Sentencia 1999-40091 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 500012331000199940091 01 (33.550)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Fredy Cortés y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia.

Bogotá, D.C., febrero doce de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del magistrado conductor correspondiente.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16,(1) permite decidir de manera anticipada, esto es sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Fredy Cortés, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(2).

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la Subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada(3) con el fin de reiterar su jurisprudencia.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Teniendo en cuenta que en el expediente no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada la providencia por medio de la cual se confirmó la preclusión de la investigación penal a favor del ahora demandante, se tendrá en cuenta la fecha en la cual se dictó tal providencia, con el fin de contabilizar el término de caducidad.

En ese sentido, la Sala encuentra pertinente precisar que si bien es cierto que dentro del asunto de la referencia la demanda se interpuso en tiempo, teniendo en cuenta que se tomó como término para contabilizar tal plazo la fecha en la cual se profirió la providencia por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en cuya virtud se confirmó la preclusión de la investigación penal a favor del ahora demandante, no lo es menos que si se contara con la fecha de ejecutoria de tal decisión, con mayor razón habría lugar a sostener que la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal para ello, puesto que resulta apenas obvio que la ejecutoria de una providencia y, por ende, la fecha en que ello ocurre siempre será posterior a la fecha de su expedición.

Ahora bien, el hecho de que se proceda de esta manera dentro del asunto de la referencia, evidentemente con el propósito de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, no significa de manera alguna un cambio jurisprudencial en la línea que ha sostenido la corporación para efectos de señalar que en los casos de privación injusta de la libertad, la caducidad se cuenta y se debe contabilizar a partir de la fecha de ejecutoria del fallo absolutorio o su equivalente, solo que, se reitera, ante la falta de información sobre la firmeza de la decisión de segunda instancia a través de la cual se confirmó la preclusión de la investigación en contra del aquí demandante, se impone acoger entonces como punto de partida del término de caducidad de la acción, la fecha en la cual se dictó dicha decisión de segunda instancia.

Así pues, se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional mediante la cual se confirmó la preclusión de la investigación penal a favor del señor Fredy Cortés se dictó el día 26 de febrero de 1998 (fls. 71 a 106, cdno. 1), en tanto que la demanda se presentó el día 7 de abril de 1999 (fls. 3 a 14, cdno. 1).

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —CPP— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva—(4).

Todo lo anterior adicionalmente se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así: en primer lugar en abril 6 de 2011, Expediente 21.653, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelto en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y en la Ley 270 de 1996. En segundo lugar mediante la sentencia del 17 de octubre de 2013; Expediente 23.354, se precisó que además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de una persona cuando es absuelta por la aplicación del principio del in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4. El material probatorio que obra en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de la providencia proferida el día 10 de mayo de 1996 por la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente, por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del señor Fredy Cortés y se dictó medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva, decisión que encontró fundamento en lo siguiente (fls. 203 a 206, cdno. 1):

“...Fueron oídos en injurada, con todas las formalidades que la Ley exige. Capturados el 30 de abril del presente año en la ciudad de Cali - Valle por miembros del CTI, regional oriente, puestos a disposición de esta fiscalía el 30 de abril de 1996 el señor Fredy Cortés, Orlando Sánchez Cortés el 2 del presente mes y año; rindieron indagatoria el 3 y 4 de los corrientes, respectivamente, por cuanto este despacho dictó orden de captura contra los antes mencionados, por existir serios indicios de responsabilidad penal dentro de este proceso.

“(...)

Practicadas las pruebas ordenadas, se logra ubicar la residencia donde tuvieron retenido por varios días a Salvador Mayorga en la ciudad de Cali, hallando al señor Fredy Cortés persona que custodiaba a Mayorga. Según Fredy Cortés en su injurada este recogió a su primo Orlando Sánchez y a Salvador Mayorga entre el 27 y 28 de agosto de 1995, duró aproximadamente unos 20 días, manifiesta que no sabe el nombre del sujeto que recogió con su primo, que siempre lo llamó mi estimado, que no recuerda fechas exactas, que hablaban mucho. Como podemos ver es ilógico que una persona a la cual se le hospeda en la casa por 20 días y con la cual se dialoga a diario, no se le conozca el nombre verdadero, ni en que vuelo llegaron, ni cuándo llegaron a Colombia; todo esto tiene como objetivo favorecer a su amigo estimado y en últimas a la organización criminal de la cual hace parte.

“(...)

Todo lo anterior señala sin equivocaciones que Fredy Cortés y Orlando Sánchez Cortés son responsables de los ilícitos que iniciaron en el extranjero y culminaron en Colombia, participaron en ellos por ser parte de la organización criminal a nivel internacional.

Se reúnen a cabalidad los requisitos establecidos en los artículos 388 y 397 del Código de Procedimiento Penal para decretar la detención preventiva sin derecho de excarcelación, como autores de los hechos investigados por los delitos de secuestro de aeronave, secuestro de personas, homicidio, falsedad en documentos públicos y privados uso de los mismos e infracción a la Ley 30 de 1986, porque si es verdad que todos estos delitos fueron cometidos por una organización criminal, también es cierto que es autor quien participa en el delito porque está de acuerdo y unido al objetivo criminal y como es lógico, conoce y acepta los resultados por ellos buscado...” (se destaca).

— Copia auténtica de la providencia calendada el 7 de abril de 1997, a través de la cual la Dirección Regional de Fiscalías, Unidad de Secuestro y Extorsión precluyó la investigación penal a favor del señor Fredy Cortés, revocó la medida de aseguramiento que pesaba sobre él, ordenó su libertad inmediata y libró la respectiva boleta de libertad; en tal decisión se consignó lo siguiente (fls. 50 a 69, cdno. 1):

“...Acerca de Fredy Cortés, esta delegada se identifica con las sesudas disquisiciones del señor agente del Ministerio Público quien como se sabe solicita la preclusión de la investigación bajo la hipótesis de que no cometió el hecho punible, porque la única referencia conocida y concreta que se sabe sobre su accionar es que alojó en su residencia de Cali durante algún tiempo a Roberto Salvador Mayorga, aunque no hay elemento de juicio para predicar que realmente conociera a este individuo ni el motivo de su permanencia en dicha ciudad, actuando solo en acatamiento a la solicitud de su primo Orlando Sánchez Cortés quien le había pedido darle posada por ser conocido suyo de Nicaragua.

La actuación no recogió ningún medio probatorio que confrontara la presunción de inocencia de Fredy Cortés menos que la desvirtuara, y fue así como el consenso que se decanta es que efectivamente se limitó a hospedar en su casa a un señor que iba a Cali supuestamente a conseguir trabajo, tal como se lo dijo su primo Orlando Sánchez Cortés quien así se lo solicitó.

No hay evidencia que Roberto Mayorga hubiera estado privado ilícitamente de su libertad en la residencia de Fredy Cortés, porque los testimonios de quienes compartieron temporalmente con él este habitáculo indican que moró normalmente con pleno ejercicio de su libertad de locomoción pudiendo salir a la calle cuantas veces quiso, unas veces con Fredy en el carro y otras con el propio Sánchez Cortés, desplegando actos con toda espontaneidad sin que nada ni nadie se lo impidieran tal como lo ratifican los señores Julio Euliser Parra Gómez y Nelly Méndez Gómez.

Por su parte el sacerdote Julio César López Martínez señala categóricamente que aquel individuo acudió a su oficina pastoral completamente solo relatándole seguidamente su historia, deduciéndose entonces que no estaba sometido a ninguna restricción de su libertad individual y de locomoción como lo dijo en su injurada porque pudo acudir a esa iglesia libremente pudiendo haber dirigido sus pasos a la autoridad más cercana a denunciar el hecho.

