Sentencia 1999-901068 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 1900123310001999901068 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Expediente: 31394

Actor: José Fernando Solano Salazar

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

La Sala observa que es competente para resolver el sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada para la reparación del daño sufrido por la vinculación a un proceso penal.

De la legitimación en la causa

El demandante afirmó que la decisión de vincularlo a un proceso penal le causó una afectación directa, por tanto se infiere que tiene interés para solicitar que se declare la responsabilidad estatal por el daño invocado en la demanda. También está probado en el expediente que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación fueron las entidades que adelantaron el proceso penal en contra del demandante, actuaciones estas que fueron invocadas en la demanda como las causantes del daño cuya indemnización reclama la parte actora.

De la caducidad de la acción

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por la vinculación de José Fernando Solano Salazar a la investigación penal que se adelantó en su contra. Dado que la investigación penal precluyó a favor del demandante el 30 de julio de 1997 y, que la demanda fue impetrada el 30 de julio de 1999, advierte la Sala que la acción fue (sic) incoada se encuentra dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho dañoso, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el sub examine se estructura la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas, como consecuencia de la investigación penal que se adelantó en contra de José Fernando Solano Salazar, proceso que precluyó debido a que este no cometió la conducta punible. Para el efecto, se deberá establecer si el caso se ajusta a los presupuestos establecidos en la Ley 270 de 1996, tal como fue planteado en la demanda y estudiado por el tribunal, o si se evidencia la producción de un daño antijurídico imputable a la administración en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política.

III. Hechos probados

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden presentar de la siguiente forma:

1. El 25 de octubre de 1993, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán, Cauca practicó inspección judicial sobre la moto marca Honda de placas LAD-04, en virtud del proceso adelantado por el delito de hurto a causa la denuncia instaurada por el señor Javier Romero Salazar (fl. 356, cdno. 2).

2. El 30 de septiembre de 1993, el señor José Fernando Solano Salazar solicitó, al Juzgado Quinto Penal Municipal, la entrega de su vehículo en los siguientes términos:

(…) teniendo conocimiento que en el despacho a su digno cargo cursa la investigación panal (sic) de la referencia dentro de la cual y sin orden de su juzgado se efectuó el decomiso de la motocicleta de mi propiedad Honda, color negro, placas LAD 04 (…). Le solicito con todo comedimiento se sirva ordenar a mi favor la entrega de la misma ya que no me considero implicado dentro de la investigación que usted adelanta.

Para acreditar la propiedad de la motocicleta en referencia anexo (…)

Seguro obligatorio del 93

Revisado del 93

Factura de compra de la motocicleta

Manifiesto de aduana

Formulario del INTRA para cambio de color donde se encuentran las improntas

Solicitud dirigida al comandante de la SIJIN

Factura de compra de repuesto

No allego fotocopia de la tarjeta de propiedad, la cual se encuentra a nombre de mi padre Marino Solano anterior propietario, por cuanto esta me fue decomisada desde el 4 de septiembre hasta el día que fue puesta a disposición de su despacho junto con la motocicleta por miembros de la SIJIN por insistencia mía como se puede acreditar con la fotocopia del oficio que al respecto envié a esa entidad.

Las llaves de la motocicleta también me fueron retenidas por el sujeto que haciéndose pasar por agente de la SIJIN retuvo la motocicleta.

3. Mediante providencia de 3 de noviembre de 1993, el Juzgado Quinto Penal Municipal decidió negar la solicitud de entrega incoada por el demandante, debido a que consideró que “no existe claridad hasta el momento de que la motocicleta cambiada de color y de accesorios, sea la que pertenecía al antes citado (…)” (fl. 90, cdno. 1).

4. El 23 de noviembre de 1993, el sindicado José Fernando Solano Salazar rindió indagatoria ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán y suscribió diligencia de compromiso para presentarse al proceso cada vez que fuera requerido (fls. 374-376, cdno. 2).

5. Mediante providencia de 1º de septiembre de 1994, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán resolvió la situación jurídica de José Fernando Solano Salazar, le decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva provisional y concedió el beneficio de libertad provisional bajo caución prendaria (fl. 567, cdno. 2).

