunto, en el expediente obran memoriales suscritos por los gerentes de Roberto Caicedo & Asociados Ltda. Ingenieros Civiles, Saa & Angulo Ingenieros Constructores Ltda., y Raúl H. Ortiz y Cía. Arquitectos, sociedades que si bien no fueron vinculadas al proceso fueron oficiadas por el tribunal administrativo del Valle del Cauca,(16) con miras a que certificaran la fecha de inicio y terminación de la construcción del edificio “Entrelomas”.

En respuesta a tales oficios, las citadas sociedades manifestaron lo siguiente:

— Roberto Caicedo & Asociados Ltda. Ingenieros Civiles, mediante memorial de 24 de julio de 1995 y en respuesta al oficio de 11 de julio de ese año, certificó que su intervención en el edificio “Entrelomas” se circunscribió a los cálculos y diseños de su estructura de concreto, trabajo que desarrolló entre octubre de 1990 y mayo de 1991.

— Saa & Angulo Ingenieros Constructores Ltda., mediante memorial de 27 de julio de 1995 y en respuesta al oficio de 11 de julio de ese año remitido por el tribunal administrativo del Valle, certificó que en el periodo comprendido entre septiembre de 1990 y junio de 1991, realizó parcialmente la construcción del edificio “Entrelomas” llevando a cabo excavaciones y rellenos, cimentación, estructura, acero de refuerzo y mampostería.

— Raúl H. Ortiz. y Cía. Arquitectos, mediante memorial de 30 de agosto de 1995 y en respuesta al oficio remitido el 11 de julio de ese año por el Tribunal Administrativo del Valle, certificó que dicha firma sólo realizó el diseño arquitectónico de la obra, mas no participó en su construcción.

De lo anterior se concluye que la sociedad encargada de llevar a cabo la construcción, como tal, del edificio “Entrelomas” fue Saa & Angulo Ingenieros Constructores Ltda., lo que aunado a la comunicación que esta dirigió a la oficina de control físico del municipio de Cali el 21 de diciembre de 1992, en la que afirma que es la constructora de la obra edificio Entrelomas Ltda. y se hace responsable de su construcción en la estructura y mampostería,(17) constituye evidencia inequívoca de que fue responsable de adelantar la obra.

Ahora bien, Saa & Angulo Ingenieros Constructores Ltda. tuvo conocimiento del proceso por vía del oficio remitido por el tribunal administrativo del Valle del Cauca en el que solicitó certificación relacionada con el edificio “Entrelomas” indicándole el número del proceso y el nombre de los demandantes. Así pues, a juicio de la Sala, la firma constructora tuvo la oportunidad de hacerse parte del proceso, no obstante lo cual guardó silencio y mantuvo una postura indiferente frente al mismo.

Así las cosas, dado que Saa & Angulo expresamente se hizo responsable de la construcción de la estructura y mampostería del edificio “Entrelomas”, está llamada a atender solidariamente junto con Galicia S.A. y el municipio de Cali, los perjuicios causados a los señores Guillermo Molinares Senior y María Navia de Molinares, con la edificación de dicho inmueble.

En tal sentido, la Sala modificará el numeral cuarto de la providencia apelada para ordenar que el pago de los perjuicios ocasionados con la construcción del edificio “Entrelomas” a los demandantes se realice en forma solidaria y por partes iguales por Galicia S.A., el municipio de Cali y Saa & Angulo Ingenieros Constructores Ltda., en la medida que fueron responsables de la proposición, aprobación y ejecución del proyecto, respectivamente.

5.5. Por último, la Sala no accederá a la solicitud de demolición del edificio, habida cuenta de que a la luz del artículo 66 literal c) de la Ley 9ª de 1989,(18) ese tipo de sanción solo procede cuando se trata de inmuebles construidos que no cuentan con licencia de construcción, supuesto que no es el que se presenta en el asunto objeto de estudio, pues el edificio “Entrelomas” cuenta con las respectivas licencias, cuya nulidad es precisamente lo que pretenden demandantes.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en lo concerniente a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados.