Si en verdad Fredy Cortés hubiera participado del designio criminal que trajo a Roberto Mayorga a Colombia, obviamente no habría permitido que se moviera con plena autonomía en su residencia ni en sus alrededores, ni que hubiera entablado conversación con los demás inquilinos y vecinos, habiendo tomado las medidas pertinentes para mantenerlo incomunicado, pero vemos que nada de esto ocurrió.

Los deponentes indican que Mayorga compartía su habitación con otro inquilino y sin embargo no hay constancia de que le hubiera informado sobre el calamitoso estado.

Además el inmueble no presenta ningún aditamento como para mantener a alguien privado arbitrariamente de su libertad y en cambio es evidente que se trata de una residencia ubicada en sector popular de Cali con todas las facilidades para haber escapado si eventualmente esa hubiera sido la intención del presunto retenido.

Los cargos que el otrora instructor formula a Fredy Cortés tienen que ver con su presunto maridaje con los demás autores de los hechos investigados, habiéndole correspondido dentro de la división de tareas antijurídicas mantener en su residencia al presunto secuestrado Roberto Salvador Mayorga. Sin embargo, si se reparan atentamente todos los cuestionamientos hechos en el acápite anterior sobre la permanencia de Mayorga en casa de Cortés, vemos que jurídicamente resulta insostenible seguir achacándole responsabilidad porque la evidencia indica que en ningún momento hubo secuestro de dicha persona sino que permaneció hospedada libremente por razones que siguen en el misterio. En definitiva no hay mérito probatorio para seguir infiriendo que la participación de Fredy Cortés dentro de la empresa criminal se tradujo en el aporte de su casa como cautiverio de Roberto Salvador Mayorga, situación que conduce inexorablemente a revocarle la medida de aseguramiento. Como tampoco se ausculta ningún otro comportamiento suyo matriculado dentro del propósito antijurídico trazado por los autores de los hechos forzosamente deberá precluírsele la investigación bajo la hipótesis íncita en el artículo 36 adjetivo de que no cometió el hecho. Consecuencialmente se le devolverá el vehículo automotor que le fuera incautado”.

“(...)

Como consecuencia de la preclusión que se anuncia a favor de Fredy Cortés, se ordena la devolución del vehículo Daewoo, placas VBL 799, taxi afiliado a la empresa Coopsindiunión, infórmese esta decisión a la dependencia que lo tiene en custodia. La entrega material del vehículo procederá solo evacuando el grado jurisdiccional de consulta sobre la preclusión con que es favorecido el señor Cortés” (negrillas y subrayas de la Sala).

— Copia auténtica de la providencia proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, de fecha febrero 26 de 1998, mediante la cual se confirmó la decisión proferida por la Dirección Regional de Fiscalías, Unidad de Secuestro y Extorsión, a través de la cual precluyó la investigación penal a favor del señor Fredy Cortés, con base en lo siguiente (fls. 71 a 106, cdno. 1):

“...En cuanto a la presunta responsabilidad de los señores Fredy Cortés y Gabriel Jaime Vélez Navarro, respecto de la cual nuestro homólogo consignó en su proveído del 7 de abril del año inmediatamente anterior, que eran merecedores de la preclusión de la instrucción al establecerse que los motivos que se tuvieron en cuenta para su vinculación habían desaparecido al desarrollarse completamente la instructiva decisión con la cual el señor agente ministerial se encuentra en completo acuerdo, pues en su sentir se probó que nunca hubo tal secuestro del súbdito nicaragüense, de manera que el primero no podía haber participado en él, sino que contrariamente todo indica que Mayorga estuvo allí por su propia voluntad por sugerencia de Orlando Sánchez Cortés.

“(...)

Considera esta unidad de fiscalía de segunda instancia, que las decisiones preclusivas se deben confirmar, por cuanto en relación con el primero hemos insistido que los testimonios de los vecinos del barrio donde vive el sindicado, pues incluso existe el del propio párroco de allí y las contradicciones en que cayó Salvador Mayorga fueron suficientes para establecer la coartada que pretendió tenderle a la administración de justicia, y por ende, en aplicación de racionalidad y lógica jurídica, se entiende que tal secuestro nunca se efectuó, y como consecuencia de este resultado, que en manera alguna se pueda someter aún más a juicio de reproche la conducta del procesado Fredy Cortés, quien solo acogió en su domicilio como huésped al foráneo por sugerencia, como bien lo afirma el Ministerio Público, que le hiciera Orlando Sánchez Cortés, sin que exista constancia procesal que este conocía los verdaderos móviles por los que el centroamericano llegó allí.

“(...)

Realmente que la decisión, no era otra que la preclusiva emitida por el instructor, de ahí que también proceda su confirmación, bastando solo insistir en la compulsación de copias para que por cuerda separada se investiguen los hechos relativos a la negociación y traspaso documental ocurridos antes de los hechos materia del presente investigativo, pues en el expediente no existe constancia procesal de que se hayan acatado las órdenes emitidas por nuestro antecesor fiscal en proveído del 7 de febrero de 1997...” (negrillas y subrayas de la Sala).

5. Conclusiones probatorias y el caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Subsección encuentra que el señor Fredy Cortés fue privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 30 de abril de 1996, hasta el 7 de abril de 1997, por la supuesta comisión en el delito de secuestro de personas, no obstante, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó la providencia a través de la cual la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente precluyó la investigación penal a favor del señor Fredy Cortés, debido a que no encontró en el expediente pruebas acerca de la real o efectiva consumación material del ilícito objeto de investigación, ni en relación con la responsabilidad penal del ahora demandante, circunstancias que, por sí solas, constituyen uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —que el sindicado no cometió el delito—, según los precisos términos de la Ley 270 de 1996.

A juicio de la Sala, la sentencia impugnada amerita revocarse, toda vez que de conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia en punto de la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus habitantes, en este proceso la entidad demandada Fiscalía General de la Nación sí está llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico causado a la parte actora.

En efecto, se probó que el señor Fredy Cortés fue privado de su libertad y vinculado a un proceso penal por su supuesta autoría en el punible de secuestro de personas, pero posteriormente, a través de decisión calendada el 26 de febrero de 1998, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó el proveído del 7 de abril de 1997, por medio de la cual la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente precluyó la investigación penal a favor del señor Fredy Cortés por cuanto consideró que “...en aplicación de racionalidad y lógica jurídica, se entiende que tal secuestro nunca se efectuó, y como consecuencia de este resultado, que en manera alguna se pueda someter aún más a juicio de reproche la conducta del procesado Fredy Cortés...”.

Por consiguiente, la Sala estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que al ahora demandante se le causó un daño antijurídico, el cual le resulta jurídicamente imputable a la Nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere dicha responsabilidad, tal como reiteradamente lo ha sostenido la corporación.

A tal efecto, resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(5).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro —como ya lo ha consignado la Sala— que el señor Fredy Cortés no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con los demandantes Gloria Magdalena Cortés y José Manuel Cortés Méndez, la Sala encuentra acreditado su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la privación injusta de que fue víctima su hijo y padre, respectivamente.

En efecto, al proceso se aportó la copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa del daño, el cual demuestra que es hijo de la también demandante Gloria Magdalena Cortés; igual se allegó la certificación del registro civil de nacimiento del también demandante José Manuel Cortés Méndez, en cuya virtud consta que él es hijo del señor Fredy Cortés (fls. 15 y 16, cdno. 1, respectivamente).