6. El 3 de octubre de 1994, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán revocó la providencia mediante la cual se había ordenado medida de aseguramiento y ordenó la devolución de la caución prendaria prestada por el sindicado como garantía de su libertad provisional (fl. 9, cdno. 1).

7. El 18 de octubre de 1994, el señor José Fernando Solano Salazar interpuso nuevamente incidente de entrega ante el Juzgado Quinto Municipal, con el fin de obtener la restitución de la motocicleta que le fue incautada. El 29 de noviembre de 1994, el juzgado consideró, nuevamente, inviable la entrega del vehículo por considerar que este podría ser objeto de modificaciones que alteren el curso de la investigación (fls. 111-118, cdno. 2).

8. El 2 de diciembre de 1994, el investigado interpuso recurso de apelación contra la decisión de negar la entrega del vehículo y aportó material probatorio con el fin de demostrar su inocencia. La decisión de negar la solicitud de entrega de la motocicleta fue confirmada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán el 25 de enero de 1995 (fl. 141, cdno. 2).

9. El 30 de julio de 1995, la Sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca sancionó a la jueza Marleny Hoyos de Salazar, quien conoció el proceso penal adelantado en el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán, por “encontrarla responsable de la falta contra la eficacia de la administración de justicia”. La anterior decisión, fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el grado jurisdiccional de consulta el 16 de marzo de 1996 (fls. 42-69, 206, cdno. 1).

10. El 18 de enero de 1996, la Unidad de Fiscalía Cuarta Local de Popayán, a solicitud del sindicado, ordenó la entrega provisional de la motocicleta incautada. Posteriormente, el 5 de julio de 1996, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior revocó la anterior decisión, en virtud de la apelación interpuesta por la parte civil del proceso. Por lo anterior, la Fiscalía se abstuvo de realizar la entrega material del vehículo (fls. 10-19, cdno. 1).

11. El 30 de julio de 1997, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito resolvió precluir la investigación adelantada en contra de José Fernando Solano Salazar por el delito de receptación (fl. 854, cdno. 3).

12. Una vez en firme la anterior providencia, el 15 de agosto de 1997, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito ordenó la entrega de la motocicleta incautada (fl. 871, cdno. 3).

13. El 26 de marzo de 1998, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sancionó con una amonestación escrita al fiscal Tomás Bolívar Bucheli Cruz, encargado de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de 18 de enero de 1996, mediante la cual se ordenó la entrega de la moto, por la demora injustificada en la emisión de la decisión correspondiente (fl. 55, cdno. 2).

IV. Análisis de la Sala

La parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial y la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la vinculación injusta de José Fernando Solano Salazar a una investigación penal que finalmente precluyó, debido a que no se comprobó su participación en el ilícito. Afirmó que tanto la retención irregular de la motocicleta de placas LAD-04 como la dilación excesiva del proceso penal, le generaron perjuicios de índole material e inmaterial, debido a los gastos que originó el proceso penal (papelería y representación), los viajes que tuvo que realizar para obtener las pruebas tendientes a demostrar su inocencia, las oportunidades laborales que perdió por la retención del vehículo y, finalmente, la afectación moral provocada por el señalamiento injusto sobre la comisión de un delito.

En el presente proceso se probó que José Fernando Solano Salazar fue vinculado a una investigación penal por el delito de hurto (que durante el proceso penal la tipificación del delito cambió al de receptación) y que, posteriormente, la investigación precluyó porque no se encontró ninguna prueba que señalara su participación en el delito que se le imputaba. Así lo manifestó la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popayán:

(…) la prueba llegada al informativo nos indica que la motocicleta motivo del delito del hurto, de 185 cc, color rojo, chasis negro y placas KYC-30 que fue sustraída a su propietario el 29 de abril de 1993, siendo recuperada el 4 de septiembre de ese año y el 13 siguiente del mismo mes se puso a disposición del Juzgado 5º Penal Municipal, pero indicándose que se trataba de una motocicleta marca Honda, de color negro, modelo 80, con placas LAD-04, que sometida a informe técnico se concluye que no existen rastros de adulteración alguna en sus guarismos de identificación y por tal motivo queda plenamente establecida (sic) que la motocicleta decomisada es completamente distinta a la hurtada al denunciante Romero Salazar, pues su chasis, motor y modelo son los que figuran en la Licencia de Tránsito Nº 1326, cuya autenticidad establece a folios 320, indicándose que el color azul que figura en la licencia ha sido cambiado a color negro, cambio que fue autorizado por las autoridades correspondientes (…)