MODIFÍCASE el numeral cuarto de la providencia de 15 de diciembre de 2004, en el sentido de condenar al municipio de Cali, Galicia S.A. y Saa & Angulo Ingenieros Consultores Ltda., al pago solidario de cuatrocientos setenta y cuatro millones doscientos ochenta y seis mil quinientos setenta y un pesos ($ 474.286.571,7) a favor de los señores Guillermo Molinares Senior y María Lucía Navia de Molinares, por concepto de daño emergente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del ocho (08) de julio de dos mil diez (2010)».

(5) Ley 9ª de 1989, “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

(6) Sección Primera, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente 1995-01415.

(7) Ídem.

(8) Diario Oficial Nº 38.650 de 11 de enero de 1989.

(9) Vecino, na. 1. adj. Que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en habitación independiente. U. t. c. s. 2. adj. Que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye a las cargas o repartimientos, aunque actualmente no viva en él. U. t. c. s. 3. adj. Que ha ganado los derechos propios de la vecindad en un pueblo por haber habitado en él durante el tiempo determinado por la ley. U. t. c. s. 4. adj. Cercano, próximo o inmediato en cualquier línea. 5. adj. Semejante, parecido o coincidente.

(10) Cuaderno 3, folios 12 a 25.

(11) Ibídem, folios 37 a 42.

(12) Folios 53 a 68.

(13) ART. 164.—Toda nueva edificación, reforma mayor, adición o subdivisión de construcciones existentes deberá plantear un aislamiento posterior mínimo de 3.00 mts. Cuando la altura de la construcción sea de 2 a 4 pisos. Si la altura posterior oscila entre 5 y 6 pisos el asilamiento será de 4.5 mts. Para alturas posteriores entre 7 y 10 pisos el aislamiento será de 6.00 mts.

(14) ART. 402.—Los casos destinados a concertación en las áreas de actividad residencial R-1, mixta M1, mixta M2 y en los ejes principales, secundarios y colectores se acogerán a las siguientes compensaciones:

(…).

b) Las edificaciones con un frente mayor a un tercio (1/3) de la cuadra, que conformen plazoletas internas con accesos directos desde la vía pública, podrán superar en dos pisos la altura máxima permitida en la zona por cada 50 metros cuadrados de plazoleta.

(15) Escritura pública Nº 11.230 de 19 de diciembre de 1989 registrada el 14 de febrero de 1990. Cuaderno 6, folio 150.

(16) A folios 218, 219 y 220 del cuaderno 1, obran los oficios SS-1630, SS-1631 y SS-1632 de 11 de julio de 1995, a través de los cuales el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó a Raúl H. Ortiz y Cía. Arquitectos, Roberto Caicedo & Asociados Ltda., y Saa & Angulo Ingenieros Constructores Ltda., certificar la fecha de inicio y terminación de construcción del edificio “Entrelomas”.

(17) Cuaderno 1, folio 109.

(18) “ART. 66.—Los alcaldes y el intendente de San Andrés y Providencia podrán imponer las siguientes sanciones urbanísticas, graduándolas según la gravedad de la infracción:

a) Multas sucesivas que oscilarán entre medio salario mínimo legal mensual y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales cada una, para quienes parcelen, urbanicen o construyan sin licencia requiriéndola, o cuando esta haya caducado, o en contravención a lo preceptuado en ella, además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra, y la suspensión de servicios públicos excepto cuando exista prueba de la habitación permanente de personas en el predio;

b) Multas sucesivas que oscilarán entre medio salario mínimo legal mensual y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales cada una, para quienes usen o destinen un inmueble a un fin distinto al previsto en la respectiva licencia o patente de funcionamiento, o para quienes usen un inmueble careciendo de esta, estando obligados a obtenerla, además de la orden policiva de sellamiento del inmueble, y la suspensión de servicios públicos excepto cuando exista prueba de la habitación permanente de personas en el predio;

c) La demolición total o parcial del inmueble construido sin licencia y en contravención a las normas urbanísticas, y la demolición de la parte del inmueble no autorizada o construida en contravención a lo previsto en la licencia;

(…).