En cuanto a la señora Nelly Méndez Gómez, quien según la demanda es la compañera permanente del señor Fredy Cortés, la Sala encuentra que en el presente proceso se decretaron y se practicaron los testimonios de los señores Manuel Antonio Martínez Rivera, Ismael Ortiz, Pablo Adolfo Gómez Trujillo y Derly Elvira Merchán Díaz, quienes respectivamente indicaron lo siguiente:

“...Yo fui informado de esos hechos por la señora Nelly Méndez, esposa de él...”.

“(...)

“...Ellos salieron del barrio por situación económica, se vinieron a vivir a la casa de la mamá de doña Nelly quien es la señora de él...”.

“(...)

“...Yo me encontraba a veces con doña Nelly, su esposa, pues yo vivía cerca de donde ella trabajaba...”.

“(...)

“...En ese transcurso de los tres años, a él ya le había sucedido lo de la cárcel, mi esposo me comentó que había perdido el taxi, le había tocado cambiar de residencia por la situación y la esposa Nelly Méndez cambiar de trabajo por la misma situación...” (negrillas y subrayas de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, se tiene que dentro del proceso se acreditó la calidad de compañera permanente de la señora Nelly Méndez Gómez respecto de la víctima directa del daño y, por lo tanto, resulta beneficiara de la indemnización por perjuicios morales.

Ahora bien, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(6); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades,(7) al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o respecto de los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(8).

Respecto del quantum al cual debe ascender las indemnizaciones de estos perjuicios, según la jurisprudencia que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(9).

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros, i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta corporación,(10) se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 smlmv; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 smlmv; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Así las cosas, en el proceso se acreditó que: i) el ahora demandante fue capturado el día 30 de abril de 1996; ii) el día 7 de abril de 1997, la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente precluyó la investigación penal a favor del señor Fredy Cortés, revocó la medida de aseguramiento a él impuesta, ordenó su libertad inmediata y libró la respectiva boleta de libertad y iii) el día 26 de febrero de 1998, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional resolvió el grado jurisdiccional de consulta y confirmó la anterior decisión.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera importante precisar que si bien el señor Fredy Cortés recuperó su libertad física el día 7 de abril de 1997, lo cierto es que la decisión que revocó la medida de aseguramiento a él impuesta solamente cobró firmeza el día 26 de febrero de 1998, por cuanto fue en esta oportunidad en la cual se desató la consulta y se decidió confirmar la providencia por medio de la cual se ordenó la libertad y precluyó la investigación penal a favor de la víctima directa del daño; en esa medida se concluye que en cuanto la providencia por medio de la cual se dispuso la libertad inmediata y precluyó la investigación a favor del ahora demandante solo cobró firmeza una vez se resolvió la consulta,(11) únicamente en ese momento procesal el señor Cortés consolidó la recuperación plena de su libertad, por consiguiente el periodo a indemnizar comprende desde la fecha en que se hizo efectiva su captura hasta la fecha en la cual se resolvió la consulta.

Todo lo anterior encuentra consonancia con lo que reiteradamente y de forma pacífica ha señalado la jurisprudencia de la Sala en punto a la caducidad de la acción en los casos de privación injusta de la libertad,(12) para cuyo efecto se ha sostenido que el término de caducidad comienza a contabilizarse desde el momento en que queda ejecutoriada la providencia que resuelve la responsabilidad penal de los investigados.

En ese orden de ideas se tiene entonces que el periodo a indemnizar comprende desde la fecha de la captura hasta el momento en el cual la decisión por medio de la cual se dispuso la libertad inmediata y precluyó la investigación penal a favor del ahora demandante quedó ejecutoriada esto es desde 30 de abril de 1996, hasta el 26 de febrero de 1998, es decir 21,26 meses.

En consecuencia, se les reconocerá a los señores Fredy Cortés, Nelly Méndez Gómez, Gloria Magdalena Cortés y Jose Manuel Cortés Méndez, un monto equivalente a 100 smlmv, para cada uno de ellos.

6.2. Perjuicios materiales.

Para efectos de cuantificar este rubro, en el libelo introductorio se solicitó la práctica de una prueba pericial, así:

“...Peritazgo, a fin de que se establezca el monto del perjuicio patrimonial recibido por mi poderdante, por la situación a que se vio sometido en virtud de los hechos en que es responsable el Estado, solicito la designación de peritos idóneos, para lo cual sírvase comisionar al Tribunal Contencioso Administrativo de Santiago de Cali (sic), para el agotamiento de esta prueba y se le autorice para el nombramiento de los peritos” (fls. 12 y 13, cdno. 1).

La anterior prueba se decretó en primera instancia a través de proveído de 15 de diciembre de 2000 (fl. 178, cdno. 1), para cuyo propósito se comisionó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el cual designó a 2 peritos abogados, los cuales se posesionaron ante el señor magistrado del referido tribunal el día 20 de febrero y 29 de abril de 2004 (fls. 40 y 45, cdno. 3); los peritos presentaron su dictamen, el cual fue incorporado al expediente el día 18 de junio de 2004 y estuvo a disposición de las partes intervinientes en este proceso desde esa misma fecha (fls. 123 a 133, cdno. 3); sin embargo no obra prueba en el expediente con la cual se demuestre que del dictamen se hubiese corrido traslado para que las partes pudieran solicitar su aclaración u objetarlo por error grave tal como lo establece el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, conviene precisar, que la Sala no advierte causal de nulidad que invalide lo actuado a partir del recaudo del dictamen pericial, comoquiera que se trata de una prueba cuyos decreto, práctica e incorporación fueron ampliamente conocidos por los sujetos procesales, toda vez que su petición la hizo oportunamente la parte actora y esta fue decretada a través de providencia del 15 de diciembre de 2000, la cual fue notificada en debida forma a las partes intervinientes en este proceso, sin que la misma hubiese sido objeto de recurso alguno; posteriormente se practicó la referida prueba pericial y el dictamen fue presentado por los peritos designados e incorporado al expediente el día 18 de junio de 2004 por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 123 a 133, cdno. 3); seguido a ello el proceso continuó su curso normal hasta el punto de que se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia de primera instancia la cual fue objeto del recurso de alzada por parte de los demandantes; sin embargo, no se hizo comentario alguno frente a la ausencia del traslado del dictamen pericial; en esa medida se concluye que los sujetos procesales nada advirtieron, nada manifestaron y ningún recurso interpusieron por no haberse dado traslado del dictamen pericial, dado que una vez se corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia guardaron absoluto silencio y procedieron a presentar sus alegatos de conclusión, sin mencionar y mucho menos manifestar inconformidad alguna por la falta del aludido traslado del mencionado informe pericial al proceso.

En ese sentido, se impone concluir, además, que si dentro del presente asunto hubiere existido una irregularidad de índole procesal, esta habría resultado convalidada con la pasividad de las partes intervinientes en este proceso frente a la decisión que llamó a las partes a presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público a rendir concepto de fondo, a lo cual se agrega la actuación ulterior que, sin proponer impugnación alguna y sin promover incidente de nulidad procesal, cumplieron la partes en cuanto presentaron sus respectivas alegaciones finales, por manera que la convalidación en esta oportunidad emerge palmaria, tal como de manera reiterada lo ha predicado la corporación, en los siguientes términos:

“(...) la posibilidad de alegar las causales de nulidad susceptibles de saneamiento —al igual que sucede con las demás irregularidades que se configuren dentro de un proceso, distintas de las causales legales de nulidad procesal—, es una posibilidad que se encuentra sometida a precisas y determinadas etapas procesales cuyo vencimiento determina su preclusión, a lo cual debe agregarse que dicho saneamiento supone la convalidación de la actuación lo cual puede darse bien por manifestación expresa del consentimiento de la parte afectada o bien por consentimiento tácito, como el que corresponde a la realización de actuaciones posteriores sin alegación de la nulidad correspondiente”(13) (se destaca).