La pregunta es (…) la motocicleta de Fernando Solano tenía elementos o piesas (sic) de la máquina hurtada a Romero?. (sic) Técnicos de la Sijin elaboraron el correspondiente inventario y estudio técnico y (…) nada dicen acerca de datos o señas particulares de la que se puede deducir que la motocicleta de propiedad de Fernando Solano fuese la motocicleta de Romero Salazar.

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido entre el hecho denunciado del hurto de la motocicleta de Romero Salazar y la recuperación en poder de Fernando Solano de otro vehículo, es lógico que en los continuos desplazamientos de ellos y de las máquinas, esta hayan sufrido los desgastes naturales del servicio, como también que en sucesivas oportunidades se le hayan adicionado partes que requirieran reparación o mantenimiento tal y como se estableció por la adquisición , por ejemplo de unos rines en otra ciudad, y que las señales ocultas que se dice tenía la motocicleta hurtada que solo después de un tiempo fueran dadas a conocer a la autoridades por el denunciantes, pudieran aparecer algunas de las partes de la motocicleta recuperada y ello daría lugar a una posible implicación de Fernando Solano en un delito de receptación.

Sin embargo, partiendo de la presunción de inocencia que debe amparar a todo sindicado por principio constitucional y legal, conviene recordar aquí que en esta clase de delito contra la administración de justicia y en concreto el delito de receptación del artículo 177 del Código Penal requieren para su estructuración de un elemento doloso que en el caso a estudio no es otro que aquel de que el sindicado debe haber sabido que los elementos que adquiría era de procedencia ilícita, en este caso que pertenecían a la motocicleta hurtada del denunciante, cosa que en el presente instructivo no está probada. Es más, existen dudas acerca de si los elementos o partes de la motocicleta decomisada a Fernando Solano efectivamente hacen parte de la hurtada a Romero Salazar. Establecer el dolo en cabeza del sindicado, en este caso a estudio, requiere de una prueba diabólica.

Lo anterior nos da base para dictar la presente resolución de preclusión de la investigación a favor de José Fernando Salazar (…) y ordenar que una vez en firme esta providencia se haga entrega definitiva del vehículo de propiedad del sindicado (…) (fl. 853, cdno. 3).

En la demanda se alegó que dicha vinculación constituyó un indebido funcionamiento de la administración de justicia, que le causó perjuicios de índole material e inmaterial a José Fernando Salazar. En la primera instancia del proceso, el tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, dado que consideró que la actuación de la entidad demandada constituyó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que dio lugar a la declaración de responsabilidad estatal.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se configura solamente en el ejercicio de las actuaciones necesarias para adelantar el proceso o para ejecutar las decisiones del juez. Esta circunstancia permite diferenciarlo claramente de lo que constituye un error jurisdiccional, el cual se materializa a través de una providencia judicial. Al respecto, la jurisprudencia ha puntualizado:

(…) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el “giro o tráfico jurisdiccional”, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado “giro o tráfico jurisdiccional”, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(2).

De acuerdo con lo anterior, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se puede presentar en las acciones u omisiones que ocurran con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. En este defectuoso funcionamiento pueden incurrir los funcionarios judiciales e incluso los particulares investidos de facultades jurisdiccionales.

La Ley 270 de 1996 definió los criterios de imputación en el artículo 65, consistentes en el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad; sin embargo, estima la Sala que para definir la existencia de responsabilidad estatal se debe acudir al artículo 90 de la Constitución Política, el cual contempla una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de la autoridades públicas.

Lo anterior significa que si bien el Legislador se encargó de definir unos criterios de imputación de responsabilidad en relación con la actividad jurisdiccional, esto no significa que todos los supuestos fácticos de daños antijurídicos se agoten en tales criterios legislativos, porque esto conllevaría a hacer prevalecer una norma de rango inferior sobre el ordenamiento superior.

Así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podría la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar en los casos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que el análisis puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y, a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación.

De conformidad con lo anterior, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

En este sentido, la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo 65 de la referida ley estatutaria, dijo lo siguiente:

La Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien solo hace alusión a la responsabilidad del Estado —a través de sus agentes judiciales— por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia. En efecto, sin tener que entrar a realizar análisis alguno acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus diversas modalidades —por escapar ello a los fines de esta providencia—, baste señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo daño antijurídico del Estado —sin importar sus características— ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía. Ello, en vez de acarrear la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigente y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política(3).

De acuerdo con lo anterior, en materia de responsabilidad del Estado por daños ocasionados en el ejercicio de administrar justicia, es posible aplicar otros criterios definidos a nivel jurisprudencial. Por tanto, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, para que se declare la responsabilidad estatal por algún daño antijurídico sufrido con ocasión de la administración de justicia, tendrá la Sala que determinar si se encuentra probada en el proceso la configuración de un daño antijurídico durante el desarrollo del proceso y que sea imputable al Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, los elementos que conforman la responsabilidad estatal son el daño antijurídico y la imputabilidad. Por tanto, para declarar la responsabilidad estatal resulta fundamental que confluyan dichos elementos.

Previo al estudio de la imputación del daño es necesario precisar que, para que haya lugar a imputarle responsabilidad al Estado por un daño sufrido por algún ciudadano, se requiere que dicho daño se encuentre acreditado en el proceso, para luego proceder analizar si este constituyó un desequilibrio de las cargas públicas que aquel debía soportar, es decir, si ostenta el carácter de antijurídico(4).

En el presente caso, la parte actora considera que el daño invocado en la demanda, es decir, la retención de su vehículo con ocasión de un proceso penal seguido en su contra, es antijurídico, por cuanto, dicha vinculación le provocó perjuicios que el demandante no tenía el deber jurídico de soportar.

Respecto de la retención de vehículos la jurisprudencia ha señalado:

[E]ncuentra la Sala que la situación a la que se vio avocado el demandante con ocasión de la incautación de su vehículo se origina en dos situaciones fácticas distintas, con sus respectivas implicaciones jurídicas: de una parte la responsabilidad estatal derivada de la imposición de una medida preventiva y punitiva de naturaleza jurisdiccional respecto de un bien privado y de otra parte la responsabilidad estatal derivada de sus obligaciones como depositario de bienes objeto de tales medidas (…)

[s]ituaciones como la descrita ameritan un estudio en concreto a efectos de determinar si las particulares circunstancias del caso dan lugar a concluir, o no, que el ciudadano en quien recaen tales medidas precautelativas en el ámbito punitivo efectivamente debe soportar sus consecuencias. Dadas las graves implicaciones que tales consecuencias comportan para los titulares de los bienes afectados, resultan predicables y por tanto plenamente aplicables los criterios que ha venido siguiendo esta corporación a propósito de la detención preventiva de personas.

Ha dicho la Sala que aun cuando el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado comporta la posibilidad de restringir la libertad personal con fines preventivos, en determinadas circunstancias esa detención bien puede llegar a ser calificada de injusta y por ende constitutiva de un daño antijurídico, incluso en aquellos eventos en los cuales la absolución del sindicado deviene de la aplicación del principio del in dubio pro reo por no haberle sido desvirtuada la presunción de inocencia que lo ampara constitucionalmente[7](5).

Como aspectos fundantes de dichos planteamientos ha esgrimido la Sala[8](6) que “carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas” e invocando el postulado general contenido en el artículo 2º de la Constitución Política en cuanto a que uno de los fines esenciales de la organización estatal es la protección de las libertades y los derechos de todas las personas residentes en Colombia, precepto que también alude expresamente a sus bienes; ha recordado igualmente que:

Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En ese orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad.