En línea con el aludido principio de convalidación, en providencia de 1º de febrero de 2013,(14) se precisó:

“Tal como se puede apreciar con facilidad, la pasividad del demandante frente a algunas de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso con posterioridad a la supuesta configuración del vicio señalado, así como el desarrollo activo y efectivo de algunas actuaciones suyas también con posterioridad al momento en el que se habría presentado la referida nulidad —todo según se ha reseñado cronológicamente— constituyen suficientes elementos para concluir que la nulidad cuyo decreto solicitó la parte demandante ante la segunda instancia tan solo el día 14 de abril de 2011 —petición que se formuló después de que ya se había interpuesto, concedido y admitido el correspondiente recurso de apelación—, aun en el hipotético evento de tratarse de una nulidad que en realidad se hubiere presentado, de todas formas se habría saneado para el momento en que se invocó, en la medida en que “...la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente” (CPC, art. 144-1), amén de que la alegó cuando ya no podía hacerlo, puesto que la ley le niega esa posibilidad “...[a] quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla” (CPC, art. 143, inc. 6º)” (se destaca).

No obstante, la Sala se apartará del aludido dictamen pericial, puesto que el monto de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente que allí se estableció no fue actualizado; el lucro cesante que en él se determinó tuvo como fundamento el periodo comprendido entre abril de 1996, hasta junio del 2004 —fecha en la cual se presentó el dictamen pericial—, lo cual claramente arrojó una cifra excesiva a aquella que en realidad debe reconocérsele a la víctima directa del daño, pues esta procede por el preciso término durante el cual el procesado estuvo privado de su libertad(15) y no por el tiempo en el cual se presentó el dictamen pericial, como se consideró en el aludido medio de prueba, razón por la cual se efectuará la liquidación correspondiente con sujeción a las fórmulas aritméticas que de manera usual utiliza la corporación frente a estos casos.

6.2.1. Daño emergente: este rubro se solicitó en los siguientes términos:

“(...) 2.1. Daño emergente, indemnizable al señor Fredy Cortés, en su calidad de propietario del taxi de placas VBL 799, con el cual sostenía a su familia y a su señora madre, se debe tener en cuenta el volumen de carreras que hacía el vehículo en los dos (2) turnos que tenía, para la época en que se cumplieron los hechos resultado de la conducta realizada por los funcionario de la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía Regional de Oriente, con el fin de maximizar su productividad económica y determinar la pérdida real del patrimonio del demandante. La cuantía resultante, por este concepto es de doscientos veinte millones de pesos ($ 220.000.000). “

“(...)

“... (Por las grandes pérdidas patrimoniales, obligaciones incumplidas, honorarios pagados, créditos para el sostenimiento y viajes, intereses causados, etc.) (fl. 6, cdno. 1).

Como se desprende de lo anterior, dentro de la pretensión se introdujo erróneamente como parte del daño emergente “...en su calidad de propietario del taxi de placas VBL 799, con el cual sostenía a su familia y a su señora madre, se debe tener en cuenta el volumen de carreras que hacía el vehículo en los dos (2) turnos que tenía, para la época en que se cumplieron los hechos...”, componente que forma parte del lucro cesante —el cual se analizará más adelante—, por manera que en realidad ese aspecto no será examinado dentro del presente rubro, pero sí lo será el otro ítem que señaló la parte actora como elemento integral del daño emergente y que dice relación con “...las grandes pérdidas patrimoniales, obligaciones incumplidas, honorarios pagados, créditos para el sostenimiento y viajes, intereses causados, etc. ...”.

Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido, en la modalidad de daño emergente, la parte actora aportó, los siguientes documentos:

— Constancia expedida por la señora Ruby Arias de Morales, en cuya virtud se plasmó que (fl. 54, cdno. 3):

“...Ruby Arias de Morales, identificada con cédula de ciudadanía 31’257.706 de Cali, propietaria del establecimiento de Tienda ubicada en la calle 15 A Nº 29 A 10 teléfono 6837276 barrio Santa Elena de Cali, hago constar que recibí de la señora Nelly Méndez Gómez suma de $ 1’800.000 un millón ochocientos mil pesos moneda corriente.

Concepto: suministro de víveres y abarrotes a la señora Gloria Magdalena Cortés durante el periodo comprendido entre mayo 30 de 1996 y abril 30 de 1997...”.

— Constancia expedida por la señora Argenis Hurtado quien certificó (fl. 55, cdno. 3):

“...Argenis Hurtado, identificada con cédula de ciudadanía 31’531.977 de Jamundí Valle, en mi condición de propietaria del puesto 700 ubicado en la galería de la Alameda hago constar que recibí de la señora Nelly Méndez Gómez la suma de $ 3’600.000 tres millones seiscientos mil pesos moneda corriente.

Concepto: cancelación de cuenta a cargo del señor Fredy Cortés por suministro de víveres y alimentos en general para la señora Nelly Méndez Gómez y Jose Manuel Cortés Méndez, en el periodo comprendido entre mayo 30 de 1996 y abril 30 de 1997...”.

— Constancia expedida por la señora Solangel Molina Castañeda a través de la cual afirmó que (fls. 61, cdno. 3):

“...el día 20 de mayo de 1996, recibí de la señor Nelly Méndez compañera permanente del mencionado señor la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000), por concepto de pago de honorarios en proceso que cursó en la ciudad de Villavicencio en la fiscalía especializada, siendo sindicados Fredy Cortés y otro...”.

— Certificación expedida por el señor Pablo Adolfo Gómez Trujillo, según la cual (fls. 62, cdno. 3):

“...Yo Pablo Adolfo Gómez Trujillo, identificado con la cédula 16’698.908 de Cali, (V). Por medio del presente, hago constar que hice préstamo por la suma de ochocientos mil pesos m/cte. ($ 800.000) al señor Fredy Cortés, quien se identifica con la cédula 16’656.035 de Cali, (V) con un interés del 3% mensual.

Este préstamo fue en el año de 1996 para cancelarlo en un año...”.

— Original de las facturas de venta 140 y 141 del 24 y 25 de marzo de 1999, expedidas por la Señora Nancy Chávez Rada —Psicóloga— por concepto de consulta al señor Fredy Cortés por una valor de $ 15.000 cada una (fls. 63 y 64, cdno. 3).

— Original de unos recibos de consignación a favor del señor Jaime de Jesús Ruíz Londoño por valor total de $ 1’440.000, por concepto de honorarios por la defensa del señor Freddy Cortés en el proceso penal que se adelantó en su contra (fls. 66 a 76, cdno. 3).

— Original de los tiquetes terrestres de viaje 3676985 del 21 de marzo de 1997; 662930 del 26 de marzo de 1997; 2 - 155965 del 10 de noviembre de 1996: 529677 del 24 de diciembre de 1996; 331054 del 11 de octubre de 1996; 331593 del 9 de noviembre 1996; 121686 del 14 octubre de 1996; 104854 del 11 de noviembre de 1996; 7960434 del 30 de diciembre de 1996, en los trayectos Santiago de Cali - Bogotá, Bogotá - Villavicencio y Bogotá - Santiago de Cali por un valor total de $ 164.400 (fls. 85, 89 a 97, cdno. 3).