Del mismo modo, la Sala ha reconocido la existencia de daños antijurídicos originados en situaciones distintas a la detención preventiva de personas, como cuando se restringen las libertades de locomoción y circulación e incluso ante la imposición de cauciones prendarias, cuando tales restricciones y medidas resultan injustificadas y el afectado con las mismas “no originó el hecho que dio lugar a la medida cautelar”. En dicha oportunidad expuso la Sala las siguientes consideraciones:

“Para la Sala es claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que quedó establecido en el plenario que él no cometió el hecho del que se le acusa, la restricción a la libertad de locomoción y de residencia a la que se le sometió, le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, hay lugar a indemnizarlo. Lo que a juicio de la Sala compromete la responsabilidad de la Administración en estos eventos es la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, como que ésta no tiene el deber de padecerlo.

De manera que, las obligaciones derivadas de la medida cautelar dineraria (caución prendaria) la obligación de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa autorización de la autoridad judicial respectiva, a la postre pueden generar un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis que la conducta no fue cometida por el sindicado. En tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer al sindicado”[9](7).

Por esta misma senda argumentativa es perfectamente posible entonces llegar a la conclusión de que en el presente caso la imposición de la medida de incautación respecto del vehículo del señor Jacobo Arends Gonzalez fue injustificada, más aún cuando resultó exonerado de la responsabilidad penal que le fue imputada en razón a la presunta ilicitud en la utilización de dicho automotor, lo cual conduce necesariamente a calificar de antijurídico el daño patrimonial consecuente(8).

Como fundamento normativo de la posibilidad que tienen las autoridades de incautar bienes vinculados a los procesos penales, el artículo 53 del Decreto 2790 de 1990 “Por el cual se dicta el estatuto para la defensa de la justicia, integrando en una sola jurisdicción los jueces de orden público y los especializados creando mecanismos jurídicos para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos penales de su competencia, organizando la subdirección nacional y las direcciones seccionales de orden público para darles el apoyo operativo y necesario para el cumplimiento de sus funciones y robusteciendo los organismos auxiliares de la justicia”, dispuso:

“ART. 53.—Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios, y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 9º del presente decreto, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.

El superior de la unidad investigativa solo podrá ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista a lo menos prueba sumaria sobre su vinculación a delito de los mencionados en el artículo 9º de este decreto (…)”.

En el presente caso, advierte la Sala que en la inspección judicial realizada por el Juzgado Quinto Promiscuo Municipal de Popayán el 25 de octubre de 1993, se anotó lo siguiente:

(…) revisadas las listas de los artículos que aparecen relacionados en las facturas de las fechas indicadas, y teniendo en cuenta la revisión cuidadosa y detenida que realizamos para absolver los numerales anteriores, respondemos que las piezas que posee la motocicleta que inspeccionamos tienen un desgaste propio del modelo que pertenece, 1992, por tanto, conceptuamos que si se hubiera cambiado a dicha motocicleta todas las piezas enumeradas en las facturas aludidas, estas presentarían un aspecto diferente, menos desgaste, no presentarían los rayones, falta de brillo que tiene los que presenta la susodicha moto, ellos nos lleva a concluir que esas piezas no han sido colocadas recientemente, no han sido cambiados, y son los que trajo la moto originales. Queremos también dejar en claro que para cambiar varias piezas de las relacionadas en las facturas era necesario sacar los tornillos, y estos no presentan el menos indicio de haber sido tocados, movidos (fl. 356, cdno. 2).

Lo anterior permite concluir que desde el inicio del proceso no existían elementos probatorios que ameritaran la retención del vehículo del demandante. Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes de entrega realizadas por el sindicado, el Juzgado Quinto Penal Municipal mediante providencia de 3 de noviembre de 1993, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán en auto de 25 de enero de 1995 y la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, mediante providencia de 5 de julio de 1996, decidieron mantener el vehículo incautado.

Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que en la providencia de 3 de octubre de 1994, mediante la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán se abstuvo de proferir medida de aseguramiento y ordenó la devolución de la caución prendaria prestada por el sindicado, se afirmó que el bien fue incautado de forma irregular y se esgrimieron argumentos para ordenar la devolución de la moto; sin embargo, el proceso continuó, y la entrega del vehículo fue negada de manera reiterada.