— Original de las facturas cambiarias de transporte 9771632 del 22 de diciembre de 2000; 90148482 del 20 de agosto de 1996; 90148624 del 26 de agosto de 1996; 91687854 del 29 de noviembre de 1996; 88872424 del 5 de mayo de 1996; 90139663 del 22 de agosto de 1996; 89731340 del 3 de agosto de 1996; 90149862 del 1º de octubre de 1996; 16170445 del 26 de junio de 1996; 92498672 del 23 de noviembre de 1996, expedidas por Servientrega por concepto de envío de documentos desde Santiago de Cali hasta Bogotá; Bogotá - Santiago de Cali y Villavicencio - Bogotá, por un valor total de $ 27.200 (fls. 98 a 108).

— Original de las facturas de venta 1253481, 359929, 113137, 2722027, 113138, 359930, 796741, 1253482, 2481422, 2050538, 1623509, 330220, 769741, 1226320, 1658876, correspondientes a los servicios públicos domiciliarios de energía y teléfono pagados durante el tiempo que duró privado de la libertad el señor Fredy Cortés, por una valor total de $ 594.900 (fls. 109 a 123, cdno. 3).

Pues bien, en el caso sub lite se acreditó que efectivamente la familia del señor Fredy Cortés incurrió en ciertos gastos como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual él fue víctima.

En efecto, la indemnización que se reconoce encuentra su fuente en el daño que se le causó al señor Fredy Cortés, por la privación injusta de su libertad dado que su compañera permanente la señora Nelly Méndez Gómez debió asumir los gastos de manutención del hogar, honorarios de abogados, transportes terrestres de pasajeros y de documentos entre otros, —los cuales antes de ser privado de su libertad eran sufragados por la víctima directa del daño—, que se derivaron por las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación; en esa medida resulta congruente con las pretensiones de la demanda, con lo acreditado dentro del proceso, con el principio de reparación integral del daño y de equidad,(16) los cuales permiten acceder al reconocimiento del daño emergente dado que este equivale al menoscabo o lesión que afecta los bienes de la víctima o de los perjudicados con los hechos imputados a la administración y que consiste en los gastos que, en razón de ese evento, han debido realizare.

Ahora bien, la Sala advierte que si bien al proceso se aportaron en original unos recibos de las cuotas de amortización del taxi adquirido por el señor Fredy Cortés a la financiera Avancemos (fls. 57 y 58, cdno. 3), lo cierto es que los mismos demuestran que esas cuotas fueron pagadas antes de que la víctima directa del daño hubiere sido privado injustamente de su libertad, por tal razón estos valores que se acreditaron con los referidos recibos no serán tenidos en cuentas para la liquidación correspondiente.

En el mismo sentido, la Sala encuentra que al proceso se aportaron en original unos comprobantes de consignación efectuados a la señora Raquel Rodríguez por un valor de $ 400.000 (fls. 77 a 84, cdno. 3); sin embargo, de ellas no es posible extraer qué clase de obligación se estaba pagando, es decir, no es posible identificar si estos corresponden a gastos causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Fredy Cortés, por consiguiente no se tendrán en cuenta tales documentos.

En esa misma línea, se precisa que si bien se allegó una constancia expedida por la señora Angelmira Gómez Viuda de Méndez (fl. 56, cdno. 3), según la cual la señora Nelly Méndez Gómez pagó la suma de $ 2’040.000, por concepto de arrendamiento durante los meses comprendidos de mayo 30 de 1996, hasta abril 30 de 1997, lo cierto es que tal valor no será tenido en cuenta para la liquidación del daño emergente, por cuanto esa erogación se subsume o mejor se incorpora dentro del lucro cesante, lo cual reemplaza lo que la víctima directa del daño dejó de percibir como consecuencia de la privación injusta de la cual fue víctima; en esa medida, se concluye que si el señor Fredy Cortés hubiere estado desarrollando sus actividades productivas normalmente, igual él habría tenido que haber pagado ese arrendamiento, razón por la cual no es procedente reconocer indemnización alguna adicional por este concepto.

Así mismo, la parte actora aportó una certificación expedida por la Universidad Santiago de Cali y un comprobante de pago de la misma Institución Universitaria, según los cuales el señor José Manuel Cortés Méndez canceló a la universidad el valor de $ 1’068.800, por concepto de Matrícula Financiera de los periodos académicos 1996 B y 1997 A (fls. 63 y 65, cdno. 3), sin embargo, la Sala no encuentra relación alguna entre la privación injusta de la cual fue víctima el señor Fredy Cortés y tal erogación, por cuanto, si la víctima directa del daño no hubiere sido privado de su libertad igual hubiere debido hacerse cargo de dicho gasto, por consiguiente no se reconocerá indemnización alguna por tal concepto.

Así las cosas, la Subsección procederá a sumar todos los gastos en los cuales incurrió como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Fredy Cortés y ese valor se actualizará a valor presente, así:

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En consecuencia se reconocerá a la señora Nelly Méndez Gómez —compañera permanente de la víctima directa del daño— a título de perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 21’655.175, dado que fue ella quien asumió y pagó tales erogaciones.

6.2.2. Lucro cesante:

En el proceso se decretaron y practicaron los testimonios de los señores Manuel Antonio Martínez Rivera, Pablo Adolfo Gómez Trujillo, Derly Elvira Merchán Díaz, Marí Gervacia Vallecilla Castro y Martha Lucía Vásquez Lara, quienes respectivamente sostuvieron que (fls. 313 a 328, cdno. 1):

“...No sé realmente porque el taxi de acuerdo como se trabaje hay días buenos, regulares y malos... Se me olvida mencionar que en esa época el señor Fredy, también hacía arreglos eléctricos como de radio y en la actualidad también...”.

“(...)

“...Él sabía de electricidad, de construcción, pero yo no le conocí títulos, cuando tenía su taxi él andaba manejándolo, ignoro sus ingresos...”.

“(...)

“...Yo el sueldo de él no me lo sabía, pero sí sé que trabajaba en doble turno en el taxi, en un horario era él y en el otro un hermano de la esposa y Fredy ayudaba al sostenimiento de su mamá que llama doña Gloria no recuerdo el apellido, lo que conseguía producto de su trabajo era para el sostenimiento del hogar y a ayudarle a su mamá...”.

“(...)

“...El me comentó que conducía un taxi, pero cuando yo lo conocí él se encontraba sin trabajo. En ese momento realizaba trabajos de reparación no eran constantes sino esporádicos...”.

“(...)

“...En la parte que era eventual porque manejaba la parte eléctrica de la cooperativa, o sea, los arreglos eléctricos que se presentaban en los equipos, era un trabajo eventual y después la cooperativa lo contrató por servicios de transporte porque él ya tenía el vehículo taxi, donde más o menos el promedio de él en ese tiempo era de $ 25.000 a $ 30.000 diarios que se podía estar ganando por cada turno, porque en el día trabajaba un turno y en la noche otro. Esos ingresos los invertía en la familia, madre, compañera e hijo para su sostenimiento...” (negrillas y subrayas de la Sala).