En la mencionada providencia se anotó:

Debe el despacho resaltar una circunstancia de suma importancia para el proceso, cual es la de que el denunciante Romero Salazar solo ha comunicado las señales que dice identifican los componentes de la moto incautada como aquellos que tenía la que a él le fuera hurtada, varios meses después de que se produjera el ilícito y varios días después de que —de manera irregular— hiciese inmovilizar el aparato poseído por el hoy sindicado Solano Salazar, pues ni siquiera ante el personal de la Sijín puso de presente en qué razones fundamentaba ser el propietario de casi la totalidad de esa motocicleta tal y como lo expresan los miembros de esa institución (…) quienes aseguraron que quien reclamaba la propiedad de la moto no especificó dónde tenía las marcas a que hacía mención.

La dilación en la puesta a disposición del automotor irregularmente incautado, aunada a la circunstancia arriba resaltada, constituyen contraindicio a favor del sindicado, pues no resulta de todo descartable que haya sido el propio ofendido quien, al tener el tiempo suficiente y con toda seguridad el libre acceso hasta el lugar donde se hallaba la motocicleta pues se trata de un ex-agente de la policía, podía detallar de manera minuciosa el vehículo y hasta imprimir la marca con un punzón, pues el perito consignó que era difícil precisar la época o momento en que fue realizada tal marcación (…) (fl. 7, cdno. 1).

Así las cosas, para la Sala resulta claro que la retención del vehículo se prolongó de manera injustificada, pues, luego de permanecer incautado desde el 25 de octubre de 1993 hasta el 15 de agosto de 1997, no se logró establecer la responsabilidad de José Fernando Sola Salazar en el delito que se le imputó, en virtud de lo cual le había sido incautada la motocicleta de placas LAD-04, investigación que duró más de tres años.

Además, se encuentra probado que en la investigación penal adelantada en contra de José Fernando Solano Salazar existieron dilaciones injustificadas durante todo el proceso, por lo cual los funcionarios que lo conocieron fueron sancionados disciplinariamente, así en la sentencia de 26 de marzo de 1998, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, proceso adelantado en contra del fiscal Tomás Bolívar Bucheli Cruz, consta lo siguiente (fl. 20, cdno. 2):

Los hechos se fundamentan en que habiéndole correspondido conocer del recurso de apelación de una providencia dictada por un fiscal local, relacionada con la entrega de una motocicleta, para lo cual contaba con diez días, se demoró 71 (…).

De todo lo expresado se concluye, entonces, que no fue la imposibilidad física lo que impidió el despacho oportuno o por lo menos dentro de un término mucho menor del utilizado, del asunto que originó la investigación —decisión que, por demás, si se mira el contenido de la providencia tampoco exigía mayor tiempo—, sino la falta de un decidido empeño en el ejercicio de la función en forma más ágil (…)

En consecuencia, el funcionario implicado no desvirtuó los cargos formulados, de donde se concluye que incurrió en las faltas atribuidas y, por tanto, se hace merecedor a sanción disciplinaria.

En sentencia de 30 de junio de 1995(9), Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, proceso disciplinario en contra de la jueza Marleny Hoyos de Salazar se afirmó (fl. 56, cdno. 1):

[E]n conclusión esta Sala no acoge el criterio de la funcionaria investigada y por el contrario considera que la demora en definir la situación jurídica del señor Fernando Solano carece de justificación alguna. Si bien debe reconocer la Sala que no se evidencia una actitud dolosa en la mora expuesta, también debe reconocer que sí hubo negligencia en su conducta omisiva, por lo que este cargo habrá de prosperar (…)

Como se ve, las sanciones impuestas a los funcionarios encargados de adelantar la investigación penal en contra del aquí demandante, obedecieron a la prolongación injustificada del proceso, lo cual configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que le generó al demandante un daño que no estaba en el deber de soportar.

Si bien las autoridades judiciales competentes estaban facultadas legalmente para adoptar medidas precautelares en una investigación penal, como lo es la retención de un bien automotor cuando exista una justificación probatoria, y el afectado con la medida, en principio, está obligado a soportarla, lo que se reprocha en el presente caso es la dilación injustificada del proceso, sin que las autoridades competentes hubieren podido comprobar la comisión de una conducta punible, lo cual conduce, sin lugar a dudas, a calificar que se produjo un rompimiento del equilibrio de las cargas públicas que generó, a su vez, un daño antijurídico por el cual la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra comprometida.