Igualmente se aportó en original una certificación expedida por la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Sindiunión Ltda., en la cual consta que (fl. 124, cdno. 3):

“...El señor Fredy Cortés, identificado con cédula de ciudadanía 16.656.035 de Cali (V), propietario de un vehículo afiliado a nuestra cooperativa, desde el año 1995 el mencionado vehículo corresponde a las siguientes características

Placas: VBL - 799Marca: Daewoo Racer
Modelo: 1994Motor: G158F347842
Color: amarilloTipo: Sedan
Clase: automóvilCapacidad: 05 pasajeros

El vehículo en mención genera un ingreso anual promedio de:

Año 1996: $ 800.000 mensuales totales de $ 9.600.000.

Año 1997: $ 800.000 mensuales totales de $ 9.600.000.

Año 1998: $ 850.000 mensuales totales de $ 10.020.000...”.

Así mismo, obra en el expediente una constancia expedida por el señor Apoliciano Rodríguez, según la cual (fl. 125, cdno. 3):

“...Apoliciano Rodríguez G. Mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía 6.219.189 de Candelaria, hago constar que el día 30 de abril de 1996 el señor Fredy Cortés laboraba al destajo en mi taller de Electrónica denominado Electro Polo, y devengaba un salario promedio de $ 70.000 setenta mil pesos semanales...”.

Pues bien, la Sala considera importante advertir en cuanto a la certificación expedida por la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Sindiunión Ltda., que la misma si bien certifica el ingreso mensual del taxi marca Daewoo Racer, propiedad del ahora demandante durante los años 1996, 1997 y 1998, lo cierto es que en ella no se dan elementos de juicio suficientes para concluir si ese ingreso era neto o bruto, es decir, no ofrece información en cuanto a si esa suma corresponde a los dos turnos que trabajaba el taxi, o si corresponde únicamente a uno de ellos, la duración de los mismos, la frecuencia con la cual era trabajado, si el taxi tenía otro conductor y si al mismo se le pagaba un salario o si, por el contrario, el automotor era conducido únicamente por su propietario, cuáles eran los gastos que implicaba el rodamiento del vehículo de servicio público en los años que fueron certificados, por todo lo anterior dicha certificación no ofrece la certeza para tener dicho valor como el ingreso base de liquidación del lucro cesante.

En el mismo sentido, en cuanto a la certificación expedida por el señor Apoliciano Rodríguez, se precisa que la misma señaló que la víctima directa desempeñaba una actividad productiva como electricista y que por tal labor recibía un salario a destajo o por unidad de obra por un valor de $ 70.000 pesos semanales; sin embargo, tal documento no ofrece claridad respecto al tiempo que trabajó, la labor que desarrolló, si esa labor que desarrollaba era fija o eventual; en esa medida, no se acreditó si ese ingreso que recibía el señor Cortés era fijo, razón por la cual la Sala considera que no se demostró en el proceso que el ahora demandante tenía una relación laboral fija con el señor Apoliciano Rodríguez, por consiguiente la suma que se certificó tampoco puede ser tomada como el ingreso base de liquidación del lucro cesante.

Ahora bien, la Sala estima pertinente el reconocimiento de la indemnización correspondiente al lucro cesante, dado que en el proceso se demostró que el señor Fredy Cortés recibía un ingreso por el taxi que era de su propiedad y que fue incautado por parte de la Fiscalía como consecuencia de la vinculación al proceso penal, así como que ejercía una actividad productiva como electricista.

Teniendo en cuenta que el señor Fredy Cortés recibía dos ingresos, uno como propietario del taxi marca Daewoo Racer, modelo 1994 y otro por las actividades productivas que desempeñaba como electricista, se realizará la liquidación de forma separada, de la siguiente manera:

Lucro cesante por las actividades productivas que desempeñaba el señor Fredy Cortés:

La Sala lo estima procedente, dado que en el expediente se acreditó que la víctima directa del daño ejercía una actividad productiva como electricista; sin embargo, en el proceso no se acreditó que tal actividad se desarrollara en una jornada laboral completa; por el contrario, del material probatorio obrante en el expediente se demostró que dicha actividad era eventual, es decir que era una actividad laboral complementaria; en esa medida no es procedente reconocer como el ingreso base de liquidación el salario mínimo; no obstante, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que por dicha actividad recibía una remuneración, razón por la cual se reconocerá el lucro cesante por la actividad como electricista, pero se cuantificará con base en el 25% del salario mínimo legal mensual vigente para el año 1996, siempre y cuando este no resulte inferior al salario mínimo de este año, una vez sea actualizado a valor presente, toda vez que dentro del proceso no obra medio de convicción alguno que demuestre cuánto devengaba la víctima directa del daño para el momento de la privación de su libertad, así como tampoco se acreditó que dicha actividad era desempeñada en una jornada completa de trabajo.

Se puntualiza, además, que el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el periodo consolidado comprendido entre el 30 de abril de 1996 y el día 26 de febrero de 1998, más los 8.75 meses que, según las estadísticas,(17) una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral.

Acerca del periodo a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses)”(18).

Por lo tanto, si bien el actor Fredy Cortés consolidó la recuperación de su libertad hasta 26 de febrero de 1998, lo cierto es que según los parámetros jurisprudenciales a este periodo resulta necesario sumarle el tiempo durante el cual, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a la recuperación de su libertad.

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Ra = $ 469.364

Toda vez que el valor actualizado resulta inferior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma, previo incremento del 25%, por concepto del correspondiente factor prestacional.

Así las cosas, al 25%(19) ($ 154.000) del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, se le adicionará el 25% por concepto del factor prestacional ($ 38.500), lo cual determina un ingreso base de liquidación de: $ 192.500.

((20))

S1999-40091CEECUA3.png
 

Indemnización a favor del señor Fredy Cortés, por su actividad productiva como electricista = $ 6’203.909.

Lucro cesante por la actividad del taxi marca Daewoo Racer, modelo 1994:

En la medida en que la certificación aportada por la parte actora no genera certeza en cuanto al ingreso real del taxi, la Sala, teniendo en cuenta los principios de equidad y reparación integral del daño y por resultar congruente con las pretensiones de la demanda, considera que el taxi propiedad del ahora demandante producía por su explotación mensual un salario mínimo por lo cual el ingreso base de liquidación será el salario mínimo para la época en la cual fue incautado por parte de la Fiscalía General de la Nación, esto es el 30 de abril de 1996

Ahora bien en cuanto al tiempo a indemnizar se debe tener en cuenta que en la decisión proferida el día 7 de abril de 1997, por parte de la Fiscalía Regional de Secuestro y Extorsión, por medio de la cual precluyó la investigación penal y dispuso la libertad inmediata del ahora demandante, también decidió que la entrega material del vehículo “...procederá solo evacuando el grado jurisdiccional de consulta sobre la preclusión con que es favorecido el señor Cortés”(21).

Así las cosas, el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el periodo consolidado comprendido entre el 30 de abril de 1996 y el día 26 de febrero de 1998(22).

S1999-40091CEECUA4.png
 

Ra = $ 469.364

Toda vez que el valor actualizado resulta inferior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma ($ 616.000), previo incremento del 25% ($ 154.000), por concepto del correspondiente factor prestacional, lo cual determina un ingreso base de liquidación de: $ 770.000.

(23)

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S = $ 17’211.600

Indemnización a favor del señor Fredy Cortés en su calidad de propietario del taxi marca Daewoo Racer, modelo 1994 placas VBL 799 = $ 17’211.600.

Indemnización total a favor del señor Fredy Cortés = $ 23’415.509.