En efecto, habida cuenta de que la administración no logró establecer la responsabilidad penal del investigado por el delito de receptación, por lo que el proceso culminó con preclusión de la investigación, la retención del vehículo causó un daño antijurídico resarcible, por lo que se indemnizarán los perjuicios.

El tribunal reconoció 30 SMLMV como indemnización por los perjuicios morales causados al actor por la prolongación de la retención del vehículo. Estimó que el señor Solano sufrió un desmedro emocional por la vinculación al proceso penal, así como por la imposibilidad de usar el bien incautado. La Sala considera acertada esta inferencia probatoria y el razonamiento que la acompaña debido a la dilación injustificada del proceso que tuvo que soportar el demandante, por lo que se confirmará la indemnización otorgada por el tribunal.

Respecto del reconocimiento de indemnización por los perjuicios materiales que el a quo negó, esta decisión no fue objeto de apelación; así las cosas, en virtud del principio de no reformatio in pejus no se podrá desmejorar la condición del único apelante, por lo que se confirmará la decisión de primera instancia.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial y emitió la condena con cargo a su presupuesto; sin embargo, la Sala modificará la decisión adoptada en primera instancia para declarar, igualmente, la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación, toda vez que esta entidad participó en la producción del daño.

En efecto, el proceso penal adelantado en contra de José Francisco Solano Salazar tuvo una duración de 3 años y 10 meses, sin embargo, este fue adelantado por la Rama Judicial durante 15,2 meses, desde el 25 de octubre de 1993, fecha en la cual el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán practicó inspección judicial sobre la moto, hasta el 25 de enero de 1995, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán confirmó la decisión de negar la solicitud de entrega de la motocicleta.

Mientras que a cargo de la Fiscalía General de la Nación, el proceso tuvo una duración de 19,1 meses, desde el 18 de enero de 1996, fecha en la cual la Unidad de Fiscalía Cuarta Local de Popayán, a solicitud del sindicado, ordenó la entrega provisional de la motocicleta incautada (decisión que posteriormente fue revocada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior), hasta el 15 de agosto de 1997, cuando la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito ordenó la entrega de la motocicleta incautada, luego de ejecutoriada la providencia de preclusión.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación participará en la condena con un 60% y la Rama Judicial con un 40%. Se precisa que la entidad que pague el total de la condena, tiene derecho a repetir contra la otra en la proporción antes señalada.

V. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 31 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca la cual quedará así:

1: Declárese patrimonial y administrativamente responsables a la Nación-Rama Judicial y a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por el daño antijurídico ocasionado al señor José Fernando Solano Salazar con ocasión de su vinculación a un proceso penal y la incautación de la motocicleta de placas LAD 04.

2: Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama Judicial, a pagar la siguiente suma de dinero bajo el título de indemnización de perjuicios morales:

— A José Fernando Solano Salazar la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

La Fiscalía General de la Nación participará en la condena con un 60% y la Rama Judicial con un 40%. La entidad que pague el total de la condena, tiene derecho a repetir contra la otra en la proporción antes señalada.

3: Sin condena en costas.

4: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5: En firme este fallo devuélvanse el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo y expídanse a las partes las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(2) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 15 de abril de 2010, Exp. 17.507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C- 037 del 5 de febrero de 1996, M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

(4) “De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el daño antijurídico ha sido definido como la lesión, menoscabo, perjuicio o detrimento, patrimonial o extrapatrimonial, de los bienes o derechos de los cuales el titular no tiene el deber jurídico de soportar [12]”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 21 de marzo de 2012, Exp. 23478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009. Exp. 16.201.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Exp. 13.168.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Exp. 16075, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 16 de agosto de 2012, Exp. 24991, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) Esta providencia fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia de 28 de marzo de 1996, cuando resolvió el grado jurisdiccional de consulta (fl. 42, cdno. 1).