6.3. Daño a los bienes constitucionalmente protegidos.

Este perjuicio se solicitó de la siguiente manera:

“...3. Perjuicios fisiológicos, el demandante se ha visto hasta el momento imposibilitado para ejercer sus funciones vitales, como es la convivencia con la familia, inestabilidad en el trabajo, irritabilidad, pérdida de la memoria, severas alteraciones emocionales, poca tolerancia a la frustración, neuróticamente fatigado, displicente, de emoción y turbación fácil; o sea que a partir del tratamiento tan injusto que recibió por parte de la Fiscalía Regional del Oriente que fue abiertamente desproporcionante y violatorio de los procedimientos legales, en la cual la privación de la libertad no fue ni apropiada, ni razonada conforme a derecho sino abiertamente arbitraria, se le negó a mi mandante el derecho al goce de vivir, de compartir con su familia como lo hacía antes, de trabajar alegremente, de divertirse, de hacer agradable su existencia y de las personas que lo rodean, se vio suprimido de todas estas actividades que hacen los seres humano independientemente de otras obligaciones, por eso estimo que el daño fisiológico o a la vida en rlación (sic) es la suma de setenta millones de pesos ($ 70’000.000)...”.

La Sala considera necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló el concepto de daño fisiológico por el de daño a la vida de relación, en la cual se sostuvo:

“[E]l daño extra patrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extra patrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre(24) (negrillas adicionales).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007,(25)la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(26).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(27) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”(28) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(29).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios inmateriales no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(30).

Finalmente, la Sala cambió de nuevo la denominación de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“Se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”(31).

Ahora bien, en casos de privación injusta tal perjuicio ha sido reconocido por la Sala en los siguientes términos(32):

“En el presente asunto resulta evidente que tanto el señor Acasio Hinestroza Cossio como sus familiares sufrieron tanto un daño moral como una alteración grave a sus condiciones de existencia. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y se refieren, especialmente, a la preocupación y al rechazo social que les produjo la vinculación al proceso penal del señor Hinestroza Cossio y la afectación al derecho a la libertad personal de este, específicamente en cuanto corresponde a su libertad de locomoción y de residencia.

Así pues, resulta evidente que, en este caso, el perjuicio reclamado por los demandantes debe ser indemnizado. Tal razonamiento deriva de entender a la víctima a partir de su dignidad e integridad humanas, que no pueden verse quebrantadas a raíz del daño y que deben permanecer indemnes a pesar de él, para que pueda quedar en una posición frente a la vida y a las posibilidades que ella le ofrezca, como si el daño no hubiera ocurrido o lo más cercano a una situación tal(33).

En conclusión, la Sala encuentra demostrado el perjuicio a la alteración grave a las condiciones de existencia por cuanto el hecho de encontrarse privado de la libertad evidentemente alteró su entorno en relación con su esposa, hijos y modificó los aspectos externos de su vida familiar”.

En ese orden de ideas, cabe resaltar que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido que hay lugar a indemnizar o reparar los daños que se ocasionen a los bienes constitucionalmente protegidos, como el caso del derecho a la salud, sin que ello conduzca al desconocimiento de esa evolución jurisprudencial.

De conformidad con lo anterior, se advierte que la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido la indemnización correspondiente al daño a la salud, precisamente por tratarse de un bien constitucionalmente protegido, el cual se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política, cuestión que permite precisar que igualmente resulta posible y procedente indemnizar a una persona a la cual el Estado le ha irrogado un daño antijurídico por la afectación de uno o varios de sus bienes constitucionalmente protegidos; en esa medida, la jurisprudencia en mención dejó sentadas las bases para que cuando aparezca demostrado en el proceso que se han vulnerado otros derechos constitucionalmente tutelados también hay lugar a protegerlos, tal como ya se había hecho en la providencia del 18 de marzo de 2010(34):

“...5.4. Finalmente, respecto al perjuicio de ‘daño a la vida de relación’ concedido al hijo del occiso Víctor Julio Barceló Zambrano, la Sala debe aclarar que si bien coincide con los argumentos del tribunal para otorgar indemnización, no se hace bajo este criterio, en atención a que no solo se afectó la vida y existencia del menor con la ausencia indefinida de su padre, sino que también se violaron bienes jurídicos de raigambre constitucional que están íntimamente relacionados con el perjuicio a indemnizar.

En el presente caso, se tiene que el daño causado al menor por la pérdida de su padre, indudablemente vulnera los derechos fundamentales del niño y de la familia,(35) principios constitucionales que el Estado debe proteger y amparar, en atención a la vulnerabilidad de la población infantil 

“(...)

Así las cosas, es incuestionable que la pérdida de un padre afecta gravemente el núcleo familiar de un niño pues genera la privación abrupta e injustificada de la compañía y afecto paternal sin la posibilidad de restablecer esas condiciones ideales para su desarrollo y crecimiento. Esta situación vulnera bienes jurídicos de raigambre constitucional, se reitera, que al estar íntimamente relacionados con el bienestar de los infantes, en el caso específico produjo un daño que debe ser indemnizado.

En consecuencia, como está debidamente demostrado que el entorno familiar del menor y su desarrollo emocional se alteraron por la muerte del padre, y esta afectación se mantendrá durante toda su vida debido a la edad al momento de la ocurrencia del hecho —1 año— , no hay duda que esta situación le cercenó la posibilidad de disfrutar del apoyo, afecto, compañía y cariño paternal por el resto de sus días, de allí que, se confirmarán los perjuicios otorgados por el tribunal de primera instancia pero por las razones que se vienen de exponer...” (se destaca).

En esa misma línea, el 13 de febrero de 2013 esta corporación consideró que(36):

“...En la anterior línea de pensamiento, ya se ha pronunciado la corporación de manera reiterada. En efecto, en sentencia del 18 de marzo de 2010, Radicado 32.651, se reconoció la afectación de derechos de raigambre constitucional de un menor de edad, reconocimiento que en primera instancia se hizo como daño a la vida en relación, lo cual se consideró inapropiado y por ello se centró la afectación en el orden constitucional. En similar sentido, en la sentida del 9 de febrero de 2010, al analizar el buen nombre del demandante se dijo: “(...) Se observa con claridad meridiana la vulneración del bien jurídico constitucional del cual hacen parte los derechos fundamentales al honor, buen nombre y honra (...)”(37)

“(...)

La identificación de derechos constitucionales, como fundamento o apoyo a la indemnización de perjuicios, no es un tópico novedoso en la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que, en dos oportunidades, la Sección Tercera se había referido a la lesión al derecho a la honra como basamento para una indemnización autónoma por el concepto de daño a la vida de relación. De modo que si bien, se hacía consistir la vulneración a esos derechos fundamentales en una expresión de la impertinente categoría de daños denominada “daño a la vida de relación, lo cierto es que se reconocía la importancia del derecho considerado en sí mismo, así como de la lesión que padecía en virtud del daño antijurídico.

“(...)

Como corolario de lo anterior, se tiene que el nuevo paradigma del derecho de daños y, concretamente, el contenido y alcance de la reparación integral del perjuicio atienden al restablecimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales - constitucionales que se ven afectados con el daño antijurídico imputable al Estado, por tal motivo, la reparación debe entender a una constitucionalización en cuanto concierne a la tipología del perjuicio, así como a la naturaleza de las medidas de reparación, en tanto no pueden estar dirigidas única y exclusivamente a entregar sumas de dinero a título de indemnización o compensación, sino que es necesario adoptar medidas de justicia restaurativa cuyo objeto sea la eficacia de los derechos de los asociados del Estado social de derecho...” (se destaca).

Así las cosas, al realizar la adaptación correspondiente a la comentada evolución jurisprudencial, debe entenderse entonces que en cuanto la parte actora solicitó la indemnización por el “daño fisiológico o a la alteración a las condiciones de existencia”, según terminología utilizada jurisprudencialmente para la época en que se presentó la demanda, ello encuadra perfectamente en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, los cuales evidentemente resultaron afectados en el caso concreto que aquí se examina con la medida impuesta al ahora demandante, razón por la cual en el sub lite se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 42 de la Constitución Política, el cual hace referencia a la familia, habida cuenta de que durante el tiempo en que la víctima directa del daño estuvo privado del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad, se perturbó esa integración con sus familiares.

Así mismo, al estar la víctima directa del daño privado injustamente de su libertad, también se le afectó el libre desarrollo de su personalidad —otro bien constitucionalmente protegido—, por cuanto se le limitó la libertad general de hacer o no hacer lo que a bien hubiere considerado dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

De conformidad con lo expuesto, al encontrar e identificar los bienes constitucionalmente protegidos que resultaron afectados con la medida impuesta al ahora demandante, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, razón por la cual se considera que resulta procedente el reconocimiento de la indemnización correspondiente a tal perjuicio.

En ese orden de ideas, en el caso sub lite se acreditó que el señor Fredy Cortés fue privado injustamente de su libertad y que tal privación alteró su entorno en relación con su esposa e hijos y modificó los aspectos externos de su vida familiar, razón por la cual la Sala reconocerá la indemnización por dicho perjuicio en la cuantía equivalente a 50 smlmv, para el señor Fredy Cortés

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, el día 17 de octubre de 2006; en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativa responsable a la Nación - Fiscalía General, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Fredy Cortés.

2. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a los ciudadanos Fredy Cortés, Nelly Méndez Gómez, Gloria Magdalena Cortés y José Manuel Cortés Méndez, un monto equivalente a 100 smlmv, a título de perjuicios morales.

3. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a la señora Nelly Méndez Gómez, la suma de $ 21’655.175, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

4. Condénase a la Nación - Fiscalía General, a pagar al señor Fredy Cortés, la suma $ 23’415.509, por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante).

5. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar al señor Fredy Cortes, un monto equivalente a 50 smlmv, a título de daño a los bienes constitucionalmente protegidos.

6. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda

7. Sin condena en costas.

8. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. ‘Artículo CONDICIONALMENTE exequible’

“(...)

“Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso - administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(2) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 24008.

— Subsección B: sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20569, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 18626, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

Aunado a lo anterior considera la Sala importante precisar que adicionalmente sobre tales aspectos la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha unificado su jurisprudencia así: en primer lugar a través de la sentencia del 6 de abril de 2011; Expediente 13.168; M.P. Ruth Stella Correa Palacio, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelto en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y en la Ley 270 de 1996. En segundo lugar mediante la sentencia del 17 de octubre de 2013; Expediente 23.354, según la cual se precisó que además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de una persona cuando es absuelta por la aplicación del principio del in dubio pro reo.

(3) De acuerdo a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según Acta 9.

(4) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, entre muchas otras.

(5) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Expediente 40.455. M.P. Hernán Andrade Rincón.

(6) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076. M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(7) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.

(9) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Expediente 31033.

(10) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. M.P. Enrique Gil Botero. Expediente: 25.022

(11) “Decreto 2700 de 1991, ART. 197.—Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas. La que decide el recurso de casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, la que lo declara desierto, y las que deciden la acción de revisión, los recursos de hecho, o de apelación contra las providencias interlocutorios, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.

Cuando se decrete en segunda instancia la prescripción de la acción o de la pena, o se dicte o sustituya una medida de aseguramiento, se notificará la providencia respectiva.

Con excepción de la sentencia de segunda instancia, las providencias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar esta, salvo que admitan recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”.

(12) Entre otras se pueden consultar las sentencias del 9 de octubre 2013, Expediente 26.919, de 27 de junio de 2013, Expediente 28.663, de 12 de junio de 2013, Expediente 29.452 y de 29 de mayo de 2013, Expediente 29.841.

(13) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 22 de abril de 2008, Expediente C-110010315000200800180 00, reiterado en sentencias de la Sección Tercera de dicha corporación, de 20 de septiembre de 2007, Expediente 15.779 y de 21 de febrero de 2011, Expediente 17.721, entre muchas otras providencias.

(14) Dictado dentro del expediente con número interno 39.424.

(15) Así lo ha precisado la corporación:

“(...) el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el periodo consolidado comprendido entre el tiempo durante el cual los actores estuvieron privados de la libertad y el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral” (se destaca) - [ver sent. de ene. 27/2012, Exp. 18.754, entre muchas otras providencias].

(16) Artículo 16, Ley 446 de 1998. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.

(17) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, reiterada en sentencia de 14 de abril de 2010, Expediente 18.860. M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras providencias.

(19) Porcentaje del salario mínimo que se reconocerá por el daño material en la modalidad de lucro cesante ocasionado a la víctima directa del daño como consecuencia de la privación injusta de la cual fue víctima.

(20) Número de meses trascurridos desde la fecha de la privación de la libertad (abr. 30/96) hasta la fecha en que el actor consolidó la recuperación de su libertad (feb. 26/98), más el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral (8.75 meses).

(21) Copia auténtica de la providencia proferida por la Dirección Regional de Fiscalías, Unidad de Secuestro y Extorsión (fls. 50 a 69, cdno. 1)

(22) Fecha en la cual se profirió la providencia por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, por medio de la evacuó el grado jurisdiccional de consulta (fls. 71 a 106, cdno. 1).

(23) Número de meses trascurridos desde la fecha de la incautación del vehículo (abr. 30/96), hasta la fecha en que se evacuó el grado de consulta (feb. 26/98).

(24) Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Expediente 11.842. M.P. Alier Hernández Sección Tercera.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(26) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, p. 98.

(27) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 78.

(28) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 252.

(29) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 278.

(30) Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, Expediente 16.407, reiterada recientemente en la sentencia del 13 febrero de 2013; Expediente 26.030.

(31) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre 2011, Expediente 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.

(32) Sentencia del 23 de junio de 2011, Expediente 19.958, reiterada recientemente en la providencia del 14 de marzo de 2013; Expediente 45.682

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 17 de agosto de 2000. Expediente 12.123. C.P. Alier Hernández y del 22 de noviembre de 2001. Expediente 13.121. C.P. Ricardo Hoyos, entre otras.

(34) Sentencia del 18 de marzo de 2010, Expediente 32.651. M.P. Doctor Enrique Gil Botero.

(35) “La familia es ‘institución básica de la sociedad’, en términos del artículo 5º constitucional. Ella es quizá el término intermedio entre la persona y el Estado. Por eso se obliga a los poderes públicos a asumir una protección en tres aspectos: social, económico y jurídico, a saber: social en la medida en que se protege su intimidad (art. 15) y la educación de sus miembros. Económica en cuanto se protege el derecho al trabajo, a la seguridad social, etc. Y jurídica ya que es obvio que de nada serviría la protección familiar si los poderes públicos no impidiesen por medios jurídicos los ataques contra el medio familiar.

“La Constitución en el artículo 44 reconoce como un derecho fundamental de los niños al tener una familia, independientemente de su filiación, sobre la base de la igualdad de los individuos ante la ley”. Sentencia proferida por la Corte Constitucional el 7 de mayo de 1993, Expediente T-179.

(36) Sentencia del 13 de febrero de 2013, Expediente 25.119, M.P. Enrique Gil Botero.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 98 de junio de 2010. Radicado 19.283, M.P. Enrique Gil Botero.